Source: The Conversation – (in Spanish) – By Daniel Tornero Prieto, Profesor de Biología Celular y Director del Laboratorio de Células Madre Neurales y Daño Cerebral, Universitat de Barcelona
Cada año, millones de personas ven cómo su vida cambia en cuestión de minutos. Un vaso sanguíneo que viaja hacia el cerebro se obstruye, las neuronas empiezan a morir y el tiempo corre. Es un ictus, una de las principales causas de discapacidad en adultos. Se calcula que una de cada seis personas lo sufrirá a lo largo de su vida.
El cerebro humano es, con diferencia, el órgano más complejo de nuestro cuerpo. Su arquitectura celular y su organización en redes neuronales permiten funciones tan sofisticadas como el lenguaje, la memoria o la toma de decisiones abstractas. Pero esa misma complejidad tiene un coste: el tejido cerebral posee una capacidad de regeneración muy limitada. A diferencia de la piel o el hígado, las neuronas que mueren rara vez se reemplazan.
Por eso, las lesiones cerebrales están en el origen de muchas patologías asociadas al envejecimiento, y una de las más graves y frecuentes es el ictus isquémico, causado por la interrupción del riego sanguíneo en una zona del cerebro. Aunque los avances en los tratamientos de urgencia han mejorado las tasas de supervivencia, no existe actualmente una terapia capaz de reparar el daño neuronal derivado de un ictus.
Incidencia internacional del ictus y su cobertura sanitaria. Cada gráfico representa una «planta», donde los pétalos muestran la incidencia del ictus por cada 100 000 personas, y las raíces, el ‘estrés’ del sistema sanitario de cada país (medido en el número de personas que depende de cada unidad ictus). Datos obtenidos del World Data Bank (2023), la Stroke Association for Europe (2017) y The Stroke Foundation (2024). Elaborado por: Santiago Ramos.
La rehabilitación ayuda a recuperar parte de la función, pero en numerosos casos los pacientes conviven con limitaciones motoras y cognitivas permanentes. Además, tras un ictus aumenta el riesgo de sufrir depresión, demencia y otras enfermedades neurodegenerativas. Pero esto podría cambiar pronto gracias al desarrollo de las terapias basadas en células madre.
Un nuevo horizonte terapéutico
Durante las últimas décadas, las terapias celulares están abriendo la puerta a una nueva generación de tratamientos en medicina regenerativa. Estas terapias buscan reemplazar o reparar tejidos dañados introduciendo células nuevas capaces de sobrevivir, madurar y terminar llevando a cabo las funciones que se han perdido.
Como ya se ha comentado, esto es especialmente importante en las patologías que afectan al cerebro. A pesar de su alto potencial, su desarrollo es lento porque debe ajustarse a la legislación vigente en cada territorio y depende de grandes inversiones económicas.
Un precedente crucial tuvo lugar a finales de los años 80 en el Hospital Universitario de Lund, en Suecia. El equipo encabezado por Anders Björklund y Olle Lindvall logró trasplantar células madre neurales en el cerebro de pacientes con la enfermedad de Parkinson. Esta dolencia neurodegenerativa se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas, fundamentales para el control del movimiento corporal.
Los resultados fueron extraordinarios: al sustituir las neuronas dañadas, muchos pacientes recuperaron la función motora durante más de una década. Estos experimentos supusieron la primera demostración sólida de que el cerebro humano puede ser reparado utilizando células vivas.
El equipo de Anders Björklund y Olle Lindvall se dispone a trasplantar células fetales en uno de los pacientes de Parkinson que participaron en el primer estudio. Esta intervención pionera marcó un antes y un después en el uso de terapias celulares aplicadas en neurología. Olle Lindvall.
Desde entonces, la investigación ha avanzado, las técnicas se han refinado y la regulación europea ha establecido marcos estrictos para garantizar la seguridad y la calidad de estos tratamientos, ahora englobados bajo la categoría de medicamentos de terapia avanzada (ATMP por sus siglas en inglés). Actualmente, se están llevando a cabo alrededor del mundo diferentes ensayos clínicos que continúan en la línea de los trabajos de Björklund y Lindvall y que llenan de esperanza a los pacientes de Parkinson y muchas otras enfermedades que afectan a nuestro cerebro.
El reto del ictus
Aunque esta historia inspiró numerosos estudios, el ictus cerebral representa un desafío distinto al de la enfermedad de Parkinson. La lesión isquémica suele ser más extensa y heterogénea: no afecta únicamente a un tipo celular, sino a múltiples poblaciones de neuronas, células gliales y también a los vasos sanguíneos.
Además, tras un trasplante no basta con que las células sobrevivan en el cerebro del paciente. Estas deben integrarse funcionalmente, es decir, enviar sus axones (las prolongaciones que transmiten los impulsos nerviosos) y establecer sinapsis o conexiones adecuadas con las neuronas supervivientes, entrando a formar parte de los circuitos cerebrales.
Es como intentar reconstruir no solo la estructura de un puente, sino también su tráfico: las conexiones deben establecerse de la manera correcta para que la información fluya. Por tanto, además de añadir células nuevas, el desafío del ictus consiste en reconectar el cerebro.
La ingeniería genética como punto de inflexión
Aquí es donde entra en juego la ingeniería genética, una de las tecnologías más transformadoras de la biología moderna. Esta disciplina permite modificar las células para hacerlas más eficaces, más resistentes o más capaces de integrarse en el tejido dañado.
En nuestro caso, hemos incorporado a las células trasplantadas el gen que codifica para la proteína BDNF (del inglés Brain-Derived Neurotrophic Factor), un factor neurotrófico que participa en el desarrollo del cerebro y que favorece el crecimiento de los axones y la formación de sinapsis. Con ello, buscamos facilitar la integración funcional de las nuevas neuronas en el cerebro lesionado, un paso clave para que el trasplante no solo rellene un hueco, sino que restaure la comunicación neuronal.
Imagen de cultivos neuronales derivados de células madre creciendo en un dispositivo microfluídico con dos compartimentos conectados por microcanales (400 μm). La sobreexpresión de BDNF en el compartimento inferior favorece el crecimiento y proyección de axones desde el compartimento opuesto, mostrando el papel de este factor en la integración y conectividad neuronal. Adaptado de IJMS.
Un debate necesario
Sin embargo, esta capacidad de manipulación genética también plantea dilemas éticos, especialmente en torno a los límites de su aplicación y sus posibles efectos a largo plazo. Por ejemplo, los primeros trasplantes en pacientes de Parkinson, anteriormente citados, se realizaron con células procedentes de tejido fetal.
Así, se evitan gran parte de los conflictos éticos relacionados con el uso de embriones y se disminuye el riesgo de rechazo inmunológico. Por tanto, la pregunta ya no es si podemos modificar células para reparar el cerebro, sino con qué criterios, bajo qué regulación y con qué responsabilidad.
La historia de la medicina está hecha de pequeñas victorias frente a lo imposible. Hace apenas unas décadas, la idea de curar un cerebro dañado parecía un sueño inalcanzable. Hoy, gracias a la combinación de biología, ingeniería genética y medicina regenerativa, ese sueño comienza a tomar forma en los laboratorios. Aún quedan muchos retos por resolver, pero cada nuevo avance nos recuerda algo esencial: el cerebro no solo puede aprender, sino que también se puede reparar.
Daniel Tornero Prieto recibe fondos para financiar su investigación por parte de instituciones públicas como el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Unión Europea. También pertenece a la red europea ALBA que trabaja por la diversidad y la equidad en la investigación cientifica sobre el cerebro.
Santiago Ramos Bartolomé es miembro de la Asociación Universitaria de Biología Sintética de Cataluña.
Alba Ortega Gascó no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Para Flora Tristán (París, 1803-Burdeos, 1844) la transformación debía ser integral y la comunicación con las masas asalariadas era tan importante como la difusión literaria de su modelo. Por ello no se limitó a escribir para quien pudiera pagar un libro y leerlo, sino que buscó sensibilizar directamente a las clases trabajadoras.
Su propuesta novedosa conllevaba un vínculo inseparable de la cuestión obrera con la cuestión femenina: no habría liberación proletaria sin liberación de las mujeres.
La emancipación era, pues, la condición necesaria para la justicia universal. Flora Tristán se adelantó así a debates que muchos años después ocuparían un lugar central en discursos feministas.
A pesar de nacer en un ambiente aristócrata, la escritora, pensadora socialista y feminista franco-peruana, considerada una de las pioneras del feminismo moderno y una precursora del movimiento obrero internacional, no se formó con institutrices. A los cuatro años, la desgracia aterrizó en su familia al morir el padre, Mariano Tristán y Moscoso, sin haber arreglado jurídicamente el matrimonio con su madre, Thérèse Laisnay. El derecho francés no consideraba legítimo un matrimonio solo religioso.
La joven viuda, esperando otro hijo y desprovista de patrimonio, marchó con Flora durante varios años al campo, y la pequeña familia acusó un importante descenso en su estatus social.
Su vida como una proscrita
Nuevamente en París, siendo una obrera adolescente, Flora Tristán se casó con su joven jefe, André Chazal, en 1821. Cuatro años más tarde, tras muchas desavenencias conyugales y esperando su tercer bebé, huyó de casa abandonando a su marido.
