Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ana María Barbancho Perez, Profesora Titular de Universidad en el área de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Universidad de Málaga
Hace unas décadas parecía que los discos de vinilo habían desaparecido de nuestras vidas. En un entorno digital –con dispositivos para escuchar música que van desde los CDs a las plataformas de streaming–, los requerimientos (de tiempo y espacio) que exigía la música analógica parecían condenar a los vinilos a su desaparición. Pero han vuelto o, en cierta medida, su vuelta demuestra que nunca se habían ido. Actualmente son el mayor referente del resurgimiento de lo analógico y muchos defienden su existencia por encima de cualquier otra opción.
Pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿realmente suenan mejor los vinilos que la música digital?
Proceso de grabación: vinilo vs. digital
Para responder, veamos primero cómo se registra la música en un vinilo y en un sistema digital.
En los discos, el sonido se graba en un surco en espiral que se extiende desde el borde exterior hasta el centro del disco. Los surcos tienen forma de “V”, lo que permite almacenar la información en estéreo, ya que cada canal se graba en una de las paredes de esa “V”. Los surcos deben ser poco profundos para evitar problemas mecánicos, como perforaciones o movimientos bruscos que hagan saltar la aguja.
Estos surcos registran variaciones microscópicas proporcionales a la presión del sonido original. Sin embargo, antes de grabarla, la señal musical se modifica: se reducen los sonidos graves y se amplifican los agudos. Esto se realiza para adaptarse al funcionamiento de la aguja. Por eso, los tocadiscos incluyen un circuito que invierte este proceso: se amplifican los graves y se atenúan los agudos.
Almacenar audio en formato digital, como puede ser un CD, es muy diferente. La señal analógica no se guarda de manera continua, sino que para “representarla” se obtiene un determinado número de muestras del audio. En el caso de los CDs hablamos de 44 100 muestras por cada segundo. Tras esto hay que cuantificarlas, es decir, aproximar el valor de la muestra a los valores del conversor A/D (analógico-digital), para que este le asigne un código binario. Este valor se asigna usando 16 bits por muestra, lo que significa que disponemos de todas las combinaciones posibles de esos 16 bits. Esto se traduce en 65 536 valores.
Estos valores cumplen las condiciones necesarias para que se reproduzcan correctamente todas las frecuencias que el oído humano percibe. Sin embargo, este proceso no es perfecto y produce un pequeño error que se manifiesta como un leve ruido añadido a la señal original.
Los estudios de grabación utilizan formatos de audio profesional con más calidad que los de los CDs. Para esto, usan una frecuencia de muestreo mayor y más bits por muestra (24bits). Así, consiguen una representación más precisa de la señal y reducen el ruido introducido durante la conversión digital. Sin embargo, estos archivos requieren mucho más espacio de almacenamiento y no son prácticos para su uso doméstico. Por ello, se adaptan para que en un CD se puedan almacenar unos 80 minutos de música (aproximadamente 15-20 canciones).
Otros formatos de grabación y reproducción de música, como el popular MP3, son modelos de representación del audio con pérdidas. Esto significa que se elimina parte de la información original del sonido para que ocupe menos espacio. Por ello, su calidad siempre va a ser inferior a la de los vinilos y CDs. Las plataformas de streaming usan esos modelos con el objetivo de que las canciones carguen más rápido y consuman menos datos.
Calidad de sonido en casa: ¿vinilo o CD?
Para comparar de forma justa, en un entorno doméstico, qué formato sonaría mejor entre un disco de vinilo y un CD utilizaremos el mismo equipo de reproducción, compatible con ambos, y asumiremos que los dos están recién comprados.
En este escenario, el vinilo ofrecerá mejor sonido. Será más limpio, libre de ruido de muestreo o cuantificación, y con un rango de frecuencias completo. Aunque parte de estas frecuencias no son audibles, en determinados espacios sí tienen efecto en la percepción del sonido. Además, el vinilo aplica un proceso de ecualización propio que aporta un carácter particular distinto al del formato digital. De hecho, muchos sistemas de grabación digital actuales incluyen complementos o plugins que imitan esta característica sonora de los vinilos.
Además, el equipo utilizado para reproducir vinilos puede incluir amplificadores de gran calidad, incluso, en algunos casos, amplificadores de válvulas. Aunque estos últimos generan cierta distorsión, se considera que aportan calidez al sonido, haciendo su escucha más agradable.
A lo largo de las décadas los formatos de reproducción de audio han ido cambiando. Luigi Bertello/Shutterstock
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el vinilo pierde con el uso, por desgaste. También el CD, si no es original o se ha conservado mal, puede dañarse y sufrir fallos en la lectura de las muestras digitales, lo que influye en la calidad del audio e incluso llega a provocar interrupciones en la reproducción.
Depende de la audiencia
Al llevarlo a ejemplos concretos, existen pequeños matices en los que se pueden diferenciar ambos sonidos.
Si pensamos en una guitarra acústica, en el CD habrá un silencio absoluto antes de que empiece a sonar, mientras que en el vinilo se percibirá primero un ligero sonido de fondo que proporciona calidez. De igual forma, en el vinilo el roce de los dedos del guitarrista contra las cuerdas se escuchará dulce y aterciopelado, mientras que en el CD será más agudo, dado que reproduce el sonido sin ningún tipo de suavizado y resulta más metálico.
Aunque en el caso de la música digital en streaming o CD, a menudo la audiencia no se preocupa por estos elementos, en este aspecto gana de nuevo el vinilo. No obstante, hay que recordar que el audio digital ofrece una calidad constante. Además, es fácil de transportar y almacenar, mientras que los vinilos se deterioran con cada reproducción y requieren más espacio y cuidados para su conservación.
Sin embargo, no podemos negar que estos ofrecen un sonido más cálido y completo que el formato digital. Tal vez por ello sigan atrayendo tanto a nostálgicos como a nuevas generaciones.
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Ana María Barbancho recibe fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de los Proyectos PID2021-123207NB-I00 y PID2024-156798OB-I00, financiados por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y FEDER UE, y por Universidad de Málaga, Junta de Andalucía: TIC208-G-FEDER.
Isabel Barbancho recibe fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de los Proyectos PID2021-123207NB-I00 y PID2024-156798OB-I00, financiados por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE y por Universidad de Málaga, Junta de Andalucía: TIC208-G-FEDER.
Lorenzo José Tardón García recibe fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de los Proyectos PID2021-123207NB-I00 y PID2024-156798OB-I00, financiados por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y FEDER UE, y por Universidad de Málaga, Junta de Andalucía: TIC208-G-FEDER.
Revolutionary Guard personnel stand under an Iranian-made unmanned aerial vehicle, the Shahed-136, while participating in a military rally in Tehran, Iran, on Jan. 10, 2025. Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
But the Islamic Republic’s offensive capabilities have been built up over nearly 50 years, during which Iran has been either at war or under the threat of conflict.
As an expert in military history and theory, I believe that to understand what may come next in Operation Epic Fury, it’s valuable to grasp the development of Iran’s modern military structure, capabilities and international activities.
Smoke rises from an oil warehouse on the outskirts of Erbil, the capital of Iraq’s Kurdistan region, following a suspected drone strike on April 1, 2026. Gailan Haji/Middle East Images/AFP via Getty Images
Starting in the 1990s, Iran also innovated a series of one-way attack drones, a relatively inexpensive way to attack distant targets.
The Revolutionary Guard projects regional power. During the 2003 U.S.-Iraq war, for instance, it provided improvised explosive devices to insurgents targeting American forces.
The Revolutionary Guard tends to receive the bulk of Iranian military resources, including the best personnel and equipment. Quds Force, the unconventional warfare wing of the Revolutionary Guard, has long played a role in exporting the revolutionary beliefs of the Iranian rulers. The Quds Force provides arms and guidance to proxies throughout the Middle East, primarily by fomenting insurrections against Arab Sunni governments.
Iran has long been the patron of Hezbollah, based in Lebanon, whose primary goal is the eradication of Israel. More recently, Iran has also engaged in substantial support of Hamas in Gaza, despite the fact that Hamas is a Sunni organization, while the rulers of Iran are members of the Shiite branch of Islam.
