Cómo se construye la nueva industria de la música a través de ‘Operación Triunfo’

Source: The Conversation – (in Spanish) – By José Ángel Baños Saldaña, Profesor de Literatura Española, Universidad de Castilla-La Mancha

Imagen de la gala 8 de _Operación Triunfo 2025_. Amazon MGM Studios

Hace unos días nuestro amigo Mike nos comentó: “Me vi el primer capítulo en Amazon y lo quité”. Hizo una pausa breve, casi teatral, antes de insistir: “No me representa. No me representa a mí”. Y luego, con una sonrisa resignada, añadió: “A la gente joven a lo mejor sí”.

Hablaba de Operación Triunfo 2025, que parece diseñado para “jóvenes con rentabilidad”. Así lo señala su publicidad: desde la primera gala se habla de la adquisición de capital para “invertir” a través del banco online que lo patrocina, el mismo que ha planificado un sorteo de entradas por TikTok para la gala final.

Este programa musical de telerrealidad apunta a un sector de la generación Z que compara precios en Idealo, previene los signos de la edad con La Roche-Posay o CeraVe, se refresca con Cacaolat o Nestea y juega con piezas de Lego. Dicho en otros términos, su público objetivo son los jóvenes con cierta capacidad adquisitiva.

El nuevo formato ha planificado un cambio de paradigma en la relación entre televisión, música y cultura popular y la productora Gestmusic ha canalizado su difusión en torno a una nueva edad.

Cinco personas posan detrás de una mesa en un escenario.
Chenoa, presentadora del formato, y el jurado de esta edición de 2025. De izquierda a derecha, Guille Milkyway, Cris Regatero, Abraham Mateo y Leire Martínez.
Amazon MGM Studios

The show must go on

Cuando Operación Triunfo irrumpió en 2001, lo hizo como un acontecimiento televisivo. Era una fábrica de sueños que convertía a jóvenes anónimos, casi sin formación, en iconos de masas. Su éxito no radicaba solo en la música, sino en la construcción de una narrativa aspiracional que mezclaba mérito, emoción y espectáculo.

Tras su reaparición en 2017, el formato encontró una segunda vida en la era digital. Y desde su emisión en Amazon Prime, el programa se ha reconvertido en un espejo de la (nueva) industria musical.

El espectáculo ya no ocurre solo en una gala de tres horas, sino en un flujo continuo de clips, directos, comentarios y reacciones. OT2025 no se ve, se navega. Se consume entre notificaciones mientras permanece la fascinación por ver nacer al artista “adolescente”, por asistir al proceso en el que el anonimato se convierte en figura pública.

Operación Triunfo comienza mucho antes de que los concursantes entren el escenario. El proceso de selección combina estrategias tradicionales y digitales. Por un lado, se realizan castings presenciales en varias ciudades de España; por otro, se impulsa la participación a través de redes sociales con iniciativas como el #OTCover, que permite a los aspirantes mostrar su talento en TikTok e Instagram.

Ya en la Academia, se les instruye según la lógica de la industria musical: ensayos, trabajo en equipo, presión mediática y exposición constante.

Más que un concurso, OT2025 es un síntoma cultural. Se trata de una versión acentuada de la sociedad musical del espectáculo: una maquinaria afectiva en la que lo visible produce verdad y multiplica los comentarios en redes.

La vocación transmedia del regreso de OT como proyecto televisivo ya ha conquistado a los jóvenes. A partir de esta edición, se constata la voluntad manifiesta de fidelizar clientes en ese sector. Esos son los jóvenes que van “un pasito por delante”, como dice el anuncio del banco.

El talento como performance

En OT2025 la noción de talento se expande más allá de la técnica vocal o la interpretación. Lo que se busca –y se recompensa– es la capacidad de emocionar, de conectar y de narrarse. El concursante interpreta su identidad, ensaya su autenticidad y construye una marca personal en tiempo real para integrarse en una industria. Esta detentará gran parte de sus derechos de imagen, autor y explotación comercial.

La perfomance se basa en el ideal contemporáneo de la autenticidad emocional. Guille Toledano, uno de los concursantes, lo intuye, e insiste en validar su capacidad como intérprete de canciones pero no como compositor. Mostrar la vulnerabilidad y la virtud, compartir el proceso, llorar frente a cámara o abrirse ante el público se convierten en partes esenciales de la narrativa.

El espectáculo ya no consiste en la perfección, sino en la emoción visible. Cada gesto, cada palabra y cada interpretación forman parte de una coreografía colectiva que combina espontaneidad y cálculo. Aprender a sentir ante la cámara es tan importante como saber cantar.

Algoritmos, plataformas y la nueva industria musical

La principal diferencia entre OT2025 y sus predecesores reside en la infraestructura. La industria musical se ha desplazado hacia un modelo donde las plataformas, además de patrocinar el formato, actúan como amplificadores del gusto (y del negocio). En su segundo año de existencia, la “Tienda OT” se consolida para conectar con la juventud. Su merchandising quiere que le guste vestir como los concursantes, hablar como ellos y llevar totebags con sus frases.

El programa asume esta lógica de manera explícita. Las canciones se graban y se publican en streaming. Estas van acompañadas de estrategias de marketing que organizan, desde la plataforma Amazon, un perfecto entramado de cómo funciona la cultura.

Las métricas de escucha, los picos de viralidad y las menciones en redes sociales se incorporan como parte de los criterios de éxito y de juventud. A más interacción, mayor identificación con su público. Por eso, los aspirantes a “triunfitos” disfrutan en la Academia de treinta minutos de consumo de TikTok a la semana, en pantalla grande, y mientras aprenden protocolo. Necesitan incorporar su imagen al que es hoy el gran escaparate del espectáculo y saber gestionarlo.

Un grupo de gente joven posa.
Todos los concursantes de esta nueva edición de OT.
Amazon MGM Studios

En este contexto, OT2025 ilustra un nuevo tipo de industria musical participativa. Ya no basta con “gustar” al jurado o al público: hay que ser relevante dentro del flujo de datos. El artista debe aprender a dialogar con algoritmos y audiencias simultáneamente, optimizando su presencia en el ecosistema digital.

Esto pone sobre la mesa la aceleración de los tiempos de producción, la homogeneización estética y la fragilidad emocional derivada de la exposición constante. El programa es un espejo de las contradicciones de la cultura digital: celebra la creatividad, pero dentro de los márgenes del mercado y la atención.

OT2025 como laboratorio de la industria musical

Más allá del espectáculo, OT2025 puede entenderse como un espacio donde se ensayan nuevas formas de creación, representación y consumo en la era digital.

Su valor no reside solo en los artistas que lanza, sino en los discursos que genera sobre la identidad, la autenticidad, el éxito y el trabajo creativo. Deja tras de sí un repertorio de canciones, debates y símbolos que alimentan la memoria joven y colectiva.

El programa pone de relieve las nuevas condiciones del trabajo artístico: la autoexplotación emocional, la hiperconectividad, la dependencia de las plataformas. Pero también abre oportunidades inéditas para la autonomía y la autogestión. Los concursantes ya no esperan ser “descubiertos” por una discográfica; son ellos quienes aprenden a convertirse en su propia industria. Porque ¿de verdad importa el ganador?

OT2025 no solo lo ganará un concursante, sino también los patrocinadores y la industria musical. El formato condensa las tensiones centrales de la cultura contemporánea: autenticidad y artificio, emoción y cálculo, arte y mercado. Su verdadera relevancia no radica en quién gana, sino en cómo revela las transformaciones estructurales de la música popular y de la producción cultural en la era del espectáculo permanente.

The Conversation

José Ángel Baños Saldaña es miembro del equipo de investigación del proyecto de I+D+i “Mucho más que poemas. Poesía para más gente y poéticas de la canción” (M+PoeMAS), cuya referencia es PID2024-158927NB-100.

Guillermo Sánchez Ungidos es miembro del equipo de investigación del proyecto de I+D+i “Mucho más que poemas. Poesía para más gente y poéticas de la canción” (M+PoeMAS), cuya referencia es PID2024-158927NB-100.

ref. Cómo se construye la nueva industria de la música a través de ‘Operación Triunfo’ – https://theconversation.com/como-se-construye-la-nueva-industria-de-la-musica-a-traves-de-operacion-triunfo-265413

Pourquoi certains fromages couverts de moisissures peuvent être consommés, mais jamais de la viande avariée : les conseils d’un toxicologue sur les précautions à prendre

Source: The Conversation – France in French (3) – By Brad Reisfeld, Professor Emeritus of Chemical and Biological Engineering, Biomedical Engineering, and Public Health, Colorado State University

Dans la cuisine, la prudence est de mise avec les aliments qui se dégradent. Gare aux moisissures sur les céréales, les noix et les fruits, car ces champignons microscopiques libèrent des toxines à risque. Attention surtout aux bactéries très nocives qui se développent en particulier sur la viande avariée. Des pathogènes qui ne sont pas toujours perceptibles à l’odeur ou à l’œil.


