La dieta de la madre durante la lactancia podría ser clave para la salud futura de su bebé

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ivette Caldelas, Investigadora Senior, UDIT – Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología

Natalia Deriabina/Shutterstock

Sabemos que la leche materna es el alimento ideal para los neonatos por su delicado equilibrio de componentes: cuenta con micro y macronutritentes, factores inmunológicos y de crecimiento y hormonas indispensables para el adecuado desarrollo de los lactantes en cada etapa del desarrollo.

Sin embargo, estudios recientes revelan algo mucho más profundo: la leche no solo alimenta, también transmite un ecosistema vivo al bebé. Contiene bacterias, metabolitos y compuestos bioactivos que pueden moldear la salud del recién nacido desde sus primeros días de vida. Estos descubrimientos podrían transformar la forma en que entendemos la pediatría moderna.

La leche no es estéril: es biológicamente activa

Hasta hace poco más de una década, la idea predominante era que la leche materna era un alimento estéril; cualquier presencia bacteriana se consideraba una contaminación. Sin embargo, estudios de secuenciación masiva en muestras de leche de diversas especies han demostrado que contiene comunidades microbianas complejas. Entre ellas caben destacar las bacterias pertenecientes a los géneros Bifidobacterium sp., Lactobacillus sp. y Streptococcus sp., que se encuentran estrechamente relacionadas con la colonización saludable del intestino neonatal.

La transferencia bacteriana ocurre en un momento crítico, cuando el desarrollo del sistema inmunológico del recién nacido depende en gran medida de la modulación inmunológica que proporciona la leche materna. Esta microbiota aportada por la madre juega un papel relevante en la maduración de la barrera intestinal, la regulación de la inflamación y la programación metabólica del neonato.

En otras palabras, la leche materna no solo aporta calorías: contribuye a la construcción del sistema inmunológico.

Un diálogo biológico entre intestino y mama

Evidencias recientes apuntan a un fenómeno fascinante, al que los científicos han bautizado como “ruta entero-mamaria”. Gracias a este mecanismo, ciertas bacterias del intestino materno serían capaces de migrar hacia la glándula mamaria, en donde las células inmunitarias actuarían como transportadoras.

Si logra ser confirmado en su totalidad (los resultados obtenidos en modelos animales y estudios en humanos respaldan cada vez más esta posibilidad), implicaría que el microbioma intestinal materno sería capaz de influir de forma directa sobre el que alberga la leche materna. Y esto abre una pregunta inevitable: ¿qué papel desempeña realmente la alimentación materna?

La dieta como modulador del primer ecosistema del bebé

Sin duda, la composición del microbioma intestinal está estrechamente relacionada con la dieta. Diversos estudios han demostrado que una alimentación rica en fibra, frutas, verduras y legumbres promueve una mayor diversidad microbiana y la producción de ácidos grasos de cadena corta. Estos últimos favorecen la permeabilidad intestinal y tienen efectos antiinflamatorios.

Por el contrario, dietas altas en azúcares refinados o en grasas se asocian con menos diversidad bacteriana, una menor presencia de bacterias benéficas o un incremento de bacterias patógenas. Eso conduce a un desequilibro en la producción de metabolitos, que promueven el desarrollo de inflamación y complicaciones metabólicas.

Algunos reportes científicos indican una correlación entre la calidad de la dieta materna y la composición bacteriana de la leche, así como con la presencia de determinados metabolitos lipídicos e inmunomoduladores. También se ha identificado que el consumo de ácidos grasos omega-3 puede influir en el perfil inflamatorio y, posiblemente, en la comunidad microbiana transferida al lactante.

Efectos a largo plazo

En la actualidad, aún no existen guías clínicas basadas en el microbioma de la leche. Sin embargo, el consenso científico apunta a que la alimentación materna puede tener efectos que van más allá de los aspectos nutricionales, ya que también podría modular el primer ecosistema intestinal del bebé e influir en su desarrollo y salud a lo largo de la vida.

Concretamente, la colonización intestinal temprana se ha asociado con el riesgo posterior de alergias, obesidad, enfermedades metabólicas e incluso alteraciones neuroconductuales.

Estudios longitudinales (a lo largo del tiempo) sugieren que los primeros meses de vida constituyen una ventana crítica de programación biológica. Esto no significa que la lactancia sea el único factor determinante: otros condicionantes como el tipo de parto, el uso de antibióticos, el entorno familiar y los factores sociales de la salud también influyen de manera decisiva. Pero sí implica que estamos ante una faceta de la lactancia que hasta ahora había permanecido claramente subestimada.

De la evidencia científica a las políticas públicas

La pediatría moderna, que tradicionalmente se centraba en considerar solo aspectos como los nutrientes y el crecimiento, comienza a incorporar una perspectiva ecológica. Según este enfoque, el bebé ya no es un organismo aislado: ahora debe ser considerado un metaorganismo que convive con billones de microorganismos. Existe un diálogo bidireccional entre el recién nacido y la microbiota mediante la producción de moléculas específicas que impactan en el desarrollo y el establecimiento de la salud o la enfermedad del bebé, y cuyo mecanismo apenas se ha comenzado a dilucidar.

Estas nuevas evidencias sobre el contenido de microbiota en leche materna no deben convertirse en una nueva fuente de presión sobre las madres: no todas pueden amamantar y no todas tienen acceso a dietas equilibradas. Si la ciencia confirma que la calidad nutricional materna influye directamente en la colonización microbiana del recién nacido, la respuesta no puede ser una responsabilidad individual. Más bien debe traducirse en políticas que faciliten el acceso de las mujeres en edad reproductiva a alimentos saludables, así como apoyo a la lactancia y entornos laborales compatibles con la maternidad.

Indudablemente, invertir en la salud materna también es hacerlo en la salud infantil. Y ahora sabemos que esta inversión debe ser realizada, además, tomando en cuenta la alimentación de la madre. Lo invisible –es decir, las bacterias, los metabolitos y la interacción entre dieta y microbioma– podría estar redefiniendo la medicina del futuro.

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Juan Pablo Ochoa Romo recibe fondos de Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECITHI/México)

Ana María Salazar Martínez, Erika Navarrete Monroy y Ivette Caldelas no reciben salarios, ni ejercen labores de consultoría, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del puesto académico citado.

ref. La dieta de la madre durante la lactancia podría ser clave para la salud futura de su bebé – https://theconversation.com/la-dieta-de-la-madre-durante-la-lactancia-podria-ser-clave-para-la-salud-futura-de-su-bebe-271111

¿Por qué se ejecutaba a la gente hace 1000 años?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Abel de Lorenzo Rodríguez, Investigador en la Facultad de Historia especializado en la Edad Media, Universidade de Santiago de Compostela; University of Edinburgh; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

_La urraca sobre la horca_ (Die Elster auf dem Galgen), Pieter Brueghel el Viejo, 1568. Hessisches Landesmuseum, Darmstadt, Alemania.

El Medievo es actualmente un periodo en disputa. Por un lado, expresiones como “barbarie u oscuridad medievales” son aún ampliamente utilizadas en los medios para describir hechos violentos o pérdida de derechos humanos. A esto se le contraponen algunas reinterpretaciones con fines políticos que subrayan los avances intelectuales, científicos y artísticos del periodo: sus renacimientos, el legado clásico que sobrevive o la belleza de las catedrales. Por desgracia, ambos extremos enjuician un periodo de más de 1 000 años que no se pueden definir, desde la investigación, como algo simplemente bueno o malo.

Cuando alguien se refiere a la llamada violencia o barbarie medieval normalmente habla de los métodos que el poder utilizaba para hacer actuar la justicia. Las penas de muerte y sus diferentes formas suelen ser los mayores ejemplos de esto. Sin embargo, la Edad Media no inventó la pena de muerte, un procedimiento que ya existía en el mundo romano y que pervivió hasta no hace tanto en Europa occidental. En una nueva investigación publicada en el libro La horca y el fuego. Una historia social de la pena de muerte en Hispania (700-1200) intento arrojar luz sobre este tema, lleno de tópicos gracias a las películas, la literatura y parte de la divulgación histórica: brujas quemadas en el fuego entre gritos de júbilo, traidores ahorcados hasta que se deshacen sus cuerpos o inquisidores ansiosos de condenar a muerte son algunas de las recurridas escenas. La realidad que se puede documentar es altamente matizable. Porque… ¿qué sabemos realmente sobre esa época?

Condenas que dependían

En la Alta y Plena Edad media (700-1200) la pena de muerte en los reinos peninsulares representó una forma compleja y su aplicación era poco común –además de complicada de estudiar por la escasez de fuentes–. Principalmente se han documentado ahorcamientos, decapitaciones, despeñamientos, muertes por fuego, lapidaciones y ahogamientos en el mar, entre otras. Algunas –como los ahorcamientos– se detectan en casos particulares, leyes y hasta en representaciones de la cultura visual como los capiteles o las iluminaciones de manuscritos. Otras son, por el contrario, conocidas de forma marginal –como el ahogamiento en el mar–.

Las razones que llevaban a seleccionar unas u otras formas de ejecutar dependían del crimen cometido, el origen social de los acusados, su sexo, la identidad religiosa o el periodo histórico en que se ejecutaba la pena. A veces la proximidad al poder, incluso familiar, podía ser fatal, como muestran las ejecuciones por traición o rebelión. Sin embargo, el principio de discriminación social era mayoritario cuando el dinero y la propiedad podían salvar de la pena a pesar de las amenazas. Algunas formas de muerte muy conocidas en Europa central –como el castigo de la rueda– eran, por el contrario, totalmente ajenas a los reinos peninsulares.

