La revolución que inició Francisco Suárez, el primer arquitecto del Estado de derecho

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Angel Poncela-Gonzalez, Profesor Doctor en Filosofía. Especialización: suarismo; hispanismo filosófico; historia de la filosofía medieval y renacentista., Universidad de Salamanca

Relieve conmemorativo de Francisco Suárez en la fachada del Palacio Arzobispal de Granada, de 1917.

Renata Sedmakova/Shutterstock

A comienzos del siglo XVII, un jesuita español transformó el pensamiento político y jurídico europeo. Francisco Suárez (1548–1617), el más ilustre heredero de la Escuela de Salamanca, sistematizó y reelaboró sus ideas proyectándolas hacia la modernidad.

En una época de monarquías absolutas y guerras de religión, defendió que la ley no nace de la fuerza, sino de la razón; que la soberanía pertenece al pueblo y que la libertad humana es el fundamento de la justicia. Suárez fue, en cierto modo, el primer arquitecto del Estado de derecho.

En su Tratado de las leyes, afirmó que “la libertad es un don inseparable de la naturaleza racional del hombre”. Rompía entonces con la visión medieval del ser humano como súbdito de la voluntad divina. Para él, la razón humana puede descubrir el orden moral por sí misma. La libertad no se concede, sino que se posee por naturaleza. De esta idea brota el principio moderno que Immanuel Kant formularía un siglo y medio después al sostener que “la autonomía de la voluntad es el principio supremo de la moral”.

Este concepto de libertad es la raíz de su concepción jurídica. Suárez redefine el derecho como una “facultad moral que pertenece al individuo en cuanto persona libre”. El derecho deja de ser un conjunto de normas impuestas desde el exterior y se convierte en el poder legítimo del sujeto racional. Esta innovación, el derecho subjetivo –el paso del derecho como orden al derecho como facultad– será la semilla de la noción moderna de los derechos humanos.

El filósofo inglés John Locke lo retoma al afirmar que “cada hombre tiene una propiedad en su propia persona”, y se consagra en el ideario kantiano: “El hombre no tiene precio, sino dignidad”.

Un sistema jurídico para abarcarlos a todos

Sobre estos fundamentos, Suárez erige su sistema jurídico. En su Tratado de las leyes distingue entre ley eterna, ley natural, ley humana y ley divina positiva. Pero su gran innovación consiste en concebirlas no como un orden jerárquico y estático, sino como expresiones coordinadas de una misma razón.

“La ley humana –dice– es participación de la ley natural en la razón práctica del hombre”. Así, la legitimidad de la norma civil no depende de su naturaleza religiosa, sino de su racionalidad. El jurista y escritor neerlandés Hugo Grocio recoge esta idea cuando sostiene que el derecho natural “sería válido incluso si Dios no existiera”.

Negativo de una imagen de un dibujo de Francisco Suárez que forma parte de la colección de Harris & Ewing.
Negativo de una imagen de un dibujo de Francisco Suárez que forma parte de la colección de Harris & Ewing.
Library of Congress’s Prints and Photographs division

La ley natural, para Suárez, es “un dictamen de la razón recta que muestra que un acto es conforme a la naturaleza racional, y por ello, conforme a la ley eterna”. El énfasis en el papel fundacional de la razón supone el tránsito hacia una moralidad universal. La noción moderna de derecho subjetivo nace con él.

En relación con el pensamiento jurídico internacional define el derecho de gentes como “un consenso del género humano”. Al concebir la paz como fruto del acuerdo racional y no de la imposición religiosa, Suárez abre el camino a la diplomacia contemporánea y a la noción de comunidad internacional. En Sobre las tres virtudes teologales sostiene que “la guerra solo es justa cuando se ordena a reparar una injuria y es declarada por autoridad legítima”. Kant recogerá esa línea al afirmar que “ningún Estado debe intervenir violentamente en la constitución y gobierno de otro”. Los dos pensadores coinciden a la hora de subordinar la fuerza al derecho.

La soberanía popular

En el terreno político, el pensamiento de Suárez no fue menos revolucionario. En la Defensa de la fe católica, sostuvo que “Dios no confiere el poder político a un hombre determinado, sino al conjunto del pueblo”. El poder, por tanto, procede de la comunidad, que lo delega para el bien común. Esta tesis influiría en los filósofos Thomas Hobbes (quien la interpreta como pacto de obediencia), Locke (quien la considera delegación revocable) y Jean-Jacques Rousseau (quien la contempla como expresión de la voluntad general).

Suárez subrayó que la soberanía popular es el fundamento de toda legitimidad: “El poder reside radicalmente en el pueblo, que lo transfiere a los gobernantes para el bien común”. Precisamente por ello, si el gobernante abusa de ese poder, el pueblo conserva su derecho a retirárselo y en casos límite, cumple el deber ciudadano de recuperarlo.

La difusión de sus ideas fue sorprendente. Aunque la Facultad de Teología de París y Jacobo I condenaron y mandaron quemar sus obras en 1614 y 1615, sus tratados circularon ampliamente por las universidades reformadas. Uno de los juristas más importantes del siglo XVII en los Países Bajos, Arnold Vinnius, reconoció que nadie había explicado mejor las leyes divinas que Francisco Suárez.

El suarismo inspiraría después a los juristas alemanes. En opinión del historiador del pensamiento político Richard Tuck, “la influencia de Suárez en el pensamiento protestante” fue “la semilla del individualismo político moderno”.

Más allá del océano

Pero las ideas de Suárez no se circunscribieron al ámbito continental; también cruzaron el Atlántico. El principio de soberanía inspiró la revolución liberal y los movimientos independentistas americanos, que vieron en Suárez un antecedente del derecho de rebelión contra la tiranía. Su huella está presente en los puritanos de Nueva Inglaterra –como John Cotton y Roger Williams– y, más tarde, en los libertadores latinoamericanos, desde Francisco de Miranda hasta Simón Bolívar.

Como ha señalado el filósofo político Leo Strauss, “la modernidad política nace del intento de racionalizar el orden suareciano: conservar la forma de la ley natural, eliminando su referencia teológica. Suárez es el último teólogo de la cristiandad y el primer jurista de la razón moderna”.

La obra de Suárez es la demostración de que la modernidad no surgió por oposición a la escolástica, sino a partir de ella. Su racionalismo jurídico y su fe en la libertad anticipan los principios del Estado constitucional contemporáneo.

Cuando los límites del poder en ocasiones se vuelven difusos, la legitimidad de algunas leyes se pone en cuestión y el uso de la fuerza impera sobre la razón discursiva, volver a los escritos de Suárez es una invitación a recordar cuáles son los fundamentos del Estado de Derecho, qué papel cumple el ciudadano en su relación con el poder político y cómo las relaciones entre los diversos estados están sometidas a unas normas jurídicas para la resolución pacífica de los conflictos que no se pueden ignorar.


Este artículo surge de la colaboración con la Fundación Ignacio Larramendi, institución centrada en desarrollar proyectos relacionados con el pensamiento, la ciencia y la cultura en Iberoamérica con el objetivo de ponerlos a disposición de todo el público.

Más información aquí.


The Conversation

Angel Poncela-Gonzalez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. La revolución que inició Francisco Suárez, el primer arquitecto del Estado de derecho – https://theconversation.com/la-revolucion-que-inicio-francisco-suarez-el-primer-arquitecto-del-estado-de-derecho-267256

De tiaras a manuscritos de Pushkin: cómo proteger nuestra historia de los robos de arte

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Cristina de Juana Ortín, Personal docente e investigador, miembro del grupo de investigación ART-QUEO, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

shutterstock Baloncici/Shuttersock

A pesar de que Francia ya había implementado un plan de seguridad en todo su territorio debido a otros robos recientes, no pudo impedir la sustracción de algunas de las joyas expuestas en la Galería de Apolo del Louvre hace semanas. ¿Cómo proteger el patrimonio cuando los ladrones actúan en museos y bibliotecas?

La respuesta pasa por lo que la UNESCO llama justicia patrimonial: una forma de restitución que va más allá de lo económico.

Y es que cada pieza robada deja un hueco en la colección, una carencia en la memoria. Supone la interrupción de un vínculo cultural, histórico y simbólico. Y plantea una demanda de responsabilidad institucional y estatal.

Tiara de María Amalia de Nápoles y Sicilia y de Hortensia de Beauharnais, robada en el Louvre el 19 de octubre de 2025.
Wikimedia Commons., CC BY

El golpe Pushkin

En este sentido, el robo de libros o manuscritos raros en bibliotecas europeas adquiere una dimensión aún más grave, si cabe. Entre 2022 y 2023, desaparecieron, al menos, 170 libros antiguos y raros valorados en más de 2,8 millones de euros de bibliotecas de varios países europeos.