El divorcio no existía. La separación de los Chazal no era legal. Durante varios años, Flora vivió como una proscrita en Francia e Inglaterra. En 1833 cruzó el océano para reclamar su herencia en Perú ante los Tristán. En un principio, la familia la acogió bien y su tío le asignó algunas rentas, pero no le reconoció derecho a heredar.
Volvió a Europa dos años después, uniendo la experiencia personal adquirida con un gran trabajo de campo. Había desarrollado una metodología pionera para describir y denunciar las injusticias de raza, clase y género: viajar, dialogar, recoger datos utilizando el modelo de encuesta y construir modelos y propuestas.
Así, Flora Tristán, autodidacta, hizo verdadera ciencia social a partir de la observación de la realidad, desarrollando trabajos innovadores que fusionaron reflexión teórica y experiencia práctica.
En obras como Peregrinaciones de una paria (1838) o Paseos en Londres (1840) denunció la miseria y falta de instrucción en las clases trabajadoras, la miseria infantil, la prostitución y la discriminación femenina. Señaló las desigualdades estructurales de la sociedad capitalista como raíz de los problemas.
Frente a la situación existente, propuso su modelo de organización social, cuyo elemento central era un proletariado consolidado en la Unión Obrera. Este proletariado contaría con formación y protección social. No solo tenía que configurarse como fuerza productiva, sino que también debía transformar la historia.
Militante de un socialismo en ciernes
A partir de 1835 comenzó a gozar de éxito literario y fue respetada por círculos intelectuales. Precisamente con la Unión Obrera eligió ser militante de un socialismo naciente con estilo propio, ejerciendo cómo apóstol de sus ideas, modelos y teorías.
Comenzó así su Tour de France, un incansable ejercicio de comunicación de masas. Esta forma de vida era inusual en una mujer de su época. Pero Flora Tristán fusionó su talento intelectual con una misión redentora en la que creyó firmemente.
Su visión se caracterizó también por el rechazo a la violencia revolucionaria como único camino. Reconocía el antagonismo entre trabajo y capital, pero sus estrategias reformistas sociales se basaban en la fraternidad. Su fin era alcanzar la justicia y el amor universal.
Su vocación de mujer mesías le dio fuerza para liderar y comunicarse con miles de obreros y obreras en sus giras por Francia. Tenía la salud delicada, con un posible proceso tumoral, y tantos viajes la llevaron a exponerse al desgaste físico y al agotamiento.
Finalmente, los esfuerzos y un posible tifus aceleraron su muerte prematura en 1844, cuatro años antes de publicarse El manifiesto comunista.
Una vez fallecida, su voz no se incorporó al socialismo de Karl Marx y Friedrich Engels, señalado por este último como científico, que otorgaba prioridad casi exclusiva a la lucha de clases. Engels etiquetó las versiones anteriores como utópicas.
Sin embargo, basta recorrer las biografías de Robert Owen, Charles Fourier, los sansimonianos y la propia Tristán, para comprobar que “utopía” no es una calificación que describa lo que sus pensamientos y acciones significaron.
A finales de 1843, el filósofo alemán Arnolk Rüge aconsejó en París al joven Marx que fuera a conocer a Flora Tristán, pero este no lo hizo. Engels sí que dejó constancia de conocer su obra, pero el tono fue indiferente.
Siempre quedó en segundo plano
Tristán quedó en un segundo plano en la historia oficial del socialismo, a pesar de haber anticipado muchos de los debates que más tarde cobrarían importancia.
Más de un siglo después, la puesta en valor –importante y necesaria– del componente feminista de su discurso se apoderó de todos los demás elementos.
En la actualidad, resulta imprescindible reconocer plenamente a Flora Tristán, la pequeña aristócrata empobrecida que no pudo tener institutrices pero acabó aprendiendo de Owen y Fourier.
Y hay que reconocerla como una socialista del Romanticismo, como una pionera en las ciencias sociales, comunicadora de extraordinario talento y creadora de un modelo alternativo de sociedad, producción y trabajo: la Unión Obrera.
Cabe preguntarse qué habría ocurrido si hubiera vivido más. Sin duda jamás habría aceptado que su modelo de socialismo fuese calificado como “utópico”.
De haber llegado a 1864, con toda seguridad habría participado en la Primera Internacional y, por qué no, pese a ser mujer, su presencia arrolladora habría influido de algún modo en el rumbo del socialismo.
María Begoña Pérez Calle no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
José Capilla, rector de la UPV.Vicente Lara-ACOM UPV
La inteligencia artificial generativa llegó al mundo académico con grandes promesas de transformación (personalización de itinerarios de aprendizaje, retroalimentación en tiempo real, tutores virtuales) pero hoy, tres años después de su aparición, todavía no está claro si su impacto está siendo positivo. Lo que sabemos hasta la fecha es que su gran potencial solamente puede desarrollarse con un conocimiento profundo de su funcionamiento y que su aplicación depende casi exclusivamente de la ética personal de cada usuario.
Hablamos con José Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València y presidente de la Sectorial de Digitalización de la Crue (Conferencia de rectores y rectoras de la universidad española), de esta herramienta tecnológica tan disruptiva en el mundo universitario, de la posibilidad de imponer ciertas normas comunes y de regular su uso, y de cómo pueden las instituciones de educación superior aprovechar la oportunidad y responder al desafío.
¿Qué está suponiendo la inteligencia artificial para el funcionamiento de las universidades?
Parece que la inteligencia artificial lleva diez años con nosotros, porque nos hemos acostumbrado muy rápido, pero en realidad Open AI salió hace menos de tres años. Sin embargo, ha irrumpido en la vida académica de una manera espectacular. Uno de los grandes retos que tenemos es actualizar tanto las estructuras como el personal de la universidad para entenderlas y conocerlas también nosotros, porque los estudiantes ya las están usando, y no necesariamente bien. Y eso plantea ciertos peligros.
Su postura hacia la IA es positiva, la considera una “aliada estratégica”.
No soy partidario de limitar el uso ni de prohibir. Creo que lo que hay que hacer es instruir y buscar la manera de utilizarla lo mejor posible. Todas las nuevas tecnologías, cuando llegan, necesitan de un periodo de análisis. Tenemos que entender cómo nos va a transformar y cómo podemos aprovecharla. Y estamos reflexionando sobre cómo cambiar las metodologías de enseñanza y aprendizaje y de evaluación, porque no pueden seguir siendo las mismas. Quizás podamos evaluar y enseñar centrándonos más en competencias blandas. Y al mismo tiempo, dedicarnos a conocer a fondo esas herramientas de IA que evolucionan a una velocidad impresionante. Hay que incorporar estas tecnologías, aprender a usarlas, aprender qué sesgos pueden tener y, desde luego, incidir mucho en los aspectos éticos sobre su uso.
El gran peligro es la brecha que se puede crear. Antes se hablaba de brecha digital, ahora yo creo que podemos hablar de brecha de IA.
No se trataría tanto de incluir nuevas asignaturas de inteligencia artificial, sino de introducir competencias en IA dentro de las materias de manera transversal. Probablemente sí que puedan ser útiles algún tipo de microcredenciales, con instrucciones de corta duración, orientadas a todo tipo de disciplinas. Pero la revisión de los métodos de enseñanza tiene que ser transversal.
¿Es algo fácil de llevar a cabo?
Esta tecnología evoluciona mucho más deprisa que la capacidad que tenemos de modificar nuestros planes de estudios. Ese es otro gran reto: la rigidez de las normas universitarias, el marco legal, para poder actualizar los contenidos de los planes de estudios o los propios planes. A lo mejor hay algunos que tienen que desaparecer y crearse otros nuevos.
¿Existe un desfase entre lo que ofrecen los planes de estudio de las universidades y lo que necesita la sociedad?
A veces va la universidad por delante y es la propia industria la que tiene que recurrir a los grandes especialistas que están moviendo la frontera del conocimiento. Pero hay desfases, claro. Seguimos con un sistema para aprobar planes de estudios que desde que se hace una propuesta para un grado hasta que se pone en marcha y salen los primeros titulados pueden haber pasado 7 años. Y hay campos donde en siete años todo cambia radicalmente. En el ámbito de las tecnologías, necesitamos más agilidad.
Creo que la regulación es excesiva. Establecida con muy buena intención para controlar la calidad, sin duda, pero no tenemos más que compararnos con lo que pasa en el mundo anglosajón, ver la agilidad que tienen sus universidades porque no se les han impuesto estos corsés. Desde luego tiene que haber entidades independientes que puedan evaluar la calidad y hay que ser transparentes. Pero aquí hemos querido poner unas reglas que garanticen que todos lo hacemos muy bien y al final no está muy claro que lo estemos garantizando, y sin embargo, añadimos trabas para progresar.
¿Cómo lo estamos supliendo las universidades? En la UPV, y sé que otras universidades lo hacen, con los títulos propios y la formación permanente. Ahí podemos dar respuesta a lo que determinadas industrias y sectores necesitan y rompemos el desfase. Por nuestra universidad, por ejemplo, pasan cada año 35 000 estudiantes en formación continua, que son distintos de los de enseñanzas regladas. Esto fomenta y enriquece la relación entre universidad y empresa.