Iran has constantly sought means of exerting military influence beyond its borders, without risking external attack. It has embraced the use of cyber warfare, a method of attack with a relatively low cost for participation and a potentially outsized influence on the world stage.
The Iranian government has always maintained that its nuclear program is to provide power for the developing nation, rather than weaponry. But definitive evidence of uranium enrichment far beyond the requirements of power generation have caused Western states to demand an end to the Iranian nuclear program.
In 2010, cybersecurity researcher Sergey Ulasen discovered an incredibly complex malware program, dubbed Stuxnet, that was created to undermine the Iranian nuclear program by disrupting the function of enrichment centrifuges. No nation has ever taken responsibility for the attack, which set back Iranian uranium enrichment efforts by years.
In 2015, after negotiations with the five permanent members of the U.N. Security Council and Germany, Iran agreed to halt its uranium enrichment program in exchange for relief from economic sanctions and the release of frozen Iranian assets. The negotiations resulted in the Joint Comprehensive Plan of Action, or JCPOA.
Machines use yellow cakes to produce uranium hexafluoride at the uranium conversion facilities in Isfahan, Iran, on Feb. 3, 2007. Behrouz Mehri/AFP via Getty Images
However, in 2020 the Iranians restarted their nuclear program. They also ramped up production of ballistic missiles and one-way attack drones.
Iran responded by launching a wave of ballistic missiles and drones toward Israel, most of which were intercepted before entering Israeli airspace.
The missile and interceptor war
Prior to Operation Epic Fury, analysts estimated that Iran possessed 3,000 ballistic missiles and tens of thousands of one-way attack drones. They also concluded that Iran had a substantial production capacity to increase its stockpiles.
In the first six weeks of the current conflict, Iran expended at least 650 missiles in attacks on Israel and hundreds more against other targets in the region.
The U.S. has placed a heavy emphasis on attacking missile production and storage facilities. But it’s difficult to ascertain how many missiles and drones the Iranian military might still possess.
Iranian production and transportation has almost certainly sustained substantial losses in capacity. And U.S. and Israeli aircraft prowl the skies over Iran seeking signs of mobile launchers or attempts to transport missiles to firing locations.
The rate of Iranian missile fire has substantially declined since the first days of the conflict, but it has never dropped to zero. That has led some analysts to suspect that Iran maintains a significant cache of long-range weaponry in reserve, while U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth argues that it has lost the capacity to launch major barrages.
Paul J. Springer is a Senior Fellow of the Foreign Policy Research Institute. His comments represent his own opinion and do not reflect the official policy of the United States Government, the U.S. Department of Defense, or the U.S. Air Force.
The initiative, which the government says will “invest up to $1.7 billion over 12 years to attract and support more than 1,000 leading international and expatriate researchers,” is a significant investment.
But our work shows there are important challenges with recruiting and retaining internationally trained researchers.
Problems with points
International researchers face limited specific immigration pathways.
The comprehensive ranking system (CRS), also known as the point system), is the primary mechanism for skilled workers to attain permanent residence in Canada. The CRS ranks prospective immigrants based on their scores in relation to age, education, language and work experience. The federal government then invites candidates at or above a certain cutoff score to apply for permanent residency.
Due to this age discrimination and undervaluing of education in the CRS, many talented colleagues with extensive training and experience don’t meet the points threshold.
Evren Altinkas, the first author of this story, has analyzed collective agreements across Canadian universities. This analysis demonstrates a systematic absence of immigration status as a recognized equity category within hiring frameworks.
Many collective agreements contain general employment equity or diversity clauses. But these overwhelmingly focus on domestically recognized categories such as gender, race and Indigeneity, leaving immigration status unaddressed.
This omission reflects a broader pattern of “invisibility” of non-status and precarious migrants in Canadian institutional frameworks.
Current equity, diversity and inclusion (EDI) policies and collective agreements therefore pose interconnected practical, legal and behavioural barriers to recruiting and retaining internationally trained researchers.
The limited recognition of foreign credentials also systematically disadvantages immigrants.
Legally, immigration regimes create uncertainty that institutions and unions are not structurally equipped to accommodate. This is particularly the case with Canada’s increasingly complex “two-step” system of temporary to permanent residency.
Research shows that internationally educated researchers face persistent labour market barriers. These include visa precarity and limited institutional pathways into stable academic employment.
Even when funding mechanisms exist to support EDI-related scholarship or professional development, these are rarely designed to address structural constraints faced by internationally trained researchers.
The Canadian economy cannot afford to lose internationally trained academic and research talent. This is particularly true amid ongoing trade tensions with the United States and broader global economic uncertainty.
Canada’s competitiveness increasingly depends on its ability to attract and retain highly skilled workers in research, innovation and higher education.
Reports from the federal government emphasize that immigrants account for a significant share of growth in the highly educated labour force, especially in STEM and knowledge sectors.
Canada needs domestic innovation
Trade disruptions and protectionist policies — particularly in relation to the United States — have heightened the need for domestic innovation capacity.
In a period marked by inflation, supply chain instability and shifting global alliances, retaining global talent is not only an equity issue but an economic imperative.
Canada’s long-term resilience depends on aligning immigration policy with institutional hiring practices in higher education and research sectors.
A path forward
We recommend three key changes to immigration policy and hiring practices.
First, along with more than 100 signatories of an open letter to the federal government organized through the interdisciplinary research partnership network UnborderED Knowledge (the “ED” in the name emphasizes education), we call for designated permanent residence pathways for internationally trained researchers.
The February 2026 Express Entry announcement provides an opportunity for IRCC to make a specific draw for researchers with a point threshold that redresses age biases in the CRS. They should do so as soon as possible.
Third, in line with findings from the Ontario Human Rights Commission, federal and provincial governments should work with employers across all sectors to ensure that international researchers are not unfairly penalized for foreign credentials and experience.
Christina Clark-Kazak receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
Evren Altinkas does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
Source: The Conversation – Canada – By Frederick Oliver Beeby Maglaque, Exhibition Researcher, Pacific Museum of Earth and Masters student in Art History, University of British Columbia
“This is the story of the dinosaurs as it has never been told before,” narrates Morgan Freeman in the opening of Neflix’s The Dinosaurs docuseries.
The four-part series combines advanced CGI with real nature footage to create cutting-edge photorealistic visuals and tell a compelling story. The Dinosaurs is undeniably a technical and scientific achievement.
It also reinforces another familiar narrative: the story of life on Earth as a story of conquest.
A Spinosaurus baits a shark in this dramatic clip from ‘The Dinosaurs.’ (Silverback Films)
Exotic beasts to be tamed, classified
Dinosaurs first entered the visual culture of western science in the 19th century. Famous depictions include two full-sized dinosaurs — an Iguanodon and Megalosaurus — that were unveiled at Crystal Palace Park in London in 1854.
Engraving The ‘Crystal Palace’ from the Great Exhibition, by George Baxter, after 1854. (Wikimedia Commons), CC BY
The Crystal Palace itself was designed for the 1851 Great Exhibition — which displayed animals, minerals, cultural objects and more from across the British Empire. It was a steel and glass monument to industrial modernity and imperial power.
These “exotic” fake dinosaurs were placed on small, artificial islands, within lakes in the palace park, where visitors could view them from afar. They were positioned as beasts to be viewed with as much wonder as terror that the combined authority of science and empire could tame and classify. They are still there today.
(Friends of the Crystal Palace Dinosaurs)
Imperial fantasies of extraction
The film Jurassic Park, released in 1993, followed its 19th-century predecessors, depicting dinosaurs as creatures that dwell in distant exotic realms that humans, typically white explorers or scientists, must journey to.
The film is set on the imaginary Costa Rican island of Isla Muerta, where dinosaurs are born from amber extracted from the fictional Mano de Dios mine.
Like the Crystal Palace dinosaurs, they evoke an unknown exotic frontier — shaped by imperial fantasies of extraction. And yet, films like Jurassic Park also question this framing. Characters who seek to dominate nature — the businessman, the lawyer, the big game hunter — ultimately meet their downfall.