Fue un acto organizado y sistemático que las autoridades han calificado como “golpe Pushkin”, porque la mayoría habían sido escritos por este novelista y poeta ruso. Las obras no solo representaban ejemplares materiales de valor, sino memorias literarias de gran importancia para las culturas rusa y europea.

Retrato de Pushkin por Orest Kiprenski (1827). Galería Tretiakov, Moscú.
Orest Kiprenski.

Las implicaciones de este caso abren la puerta a la dimensión geopolítica del problema: ¿cómo articular la justicia patrimonial cuando los Estados, las redes de subastas, los mercados y las redes criminales se entrecruzan?

Una restitución auténtica exige cooperación internacional, transparencia en el comercio patrimonial y responsabilidad compartida entre los Estados implicados.

Memoria compartida

Aplicar la justicia patrimonial significa reconocer que el patrimonio no pertenece a una élite ni a una nación hegemónica. Este reconocimiento, por tanto, debe gestionarse desde la inclusión, la memoria compartida y la reparación.

En esta línea, la UNESCO ha presentado recientemente su Museo Virtual de Bienes Robados, gracias al cual un objeto retirado o robado deja de estar oculto y pasa a formar parte de un relato global de robo, restitución y memoria.

Como se explica en el blog del grupo de Investigación Museotech (UNIR), la digitalización ofrece un nuevo tipo de restitución simbólica: las piezas robadas pueden ser accesibles al público en formato virtual, devolviendo parte de su presencia cultural.

Nuestro derecho cultural

La justicia patrimonial tiene tres implicaciones clave. Primero, promueve el reconocimiento de las comunidades afectadas como sujetas de derecho cultural. No basta con que un objeto vuelva a su lugar de origen: debe restaurarse su valor simbólico, su contexto social y su función comunitaria.

Segundo, exige a las instituciones culturales prácticas transparentes de adquisición, conservación y devolución.

Tercero, impulsa políticas internacionales contra el tráfico ilícito basadas en cooperación policial, controles de mercado y herramientas digitales de acceso público.

En el caso de los libros raros robados, la pérdida cultural se agrava porque esos textos representaban legados literarios que ya no pueden ser reproducidos íntegramente. La solución no se limita a su devolución: debe contemplar la restauración de su acceso público, la documentación del robo y la implicación de los lectores y comunidades en su memoria.

Asimismo, el museo virtual abre la vía para que las piezas aún no recuperadas físicamente puedan aparecer en el ámbito digital, lo que convierte la restitución simbólica en un paso complementario hacia la justicia patrimonial.

Sustraer un trozo de historia

Finalmente, a través de la educación se debe incidir en que los robos de libros, joyas u otro tipo de piezas no supone solo la sustracción de esa obra, sino de una porción de la memoria colectiva.

La protección del patrimonio no es un empeño académico, es parte del tejido social que da sentido a nuestra historia en común. Por eso, son necesarios mecanismos eficaces para que el patrimonio pueda circular, se comparta y democratice en entornos seguros. Solo así podremos garantizar el acceso universal al patrimonio como derecho cultural.

Garantizar su acceso y preservación física y digital es el verdadero significado de hacer justicia patrimonial.

The Conversation

Cristina de Juana Ortín no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. De tiaras a manuscritos de Pushkin: cómo proteger nuestra historia de los robos de arte – https://theconversation.com/de-tiaras-a-manuscritos-de-pushkin-como-proteger-nuestra-historia-de-los-robos-de-arte-268409

Madres que quieren cuidar sin culpa: ¿cómo podemos conseguir la conciliación real?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Patricia Catalá Mesón, Profesora Titular de Universidad del Area de Psicología Social, Universidad Rey Juan Carlos

Jacob Lund/Shutterstock

La corresponsabilidad y la igualdad de género se han convertido en objetivos centrales de las políticas familiares. Sin embargo, la experiencia real de las madres sigue mostrando una tensión profunda entre el ideal de igualdad y el deseo de cuidado.

En nuestro estudio con más de quinientas mujeres i-materna (aún sin publicar, pero cuyo resumen puede ver aquí), el 98,2 % afirma que continúa asumiendo la carga mental del hogar (planificar, anticipar, recordar, organizar), especialmente en lo relativo a los hijos. Este trabajo invisible sigue recayendo, casi siempre, sobre los hombros de las madres.

Casi la totalidad de las participantes (98 %) expresó su deseo de pasar más tiempo con sus hijos durante los primeros años de vida. Lejos de responder a una falta de ambición profesional, esta preferencia está vinculada a una realidad biológica y emocional ampliamente respaldada por la ciencia.

Las teorías del apego, desarrolladas por el psiquiatra John Bowlby y ampliadas por Mary Ainsworth, muestran que el contacto continuado con la figura principal de cuidado (en la mayoría de los casos, la madre) es fundamental para el desarrollo emocional y la seguridad del bebé.

UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, un periodo que en España supera ampliamente las dieciséis semanas de permiso actual.

La paradoja de ejercer la maternidad plena

Esta distancia entre las recomendaciones científicas y las políticas públicas genera una paradoja: la maternidad se celebra simbólicamente, pero el tiempo para ejercerla plenamente se penaliza. Muchas madres acaban combinando vacaciones, días sueltos o reducciones de jornada para prolongar su presencia con el bebé, con el coste añadido de perder ingresos o estancarse profesionalmente.

Al mismo tiempo, se enfrentan a un discurso social que insiste en la igualdad formal, pero no en la libertad real de elección.

El resultado es una crisis silenciosa de identidad. Tras años de formación y crecimiento profesional, muchas mujeres sienten que su valor social se desvanece si deciden priorizar el cuidado.

La maternidad, que debería vivirse como una etapa de conexión y crecimiento, se convierte para muchas en una fuente de culpa: por querer quedarse con su hijo, por reincorporarse pronto al trabajo o por no poder hacerlo todo a la vez.

Y mientras tanto, la carga mental persiste. Aunque los padres se involucren más que antes, la responsabilidad de pensar por la familia (recordar vacunas, citas médicas, horarios escolares, comidas, actividades…) sigue recayendo mayoritariamente en las madres.

Este esfuerzo invisible no se contabiliza ni en las estadísticas laborales ni en los indicadores de bienestar, pero tiene un coste emocional y cognitivo considerable. Un informe del Instituto de la Mujer (2023) de España señala que las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres a la planificación doméstica y al acompañamiento emocional de los hijos.

Esta carga mental no solo agota, sino que limita el desarrollo personal y profesional, generando un malestar que no siempre se visibiliza. La psicología y sociología contemporánea, como describen Arlie Hochschild o Nancy Chodorow, han evidenciado cómo la gestión emocional y logística del hogar constituye un “segundo turno” que impide desconectar incluso fuera del trabajo.

Las madres viven en una atención constante, anticipando necesidades ajenas antes que las propias. Esta hiperresponsabilidad perpetúa una desigualdad menos visible, pero estructural.

La pregunta, entonces, no es si las madres deben trabajar o cuidar, sino por qué las políticas no permiten elegir sin culpa ni penalización. La igualdad no puede imponerse como un molde único. Debe reconocer la diversidad de deseos y circunstancias.

Para muchas mujeres, poder quedarse con su bebé unos meses más no es un retroceso, sino una decisión consciente, emocionalmente necesaria y socialmente valiosa. Sin embargo, el discurso público rara vez valida esa elección; la maternidad sigue asociándose a sacrificio, dependencia o falta de ambición.

3 cambios para conseguir la conciliación

La conciliación real exige tres cambios de enfoque fundamentales:

  1. Reconocer la carga mental como parte del trabajo de cuidado, y repartirla de manera equitativa entre ambos progenitores, incluyendo su medición en indicadores de bienestar y políticas de salud mental.

  2. Garantizar flexibilidad y libertad de elección, de modo que cada familia pueda decidir cómo organizar el tiempo de crianza sin sanciones económicas ni sociales. Esto incluye revisar los permisos parentales para que reflejen las recomendaciones científicas sobre desarrollo infantil y lactancia.

  3. Revalorizar el cuidado como una contribución social esencial, no como una pausa en la productividad. Cuidar forma parte de la economía del bienestar y debería ser reconocido como tal por empresas y administraciones públicas.

Hablar de maternidad sin culpa es hablar de salud social. Si las políticas públicas no integran la dimensión afectiva del cuidado, seguirán midiendo la igualdad solo en términos de presencia laboral, ignorando la base emocional sobre la que se construye el bienestar infantil y familiar.

Como señala Bowlby, la calidad del vínculo temprano determina gran parte del desarrollo emocional posterior; y, sin tiempo ni apoyo, ese vínculo se resiente.
Además, pensar en la maternidad desde la libertad beneficia también a los hombres.

La corresponsabilidad no consiste solo en que ellos “ayuden”, sino en redefinir el cuidado como un valor compartido y universal, que no reste identidad ni oportunidad a nadie. Solo cuando cuidar deje de ser un asunto femenino podremos hablar de igualdad real.