De todas maneras, hay que tener cuidado con un utilitarismo excesivo de la formación superior: también hay que dar formación básica que no está orientada a la empleabilidad. La empleabilidad es fundamental, pero no toda la formación tiene que estar ahí. Y lo mismo pasa con la investigación: debe haber investigación básica en paralelo a la investigación aplicada. Se trata de encontrar un equilibrio. En España a nivel de investigación realmente con respecto al tamaño que tenemos somos una potencia, por la cantidad de publicaciones científicas y de calidad que aportamos. Pero si miramos la parte de patentes, ahí ya cojeamos. Eso lo tenemos que trabajar.
¿Cuáles son ahora mismo las grandes preocupaciones en la universidad española en relación con las nuevas tecnologías?
Estamos viviendo un momento crucial en cuanto a la digitalización de las universidades. La digitalización no es algo nuevo, empezó hace muchos años y las universidades estuvimos ahí desde el primer momento, lo cual no quiere decir que estemos siempre a la cabeza, porque esto es una carrera acelerada. Curiosamente, las universidades que empezaron a digitalizarse antes se encuentran con que ahora pueden estar por detrás de algunas que han empezado después pero se han incorporado con una tecnología más madura. Claramente, es preciso planificar e invertir.
En el tema de la administración electrónica y la contabilidad analítica, en Crue estamos haciendo un diagnóstico de cómo lo están poniendo en marcha las universidades, y antes del verano ya más de la mitad tenían estrategias elaboradas, seguramente ahora sean casi las dos terceras partes. Somos un grupo muy heterogéneo: universidades de distinto tamaño, distintas especializaciones, públicas y privadas.
Las universidades somos estructuras muy complejas, con muchísimos servicios comunes, transversales, y una contabilidad analítica permite mayor transparencia y rendición de cuentas. También hemos ido desarrollando a lo largo de los años herramientas para que el investigador o profesor gestione directamente por la intranet, portales para la investigación. Todo esto es digitalización.
Y también la seguridad…
Sin duda: la ciberseguridad es una preocupación importante. Somos entidades especialmente abiertas, por fuera y por dentro, y no es fácil contar con unas estructuras suficientemente blindadas.
Tenemos cortafuegos, pero eso no evita pequeños incidentes. Estamos siempre pendientes para que no sean graves, con sistemas estructurados en función de la sensibilidad de la información, con partes más blindadas, partes más accesibles… pero en este momento es una gran preocupación. Tenemos que actualizar continuamente servidores y servicios operativos, desechar ordenadores útiles porque ya no están al día de las necesidades de seguridad que se nos plantean.
Una de las inquietudes que plantea el uso de la IA por parte del alumnado tiene que ver con la evaluación… Ahora es más complicado distinguir qué ha hecho el alumno y qué la máquina.
Así es. Existe una preocupación generalizada en las universidades con lo que ocurre con la redacción de trabajos fin de grado y fin de máster, por ejemplo. Tenemos que buscar mecanismos que garanticen la originalidad de esos trabajos. No se trata de impedir que se utilicen las herramientas de inteligencia artificial, pero debemos asegurar que hay un trabajo original del estudiante y un aprendizaje. Y cambiar cómo se les evalúa.
Hemos visto que hasta las revistas científicas han publicado artículos elaborados totalmente con una herramienta de inteligencia artificial: esto demuestra lo difícil que es de detectar, es un reto enorme.
¿En qué áreas dentro de la educación superior puede ser más ventajosa la IA?
Las herramientas de inteligencia artificial nos han permitido automatizar tareas de gestión tediosas. También hay herramientas que se están desarrollando para que complementen y enriquezcan la tarea de tutorización del profesorado, y que el estudiante pueda incluso ir autoevaluándose. Bien empleada, es una herramienta utilísima.
Cuando empezó a hablarse de la enseñanza online, hace muchos años, mucha gente predecía que toda la enseñanza acabaría siendo online. Yo creo que no. La enseñanza presencial es fundamental porque tiene muchas cosas que lo online no puede suplir de ninguna manera. La IA puede ayudar, pero no sustituir. Puede mejorar la experiencia en los campus, potenciar y amplificar el rendimiento, pero habrá que ir al laboratorio, habrá que tener el contacto humano dentro del campus con el profesorado, con los investigadores, con los compañeros. El periodo de enseñanza presencial en la universidad es básico: construyen redes de relaciones humanas que luego en lo personal y en lo profesional se mantienen toda la vida. Todo eso es irreemplazable.
Peter Thiel, empresario tecnológico fundador de Paypal y Palantir, recomienda a los jóvenes que no vayan a la universidad. Ha puesto en marcha un programa para financiar a los que dejen los estudios universitarios y pongan en marcha empresas. ¿Qué opina?
El otro día, en una reunión con funcionarios de la UNESCO, nos hablaron del fenómeno de la desconfianza hacia las instituciones de educación superior. Me parece muy preocupante. En muchos aspectos nos tenemos que reinventar para estar siempre pegados a la realidad de la sociedad y las necesidades de la economía. Es verdad que las oportunidades de aprendizaje que hay ahora son innumerables, pero eso no significa que no sean necesarias las universidades. Sí creo que tenemos la obligación de trabajar muy pegados a la realidad, no se nos puede ir de la cabeza, de nuestras estrategias. Los doctorados industriales, las prácticas en empresas, la formación dual, cada vez van a ser elementos más importantes en la educación universitaria.
Si el paisaje, la historia o la cultura ayudan a generar vínculos de apego y pertenencia con un determinado espacio geográfico (un país, una región o una ciudad), también los productos y las tradiciones gastronómicas aportan “sentido de lugar”.
Además, para los visitantes, la gastronomía supone un valor añadido a la experiencia de viaje y, dependiendo de su atractivo, puede jugar un papel crucial tanto en el desarrollo turístico y económico como en el ambiental y social del lugar.
El uso de cadenas cortas de suministro de alimentos (cooperativas agrícolas de la zona, agrotiendas) valorizan la singularidad local. Además, promueve un impacto ambiental y socioeconómico positivo para el desarrollo por la relación directa entre productores y consumidores.
Así pues, la gastronomía ha emergido como una herramienta para proteger y promover la singularidad de los lugares, las personas y sus prácticas. Además, puede ser un elemento clave en la experiencia turística y en la competitividad de los destinos.
En este contexto, hay diferentes casos de valorización regional a través de la gastronomía gracias a la participación de agentes públicos y privados.
Patatas de altura
Un caso de éxito es el de la trumfa, una patata de alta montaña; concretamente, del Valle de Camprodon, una pequeña región del norte de Cataluña de unos 5 000 habitantes.
Allí se produce esta variedad de patata kennebec, que estaba a punto de desaparecer. Sin embargo, con la implicación de los productores, los restauradores, y la administración pública se consiguió revalorizar la trumfa.
Los productores acordaron un precio de venta único, los restauradores la celebración (cada año) de la Campaña Gastrónomica de la Trumfa, y, en el colegio público de la zona, se lanzó el proyecto educativo “Ens Mengem Les Valls” (“Nos comemos el valle”), para promocionar una alimentación sana, de calidad y de proximidad.
Todas estas acciones fomentan los vínculos sociales y culturales entre productores, consumidores y restaurantes de la zona.
Avellana y chocolate
Otro caso interesante es el de la avellana de Brunyola, una región del noreste de Cataluña, en la provincia de Girona. En 2016, con el objetivo de proteger el conocimiento de la avellana local y promover su comercialización, varios productores crearon la Associació Avellana de Brunyola i Comarques Gironines.
Dos años más tarde, cinco de ellos decidieron crear una empresa para consolidar la producción y comercialización de avellanas de la zona. Inicialmente, alquilaron un espacio en un centro de innovación gastronómica industrial, pero en 2022 abrieron su propio taller.
A partir de su propia cosecha, elaboran avellanas tostadas, avellanas con chocolate y crema de avellana con cacao, entre otros productos, que venden directamente al consumidor final a través de su tienda virtual y a diferentes establecimientos de proximidad de la región.
Sin relevo generacional
Sin embargo, también hay casos en los que el futuro no es tan prometedor. Es el caso de Orís (Barcelona), un municipio de 27,33 km² y 355 habitantes del centro de Cataluña, que cada año celebra el Mercat de la Patata del Bufet d’Orís, un producto local que peligra puesto que no está asegurado el relevo generacional de sus productores.
Ante esta realidad, los agentes públicos y la sociedad civil han diversificado el mercado con actividades lúdicas (concursos de pintura rápida, de cocina, etc.) pero alejadas del objetivo principal del evento, que es la promoción y venta de las patatas autóctonas.
Restaurantes, embajadores de la cultura local
Los restaurantes pueden tener un papel estratégico para visibilizar la riqueza culinaria de un lugar. Para ello, deben diseñar sus menús usando productos e ingredientes locales, y conectarlos con la cultura, la historia, la naturaleza y las personas del lugar.
Al emplear productos locales, también ayudan a fortalecer las economías regionales e influir en los hábitos de consumo de sus clientes, haciéndolos más sostenibles.
Redes colaborativas
De los casos analizados podemos extraer dos conclusiones:
La relevancia de las redes de participación y de la colaboración entre todos los agentes públicos y privados para el éxito de las iniciativas de empoderamiento y emprendimiento local.
La pérdida de productos agropecuarios autóctonos como consecuencia de la despoblación, la falta de relevo generacional y el cambio climático, entre otros factores, conlleva consecuencias para el propio sector primario, pero también para el sector turístico.