A scene inside the fictional Mano de Dios mine in the 1993 movie Jurassic Park.
Dinosaurs versus Earth
So, what happens when these familiar tropes are presented through the hyperrealism of modern dinosaur documentaries, alongside real paleontological discoveries, as “accurate?”
“In a savage and ever-changing world, some will rise and some will fall. But through it all, the dinosaurs will expand their empire and advance relentlessly to seize Earth’s final frontiers,” narrates Morgan Freeman in Episode 3 of The Dinosaurs.
Throughout the series, dinosaurs are portrayed as seeking to colonize the planet. This is evident in the episode titles — Rise, Conquest, Empire, Fall — and in how the other organisms are depicted.
The first episode concludes with a cowboy-style showdown between a dinosaur and a rauisuchian, a Triassic reptile described as a monstrous, lesser “other.” This scene marks the beginning of the dinosaurs’ so-called “reign.”
Again and again, The Dinosaurs tells a story of dinosaurs versus Earth, where natural events like volcanism are described as “Earth’s darkest forces.” The planet itself becomes something to be overcome in the dinosaurs’ pursuit of empire.
This Mesozoic, non-human history is also told as a story that is always moving toward a known ending. The first episode opens with a Tyrannosaurus rex (T.rex) in the aftermath of the Chicxulub impact, a 100- million megaton blast that struck the Gulf of Mexico region and devastated the planet.
The T.rex closes its eyes as ash falls across an apocalyptic landscape. Dinosaurs are portrayed as conquerors of Earth and as always already doomed to fail — ruled by this so-called “tyrant lizard king.”
A Tyrannosaurus rex takes on an Ankylosaurus in this dramatic clip from ‘The Dinosaurs.’ (Silverback Films)
A story of human mastery
The Dinosaurs engages in what we could call the “dino dialectic” — a trope where dinosaurs are presented as allegorical stand-ins for humans, reflecting an anthropocentric and often colonial vision of the human subject.
At the same time, their inevitable extinction is used to define them as primitive and inferior. Dinosaurs are us, but we remain superior, masters of our fates and of our planetary dominion.
If The Dinosaurs, the latest in an increasing number of contemporary dinosaur documentaries, reflects our own apocalyptic anxieties while reiterating this “dino dialectic,” we are continuing to tell the same story that led us here.
These documentaries are examples of what visual culture scholar Nicholas Mirzoeff calls “Anthropocene visuality” — a way of seeing that “keeps us believing that somehow the war against nature that western society has been waging for centuries is not only right; it is beautiful and it can be won.”
Frederick Oliver Beeby Maglaque receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC).
Kirsten F. Hodge receives funding from the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada and the Canadian Association of Science Centres.
Source: The Conversation – Canada – By William Michael Carter, Adjunct professor, Applied Systems Anthropologist (Defence & Security), Toronto Metropolitan University
On April 9, 1917, my great-grandfather, A. Harold Carter, was a 16-year-old underage Canadian Expeditionary Force soldier from the 5th Canadian Mounted Rifles, 8th Brigade, 3rd Division.
At 5:30 am, he went over the trench at Vimy Ridge. He was a scrawny, 5’4″ kid from London, Ont., who defied his mother and signed up two years earlier at age 14. He survived.
Almost 109 years after the war that was to end all wars, Canada must once again consider training its citizens, as it did my great-grandfather, for a potential global conflict.
Prime Minister Mark Carney’s first mandate letter in May 2025, a month after his election, clearly prioritized Canada’s industrial, military and civilian global sovereignty as a key pillar of his new government.
His first budget, entitled Canada Strong, attempted to lay the fiscal foundation for Canada to act boldly and decisively, specifically on the much-neglected defence portfolio.
But either by intention or incompetence, the ill-timed leak in November 2025 of the CAF’s Defence Mobilization Plan raised serious concerns due to its suggestion that more than 300,000 federal employees should be trained for emergency quasi-combat duties. The intent was valid, but the context wasn’t.
The CAF’s “Defence of Canada” vision prioritizes a total defence framework. Canada currently deploys an emergency management, whole-of-society governance strategy, which is a layer of total defence, to ensure that all levels of society recover quickly from a crisis.
The recently revised Humanitarian Workforce Program is Canada’s primary federal funding vehicle for building a professional, civilian, disaster-response capacity training, led by non-governmental partners.
In practice, a whole-of-society approach is designed to free up the military from non-combat duties during major crises. But a total defence doctrine supports both civilian auxiliary and military roles and responsibilities. Canada is missing that piece of the equation.
A Finnish solution?
Canada’s 400-year legacy of voyageurs, militia, pathfinders and rangers reflects a long tradition of civilian contribution to defence. Since the War of 1812, the country has not faced invasion, due in part to co-ordinated efforts among regular forces, allied Indigenous Nations and civilian auxiliaries.
That history raises a contemporary question: if civilian capability once played a decisive role in national defence, what form should it take today? As modern threats evolve beyond conventional warfare, Canada must reconsider how to structure, train and mobilize civilian expertise, not as an ad hoc reserve, but as a genuine component of national resilience.
Canada could draw from the very successful defence-adjacent, civilian-co-managed National Defence Training Association of Finland (MPK), a mixed-model approach that supports annual training for ex-military personnel, reservists and, specifically, non-military civilians.
The Finnish system is based on a total defence doctrine adopted and successfully deployed primarily by the Scandinavian and Baltic states as a direct result to their proximity to Russia, a much larger adversarial nation. The doctrine recognizes that survival and mobilization of their civilian population is necessary in the face of an existential threat or a major war.
National defence has consequently becomes not only a military function, but also a societal capability.
A Finnish-inspired Canadian Defence Training Organization would align with the intent of the CAF’s Defence Mobilization Plan, while expanding civilian participation beyond national and provincial public service employees to a broader, self-selecting and even transnational pool of defence-minded Canadians.
For Canadians who want to contribute
As part of a broader civilian defence system, volunteers could receive annual training in practical skills like first aid, logistics, communications and evacuation. Over time, the program could also expand to include drone use and countermeasures, as well as small arms training.
It would function as a distributed, community-based resilience network — a modern civilian defence initiative similar to the Canadian Rangers training programs, but adapted for civilian use in southern urban and rural settings.
It would not replace the CAF’s Reserve Force, but instead offer a complementary pathway for civilians who want to contribute to defence in a supporting role.
Using the Finnish model would boldly address Carney’s mandate letter and captures the spirit of the Defence Mobilization Plan within a more Canadian sensibility. It’s defence-oriented without being alarmist.
Many civilians want to contribute to national defence, but are put off by the demands of reserve service and the challenge of fitting it into established civilian lives. This approach would give willing, highly skilled volunteers a way to help defend Canada without taking on a major, immediate commitment.
By adopting the shared military–civilian governance model of Finland’s MPK and drawing on the Canadian Rangers’ strong sense of community and resilience, a Canadian defence training organization could serve as both a force multiplier in times of crisis and a community builder in times of peace.
William Michael Carter does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
En avril 2025, les électeurs canadiens ont choisi l’improbable en réélisant un gouvernement libéral minoritaire, cette fois-ci sous la houlette du nouveau chef Mark Carney. Un an plus tard, grâce à leurs trois victoires aux élections partielles de lundi, ils arrachent une courte majorité pour la première fois depuis 2019.
Il s’agit d’un retournement étonnant : pendant les deux années précédant le scrutin de 2025, les conservateurs jouissaient d’une telle avance dans les sondages que les analystes considéraient leur victoire comme quasi assurée.
Ce bouleversement s’explique par deux événements — dont l’effet pourrait être durable si l’on en juge par les résultats des élections partielles.
D’abord, le choc du retour Donald Trump à la présidence américaine. Son attitude hostile envers le Canada et la vague immédiate de droits de douane, en plus des répercussions économiques, ont changé la perception des Canadiens quant aux risques auxquels était exposé le pays.
Avec un Mark Carney fermement installé aux commandes du parti, les libéraux se sont présentés aux élections en misant sur le renouveau tout en jouant sur les menaces de Trump de faire du Canada le 51ᵉ État américain.