Cuidar no debería sentirse como una renuncia, sino como un derecho. Reconocerlo no resta igualdad, la fortalece, porque permite que hombres y mujeres elijan desde la libertad y no desde la culpa. Una sociedad que valora el cuidado no solo protege a las madres y a los bebés: se protege a sí misma.

The Conversation

Este artículo se deriva del proyecto I-MARTERNA, financiado por la Comunidad de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos en el marco del convenio para la promoción de la investigación y transferencia de tecnología 2023–2026 (Código: 2023/00423/017, Línea A: Doctores emergentes).

ref. Madres que quieren cuidar sin culpa: ¿cómo podemos conseguir la conciliación real? – https://theconversation.com/madres-que-quieren-cuidar-sin-culpa-como-podemos-conseguir-la-conciliacion-real-267343

Los libros, motor cultural y económico de Guadalajara

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Rogelio Martínez Cárdenas, Profesor Invetigador del Departamento de Estudios Organizacionales, especialista en turismo religioso y turismo accesible, Universidad de Guadalajara

Entrada a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara durante la edición de 2024. Aberu.Go/Shutterstock

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) es el evento literario más relevante de América Latina y de la lengua española. Desde su aparición, en 1987, ha servido de vínculo entre escritores, editores, libreros, académicos y lectores.

Su consolidación como espacio para el diálogo y la promoción del libro y la lectura le valió, en 2020, ser reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Eje económico tapatío

La influencia de la FIL trasciende los límites de los libros. Se ha convertido en una impulsora de la economía local y nacional. La derrama económica que deja a la ciudad de Guadalajara es de 330 millones de dólares por edición. Cantidad que incluye el gasto en un amplio espectro de industrias, destacando la editorial y la turística.

Para el sector editorial, la FIL es un lugar esencial de reunión y negocios. Les permite cerrar tratos y hacer contactos nacionales e internacionales. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Feria contribuye con 35 millones de dólares al sector de la edición y genera 10 000 puestos de trabajo temporales. Por otra parte, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana estima que, en 2021, contribuyó con el 2.4 % al PIB cultural. Esto supone aproximadamente 17 000 millones de pesos (unos 790 millones de euros) en 2021.

La Feria es un espacio de difusión para las empresas editoriales. Allí acuden tanto grandes empresas, como Planeta o Penguin Random House, como editoriales independientes medianas y pequeñas como Sexto Piso o Babidi-Bú. Pero no solo la industria editorial obtiene beneficios. También lo hacen hoteles, restaurantes, transportes y negocios de la región puesto que, normalmente, los visitantes permanecen dos o tres días.

En 2024, la Feria recibió un total de 907 300 asistentes. La inversión realizada tan solo por España, país invitado, alcanzó los 3 millones de euros, y el crecimiento en el volumen de negocios rondó el 40 %. Por otra parte, el flujo de asistencia al pabellón de España fue de 140 000 visitantes y se vendieron 16 000 libros. Así, en promedio, una de cada nueve personas que visitaron el pabellón compró un libro.

Premios y reconocimientos

La FIL tiene un impacto importante en el sector cultural iberoamericano. Además del premio Princesa de Asturias recibido en 2020, el Gobierno de Brasil le concedió en 2022 la Orden de Río Branco por su promoción de la literatura y la cultura brasileña.

Por otro lado, la Feria otorga desde 1991 el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances a escritores de las lenguas romances como reconocimiento al conjunto de su obra. Además, cada año hay un lugar invitado (lo han sido la Unión Europea, España e India, entre otros).

En 2025, será el escritor franco-libanés Amin Maalouf quien reciba el galardón, y Barcelona la ciudad invitada.

FIL, modelo de negocio

Por lo tanto, La FIL nació como un proyecto cultural pero se ha convertido en un motor económico y cultural de Guadalajara, que en 2022 fue nombrada por la Unesco Capital Mundial del Libro.

Concretamente, el modelo de la Feria genera ingresos de las instituciones que participan en el encuentro (B2B, business to business) y de sus visitantes (B2C, business to consumer) a través de:

  • Exposición y venta al público: el alquiler de espacios a editoriales y librerías en Expo Guadalajara, la venta directa de libros y merchandising, la venta de entradas al recinto y a través de actividades específicas (presentaciones, FIL Niños, FIL Pensamiento y FIL Ciencia, entre otros).

  • Plataforma profesional: acreditación de profesionales, agenda exclusiva de negocios y el Salón de Derechos (donde se negocian la compraventa de derechos, coediciones y traducciones). Este salón opera con mesas de trabajo contratadas por agentes y editoriales.

  • Patrocinios y alianzas: eventos de marketing y relaciones públicas para marcas, instituciones o regiones invitadas, que aprovechan la visibilidad y los públicos segmentados que ofrece la Feria.

  • Servicios turísticos: convenios con hoteles y operadores con tarifas preferenciales para expositores, profesionales y público, que integran la cadena de valor turística alrededor del recinto.

Este diseño híbrido cultural-comercial crea un mercado físico de contenidos (venta al público) y un mercado de derechos (licencias y propiedad intelectual), mientras activa un circuito de patrocinios, turismo de reuniones y servicios locales.

Se estima que los ingresos turísticos estuvieron en torno a 700 millones de pesos mexicanos en la edición 2024 (unos 32,5 millones de euros), impulsados por hospedaje, alimentación, transporte y compras, además del volumen de ventas editoriales. La zona hotelera alrededor de la Expo registra mayor ocupación y tarifas que el promedio de la ciudad durante la FIL y en la edición de 2023 la ocupación hotelera fue superior al 62 %.

Retos a futuro

Mantener el éxito alcanzado por la Feria conlleva desafíos. Es esencial la cooperación entre autoridades, empresas y comunidad para mantener la sostenibilidad del negocio y generar beneficios de forma equitativa entre todos los participantes: desde los grandes grupos pasando por editoriales medianas y pequeñas hasta proyectos independientes.

La FIL es un ejemplo más de que economía y cultura pueden coexistir y beneficiarse mutuamente. Promueve el desarrollo de la industria editorial en español a nivel global, a la vez que crea puestos de trabajo locales. Pero no solo eso, la Feria trasciende el encuentro entre los lectores y los escritores y sus obras, o la posibilidad de ampliar mercados editoriales para convertirse en el escaparate de una ciudad, Guadalajara, que durante 10 días se convierte en la capital mundial de la literatura iberoamericana.

The Conversation

Rogelio Martínez Cárdenas no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Los libros, motor cultural y económico de Guadalajara – https://theconversation.com/los-libros-motor-cultural-y-economico-de-guadalajara-258783

Could a national, public ‘CanGPT’ be Canada’s answer to ChatGPT?

Source: The Conversation – Canada – By Fenwick McKelvey, Associate Professor in Information and Communication Technology Policy, Concordia University

As generative artificial intelligence (AI) tools like ChatGPT, Google Gemini and others reshape the digital landscape, much of the conversation in Canada has focused on commercial innovation.

But what if AI were developed as a public utility rather than as a commercial service? Canada’s long history with public service media — namely the CBC and Radio-Canada — offers a useful model for thinking about how AI could serve the public amid growing calls for a public interest approach to AI policy.

Commercial AI has largely been built on the assumption that user-generated content posted online is available to train commercial AI. Focusing so much on the technical success of generative AI ignores that its innovations depend on access to global cultural knowledge — the result of treating the internet as a “knowledge commons.”

AI would have been impossible without public data, and much of that data was taken without contributing back to the public system. Canada, in fact, has a historical link to AI innovation.

Early work in automated translation involved a tape reel that was anonymously sent to IBM in the 1980s containing Canadian parliamentary transcripts. The multilingual material helped train early translation algorithms. What if Canada intentionally trained the future of AI in the same way?

CanGPT: a Canadian public-service AI

A growing number of countries are experimenting with national or publicly governed AI models. Switzerland, Sweden and the Netherlands are all building AI systems with the goal of creating public AI services. The Canadian federal service has some of its own experiments with its own alternative to ChatGPT, CanChat, but it’s only an internal tool.

In Montréal, many arts-based organizations have begun discussing creating their own commons-based AI infrastructure and tools, but they lack infrastructure and resources to advance their mission. A national initiative could help.

There is precedent for this approach. When radio and television first emerged, many countries created public broadcasters — like the BBC (British Broadcasting Company) in the United Kingdom and the CBC in Canada — to ensure new communication technologies served democratic needs.

A similar approach could work for AI. Instead of letting companies build the future of AI, Canadian Parliament could sponsor the creation of its own AI model and expand the mandate of an organization like the CBC to deliver better access to AI. Such a public model could draw on materials in the public domain, government datasets and publicly licensed cultural resources.

CBC/Radio-Canada also has an enormous, multilingual archive of audio, video and text going back decades. That corpus could become a foundational dataset for a Canadian public-service AI, if treated as a public good.