Quand vous ouvrez le réfrigérateur et que vous trouvez un morceau de fromage couvert de moisissure verte ou un paquet de poulet qui dégage une légère odeur aigre, vous pouvez être tentés de prendre le risque de vous rendre malades plutôt que de gaspiller de la nourriture.

Mais il faut établir une frontière très nette entre une fermentation inoffensive et une altération dangereuse. La consommation d’aliments avariés expose l’organisme à toute une série de toxines microbiennes et de sous-produits biochimiques, dont beaucoup peuvent perturber des processus biologiques essentiels. Les effets sur la santé peuvent aller de légers troubles gastro-intestinaux à des affections graves telles que le cancer du foie.

Je suis toxicologue et chercheur, spécialisé dans les effets sur l’organisme de substances chimiques étrangères, à l’image de celles libérées lors de la détérioration des aliments. De nombreux aliments avariés contiennent des microorganismes spécifiques qui produisent des toxines. Étant donné que la sensibilité individuelle à ces substances chimiques diffère et que leur quantité dans les aliments avariés peut également varier considérablement, il n’existe pas de recommandations absolues sur ce qu’il est sûr de manger. Cependant, il est toujours bon de connaître ses ennemis afin de pouvoir prendre des mesures pour les éviter.

Céréales et noix

Les champignons sont les principaux responsables de la détérioration des aliments d’origine végétale tels que les céréales, les noix et les arachides. Ils forment des taches de moisissures duveteuses de couleur verte, jaune, noire ou blanche qui dégagent généralement une odeur de moisi. Bien qu’elles soient colorées, bon nombre de ces moisissures produisent des substances chimiques toxiques appelées mycotoxines.

Aspergillus flavus et Aspergillus parasiticus sont deux champignons courants présents sur des céréales comme le maïs, le sorgho, le riz ainsi que sur les arachides. Ils peuvent produire des mycotoxines appelées aflatoxines qui, elles-mêmes forment des molécules appelées époxydes ; ces dernières étant susceptibles de déclencher des mutations lorsqu’elles se lient à l’ADN. Une exposition répétée aux aflatoxines peut endommager le foie et a même été associée au cancer du foie, en particulier chez les personnes qui présentent déjà d’autres facteurs de risque, comme une infection par l’hépatite B.

Le genre Fusarium est un autre groupe de champignons pathogènes qui peuvent se développer sous forme de moisissures sur des céréales comme le blé, l’orge et le maïs, en particulier dans des conditions d’humidité élevée. Les céréales contaminées peuvent présenter une décoloration ou une teinte rosâtre ou rougeâtre, et dégager une odeur de moisi. Les champignons Fusarium produisent des mycotoxines appelées trichothécènes qui peuvent endommager les cellules et irriter le tube digestif. Ils libèrent également une autre toxine, la fumonisine B1 qui perturbe la formation et le maintien des membranes externes des cellules. Au fil du temps, ces effets peuvent endommager le foie et les reins.

Si des céréales, des noix ou des arachides semblent moisies, décolorées ou ratatinées, ou si elles dégagent une odeur inhabituelle, il vaut mieux faire preuve de prudence et les jeter. Les aflatoxines, en particulier, sont connues pour être de puissants agents cancérigènes, il n’existe donc aucun niveau d’exposition sans danger.

Qu’en est-il des fruits ?

Les fruits peuvent également contenir des mycotoxines. Quand ils sont abîmés ou trop mûrs, ou quand ils sont conservés dans des environnements humides, la moisissure peut facilement s’installer et commencer à produire ces substances nocives.

L’une des plus importantes est une moisissure bleue appelée Penicillium expansum. Elle est surtout connue pour infecter les pommes, mais elle s’attaque également aux poires, aux cerises, aux pêches et à d’autres fruits. Ce champignon produit de la patuline, une toxine qui interfère avec des enzymes clés dans les cellules, entrave leur fonctionnement normal et génère des molécules instables appelées espèces réactives de l’oxygène. Ces dernières peuvent endommager l’ADN, les protéines et les graisses. En grande quantité, la patuline peut endommager des organes vitaux comme les reins, le foie, le tube digestif ainsi que le système immunitaire.

Moisissures vertes et blanches sur des oranges
Penicillium digitatum forme une jolie moisissure verte sur les agrumes, mais leur donne un goût horrible.
James Scott via Wikimedia, CC BY-SA

Les « cousins » bleus et verts de P. expansum, Penicillium italicum et Penicillium digitatum, se retrouvent fréquemment sur les oranges, les citrons et autres agrumes. On ne sait pas s’ils produisent des toxines dangereuses, mais ils ont un goût horrible.

Il est tentant de simplement couper les parties moisies d’un fruit et de manger le reste. Cependant, les moisissures peuvent émettre des structures microscopiques ressemblant à des racines, appelées hyphes, qui pénètrent profondément dans les aliments et qui peuvent libérer des toxines, même dans les parties qui semblent intactes. Pour les fruits mous en particulier, dans lesquels les hyphes peuvent se développer plus facilement, il est plus sûr de jeter les spécimens moisis. Pour les fruits durs, en revanche, je me contente parfois de couper les parties moisies. Mais si vous le faites, c’est à vos risques et périls.

Le cas du fromage

Le fromage illustre parfaitement les avantages d’une croissance microbienne contrôlée. En effet, la moisissure est un élément essentiel dans la fabrication de nombreux fromages que vous connaissez et appréciez. Les fromages bleus tels que le roquefort et le stilton tirent leur saveur acidulée caractéristique des substances chimiques produites par un champignon appelé Penicillium roqueforti. Quant à la croûte molle et blanche des fromages tels que le brie ou le camembert, elle contribue à leur saveur et à leur texture.

En revanche, les moisissures indésirables ont un aspect duveteux ou poudreux et peuvent prendre des couleurs inhabituelles. Les moisissures vert-noir ou rougeâtre, parfois causées par des espèces d’Aspergillus, peuvent être toxiques et doivent être éliminées. De plus, des espèces telles que Penicillium commune produisent de l’acide cyclopiazonique, une mycotoxine qui perturbe le flux de calcium à travers les membranes cellulaires, ce qui peut altérer les fonctions musculaires et nerveuses. À des niveaux suffisamment élevés, elle peut provoquer des tremblements ou d’autres symptômes nerveux. Heureusement, ces cas sont rares, et les produits laitiers avariés se trahissent généralement par leur odeur âcre, aigre et nauséabonde.

En règle générale, jetez les fromages à pâte fraîche type ricotta, cream cheese et cottage cheese dès les premiers signes de moisissure. Comme ils contiennent plus d’humidité, les filaments de moisissure peuvent se propager facilement dans ces fromages.

Vigilance extrême avec les œufs et la viande avariés

Alors que les moisissures sont la principale cause de détérioration des végétaux et des produits laitiers, les bactéries sont les principaux agents de décomposition de la viande. Les signes révélateurs de la détérioration de la viande comprennent une texture visqueuse, une décoloration souvent verdâtre ou brunâtre et une odeur aigre ou putride.

Certaines bactéries nocives ne produisent pas de changements perceptibles au niveau de l’odeur, de l’apparence ou de la texture, ce qui rend difficile l’évaluation de la salubrité de la viande sur la base des seuls indices sensoriels. Quand elles sont toutefois présentes, l’odeur nauséabonde est causée par des substances chimiques telles que la cadavérine et la putrescine, qui se forment lors de la décomposition de la viande et peuvent provoquer des nausées, des vomissements et des crampes abdominales, ainsi que des maux de tête, des bouffées de chaleur ou une chute de tension artérielle.

Les viandes avariées sont truffées de dangers d’ordre bactérien. Escherichia coli, un contaminant courant du bœuf, produit la toxine Shiga qui bloque la capacité de certaines cellules à fabriquer des protéines et peut provoquer une maladie rénale dangereuse appelée syndrome hémolytique et urémique.

La volaille est souvent porteuse de la bactérie Campylobacter jejuni qui produit une toxine qui envahit les cellules gastro-intestinales, ce qui entraîne souvent des diarrhées, des crampes abdominales et de la fièvre. Cette bactérie peut également provoquer une réaction du système immunitaire qui attaque ses propres nerfs. Cela peut déclencher une maladie rare appelée syndrome de Guillain-Barré qui peut entraîner une paralysie temporaire.

Les salmonelles présentes notamment dans les œufs et le poulet insuffisamment cuits, causent l’un des types d’intoxication alimentaire les plus courants. Elles provoquent des diarrhées, des nausées et des crampes abdominales. Elles libèrent des toxines dans la muqueuse de l’intestin grêle et du gros intestin, qui provoquent une inflammation importante.