La question de l’urne : Trump et les droits de douane
Ces deux chocs ont redéfini les priorités. En cette période exceptionnellement tumultueuse, un grand nombre d’électeurs sont sortis des lignes idéologiques partisanes pour accorder leur vote au parti jugé le plus à même de protéger le pays. Et un an plus tard, semble-t-il, les électeurs canadiens continuent de considérer les libéraux sous cet angle.
De nouvelles données issues d’Étude électorale canadienne (EEC) éclairent cette dynamique. À la question de savoir quel parti est le mieux placé pour gérer les relations du Canada avec les États-Unis, 57,8 % des répondants, issus de presque tous les groupes partisans, ont choisi les libéraux.
Mais alors que 80 % des partisans libéraux et conservateurs sont restés fidèles à leur parti, 71,6 % des partisans du NPD et 62,8 % de ceux du Bloc québécois ont changé de camp et voté libéral.
On ne peut pas surestimer l’importance de cette tendance, qui a dominé toute la campagne électorale. Presque un Canadien sur trois a cité les relations avec les États-Unis, Trump ou les droits de douane comme l’enjeu principal des élections fédérales de 2025.
Ce taux se rapproche fortement de celui concernant les préoccupations économiques générales (35 %), lesquelles sont étroitement liées à la situation aux États-Unis.
Gardiens de l’économie
Historiquement, lorsque les électeurs donnent la priorité à la compétence économique, ce sont les conservateurs qui en profitent. Mais en 2025, les turbulences causées par les barrières tarifaires américaines ne se sont pas traduites par en votes pour eux.
Au contraire, une large majorité de Canadiens a soutenu le recours à des représailles tarifaires (68,7 %). En outre, 48 % des Canadiens ont désigné les libéraux comme le parti le plus apte à gérer l’économie, tandis que 39 % ont choisi les conservateurs.
Ce renversement a entraîné une cascade de répercussions. Le vote stratégique des partisans du NPD, en particulier, s’est avéré décisif. Normalement, les partisans d’un parti lui restent fidèles, comme en 2021, où 80 % des partisans néodémocrates avaient voté pour leur parti. Mais en 2025, plus de la moitié ont basculé dans le camp libéral, un comportement très inhabituel.
Un basculement similaire s’est produit au Bloc québécois, quoique dans une moindre mesure, mais suffisamment pour donner aux libéraux un gouvernement minoritaire, ce qui était inimaginable six mois plus tôt.
Une popularité qui ne se dément pas
À l’approche du premier anniversaire de cette élection, les répercussions sont encore manifestes dans l’opinion publique.
Selon un sondage réalisé début 2026, les libéraux détiennent une avance de six points dans les intentions de vote à l’échelle nationale, ainsi qu’un taux d’approbation de 52 %. Quant à Mark Carney, sa cote de popularité nette s’établit à +20.
Si l’on se fie à ces indicateurs ainsi qu’aux résultats des élections partielles, les électeurs n’ont toujours pas éprouvé le « remords de l’acheteur » qui suit parfois les élections stratégiques. Ils semblent même plutôt rassurés par la combinaison de stabilité et de compétence technocratique qu’ils recherchaient en 2025.
Le gouvernement libéral s’est également trouvé raffermi suite à plusieurs changements d’allégeance politique, dont quatre députés conservateurs et une députée néodémocrate. La dernière défection à ce jour, celle de la conservatrice Marilyn Gladu, a placé les libéraux à un seul siège de la majorité — quelques jours seulement avant les trois élections partielles qui viennent de leur donner la majorité.
La suite dépendra fortement de l’évolution de la situation sur la scène internationale. Mais pour l’heure, les Canadiens semblent globalement satisfaits du choix stratégique qu’ils ont fait en avril 2025.
L’Étude électorale canadienne a reçu des financements du Conseil de recherche en sciences humaines.
Daniel Rubenson bénéficie d’un financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Laura Stephenson a reçu un financement du CRSH (Conseil de recherches en sciences humaines du Canada) et de la Fondation Max Bell pour ses travaux de recherche.
Lewis Krashinsky bénéficie d’un financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (n° 756-2024-0366).
Source: The Conversation – in French – By Margaux Maurel, Doctorante en affaires internationales spécialisée sur les impacts économiques, sociaux et environnementaux des projets d’infrastructure et d’énergie dans les pays du Sud Global et l’activisme transnational. Chercheuse affiliée au CERIUM, HEC Montréal
Les bases d’une gouvernance mondiale pour les minerais critiques, essentiels à la transition énergétique, se heurtent à une course stratégique entre grandes puissances et pays producteurs, où la sécurisation des chaînes d’approvisionnement prime sur l’écologie, la justice sociale et les droits des communautés locales.
La COP30, qui s’est tenue à Belém au Brésil en novembre dernier, a été la première à mettre les minerais critiques sous les feux des projecteurs. S’en est suivie en décembre la 7e Assemblée des Nations unies pour l’Environnement (UNEA-7), à Nairobi, au Kenya.
Ces minerais critiques, essentiels pour les technologies bas carbone, se situent en très grande majorité dans les pays du Sud Global. La République démocratique du Congo détient près de 50 % des réserves mondiales de cobalt, le Chili, l’Argentine et la Bolivie représentent plus de 35 % des réserves de lithium. Le Chili détient également près de 30 % des réserves mondiales de cuivre tandis que les Philippines et l’Indonésie sont les premiers producteurs de nickel.
Doctorante en affaires internationales à HEC Montréal et chercheuse affiliée au CÉRIUM, mes travaux portent sur la résistance des communautés locales et autochtones face aux projets miniers liés aux minerais critiques. Le bilan des négociations multilatérales de ces derniers mois apparaît, à ce titre, particulièrement révélateur.
Un bilan mitigé de la COP30
En juin 2024, le secrétaire général des Nations unies a créé le Groupe d’experts sur les minéraux essentiels à la transition énergétique. Son mandat : réunir les gouvernements, l’industrie et la société civile afin de discuter « d’équité, de transparence, d’investissement, de durabilité et de droits humains ». En septembre 2024, ce groupe a présenté un ensemble de sept principes et cinq recommandations concrètes, discutés lors de la COP29 à Bakou, puis repris comme référence à Belém.
À la COP30, le Mécanisme d’Action de Belem (BAM), intégré au programme de travail sur la transition juste initié à la COP28, devait poursuivre cette avancée. Soutenu par de nombreuses organisations des sociétés civiles, il a été repris dès le début de la COP30 par le Groupe des 77 et la Chine. Les minerais critiques figuraient dans les premières versions du texte.
Plusieurs États, dont l’Union européenne, le Royaume-Uni, l’Australie et la Colombie, ont plaidé pour une gouvernance mondiale renforcée. La Colombie, aux côtés du Sultanat d’Oman, a même porté l’idée d’un traité mondial contraignant sur la traçabilité et la durabilité des minerais critiques.
Mais ces ambitions se sont heurtées à de fortes résistances et au veto russe et chinois. Les minerais critiques ont disparu de la version finale du programme sur la transition juste. À la place, la résolution non contraignante adoptée à l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement appelle simplement à renforcer le dialogue et la coopération internationale en matière de gouvernance minière et de valorisation des déchets miniers. La reconnaissance politique existe, mais elle reste enfermée dans des mécanismes volontaires, sans pouvoir contraignant.
En décembre, les Nations unies lancent à l’UNEA-7, un groupe de travail sur les minerais essentiels à la transition énergétique. Ce groupe a développé sept principes directeurs applicables à toutes les étapes de production et de transformation des minerais et de leur cycle de vie, comme l’équité, la justice, la protection de l’environnement.
Échec du multilatéralisme, vers une course aux accords bilatéraux ?
En janvier, les États-Unis se retirent de nombreuses instances internationales et cessent leur participation active aux négociations de l’UNEA.
Le 4 février, Washington encourage ses partenaires et les États riches en minerais à signer un accord-cadre sur la coopération en matière d’approvisionnement et de traitement des minerais critiques. Ce cadre non contraignant définit une politique coordonnée visant à accélérer les investissements, à réduire la dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement chinoises et à fournir une feuille de route pour le soutien financier et politique.