A national model could become an open-source system available either as an online service or as a locally run application. Beyond providing public access, CanGPT could anchor a broader national AI strategy rooted in public values rather than commercial incentives.

Setting democratic boundaries for AI

Developing CanGPT would force a needed debate about what AI should and should not be able to do. Generative AI is already implicated in deepfake pornography and other forms of technology-assisted violence.

Today, the guardrails governing these harms are set privately by tech companies. Some platforms impose minimal moderation; others, like OpenAI, ban politicians and lobbyists from using ChatGPT for official campaign business. These decisions have profound political implications that shape content moderation and social media governance.

Content moderation and acceptable-use policies could be solved through normative principals embedded in CanGPT. A publicly governed AI model could allow Canadians to debate and define these boundaries through democratic institutions rather than through technology firms.

Why a public AI model matters

Public AI is a different tack than government’s infrastructure-heavy approach to AI. The federal government — despite growing concerns that we are in an AI bubble — has invested billions in a big, costly AI Sovereign Compute Strategy.

The policy might be ineffective, end up going largely to American firms and dismantle Canada’s capacity to build public-interest AI.

Canada’s AI agenda has a big environmental impact. A public-good framework could encourage the opposite: frugal, energy-efficient models that run on smaller, local machines and prioritize targeted tasks rather than massive, multi-billion parameter models like ChatGPT. A smaller public model could contribute to this by having a lower environmental footprint.

This approach could stand in direct contrast to the federal government’s efforts to build large-scale AI, as reflected in the massive data centre investments outlined in recent federal budgets. Canada has made major investments in big AI projects. If the bubble bursts, however, smaller-scale AI initiatives may offer a less risky future.

Imagining a public future for AI

Building CanGPT would not be simple. Questions remain about how to fund it, how to update it and how to maintain competitive performance compared with commercial AI.

But it would open a national conversation about AI’s social purpose, regulatory standards and the role of public institutions in digital infrastructure. CanGPT is, admittedly, a strange idea, but it might be precisely what is lacking in Canada’s approach to public service media and digital sovereignty.

At minimum, imagining a public AI model opens the possibilities of new ways to deliver on the promises of AI other than another subscription sold to us by Big Tech.

The Conversation

Fenwick McKelvey receives funding from Social Science and Humanities Research Council and the Fonds de recherche du Québec.

ref. Could a national, public ‘CanGPT’ be Canada’s answer to ChatGPT? – https://theconversation.com/could-a-national-public-cangpt-be-canadas-answer-to-chatgpt-231170

Beyond Zohran Mamdani: Social media amplifies the politics of feelings

Source: The Conversation – Canada – By Merlyna Lim, Canada Research Professor, School of Journalism and Communication, Carleton University

Zohran Mamdani’s election as New York City mayor has spurred global celebrations and pride. Scores of social media users worldwide celebrate and claim him as one of their own.

Muslims across the globe, including in Indonesia — home to the world’s largest Muslim population, where I was born and raised — rejoice that he is Muslim. Indians take pride in Mamdani’s Indian roots. Ugandans cheer his victory because Kampala is his birthplace.

Representation does matter. It can be deeply affirming to see someone whose identity resonates with you succeed in a foreign political landscape.

However, Mamdani didn’t win simply because of who he is. He won because of what he did, the politics that his campaigns were based on — a platform that focuses on the cost of living, from utility bills to grocery bills to bus fares to child care to rent — and, more importantly, the feelings, the trust and cohesion generated in the network of people who organized with and for him.

As a scholar who examines digital media and information technology in relation to citizen participation and democracy, I know that political behaviour research has long observed that voters don’t choose based on policy alone: they vote based on identity, group belonging, emotional attachments and symbolic cues, all of which speak to “the politics of feelings.”

This refers to politics that mobilize and build power through shared feelings and emotional bonds.




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Identity, platform, visibility

That Mamdani is Muslim — the son of a South Asian African Muslim father and a Hindu Indian mother, born in Uganda — and that he has lived an immigrant community experience in New York is a formidable part of his story.

This profoundly matters in a political landscape that often marginalizes such identities — and helps explain why he has become so visible online and globally.

Viral videos, algorithmically boosted content and his public persona amplified this visibility. Online, the Zohran Mamdani phenomenon illustrates the power of emotion-driven mobilization, the process through which emotional currents bring people into alignment or connection with a cause, figure or community.

Identity and emotion have always been central to politics. Social media didn’t invent the politics of feelings; it accelerated and amplified them.

Branding a politician

Social media political participation doesn’t operate within a deliberative civic culture, but within an algorithmic marketing culture where algorithmic targeting and data-driven marketing principles shape how persuasion, visibility and emotion circulate.

Branding shapes the way content looks and feels. Algorithms push what’s likely to grab attention, and human users — naturally drawn to emotion — interact with it, feeding the system in return. Together, they produce a self-reinforcing loop where high-arousal content dominates, as a consequence of the interplay of marketing logic, machine learning and user behaviour.

The algorithm rewards emotion, not analysis. It privileges what’s instantly legible — a name, a face, a faith — over the collective labour and work behind a political movement.

Hope, pride as well as fear, outrage

Posts highlighting Mamdani’s Muslim, immigrant or brown identity, whether in celebration or attack, elicit emotions — hope, pride, fear or outrage. These emotions fuel engagement, which algorithms amplify, generating cycles of visibility which can simultaneously mobilize support and provoke backlash.




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Indeed, the same identity categories that make him so celebrated abroad have also been weaponized against him at home in the United States.

Through social media disinformation fuelled by racism and Islamophobia, Mamdani’s opponents have framed him as a “Muslim extremist,” “communist,” “jihadi terrorist,” “brown” and “dirty” or a “threat” to American values.

The flattening happens from both sides: he is either attacked for his identity or adored because of it.

The irony is sharp. For example, some Indonesians embrace a man named Mamdani — Mamdanis are part of the Khoja Shia community — while turning a blind eye to anti-Shia persecution at home.

Similarly, some Modi supporters claim Mamdani’s Indian heritage without acknowledging that he is a vocal critic of Modi.




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Identity becomes politicized

We can see similar dynamics elsewhere. Sadiq Khan’s visibility as a Muslim mayor of London generated both celebration and Islamophobic backlash on social media, amplified through viral videos, memes and algorithmically boosted news cycles.

In Canada, former prime minister Justin Trudeau’s youthful, multicultural and photogenic persona generated strong emotional attachment and global circulation while overshadowing his substantive political work.

This is how identity becomes politicized. By focusing the debate on who someone is, attention is diverted from what they stand for. It’s easier to categorize than to engage with structural critique.

In an algorithmic age, we consume politics in byte sizes, where visibility often displaces understanding and emotional attachment overshadows knowledge-seeking. It’s easier to celebrate a face than to join a struggle.

Emotion meets lived experience

But visibility is not the same as electoral power. We learn from Mamdani’s case that, for local politics, symbolism is rarely enough. It operates in a different register from national or global scales.

While Mamdani’s online persona benefited from algorithmic amplification, his campaign was also built on grassroots, volunteer-based mobilization combining door-knocking and neighbourhood conversations across the city of New York.

In local elections, voters aren’t distant algorithmic audiences. They’re neighbours, co-workers and community members who experience the effects of policy in their daily lives. A candidate’s identity, promises and track record must resonate with the residents’ tangible needs. Branding and emotional attachment help, but they cannot replace direct knowledge of local realities and persistent organizing work.

Mamdani platform

To cast a ballot for Mamdani in New York, voters needed to not only embrace his identities, but also his platform and the fact that, like Bernie Sanders and Alexandria Ocasio-Cortez, he’s unapologetically a democratic socialist.

The word “socialism” is not widely accepted in the United States, as it’s often conflated with “communism” — the remnant of Cold War anti-communism propaganda. It’s not popular in Indonesia, India and Uganda either.

Whether Mamdani will fulfil his voters’ expectations is too early to tell. What is clear is that his story isn’t just about Muslim pride or immigrant success. It’s about what’s possible when people organize across differences for a common cause. It’s about choosing to see beyond who someone is to what they stand for.

The Conversation

Merlyna Lim does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Beyond Zohran Mamdani: Social media amplifies the politics of feelings – https://theconversation.com/beyond-zohran-mamdani-social-media-amplifies-the-politics-of-feelings-269792

Négociations sur l’Ukraine : le scandale Witkoff, fausses révélations et vrai symptôme

Source: The Conversation – in French – By Cyrille Bret, Géopoliticien, Sciences Po

Alors que l’administration Trump a récemment présenté un plan en 28 points sur l’Ukraine, très favorable aux intérêts de Moscou, on vient d’apprendre que, le mois dernier, le conseiller du président des États-Unis Steve Witkoff avait affiché lors d’une conversation téléphonique avec un conseiller de Vladimir Poutine une grande proximité à l’égard de la position du Kremlin. Ces fuites ont suscité un scandale artificiel : en écoutant cet échange de quelques minutes, on n’a rien appris que l’on ne savait déjà sur la posture réelle de l’administration Trump… laquelle demeure pourtant, qu’on le veuille ou non, le seul véritable médiateur entre Moscou et Kiev.