La crucifixión, un tipo de ejecución romana que había sido relegada al olvido durante la expansión del cristianismo, aún se practicaba ampliamente en los países de religión islámica, puede que como contrapunto al tabú de su utilización en los dominios cristianos. Su mensaje tiene en los dominios peninsulares una problemática propia ya que estas condenas se siguieron utilizando en los dominios andalusíes mientras que, por el contrario, desaparecieron en los reinos cristianos. La cercanía de estos dos espacios legales y jurídicos provocó una proximidad casi única en Europa.

También es sorprendente que tanto el cristianismo como el islam y el judaísmo siguiesen utilizando la lapidación durante el periodo medieval, aunque esté poco documentada. Tal vez su antigüedad era un punto común a las tres religiones, una forma de matar que se disputa.

Grabado en blanco y negro de muchas personas crucificadas.
Abolición de las ejecuciones por crucifixión por el emperador Constantino. Grabado sobre cobre, J. Luyken (1649-1712), 1690.
Colección particular.

Debates teológicos y legales

Lo interesante del primer periodo medieval es el continuo diálogo entre las estructuras sociales y legales del mundo romano desaparecido y la aparición de nuevas sociedades, nuevas organizaciones de poder y economía que no se ajustan al pasado imaginado del mundo clásico. La pena de muerte fue parte de esos debates: ¿qué legitimidad tenían el gobernante o las comunidades para aplicar ese tipo de muerte, bajo qué autoridad y en qué casos?

Las discusiones al respecto tenían carácter legal y base teológica, específicamente bíblica. A pesar de la aparente candidez del cristianismo, podían llegar a ser crueles: ¿cómo entender sin pena de muerte la frase de la Biblia que afirma que no se puede dejar con vida a los maléficos? ¿O que “sin derramamiento de sangre no hay perdón”? ¿O también “castigar a los malos no es derramamiento de sangre” según Jerónimo de Estridón?

Ejemplos de penas de muerte

Hay que tener en cuenta también que bajo el sustrato legal de la época, durante siglos las vidas de miles de personas se vieron truncadas por crímenes leves (como el robo por supervivencia) e incluso por razones que hoy ya no son siquiera delito. Desde acusaciones de magia y herejía hasta adulterio u homosexualidad.

Dibujo de un hombre blandiendo una espada sobre la cabeza de otro mientras un cuerpo sin cabeza yace en el suelo.
Decapitación de los profetas, Beato de Liébana, siglo X, Manuscrito Vitr. 14-1,
Biblioteca Nacional de España, Madrid.

Por ejemplo, a finales del siglo XI, el padre de dos hijas que habían robado una quesada en Castilla fue amenazado con ser despeñado, lanzado desde un precipicio, si no compensaba los gastos. De igual forma, a finales del siglo X, alrededor de Otero de las Dueñas (en la provincia de León), un hombre llamado Brauolio estuvo implicado en una ejecución por unos robos, entre otros asuntos.

Alrededor del año 1100, en Nájera (La Rioja), una mujer fue amenazada con la muerte por fuego. No se saben exactamente las razones para ello, pero probablemente tuvieron que ver con motivaciones religiosas y sexuales, porque se había convertido del cristianismo al judaísmo y en la documentación aparecían varios hijos tras la muerte de su marido. La asamblea navarra la amenazó con esa muerte terrible y solo pudo librarse porque huyó, a pesar de los esfuerzos de su comunidad judía por salvarla. La documentación de la búsqueda de ayuda y dinero para ella llegó hasta Egipto.

A principios del 1200 el caso de una mujer y un caballero ejecutados por el fuego en León llegó hasta Roma. El caballero había castrado a un clérigo por haber mantenido una relación con su mujer. El rey, posiblemente Alfonso IX, condenó a ambos a la hoguera. Solo más tarde, debido a su castración, el clérigo narra al pontífice las circunstancias de su indeseada amputación.

Luces y sombras

Todas estas muertes hoy se nos antojan caprichosas, irracionales y signos de la barbarie medieval. Pero los principios de actuación penal e incluso el tipo de castigos ya existían de antes y, por supuesto, durarían muchos siglos más. La pena de muerte conviviría con el Renacimiento, las grandes revoluciones científicas y hasta con las más grandes frivolidades de nuestra época. Incluso recientemente Israel ha establecido la pena de muerte por ahorcamiento contra los palestinos. Todo ello signos de que la civilización de nuestra época no se libra de las sombras atribuidas al pasado.

Es imprescindible considerar que, mientras se levantaba la catedral gótica de León, los rastros de las llamas de una ejecución se enfriaban no muy lejos. O que, cuando la magnífica poesía provenzal llegaba hasta Galicia y empataba sus poesías de amor y sátira, alguien moría ejecutado en el mar. Esta mezcla de civilización, de alta y refinada cultura con la violencia, es tan solo un recordatorio de que la historia no puede solamente evidenciar la dimensión rosa del pasado, sino también sus sombras… como en los mejores crepúsculos.

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Esta investigación se encuadra en dos proyectos de investigación: “Proyecto PADEX”, Ref. PID2023-146374NA-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y contrato y proyecto postdoctoral “E-moción. Dinámicas de exilios e desprazamentos forzados (Galicia, Iberia e Europa, séculos VIII-XIII)”, (ED481B-2024-076), financiado por la Axencia GAIN, Xunta de Galicia

ref. ¿Por qué se ejecutaba a la gente hace 1000 años? – https://theconversation.com/por-que-se-ejecutaba-a-la-gente-hace-1000-anos-278166

El hambre se resuelve con mercados, no con almacenes: los pósitos reales y las crisis de subsistencia del XIX

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Pablo A. Martín-Grande, Profesor de Historia Económica e Historia del Pensamiento Económico, Universidad Rey Juan Carlos

Grabado de 1854 de una vista aérea de Madrid. Las instalaciones del Real Pósito se encuentran a la derecha de la Puerta de Alcalá. Wikimedia Commons, CC BY

Cuando el 21 de octubre de 1805 la flota combinada hispanofrancesa sufrió una gran derrota en Trafalgar, España venía sufriendo más de dos años de hambre. Ni antes ni después de la batalla hubo invasión del territorio ni nada que pudiera dañar el suministro alimentario. Además, el país contaba con la mayor red de almacenes de trigo de Europa, el sistema de pósitos reales, que prestaba grano con condiciones generosas a labradores y vecinos en tiempos de escasez.

La red de pósitos se había levantado en las cinco décadas anteriores precisamente para hacer frente a las hambrunas. Pero a la luz de lo ocurrido en esos años, en los anteriores (crisis de subsistencia de 1789, 1793 y 1798) y en los siguientes (crisis de 1811-1813), parece evidente que el sistema falló de forma estrepitosa.

De hecho, los pósitos no solo no evitaron las crisis alimentarias, sino que las agravaron. Esto sucedió porque se había ido abandonando la solución más obvia: el mercado. A comienzos del siglo XIX, el comercio interior de granos en España estaba severamente restringido. Aunque la Pragmática de 11 de julio de 1765 lo había liberalizado un poco, la Real Cédula del 16 de julio de 1790 había dado un paso atrás al prohibir el comercio de “reventa, estanco y monopolio”.

En resumen, en España se podía comprar y vender grano, pero no almacenarlo. En la práctica, el comercio mayorista de granos, que siempre había enfrentado muchos obstáculos, quedó prohibido.

El auge de los pósitos

Eliminada la competencia de los grandes y pequeños tratantes de grano, los pósitos prosperaron como nunca antes. Hacia 1800 almacenaban 2,5 veces más cereal que en 1750, la cuarta parte del trigo cosechado en todo el país. Pero ese trigo nunca salía del ámbito municipal. Los funcionarios del pósito solo estaban obligados con sus vecinos, a los que prestaban grano o dinero para la siembra o la tahona.

La autoridad superior del sistema, la Superintendencia General de Pósitos del Reino, regulaba y uniformizaba su funcionamiento con meticulosidad. Pero no establecía ninguna directriz sobre compras o préstamos. Por ejemplo, no podía ordenar que los excedentes de un pósito se canalizasen hacia otro con escasez. En realidad, el sistema de pósitos reales nunca fue un sistema.

De ahí que el crecimiento de sus fondos durante esas décadas fuera paralizando el menguante comercio de granos, lo que desembocó en el hambre. En el conjunto del país las oscilaciones de la cosecha nunca eran tan grandes como para generar una verdadera carestía. Pero en una sola región, comarca o localidad sí podían ser importantes, y más cuanto menor era el territorio.

Estas situaciones se resolvían gracias al transporte de grano, que cubría los déficits de unas áreas con los superávits de otras. En el peor de los casos, una carestía universal, pero pequeña, no tenía consecuencias graves. Pero el efecto combinado de prohibir el comercio mayorista y capturar el grano en almacenes que no permitían su salida fuera del municipio condujo al hambre.

Así sucedió en aquellas comarcas que, por la sequía o cualquier otro motivo, perdían una parte considerable de su cosecha. El efecto final era similar al de una guerra. Por ejemplo, en 1803-1805 los precios en Tierra de Campos (Segovia-Medina de Rioseco) doblaron de largo los del Valle medio del Ebro (Zaragoza-Pamplona). Es revelador que en 1811-1813 la guerra de Independencia causó hambrunas solo un poco más graves que las de 1803-1805.