De leur côté, le 22 novembre, la Chine et l’Afrique du Sud ont lancé l’Initiative bilatérale de coopération pour soutenir la modernisation en Afrique, incluant les minerais critiques.
Le centre de gravité se déplace : de la gouvernance environnementale mondiale vers la sécurisation stratégique des chaînes d’approvisionnement en minerais critiques.
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Tentatives d’accords régionaux pour les pays producteurs
Les pays producteurs de minerais critiques cherchent également à se positionner. Le 13 février, les associations industrielles du nickel des Philippines et d’Indonésie ont annoncé la création d’un corridor indophilippin du nickel.
L’Indonésie, qui a interdit dès 2020 l’exportation de minerai brut pour développer sa transformation locale, est devenue un acteur intermédiaire clé du nickel de qualité batterie. L’annonce d’une coordination régionale pourrait sembler marquer un tournant.
Les cinq piliers évoqués concernent : la gouvernance, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), le capital humain, la cohérence réglementaire et la facilitation des investissements. Ils s’inscrivent dans le cadre des discussions de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est sur les minerais critiques pour la transition.
Mais aucun mécanisme contraignant n’a été annoncé : ni coordination des politiques d’exportation, ni stratégie commune de fixation des prix, ni fonds d’investissement partagé. Il s’agit davantage d’une plate-forme de dialogue que d’un levier de transformation structurelle.
Surtout, la contrainte majeure demeure implicite : l’expansion du raffinage indonésien a été largement financée, conçue et opérée par des entreprises chinoises. La transformation du nickel en Asie du Sud-Est reste profondément imbriquée dans des chaînes de valeur structurées par des capitaux et des technologies chinoises. Sans capacité de transformation autonome et sans contrôle fiscal coordonné, la promesse d’une souveraineté pour les Philippines reste fragile à bien des niveaux. Les Philippines font partie des pays signataires d’accord avec les États-Unis pour le développement de capacités industrielles de raffinage, mais pour le moment, le pays exporte la quasi-totalité du nickel brut, notamment vers la Chine.
Vers une fragmentation de la gouvernance des minerais critiques ?
On observe plutôt un système de règles dispersées, dans un contexte mondial de fortes tensions géopolitiques. Les grandes puissances privilégient la protection de l’accès aux minerais tandis que les pays producteurs oscillent entre industrialisation, recherche d’investissements et pressions géopolitiques.
Pendant ce temps, la crise écologique, la justice environnementale et la justice sociale semblent complètement occultées des récentes négociations. Cette nouvelle ruée minière a des conséquences importantes sur les droits humains, les droits des peuples autochtones et les écosystèmes. Il convient de demander : à qui profite réellement cette nouvelle ruée minière ?
Margaux Maurel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Source: The Conversation – in French – By Oumaima Omari Harake, Doctorante et Enseignante en Sciences de Gestion -Spécialité Outils de Gestion et Sant Publique-, Université de Poitiers
L’intelligence artificielle se développe au Maroc dans plusieurs établissements hospitaliers, comme outils d’aide au diagnostic, en télémédecine pour la prise en charge de populations rurales, etc. Les premiers résultats sont prometteurs. Mais ces technologies posent aussi nombre de questions d’ordre éthique, juridique et aussi de fiabilité. Par exemple, le fait que la plupart des systèmes d’IA en santé soient développés sur des données issues de populations occidentales pose question.
Le Maroc a franchi un cap symbolique en 2024 avec le lancement de sa stratégie nationale de développement de l’intelligence artificielle et la feuille de route « Maroc IA 2030 » qui a placé la santé parmi ses secteurs prioritaires.
Mais comment cette révolution technologique peut-elle s’adapter aux réalités du système de santé marocain, entre espoirs légitimes et défis considérables ?
Des applications concrètes qui transforment déjà la pratique médicale
L’intelligence artificielle commence à s’implanter dans plusieurs hôpitaux marocains, particulièrement dans les centres hospitaliers universitaires de Casablanca et Rabat. Les algorithmes d’aide au diagnostic médical montrent des résultats prometteurs, notamment en radiologie où ils détectent avec une précision comparable aux radiologues expérimentés certaines anomalies pulmonaires ou osseuses.
Prenons l’exemple concret d’une radiographie thoracique : là où un radiologue peut mettre plusieurs minutes à analyser l’image et rédiger son compte-rendu, un algorithme d’IA peut identifier en quelques secondes les zones suspectes, signalant par exemple une pneumonie ou une tumeur potentielle. Le médecin garde bien sûr le dernier mot, mais dispose d’une aide précieuse, particulièrement dans les services surchargés.
La télémédecine constitue un autre domaine d’application majeur. Dans un pays où les disparités géographiques d’accès aux soins restent importantes, les systèmes d’IA permettent de faire le lien entre patients des zones rurales et spécialistes urbains.
Imaginons une patiente diabétique vivant dans une région reculée de l’Atlas : grâce à une application mobile équipée d’IA, elle peut photographier ses analyses de sang, recevoir une première analyse automatisée et être mise en relation avec un endocrinologue si nécessaire, sans avoir à parcourir des centaines de kilomètres.
La gestion hospitalière bénéficie également de ces technologies. Les algorithmes prédictifs aident à anticiper les besoins en ressources, à optimiser la planification des blocs opératoires et à gérer les stocks de médicaments. Un système d’IA peut par exemple prédire les pics d’affluence aux urgences en fonction de multiples facteurs (épidémies saisonnières, accidents, conditions météorologiques) et permettre d’ajuster les effectifs en conséquence.
Des défis éthiques et juridiques à ne pas sous-estimer
L’enthousiasme technologique ne doit pas occulter des questions fondamentales. La protection des données de santé constitue le premier enjeu. Le Maroc dispose certes d’une loi sur la protection des données personnelles, mais son cadre juridique reste encore incomplet concernant spécifiquement les données de santé et leur utilisation par des algorithmes d’IA.
Concrètement, que se passe-t-il lorsqu’un hôpital collecte les dossiers médicaux de milliers de patients pour entraîner un algorithme ? Qui a accès à ces données ? Comment garantir leur anonymisation ? Peuvent-elles être transférées à l’étranger pour être traitées par des entreprises technologiques internationales ? Ces questions restent largement sans réponse.
L’équité d’accès représente un autre défi majeur. Si l’IA est déployée prioritairement dans les grands centres urbains, elle risque d’accentuer les inégalités territoriales existantes. Un cardiologue de Casablanca pourrait bénéficier d’un électrocardiogramme analysé instantanément par IA, tandis qu’un médecin généraliste isolé dans une commune rurale continuerait à travailler avec des moyens limités.
La question de la responsabilité médicale soulève également des interrogations inédites. Imaginons qu’un algorithme rate un diagnostic de cancer sur une mammographie et que la patiente ne soit diagnostiquée que des mois plus tard, à un stade avancé. Qui est responsable : le radiologue qui a validé l’analyse automatisée, l’établissement qui a adopté le système, ou la société qui l’a développé ? Le cadre juridique marocain actuel n’apporte pas de réponses claires.
Les biais algorithmiques, un risque invisible mais réel
Un problème plus subtil mais tout aussi crucial concerne les biais des algorithmes. La plupart des systèmes d’IA en santé sont développés sur des données issues de populations occidentales. Leur transposition directe au contexte marocain pose question : les particularités génétiques, épidémiologiques et socioculturelles de la population marocaine sont-elles suffisamment représentées ?
Un exemple parlant : un algorithme de diagnostic dermatologique entraîné principalement sur des peaux claires pourrait avoir des difficultés à détecter correctement un mélanome sur une peau plus foncée. De même, un outil d’évaluation du risque cardiovasculaire calibré sur des populations européennes pourrait sous-estimer ou surestimer les risques pour des patients marocains ayant un profil génétique et des habitudes alimentaires différents.
Pour que l’intégration de l’IA dans le système de santé marocain soit réellement bénéfique, plusieurs conditions doivent être réunies. D’abord, développer un cadre réglementaire spécifique combinant protection des données, certification des algorithmes médicaux et définition des responsabilités. L’Union européenne a récemment adopté une législation sur l’IA (l’AI Act) dont le Maroc pourrait s’inspirer.