Que de bruit autour de demi-révélations et de secrets éventés ! Que d’émois autour du « scandale Witkoff » !

Et que de commentaires indignés suscités par la retranscription intégrale, publiée par Bloomberg le 26 novembre, de la conversation téléphonique entre l’envoyé spécial du président Trump, Steve Witkoff, et le conseiller diplomatique du président Poutine, Iouri Ouchakov, le 14 octobre dernier !

Aux États-Unis comme en Europe, on crie à la trahison de l’Ukraine. On met en cause l’honnêteté du magnat de l’immobilier, ami proche de Donald Trump. Et on met en question sa capacité à mener une médiation entre Moscou et Kiev.

Que les propos échangés ne soient pas à l’honneur du milliardaire américain, on peut en convenir. Que sa connivence surjouée avec un membre éminent de l’administration présidentielle russe choque, c’est l’évidence.

Mais invoquer ces fuites comme autant de raisons pour récuser Witkoff comme émissaire atteste d’une naïveté idéaliste qui n’a pas sa place dans la géopolitique contemporaine de l’Europe. Et qui, paradoxalement, dessert la cause ukrainienne.

Fausses confidences et évidences usées

Quelles sont ces prétendues révélations que les opinions publiques occidentales feignent de découvrir ? Quels secrets ces propos livrent-ils ? Et quels mystères ces fuites mettent-elles à jour ?

Le négociateur américain cultive une familiarité avec la Russie, entretient la flagornerie à l’égard du Kremlin, développe des relations d’affaires avec des businessmen proches de lui et affiche sa condescendance pour les Ukrainiens comme pour les Européens. II suggère à son interlocuteur de demander à Vladimir Poutine de flatter l’ego légendaire de l’actuel locataire de la Maison Blanche. Et il accepte la proposition d’Ouchakov quand celui-ci dit vouloir organiser un entretien téléphonique entre les deux présidents avant la visite à Washington de Volodymyr Zelensky, qui allait avoir lieu deux jours plus tard.

La belle affaire ! Ces secrets sont de notoriété publique, et ces fuites, bien inutiles.

Toutes les déclarations publiques de l’univers MAGA le proclament urbi et orbi, autrement dit sur les réseaux sociaux : l’administration Trump veut se débarrasser de la guerre en Ukraine à tout prix, établir des coopérations fructueuses avec la Russie, tenir les Ukrainiens comme les Européens sous la pression et régler le conflit à son seul profit. Elle professe depuis longtemps une admiration non feinte pour le style de gouvernement Poutine. À l’est, rien de nouveau !

L’entourage de Donald Trump ne veut éviter ni les conflits d’intérêts, ni la servilité envers les chefs, ni l’intrigue, ni même de prendre des décisions concernant des États souverains sans consulter leurs autorités légales. Ses représentants officiels, du vice-président J. D. Vance au secrétaire d’État Marco Rubio, ont déjà montré, dans la guerre en Ukraine comme dans le conflit à Gaza, ce qu’était « la paix selon Trump » : un accord précaire, court-termiste et publicitaire. Le succès personnel, rapide et médiatisable compte bien plus que le règlement durable des conflits. Là encore, rien de nouveau sous le soleil de Bloomberg.

Comme on dit en anglais : « Old news ! » Autrement dit, le scoop est éventé depuis longtemps.

Le monopole américain du dialogue avec la Russie

Les critiques formulées à l’égard de Witkoff par les démocrates et les républicains classiques, comme par les Européens, sont sans doute causées par une indignation sincère. Mais, au fond, elles attestent d’une ignorance coupable à l’égard du rapport de force géopolitique actuel en Europe. Et de la nature d’une médiation internationale.

Peut-on crier à la déloyauté quand un médiateur établit une proximité personnelle avec ses interlocuteurs désignés ? Doit-on s’indigner qu’il ait intégré dans son équation des revendications de la partie adverse, comme base de discussion ? Là encore, ces protestations – certes moralement légitimes – ne tiennent pas compte de la réalité du travail de la médiation américaine concernant l’Ukraine.

En rejetant le rôle de protecteur de l’Ukraine et en endossant celui de médiateur, les États-Unis ont rempli la fonction laissée orpheline par les Européens. À tort ou à raison, ceux-ci ont estimé que la défense de l’Ukraine exigeait de couper les canaux de communication avec la Russie. C’est une réalité dérangeante : un médiateur a précisément ce rôle ambigu de dialoguer avec les deux ennemis, l’agresseur et la victime. Il doit réaliser une opération quasi alchimique, transformer les ennemis en interlocuteurs.

Que le plan en 28 points de l’équipe Trump soit profondément favorable aux intérêts russes, c’est l’évidence.

Mais on ne peut pas non plus nier le fait que seul l’entourage du président américain est aujourd’hui en position géopolitique de parler aux deux parties, de leur proposer des documents de travail, d’exercer sur les deux la pression nécessaire à l’ouverture de discussions et ainsi d’esquisser les conditions d’une fragile suspension des combats, dont, répétons-le, les Ukrainiens sont les victimes sur leur propre territoire.

Aujourd’hui, volens nolens, l’équipe Trump a pris le monopole de la discussion avec la Russie et avec l’Ukraine. Les Européens sont (provisoirement) réduits à se faire les avocats de l’Ukraine à l’égard des États-Unis, pas vis-à-vis de la Russie.

Les négociations internationales selon Donald Trump

La discussion entre Witkoff et Ouchakov atteste de l’amateurisme diplomatique du premier et de l’habileté tactique du second, du moins durant ces quelques minutes. La fuite à l’origine de la retranscription souligne que la méthode Trump ne fait pas l’unanimité aux États-Unis et que certains essaient d’entraver la politique que l’administration actuelle met en œuvre.

Mais ce faux scoop doit servir d’alerte aux Européens. Les règles du jeu diplomatique sont bouleversées par le conflit en Ukraine car celui-ci est bloqué : la paix par la victoire militaire de l’une ou de l’autre partie est impossible ; la reconquête par Kiev des territoires illégalement occupés et annexés par Moscou est plus qu’incertaine ; quant aux négociations directes entre belligérants, elles semblent irréalistes. Pour sortir (même provisoirement) du cycle des offensives et contre-offensives et pour donner à l’Ukraine le répit dont elle a besoin, les outils classiques sont momentanément inopérants.

L’administration Trump, dans son style fait de compromissions, de provocations, de revirements, de vulgarité et de coups de pression, essaie de sortir de l’impasse. C’est sur ce point que les révélations Witkoff sont éclairantes : la lutte existentielle de l’Ukraine peut soit se prolonger dans une guerre sans fin, soit être suspendue par une diplomatie non orthodoxe qui choquera moralement les consciences au nom des résultats espérés. Ceux-ci sont bien incertains : ils peuvent être ruinés en un instant par un dédit du Kremlin, par un succès militaire tactique d’un des deux ennemis ou encore par un nouveau scandale en Ukraine.

Quand la victoire paraît hors de portée, quand les négociations sont impensables et quand la paix paraît impossible, comment récuser la seule médiation actuellement possible, aussi biaisée soit-elle ? Quand la paix est lointaine et la négociation impensable, les méthodes non orthodoxes sont nécessaires pour briser le cercle indéfiniment vicieux du conflit.

Plutôt que de s’indigner d’un faux scoop, les Européens devraient le voir comme le symptôme de leur propre conformisme diplomatique. Plutôt que de réagir avec retard comme intercesseurs de l’Ukraine auprès de l’administration Trump, ils devraient innover, dans leur propre intérêt et dans celui de l’Ukraine. Reprendre directement contact avec le Kremlin, proposer un plan de paix qui ne soit pas le simple rappel du droit international, veiller à ce que la reconstruction de l’Ukraine ne se fasse pas à leurs dépens leur permettrait de s’affirmer pour ce qu’ils sont : la première puissance du continent et non pas de simples spectateurs de leur propre sécurité.

The Conversation

Cyrille Bret ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Négociations sur l’Ukraine : le scandale Witkoff, fausses révélations et vrai symptôme – https://theconversation.com/negociations-sur-lukraine-le-scandale-witkoff-fausses-revelations-et-vrai-symptome-270737

« Dévendeurs » contre commerçants : comment sortir du dilemme des politiques de soutien à l’économie circulaire ?

Source: The Conversation – in French – By Amal Jrad, Chercheuse, Université de Strasbourg

Malgré le succès grandissant du Black Friday, qui se tient ce vendredi 28 novembre et qui vient renforcer la surconsommation à travers des promotions généralisées, les modes de consommation changent peu à peu à l’aune des enjeux écologiques. Mais les politiques publiques peinent souvent à trouver l’équilibre entre soutien à l’économie circulaire et protection des intérêts commerciaux traditionnels. Comment sortir de ce dilemme ?