El ocaso

Con la paz, el sistema de pósitos entró en una profunda decadencia. En parte, fue causada por las exacciones de los ejércitos franceses y las guerrillas españolas. En parte, por las deudas impagadas, ya irrecuperables. Al mismo tiempo, el comercio de granos se liberalizó. El 8 de junio de 1813 fue autorizado por las Cortes de Cádiz. Y, tras un complicado vaivén legislativo, el Código del Comercio de 1829 (aun en tiempos del absolutismo) y el Real Decreto de 29 de enero de 1834 (con los liberales) lo validaron definitivamente.

Tras ello, no hubo ninguna crisis relevante hasta [la segunda mitad del siglo XIX],(http://hdl.handle.net/10662/917) y las que hubo no fueron ni remotamente comparables a la de 1803-1805. La crisis de los pósitos no fue la única causa de esta mejora, pero sí fue una causa necesaria. La causa fundamental fue la liberalización del comercio interior. En el resto del siglo XIX se podría haber acabado con el hambre si también se hubiese liberalizado el comercio exterior. Pero lo fundamental estaba hecho: nunca volvió a ocurrir una crisis de la gravedad de aquellas de comienzos de siglo.

Libre comercio contra la carestía

La experiencia histórica de España no es diferente de la de otros países. Todo lo contrario. Las hambrunas en tiempos de paz normalmente ocurren cuando los poderes públicos restringen o prohíben el comercio interior. Esto es lo que sucedió en la China del Gran Salto Adelante (1958-1962), en Etiopía en las décadas de 1970 y 1980 y en Corea del Norte en la década de 1990. Y antes, en la España de la posguerra civil.

La lección es sencilla: si se quiere acabar con el hambre no hay que almacenar trigo. Basta con permitir a la gente comerciar en paz cómo y dónde quiera. Esto es lo que, básicamente, ha sucedido en el último medio siglo en todo el planeta. Es una faceta de la globalización. Por eso cada vez hay menos hambrunas, y ninguna realmente grave desde 2011, aparte de las causadas por la guerra: Yemen y Sudán agonizan en sus infiernos.

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Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. El hambre se resuelve con mercados, no con almacenes: los pósitos reales y las crisis de subsistencia del XIX – https://theconversation.com/el-hambre-se-resuelve-con-mercados-no-con-almacenes-los-positos-reales-y-las-crisis-de-subsistencia-del-xix-279515

¿Enganchado a un videojuego? Las estrategias de la industria para atrapar a los usuarios

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Oliverio Jesús Santana Jaria, Profesor de Ingeniería Informática e Investigador en Inteligencia Artificial, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anastassiya Bezhekeneva/Shutterstock

Los videojuegos son una industria enorme que entretiene a millones de personas. Sus ingresos superan a los del cine y la música juntos. Pero su manera de ganar dinero ha cambiado con el tiempo. Antes bastaba con comprar un juego, ese era el único gasto. Hoy existen varias estrategias que empujan a los jugadores a gastar más.

Una de las más conocidas y polémicas son las cajas con recompensas aleatorias. Funcionan como los sobres de cromos. El jugador nunca sabe qué va a conseguir y muchas veces recibe algo repetido. Estas “microtransacciones”, pequeños pagos dentro del juego que parecen inofensivos, pueden crear malos hábitos, especialmente en menores. Estas mecánicas se parecen a los juegos de azar y pueden tener un impacto económico importante.

Las autoridades han empezado a prestar atención. El Gobierno de España ha lanzado campañas de concienciación para alertar sobre sus riesgos. En Europa, se está actualizando el sistema PEGI, que clasifica los videojuegos por edades según criterios como el lenguaje o la violencia, para que a partir de junio también tenga en cuenta estos elementos.

El impacto de estas medidas puede ser sorprendente. Incluso juegos deportivos con apariencia inocente podrían dejar de ser aptos para menores de 16 o 18 años si incluyen este tipo de compras.




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Los videojuegos como servicio

Este problema es importante, pero no es el único. Hay otros riesgos menos visibles. Algunos juegos están diseñados para enganchar al jugador y ocupar su tiempo.

Antes, un videojuego era un producto terminado, pero ahora muchos juegos se ofrecen como un servicio en constante actualización. Se compra una base y, con el tiempo, se van añadiendo contenidos, eventos y recompensas.

Uno de los modelos más comunes es el pase de batalla. Es un sistema de progresión por niveles que permite desbloquear recompensas al jugar durante una temporada de duración limitada. Suele haber una versión gratuita y varias de pago con diferentes recompensas.

Lo habitual es que estas recompensas sean “cosméticas”: armas, trajes, mascotas o monturas para los personajes. No son necesarias para jugar, pero muchos jugadores sienten presión para conseguirlas. Ven lo que tienen otros y no quieren quedarse atrás. Es parecido a lo que ocurre con unas zapatillas de marca en un instituto.

Las temporadas en los videojuegos

La clave está en el concepto de “temporada”. Los jugadores pueden ganar ciertas recompensas durante ese periodo. El problema es que, cuando la temporada termine, ya no se podrán volver a conseguir. Esto genera urgencia: si no se participa durante ese periodo, no habrá forma de obtenerlas.

Muchas de estas recompensas se pueden conseguir jugando, pero eso requiere mucho tiempo. Además, algunos juegos premian conectarse todos los días o incluso cada pocas horas. Los jugadores que no lo hacen avanzan más despacio, así que acaban sintiendo que tienen que conectarse.

El resultado es que muchos jugadores se enganchan. Juegan más de lo que quieren y sacrifican tiempo de estudio, ejercicio o relaciones personales y familiares. Además, se acostumbran a las gratificaciones inmediatas, con recompensas rápidas y constantes. Después, actividades como estudiar o leer, que requieren más tiempo y esfuerzo, pueden resultar menos atractivas.




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El miedo a quedarse atrás

Por supuesto, las recompensas también se pueden comprar. La frustración de invertir tanto tiempo empuja a muchos jugadores a pagar. Además, algunas recompensas exclusivas solo se consiguen con dinero.

Aquí entra en acción el FOMO (del inglés fear of missing out). Es un sentimiento de preocupación ante la posibilidad de perderse algo. Tiene un fuerte componente social: no es solo perderse algo, es perderse algo que otros jugadores están viviendo.

Esto crea presión social. Los jugadores comparan lo que tienen con lo de los demás. Les hace sentir que su posición en la comunidad depende de su colección de recompensas. Pero esta idea es completamente ficticia, porque en realidad no se conocen entre ellos.

Por qué cuesta dejar de jugar

Las temporadas no se detienen. Cuando una termina, empieza otra. A veces traen recompensas nuevas. Otras veces son solo pequeñas variaciones. El efecto es el mismo: el jugador siente que tiene que seguir jugando. Así se crea un ciclo continuo que refuerza este miedo y hace difícil dejar de participar.

Muchos jugadores acaban atrapados en una espiral. Juegan para conseguir recompensas cosméticas que no necesitan. La experiencia se vuelve repetitiva y monótona, pero siguen jugando porque siempre hay nuevas recompensas.

Esto ocurre debido a mecanismos psicológicos bien conocidos, que llevan a los jugadores a desear completar toda la colección de recompensas de cada temporada para evitar la incomodidad de dejar una tarea a medias o para no desaprovechar el tiempo y esfuerzo que ya han dedicado.

Conocer los riesgos ayuda a protegerse

Los gobiernos están empezando a considerar estos riesgos. La regulación tendrá en cuenta las mecánicas que puedan afectar al comportamiento de los jugadores, aplicando limitaciones de edad. Pero estas restricciones no son suficientes porque el problema afecta también a jugadores adultos.

Las empresas tienen que actuar con responsabilidad. En la era de la IA generativa, crear recompensas cosméticas cuesta cada vez menos. Esto les permitirá aumentar el ritmo de lanzamiento de nuevas recompensas y, con ello, la presión sobre los jugadores.




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Además, algunos juegos manipulan cuándo o cómo se consiguen las recompensas para mantener a los jugadores enganchados. Debemos exigir que las empresas adopten buenas prácticas de diseño y sean transparentes y honestas sobre el tiempo que se necesita para conseguir las recompensas.

Visibilizar estos riesgos y comprender cómo funcionan estas dinámicas es clave para que las familias puedan acompañar a los jugadores de manera informada, protegiendo su tiempo y bienestar.


Este artículo se ha escrito con la colaboración de Jorge Jesús Castellano Castellano, especialista en videojuegos, Director de TMT eSport.

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Oliverio Jesús Santana Jaria no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

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Comment éduquer à la transition écologique en dépassant la culpabilisation ?

Source: The Conversation – France (in French) – By Insaf Khelladi, Full Professor en Marketing, Excelia

Nos difficultés à passer à l’action en matière de transition écologique ne seraient pas tant liées à des biais cognitifs qu’à des freins émotionnels. Des émotions, telles que la peur ou la culpabilité, sont stériles, mais elles peuvent laisser la place à l’espoir de faire changer les choses. Tout du moins, à certaines conditions.


Nous n’avons jamais autant parlé de climat, de biodiversité et de transition écologique. Dans les universités, les écoles et les formations professionnelles, les contenus se multiplient. Les chiffres sont là, les diagnostics sont connus, l’urgence est largement documentée. Et pourtant, une question persiste : pourquoi savons-nous autant sans agir davantage ?

Ce décalage entre connaissances et action est aujourd’hui bien identifié. Il est souvent présenté comme un problème d’information, de volonté individuelle ou de contraintes matérielles. Mais les résultats récents de notre recherche suggèrent une autre lecture : le principal frein à l’action écologique ne serait pas cognitif mais émotionnel.