Para concluir
Quiero acabar este artículo con un par de sugerencias para evitar la desaparición del sector primario. En primer lugar, más allá de las ayudas económicas y las subvenciones, se podría plantear la aprobación de un acuerdo marco de precios justos que garantice la competitividad de los productos locales frente a los productos importados. Y en segundo lugar, la realización de programas de educación alimentaria para establecer conexiones entre las personas y los ciclos naturales de los alimentos y evitar así que se demanden productos fuera de temporada.
Ester Noguer-Juncà no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By José Enrique Guerrero Pérez, Profesor Titular de Universidad, especializado en producción y gestión de contenidos audiovisuales de entretenimiento, Universidad de Navarra
Fotograma de _Las guerreras K-pop_.Cortesía de Netflix
Netflix, Prime Video o Movistar+ se han convertido en protagonistas de nuestro día a día y, también, en gastos fijos mensuales. Hace unos años, el boom de las plataformas de streaming inauguró una época que nos prometía un paraíso de entretenimiento audiovisual casi ilimitado. Desde entonces, la pregunta “¿Qué vemos esta noche?” se ha replicado por todos los hogares con una viralidad sorprendente.
Sin embargo, esa edad de oro vivida tras la pandemia ha dado paso a una jungla competitiva. Existe un abrumador exceso de oferta de contenidos que ha generado auténticos estragos y dificultades en el sector. La verdadera batalla ya no se libra por tener el catálogo más amplio, sino por conquistar el bien más escaso y preciado: el tiempo y la atención de la audiencia (que se traducen en ingresos).
Este espejismo de abundancia infinita ha colisionado con dos realidades infranqueables: nuestras limitadas horas de ocio y el ajustado presupuesto de los hogares. Las plataformas lo saben y su reacción ha marcado el fin de una era. Las subidas de precios, las restricciones a las cuentas compartidas y la normalización de la publicidad son síntomas de un modelo que necesitaba reinventarse.
No obstante, a pesar de las dificultades, según el Barómetro OTT de GECA (2025), más del 70 % de los usuarios mantiene suscripciones a varios servicios y su consumo se incrementa en los periodos de vacaciones, cuando se dispone de más tiempo libre. El hogar y el televisor destacan como el lugar y el dispositivo de visionado preferentes.
En este nuevo entorno, la estrategia más habitual consiste en dejar de mirar a los competidores como rivales y considerarlos aliados. Las plataformas han entendido que no vivimos tiempos para llaneros solitarios y han comenzado a forjar alianzas. La exclusividad de los contenidos ya no parece ser suficiente para alcanzar la sostenibilidad. Por ejemplo, el acuerdo comercial de Disney+ con Atresmedia (Atresplayer) demuestra que se ha pasado de la guerra del streaming a la supervivencia colaborativa. De este modo, se están creando ecosistemas donde diferentes marcas coexisten y se integran para ofrecer paquetes más atractivos y variados.
En el contexto global, estas alianzas estratégicas han servido para que empresas de diferentes industrias, como la audiovisual y la musical, colaboren de forma transversal. Así lo demuestra el acuerdo entre Netflix y Spotify, que lleva los videopódcasts más exitosos de la segunda al catálogo de la primera. Este caso materializa la colaboración entre dos gigantes del streaming y demuestra la compleja posición competitiva en la que quedan las marcas locales.
De modo paralelo al fenómeno que viven los operadores de televisión tradicionales, que ahora ofrecen sus contenidos también bajo demanda, las firmas de streaming cada vez se parecen más a la televisión lineal.
Algunos elementos que parecían obsoletos han regresado con fuerza: proliferan los canales lineales online –muchos de ellos gratuitos y financiados con anuncios (FAST TV: Free Ad-Supported Television)–, se generaliza el estreno semanal de capítulos siguiendo las pautas de la serialidad televisiva, se apuesta por la publicidad y, sobre todo, por la magia del directo. Tal es la relevancia de este último en el futuro inmediato del streaming que Netflix está desarrollando una herramienta para permitir el voto en tiempo real, potenciando la interactividad.
El fenómeno de los eventos deportivos en streaming o la emisión en directo de Operación Triunfo en Prime Video reflejan esta nueva realidad. La primera temporada del talent show musical en la plataforma, en 2023, se convirtió en el estreno más visto de su historia.
La segunda edición de 2025 también ha demostrado que la televisión-evento es el arma perfecta para generar conversación social y atraer a las generaciones más jóvenes, como la Z. Su éxito radica en una fórmula híbrida: la emoción del directo amplificada por un canal gratuito en YouTube y una conversación constante en redes como TikTok. Así se crea un puente perfecto entre la televisión de siempre y el lenguaje audiovisual de los nuevos públicos y medios interactivos.
Historias que escapan de la pantalla
La reconversión de las marcas de streaming en empresas sostenibles no se consigue únicamente desde los parámetros clásicos del negocio de la televisión, sino que es necesario trascenderlo. El objetivo es conseguir que las historias escapen de la pantalla y se integren en nuestras vidas a través de experiencias inmersivas que fidelicen (engagement). Aquí es donde la diversificación se convierte en una herramienta increíblemente poderosa.
Stranger Things es más que una serie para Netflix, es una propiedad intelectual. Netflix
Por ejemplo, Netflix ha expandido sus universos de ficción a los videojuegos para móviles. Ahora es posible jugar en los mundos de series populares como Stranger Things o Black Mirror, y que interactuemos con el televisor en pasatiempos grupales al estilo de los juegos de toda la vida.
Esta expansión va aún más lejos cuando los protagonistas de títulos de ficción se convierten en iconos, como es el caso de Las guerreras K-pop. Se han transformado en un fenómeno de éxito global y han dado el salto a la industria musical y a la del videojuego. Así, las cantantes coreanas son, ahora, personajes del famoso Fortnite.
Además, la banda sonora de la película también ha protagonizado esta expansión transmedia. Las canciones del grupo de animación lideran las principales listas de éxitos musicales, como el Billboard o Los 40 Principales. Una banda musical ficticia se ha encarnado en un grupo de verdaderas cantantes (HUNTR/X) que acude a los shows televisivos de más audiencia, como The Tonight Show de Jimmy Fallon (NBC) en Estados Unidos. Aún está por ver cómo se materializa su gira mundial y si coexisten en los escenarios las protagonistas virtuales y las humanas, originando un fenómeno absolutamente novedoso.
HUNTR/X actúa en The Tonight Show with Jimmy Fallon.
Debido al éxito, estas cantantes guerreras cuentan con réplicas que causan furor por todo el mundo. Gracias a HUNTR/X, el k-pop (pop coreano) ya no es solo un fenómeno de adolescentes y jóvenes. También se ha popularizado entre las audiencias infantiles, ampliando su público potencial y el potencial comercial del merchandising.
En resumen, la estrategia no consiste en comercializar una única película, un juego o una suscripción. La clave está en construir marcas globales, generar ingresos recurrentes por royalties y alimentar un fenómeno fan que mantenga vivo el éxito con su fidelidad. Todo ello potenciado por una inteligencia artificial cada vez más presente e invisible en todos los ámbitos de la industria del entretenimiento. La IA trae la promesa de servicios audiovisuales hiperpersonalizados que no solo se ven, sino que se viven. Pasaremos de preguntarnos “¿qué vemos esta noche? a “¿qué experimentamos esta noche?”.
Enrique Guerrero recibe fondos de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España para el proyecto de investigación “La calidad como factor esencial para un modelo de negocio sostenible en las plataformas de streaming” (PID2023-150258NB-I00).
El regadío se identifica tanto como un problema de desertificación como una barrera contra el mismo. Esta doble concepción puede integrarse en uno de los clásicos síndromes de desertificación. Se trata de un caso de desarrollo socioeconómico que deriva en la sobreexplotación de los recursos hídricos. Julia Martínez, CC BY-SA
En 2027 se cumplirán cien años desde que se empleó por primera vez el término desertificación. Durante este siglo se han logrado diversos avances conceptuales y de concienciación sobre ese grave problema socioambiental, además de algunas propuestas solventes. Sin embargo, prevalecen diversas confusiones que impiden el desarrollo de soluciones verdaderamente efectivas. Una de ellas es la identificación de lo qué es desertificación, cuestión que ha obstaculizado, por ejemplo, la localización del problema.
Regadío agroindustrial en Campo de Cartagena (Región de Murcia). Jaime Martínez Valderrama, CC BY-SA
Ni la aridez, ni los desiertos, ni las calimas son desertificación
Como imagen de la desertificación se suelen presentar casos que nada tienen que ver con el problema. Así, es habitual mostrar las típicas formaciones acarcavadas bajo un titular que sugiere que el desierto avanza. Son varios los errores acumulados en estas noticias. Esas geoformas –como las que encontramos en las Bardenas Reales (Navarra y Aragón) o el Campo de Tabernas (Almería)– se denominan malpaís por el hecho de que su incómoda orografía ha imposibilitado históricamente su aprovechamiento, con lo que no han podido ser degradadas por la actividad humana (uno de los requisitos para que haya desertificación).