En novembre 2023, à la veille du Black Friday, l’Agence de la transition écologique (Ademe) lançait une campagne de communication introduisant le concept de « dévendeur ». Concrètement, plusieurs vidéos mettaient en scène un vendeur qui encourageaient un client en quête de conseils sur le modèle à acquérir, à plutôt réparer son bien au lieu d’acheter un nouveau produit neuf.

Dévendeur ponceuse, Ademe/Havas, 15 novembre 2023.

Sur les réseaux sociaux, l’initiative a déclenché une vive polémique et a divisé autant les professionnels que le gouvernement. Au-delà de la controverse, cette situation illustre un défi majeur de notre époque : comment concilier la transition vers l’économie circulaire avec les intérêts économiques traditionnels ?

Pour trouver des réponses, l’Observatoire des futurs de l’EM Strasboug (Université de Strasbourg) a réalisé une étude sur la thématique industrie et économie circulaire à l’horizon 2035. Cette étude s’appuie sur des ateliers participatifs réunissant chercheurs, praticiens et acteurs institutionnels tels qu’Eurométropole, l’Ademe, Initiatives durables, et Grand Est Développement). Nous en livrons quelques résultats.




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Un dilemme au cœur des politiques publiques

À l’échelle européenne, l’engagement pour l’économie circulaire s’est considérablement renforcé depuis le lancement du Pacte vert en 2019. Cette volonté s’est traduite par des plans d’action successifs, notamment en mars 2020, ciblant des secteurs spécifiques comme le textile, les plastiques et la construction. La Commission européenne a également proposé en 2022 des mesures pour accélérer cette transition, avec un accent particulier mis sur la durabilité des produits et la responsabilisation des consommateurs.

En France, cette dynamique européenne s’est accompagnée d’initiatives nationales ambitieuses. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (dite loi Agec) adoptée en 2020 promeut en particulier l’économie de la fonctionnalité et du service via le réemploi et la réparation. Selon une étude de l’Institut national de l’économie circulaire (Inec) et d’Opeo publiée en 2021, 81 % des industriels français interrogés perçoivent l’économie circulaire comme une opportunité.

Pour plus de 85 % d’entre eux, elle permettrait non seulement de développer de nouveaux marchés et de réaliser des économies, mais aussi de relever les défis environnementaux actuels. Cependant, ces orientations se heurtent à un modèle économique encore largement basé sur la vente en volume.




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Des consommateurs de plus en plus conscients

L’évolution des comportements d’achat témoigne d’ailleurs d’une prise de conscience croissante chez les consommateurs. Les convictions personnelles liées à l’éthique et l’environnement pèsent de plus en plus sur les choix individuels et les consommateurs privilégient désormais le « Made in France » et les produits issus de l’économie circulaire.

Une enquête menée en France par OpinionWay en 2024 montrait ainsi que 42 % des personnes interrogées se disaient prêtes à dépenser plus d’argent pour avoir des produits vestimentaires plus respectueux de l’environnement et socialement responsables.

D’après une étude d’Ipsos, deux vacanciers européens sur trois se déclaraient prêts à modifier leur mode de transport durant l’été 2023 pour réduire leur impact carbone.




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Un soutien public en quête d’équilibre

Face à ces évolutions, les politiques publiques tentent de trouver un équilibre délicat. L’Union européenne (UE) déploie des financements importants pour soutenir cette transition. Le programme Horizon Europe (2021-2027) offre ainsi un budget de 95,5 milliards d’euros, dont une partie significative est destinée à la recherche et l’innovation en économie circulaire.

Toutefois, ces mécanismes de financement européens souffrent de plusieurs lacunes que nous avons identifiées à partir des entretiens d’experts réalisés dans le cadre de l’étude :

  • une communication limitée autour des programmes,
  • un soutien insuffisant aux entreprises déjà engagées dans la circularité,
  • et des budgets parfois davantage orientés vers les études que vers l’accompagnement concret des transformations.

Au niveau national, de nombreuses mesures ont été mises en place, parmi lesquelles :

  • le fonds d’économie circulaire de l’Ademe, renouvelé annuellement,
  • les programmes d’investissement d’avenir successifs, dont le dernier (PIA 5) dispose d’un budget de 54 milliards d’euros,
  • ou le plan France 2030, qui a déjà engagé 21 milliards d’euros avec plus de 1 000 projets répondant à l’objectif « mieux produire ».

Ces dispositifs ne parviennent toutefois pas toujours à répondre aux besoins de l’ensemble des acteurs. Les petites entreprises, en particulier, peinent souvent à accéder aux informations et aux financements, alors même qu’elles sont en général plus avancées dans leurs pratiques circulaires.

C’est plutôt au niveau local qu’émergent les solutions innovantes les plus prometteuses : l’Eurométropole de Strasbourg, par exemple, déploie des actions concrètes : création de réseaux d’acteurs autour de l’économie circulaire, soutien aux structures d’insertion dans le domaine du recyclage, développement de l’écologie industrielle territoriale et promotion du réemploi dans le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP).

Ces initiatives montrent qu’il est possible de créer des synergies entre différents acteurs économiques autour de l’économie circulaire.




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Quatre futurs possibles pour réinventer le commerce

Mais la controverse des « dévendeurs » a révélé un besoin plus profond de repenser nos modèles économiques. Comment les politiques de soutien pourraient-elles évoluer face à ce dilemme entre promotion de la sobriété et maintien de l’activité commerciale ? Quatre scénarios se dessinent à l’horizon 2035, chacun proposant une approche différente de création de valeur.

  • Dans un premier scénario, les politiques de soutien resteraient ambivalentes, tentant de satisfaire à la fois les commerçants traditionnels et les acteurs de l’économie circulaire. Cette approche conduirait à des mesures parfois contradictoires : d’un côté, des subventions pour la modernisation des commerces, de l’autre, des campagnes promouvant la sobriété. Les grandes enseignes s’adapteraient en créant des « coins réparation », mais sans remise en cause fondamentale de leur modèle. Les petits commerces, pris entre deux logiques, peineraient à trouver leur place. Le risque est d’aboutir à un soutien fragmenté et inefficace.

  • Le deuxième scénario miserait sur l’innovation pour réconcilier vente et durabilité. Les commerces deviendraient des « hubs circulaires » où la technologie (IA, blockchain) optimiserait la réparation et la revente. Le métier de vendeur évoluerait vers un rôle de « conseiller en usage durable », proposant la solution la plus pertinente : réparation, achat neuf ou reconditionné. Un modèle prometteur, mais qui risque d’exclure les petits commerces faute de moyens d’investissement.

  • Dans une troisième configuration, les politiques se territorialiseraient fortement, avec des aides adaptées aux besoins locaux. Les commerces deviendraient des lieux hybrides de vente, réparation et échange. L’économie de la fonctionnalité s’y développerait naturellement, privilégiant l’usage plutôt que la propriété. Les « dévendeurs » s’intégreraient dans ce maillage territorial, même si cette approche pourrait créer des disparités entre régions.

  • Face à l’urgence climatique, le dernier scénario verrait l’État imposer une transformation radicale et un tantinet autoritaire. Des quotas de réparation et de réemploi seraient imposés aux commerces. La fonction de « dévendeur » deviendrait obligatoire dans les grandes surfaces. Parmi les mesures concrètes, l’Institut national de l’économie circulaire propose déjà une TVA à 5,5 % sur les opérations de réparation et des taux réduits pour les produits reconditionnés et écoconçus.

Dépasser l’opposition entre vendeurs et « dévendeurs »

La résolution du dilemme entre « dévendeurs » et commerçants passera sans doute par une combinaison de ces approches. Les politiques de soutien devront préserver la viabilité économique du commerce tout en accélérant la transition vers la sobriété. Ce qui implique la création de nouveaux métiers autour de la réparation et du réemploi, l’innovation dans les services plutôt que dans la production de biens, un accompagnement fort des pouvoirs publics et une transformation de notre rapport à la consommation.

En définitive, l’enjeu n’est plus tant d’opposer commerce traditionnel et économie circulaire que de réinventer nos modes de production et de consommation. Le concept de « dévendeur » n’est peut-être qu’une première étape vers cette nécessaire mutation de notre économie, qui requiert des politiques de soutien plus inclusives, capables d’accompagner tous les acteurs dans cette transition.


L’article s’appuie sur des entretiens réalisés avec Christophe Barel (chef de projet senior à l’Ademe, le 30 janvier 2024) ; Carmen Colle (entrepreneuse dans le secteur du textile et militante pour un entrepreneuriat responsable, social et solidaire, 14 décembre 2024) ; Pia Imbs (présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, 19 décembre 2024) ; Anne Sander (députée européenne, questeur du Parlement européen, 9 février 2024) et Maryline Wilhelm (conseillère déléguée à l’économie circulaire, sociale et solidaire, Ville de Schiltigheim, 19 janvier 2024).