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Quand l’éducation à l’écologie fatigue

Dans de nombreux dispositifs éducatifs actuels, la transition écologique est abordée à travers des messages alarmants : effondrement des écosystèmes, extinction des espèces, urgence climatique. Ces discours sont scientifiquement fondés, mais leurs effets psychologiques sont rarement interrogés.

Chez les étudiants comme chez les apprenants adultes, ces messages suscitent fréquemment de la culpabilité, de la peur, voire un sentiment d’impuissance. L’individu se sent responsable d’un problème qui le dépasse. Ces émotions traduisent moins un manque de sensibilité qu’une forte conscience morale des enjeux environnementaux.

Mais lorsqu’elles s’accumulent sans accompagnement, elles peuvent devenir paralysantes. À terme, cette surcharge émotionnelle peut conduire non pas à l’engagement, mais au retrait :

« À quoi bon agir, si tout est déjà perdu ? »

Ce phénomène est aujourd’hui largement discuté sous le terme d’écoanxiété. Pourtant, il reste peu intégré dans la conception des programmes éducatifs. L’éducation à la durabilité continue souvent de miser sur l’accumulation de connaissances, en supposant que la prise de conscience suffira à déclencher le changement.




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L’émotion comme point de bascule

Notre recherche menée auprès d’étudiants ayant participé à un programme intensif de formation à la durabilité met en lumière un mécanisme clé : ce ne sont pas les connaissances en elles-mêmes qui déclenchent l’action, mais la manière dont les émotions associées à ces connaissances évoluent dans le temps.

Au début du programme, la majorité des participants exprimaient une forme de lassitude ou de résistance. Les enjeux environnementaux leur semblaient omniprésents, mais abstraits, culpabilisants, voire décourageants. Certains parlaient de « bruit de fond », d’autres d’un sentiment de fatalité.

Puis, progressivement, quelque chose a changé. Non pas parce que les messages étaient devenus moins sérieux, mais parce qu’ils étaient plus incarnés, misant davantage sur les volets relationnel et participatif. Les émotions négatives ne s’effacent pas, elles évoluent. La peur et la culpabilité peuvent progressivement céder la place à la curiosité, puis à une forme d’espoir, avant de se traduire par un sentiment d’utilité personnelle.

Des travaux récents en psychologie montrent que cet espoir, lorsqu’il est étroitement associé à des actions concrètes et collectives, favorise un engagement plus soutenu face au changement climatique. Cette perspective invite ainsi à dépasser une conception réductrice des émotions, souvent envisagées uniquement comme des freins à l’action.




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Les limites de la pédagogie du choc

Ce basculement émotionnel constitue un tournant décisif. Lorsque les apprenants cessent de se percevoir uniquement comme des responsables coupables et commencent à se voir comme des acteurs capables d’agir, même à leur échelle, le passage à l’action devient possible. Ce sentiment de capacité d’agir – largement étudié sous le concept d’auto-efficacité – joue un rôle central dans la mise en mouvement et la persistance de l’engagement.

Nos résultats invitent à interroger en profondeur la manière dont nous enseignons la transition écologique. Pendant longtemps, la pédagogie environnementale a reposé sur une logique de choc : montrer l’ampleur des dégâts pour provoquer une prise de conscience. Or, cette stratégie atteint aujourd’hui ses limites.

La répétition de messages anxiogènes peut engendrer de la saturation informationnelle, une forme de déni défensif ou encore un désengagement émotionnel.

À l’inverse, les dispositifs éducatifs qui favorisent l’expérimentation, la coopération et la co-construction produisent des effets très différents. Dans l’étude, les moments les plus transformateurs ne sont pas les conférences magistrales, mais les ateliers collaboratifs, les projets concrets et les échanges avec des acteurs engagés.

Ces formats permettent aux apprenants de vivre la transition écologique non plus comme une menace abstraite, mais un espace d’action collective, où l’engagement est partagé et socialement reconnu.

Un sentiment d’utilité sociale

Un résultat particulièrement marquant de notre recherche concerne le rôle des émotions dites « positives », comme l’espoir, la fierté ou le sentiment de contribution. Contrairement à une idée répandue, ces émotions ne minimisent pas la gravité des enjeux. Elles permettent au contraire de rendre l’action psychologiquement soutenable dans la durée.

L’engagement devient plus stable et plus durable quand :

  • les apprenants constatent que leurs actions, même modestes, ont du sens ;

  • ils se sentent reconnus dans leur capacité à agir ;

  • ils participent à la conception de solutions concrètes.

Cet engagement s’inscrit alors dans des dynamiques collectives qui renforcent le sentiment d’utilité sociale.

Dans ces conditions, les comportements écologiques cessent d’être perçus comme des contraintes imposées de l’extérieur. Ils s’intègrent progressivement aux routines quotidiennes et peuvent même être transmis à l’entourage.

Une transition écologiquement et psychologiquement soutenable

Ces constats ont des implications majeures pour l’éducation, la formation et les politiques publiques.

Informer ne suffit pas. Les dispositifs éducatifs doivent être conçus comme de véritables parcours émotionnels, et non comme de simples transferts de connaissances.

Il est essentiel de diversifier les formats pédagogiques : hackathons, living labs, projets collectifs, simulations, mises en situation réelle. Ces formats favorisent l’appropriation et renforcent le sentiment de capacité d’agir.

Enfin, la transition écologique ne peut être enseignée uniquement par des discours institutionnels. Les apprenants accordent une grande importance à la crédibilité et à la sincérité des intervenants : entrepreneurs engagés, enseignants impliqués, pairs mobilisés. La confiance joue ici un rôle central.

Face à l’urgence environnementale, la tentation est forte d’intensifier les messages alarmants. Mais si l’objectif est une mutation durable des comportements, il est temps de changer de paradigme.

La transition écologique ne se gagnera pas par la culpabilité seule. Elle nécessite une éducation capable de transformer l’angoisse en engagement et la peur en capacité d’agir, et ne se résume pas à transmettre des savoirs. Elle implique d’accompagner une trajectoire émotionnelle, de l’inquiétude à l’appropriation, sans laquelle aucune transition ne peut réellement s’ancrer dans les pratiques.

The Conversation

Rien à déclarer

Catherine Lejealle, Insaf Khelladi, Rémi Beulque et Saeedeh Rezaee Vessal ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

ref. Comment éduquer à la transition écologique en dépassant la culpabilisation ? – https://theconversation.com/comment-eduquer-a-la-transition-ecologique-en-depassant-la-culpabilisation-276784

Pourquoi la souffrance psychique des jeunes n’est pas une affaire individuelle

Source: The Conversation – France in French (3) – By Cyril Tarquinio, Professeur de psychologie clinique, Université de Lorraine

Symptômes anxiodépressifs, idées suicidaires… les données scientifiques s’accumulent pour confirmer que les causes de la souffrance psychique qui affecte de nombreux jeunes sont à rechercher davantage du côté de déterminants sociaux et de mutations qui bouleversent notre époque – à commencer par les réseaux sociaux auxquels les adolescent·es sont particulièrement vulnérables – que des facteurs individuels.


Anxiété massive, épisodes dépressifs précoces, crises de panique, sentiment d’irréalité, fatigue chronique, idées suicidaires… la détresse psychique d’une partie croissante de la jeunesse n’est plus un phénomène marginal. Au niveau mondial, elle s’impose aujourd’hui comme un fait social majeur, documenté par la clinique comme par l’épidémiologie.

Pourtant, les réponses apportées continuent de cibler prioritairement les individus, comme si le problème relevait avant tout d’une fragilité personnelle. Cette lecture est non seulement insuffisante : elle est erronée.

Dans Génération à vif, je défends une thèse simple mais dérangeante : le malaise psychique des jeunes est un indicateur sensible des transformations systémiques de nos sociétés. Il ne dit pas tant quelque chose de leur faiblesse que de l’environnement dans lequel ils grandissent, se construisent et tentent de se projeter.

Des indicateurs qui ne trompent plus

Les données sont désormais convergentes. En France, selon Santé publique France, 9,5 % des adolescents de 17 ans présentent des symptômes anxiodépressifs sévères, contre 4,5 % en 2017. Près d’un jeune sur cinq rapporte des pensées suicidaires au cours de l’année écoulée, avec une vulnérabilité particulièrement marquée chez les jeunes femmes.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un adolescent sur sept âgé de 10 à 19 ans présente un trouble mental, et le suicide constitue la troisième cause de décès chez les 15-29 ans. Ces données ne peuvent être réduites à un simple effet de dépistage ni à une supposée « fragilisation générationnelle ». Elles signalent l’ampleur réelle du fardeau psychique qui affecte aujourd’hui les jeunes.

L’erreur classique : psychologiser ce qui est structurel

Face à ces constats, le réflexe dominant consiste à invoquer la vulnérabilité individuelle, le déficit de compétences émotionnelles ou l’hypersensibilité. Or la recherche en santé mentale montre depuis longtemps que les troubles anxieux et dépressifs sont étroitement liés aux déterminants sociaux : précarité économique, instabilité des parcours, insécurité professionnelle, isolement relationnel, pression normative et inégalités d’accès aux ressources.

Plusieurs travaux internationaux soulignent que l’augmentation des troubles internalisés chez les adolescents et les jeunes adultes est indissociable de la montée de l’incertitude structurelle et de l’accélération sociale. Autrement dit, ce n’est pas la jeunesse qui a changé seule ; c’est le monde qui lui est proposé. Continuer à pathologiser les individus sans interroger ce cadre revient à déplacer le problème, non à le résoudre.