Además, la desertificación es un problema in situ, no una amenaza externa a modo de meteorito que arrasa un territorio. Del mismo modo, el polvo sahariano que nos visita en forma de calimas cada vez con más frecuencia se asocia con la desertificación, pero se trata de un problema de otra índole. Las sequías y las zonas áridas son otras de las erróneas equiparaciones a este complejo fenómeno socioambiental.
Situado entre Navarra y Aragón, las Bardenas Reales (418 km²) son el área más extensa con formaciones de tierras baldías en la península ibérica. La actividad erosiva está ligada a las fases de incisión cuaternarias de los ríos Aragón y Ebro. Estela Nadal-Romero, CC BY-SA
Los sospechosos habituales
Una segunda familia de casos, habitualmente presentes en las listas de paisajes o síndromes de desertificación, tienen que ver con la agricultura. Se trata de cultivos que debido a su intensificación y malas prácticas desencadenan procesos de erosión, contaminación de suelos y aguas, o degradación de masas de agua, con las consecuentes repercusiones en la biodiversidad.
Ejemplos de ellos son diversos cultivos leñosos (olivar, almendro y vid) o las frutas y hortalizas (cultivos tropicales, invernaderos, cítricos, etc.). Estos “paisajes de la desertificación”, tal como se denominan en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación (ENLD), representan al mismo tiempo soluciones económicas para muchas regiones, lo que dificulta enormemente su reconversión.
No resulta sencillo reconducir la agricultura intensiva en los alrededores del Parque Nacional de Doñana cuando constituye la principal vía de ingresos de muchas personas. Comprender en profundidad los mecanismos implicados –tanto socioeconómicos como biofísicos– es fundamental para que el desarrollo económico no sea efímero, sino verdaderamente sostenible.
En España, como en otros países de su entorno, se ha producido un éxodo rural que ha desencadenado unas dinámicas y apaciguado otras. Lo que vemos desde las ciudades es un paisaje más verde, consecuencia de que ya no utilizamos leña para calentarnos y cocinar, de que gran parte de la ganadería ha sido estabulada y muchos cultivos, abandonados.
Muchas zonas, previamente degradadas, tan solo son capaces de albergar matorrales; en otras se producen incendios debido a la acumulación de material inflamable. Por otra parte, pese al aumento de la superficie forestal, pocas masas boscosas se parecen a las originales. Hay especies invasoras y bosques que se secan.
El abandono del territorio es un paisaje de desertificación llamativo: contraviene la norma de que la degradación ocurre por sobreexplotación de los recursos, no por subexplotación.
Los matorrales se siguen considerando como hábitats degradados, cuando en muchas zonas áridas son la única posibilidad real del territorio para albergar vegetación. Sus funciones ecológicas no son nada desdeñables. Jaime Martínez Valderrama, CC BY-SA
Considerar que una densa masa de matorrales sea degradación no encaja con su papel protector frente a la erosión, su fijación de carbono o la facilitación de fases más avanzadas de ocupación.
Quizás no sea tan buena idea que el ganado desaparezca por completo. Si lo gestionamos adecuadamente y lo movemos puede ayudar a mejorar el entorno y crear fuentes de riqueza alternativas. En el fondo, puede ser una pieza más de la gestión forestal, que a su vez es un engranaje de la planificación territorial.
Todas estas afirmaciones son ciertas según el contexto, por lo que cuesta mucho decir si son o no desertificación. La cuestión es bastante más compleja, y depende de sus sinergias y condicionantes.
Jugando al despiste
Para complicar el panorama entran en juego otros dos casos que distorsionan nuestra percepción de la desertificación. En muchas ocasiones la degradación ocurrió hace demasiado tiempo como para considerar que un paisaje que observamos era otro mucho más brioso.
La tala de árboles y los posteriores episodios de erosión han convertido hermosas sierras cubiertas de bosques en estériles pendientes polvorientas. Los dispersos matorrales que las cubren pasan, a ojos de las generaciones que las conocen por primera vez, por áridas sierras que siempre fueron así.
Por último, tenemos el caso en el que el desplazamiento es espacial. El comercio global mueve mercancías de una punta del planeta a otra y, a rebufo, la degradación salta de un continente a otro. Así, la mencionada estabulación del ganado reduce la presión sobre el territorio, pero ha supuesto que se talen miles de hectáreas de bosques primarios para cultivar soja, la base de los piensos que alimentan a esa ganadería. Esa exportación de degradación elimina paisajes de desertificación en unos territorios, pero crea profundas heridas en otros.
Paisajes de desertificación, una herramienta esencial
Las situaciones analizadas permiten actualizar los paisajes de desertificación identificados inicialmente en el proyecto SURMODES, posteriormente incorporados al Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAND) y a la ENLD.
Los paisajes resultan especialmente útiles por su escala espacial, que coincide con la de los procesos de desertificación. Además, facilitan la comprensión del problema al sintetizar, de forma cualitativa, las interacciones entre los factores socioeconómicos y biofísicos. Esta descripción –y, sobre todo, la reflexión sobre las verdaderas causas de su desarrollo, los motores del fenómeno y sus efectos– puede contribuir a establecer las bases para diseñar soluciones eficaces y sostenibles.
Jaime Martínez Valderrama recibe fondos de Fundación Biodiversidad.
Javier Martí Talavera recibe fondos de Fundación Biodiversidad.
Jorge Olcina Cantos recibe fondos de Fundación Biodiversidad.
En los últimos años, han proliferado estudios empíricos basados en la medición de la actividad cerebral para leer la mente. A través de las neurotecnologías –sistemas de inteligencia artificial alimentados con datos cerebrales–, se anuncia la posibilidad de acceder a los pensamientos, las intenciones o, incluso, las memorias de las personas. Una promesa que, aunque todavía se mueve entre la ciencia y la ficción, plantea desafíos profundos para el ámbito jurídico.
Esta posibilidad no ha pasado desapercibida en el mundo del derecho. Desde hace siglos, la justicia ha buscado herramientas que permitan saber si alguien miente en un juicio. Las antiguas ordalías –prueba ritual medieval en que se invocaba el juicio de Dios–, el polígrafo o el análisis del lenguaje no verbal son solo algunos ejemplos de esa ambición persistente por descubrir la verdad a través de medios externos. Ninguna de estas técnicas, sin embargo, ha contado con un respaldo empírico sólido que garantice su validez o fiabilidad.
Una forma de leer la mente
Sin embargo, las técnicas neurocientíficas parecen abrir una vía prometedora, al estar en condiciones de superar los límites y falibilidades de otros sistemas que han ido apareciendo a lo largo de la historia. La clave radica en que la fuente de medición se sitúa lo más próxima posible a la información que se desea obtener. Dicho de otra forma: ya no se trata de medir si alguien suda, se sonroja o se muestra nervioso, sino de observar la actividad neuronal que podría reflejar lo que sabe o recuerda. Algo que, de confirmarse, sería extraordinario.
Con un método así, los declarantes en un proceso judicial no podrían ocultar, distorsionar o falsear lo que cuentan. La aplicación de esta tecnología permitiría reconstruir con más precisión los hechos y, así, conocer lo que realmente ocurrió. Este es uno de los principales objetivos del proceso judicial y, en particular, de la actividad probatoria.
El antecedente de la prueba P300
Aunque pueda parecer futurista, la aplicación de técnicas basadas en la actividad cerebral no es completamente nueva en el ámbito judicial español. Desde 2014, algunos jueces admitieron la práctica de la denominada prueba P300, que registra las señales eléctricas del cerebro mediante electroencefalografía. Se basa en el hecho de que el cerebro modifica dichas señales eléctricas cuando se enfrenta a un estímulo visual que le evoca un recuerdo.
El método consiste en mostrar a los investigados imágenes o palabras relacionadas con un hecho delictivo. Si el cerebro reacciona con una señal eléctrica concreta –la llamada “onda P300”–, se interpreta que el sujeto reconoce la información presentada.
En varios casos, esta técnica se empleó para intentar localizar los cuerpos de víctimas desaparecidas, como Marta del Castillo. Sin embargo, los resultados alcanzados en los procesos judiciales no fueron concluyentes. Al contrario, pesan sobre esa prueba muchas dudas sobre su validez y fiabilidad.
¿Se puede detectar la mentira desde la memoria?
Precisamente, para evitar que técnicas sin un respaldo empírico sólido influyan en decisiones judiciales –y puedan conducir a condenas erróneas–, resulta fundamental analizar con detenimiento qué pueden medir realmente estas tecnologías.
Una de las cuestiones relevantes, si se pretende utilizar este instrumento en los tribunales de justicia, es si puede conocerse la verdad de unos hechos mediante el análisis de las memorias de sus testigos. Actualmente, sabemos que la memoria humana no funciona como una cámara de vídeo, no es una copia fiel de la realidad. Y es que los recuerdos son maleables: pueden alterarse (contaminarse) con el paso del tiempo, por la influencia de los medios, por preguntas sugestivas o, simplemente, por volver a contar (o rememorar internamente) lo sucedido varias veces.
Esta permeabilidad característica de la memoria puede dar lugar a falsos recuerdos, que combinan experiencias auténticas con información adquirida después, que puede no corresponderse con la realidad.
Lo más preocupante es que los falsos recuerdos pueden ser indistinguibles de los verdaderos, tanto para quien los tiene como para quien los evalúa. Hasta ahora, la neurociencia no ha identificado un marcador cerebral capaz de diferenciarlos de manera concluyente.