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

ref. « Dévendeurs » contre commerçants : comment sortir du dilemme des politiques de soutien à l’économie circulaire ? – https://theconversation.com/devendeurs-contre-commercants-comment-sortir-du-dilemme-des-politiques-de-soutien-a-leconomie-circulaire-262979

Black Friday : le bonheur s’achète-t-il en soldes ?

Source: The Conversation – in French – By Mickaël Mangot, Docteur en économie, spécialiste d’économie comportementale et d’économie du bonheur, conférencier, chargé de cours, ESSEC

Les difficultés de la vie quotidienne peuvent modérer le bénéfice de la consommation sur notre bonheur. Gorodenkoff/Shutterstock

Consommer nous rend-il plus heureux ? Le Black Friday nous rapproche-t-il du bonheur ou, au contraire, nous en éloigne-t-il ? Selon l’économie du bonheur, toutes les consommations ne se valent pas…

Depuis le début des années 1970, l’économie du bonheur constitue un courant de recherche, au sein de la science économique, qui se propose de décrypter comment les comportements des individus influencent leur niveau de bonheur.

Si la relation entre revenus et bonheur a beaucoup occupé la discipline, de plus en plus de chercheurs s’intéressent désormais à la relation entre consommation et bonheur, sur un plan quantitatif – combien on consomme – comme qualitatif – ce que l’on consomme.

Est-on d’autant plus heureux que l’on consomme ? À l’instar de la relation entre revenus et bonheur, la réponse est clairement affirmative, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Mais, comme pour le revenu, la consommation explique à elle seule très peu des différences de bonheur entre individus, entre 5 % et 15 %. Il existe beaucoup de personnes qui sont heureuses tout en consommant peu et, inversement, des individus très dépensiers qui sont insatisfaits de leur vie.

Impact éphémère

Cette absence de causalité entre niveau de consommation et niveau de bonheur s’explique en grande partie par plusieurs mécanismes psychologiques.

Hormis quelques exceptions – chômage, handicap lourd, maladies chroniques ou dégénératives, etc., les humains s’adaptent aux chocs de vie, positifs ou négatifs.

La consommation, notamment de biens matériels, fait partie de ces événements qui ne laissent plus aucune de trace sur le bonheur à moyen long terme. Une fois l’achat effectué, nos consommations sont vite reléguées à l’arrière-plan de nos vies. Cette règle s’applique autant pour les petits achats – vêtements, déco ou high-tech – que pour les biens durables très onéreux comme la voiture ou le logement.

Les désirs se renouvellent et progressent constamment. Plus le niveau de vie augmente, plus les aspirations s’élèvent.

Cette montée en gamme (ou lifestyle inflation) s’applique à tout : logement, voiture, vêtements, restaurants, loisirs… À 20 ans on rêve d’un McDo et d’une chambre de bonne et à 60 ans d’un restaurant étoilé et d’une maison de maître. Dans nos armoires ou sur nos étagères, les consommations passées sont les vestiges visibles de désirs aujourd’hui dépassés.

Compétition sociale

S’ajoute aussi le mécanisme de la comparaison sociale : on fait l’expérience de son niveau de vie en partie cognitivement, en l’évaluant par rapport à celui des autres. Un niveau de vie élevé n’est pas gage de satisfaction s’il traduit un statut inférieur à celui de ses collègues, de ses voisins et de sa famille.

Ce n’est donc pas seulement notre propre consommation qui est importante pour le bonheur (positivement), mais également celle de notre entourage immédiat (négativement), du moins pour les consommations facilement observables – logement, voiture, vêtements, montres…

La satisfaction de la vie au sein d’un ménage augmente en fonction du rang de ce ménage en termes de consommation observable au sein de la même localité. D’ailleurs, lorsqu’un ménage gagne à la loterie, cela tend à augmenter les consommations observables des ménages dans ses alentours.




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L’observation de biens de luxe chez les autres peut être particulièrement nocive pour le bonheur. Une étude a obtenu que plus la proportion de Porsche et de Ferrari est élevée dans une ville ou une région, et plus le niveau de bonheur moyen y était faible.

Privilégier les expériences

De nombreux travaux ont cherché à distinguer différents types de consommation selon leur intensité et selon la durabilité de leur impact sur le bonheur. Ils ont fait émerger une liste de consommations plus propices au bonheur :

Ces consommations ont la particularité de renforcer la connexion aux autres, d’améliorer l’image sociale ou l’image de soi, ou de contribuer à forger une identité.

Il est à noter que la liste n’est pas exactement la même pour tout le monde. Elle est modérée par les valeurs, la personnalité et les difficultés propres à la personne. Les biens matériels influencent plus le bonheur des personnes ayant des revenus modestes ou des valeurs matérialistes. Les valeurs matérialistes expliquent que la possession d’une voiture et sa valeur marchande sont particulièrement impactantes pour le bonheur des… boomers.

Plus la consommation est alignée avec la personnalité, et plus elle a généralement d’effet. Par exemple, les extravertis bénéficient plus que les introvertis des consommations sociales comme les sorties dans les bars et restaurants, et inversement pour les achats de livres.

Pallier les difficultés

Les difficultés du quotidien modèrent l’effet de la consommation sur le bonheur. La voiture est particulièrement importante pour le bonheur chez les personnes qui ont des problèmes de mobilité du fait d’une santé défaillante ou de l’absence d’alternatives. De même, le recours à des services pour gagner du temps est particulièrement efficace pour doper le bonheur des personnes qui en manquent (comme les parents en activité).

Ces dernières observations sont à relier à un autre mécanisme psychologique fondamental : le biais de négativité. Les émotions négatives affectent plus fortement et plus durablement l’évaluation de la vie que les émotions positives. On s’adapte en général moins rapidement aux chocs de vie négatifs qu’aux chocs positifs.

Les domaines de la vie pour lesquels on est insatisfait influencent plus l’évaluation générale de la vie que les domaines apportant satisfaction. Les consommations ont généralement plus d’effet sur le bonheur quand elles permettent de corriger un manque, plutôt que lorsqu’elles ajoutent du positif.

Plaisir de la transaction

Ces découvertes sont, pour certaines, plutôt intuitives. Néanmoins, les consommateurs peinent à en tirer les leçons pratiques du fait d’erreurs systématiques au moment des décisions. Par exemple, ils tendent à sous-estimer la puissance de l’adaptation aux évènements de la vie, notamment positifs, tout comme ils sous-estiment leurs changements de goûts et de priorités dans le temps.

Lors d’un achat, la quête du bonheur entre souvent en conflit avec la recherche d’une rationalité économique. La satisfaction attendue de la consommation est mise en balance avec le plaisir de la transaction, comme l’a montré le Prix Nobel d’économie Richard Thaler. En période de promotions, on se laisse aller à acheter des produits dont on n’a ni besoin ni réellement envie uniquement pour faire une bonne affaire. Le plaisir de la transaction est éphémère ; après coup on oublie vite avec quel niveau de remise l’achat a été réalisé.

Finalement, essayons de renverser la question : être vraiment heureux changerait-il notre façon de consommer ? Quelques études pionnières suggèrent que les personnes heureuses consomment différemment des autres : elles consomment moins (et épargnent plus) tout en ayant une consommation davantage orientée vers les sorties que vers les biens matériels. Ces études ne disent pas, en revanche, si ces personnes déjà très heureuses vont jusqu’à ignorer le Black Friday…

The Conversation

Mickaël Mangot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Black Friday : le bonheur s’achète-t-il en soldes ? – https://theconversation.com/black-friday-le-bonheur-sachete-t-il-en-soldes-270576

Violences dans le football amateur : les arbitres en première ligne

Source: The Conversation – in French – By Williams Nuytens, Sociologue, professeur des universités en Sciences et Techniques des APS, Université d’Artois

Les arbitres subissent environ 40 % des violences qui ont lieu lors des matchs de football. Omar Ramadan/Unsplash, CC BY

Plusieurs milliers d’arbitres se font agresser verbalement et physiquement chaque année sur les terrains de football. Pourquoi ? Dix ans d’enquête révèlent que l’érosion progressive des cadres collectifs qui régulaient autrefois les comportements au sein des clubs amateurs pourrait expliquer ce phénomène. Derrière les coups et les insultes, c’est un système fragilisé qui se dévoile.


Selon la Fédération française de football (FFF), on dénombre 2 millions de pratiquants licenciés (des hommes à 90 %) qui participent à 30 000 rencontres hebdomadaires. Ces matchs sont arbitrés par 25 500 officiels recensés (dont 1 500 femmes et 1 500 arbitres de moins de 15 ans). Sans eux, le football n’existerait pas. Ils sont souvent victimes d’agressions.