Grandir dans un monde instable

L’adolescence et l’entrée dans l’âge adulte ont toujours été des périodes de remaniement identitaire. Ce qui est plus nouveau, en revanche, c’est le contexte dans lequel ces transitions s’opèrent. Les jeunes d’aujourd’hui se construisent dans des sociétés où les repères qui balisaient autrefois plus nettement l’accès à la vie adulte se sont affaiblis. La fin des études ne débouche plus automatiquement sur un emploi stable, l’insertion professionnelle est plus souvent marquée par les contrats temporaires, les allers-retours entre formation, emploi et chômage se multiplient, et l’accès à l’autonomie résidentielle devient plus difficile.

À l’échelle européenne, la discontinuité des trajectoires juvéniles n’a rien d’une abstraction. 31,1 % des salariés de 15 à 29 ans occupaient un emploi temporaire dans l’Union européenne, tandis que 11,0 % des jeunes de cette tranche d’âge n’étaient ni en emploi, ni en études, ni en formation. Autrement dit, une part importante de l’entrée dans l’âge adulte se joue désormais soit dans l’instabilité, soit dans l’interruption, ce qui dit bien combien les seuils biographiques autrefois plus lisibles sont devenus plus fragiles et plus incertains.

Dans ce contexte, la difficulté à se projeter dans un avenir lisible ne relève pas d’un manque individuel de maturité. Elle traduit aussi une transformation objective des conditions d’existence. Quand le travail est plus précaire, le logement plus difficile d’accès, et l’avenir socialement moins prévisible, il devient plus compliqué de relier le présent à un futur désirable.

Or, on ne se construit pas psychiquement de la même manière quand l’avenir ressemble à une promesse que lorsqu’il ressemble à une énigme.

Réseaux sociaux et comparaison permanente

À cette instabilité structurelle s’ajoute une transformation profonde du rapport à soi et aux autres liée aux usages numériques. Les effets des réseaux sociaux dépendent moins du temps passé en ligne que de ce qui s’y joue réellement : se comparer, se montrer, se mettre en scène, attendre des signes d’approbation, subir des interactions hostiles ou, parfois, trouver du soutien et de l’authenticité. En ce sens, les réseaux sociaux ne constituent pas une cause simple et univoque ; ils forment plutôt un nouvel environnement relationnel et identitaire, capable d’amplifier certaines vulnérabilités propres à l’adolescence.

Or, lorsque cet environnement organise la vie sociale autour de la visibilité, de la comparaison et de la validation externe, il peut peser lourdement sur l’image de soi. La littérature scientifique met ainsi en évidence des liens entre usages intensifs ou problématiques des réseaux sociaux, diminution de l’estime de soi, insatisfaction corporelle, symptômes anxieux et manifestations dépressives, avec une vulnérabilité particulièrement marquée chez les adolescentes.




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Sur le plan psychique, cette dynamique peut favoriser la construction d’un « faux self », au sens winnicottien. Une identité de présentation, progressivement façonnée pour répondre aux attentes perçues, capter l’approbation et éviter la disqualification, parfois au prix d’un éloignement croissant d’avec l’expérience subjective authentique. Lorsque la valeur de soi se trouve ainsi suspendue au regard d’autrui, l’ajustement au monde ne se fait plus à partir d’un sentiment interne de continuité, mais à partir d’une surface à maintenir. Il peut alors se creuser un écart entre ce que le sujet vit, ce qu’il ressent et ce qu’il donne à voir. Cet écart ouvre un espace de tension psychique majeur, pouvant aller, chez certains sujets plus vulnérables, jusqu’à des expériences de dépersonnalisation, de désancrage de soi ou de fonctionnement dissociatif.

La souffrance qui en résulte n’est pas un défaut individuel, elle est le produit d’un environnement qui rend l’authenticité coûteuse et la vulnérabilité risquée.

Quand le malaise s’inscrit dans les corps

Un autre aspect souvent sous-estimé concerne la dimension corporelle de cette détresse. Fatigue chronique, troubles du sommeil, douleurs diffuses, dérégulations émotionnelles sont fréquents chez les jeunes en souffrance psychique. Les avancées en psychoneuro-immunologie montrent que le stress chronique, lorsqu’il est durable et imprévisible, active les systèmes neurobiologiques de l’alerte et favorise des états inflammatoires associés à la dépression et à l’anxiété.

Cette inflammation n’est pas un simple bruit de fond biologique : elle interfère avec les circuits de l’humeur, de la motivation, de la vigilance et de la régulation émotionnelle. Elle contribue ainsi à faire de la détresse psychique une expérience à la fois psychologique et somatique, où l’anxiété, l’abattement ou l’hyperréactivité coexistent avec la fatigue, les troubles du sommeil, les douleurs diffuses et le sentiment d’un corps devenu lui-même difficile à habiter.

Chez les adolescents et les jeunes adultes, dont les systèmes cérébraux sont encore en maturation, cette exposition prolongée à l’insécurité et à la pression sociale peut avoir des effets durables, en particulier sur les circuits de l’alerte, de l’humeur, du sommeil et de la régulation émotionnelle. Là encore, il ne s’agit pas de « somatisation », mais d’une inscription biologique du social. Les corps parlent lorsque les environnements ne permettent plus de symboliser autrement.

Des réponses encore trop étroites

Face à cette situation, l’augmentation de l’offre de soins psychologiques est nécessaire, mais insuffisante. En renvoyant prioritairement les jeunes vers des prises en charge individuelles, on entretient l’idée implicite que le problème leur appartient. Or l’OMS insiste sur le fait que les politiques efficaces en matière de santé mentale des jeunes doivent articuler prévention, réduction des inégalités, politiques éducatives, conditions de travail et cohésion sociale.

Autrement dit, soigner sans transformer les contextes revient à réparer sans cesse les mêmes fissures. La santé mentale des jeunes ne peut être pensée indépendamment des choix collectifs en matière d’éducation, d’emploi, de protection sociale et d’organisation du temps de vie.

Ce que la souffrance des jeunes nous oblige à regarder

La souffrance psychique des jeunes est un symptôme collectif. Elle révèle un monde qui exige autonomie, performance et adaptabilité, tout en offrant de moins en moins de stabilité, de sécurité symbolique et de récits communs. Elle interroge notre rapport au temps, à la réussite, à l’échec et à la vulnérabilité.

Plutôt que de s’inquiéter d’une jeunesse prétendument fragile, il serait plus juste de s’interroger sur la fragilité de nos structures sociales. Écouter ce que le malaise des jeunes dit de nos choix collectifs n’est pas un exercice de compassion, c’est une nécessité politique et sociale. Parce que ce qui se joue ici n’est pas seulement une crise générationnelle, mais la capacité de nos sociétés à offrir un avenir psychiquement habitable.

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Cyril Tarquinio ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Pourquoi la souffrance psychique des jeunes n’est pas une affaire individuelle – https://theconversation.com/pourquoi-la-souffrance-psychique-des-jeunes-nest-pas-une-affaire-individuelle-278601

Extension du plaider-coupable : une procédure pénale plus efficace ?

Source: The Conversation – France in French (3) – By Vincent Sizaire, Maître de conférence associé, membre du centre de droit pénal et de criminologie, Université Paris Nanterre

La réforme de la procédure pénale voulue par le garde des Sceaux Gérald Darmanin est examinée à partir du 13 avril au Sénat. De nombreux avocats et magistrats s’opposent à l’extension du plaider-coupable et dénoncent une justice expéditive, alors que le ministre prétend désengorger les tribunaux.


Alors que l’idéologie sécuritaire qui structure le débat public en matière de politique criminelle garantit ordinairement une relative indifférence à l’adoption des lois les plus répressives, le projet de réforme de la procédure de jugement des crimes porté par le gouvernement rencontre, avant même son examen par le Parlement, une large opposition au sein des milieux judiciaires. Portée par la très large majorité des avocats et par certaines organisations syndicales de magistrats, la fronde se focalise en particulier sur l’extension aux crimes de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) introduite en 2004 – malgré, déjà, une très forte opposition.

Une procédure qui, fondée sur l’aveu de culpabilité de la personne poursuivie, substitue une simple audience d’homologation à une audience durant laquelle l’ensemble des éléments du dossier sont discutés contradictoirement par l’ensemble des parties. Le juge est alors appelé à valider – ou non – l’accord formalisé entre le ministère public et l’accusé s’agissant de la peine qui sera exécutée.

Certes, il est prévu que la CRPC criminelle ne puisse être mise en œuvre sans l’accord express de l’accusé et de la partie civile. Mais l’expérience enseigne que l’asymétrie structurelle qui caractérise les relations entre l’accusation et la personne poursuivie induit un consentement à la culpabilité et à la peine proposée le plus souvent biaisé, donné par méconnaissance de ses droits ou, pire encore, par peur d’une issue plus défavorable encore en cas de refus. L’institution de ce plaider-coupable en matière criminelle s’accompagne en outre de mesures visant à restreindre la possibilité pour les parties de soulever des irrégularités de procédure et à empêcher autant que possible la remise en liberté des personnes placées en détention provisoire en cas de négligence dans le traitement de leurs demandes. L’ensemble dessine ainsi une orientation législative limitant de façon plus ou moins explicite les garanties du procès équitable aujourd’hui consacrées par la Constitution et par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Simplifier le fonctionnement de la justice ?