Ensuite, investir massivement dans la formation des professionnels de santé. L’IA ne remplacera pas les médecins mais transformera leurs pratiques. Un jeune médecin marocain doit aujourd’hui apprendre non seulement la sémiologie clinique traditionnelle, mais aussi à interpréter les recommandations d’un algorithme, à identifier ses limites et à conserver son esprit critique.
La recherche locale en IA santé doit également être encouragée. Les universités marocaines doivent développer des algorithmes entraînés sur des données locales, reflétant les spécificités de la population et des pathologies prévalentes au Maroc.
Enfin, une approche inclusive s’impose. Le déploiement de l’IA en santé doit s’accompagner d’investissements dans les infrastructures de base : connectivité Internet dans les zones rurales, équipements médicaux numériques, formation du personnel… L’objectif étant que la technologie serve à réduire les inégalités plutôt qu’à les creuser.
L’intelligence artificielle offre au Maroc une opportunité historique de moderniser son système de santé et d’améliorer l’accès aux soins de millions de citoyens. Mais cette transformation ne réussira que si elle s’accompagne d’une réflexion éthique approfondie, d’un cadre juridique adapté et d’une volonté politique de garantir l’équité.
La technologie n’est qu’un outil : c’est la manière dont nous choisissons de l’utiliser qui déterminera si elle servira réellement l’intérêt général.
Oumaima Omari Harake ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Source: The Conversation – in French – By Julien Pomarède, Associate professor in International Politics, Promoter of the WEAPONS Project (FNRS – 2025-2028) (Université de Liège) – Research Fellow REPI ULB. Promoter « WEAPONS » Research Project (FNRS – 2025-2028), Université de Liège
La guerre moderne est marquée par une dérive où la violence est avant tout un fait procédural et auto-suffisant, détaché de ses finalités politiques ou de fondements éthiques. Depuis la Première Guerre mondiale jusqu’aux conflits actuels, cette logique se traduit par un fétichisme technologique de la destruction, où l’efficacité militaire est mesurée par l’intensité des frappes. Aujourd’hui, malgré des technologies plus « précises », cette dynamique persiste et s’accompagne d’un affaiblissement des normes morales et juridiques, produisant des guerres longues, dévastatrices et souvent stratégiquement inefficaces.
Chacun à sa manière, Hannah Arendt (1906-1975), Günther Anders (1902-1992) et Zygmunt Bauman (1925-2017) ont identifié un danger essentiel propre à la modernité : l’aliénation de la raison humaine par la raison technique. De l’Holocauste aux armes nucléaires, ils ont pointé du doigt ce même danger dans le domaine de la violence organisée : une mise en technique de la violence telle que son exécution ne suivrait plus que le culte de sa propre procéduralité, aux dépens du jugement humain et éthique.
Ce regard permet de cerner une pathologie qui structure et rend possible la conduite dite « stratégique » des guerres actuelles et modernes.
Pathologie de la pensée stratégique
La guerre menée contre l’Iran suscite une critique récurrente : l’incapacité de l’administration Trump comme du gouvernement Nétanyahou à définir un objectif politique au-delà de la démonstration de force.
Des objectifs sont publiquement articulés, certes : en bref, il s’agit d’empêcher l’Iran d’acquérir des capacités nucléaires. Mais, d’une part, ils sont vagues et fort incertains. Plus fondamentalement, l’horizon de la guerre semble ne pas sortir d’une accumulation de destructions massives, illustrée par le discours militariste du secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, qui érige la puissance de feu en vertu quasi sacrée, et, en dépit de la fragile trêve actuelle, par la menace du président de renvoyer l’Iran à « l’âge de pierre », l’extension des cibles vers les infrastructures civiles ayant d’ailleurs déjà débuté.
Toutefois, limiter cette dérive à quelques dirigeants serait une erreur. Les administrations Trump et Nétanyahou ont certes poussé cette exaltation de la force particulièrement loin, mais elle s’inscrit dans une histoire plus profonde : celle d’un fétichisme technique et pathologique de la violence qui structure la pensée stratégique moderne, cette manière instrumentale-rationnelle par laquelle les États conçoivent l’usage organisé de la force pour le transformer en résultats politiques. Car, même si ces présentes guerres et leurs motivations peuvent paraître dépourvues de logique sensée, elles n’auraient pas été rendues possibles sans l’existence d’une raison stratégique d’arrière-fond qui rationalise cette violence, en lui donnant sens et légitimité. Sans quoi, par exemple, les militaires ne seraient pas invités à donner des conférences de presse pour commenter les opérations aux côtés des responsables politiques.
À gros traits, ce fétichisme technique se manifeste à travers deux aspects.
D’une part, l’usage des armes répond moins à des stratégies cohérentes d’articulation des moyens et des fins de la guerre qu’à une logique d’optimisation technique ou d’empilement des destructions. Les élites politico-militaires donnent, certes, des objectifs à la guerre — heureusement, dirait-on. Mais ces buts sont largement soumis à une violence qui a pour logique sa propre exécution procédurale et où les succès se résument, par conséquent, à comptabiliser le nombre d’ennemis tués et d’infrastructures détruites. Le niveau de destruction, et de respect du droit international humanitaire, varie, de même que les décisions politiques et militaires peuvent être plus ou moins (dé)mesurées dans ce qu’elles cherchent à détruire ; mais la trame technocentrée demeure.
D’autre part, cette croyance attribue aux armes une capacité quasi magique à résoudre les conflits, ou du moins à en assurer une sortie, produisant un obsurantisme technique de la guerre. Ce phénomène nourrit des guerres prolongées où la vision et l’escalade de violence supplantent la perspective politique et stratégique.
Ce culte technocentré, c’est donc fondamentalement un culte de la férocité qui, sous des airs froids, rationnels et sophistiqués, érige la capacité et le volume de destruction en valeur intrinsèque. En bref, taper plus fort et plus vite que celui d’en face. Et cette férocité technocentrée produit des résultats souvent limités ou des échecs, à des coûts humains et matériels variables mais souvent considérables, et dont les conséquences peuvent s’étaler des années après le conflit.
Ce que l’on voit en Iran, en Ukraine ou à Gaza est la continuité d’une pathologie de la pensée stratégique qui s’avère donc moins stratégique que technocratique dans sa manière d’envisager la guerre. Il convient de penser ce phénomène sur le temps long, dans un moment où les digues éthiques et morales d’encadrement de cette férocité cèdent à grande vitesse.
Le fétichisme technique de la férocité au XXᵉ siècle…
La Première Guerre mondiale constitue une sorte de moment charnière où le gigantisme de la destruction devient une fin en soi. Deux conditions rendent possible cette évolution. D’un côté, l’industrialisation accélérée de la production d’armements depuis la fin du XIXe siècle ; de l’autre, la guerre de positions, qui encourage une escalade technologique destinée à débloquer le front, tout en renforçant paradoxalement son immobilisation.
Ainsi, les tranchées se transforment en laboratoire d’innovations dont l’objectif premier est de tuer, mutiler ou asphyxier les corps à des échelles encore jamais vécues. L’artillerie se diversifie : nouveaux calibres, nouvelles munitions, obus à fragmentation pensés pour maximiser les mutilations des corps, gaz destinés à brûler les chaires et étouffer les poumons. Et cette logique fut poussée loin. L’armée française procéda ainsi à des prélèvements de viscères de soldats intoxiqués pour mesurer les effets des agents chimiques et en optimiser la toxicité. À cette croissance technologique macabre s’ajoutent des débats minutieux sur les rendements létaux des tirs, les commandements militaires donnant instruction à leurs troupes de privilégier les zones de tir confinées pour améliorer l’absorption des gaz et accroître leur létalité.