Un mal profond, chiffré et documenté

Selon l’Observatoire des comportements de la Fédération française de football, 12 000 incidents sont répertoriés et environ 11 000 matchs se signalent par un incident ou plus chaque saison. Ce chiffre, quasiment stable depuis la création de l’Observatoire en 2006, renvoie à des violences autant physiques que verbales.

Les joueurs commettent l’essentiel des faits (9 fois sur 10), suivis des encadrants, des spectateurs et des parents. Ce sont les arbitres qui subissent environ 40 % des violences, principalement verbales (8,5 fois sur 10). Cela signifie qu’environ 700 officiels sont physiquement agressés sur les terrains en France chaque année (coups, brutalités, bousculades, tentatives de coup(s), jets de projectiles, crachats), soit plus de 17 arbitres agressés chaque semaine – une saison sportive dure dix mois environ.

Les médias couvrent le phénomène en pointant la responsabilité d’un haut niveau parfois peu exemplaire ou la dégradation des contextes, et en mettant en avant les réactions collectives du monde arbitral. Cela a sans doute contribué au déploiement récent par la FFF d’un plan contre les violences et pour la protection des arbitres. Organisée autour des principes de la surveillance, de la prévention, de la dissuasion et de la répression, une telle entreprise devrait améliorer le déroulement des compétitions.

De nombreuses enquêtes de terrain auront été nécessaires pour comprendre ce phénomène et identifier ses causes. En ce qui nous concerne, nous avons commencé par mettre à distance un monde social qui nous était familier, ethnographié durant une saison à domicile et à l’extérieur un club de quartier prioritaire réputé « violent », collaboré avec divers chercheurs afin de cerner les problèmes et compter encore les faits pour enfin nous concentrer sur la figure des arbitres à partir d’une passation de 5 000 questionnaires et de dizaines d’entretiens.

Des causes multiples

Selon les dernières données que j’ai sollicitées en septembre 2025 auprès de la FFF, la majorité des faits (violences physiques et verbales) concerne la catégorie des seniors (60 % du volume des incidents relevés en saison 2024-2025 concernent les 18 ans et plus). Ceci confirme une tendance déjà pointée sur une période d’observations plus longue et le rôle cathartique du sport. On sait aussi que les violences se propagent notablement chez les plus jeunes (17-18 ans et 15-16 ans) au point aujourd’hui de présenter des taux d’incidence supérieurs aux proportions affectant les seniors (2,7 % chez les 18 ans et plus ; 3,2 % chez les 15 ans-18 ans).

On sait en outre que ces incidents concernent surtout les compétitions départementales, cantonales et régionales dans une moindre mesure. Enfin, contrairement aux idées reçues, on ne constate pas de clubs dans lesquels les violences s’installent au point d’en faire des associations durablement problématiques : sur plusieurs saisons les violences sont réparties entre de nombreux clubs.

La concentration des violences et autres incidents dans les divisions locales du football renvoient aux vulnérabilités des clubs de compétitions départementales. Les dirigeants et bénévoles y manquent – ou changent trop fréquemment, fragilisant le contrôle social que ces figures peuvent exercer sur les licenciés. Leurs paroles, pouvoirs éducatifs et capacités de régulation des comportements déviants s’affaiblissent. En parallèle, des pressions nouvelles se manifesteraient davantage. On pense ici aux intimidations voire aux agressions commises par des parents désireux de voir réussir leur enfant au plus haut niveau, c’est-à-dire l’illustration des effets pervers associés à ce que l’on appelle parfois « le projet Mbappé ». On pense aussi aux conduites violentes de joueurs au cours des rencontres sportives, ces licenciés pour lesquels les interventions des éducateurs ne suffisent parfois plus à canaliser des frustrations.

Dans ces contextes associatifs instables (équipes dirigeantes changeantes, formations insuffisantes des éducateurs en matière de régulation des comportements agressifs…), les arbitres sont très exposés d’autant plus que dans les premières divisions du football amateur, l’arbitre officiel, quand il existe, est une personne seule. Et seule quand des ruptures de cadres surviennent (insultes répétées, menaces, bagarres…).

Il est acquis maintenant que la performance arbitrale, incluant la gestion des matchs et de la sécurité, doit beaucoup aux contributions conjointes des joueurs, dirigeants et assistants. Cette performance est logiquement dégradée lorsque l’arbitre officie sans juge de touche officiel, en présence de dirigeants fragilisés, de joueurs à l’autocontrôle inconstant, de parents et de spectateurs imprévisibles, voire oppressants. Aussi stigmatiser l’arbitre, faire de son activité un facteur explicatif des violences, représente une erreur d’appréciation. En effet les agressions se construisent dans les configurations des compétitions et sont le produit de responsabilités partagées.

La disparition des collectifs

Bien entendu, l’arbitre détient le monopole de l’usage des sanctions légales, possède les lois du jeu, profite d’un statut d’agent ayant une mission de service public et d’un pouvoir qui n’a cessé de se renforcer depuis cent cinquante ans. Toutes ces ressources résistent pourtant mal aux caractéristiques des cadres de la pratique du football, et ne doivent pas laisser penser que les arbitres constituent un groupe homogène.

Le monde associatif perd progressivement ses repères : des dirigeants aux carrières longues laissent la place à des engagements bénévoles moins constants, de jeunes arbitres compensent les retraits d’arbitres expérimentés devenus inaptes ou désintéressés, des joueurs promoteurs et bénéficiaires d’une identité collective se raréfient. Désormais, ici et là, les footballeurs ne joueraient plus pour leurs couleurs, leur territoire, leur groupe d’appartenance et fragilisent des « nous » cohésifs pourtant riches de contrôle social.

Dans le domaine social que compose le football, mes enquêtes me conduisent à défendre la thèse de collectifs moins cohésifs, c’est-à-dire de clubs dans lesquels la nature des liens sociaux entre licenciés (joueurs, éducateurs sportifs, dirigeants, arbitres) est moins forte. Moins protectrice. Moins productrice de reconnaissances sociales. Et il suffirait alors d’une étincelle pour que les stades s’embrasent : l’absence d’une contention chez un pratiquant frustré, une décision arbitrale litigieuse ou erronée, des parents blessés de voir leur enfant sur le banc des remplaçants, une rétrogradation sportive que des spectateurs n’acceptent pas, projetant leur désarroi sur la cible accessible que représente l’arbitre, etc.

Tout ceci conduit souvent à penser l’agression d’un arbitre comme la conséquence d’un facteur déclenchant très situé, localisé et qui parfois renvoie à la psychologie de l’auteur du fait. Cependant, la rareté des carrières de joueurs violents limite la portée d’un tel raisonnement. En combinant plusieurs faits et en se souvenant que les responsabilités sont partagées, on déclenche un autre régime interprétatif qui n’a d’ailleurs rien à voir avec l’illustration d’une société toujours plus violente.

D’après mes recherches, si les violences contre les arbitres ne diminuent pas en dépit de mesures coercitives (durcissement des sanctions, modifications du statut des arbitres…), c’est avant tout en raison d’un tissu associatif moins capable de faire barrage à ces comportements.

Pour reprendre une formule du sociologue Pierre Bourdieu, les faits divers font diversion. Pour les appréhender pleinement, il faut les voir comme le résultat de constructions sociales. Quand les associations s’affaiblissent socialement, elles deviennent plus perméables aux perturbations intérieures (frustrations de joueurs, fatigue physique impliquant un moindre contrôle comportemental, inexpérience de jeunes et de très jeunes arbitres, contrôle social des dirigeants moins efficaces, erreurs d’arbitrage…) et influences extérieures (comme des rivalités sociales et territoriales entre localités ou quartiers). Les arbitres en font les frais et révèlent ces fractures.

The Conversation

Williams Nuytens a reçu des financements de l’université d’Artois, de la région des Hauts-de-France, de l’Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure (1998), de l’INSEP (1997), de la Fédération Française de Football (2010), de l’UFOLEP du Pas-de-Calais (2018, 2020, 2022), de l’UFOLEP nationale (2019-2021), du Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche, de l’ANCT (2023, 2025), des Communautés Urbaines d’Arras et de Lens-Liévin (2021, 2022, 2023), de la Ligue de Sport Adapté des Hauts-de-France (2020-2023), de La Vie Active (2024), du Groupement Hospitalier Arras-Ternois (2024), de l’ANRT (2024), etc. Il ne travaille pas, ne conseille pas, ne reçoit pas de fonds d’une organisation pouvant tirer profit de cet article. Il ne déclare aucune autre affiliation que ses institutions de recherche et d’enseignement en dehors d’un engagement bénévole en qualité d’administrateur auprès de l’association Eveil.

ref. Violences dans le football amateur : les arbitres en première ligne – https://theconversation.com/violences-dans-le-football-amateur-les-arbitres-en-premiere-ligne-267295