(En France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire – Anses – rappelle que les aliments crus ou insuffisamment cuits, surtout d’origine animale, sont les plus concernés par les contaminations par les bactéries du genre « Salmonella » : les œufs et les produits à base d’œufs crus, les viandes -bovines, porcines, incluant les produits de charcuterie crue, et de volailles –, les fromages au lait cru. L’Anses insiste aussi sur le fait que les œufs et les aliments à base d’œufs crus – mayonnaise, crèmes, mousse au chocolat, tiramisu, etc.- sont à l’origine de près de la moitié des toxi-infections alimentaires collectives dues à Salmonella, ndlr).

Clostridium perfringens attaque également l’intestin, mais ses toxines agissent en endommageant les membranes cellulaires. Enfin, Clostridium botulinum, qui peut se cacher dans les viandes mal conservées ou vendues en conserves, produit la toxine botulique, l’un des poisons biologiques les plus puissants, qui se révèle mortelle même en très petites quantités.

Il est impossible que la viande soit totalement exempte de bactéries. Mais plus elle reste longtemps au réfrigérateur – ou pire, sur votre comptoir ou dans votre sac de courses – plus ces bactéries se multiplient. Et vous ne pouvez pas les éliminer toutes en les cuisant. La plupart des bactéries meurent à des températures sûres pour la viande – entre 63-74 °C (145 et 165 degrés Fahrenheit) – mais de nombreuses toxines bactériennes sont stables à la chaleur et survivent à la cuisson.

The Conversation

Brad Reisfeld ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Pourquoi certains fromages couverts de moisissures peuvent être consommés, mais jamais de la viande avariée : les conseils d’un toxicologue sur les précautions à prendre – https://theconversation.com/pourquoi-certains-fromages-couverts-de-moisissures-peuvent-etre-consommes-mais-jamais-de-la-viande-avariee-les-conseils-dun-toxicologue-sur-les-precautions-a-prendre-268963

Pourquoi le XXIe siècle sera « le siècle des animaux »

Source: The Conversation – France (in French) – By Réjane Sénac, Directrice de recherches, CNRS, politiste, Sciences Po

Au XXe siècle, les combats pour plus d’égalité ont permis à de nombreux groupes sociaux de devenir des sujets de droit. Cette progression vers davantage d’inclusivité pourrait faire du XXIe siècle le siècle des animaux. Mais comment les intégrer dans nos textes de loi ? Si les animaux ont des droits, ont-ils aussi des devoirs ?

Dans cet extrait de son essai « Par effraction. Rendre visible la question animale », aux éditions Stock/Philosophie magazine (2025), la politiste Réjane Sénac sonde ces questions.


Au XXe siècle, les mobilisations contre les inégalités ont eu pour point commun de revendiquer que chaque humain soit reconnu et traité comme un égal, dans la dénonciation des effets imbriqués du sexisme, du racisme et des injustices économiques et sociales. Pour cela, elles ont remis en cause l’animalisation de certains groupes humains, qu’il s’agisse des femmes, des personnes racisées, des personnes en situation de handicap et/ou des « pauvres ». L’animalisation a en effet été une des justifications centrales de l’exclusion hors de la citoyenneté active de ces groupes d’individus renvoyés à leur prétendue incapacité à être du côté de la raison du fait de leurs « qualités » et missions dites naturelles. L’objectif a été d’intégrer ces groupes dans la communauté des égaux en les faisant passer de l’autre côté de la barrière instaurée entre l’animalité et l’humanité. La légitimité et les conséquences de cette barrière ont ainsi été abordées à travers le prisme de l’émancipation humaine, et non celui de la domination des animaux non humains.

Dans l’approche antispéciste, le statut moral accordé aux animaux leur confère une reconnaissance comme sujets de droit, non pas pour accéder à des droits équivalents à ceux des humains (par exemple le droit de vote ou de mariage), mais à des droits adaptés à leurs besoins. L’enjeu est alors de penser la cohabitation la plus juste possible des intérêts, potentiellement divergents, des différentes espèces, humaines et non humaines. Dans Considérer les animaux. Une approche zooinclusive, Émilie Dardenne propose une démarche progressive dans la prise en compte des intérêts des animaux, au-delà de l’espèce humaine.

Elle présente des pistes concrètes de transition aux niveaux individuel et collectif, qui vont de la consommation aux choix de politique publique en passant par l’éducation et la formation. Elle propose des outils pratiques pour aider à porter des changements durables. Au niveau individuel, la zooinclusivité consiste par exemple à prendre en compte les besoins de l’animal que l’on souhaite adopter et l’engagement – financier, temporel… – qu’une telle démarche engendrerait avant de prendre la décision d’avoir un animal dit de compagnie. Au niveau des politiques publiques, la zooinclusivité prendrait par exemple la forme de l’inscription des droits des animaux dans la Constitution afin de ne pas en rester à une proclamation de leur reconnaissance comme « des êtres vivants doués de sensibilité » (article 515 du Code civil depuis 2015) ou des « êtres sensibles » (article L214 1 du Code rural depuis 1976), mais de permettre qu’ils acquièrent une personnalité juridique portant des droits spécifiques et adaptés. Le rôle fondamental de la Constitution est à ce titre soulevé par Charlotte Arnal, animaliste, pour qui « un projet de société commence par une Constitution, les animaux faisant partie de la société, elle doit les y intégrer ». Cette mesure, qu’elle qualifie de symbolique, « se dépliera aussi concrètement dans le temps, dans les tribunaux ». C’est dans cette perspective que Louis Schweitzer, président de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences (LFDA), a pour ambition de faire de la Déclaration des droits de l’animal proclamée à l’Unesco en 1978, et actualisée en 2018 par la LFDA, un outil pédagogique diffusé dans les lieux publics et les écoles, puis qu’elle soit transposée dans la loi.

À travers Animal Cross, une association généraliste de protection animale, qu’il a cofondée en 2009 et qu’il préside, Benoît Thomé porte aussi cet horizon. Il défend l’intégration d’un article 0 comme base à notre système juridique, qui serait formulé en ces termes : « Tous les êtres vivants, domaines de la nature, minéral, humain, végétal, animal, naissent et demeurent libres et égaux en devoirs et en droits. » À l’argument selon lequel on ne peut pas accorder de droits aux animaux car ils ne peuvent pas assumer de devoirs, il répond que « les animaux font plus que leurs devoirs avec tout ce qu’ils font pour nous et les autres êtres vivants. Les êtres humains se privent d’une belle vie en ne voyant pas la beauté des relations avec les animaux ». Il cite le philosophe Tom Regan, auteur entre autres du célèbre article « The Rights of Humans And Other Animals » en 1986, pour préciser que, si l’on pose le critère de l’autonomie rationnelle comme une condition de l’accès aux droits moraux, il faut le refuser à tous les humains dépourvus de cette caractéristique, comme les bébés et les déficients intellectuels graves. Le critère plus inclusif de la capacité à ressentir des émotions étant celui qui est retenu pour les humains, en vertu de l’exigence de cohérence, il est alors logique, selon lui, d’attribuer des droits à tous les êtres sentients, qu’ils soient humains ou non.

Benoît Thomé souligne son désaccord avec Tom Regan sur le fait de considérer les animaux comme des patients moraux et non des agents moraux au sens où, comme les personnes vulnérables, les enfants ou les personnes en situation de handicap, ils auraient des droits mais ne pourraient pas accomplir leurs devoirs. Il souligne que les animaux accomplissent « leurs devoirs envers nous, êtres humains, et envers la nature et les écosystèmes pour les animaux sauvages, naturellement et librement, et non comme un devoir. Il faut donc “désanthropiser” ce concept pour le comprendre au sens de don, service rendu aux autres êtres vivants, participation aux écosystèmes ». Il précise que c’est « le sens de l’histoire » d’étendre les droits « de la majorité aux plus vulnérables », cela a été le cas pour les humains, c’est maintenant l’heure des animaux non humains.

Sans nier la réalité historique de l’animalisation des personnes ayant une déficience intellectuelle, des voix telles que celles des philosophes Licia Carlson et Alice Crary invitent le mouvement antispéciste à être vigilant vis-à-vis de « l’argument des cas marginaux » pour justifier l’extension de la considération morale aux animaux non humains. En écho aux critiques de la philosophe et militante écoféministe Myriam Bahaffou sur l’usage de l’analogie avec le sexisme et le racisme dans le discours antispéciste, elles pointent une instrumentalisation de la figure du handicap mental pouvant paradoxalement renforcer les processus de déshumanisation qu’il prétend combattre.