Entonces ¿qué detectan estas pruebas?
Si no se puede distinguir entre recuerdos reales y falsos, ¿qué mide exactamente la neurotecnología?
Los experimentos se basan en una idea sencilla: mentir exige un mayor esfuerzo cognitivo que decir la verdad. Implica suprimir una respuesta espontánea, inventar otra en su lugar y controlar la reacción con el interlocutor a fin de que no se dé cuenta de la mentira (engaño motivado). En teoría, ese esfuerzo extra se refleja en el cerebro.
Así, las técnicas empleadas con tal propósito no se basan el análisis del contenido de la memoria, sino en los patrones cerebrales asociados al esfuerzo de mentir. El problema es que este modelo tiene limitaciones: por ejemplo, si una persona está muy acostumbrada a mentir, dicho esfuerzo se reduce y la técnica deja de ser fiable.
Más que leer la mente, estas herramientas trabajan con una representación muy limitada de lo que significa mentir –engañar–. Su interpretación, por tanto, requiere una gran prudencia. La aparente objetividad de los datos neurocientíficos puede inducir a una “ilusión de certeza” peligrosa en el contexto judicial, donde las consecuencias de un error pueden ser irreversibles.
Aunque los titulares sobre la posibilidad de “detectar mentiras en el cerebro” resulten cautivadores, la realidad científica es mucho más compleja. Los expertos coinciden en que aún estamos lejos de poder acceder a los pensamientos de una persona o determinar con precisión si dice la verdad o no.
Así que, por ahora, la justicia sigue sin disponer de un método fiable para leer la mente o para descubrir la falsedad en los tribunales. Después de todo, seguimos donde estábamos: frente a la eterna dificultad de conocer con certeza qué es verdad y qué no dentro de la mente humana.
Miquel Julià-Pijoan no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
After years of disciplined reform and painful sacrifice, Jamaica had done what few global debt specialists thought possible. Through tough and sometimes controversial spending cuts and fiscal discipline, it slashed its debt from a staggering 150% of GDP in 2013 to just 62% by 2024.
By 2025, Jamaica was hitting its stride. One internationally recognised credit rating agency upgraded the country’s credit ratings from category BB- to BB (slightly less vulnerable in the near term to adverse economic conditions).
This gives the country more leeway to borrow on the international market. Unemployment and crime rates were falling. Jamaica’s economy was on track for one of its best years in decades.
However, in late October Hurricane Melissa, a Category 5 storm, tore across the island, leaving catastrophic destruction in its wake. The island nation was prepared, but not protected.
Preliminary estimates put the damage at a staggering US$7 billion (£5.3 billion) – equivalent to 28-32% of last year’s GDP. Jamaica has a multi-layered financial safety net: a contingency fund, catastrophe insurance through the Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility – which will pay out US$91.9 million, its largest ever payout – and a US$150 million catastrophe bond.
But these buffers barely make a dent in the US$7 billion recovery bill. There is a shortfall of more than US$6 billion. Given the scale of the destruction, Jamaica will likely have to borrow to fund its recovery – deepening its debt, just as it had emerged from a debt crisis.
This loop of disaster, debt, recovery and the another disaster does not just affect Jamaica. Increasingly frequent climate disasters wipe out years of progress in small island developing states, forcing them into increasingly costly borrowing to fund their recovery.
One study shows that climate destruction is becoming more expensive for small island developing states such as Fiji, Guyana and the Dominican Republic, because these nations typically rely on expensive private external debt to cover their disaster recovery costs.
Our team at the thinktank ODI Global estimates that between 2000 to 2022, extreme weather events in small island developing states may have caused an estimated total of US$141 billion in economic loss and damage, of which US$53 billion (38%) could be attributed to climate change.
For severe tropical cyclones and hurricanes, the estimated total economic loss and damage during the same period could be as high as US$122 billion. Climate change may have been responsible for US$52 billion of that. This translates to a total loss of US$5.3 billion from hurricanes, with US$2 billion attributable to climate change each year.
For countries with fragile economies and limited fiscal space, these shocks are existential. Each dollar spent on rebuilding is a dollar not spent on healthcare, education or infrastructure. To meet their development goals, small island developing states would need to raise social spending by 6.6% of GDP by 2030.
Yet disaster recovery and debt repayments continue to consume their limited budgets. The ODI global study found that among 23 small island developing states, external debt service payments are now growing faster than spending on education, health and capital investment combined.
What is loss and damage? An expert explains.
A wake-up call
Jamaica’s story is a preview of what’s to come if the world doesn’t change course.
As global leaders gather for the UN climate summit, Cop30, Jamaica’s devastation should be a wake-up call. The promise of the fund for responding to loss and damage, launched in 2023 to help developing countries pay for the damage from climate-related events caused by global warming, remains largely unfulfilled, woefully undercapitalised, and a low priority for developed countries.
Indeed, loss and damage issues are being currently sidelined at Cop30, with the overall 2035 climate finance goal, national pledges known as nationally determined contributions, and adaptation indicators being top of the agenda. Small islands such as Jamaica, represented by the Alliance of Small Island States (a coalition of leaders of these most vulnerable nations), flagged concerns before the conference had even begun that loss and damage finance has fallen off the radar completely.
Fiji Red Cross has provided thousands of people with emergency relief since Cyclone Winston made landfall in Fiji on Feb 2016. ChameleonsEye/Shutterstock
Developed countries can help ensure the viability of small island developing states in a harsh climate context by offering predictable and accessible grant finance for loss and damage to support recovery and reconstruction. By providing debt relief for climate-vulnerable countries after disasters, they can also ensure that rebuilding does not result in deeper debt.
Without these commitments, the loss and damage fund risks drifting into obscurity as a symbolic gesture rather than the lifeline small island developing states desperately need.
Hurricane Melissa’s impact on Jamaica, Hurricane Maria’s devastation in Dominica in 2017 and several other climate disasters demonstrate that even with fiscal discipline, prudent planning, strong institutions and improved governance, these small island nations remain just one storm away from fiscal collapse and unsustainable debt – the repayment of which diverts critical resources from health, education, and sustainable development.
Without decisive action, Cop30 will fail the world’s most climate-vulnerable nations. Small island developing states need real systemic change, not unfulfilled pledges.
Don’t have time to read about climate change as much as you’d like?
Source: The Conversation – UK – By Stewart Lansley, Visiting Fellow, School of Policy Studies, University of Bristol
In the run-up to the 2024 election, future prime minister Keir Starmer labelled wealth creation Labour’s number one mission. “It’s the only way our country can go forward,” he declared. “We should nourish and encourage that – not just individuals but businesses.”
Starmer was right, in theory. But wealth creation is a slippery concept. Essential for economic and social progress, it can also work against both. It’s therefore vital to distinguish between “good” and “bad” wealth.
According to one definition, increases in “good” wealth come from innovation, investment and more productive business methods. Such activity boosts economic resilience, social strength and the size of the economic cake.
Examples include investment in medical and scientific technology – but also, crucially, in the activities that provide vital everyday services and goods to sustain our daily lives. Improvements in the quality of local shops, transport, services for children, adult care and decent hospitality all expand a country’s resources in ways that see the gains shared widely across society.
However, over the past half-century, a rising share of economic activity in the UK and other rich countries has been connected with “bad” wealth accumulation, which actively hampers and harms a country’s prospects.
The Conversation and LSE’s International Inequalities Institute have teamed up for a special online event on Tuesday, November 18 from 5pm-6.30pm. Join experts from the worlds of business, taxation and government policy as they discuss the difficult choices facing Chancellor Rachel Reeves in her budget. Sign up for free here
Bad wealth is especially associated with non-productive or low social-value activities geared to personal enrichment. In Britain and elsewhere, decades of privatisation and wider tax, benefit and monetary economic policies have
fuelled rising inequality while handing much of the command over resources to corporate boardrooms, top bankers and the very rich – with damaging effects for societies and economies alike.
A central source of bad wealth has been a rise in the level of economic “extraction” or “appropriation”. This occurs when capital owners use their power to capture excessive shares of economic gains through activity which weakens economic strength and social resilience. Examples include the rigging of financial markets and manipulation of corporate balance sheets, a range of anti-competitive devices such as the rise in aggressive acquisitions and mergers, and the skimming of returns from financial transactions – a process City of London traders like to call “the croupier’s take”.
Bad wealth is also the product of passive activity unrelated to merit, skill or prescient risk-taking. Over half of the increase in household wealth in the UK since 2010 has come from rising asset prices – in particular relating to property – rather than from more productive activity. This means a huge amount of that wealth is trapped in property and other assets which are not available for reinvestment in the economy.
Britain’s economic record since the 2008 financial crisis has been dismal, with a collapse in the rate of economic growth amid much hand-wringing about its “productivity puzzle”. Yet over the same period, private wealth holdings have surged. In total, UK wealth – comprising property, physical and financial assets – is now more than six times the size of the country’s economy, up from three times in the 1970s. Other rich countries have seen similar trends.
This surge in levels of personal wealth is not the product of more dynamic and innovative economies and record rates of investment. As an editorial in UK financial investment magazine MoneyWeek argued in 2019, too much personal wealth is the result of “mismanaged monetary policy, politically unacceptable rent-seeking, corruption, asset bubbles, a failure of anti-trust laws, or some miserable mixture of the lot”.