On présente souvent la Seconde Guerre mondiale comme le retour de la mobilité et de la « vraie » stratégie, par contraste avec celle de 14-18. Mais la logique technocentrée reste intacte. L’ultima ratio de la guerre demeure la destruction de masse et son affinement technique, ce que Michael Sherry qualifia de « fanatisme technologique ». Les bombardements stratégiques, dont les recherches ont montré les résultats limités l’illustrent de manière éclatante. Les incendies de Hambourg (1943), Dresde (février 1945) et surtout Tokyo (1945) reposent sur une quête explicite d’annihilation par le feu.
L’armée américaine va jusqu’à reconstruire sur son site de test dans le désert de l’Utah (Dugway) des îlots urbains japonais et allemands afin d’étudier l’adhérence du gel napalm (substance incendiaire) et la vitesse de propagation des flammes parmi ces différentes structures d’habitation, l’objectif étant de déterminer scientifiquement quels types de bombes seraient les plus efficaces pour incinérer les villes. Une des conclusions qui ressortit de ces tests est que les villes japonaises étaient plus facilement inflammables, le bois et le papier étant largement utilisés dans les habitations. L’apocalypse incendiaire de Tokyo en fut le résultat. Les bombardements atomiques des 6 et 9 août 1945 parachevèrent ce fanatisme technologique.
Les conflits de la guerre froide prolongent ce culte technocentré de la férocité. Dès 1950, la guerre de Corée ouvre la voie. Les États-Unis recourent à un bombardement incendiaire débridé pour contenir la poussée sino-coréenne, utilisant encore plus de napalm que contre le Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Des villes nord-coréennes sont quasi entièrement rasées. Des officiers reconnaissent qu’il n’y avait même plus de cibles militairement valables bien avant la fin du conflit, tellement que les bombardements furent intenses, ce qui n’empêcha pas l’US Air Force de continuer à bombarder. Le récit documenté que fait Robert Neer de ces atrocités dans Napalm soulève le cœur. Et ce n’est même pas une victoire qui résulta de cet acharnement.
En Indochine, l’armée française s’appuie sur l’artillerie, le napalm (d’abord obtenu via un appui américain) et les bombardements pour compenser l’impasse face au Viet Minh. Dans l’artillerie, les rapports soulignent systématiquement que la référence reste « la brutalité » de la Grande Guerre. Villages, rizières, stocks de nourriture et bétail sont pilonnés, bombardés et incendiés, dans l’espoir illusoire que le surplus de destruction puisse compenser.
Après Diên Biên Phu, les États-Unis prennent le relais au Vietnam et poussent cette fuite en avant jusqu’à l’absurde, qui tourne là aussi au massacre de masse. Comme l’a minutieusement documenté Nick Turse, le Vietnam fut une litanie d’atrocités appuyée par une croyance inaltérable en la validité stratégique de déploiements de moyens de destruction à peine imaginables et leur analyse statistique.
… et au XXIᵉ siècle
Après la guerre froide, les armées occidentales entrent dans une ère de retenue plus grande dans l’usage de la force, avec un accent mis sur le respect du droit international humanitaire. Les conflits des années 1990-2000 ne présentent plus les traits des destructions massives du XXe siècle. Pour autant, le technocentrisme de la violence persiste, rhabillé par le langage de la précision et le développement de nouvelles technologies (guidage laser, bombes « intelligentes », algorithmisation du ciblage). Même si le niveau physique de dégâts est effectivement moindre, les résultats n’en seront pas meilleurs.
La « guerre contre la terreur » des années 2000-2010 en est l’illustration. En Afghanistan comme en Irak, l’impasse donne lieu à la même réponse : augmenter les moyens d’une guerre high tech. Entre 2009 et 2012, le « surge » en Afghanistan multiplie les opérations, le niveau de violence augmente, de même que les pertes civiles. Des épisodes particulièrement brutaux demeurent, comme des villages rasés à coups d’obus d’artillerie. Pourtant, l’équation politico-stratégique ne se modifie pas. Malgré les dépenses militaires très élevées, ces contre-insurrections débouchèrent sur des guerres civiles et constituèrent des échecs cuisants.
Le recours aux assassinats ciblés à l’échelle globale via les drones, censé réduire la guerre à une série d’opérations ponctuelles, produit une conflictualité à durée indéterminée. Comme s’attelle à le documenter le Cost of War Project, la « guerre contre la terreur » a eu des conséquences néfastes et très larges, allant des pertes humaines aux atteintes aux libertés individuelles, en passant par le déplacement des populations jusqu’à l’érosion du droit international (conception extensive de la légitime défense, tortures, détentions extra-judiciaires) qui s’accélère aujourd’hui.
En Libye, pour éviter de s’enliser comme en Irak ou en Afghanistan, l’Otan choisit en 2011 une campagne aérienne de quelques mois, légalement présentée comme limitée à la protection des civils réprimés par Kadhafi, conformément au mandat du Conseil de sécurité (résolution 1973). Officiellement, il ne s’agit pas d’une opération visant le changement de régime, même si, là aussi, la question se pose de l’outrepassement du mandat de l’ONU par l’Otan vers un changement de régime de facto. Cette stratégie de service minimum fut à nouveau louée sur la base d’un technocentrisme, celui de la supériorité de la guerre aérienne, les officiers de l’Otan défilant en conférence de presse pour dénombrer, images à l’appui, les dégâts causés par les bombardements aux capacités militaires du régime de Tripoli.
Ce culte technocentré irrigue les conflits actuels. La différence, et non des moindres, étant un affaissement généralisé du respect du droit international et le retour à une férocité qui, un temps contenue, au moins dans les armées de l’Otan, semble retrouver ses affres du XXe siècle. En Ukraine, les deux camps se sont enfoncés dans une guerre d’artillerie et de drones où la mesure du conflit se résume au nombre de missiles tirés, de soldats tués, de drones abattus et d’infrastructures détruites. Du côté russe, l’acharnement dans la férocité inclut le bombardement et le pilonnage des civils.
En réponse aux effroyables attaques du Hamas du 7 octobre 2023, l’extrême intensité des bombardements israéliens à Gaza et l’usage croissant de systèmes d’IA, qui déshumanise encore plus la violence en automatisant la sélection de cibles et en accélérant les frappes, montrent que l’optimisation technologique de la férocité prime sur toute considération humaine ou politique. La fin, c’est la désolation, l’anéantissement généralisé de la vie, aussi bien la destruction physique des populations palestiniennes que des conditions mêmes de la vie à Gaza.
Dans la guerre en Iran, la trajectoire de la violence reste encore à définir. Il faut voir où mènera la fragile trêve actuelle. Mais, au fond, la férocité compense l’impasse et l’absence de vision. L’extension progressive de l’éventail des cibles vers les infrastructures civiles, l’obsession des instances politico-militaires américaines à rendre compte des « progrès » de la guerre à travers le dénombrement quantitatif des destructions, la récente décision du blocus du détroit d’Ormuz, sont la continuité d’une dynamique où la force n’apparaît pas comme autre chose que comme une dynamique qui se nourrit de sa propre logique.
Obscurantisme technique
De la Grande Guerre à l’Iran, en passant par l’Ukraine et Gaza, le fétichisme technique de la violence charrie une conviction institutionnalisée selon laquelle l’acharnement dans la férocité, le fait de frapper plus fort, plus vite, et avec plus de moyens, peut finir par payer. Et ce culte persiste, malgré ses échecs répétés, comme si l’accumulation des désastres ne suffisait jamais à l’invalider. Tout cela sans même parler des conséquences environnementales catastrophiques de cet obscurantisme technique de la guerre, qu’il contribue par ailleurs à invisibiliser.
Ce constat invite à une révision en profondeur de cet obscurantisme technique à partir duquel la force militaire est pensée. Et il y a urgence, dans un monde qui se remilitarise, où la puissance militaire est célébrée comme garante de stabilité (y compris par les Européens) et où les barrières morales tombent à grande vitesse, laissant présager un avenir où la dévastation du vivant ne fera que s’étendre.
Julien Pomarède a reçu des financements de l’ULiiège et de la Fondation nationale pour la recherche scientifique (FNRS) (projet WEAPONS – 2025-2029).