Le gouvernement justifie son projet de réforme par des considérations se voulant l’expression du bon sens, une volonté de simplification qui ne serait dictée que par des préoccupations concrètes : soulignant la longueur des « délais d’audiencement criminel, [c’est-à-dire le temps séparant l’acte d’accusation de la comparution de la personne devant la juridiction] », le projet de loi aurait pour seul motif « d’accélérer le temps judiciaire », de « moderniser » les audiences, de réduire les délais de jugement des affaires. L’analyse du texte et, plus encore, de ses non-dits. À l’image de la très large majorité des textes de lois qui, depuis plus de vingt ans, se donnent très officiellement pour objectif de « simplifier » le fonctionnement de la justice pénale, ce nouveau projet trahit surtout une opposition de principe à un encadrement suffisant de l’action des autorités répressives.

Plusieurs éléments démontrent ainsi que ce texte obéit moins à une logique pragmatique qu’à des considérations idéologiques. On le constate, en premier lieu, avec le biais consistant à présenter la réforme comme procédant d’une nécessité pratique indiscutable quand, en réalité, bien d’autres possibilités s’offrent aux pouvoirs publics pour réduire les délais de jugement des affaires criminelles. La première de ces possibilités est, bien sûr, l’augmentation des moyens dévolus aux juridictions pour traiter les affaires dont elles sont saisies. Or, s’il a augmenté ces dernières années, le budget de la justice française demeure sensiblement en deçà des standards européens : le dernier rapport de la Commission européenne pour l’évaluation des systèmes judiciaires relève ainsi que « seul 0,20 % du PIB annuel de la France lui est consacré en 2022, alors que la médiane européenne s’établit à 0,28 % du PIB et que nos voisins néerlandais, allemand et italien y consacrent respectivement 0,26 %, 0,30 % et 0,31 %. Par ailleurs, le nombre de magistrats professionnels, particulièrement au ministère public, se situe très en deçà de la médiane européenne ».

Même à budget constant, il est tout à faire possible de réduire significativement les délais de jugement en menant une large entreprise de dépénalisation des infractions les moins graves, non pour les laisser sans réponse mais, au contraire, pour leur substituer une réponse plus adaptée (sociale ou médicale) et concentrer ainsi l’action des autorités répressives sur les infractions les plus graves. L’exemple de la dépénalisation de la consommation de stupéfiants chez nombre de nos voisins démontre ainsi de substantiels gains d’efficacité, alors que la répression du simple usage de drogue constitue aujourd’hui un contentieux de masse accaparant les services de police et les juridictions pénales.

Complexification des dispositions relatives à la détention provisoire

L’intention simplificatrice du projet apparaît tout aussi trompeuse lorsqu’on la met en rapport avec l’effet réel du projet sur l’ordre juridique, se traduisant par la complication significative des règles applicables. Ainsi en est-il, en particulier, des dispositions du projet relatives à la détention provisoire. Aujourd’hui, la loi prévoit que si les juridictions ne statuent pas sur la demande de mise en liberté qui leur est soumise dans les délais requis, la personne est automatiquement libérée. Pour éviter coûte que coûte une telle issue, le gouvernement propose désormais que, faute de décision à l’expiration des délais, un ultime débat contradictoire soit organisé dans les cinq jours afin de statuer sur la demande – la personne étant libérée si ce débat n’a pas lieu. Il veut également permettre au procureur général de saisir en catastrophe le président de la Cour d’appel d’une demande de maintien en prison lorsque l’audience permettant d’ordonner la prolongation de la détention provisoire n’a pu être tenue dans les formes et conditions prévues par la loi. Ces propositions ne constituent pas simplement une remise en cause frontale du principe constitutionnel de garantie des droits, qui suppose notamment que les personnes puissent faire effectivement sanctionner la méconnaissance, par les autorités, des règles encadrant leur action. En ajoutant de nouveaux délais et de nouvelles procédures à un ensemble déjà passablement complexe, ces propositions sont aussi de nature à compliquer singulièrement la tâche des juridictions, à mille lieues de la simplification annoncée.

Une culture de l’aveu qui rappelle la justice d’Ancien Régime

L’absence de pragmatisme du projet se mesure enfin dans certaines des représentations mobilisées au soutien de la réforme proposée et qui relèvent plus de la pétition de principe que du constat empirique. En plaçant la reconnaissance des faits au cœur du processus répressif, l’extension du plaider-coupable aux crimes renouvelle directement la culture de l’aveu propre à la justice pénale d’Ancien Régime, dont la fonction était moins de faire la lumière sur la commission d’une infraction que d’œuvrer à l’expiation voire à l’exorcisation d’un accusé nécessairement coupable. L’exposé des motifs du projet de loi trahit ainsi à plusieurs reprises une opposition de principe à l’idée même de présomption d’innocence, qui constitue pourtant une règle de valeur constitutionnelle : qu’on se propose de « faire juger les criminels » plus rapidement ou d’éviter la « remise en liberté de délinquants dangereux » en attente de jugement, on n’envisage tout simplement pas que le procès puisse avoir d’autre issue que leur condamnation.

Comme la plupart des textes visant, directement ou indirectement, à amoindrir l’encadrement du pouvoir répressif et les droits de la défense, cette nouvelle réforme s’inscrit ainsi dans la lignée de la vieille tradition autoritaire qui, depuis le début du XIXᵉ siècle, s’oppose à la mise en œuvre pérenne et conséquence du modèle pénal républicain proclamé en 1789. Un modèle qui commande des réformes humanistes et pragmatiques, loin de la fuite en avant répressive qui tient aujourd’hui lieu de seule boussole au législateur.

The Conversation

Vincent Sizaire est magistrat.

ref. Extension du plaider-coupable : une procédure pénale plus efficace ? – https://theconversation.com/extension-du-plaider-coupable-une-procedure-penale-plus-efficace-280199

Dix ans après la loi contre la prostitution, enquête sur les conditions de vie des travailleuses sexuelles

Source: The Conversation – France in French (3) – By Hélène Le Bail, Chargée de recherche au CNRS et affiliée à l’Institut Convergences Migrations, Sciences Po

Dix ans après la loi « visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées », les conditions de vie des personnes vendant des services sexuels ont-elles changé ? Comment celles-ci perçoivent-elles les lois qui encadrent la prostitution ? Comment voudraient-elles que ces lois évoluent ?


Au cours des trois années ayant suivi la mise en application de la loi du 13 avril 2016, plusieurs évaluations ont été menées avec des constats convergeant.

Tout d’abord, la pénalisation des clients avait entraîné une précarisation des conditions de vie (perte de revenus, augmentation des symptômes dépressifs, des pratiques risquées et du temps de travail) et un déplacement de l’activité en ligne ou vers des espaces moins visibles. Ensuite, si le délit de racolage était abrogé au niveau national, les personnes se prostituant continuaient d’être directement pénalisées par des arrêtés locaux. La loi avait en outre instauré pour elles un parcours de sortie de prostitution, mais il était mis en place de manière discriminante (inégalité de la mise en application d’un département à l’autre, discours jugeant voire essentialisant au sein des commissions). Enfin, la loi contribuait peu à la lutte contre l’exploitation.

Depuis, aucune évaluation ne permet de parler d’un recul du nombre de personnes engagées dans le travail sexuel. Le chiffre qui circule le plus est celui de 30 000 à 40 000 personnes en « situation de prostitution », une évaluation reprise des rapports de l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) et qui est peu fiable.

Notre recherche, co-construite et co-menée avec des personnes vendant des services sexuels, vise à rendre compte de la diversité de leurs situations, de leurs origines (françaises, européennes ou immigrées d’Afrique, d’Amérique latine et de Chine) et de leurs conditions d’exercice (dans la rue, à domicile, via des annonces en ligne ou dans le cadre d’un parcours de sortie de la prostitution). Elle met également en lumière leurs revendications.

Qu’est-ce qui préoccupe les travailleuses sexuelles ?

Dans les ateliers collectifs que nous avons menés en 2025 dans cinq villes de France, les travailleuses sexuelles évoquent beaucoup leurs conditions de précarité et la prévalence des violences (les quelques 80 participantes et les personnes concernées en général étant avant tout des femmes cis et trans, nous utiliserons le féminin dans cet article).

La précarité matérielle reste une des raisons du choix contraint du travail sexuel. Cette précarité est décuplée pour les personnes migrantes qui, du fait de la non-régularité ou de la précarité du séjour, ont un accès limité au marché du travail. La loi de 2016 a mis en place un parcours de sortie de la prostitution qui prévoit un titre de séjour de six mois, renouvelable jusqu’à deux ans et une modeste allocation. Mêmes celles qui en ont bénéficié soulignent que la précarité du titre de séjour permet difficilement d’entamer une formation diplômante et d’évoluer vers une situation professionnelle moins précaire.

Pour les personnes migrantes au statut de résidence précaire, face au peu de choix d’emploi, le travail sexuel est pour certaines vécu comme le moins exploitant. Il offre la possibilité d’une flexibilité des horaires, d’un gain d’autonomie et de revenus plus élevés que dans d’autres emplois peu ou pas qualifiés. Pour des personnes non migrantes bénéficiaires d’allocations sociales ou de handicap, la vente occasionnelle de services sexuels permet de compléter des revenus très bas. Les femmes trans évoquent, pour leur part, les obstacles dans la recherche d’emploi du fait de la transphobie.