It is these activities which account for the burgeoning bank accounts of the already super-rich. Around the world, from the mid-1990s to 2021, the top 1% of wealth holders captured 38% of the growth in personal wealth, while the bottom 50% received just 2%. In the UK, the average wealth of the richest 200 people grew from 6,000 times the average person in 1989 to 18,000 times in 2023.
One of the most important outcomes of the rise of bad accumulation, and the associated surge in the concentration of personal wealth, has been the way opulence and plenty sit beside social scarcity and growing impoverishment. It has brought a significant shift in how national resources are used – away from meeting basic needs to serving the demands of corporate elites, a growing billionaire class, and private markets.
“The test of our progress is not whether we add more to the abundance of those who have much,” declared US president Franklin D. Roosevelt during his second inaugural address in January 1937. “It is whether we provide enough for those who have too little.”
By most metrics, Britain and many other wealthy countries are failing that test.
A key explanation for Britain’s low private investment, low productivity and slow growing economy is the disproportionate share of the rising profit levels of Britain’s biggest companies that has gone in payments to shareholders and executives in recent times. Dividend payments in the UK and globally have greatly outstripped wage rises over the last 40 years. In 2020, aggregate dividend payouts by the FTSE 350 companies made up some 90% of pre-tax profits.
Often, these heightened dividend payments have been financed through borrowing, thus undermining corporate strength. In the case of Thames Water – stripped of much of its value by an aggressive profit strategy by its overseas owners – this has brought near-bankruptcy.
Meanwhile, far from the promise of a property-owning society, large sections of the UK population have – outside of pension provision – no, or only a minimal, stake in the way the economy works. Those with few assets lose out from rising property prices and higher interest rates on savings.
How a nation’s productive resources – land, labour and raw materials plus physical, social and intellectual infrastructure – are owned and used is key to its productive power, social stability, and distribution of life chances. “Money is like muck – not good except it be spread,” wrote the English philosopher and statesman Francis Bacon in 1625.
In the UK, the more egalitarian politics after the second world war led to a more equal sharing of private wealth, and a much higher level of public ownership of key utilities and land. Then in 1979, newly elected prime minister Margaret Thatcher launched her drive for a “property owning democracy”. The windfall gains from council house sales and the selling of cut-price shares in her great privatisation bonanza initially benefited many ordinary people.
But today, the balance sheet looks markedly different. While the sale of council houses initially boosted levels of home ownership in the UK, the number of first-time home buyers is now less than half its mid-1990s rate. As a result, the rate of home ownership has shrunk from a peak of 71% in 2000 to 65% in 2024, with the most marked decline among those aged 25-34.
Getting on the housing ladder is now heavily dependent on having rich parents. The proportion of young people aged 18-34 living with their parents reached 28% in 2024 – a significant rise since the millennium.
At the same time, today’s much more heavily privatised economy has eroded Britain’s holdings of common wealth. Publicly owned assets as a share of GDP have fallen from around 30% in the 1970s to about a tenth. This is one of the principal causes of the deterioration in the UK’s public finances, while handing more control over the economy to private company owners.
The French economist Thomas Piketty has argued that today’s model of corporate capitalism has a natural, inbuilt tendency to generate ever-growing levels of inequality – “a fundamental force for divergence”, as he termed it.
When the return on capital from dividends, interest, rents and capital gains exceeds the overall growth rate, asset holders accumulate wealth at a faster rate than that at which the economy expands, thereby securing an ever-greater slice of the pie – and leaving less and less for everyone else.
In his 2014 book, Capital in the Twenty-First Century, Piketty offered an essentially pessimistic conclusion that breaking this inequality cycle has only happened across history through war or serious social conflict. In response to critics, he modified this position and now seems to accept that there are democratic mechanisms for delivering more equal societies – whatever the undoubted hurdles of implementation.
Suppressing the profiteering and excessive returns that have driven higher levels of inequality is one of the biggest challenges of our time. But such an alignment of growth and rates of return on capital was broadly achieved in the post-war era, and there are several routes for achieving such convergence again – even in today’s very different conditions.
1. Shift the tax focus from income to wealth
Despite the scale of today’s wealth boom, Britain’s tax system is still heavily biased to earnings. Income from work is taxed at an average of around 33% and wealth at less than 4%. Through political inertia, the UK tax system has failed to catch up with the growing importance of wealth over income in the way the economy operates, and does little to dent the growing concentration of wealth holdings at the top.
In her first budget in October 2024, the chancellor, Rachel Reeves, took steps to raise revenue through changes to inheritance and capital gains tax (the profits made on selling shares or property other than your home). But these were too modest to alter the imbalance in the taxation of wealth and earnings.
A more fundamental shift would be to reform the existing system of council tax with a larger number of tax bands at the top. Still based on 1991 property values, this is perhaps the least defensible tax in Britain. Households in poorer areas pay more than better off households in the richest.
In Burnley, the typical household pays some 1.1% of the value of their home in council tax every year. In a typical property in Kensington and Chelsea, it is 0.1%. The most effective alternative would be to replace council tax and stamp duty – the tax on the purchase of homes – with a single progressive or proportionate “property tax”. Any serious reform requires a long overdue property revaluation and an extension in the number of tax bands.
A modest and phased rise in capital taxation would also help to break up today’s wealth concentrations and reduce the passive – and often malign – role played by wealth holdings. Even small changes would release funds which could be used to improve social infrastructure from schools to hospitals.
One such change, as recommended by the Office for Tax Simplification, should be to raise the rates on capital gains tax so that they are equal to income tax rates. In 2024, 378,000 people paid UK capital gains tax worth a total of £12.1 billion – a decrease of 19% on the previous year.
Measures to limit asset inflation could include extending the Bank of England’s remit on inflation to limit rises in property prices, which have led to historically high rents and priced a rising proportion of young people out of home ownership.
2. Reduce how much wealth gets passed on
“A power to dispose of estates forever is manifestly absurd,” the Scottish economist Adam Smith declared 250 years ago. “The Earth and the fulness of it belongs to every generation, and the preceding one can have no right to bind it up from posterity. Such extension of property is quite unnatural.”
Despite Smith’s exhortations, birth and inheritance remain the most powerful indicators across most countries of where you end up in the wealth stakes and the pattern of life chances.
Importantly, inheritance does little to boost productive activity. Higher ratios of inheritance in wealth holdings – and recent decades have seen an upward shift – tend to be associated with reduced economic dynamism. Assets tied up in large wealth pools are often little more than “dead money”: idle resources that could be put to use funding public services or productive investment.
Yet, helped by light taxation, social privileges continue to be handed on in perpetuity. Only 4.6% of deaths in the UK resulted in an inheritance tax charge in the 2023 financial year, contributing a tiny 0.7% of all tax receipts.
Around 36% of all wealth is stored in property, and there is a strong public attachment to people retaining their inherited housing wealth – even among those who are not beneficiaries. In part, inheritance tax is widely perceived as unfair because of the way the richest are able to avoid it.
Of people born in the UK in the 1980s, those in the poorest fifth by wealth will enjoy an average 5% boost to their lifetime income through inheritance, compared with 29% for the top fifth. Clearly, those on the wrong side of this gap will be left even further behind by the end of their lives.
And the divide is widening sharply. The scale of intergenerational wealth transfer is on a steeply upward trend, with projected levels of inheritance set to dwarf all previous wealth transfers in the coming decade. Little of this process contributes to more productive activity, with one of its primary and malign effects being to fuel higher house prices.
3. Introduce a ‘whole wealth’ tax
Another much-debated option would be to levy a new tax on whole wealth holdings, rather than just the revenue these assets generate. An annual 1% tax on wealth over £2 million – affecting some 600,000 people in the UK – could raise around £16 billion a year, according to the 2020 Wealth Tax Commission report.
Such taxes would be easier to levy on immobile assets like buildings and land taxes than on liquid assets, such as financial holdings. But this complexity is not insurmountable – and nor is public opinion. Such a measure could be sold politically as a “solidarity tax” to help pay for key under-resourced but high social-value services – such as a proper social care system and improved services for children.
While many governments have been wary of the political reaction to higher taxes on wealth, YouGov’s most recent survey suggests around three-quarters of the public now support such a tax, with more than half strongly supporting it.
The Inequality Crisis – a talk by the article’s author, Stewart Lansley, in March 2013. Video: RSA.
4. Increase public ownership of utilities and services
Tackling inequality and profiteering also require a greater level of common and social ownership. Britain is a heavily privatised and marketised economy. Few other developed countries have handed over such control of key utilities to private firms.
Privatised in 1989, Britain’s water industry has been turned into a potent example of profiteering. Under private ownership, it has delivered leaky and unrepaired pipes, the illegal dumping of sewage spills into rivers and beaches, and two decades of under-investment in large part because of the disproportionate share of profits going in dividend payments to mostly overseas owners.
Another significant trend has been the private takeover of a range of public services – from social care to children’s services. According to the Competition and Markets Authority (CMA), the UK has “sleepwalked” into a dysfunctional system with widespread profiteering in privately run children’s homes. It found operating profit margins averaging 22.6% from 2016-20, driven by escalating charges and cost-cutting.
These examples of bad accumulation have hollowed out some of the UK’s most vital industries. A mix of public and social ownership and much more effective regulation are necessary to turn these industries into effective service providers rather than cash machines for investors.
