¿La atención mediática al cambio climático influye en las decisiones de inversión?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Laura Andreu, Profesora Titular de Universidad (acreditada para Catedratica). Area de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Zaragoza

En las últimas décadas, la inversión sostenible pasó de ser una tendencia minorista a ocupar un lugar central en los mercados financieros. En 2024, uno de cada ocho dólares gestionados profesionalmente en Estados Unidos se invertía siguiendo criterios de sostenibilidad. Los activos gestionados bajo estos criterios han crecido un 20 % desde 2020 fuera de EE. UU.

Este cambio no es solo una cuestión financiera. Al dirigir el capital hacia determinados sectores y empresas, los inversores influyen en los resultados medioambientales de las compañías. Además, este proceso se ve reforzado por una regulación cada vez más exigente en materia de información no financiera, riesgos climáticos y finanzas sostenibles, así como por la presión de otros grupos de interés.

Esta expansión de la inversión sostenible también ha atraído el interés de los académicos, que intentan entender cómo se integran los principios de sostenibilidad en las carteras de inversión y cuál es su impacto en términos de rentabilidad financiera, impacto social, etc.

A pesar de ello, sabemos relativamente poco sobre cómo reaccionan los inversores ante los riesgos asociados al cambio climático. Resulta clave entender si la cobertura mediática de estos riesgos influye en las decisiones de inversión. En un estudio reciente aportamos nuevas evidencias al respecto.

¿Qué nos dice la evidencia?

El estudio muestra que la exposición de los fondos de inversión al riesgo de carbono es persistente en el tiempo. Así, los inversores pueden anticipar qué fondos estarán más expuestos al poseer activos de empresas emisoras de gases de efecto invernadero o que dependen altamente de combustibles fósiles, lo que las hace muy vulnerables a pérdidas derivadas de la transición hacia una economía baja en carbono.

Los resultados también indican que la atención mediática al cambio climático tiene un efecto claro sobre los flujos de inversión. Cuando aumenta el número de noticias relacionadas con ese asunto, los fondos de inversión con alta exposición al riesgo de carbono experimentan menores flujos de capital. Por el contrario, los fondos con menor exposición a este riesgo atraen más dinero. Dicho efecto es especialmente intenso en los años más recientes del periodo analizado (2000-2023).

Estos resultados se mantienen cuando se tiene en cuenta la rentabilidad financiera de los fondos o sus características principales. Por tanto, las decisiones de inversión no responden únicamente a motivos financieros. Las preferencias por una inversión más sostenible y la preocupación por los riesgos climáticos también desempeñan un papel en este sentido.

Los datos del estudio

Para llegar a estas conclusiones, analizamos 1 352 fondos de inversión de renta variable americana en el periodo 2000-2023. La exposición al riesgo climático se mide mediante el Carbon Risk Score, medida proporcionada por Morningstar, empresa de servicios financieros. Dicho indicador captura específicamente el riesgo de transición asociado al cambio climático. Por tanto, se diferencia de otros índices medioambientales más generales.

Estos datos financieros los combinamos con información sobre la atención mediática al cambio climático en los cinco principales periódicos de Estados Unidos: Los Angeles Times, The New York Times, USA Today, The Wall Street Journal y The Washington Post.

Además, contrastamos los resultados utilizando otras medidas alternativas de atención mediática, como la cobertura en televisión o el índice de incertidumbre y política climática (Climate Policy and Uncertainty Index) propuesto en 2021 por el profesor Konstantinos Gavriilidis.

¿Hacia una inversión más sostenible?

Los resultados apuntan a una conclusión clara. La cobertura mediática del cambio climático influye de forma significativa en el comportamiento de los inversores. En periodos de mayor atención pública, los fondos con menor riesgo de carbono aumentan su patrimonio gestionado, mientras que los más expuestos a sectores intensivos en carbono pierden capital, independientemente de su rentabilidad financiera.

Esto tiene implicaciones importantes:

  • Para los gestores de fondos de inversión, subraya la necesidad de evaluar adecuadamente los riesgos climáticos y de adaptar sus carteras si quieren evitar salidas de capital.

  • Para los reguladores, refuerza la importancia de exigir a las empresas información clara y comparable sobre los riesgos climáticos y sobre como los gestionan.

  • Para los inversores, el estudio muestra que los ratings de riesgo de carbono pueden ser útiles para tomar decisiones más informadas.

A medida que el cambio climático ha ido ocupando un lugar cada vez más destacado en la agenda pública y mediática, los mercados financieros parecen haber respondido alineando las inversiones con una transición hacia una economía baja en carbono.

No obstante, hay un factor geopolítico a tomar en cuenta: las medidas que ha venido tomando el presidente Trump en lo que va de su segundo mandato para abandonar los criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG), dando prioridad al rendimiento financiero de las empresas.

The Conversation

Laura Andreu recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación (MCIN/AEI/10.13039/501100011033) Grant PID2022-136818NB- I00 y del Gobierno de Aragón (code S38_23R).

Diego Víctor de Mingo López recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación (MCIN/AEI/10.13039/501100011033) PID2020-115450GB-I00 y PID2024-159788NB-I00 y de la Universitat Jaume I (UJI-B2020-48, GACUJI/2021/09 y E-2022-42).