L’ultimatum lancé par Donald Trump à l’Iran, suivi d’un recul rapide, a donné lieu à de multiples moqueries. En effet, ce n’est pas la première fois, loin de là, que le président des États-Unis émet des menaces avant de se rétracter au dernier moment. Cette pratique peut relever d’un calcul de négociation fondé sur l’intimidation, mais elle peut aussi être lue comme le signe d’une incohérence devenue consubstantielle au trumpisme. À terme, la répétition de tels épisodes fragilise la crédibilité politique en affaiblissant la portée des déclarations présidentielles.
Mardi 7 avril 2026, le monde entier avait les yeux rivés sur Donald Trump. Dans une séquence de tension maximale, le président des États-Unis avait lancé un ultimatum au gouvernement iranien, affirmant être prêt à « détruire une civilisation entière » si ses exigences n’étaient pas satisfaites. Cette déclaration, d’une violence extrême, s’inscrivait dans une logique d’escalade verbale caractéristique de ses prises de parole en contexte de crise. Pourtant, une heure avant la fin de son ultimatum, il annonçait qu’il allait examiner les dix conditions posées par l’Iran et entérinait un cessez-le-feu de quinze jours.
Si cette désescalade ne peut qu’être saluée au regard des risques encourus, elle a immédiatement suscité une lecture critique désormais synthétisée par un acronyme, TACO, pour « Trump Always Chickens Out », que l’on peut traduire en français par « Trump se dégonfle toujours ».
Une pratique récurrente
Ce concept de « TACO » ne relève pas seulement de la formule médiatique. Il tend à conceptualiser une dynamique récurrente dans la pratique politique de Donald Trump : une initiale montée aux extrêmes, suivie d’un recul stratégique.
L’expression « se dégonfler » renvoie ici à l’idée d’un abandon de la menace initiale, non pas nécessairement par faiblesse, mais dans le cadre d’une séquence de négociation où l’excès verbal constitue un levier. Cette logique s’apparente à une stratégie de maximalisation rhétorique : poser des exigences intenables ou proférer des menaces disproportionnées afin de créer un rapport de force, puis accepter un compromis qui apparaît, par contraste, comme une concession mesurée.
Toutefois, réduire cette pratique à une simple tactique de négociation serait insuffisant. La répétition de ce schéma dans le temps suggère qu’il s’agit d’un habitus politique, au sens d’une disposition durable à agir et à parler selon des modalités constantes. Depuis ses premières campagnes jusqu’à ses prises de position les plus récentes, Trump a systématiquement privilégié une rhétorique de l’excès : insultes, menaces, annonces spectaculaires. Mais cette radicalité discursive ne se traduit pas toujours en actes. Donald Trump a récemment réactivé l’idée d’un contrôle stratégique du Groenland, en insistant sur son importance militaire et énergétique face à la Russie et à la Chine. Il a durci le ton en évoquant la nécessité pour les États-Unis de sécuriser l’île, laissant planer une logique de contrainte plutôt que de simple négociation. Toutefois, aucune initiative diplomatique ou militaire concrète n’a été engagée après ces déclarations.
Le non-passage à l’acte devient, dès lors, un élément structurant de son mode de gouvernement.
Ce décalage entre parole et action appelle plusieurs interprétations. Il peut d’abord être compris comme une rationalité stratégique fondée sur une logique d’intimidation maximale. En énonçant des menaces extrêmes, Trump cherche à remodeler les anticipations de son adversaire en l’obligeant à intégrer un scénario de destruction totale. Cette projection du pire agit comme un levier psychologique puissant. Elle modifie le cadre de la négociation en rendant toute concession ultérieure acceptable, voire rationnelle, du point de vue de l’adversaire. Dans cette optique, la menace n’est pas destinée à être exécutée, mais à produire un effet en amont de l’action. Le recul final ne constitue donc pas un renoncement, mais l’aboutissement d’un processus où la parole remplace l’acte.
Cependant, une telle lecture, que l’on qualifiera de stratégique, se heurte à une seconde interprétation, plus critique, qui met en évidence les limites structurelles de cette pratique. Le décalage répété entre parole et action peut révéler une incapacité à assumer les conséquences concrètes des déclarations initiales. La radicalité du discours engage le président dans une logique dont il ne maîtrise pas nécessairement les implications, notamment face aux contraintes militaires, diplomatiques et institutionnelles. Le passage de la posture à la décision constitue alors un moment de tension, où les coûts potentiels de l’action apparaissent de manière plus tangible. Ce moment produit un réajustement, perçu extérieurement comme un recul, mais qui traduit en réalité une difficulté à transformer la parole en action.
Une crédibilité affaiblie
Ce phénomène met également en lumière une dissociation croissante entre communication et décision. La parole présidentielle tend à fonctionner de manière autonome, comme un instrument de mise en scène du pouvoir, indépendamment de sa traduction opérationnelle. Cette autonomie produit une inflation verbale caractérisée par la répétition de menaces extrêmes, sans articulation systématique avec une stratégie d’action cohérente. L’espace public se trouve ainsi saturé par des annonces spectaculaires qui ne débouchent pas sur les mesures correspondantes.
Dans les deux cas, qu’il s’agisse d’une stratégie maîtrisée ou d’une contrainte subie, le résultat observable demeure identique. La parole politique perd progressivement sa capacité à produire des effets. À force de ne pas être suivie d’actes, elle s’expose à un phénomène d’usure qui affaiblit sa crédibilité. Les adversaires peuvent intégrer ce décalage dans leurs anticipations et ajuster leur comportement en conséquence, réduisant l’efficacité même de la menace. Le discours, initialement conçu comme un instrument de puissance, tend alors à se retourner contre son émetteur en contribuant à fragiliser sa position dans le jeu stratégique international.
Cette dynamique pose inévitablement la question de la crédibilité du discours politique. Qui peut encore croire à des annonces systématiquement démenties par les faits ? La crédibilité, en politique internationale comme en politique intérieure, repose en grande partie sur la prévisibilité et la cohérence entre parole et action. Or, la répétition du schéma « menace puis retrait » affaiblit la portée des déclarations présidentielles. À force d’annoncer des ruptures majeures sans les concrétiser, le discours perd sa capacité à produire des effets.
Cette problématique peut être éclairée par la notion de performativité. Un discours performatif est un énoncé qui produit l’action qu’il énonce : dire, c’est faire. Dans le cas de Trump, le discours se veut explicitement performatif : annoncer une sanction, une attaque ou une rupture doit en principe suffire à modifier le comportement de l’adversaire. Cependant, en l’absence de mise en œuvre effective, ce discours devient paradoxalement anti-performatif. L’écart entre l’énoncé et l’action annule l’effet attendu et peut même produire l’effet inverse : décrédibiliser la parole présidentielle.
Calcul élaboré ou incohérence ?
Enfin, il convient de s’interroger sur la nature de cette stratégie de communication. Est-elle pleinement intentionnelle ou résulte-t-elle des contradictions internes du président américain ? D’un côté, on peut y voir une méthode maîtrisée, fondée sur la théâtralisation du conflit et la recherche d’un avantage maximal dans la négociation. De l’autre, cette oscillation permanente entre radicalité et retrait peut traduire une difficulté à stabiliser une ligne politique cohérente, notamment sous la pression des contraintes institutionnelles, diplomatiques et militaires.
À l’approche des élections de mi-mandat de novembre 2026, la question de la stratégie TACO se pose avec acuité. Faut-il y voir une méthode délibérée ou le symptôme de contradictions internes ? D’un côté, cette stratégie peut être interprétée comme un outil de gestion de crise fondé sur une montée aux extrêmes, destinée à maximiser les concessions adverses avant un compromis. Elle permettrait d’éviter une escalade militaire tout en donnant l’image d’une fermeté initiale. De l’autre, elle peut traduire une difficulté à maintenir une ligne politique cohérente sous l’effet de contraintes institutionnelles et diplomatiques. Ces deux dimensions contribuent à produire une dynamique instable. À court terme, cette approche peut apparaître efficace en évitant des conflits ouverts. À moyen terme, elle risque d’affaiblir la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale.
Dans ce contexte, la séquence iranienne d’avril 2026 pourrait constituer un test politique majeur, révélant si cette stratégie renforce ou fragilise durablement le leadership présidentiel.
Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