Regulatory reforms are also needed to moderate the way some markets work. The CMA suggests that anti-competitive behaviour and “oligopolistic structures” are hallmarks of a rising volume of business activity. For example, it has accused the UK’s seven largest housebuilders of collusion on issues from pricing to marketing.
Price gouging – when firms exploit emergencies such as the COVID pandemic and Russia’s invasion of Ukraine to charge excessively high prices for essential goods – is another area ripe for tougher intervention.
5. Establish citizens’ wealth funds
Alongside greater social ownership, all citizens need to be given a more direct stake in the gains from economic activity. As one heckler put it during the Brexit referendum: “That’s your bloody GDP, not ours.”
One route would be to build models of “people’s capital” through a new strategy of asset redistribution to individuals. This would extend the principle of income redistribution that has been one of the main, if now much weakened, pro-equality instruments of the post-war era. A medium to long-term plan would be to create one or more national and local “citizens’ wealth funds”, owned collectively by all on an equal basis.
Originally advanced by the British economist and Nobel laureate James Meade, such funds would be created by the state but owned by society, with returns distributed either as universal dividends or as investment in public services. Such a fund could be financed from a mix of sources including long-term government bonds; the transfer of several highly commercial state-owned enterprises, such as the Land Registry, Ordnance Survey or Crown Estate; part of the proceeds from higher wealth taxes; and new equity stakes in large corporations.
Anchorage, capital of the US state of Alaska, which operates a permanent fund for its citizens. TripWalkers/Shutterstock
Perhaps the most notable example of citizen-owned capital is the Alaska Permanent Fund. This was created in 1976 from oil revenues and effectively owned by all of the US state’s citizens. It has since paid out a highly popular annual dividend which averages about US$1,150 (£875) a year.
The UK has its own example: also in 1976, the Shetland Islands Council established a charitable trust from “disturbance payments” paid by oil companies in return for operational access to the seas around the islands. The returns from this trust have been used to fund social projects, from leisure centres to support for the elderly.
Another possibility is to establish a national pension fund that would eventually pay for the cost of state pensions. Australia’s Future Fund, for example, is an independently managed sovereign wealth fund to meet future civil service pension obligations. Established in 2006 by receipts of AUS$50 billion (£20 billion) from the sale of Telstra, the national telecoms company, it has since been supplemented by direct government grants and is projected to reach a value of AUS$380 billion by 2033.
The UK government has launched the Community Wealth Fund, a £175 million initiative aiming to “transform neighbourhoods with long-term financing”. Working with local communities the initiative will fund projects in local communities across England. Despite its modest finances, this establishes the principle of collectively owned social funds. This is funded through the government’s Dormant Assets Scheme, which unlocks old bank accounts and other financial products that have been left untouched.
6. Spread access to the nation’s assets across society
Any meaningful redistribution of wealth across society requires a suite of deep structural reforms from improving access to affordable housing to reducing levels of corporate extraction.
One of the most important issues is finding ways of extending access to assets to all citizens as a condition of democratic opportunity. The Child Trust Fund, introduced by New Labour in 2005, was an ambitious attempt to address wealth inequality by giving every child a modest financial stake – a kind of citizen’s inheritance. Yet the scheme was abolished in 2010 by the incoming coalition government.
In the event, it only achieved a modest impact. Average payouts when children reached 18 were around £2,000, with a quarter of all accounts being forgotten or lost. The desired shift in household saving habits tended to be limited to more affluent parents paying extra into the trust funds, meaning the policy reinforced some of the inequalities it had aimed to challenge.
Bold decisions required
While recent years have seen a growing debate about the impact of ever higher concentrations of wealth in the UK, few proposals for real change – beyond a mere tampering at the edges of inheritance and capital gains tax – are yet on the political agenda. Some of these measures would take longer to achieve, and some, such as citizens’ wealth funds, are more ambitious and potentially transformative than others. All would require bold decisions by government.
In the run-up to her much-anticipated November 26 budget, the chancellor has hinted that higher taxes on the wealthy will be “part of the story” – although a manifesto-busting rise in the base rate of income tax is also on the cards.
Against this, Reeves has ruled out a standalone wealth tax, and there appear to be no plans for more radical measures to rein in excessive profiteering. This means that the wealth gap is probably set to widen.
Yet history suggests the idea of limiting high concentrations of wealth is far from utopian. Limits operated relatively effectively among nations including the UK and US in the post-war decades, through a combination of regulation, highly progressive taxation and changes in cultural norms.
The highest personal fortunes were more modest in part because of the destructive effect of war on the size of asset holdings. There was also a new social and cultural climate that would not have tolerated today’s towering fortunes, and which allowed the post-war progressive tax systems to be maintained for decades.
Restructuring the process of wealth accumulation is never going to be straightforward politically. The protests over the adjustment to inheritance tax in 2024, in particular its impact on farmers, demonstrates how sensitive these issues are – particularly when stoked by those seeking to make political capital out of pro-equality reforms.
But Britain stands at a historic moment. Failure to tackle mounting wealth-driven inequality will have harmful consequences for the social and economic stability of generations to come. Amid rising public anxiety about the future and a widespread sense that the economy is “rigged” against ordinary people, a more ambitious political agenda that addresses inequality and economic stagnation could win public backing, if any government is brave enough to try.
The Conversation and LSE’s International Inequalities Institute have teamed up for a special online event on Tuesday, November 18 from 5pm-6.30pm. Join experts from the worlds of business, taxation and government policy as they discuss the difficult choices facing Chancellor Rachel Reeves in her budget. Sign up for free here
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Stewart Lansley is a fellow of the Academy of Social Sciences. His latest book, The Richer, The Poorer: How Britain Enriched the Few and Failed the Poor, is published by Bristol University Press.
In October 2025, members of the European Parliament voted in favour of a bill to reserve terms such as “burger” and “sausage” for meat products. If this bill is approved by most EU member states, products made from meat alternatives or vegetables will no longer be allowed to have “burger” on their packaging.
This bill would change the words on the packaging, but it is not enough to change the words that people use in their everyday lives. A push to change the meaning of a word from a government body is unlikely to be successful, linguistically speaking, because of how the human brain processes and stores the meaning of words.
People often think that the meaning of a given word is a single, unchanging definition, much like you would expect to find in a dictionary. However, the linguistic part of the brain that stores words and their meanings is actually a lot more dynamic – and a lot more vague – than that.
Our understanding of meaning is a lot more “I’ll know it when I see it”. Consider the word “milk”. Attached to that word are a number of qualities that you, personally, find relevant to its meaning. These qualities might include its source (from a cow, a pint carton from the supermarket), its appearance (white, liquid) and its function (a drink, a component in coffee or tea, poured over cereal, as an ingredient in baking, or processed into cheese/yoghurt/cream).
It is these qualities that are stored in the brain under the category “milk”. These qualities, or meanings, are continuously edited, upgraded and discarded over time as we gain new information. By this process, the brain learns how to categorise new experiences or unusual examples, such as chocolate-flavoured milk.
Plant-based alternatives have many of the same qualities as their dairy equivalent. Garna Zarina/Shutterstock
Now consider a dairy alternative, such as one made from oat or soya. This plant-based product has many of the same qualities as its dairy equivalent. The milk alternatives fit the appearance and function of milk, and so they are stored under the category “milk” in the brain.
If oat milk is something you drink regularly, then your meanings will update to reflect this: oat milk will become the prototypical “milk” in your brain. Even if oat milk is not a common occurrence in your everyday life, your brain will likely store it under the linguistic category of “milk”, albeit as a fringe example of milk.
When is a burger not a burger?
Now let us consider the meanings associated with a word like “burger”. Its source (beef, turkey, chicken, pork, bean, falafel, meat alternatives), its appearance (a processed disc patty, presented in a bun) and its function (a patty placed in a bun, usually with some accompanying salad or sauces).
There aren’t any non-burger products that have been processed into the prototypical burger-shaped disc. Tatjana Baibakova/Shutterstock
The first thing you might notice is how many options there are for the source of the burger. Most of these sources are quite common and well-known. Even if you yourself have a strong preference for beef burgers, you probably wouldn’t consider a chicken burger an unusual example of a burger.
In other words, our linguistic category of “burger” allows a lot more flexibility and a wider range of sources than “milk”. On the other hand, the shape of the burger (a processed disc patty) and its function (between two buns) are both very important and more restrictive qualities of a burger.
This is in part because there aren’t any non-burger products that have been processed into the prototypical burger-shaped disc. Similarly, there aren’t any sausage-shaped products that aren’t sausages. The shape of the burger is reinforced in our mental linguistic definitions every time we see a burger, and is never undermined by seeing a non-burger patty. This is why we feel very strongly that the very essence of a burger is tied to its function and its shape.
The meaning of the word “burger” doesn’t come from the dictionary definition, or from being told what a burger is by a government. In fact, there isn’t one single meaning for “burger”.
Instead, in the linguistic database in our brain, we have a collection of meanings that we associate with burgers. This linguistic ability allows us to confidently categorise burgers from non-burgers, even if it is, ironically, hard for us to put into words. What is a burger? I’ll know it when I see it.
Don’t have time to read about climate change as much as you’d like?
Victoria-Elliot Bush does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