Le lien entre l’agrandissement de la communauté politique et juridique au XXe siècle et les questions posées au XXIe siècle par la question animale est également abordé par Amadeus VG Humanimal, fondateur et président de l’association FUTUR. Il inscrit les revendications antispécistes dans une continuité historique en précisant que « le cercle de compassion ne fait que s’agrandir, à travers les droits civiques au XIXe siècle puis les droits des femmes au XXe et ceux des animaux au XXIe siècle ». Le XXIe siècle sera donc « le siècle des animaux », l’enjeu est de « repousser le nuage du spécisme en proposant une nouvelle vision du monde ». Sans minorer le poids actuel, notamment électoral, de l’extrême droite et du populisme, il considère que c’est « un backlash temporaire », comme cela a été le cas pour les groupes humains exclus des droits de l’homme. Selon lui, l’ombre qui a longtemps occulté les droits des animaux se dissipera progressivement. De la même manière que la décision du 21 février 2021 du tribunal administratif de reconnaître l’État responsable d’inaction face à la lutte contre le réchauffement climatique est considérée comme une victoire écologique historique, qualifiée d’Affaire du siècle, il ne doute pas que, concernant la question animale, l’« Affaire du steak » viendra.

The Conversation

Réjane Sénac ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Pourquoi le XXIe siècle sera « le siècle des animaux » – https://theconversation.com/pourquoi-le-xxie-siecle-sera-le-siecle-des-animaux-269018

L’affrontement sur la taxe Zucman : une lutte de classe ?

Source: The Conversation – France in French (3) – By Gérard Mauger, Sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur au Centre européen de sociologie et de science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le terme de lutte des classes est peu utilisé depuis l’effondrement du communisme. Pourtant, le débat sur la taxe Zucman révèle un violent clivage de classe entre une infime minorité de très grandes fortunes et l’immense majorité des Français.


Pendant près de six mois, le projet de taxe Zucman a focalisé l’intérêt médiatique et politique. Il a aussi contribué à mettre en évidence un clivage de classes habituellement occulté par une forme « d’embargo théorique » qui pèse depuis le milieu des années 1970 sur le concept de classe sociale, comme sur tous les concepts affiliés (à tort ou à raison) au marxisme.

Retour sur le feuilleton de la taxe Zucman

Le 11 juin dernier, Olivier Blanchard (économiste en chef du Fonds monétaire international entre 2008 et 2015), Jean Pisani-Ferry (professeur d’économie à Sciences Po Paris et directeur du pôle programme et idées d’Emmanuel Macron en 2017) et Gabriel Zucman (professeur à l’École normale supérieure) publiaient une tribune où ils se prononçaient, en dépit de leurs divergences, en faveur d’un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des foyers fiscaux dont la fortune dépasse 100 millions d’euros (environ 1 800 foyers fiscaux), susceptible de rapporter de 15 milliards à 25 milliards d’euros par an au budget de l’État (les exilés fiscaux éventuels restant soumis à l’impôt plancher cinq ans après leur départ).

Dès la rentrée, les médias ouvraient un débat sur fond de déficit public et de « dette de l’État » que relançait chaque apparition de Gabriel Zucman. Sur un sujet économique réputé aride, ils recyclaient la confrontation à la fois inusable et omnibus entre « intellectualisme », « amateurisme » sinon « incompétence », imputés aux universitaires, et « sens pratique » des « hommes de terrain » confrontés aux « réalités » (de la vie économique) et/ou entre « prise de position partisane » et « neutralité », « impartialité », « apolitisme », attribués à la prise de position opposée. Le débat s’étendait rapidement aux réseaux sociaux : il opposait alors les partisans de la taxe qui invoquaient la « justice fiscale et sociale » à des opposants qui dénonçaient « une mesure punitive », « dissuasive pour l’innovation et l’investissement ».

Le 20 septembre, dans une déclaration au Sunday Times, Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH et première fortune de France, avait décliné in extenso les deux volets de l’anti-intellectualisme médiatique en mettant en cause la « pseudo-compétence universitaire » de Gabriel Zucman et en dénonçant « un militant d’extrême gauche » dont « l’idéologie » vise « la destruction de l’économie libérale ».

Le Medef lui avait emboîté le pas. En guerre contre la taxe Zucman, Patrick Martin, affirmant que Zucman « serait aussi économiste que [lui] serait danseuse étoile au Bolchoï », annonçait un grand meeting le 13 octobre à Paris. Pourtant, il avait dû y renoncer face à la division créée par cette initiative au sein du camp patronal : l’U2P et la CPME (artisans et petites et moyennes entreprises) avaient décliné l’invitation : « On ne défend pas les mêmes intérêts », disaient-ils.

Mi-septembre, selon un sondage Ifop, 86 % des Français plébiscitaient la taxe Zucman.

Une bataille politique

À ces clivages que traçait le projet de taxe Zucman au sein du champ médiatique (audiovisuel public, d’un côté, et « supports » contrôlés par une dizaine de milliardaires, de l’autre) et de l’espace social (où les milliardaires s’opposaient à tous les autres) correspondaient approximativement ceux du champ politique. Portée initialement par une proposition de loi de Clémentine Autain et Éva Sas (groupe Écologiste et social), la taxe Zucman avait d’abord été adoptée par l’Assemblée nationale, le 20 février, avant d’être rejetée par le Sénat, le 12 juin.

Mais l’opportunité du projet se faisait jour au cours de l’été avec l’exhortation de François Bayrou à « sortir du piège mortel du déficit et de la dette », puis à l’occasion de l’invitation de Sébastien Lecornu à débattre du projet de budget du gouvernement « sans 49.3 ».

Le 31 octobre dernier, non seulement la taxe Zucman était balayée par une majorité de députés, mais également « sa version light » portée par le Parti socialiste (PS). Mesure de « compromis », la taxe « Mercier » (du nom d’Estelle Mercier, députée PS de Meurthe-et-Moselle) pouvait sembler plus ambitieuse, mais, en créant des « niches et des « exceptions », elle comportait, selon Gabriel Zucman, « deux échappatoires majeures » qui amorçaient « la machine à optimisation ».

Refusant de « toucher à l’appareil productif », selon sa porte-parole Maud Bregeon, le gouvernement Lecornu s’y opposait. Les députés d’Ensemble pour la République (députés macronistes) votaient contre (60 votants sur 92 inscrits) comme ceux de la Droite républicaine (28 sur 50). Le Rassemblement national (RN), qui s’était abstenu en février, s’inscrivait désormais résolument contre ce projet de taxe (88 sur 123) que Marine Le Pen décrivait comme « inefficace, injuste et dangereuse puisqu’elle entraverait le développement de nos entreprises ». Soixante-et-un députés socialistes et apparentés sur 69, 60 députés sur 71 de La France insoumise (LFI), 33 députés sur 38 du groupe Écologiste et social ainsi que 12 députés sur 17 du groupe Gauche démocrate et républicaine avaient voté pour le projet. Les députés LFI appelaient alors à la censure du gouvernement.

La lutte des 1 % les plus riches pour leurs privilèges

L’essor du néolibéralisme au cours des cinquante dernières années a certes transformé la morphologie des classes sociales (à commencer par celle de la « classe ouvrière » délocalisée et précarisée), accréditant ainsi l’avènement d’une « société post-industrielle », l’extension indéfinie d’une « classe moyenne » envahissante ou l’émergence d’une « société des individus » ou encore la prééminence des clivages (de sexe, de phénotype, d’âge, etc.) associés au revival des « nouveaux mouvements sociaux ».

Pourtant, le débat sur la taxe Zucman révèle bien un clivage de classe – comment l’appeler autrement ? – entre le 1 % et les 99 %, et l’âpreté de la lutte des 1 % pour la défense de leurs privilèges. Tout se passe comme si, en effet, à l’occasion de ce débat, s’était rejoué en France, sur la scène politico-médiatique, le mouvement Occupy Wall Street de septembre 2011 qui avait pour mot d’ordre :

« Ce que nous avons tous en commun, c’est que nous sommes les 99 % qui ne tolèrent plus l’avidité des 1 % restants. »

The Conversation

Gérard Mauger ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. L’affrontement sur la taxe Zucman : une lutte de classe ? – https://theconversation.com/laffrontement-sur-la-taxe-zucman-une-lutte-de-classe-269223

Tanzanie : la fermeture de l’espace numérique, élément clé de la répression

Source: The Conversation – France in French (3) – By Fabrice Lollia, Docteur en sciences de l’information et de la communication, chercheur associé laboratoire DICEN Ile de France, Université Gustave Eiffel

Face au puissant mouvement de contestation qui s’est emparé de la Tanzanie à la suite des élections générales, l’une des réponses du pouvoir a consisté à couper les réseaux sociaux. Dans ce grand pays d’Afrique de l’Est, comme dans bien d’autres pays aujourd’hui, la maîtrise de l’espace numérique est devenue un aspect central de la répression.


Le 29 octobre 2025, la Tanzanie a tenu des élections générales censées prolonger la trajectoire démocratique d’un pays souvent vu comme un îlot de stabilité politique en Afrique de l’Est.

Mais dans un climat déjà tendu – manifestations sporadiques à Zanzibar et Arusha, arrestations d’opposants, présence accrue de force de sécurité et fermeture partielle des médias critiques –, le scrutin s’est transformé en crise politique majeure. La présidente sortante Samia Suluhu Hassan, devenue présidente de Tanzanie en mars 2021 à la suite du décès du président John Magufuli, dont elle était la vice-présidente, a été élue avec près de 98 % des voix dans un contexte où le principal parti d’opposition, Chadema, avait été marginalisé et plusieurs de ses dirigeants arrêtés.