Au-delà de ces contraintes matérielles, les participantes à l’enquête témoignent d’une exposition aux violences importante et expriment leur angoisse de prendre des risques immenses : attaques physiques, viols, meurtres. Nous avons récolté les témoignages déjà bien documentés de femmes d’Afrique subsaharienne enrôlées dans des réseaux de traite, mais aussi ceux de personnes non migrantes forcées de vendre des services sexuels. Les violences se déclinent au-delà des agressions physiques et de l’exploitation. Sont évoqués les vols ciblés, le harcèlement policier, les insultes et humiliations, les pratiques non désirées :

« La police ne va pas chercher les gens qui font des problèmes. Ils vont venir voir les prostituées et leur poser des questions. “Donne-moi tes papiers.” Les mauvaises personnes dans la rue, la police ne va pas se concentrer sur ces gens. C’est comme ça. »
Joy, Nigériane (N. B. L’ensemble des témoignages est anonymisé).

Un constat positif ressort toutefois, celui d’un système de santé publique accessible et d’un tissu associatif qui accompagne bien les travailleuses sexuelles. En particulier pour les femmes les moins jeunes, la santé est au cœur des préoccupations. Les participantes rappellent que leur santé mentale est mise à mal par la violence, la précarité et la stigmatisation. Elles évoquent à la fois des enjeux de santé globale et des enjeux de besoins particuliers – traitement préventif de préexposition au VIH (PrEP) et traitement post-exposition (TPE) – qui demandent des formations du corps médical.

Les difficultés liées à la stigmatisation

Les discussions ont également pointé du doigt le problème de la stigmatisation du travail sexuel. Cette stigmatisation est tellement forte, parfois doublée de racisme ou de transphobie, qu’elle conduit les personnes à rester distantes des institutions publiques et à avoir le sentiment d’occuper une place sociale très dévalorisée.

« Tout le monde nous méprise. Je vais vous dire, honnêtement, nous n’y pouvons rien. Nous nous méprisons même un peu nous-mêmes, en réalité. Je ne mens pas. C’est comme ça. Nous ne gagnons pas beaucoup d’argent et nous n’avons aucune compétence. »
Lili, Chinoise.

Dans plusieurs ateliers est revenue la proposition d’organiser des formations contre la stigmatisation des travailleuses sexuelles. Elles pourraient être dispensées auprès des jeunes dans le cadre de l’éducation à la vie affective et sexuelle, auprès de professionnels des services médicaux ou sociaux, ou encore auprès des personnes travaillant à l’accueil dans les services publics.

Travailleuse du sexe sur son ordinateur
Le mépris social vécu par les personnes vendant des services sexuels abîme leur santé mentale et complique leur accès au droit.
Deniz Demirci/Unsplash, CC BY

Parmi les discriminations liées à leur stigmatisation et les lois spécifiques sur la prostitution, les participantes insistent sur le rapport à la police et l’accès à la justice. Elles se sentent souvent moins bien protégées par la police – qui ne les prend pas au sérieux ou ne se déplace pas – et, plus encore, elles relatent des situations de harcèlement de leur part. Alors même que la loi de 2016 a abrogé le délit de racolage passif, des arrêtés locaux « anti-prostitution » existent toujours et renforcent le risque de harcèlement policier (amendes répétées pour stationnement, mises en fourrière de véhicules dans lesquels elles travaillent, etc.).

En outre, les participantes souhaiteraient bien évidemment une meilleure lutte contre l’exploitation, en particulier celle des personnes mineures, mais beaucoup n’osent pas s’engager dans des démarches judiciaires par sentiment d’illégitimité, de peur que cela se retourne contre elles ou encore par défaitisme au regard de la longueur des procédures.

Une volonté de dépénalisation… pour accéder au droit du travail

Pour réduire ces stigmatisations, les personnes considèrent qu’une solution politique réside dans l’accès aux droits et, en particulier, au droit du travail. Certes, pour certaines, la demande principale est d’avoir un titre de séjour de longue durée pour obtenir un « meilleur boulot ». Mais pour la plupart, migrantes ou non, qui souhaitent poursuivre le travail sexuel, la demande est celle d’une reconnaissance à part entière du travail sexuel.

« Je pense que nous devrions faire une réunion ou quelque chose pour que notre travail soit légalisé. Et comme ça, il n’y aurait pas autant de difficultés pour nous. Et ainsi, la police et les services de santé nous prendraient en compte, ce qui serait comme dénouer un nœud pour nous. Même si nous devions payer, au moins nous serions totalement légales. Je pense que cela permettrait presque de surmonter toutes les difficultés liées au danger de travailler dans le parc : les cris, les mauvais traitements, les coups, le froid, le rejet par la police. »
Ana, femme trans d’Amérique latine.

Cette demande est intrinsèquement liée au souci de réduire la précarité, les violences et la stigmatisation. Elles demandent que plusieurs statuts soient possibles et adaptés à leur manière de travailler : seules ou à plusieurs, chez elles ou à l’extérieur, régulièrement ou occasionnellement.

Les participantes à l’enquête rappellent que beaucoup d’entre elles s’acquittent d’impôts, et qu’il serait donc normal qu’elles accèdent au droit commun et aux droits sociaux. Comme les autres travailleuses, elles voudraient pouvoir bénéficier d’une retraite, souscrire une assurance professionnelle ou encore accéder à un compte bancaire.

Moins d’isolement, plus de collectif

Les travailleuses souhaiteraient également la fin des lois de pénalisation, car ces dernières tendent à les isoler et à empêcher les formes de coopération qui sont source de sécurité et de pouvoir d’agir. Les témoignages et propositions ont souligné l’importance des réseaux de solidarité et la manière dont la communauté de travailleuses sexuelles peut constituer une ressource.

La stigmatisation du travail sexuel pousse à l’isolement. Dans la sphère privée, les personnes tendent à se cacher et hésitent à commencer ou à maintenir une relation amoureuse ou de couple, à vivre en famille. Dans la sphère du travail, beaucoup de personnes aimeraient pouvoir coopérer avec des partenaires et dénoncent de manière récurrente la définition large du proxénétisme en France qui permet de poursuivre pénalement l’aide et l’entraide et empêche d’avoir des espaces partagés et plus sécurisants.

Les participantes décrivent pourtant leurs stratégies pour éviter l’isolement et se protéger les unes les autres.

« Le truc je trouve le plus important, c’est d’avoir un lieu pour les personnes qui font ça et je trouve qu’il y aurait moins de danger que d’être chacun dans son coin ou d’être dehors. Si les personnes qui ont envie de faire ça, elles ont un lieu, il y aura moins de proxénètes, etc. »
Marie, Française.

Évidemment, elles ne sont pas naïves quant au fait que l’exploitation peut aussi venir de la communauté, mais l’organisation légale est précisément une solution pour lutter contre des formes d’organisation souterraine qui dévient facilement vers les violences.

Enfin, au cours des discussions, beaucoup de participantes ont souligné l’importance et la qualité du tissu associatif français. Le rôle des associations (communautaires ou d’accompagnement social) n’est pas seulement de faciliter les démarches et les contacts, mais aussi de créer un espace de confiance. En ce sens, les approches communautaires sont particulièrement appréciées, que ce soit par la présence de salariées paires ou par la création d’associations par les personnes concernées elles-mêmes. Sans que cela ne soit dit directement, les témoignages récoltés au sujet des associations soulignent l’importance du financement non seulement de l’aide à la sortie de la prostitution, mais aussi des actions de prévention en santé et de lutte contre les violences dans un positionnement non jugeant. Enfin, les participantes appellent à la multiplication d’espaces d’entraide et d’échanges communautaires et solidaires.

Vu le relatif échec de la dernière législation sur la prostitution, il serait souhaitable que les politiques prennent mieux en compte la diversité des conditions d’exercice du travail sexuel et des statuts des personnes qui l’exercent, mais aussi les problématiques d’exploitation, de précarité, de violences et les revendications de droit du travail.


Cet article a été co-écrit avec Cybèle Lespérance et Violet·te Sky, militantes associatives, association Tullia.

The Conversation

Hélène Le Bail a reçu des financements de l’ANR. Le Projet DPTS2026 a été mené en coopération avec les associations Médecins du Monde, Fédération parapluie rouge et Tullia

Belledent Céline a reçu des financements de de l’ANR. Le Projet DPTS2026 a été mené en coopération avec les associations Médecins du Monde, Fédération parapluie rouge et Tullia

ref. Dix ans après la loi contre la prostitution, enquête sur les conditions de vie des travailleuses sexuelles – https://theconversation.com/dix-ans-apres-la-loi-contre-la-prostitution-enquete-sur-les-conditions-de-vie-des-travailleuses-sexuelles-279884

Another MP jumps to Carney’s Liberals, igniting concerns about the health of Canada’s democracy

Source: The Conversation – Canada – By Travis Leicher, Doctoral Student, Politlical Studies, Queen’s University, Ontario

Marilyn Gladu is the most recent MP to cross the floor to the Liberals, the fifth to do so since Mark Carney became prime minister a year ago.

As the Liberal government inches closer to a majority, its legitimacy is being called into question since it would not be based on voter preference.

While floor crossing is permissible within a Parliamentary system and has historical precedent, both public opinion and voter behaviour suggest it’s unpopular among Canadians. Why?

One common response is that floor crossing is undemocratic, which explains frequent calls for by-elections. But this charge isn’t necessarily warranted — it depends on context, including whether voters were primarily choosing a party or an individual candidate when they voted in the previous federal election.