Dès l’annonce des résultats, des manifestations de protestation ont éclaté à Dar es Salaam (la plus grande ville du pays, où vivent environ 10 % des quelque 70 millions d’habitants du pays), à Mwanza et à Arusha. Les affrontements auraient fait, selon les sources, entre 40 et 700 morts, et plus d’un millier de blessés.

Face à la propagation des manifestations, le pouvoir a réagi par un couvre-feu national, un déploiement militaire dans les grandes villes et une coupure d’accès à Internet pendant environ 5 jours, invoquant la prévention de la désinformation comme mesure de sécurité. L’accès à Internet a été partiellement rétabli, mais les restrictions sur les réseaux sociaux et les plates-formes de messagerie persistent.

Ce triptyque autoritaire – fermeture politique, verrouillage territorial et blackout numérique – a transformé une contestation électorale en véritable crise systémique de confiance entre État et citoyens, entre institutions et information, et entre stabilité et légitimité.

Gouverner par le silence : quand le contrôle de l’information devient une stratégie de stabilité

Le contrôle de l’information comme pratique de gouvernement

Dans la perspective des sciences de l’information et de la communication (SIC), la séquence tanzanienne illustre une tendance plus large qui est celle de la transformation de la gestion de l’information en technologie de pouvoir (voir notamment, Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, 1975 ; Gilles Deleuze, Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, 1990).

Le blackout numérique ne vise pas seulement à contenir la désinformation ; il reconfigure les conditions mêmes de la visibilité. Comme le souligne Pierre Musso dès 2003 dans Télécommunications et philosophie des réseaux, l’espace numérique n’est plus un simple médium mais un espace politique. En contrôler l’accès, c’est aussi gouverner la perception.

Privés de réseaux sociaux, les citoyens perdent sur-le-champ leurs canaux d’expression. Les médias indépendants se retrouvent aveugles et les ONG ne peuvent plus documenter les violences.

C’est ainsi que l’État redevient le seul producteur de discours légitime : une régie symbolique de l’ordre public, pour reprendre la notion de Patrick Charaudeau (2005) sur la mise en scène du pouvoir.

Cette stratégie s’inscrit dans un continuum déjà observé lors d’autres scrutins africains (Ouganda 2021, Tchad 2021, Sénégal 2024). Elle marque une mutation du contrôle politique où il ne s’agit plus de réprimer la parole mais de désactiver les infrastructures mêmes de la parole.

La fabrique de la stabilité par la censure

Le discours officiel invoque la lutte contre les fausses informations pour justifier les coupures. Mais l’analyse sémiotique révèle un glissement de sens. L’ordre public devient synonyme de silence collectif et la stabilité politique se construit sur la neutralisation des espaces numériques de débat.

Les travaux en communication politique (Dominique Wolton, 1997) montrent que la démocratie suppose du bruit, du conflit, du débat et que le silence n’est pas l’ordre mais plutôt la suspension de la communication sociale.

Cette logique de stabilité performative donne l’illusion qu’il suffit que l’État contrôle la perception du désordre pour produire l’image d’un ordre.

Dans l’analyse du cas tanzanien, cette mise en scène du calme repose sur une invisibilisation dans la mesure où le calme apparent des réseaux remplace la réalité conflictuelle du terrain. Ce phénomène de stabilité performative, c’est-à-dire ici le calme apparent des réseaux traduisant une stabilité imposée, a déjà été observé au Cameroun et en Ouganda. Dans ces cas, la coupure d’Internet fut utilisée pour maintenir une image d’ordre pendant les scrutins contestés.

Or, la Tanzanie est un pays jeune. Près de 65 % de sa population a moins de 30 ans. Cette génération connectée via TikTok, WhatsApp ou X a intégré les réseaux sociaux non seulement comme espace de loisir mais aussi comme lieu d’existence politique. La priver soudainement d’accès dans ce moment précis porte à l’interprétation inévitable d’un effacement d’une part de la citoyenneté numérique.

Cette fracture illustre une asymétrie de compétences médiatiques qui se caractérise par le fait que le pouvoir maîtrise les outils pour surveiller tandis que les citoyens les mobilisent pour exister. Le conflit devient ainsi info-communicationnel dans la mesure où il se joue sur les dispositifs de médiation plutôt que dans la confrontation physique.

Aussi les répercussions sont-elles économiquement et symboliquement élevées.

Les interdictions de déplacement paralysent le commerce intérieur et les ports, les coupures d’Internet entraînent une perte économique estimée à 238 millions de dollars (un peu plus de 204 millions d’euros) et les ONG et entreprises internationales suspendent leurs activités face au manque de visibilité opérationnelle.

Mais au-delà du coût économique, la coupure d’Internet produit un effet délétère où la relation de confiance entre État et citoyens est rompue. L’information, en tant que bien commun, devient ici un instrument de domination.

Crise de la médiation et dérive sécuritaire en Afrique numérique

En Tanzanie, la circulation de l’information repose désormais sur des dispositifs de contrôle, non de transparence. L’État agit comme gatekeeper unique en filtrant les récits selon une logique de sécurité nationale. On assiste ainsi à une crise de la médiation où le lien symbolique entre institutions, médias et citoyens se défait.

Cette rupture crée une désintermédiation forcée où des circuits parallèles (VPN, radios communautaires, messageries clandestines) émergent, mais au prix d’une fragmentation du débat public. La sphère publique devient une mosaïque de micro-espaces informels, sans régulation et favorisant l’amplification des rumeurs et de discours extrêmes.

La situation tanzanienne dépasse le cadre du pays, en mettant en évidence les tensions d’un continent engagé dans une modernisation technologique sans démocratisation parallèle. L’Afrique de l’Est, longtemps vitrine du développement numérique avec le Kenya et le Rwanda, découvre que l’économie digitale ne garantit pas la liberté numérique.




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Là où les infrastructures se développent plus vite que les institutions, les réseaux deviennent des zones grises de gouvernance. Ni pleinement ouverts ni totalement fermés, ils sont constamment surveillés. Le cas tanzanien incarne ainsi un moment charnière où la technologie cesse d’être vecteur de progrès pour devenir vecteur de pouvoir.

Dans une approche SIC, la question centrale reste celle de la sécurité communicationnelle.

Peut-on parler de sécurité nationale lorsque la sécurité informationnelle des citoyens est compromise ? La coupure d’Internet ne prévient pas la crise mais la diffère, la rendant plus imprévisible et violente. Cette distinction entre sécurité perçue et sécurité vécue est la preuve que la stabilité ne se mesure pas à l’absence de bruit mais à la qualité du lien informationnel entre les acteurs.

Une démocratie sous silence

La Tanzanie illustre une mutation du pouvoir à l’ère numérique : gouverner, c’est aussi, désormais, gérer la visibilité. Mais la maîtrise de cette visibilité ne suffit pas à produire la légitimité. En restreignant l’accès à l’information, le régime tanzanien a peut-être gagné du temps mais il a sûrement perdu de la confiance. Pour les observateurs africains et internationaux, cette crise n’est pas un accident mais le symptôme d’une Afrique connectée, mais débranchée de sa propre parole.

The Conversation

Fabrice Lollia ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Tanzanie : la fermeture de l’espace numérique, élément clé de la répression – https://theconversation.com/tanzanie-la-fermeture-de-lespace-numerique-element-cle-de-la-repression-269119

Should Canadian politicians be allowed to block their constituents on social media?

Source: The Conversation – Canada – By Victoria (Vicky) McArthur, Associate Professor, School of Journalism and Communication, Carleton University

Canadian politicians have increasingly taken to social media to campaign as well as communicate with constituents, sharing updates on policies, local events, emergencies or government initiatives.

But stories have emerged of constituents being blocked by their representatives. Should Canadian politicians be free to block their own constituents?

Some politicians claim the blocking is to combat increased online harassment, while constituents have claimed that simply being critical of policies or initiatives is enough to get them blocked.

Some recent cases in Canada include federal Environment Minister Steven Guilbeault being asked to unblock Ezra Levant on X in 2023, Alberta Premier Danielle Smith blocking constituents on X in 2023 and Montréal Mayor Valérie Plante blocking comments on X and Instagram in 2024. In 2018, Ottawa Mayor Jim Watson was sued by three local Ottawa activists after blocking them on X.

Research has indicated that politicians in Canada are subject to uncivil messages on their social media accounts and increasing threats and hate are directed to candidates online. Furthermore, social media has been attributed to rising political polarization and the spread of disinformation. The RCMP is currently investigating online threats made to MP Chris d’Entremont after he crossed the floor to join the federal Liberals.

Constituent rights

AI bots on social media are influencing political discourse online in Canada; one researcher has warned these bots “amplify specific narratives, influence public opinion, and reinforce ideological divides.”

But where do Canadian politicians draw the line, and does blocking constituents violate the Canadian Charter of Rights and Freedoms, specifically regarding the rights of citizens to access government information?

The Charter recognizes a derivative right to access government information when it’s essential for meaningful expression about government operations. This is why a court ordered Guilbeault to unblock Levant, founder of Rebel News, two years ago. However, this wasn’t an official ruling, but rather a settlement.

Within Ontario, the Office of the Integrity Commissioner has provided guidance on the use of social media accounts by provincial members of parliament (MPPs). The policy states that MPPs may have social media accounts in their own names, and provides advice on how they are used, but this advice mostly covers polices about partisan content or campaign rules.

The Canadian Civil Liberties Association notes that there is, “a special incentive for politicians to make sure that the online record casts them in the best possible light, even if that means silencing critical or otherwise inconvenient voices.”

Social media platforms generally do not effectively or consistently intervene when it comes to targeted harassment of Canadian politicians. For Canadian politicians who maintain active, public-facing social media accounts, this leaves managing online abuse to the candidates and their staff.

What about constituents who are simply unhappy with their elected officials?

In an era where Canadian politicians increasingly use social media to communicate policy and promote transparency, shouldn’t citizens be able to post critical comments in those same spaces? If these platforms serve as modern public forums, where exactly should democratic debate take place if not there?

Silenced by elected officials?

The issue presently lacks legal precedence in Canada. In the case of Levant/Guilbeault, the decision ordering the former environment minister to unblock Levant appeared to hinge on the nature of Guilbeault’s X account: whether it was a personal account or whether he was using it in an official capacity to communicate updates on his work in Parliament.

In the case of Watson in Ottawa, the three blocked plaintiffs argued the mayor had “infringed their constitutional right to freedom of expression by blocking them from his official Twitter account.” They further argued that his Twitter feed was “a public account used in the course of his duties as mayor” — a point he later conceded in unblocking them and ending the legal battle.

As Canadian politics continues to become integrated with social media, Canada still has no clear legal framework governing when or if politicians can or should block constituents online. The issue sits at the crossroads of digital safety, public accountability and freedom of expression.

Until clearer guidelines emerge, the question remains: how can politicians in Canada safely and effectively use social media to engage with constituents? And how can constituents confidently engage in critique via those same channels without fear of being silenced by their elected officials?

The Conversation

Victoria (Vicky) McArthur receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council, the Natural Sciences and Engineering Research Council, and the Canadian Foundation for Innovation.

ref. Should Canadian politicians be allowed to block their constituents on social media? – https://theconversation.com/should-canadian-politicians-be-allowed-to-block-their-constituents-on-social-media-269165

When we gamble with the integrity of sport, we risk losing the values it offers

Source: The Conversation – Canada – By Jennifer Walinga, Professor, Communication and Culture, Royal Roads University

In the sports documentary miniseries The Last Dance, Michael Jordan describes how, as a young rookie, he was confronted with an invitation to take part in illicit activities with teammates, including drugs and gambling.

He “did not go through that door,” realizing “he was in the NBA to get better.” Nowadays that kind of moral compass feels increasingly rare.

The recent gambling and fraud scandal rocking the NBA, for example, illustrates how, when sport leaders compromise on sport values — respect, excellence, safety and fairness — they compromise the value of sport to individuals and society as a whole.

The purpose of sport is individual and community development. The word “compete” is derived from the Latin competere which means to strive (for excellence) together.

Money changes the game

Adding money to sport requires a high level of regulation to prevent the associated pitfalls of corruption, fraud, power imbalances and excess.

Allowing gambling in sport places stress on sport governance, but also erodes cultural integrity. Betting communicates a tolerance for what has been considered criminal in the past and corrupting in the present.

When a referee tolerates cheating behaviour on the field, they soon lose control of the game, and the game soon loses its value.

Canadian researchers have repeatedly shown the value of sport in fostering individual and community development. From positive youth development to significant social impact and social inclusion of people with disabilities, research shows the positive role sport can have through inspiration, health, confidence, belonging and connection.

The Power of Sport: The True Sport Report 2022, a research series by the Canadian Centre for Ethics in Sport that provides evidence for a values-based approach to sport, consistently finds that “the sport Canadians want” includes safety, integrity and community.

What women’s sport teaches us

A recent report from Women and Sport Canada shows the sport Canadians want is equitable, inspiring and community-oriented. Women’s sport in Canada, for example, has doubled in value over two years to $400 million and is expected to reach $500 million within a year.

Sport organizations such as Speed Skating Canada, Rugby Canada and the Toronto Blue Jays are modelling positive sport values and the result is a growing fan base and participation, record ticket sales and exceptional performances.

In their studies of Speed Skating Canada and Rowing Canada, former professional athletes and organizational psychologists Katrina Monton and Jennifer Walinga found that cultural integrity — living the values of respect, safety and excellence — has created a foundation for optimal performance. Indeed, the Canadian Speed Skaters enjoyed a dominant performance at the recent World Cup.

Rugby Canada leadership stood by the women’s team through two cases of coach abuse to see the women earn Olympic and World Cup silver medals.

In studying rugby and other sports, our research team has found cultural integrity to be essential to a team’s resilience and success.

The Blue Jays have also confirmed it: the Canadian public wants a sport that upholds friendship, respect and excellence on the diamond. Fans are enthusiastically celebrating the expressed and enacted love the players have for one another, the game and the country.




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Boys do cry: The Toronto Blue Jays challenge sport’s toxic masculinity with displays of love and emotion


Fair play and the public’s trust

The recent gambling scandals in the NBA and the MLB are a product of ill-governed sport. Insider betting and games rigging involving players, coaches and organized crime rings are the fallout of legalized sports betting.

When sport leaders place winning or money at the centre of sport, a “win at all costs” mentality prevails, rationalizing and indirectly promoting behaviours like cheating, inequity and corruption — and the costs are well-documented.

Compromising on sport values creates cultural fractures, contradictions and incongruities across sport, which then undermine public trust and the participation that comes with it.

The Hockey Canada sexual assault settlement scandal, which involved the board using registration fees to settle the claims, is another example of values undermined under the guise of protecting players or the sport. Despite their acquittals, a group of junior hockey players compromised human dignity.

This type of behaviour stems from a cultural belief system that values violence — permitted and promoted in hockey — and leads to compromise across the hockey environment, including fan violence, referee abuse, hazing, bullying, misogyny and toxic masculinity.

These sport scandals are examples of how rationalizing illicit behaviours for the sake of sport — for example, gambling that increases the fan base and ticket sales, which fund sport — leads to value compromises across the sport environment.

UK Sport has relied on $1.5 billion in lottery funding since 1997. Most Canadian provinces rely on gaming grants to fund community sport — arguably a slippery slope.

Gaming, sponsorship and “targeted” performance-based funding models like UK Sport and Canada’s Own the Podium privilege money over ethics and safety, and communicate to athletes, coaches and fans that compromising values is acceptable. Yet, it can be argued, these models enhance funding and bring success. The question becomes: where do we draw the line?

When referees compromise on fair play or lose sight of their role, the game unravels — and so can sport in general unravel without proper governance, accountability, transparency and independence. When the rules no longer seem to apply, athletes believe they are free to push boundaries or take their own form of recourse.

The Edmonton Oilers/St.Louis Blues NHL hockey game in April 2025, when referees were accused of making several questionable calls, is a good example. The doping track-and-field scandals in the 1980s were yet another. When winning becomes the priority, other values fall by the wayside.

Rebuilding sport from the inside out

Sport must be governed by the same principles that define it at its best: excellence, respect, safety, community, accountability, independence, transparency, accessibility and fairness.

Sport based on Olympic and Paralympic values brings tremendous value to society.

Compromising on sport’s values and integrity only serves to squander its local, national and global power. Sport, when done right, unites the world.

The Conversation

Jennifer Walinga receives funding from SSHRC, WorkSafeBC and Royal Roads University

ref. When we gamble with the integrity of sport, we risk losing the values it offers – https://theconversation.com/when-we-gamble-with-the-integrity-of-sport-we-risk-losing-the-values-it-offers-268731

Why aging shouldn’t be classified as a disease

Source: The Conversation – Canada – By Ahmed Al-Juhany, PhD Candidate, University of Calgary

In 2018, the World Health Organization (WHO) released the 11th edition of the International Classification of Diseases — a global, standard-setting guideline for how institutions should understand and organize health information. In it was a new diagnostic category for symptoms and signs of disease: “old age.”

The new category sparked outrage and, in 2021, the WHO backed down. It replaced “old age” with the more cumbersome but less incendiary category of “ageing-associated declines in intrinsic capacities.”