Conservative Leader Pierre Poilievre recently posted on X: “The people in her [Gladu’s] community voted for our Conservative vision of a Canada … not for the costly Liberal government she has now joined.”

But this rhetoric rests on an unresolved empirical question: did voters in Sarnia-Lambton-Bkejwanong vote for the Conservative Party or for Gladu? It’s unclear. Political science research suggests that party loyalty doesn’t fully determine how people vote.

Interpretations and expectations

In the absence of local data on voters’ motivations, it’s more useful to consider two questions about the role of representation. First, what does it mean for someone to “represent” a constituency? Second, how should elected officials behave once in office?

In The Concept of Representation (1967), American political theorist Hannah Pitkin introduced a now-classic way of thinking about representation: descriptive, symbolic, formal and substantive.

Setting aside the first two, formal representation is about the rules that give politicians their authority and hold them accountable — like elections — while substantive representation asks a simpler question: Do they actually act in the interests of the people they represent?

From a formalistic perspective, any action a politician takes counts as representation as long as it falls within their authorized powers. In contrast, the substantive view holds that a representative is required to act as the voters themselves would act in the same situation.

Elections rest on an implicit expectation of substantive representation: representative democracy only works if elected officials make their constituents’ interests present through what they do. Without that, there’s no real reason to prefer one candidate over another and no clear basis for holding them accountable.

Still, there has been an ongoing debate about the expectation that representatives act as “trustees” or “delegates” once in office. The delegate model holds that representatives simply convey the preferences of their constituents, while the trustee model gives representatives the latitude to use their own judgement in pursuing constituents’ interests.

Taking initiative or betraying trust?

If representatives are meant to advance their constituents’ interests, is floor-crossing a necessary freedom to respond to changing circumstances rather than to adhere rigidly to a party platform? Or does it amount to a betrayal of the mandate voters expressed at the ballot box?

In November 2011, Parliament debated a private member’s bill tabled by NDP MP Mathieu Ravignat to amend the Parliament of Canada Act and require floor-crossers to resign, thereby triggering by-elections. Ravignat said the bill would “ensure that politicians are held accountable for the choice made by their constituents.”

But Conservative MP Michelle Rempel warned the bill “would seriously undermine the independence of members of this House … [and] would also impede members of Parliament in representing the interests of their constituents, which is one of the fundamental duties under our Constitution.”

This argument draws on the trustee versus delegate debate, which ultimately centres on how much independence representatives should exercise.

Because a pure delegate model sharply limits representatives’ discretion, critics of the trustee model often settle on some blended approach.

For example, the fourth president of the United States, James Madison, argued in his essay “Federalist No. 10” that representation should respond to public views. This delegate-style thinking reflected a flexible responsiveness intended as a safeguard against the tyranny of the majority that can arise when public interests are treated as uniform and easily determined.

British philosopher and politician Edmund Burke endorsed a pure trustee view, arguing in one famous speech: “Your representative owes you, not his industry only, but his judgment; and he betrays, instead of serving you, if he sacrifices it to your opinion.”

This view appeals to those who see political leadership as requiring a high degree of competence: representatives are elected to exercise informed judgment in the interests of their constituents, even when that judgment runs counter to public opinion.

Is floor crossing undemocratic?

The extent to which someone believes representatives should have independence influences whether they regard floor-crossing as a threat to democracy. But instead of catastrophizing about the danger floor-crossing poses to our democracy, Canadians should instead focus on how the electoral system shapes whether their expectations and understandings of representation are actually feasible in practice.

In doing so, they might accept floor-crossing but take issue with certain systemic features like party discipline, which makes floor-crossing one of the few available acts of defiance when a representative feels their party’s platform no longer serves their constituency.

Alternatively, Canadians may object to floor-crossing on the grounds that, given the many pre-existing barriers to representative independence, it further weakens the remaining role of party policy commitments as the main mechanism through which voters can anticipate and secure the policies that matter to them.

The Conversation

Travis Leicher does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Another MP jumps to Carney’s Liberals, igniting concerns about the health of Canada’s democracy – https://theconversation.com/another-mp-jumps-to-carneys-liberals-igniting-concerns-about-the-health-of-canadas-democracy-280342

Want to talk comics? Today, that often means going online

Source: The Conversation – Canada – By J. Andrew Deman, Professor of English, University of Waterloo

Comics are more than a reading experience. They are a culture.

While reading a comic has traditionally been the centrepiece of that culture — with comics being the “social object” that binds and unites the culture, in the words of sociologist Jyri Engeström — the social experience doesn’t end when you put the comic down.

Comics culture has a storied history of conventions, shop conversations, swaps and sale events, collector exhibits and even academic courses on the subject.

And now we can add social media and the rise of webcomics — some of which even begin online, and then move to book format. So how do comic fans engage on Instagram and TikTok?

In a new media era, they share their comics experience with others online — debating, reflecting, recommending and enjoying.

As a scholar who specializes in comics media (graphic novels, comics, manga, and so on) and professional communications, I’m also interested in how we might add “learning” to that list since social media represents, arguably, the largest and most potent information dissemination network in human history. And when it comes to comics, there’s no shortage of things to discuss in this new media age.

Different eras of comics

Without social media, the previous “ages” or eras of English-language comics worked differently. The notion of different ages of comics evolved from discussion among fans, editors and scholars, and these include, as comics scholar Adrienne Resha explains: The Golden (1930s-50s), Silver (1950s-70s), Bronze (1970s-90s) and Modern (1990s-2010s) Ages.

These ages each have their own peculiarities, generic tendencies and political themes, but they can all be united by what Resha terms “corporate mandates and collector markets.”

Our current age of comics (for which Resha proposes the term “The Blue Age”) is one in which comics can be consumed through global digital platforms like Marvel Unlimited, Webtoons, Shonen Jump and so on, all without readers and fans ever purchasing a paper copy.

More importantly, it’s also an age in which comics fans form communities across social media platforms, allowing them to hold all manner of conversations with each other in order to express and enhance their experiences.

Respectful or toxic fan spaces?

These platforms create what new media expert Henry Jenkins defines as “affinity spaces” — places where readers and fans socialize while communally working through the meaning and importance of the social object (in this case, a comic) that they’ve all read.

While gathering around comics is longstanding and some dedicated comic-book shops persist despite shifts in the publishing industry, many readers now come together online.

The reputability of these online spaces is debatable, though, living as we do in an era of misinformation and disinformation. Online communities, just like real-life communities, can become toxic.

The Comicsgate scandal of 2017-18 that involved online backlash to gendered, racialized and cultural diversity in comics — in real spaces as well as comics storylines and representation — lead to widespread threats of violence.

But there is little doubt that the conversations fans are having about comics, and the affinity spaces surrounding them, are changing, with online conversations making up for losses of the traditional comic-book store.

As Resha notes: “The letters columns that once graced the back pages of comic books have been all but replaced and in some cases augmented by Twitter and, to a lesser degree, Tumblr and Facebook.”

Shaping comics culture

Powerhouse comics publishers have been quick to enter these affinity spaces. Marvel, DC and Image all joined Twitter, now called X, by 2008 in order to mediate and facilitate conversations about their products and outputs.

Comics artists have done the same. Many now have active followings of their social media accounts which allow them to promote their work, share works in progress and dialogue with their fans directly.

Social media has been able to draw fans, creators and publishers into a robust digital conversation that celebrates and shapes the art of comics as we know it.

Comics scholarship, public discussion

More recently, comics scholarship projects have sought to bring the academic consideration of comics as a medium into the public realm as well.

Such projects include education researcher Zachary Rondinelli’s “Welcome to Slumberland,” my own project “The Claremont Run” related to subverting gender in the X-Men or my co-project with Canadian communications scholar Anna Peppard, “Sequential Scholars.”

These projects, and others like them, allow readers the opportunity to peruse and consider university-level research on comics while they simultaneously weigh fan opinion, creator perspective and publisher mandate, all in the same network.

Informed attention and art circulation

This scholarly perspective adds a unique value to the conversation. In a 2023 article, literary studies researcher and critic Tim Lanzendörfer argues literary studies play an important role in how the public ascribes meaning to literature when scholars engage in public discussion.

The famous essay “A Habitable World” by author and comic scriptwriter Carter Scholz named some benefits of this process:

“So a commercial art form absolutely needs critical attention if it is to survive as an art. Otherwise, it gets its direction only from seeing what sells this month or this year; such observations are prone to error, impossible to interpret and worse than useless to the artist.”

His essay precedes the comic Music for Mechanics that he scripted, part of the acclaimed Love and Rockets series drawn by the Hernandez brothers.

Video about ‘Sequential Scholars.’

Sharing love of the medium online

If comics are going to survive and to thrive as an art form, embracing social media can create an enhanced and empowered comics culture, one that is informed by varied stakeholders — like fans, creators, publishers, educators, critics and scholars — interacting with each other and spreading the good word about comics, so to speak, collectively.

And this might be the power of The Blue Age of comics — to leverage the information-sharing potential of social media to create an online experience of shared affinity for comics that is visual, networked, accessible (convenient even) and informed. For researchers across fields, this could also mean thinking about leveraging the accessibility of comics to contribute to the public good.

If you haven’t read a comic in The Blue Age, or simply haven’t attempted to share your love of the medium online, now’s a good time to jump back in. It’s an entirely new experience.

The Conversation

J. Andrew Deman receives funding from SSHRC to study and post about comics online through “Sequential Scholars.”

ref. Want to talk comics? Today, that often means going online – https://theconversation.com/want-to-talk-comics-today-that-often-means-going-online-277151