The reversal dealt a blow to scientists who, for years, had fought to have institutions formally classify aging as a disease. Older age, after all, is a major predictor of hypertension, cancer and other chronic conditions. And if we delve into the biology behind this association, we’ll find that the changes making us visibly “age” also make us more susceptible to those chronic conditions over time. The same cellular changes that cause wrinkles, for example, are also involved in atherosclerosis — a chronic condition that can lead to stroke and heart attacks.

With these facts in mind, it can be hard to see why we shouldn’t classify aging as a disease.

And yet, there’s good reason not to. Doing so risks stigmatizing older age and exacerbating ageism. Ethical concerns like these should factor into our medical classifications; in fact, they’re unavoidable. To see why, we’ll need to take a closer look at what it means to call anything a disease.

What we do when we classify diseases

A label is a powerful thing — the “disease” label, especially so.

Classifying anything as a disease marks it as something bad: a defect, a disorder, something we most definitely don’t want.

There are plenty of legitimate reasons why something might be classified as a disease, despite the label’s connotations. It may help set a clear target for medicine to cure, like distinguishing Alzheimer’s disease from other causes of dementia. Or it may help find the right framing for a problem. Classifying alcoholism as a disease, for example, can clarify the fact that people’s struggles with alcohol aren’t owed to a lack of willpower.

But if our classification of diseases depends on our strategic aims, then by implication, they also depend on the ethical values our aims reflect.

Think of the pathologizing views of autism and ADHD that the neurodiversity movement resists. In taking neurodivergent brains to be diseased or disordered, these views implicitly brand them as defective — unfortunate deviations from the way “normal” brains are supposed to work. This results in stigma: prejudicial attitudes that take neurodivergent people to be inferior in some way.

The neurodiversity movement resists these views primarily on ethical grounds. Treating people as though they’re inferior goes against the fundamental belief that, no matter our differences, we should all be able to interact as social equals. We all deserve some baseline of mutual respect.

Why aging shouldn’t be classified as a disease

Which brings us back to aging, an incredibly complex process that influences almost every aspect of our lives. It might make us more vulnerable to some diseases, but it’s more than just a health risk.

It is, in many ways, embodied biography — a physiological testament to all the changes we go through in life (anti-ageism activist Maggie Kuhn took pride in her wrinkles, seeing them as “a badge of distinction”).

Aging is also an opportunity for us to grow. It can mean change, but change that helps keep our lives as rich and rewarding as ever. If, for example, our libidos happen to wane with age, we can often learn to appreciate and practise new ways of showing affection, exploring different touches and intimacies that make us feel even more connected with our partners.

And, contrary to stereotypes, science shows that many things can improve with age, like our emotional well-being, semantic memory and some aspects of our executive function.

There’s a lot to value and celebrate about growing older.

But classifying aging as a disease would flatten all these nuances, all these gains, and frame it as a process of mere decline — one that only robs us of our health.

In an already ageist world, the consequences could be dire. Think of the people pressured out of jobs because their employers believe they’re “too old,” or of the people whose medical concerns get ignored because their doctors believe their ailments are just a “natural” part of getting older. These people aren’t made vulnerable because they’ve aged, but because of the mistaken belief that aging is a process that’s worn them out.

The belief, then, stigmatizes older age. It implies that older people have “deteriorated” and, as a result, have somehow become inferior. Classifying aging as a disease would risk bolstering this harmful belief. It could cement the negative associations people already have about aging and strengthen the hold of their prejudices.

In other words, it could exacerbate ageism.

That is a strong ethical reason to not classify aging as a disease.

The Conversation

Ahmed Al-Juhany does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Why aging shouldn’t be classified as a disease – https://theconversation.com/why-aging-shouldnt-be-classified-as-a-disease-268277

‘Radioactive patriarchy’ documentary: Women examine the impact of Soviet nuclear testing

Source: The Conversation – Canada – By Rebecca H. Hogue, Assistant Professor, Department of English, University of Toronto

Following recent comments on nuclear testing by United States President Donald Trump and Russian leader Vladimir Putin, it’s more important than ever to remember that nuclear detonations — whether in war or apparent peace time — have long-lasting impacts.

Over a 40-year period, up to 1989, the Soviet Union detonated 456 nuclear weapons in present-day Kazakhstan (or Qazaqstan, in the decolonized spelling).

During the time of the detonations, approximately 1.5 million people lived near the sites, despite Soviet claims that the area was uninhabited.

In the ensuing decades, diagnoses of cancers, congenital anomalies and thyroid disease affected the surrounding communities at an alarming rate, particularly for women.

A new independent documentary, JARA Radioactive Patriarchy: Women of Qazaqstan, examines the impacts of nuclear weapons in Qazaqstan. Jara means “wound” in the Qazaq language.

The film is directed by Aigerim Seitenova, a nuclear disarmament activist with a post-graduate degree in international human rights law who co-founded the Qazaq Nuclear Frontline Coalition. Seitenova grew up in Semey (formerly called Semipalatinsk), Qazaqstan.

Close to Semey is the Semipalatinsk nuclear test site, also known as The Polygon, in Qazaqstan’s northeastern region. It’s an area slightly smaller than the size of Belgium — approximately 18,000 square kilometres — in the former Kazakh Soviet Socialist Republic.

A crater in the ground filled with a murky substance and surrounded by barren land.
Craters and boreholes dot the former Soviet Union nuclear test site Semipalatinsk in what is today Kazakhstan.
(The Official CTBTO Photostream/Flickr), CC BY

Nuclear Truth Project

Seitenova introduced her film in March 2025 at the United Nations headquarters in New York, hosted by the Nuclear Truth Project. The documentary premiere was a side event at the Third Meeting of States Parties to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.

‘What is the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons?’ United Nations video.

As a literary and cultural historian who examines narratives of the nuclear age, I attended the standing-room-only event alongside many delegates from civil society organizations.

Nuclear disarmament activist

Seitenova, who wrote, directed and produced JARA Radioactive Patriarchy on location in Semey, aims to bring women’s nuclear stories to Qazaqstan and international audiences.

The 30-minute documentary features intimate interviews with five Qazaq women. The film shares the women’s fears, grief and the ways they have learned to cope, as well as reflections from Seitenova filmed at the ground-zero site.

For Seitenova, it was essential that the film be in Qazaq language.

“Qazaq language, like Qazaq bodies,” she said in an interview after the premiere, “were considered ‘other’ or not valuable.” Seitenova acknowledged it was also important to show a Qazaq-language film at the UN, as Qazaq is not an official UN language like Russian.

Women consensually share experiences

One of Seitenova’s directorial choices was not just what or who would be seen, but specifically what would not be seen in her film.

“I’m really against sensationalism,” said Seitenova. “If you Google ‘Semipalatinsk’ you will see all of these terrible images of children and fetuses.”

Seitenova accordingly does not show any of these images in her film, and instead focuses on women consensually sharing their experiences.

Seitenova explained how narratives regarding the health effects in Semey are often disparaged. When others learn she is from Semey, Seitenova shared, some will make insensitive jokes like “are you luminescent at night?” — making nuclear impact into spectacle, instead of taking it as a serious health issue.

These experiences have propelled her to take back the narrative of her community by correcting misconceptions or the minimization of harms. Instead, she brings attention to the larger structural issues.

“Everything was done by me because I did not want to invite someone who would not take care of the stories of these women,” said Seitenova.

Likewise, Seitenova only interviewed participants who had already made decisions to speak out about nuclear weapons. She did this so as not to risk retraumatizing someone by asking them to discuss their illnesses, especially for the first time on camera.

Global legacy of anti-nuclear art, advocacy

Seitenova also wanted to show a genealogy of women speaking out about nuclear issues in Qazaqstan, contributing to a global legacy of anti-nuclear art and advocacy.

The film features three generations of women, including Seitenova’s great aunt, Zura Rustemova, who was 12 at the time of the first detonations.

As part of this genealogy of nuclear resistance, the film includes footage of a speech from the Qazaq singer Roza Baglanova (1922-2011), who rose to prominence singing songs of hope during the Second World War.

Effects felt into today

JARA Radioactive Patriarchy shows how the impacts of nuclear weapons are felt intergenerationally into the present.

“Many women lost their ability to experience the happiness of motherhood,” interviewee Maira Abenova says in the film. Abenova co-founded an advocacy group representing survivors of the detonations, Committee Polygon 21.

Other interviewees shared how often men left their wives and children who were affected by nuclear weapons to begin a new family with someone else.

Seitenova looks at the roles of women and mothers not just as protectors, but also as those who have launched formidable advocacy.

The film highlights the towering monument in Semey, “Stronger than Death,” dedicated to those affected by nuclear weapons.

A tall sculpture showing a mushroom cloud shape and a woman's silhouette underneath shielding a child
‘Stronger Than Death’ monument in Semey, Kazakhstan.
(Wikidata), CC BY

The Semey monument depicts a mother using her whole body to protect her child from a mushroom cloud. Just like the monument, Seitenova and the women in her documentary use the film to show how women have been doing this advocacy work in the private and public spheres, with their bodies and with their words.

“I want to show them as being leaders in the community, as changing the game,” Seitenova said.

While the film brings a much-needed attention to the gendered impact of nuclear weapons in Qazaqstan, she makes clear that this is, unfortunately, not an issue unique to her homeland or just to women.

“The next time you think about expanding the nuclear sector in any country” Seitenova said, “you can think about how it impacts people of all genders.”

The Conversation

Rebecca H. Hogue does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. ‘Radioactive patriarchy’ documentary: Women examine the impact of Soviet nuclear testing – https://theconversation.com/radioactive-patriarchy-documentary-women-examine-the-impact-of-soviet-nuclear-testing-256775

Comment prévenir et répondre au racisme en milieu scolaire

Source: The Conversation – in French – By Isabelle Hidair-Krivsky, Anthropologue, maître de conférences habilitée à diriger des recherches, Université de Guyane

Pour lutter contre le racisme, l’école française s’appuie principalement sur l’éducation civique et la prévention. Que nous dit la recherche de cette approche ? Sur le terrain, quels sont les moyens les plus efficaces pour endiguer la violence et les discriminations ?


En octobre 2025, un collège de Guyane s’est retrouvé au cœur d’une polémique à la suite de propos racistes entre élèves survenus au mois de juin précédent. L’incident a débuté lorsqu’un élève traité de « sale Blanc » a répliqué : « Les Noirs devraient retourner dans les champs de coton. » Tous les élèves impliqués ont été sanctionnés par une lettre de réflexion.

L’affaire a pris une tout autre ampleur lorsque les parents du garçon blanc, policiers, ont contesté la punition, estimant que leur fils était victime. Ils ont déposé plainte contre la principale du collège, qui a été entendue par la gendarmerie. Cette attitude des parents a mis sous les feux de l’actualité les propos racistes tenus quatre mois auparavant et dont le grand public n’avait jusqu’alors pas eu connaissance, ce qui a déclenché une vague de protestations. La médiatisation a mobilisé des syndicats, des élus et des associations, qui ont dénoncé un abus de pouvoir des forces de l’ordre.

Cet incident nous invite à interroger les moyens à disposition des enseignants pour réagir dans ce type de situation. Comment prévenir et répondre au racisme en milieu scolaire ? Que nous dit la recherche de l’efficacité des mesures en place ?

L’héritage historique et la faillite pédagogique

La Guyane a été une colonie esclavagiste jusqu’en 1848. L’esclavage y a laissé des séquelles profondes dans la structuration de la société. Les autochtones colonisés et les descendants d’esclaves (affranchis ou marrons) y subissent encore les stigmates de cette histoire.

Notre recherche menée en 2010 en Guyane a déjà souligné les difficultés à lutter contre le racisme en milieu scolaire. En effet, historiquement, les institutions scolaires, et une partie des sciences sociales, ont longtemps promu l’idée que l’école, en tant qu’espace fondé sur les principes universalistes et égalitaires, était naturellement « préservée du racisme et de la discrimination ». Cette représentation du mythe républicain a conduit à un domaine longtemps sous-examiné par la recherche.

Aujourd’hui, la réponse institutionnelle française s’articule autour de l’éducation civique et de la prévention. L’article L311-4 du Code de l’éducation insiste sur l’acquisition du « respect de la personne, de ses origines et de ses différences » au travers de l’enseignement moral et civique (EMC). Les dispositifs, souvent ponctuels et facultatifs, reposent sur des événements comme la « semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme » ou des partenariats portés par des enseignants volontaires, avec le défenseur des droits et le plan national de lutte de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) qui vise à « quantifier, prévenir, former, mais aussi [à] sanctionner » les actes de haine et leurs auteurs.

Pour certains chercheurs, cet antiracisme institutionnel vise surtout à produire l’adhésion aux « valeurs de la République » plutôt qu’à fournir aux personnes subissant le racisme les outils pour se défendre et déconstruire les systèmes d’oppression. On préfère parler des valeurs plutôt que de nommer la race et les systèmes.

Pourtant, la « charge raciale » est aussi lourde dans les Outre-mer que dans l’Hexagone.

« Que ce soit au travail, dans les relations intimes ou dans le débat public, les personnes non blanches doivent trouver des issues pour désamorcer certaines situations tout en endurant des assignations raciales et des clichés. »

Des discours qui masquent la reproduction des inégalités

L’institution doit traiter les propos racistes non comme des épiphénomènes, mais comme des atteintes au cadre de vie. L’idée que la place des Noirs est « dans des champs de coton » relève de la hiérarchisation raciale. Des parents blancs se sentent autorisés à abuser de leur pouvoir. C’est ce white privilege qui concentre des avantages sociaux, institutionnels et symboliques – dont les personnes racisées « blanches » bénéficient dans des sociétés où la blanchité est normée – souvent invisibles pour celles qui en bénéficient.

La blanchité est analysée comme forme de norme et de pouvoir. Ainsi, les discours de « méconnaissance » ou de « color-blindness » masquent la reproduction des inégalités, ce qui maintient le privilège blanc sans recours à un racisme explicitement hostile.

L’attention portée aux agressions spectaculaires occulte les micro-agressions quotidiennes subies par les personnes racisées. Celles-ci se manifestent à travers des remarques sur l’intelligence, l’ardeur au travail, la texture de la chevelure des personnes racisées, ou lorsque des Blancs affirment « ne pas être racistes parce qu’ils ont vécu en Outre-mer ou en Afrique » (l’amalgame est fréquent), ou bien qu’ils ont un conjoint non blanc ou un enfant métis, ou encore lorsqu’ils minimisent le racisme, réduit à un « défaut humain » ou à l’attitude d’une minorité « mal éduquée ».

S’arroger la voix des personnes racisées en parlant à leur place est un privilège. Cela contribue à leur oppression, notamment lorsque ceux qui jouissent de cette faveur refusent de remettre en question leurs propres avantages.

Les travaux récents en sociologie démontrent que le racisme scolaire est profondément ancré et souvent lié à des facteurs systémiques. Les enquêtes mettent en évidence que l’expérience du racisme est souvent renforcée par le milieu social. Ces discriminations, fondées sur les préjugés et les stéréotypes, se traduisent par des « coûts de la racisation » pour les élèves concernés, qui développent des stratégies de résistance ou d’adaptation.

L’apport de la recherche

Un enjeu majeur des recherches actuelles concerne l’efficacité des méthodes pédagogiques.

Les formations à la lutte contre les préjugés et la promotion du « vivre-ensemble » sont largement diffusées via les rectorats, mais leur efficacité mesurée reste limitée si elles ne s’inscrivent pas dans la durée. De plus, le rapport de la commission nationale consultative des droits de l’homme CNCDH souligne un manque de pilotage local, une hétérogénéité de la mise en œuvre, une insuffisance de suivi statistique des incidents à caractère raciste dans les établissements, peu d’évaluations quantitatives des programmes existants et un manque de coordination entre chercheurs, institutions et terrain scolaire.

De même, des études récentes montrent des risques de reproduction des biais raciaux si les dispositifs ne sont pas équitablement appliqués.

Les chercheurs analysent que l’approche dominante – qui tend à éviter de nommer la « race » et la « racialisation » par attachement à l’idéal universaliste – conduit à traiter le racisme comme un simple manquement moral, masquant ses dimensions systémiques.




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Le défi actuel est de passer d’un antiracisme moralisateur (une lettre de réflexion) à une pédagogie antiraciste critique.

Inspirée de travaux étrangers, cette pédagogie propose de nommer la race et la racisation comme concepts sociaux (et non biologiques) pour analyser les systèmes de domination. D’intégrer l’antiracisme au curriculum entier, et pas juste à l’enseignement moral et civique. De développer l’« empowerment » des élèves et des parents des groupes minorisés, en leur donnant une voix et une capacité d’agir et d’associer l’histoire (comme l’esclavage) à une approche systémique pour déconstruire les a priori racistes.

Ces travaux témoignent d’une évolution de la recherche, qui passe de la reconnaissance du problème à la discussion des outils et des cadres théoriques les plus efficaces pour une lutte antiraciste en profondeur. Les études internationales montrent des résultats prometteurs. Elles visent la réparation plutôt que la punition, par l’organisation de conversations et de conférences restauratives, par la diminution des sanctions disciplinaires en vue d’augmenter la performance académique et de réduire les inégalités raciales, culturelles et économiques.

Ainsi, la lutte contre le racisme en milieu scolaire ne peut se limiter à des interventions ponctuelles ou moralisatrices. Elle requiert une approche systémique articulant justice, éducation, accompagnement psychologique et gouvernance institutionnelle, qui peut réduire durablement les discriminations.

The Conversation

Isabelle Hidair-Krivsky ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Comment prévenir et répondre au racisme en milieu scolaire – https://theconversation.com/comment-prevenir-et-repondre-au-racisme-en-milieu-scolaire-268863