José Luis Sarto recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación (MCIN/AEI/10.13039/501100011033) Grant PID2022-136818NB- I00 y del Gobierno de Aragón (code S38_23R).

Juan Carlos Matallín-Sáez recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades MCIN/AEI/10.13039/501100011033, MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y FEDER/EU en los proyectos PID2020-115450GB-I00 y PID2024-159788NB-I00 y de la Universitat Jaume I en el proyecto GACUJI/2021/09.

ref. ¿La atención mediática al cambio climático influye en las decisiones de inversión? – https://theconversation.com/la-atencion-mediatica-al-cambio-climatico-influye-en-las-decisiones-de-inversion-275357

¿Al punto o hecha? El peligro de consumir hamburguesas poco cocinadas

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Raúl Rivas González, Catedrático de Microbiología. Miembro de la Sociedad Española de Microbiología, Universidad de Salamanca

sweet marshmallow/Shutterstock

El auge de las hamburguesas poco cocinadas, impulsado por la tendencia gourmet de los establecimientos especializados, supone un riesgo significativo de seguridad alimentaria, ya que su carne puede contener bacterias patógenas como Salmonella, Escherichia coli, Listeria monocytogenes o Staphylococcus aureus. Pero ¿por qué es mayor el riesgo de la carne picada que el de un entrecot “al punto”?

La explicación es muy sencilla. Las bacterias mencionadas pueden proliferar en cualquier pieza de carne y, al menos al principio, son invisibles e inodoras. En concreto, Escherichia coli suele provenir del tracto digestivo del ganado. Durante el sacrificio, es posible que la superficie exterior de la pieza se contamine. Pero mientras que en una pieza cárnica entera las bacterias suelen quedar en la superficie y es más difícil que penetren hacia el interior, durante el picado y la manipulación de una carne procesada los patógenos pueden distribuirse por todo el alimento.

Esta es la razón por la cual un chuletón al punto es menos peligroso que una hamburguesa poco hecha. Al sellar el chuletón en la plancha, la temperatura alcanza niveles letales para las bacterias que están en la superficie, aunque el centro quede rojo y frío. Sin embargo, para matar la Escherichia coli en una hamburguesa, es necesario que el calor llegue al centro, ya que las bacterias están repartidas por toda la carne. Si el centro está crudo, los microorganismos allí alojados seguirán vivos. Si está muy hecho, nos puede resultar “reseca”.

Durante el picado y la manipulación de una carne procesada los patógenos pueden distribuirse por todo el alimento.
Springlane/Shutterstock

La toxina Shiga

De hecho, la carne picada es considerada uno de los alimentos con mayor riesgo de contaminación por Escherichia coli, productora de toxina Shiga. Los casos de infección pueden presentarse como casos esporádicos o como brotes, y pueden ser tanto sintomáticos como asintomáticos.

En caso de desarrollar síntomas, éstos pueden variar desde diarrea leve hasta calambres abdominales, vómitos y diarrea sanguinolenta grave.

Alrededor del 30 % de los casos requieren hospitalización. Y aproximadamente del 5 % (que aumenta al 11 % en niños de 1 a 4 años) desarrollan síndrome urémico hemolítico (SUH), una afección multisistémica grave que afecta predominantemente a los riñones y puede ser mortal.

Escherichia coli enterohemorrágica (ECEH) incluye más de 100 serotipos que producen toxina Shiga y otras similares, pero solo un pequeño número de serotipos está relacionado con la enfermedad humana. De ellos, Escherichia coli O157:H7 es uno de los que con más frecuencia causa casos en humanos.

En España, en el año 2022 fueron notificados 633 casos de infección por Escherichia coli verotoxigénica. De las personas afectadas, 144 fueron hospitalizadas y 3 fallecieron.

El caso Jack in the Box

Entre diciembre de 1992 y febrero de 1993, Estados Unidos sufrió un brote de Escherichia coli O157:H7, resultante de hamburguesas poco cocinadas servidas en la cadena de comida rápida Jack in the Box. El brote involucró a 73 restaurantes de la cadena en California, Idaho, Washington y Nevada, y es considerado uno de los eventos más traumáticos en la historia de la seguridad alimentaria de Estados Unidos. La mayoría de los afectados eran menores de 10 años.

En total hubo más de 700 personas afectadas. Cuatro niños murieron y otros 178 quedaron con lesiones permanentes, incluyendo daño renal y cerebral. El abogado William Marler representó a cientos de otras víctimas del brote en una demanda colectiva contra Jack in the Box, llegando a un acuerdo por más de 50 millones de dólares.

El grosor de la “Monster Burger”

En aquel entonces, el estándar federal de cocción para la carne de res era de 60 °C. Sin embargo, el estado de Washington había elevado su estándar a 68 °C. Jack in the Box no cumplió con la norma estatal más estricta, lo que permitió que la bacteria sobreviviera en las carnes medianamente crudas.

Además, en el momento del brote, Jack in the Box estaba promocionando con fuerza su “Monster Burger”. El problema no era solo la carne contaminada que recibieron de sus proveedores, sino la forma en que se preparaba esta hamburguesa en concreto, mucho más grande y gruesa que las estándar, por lo que necesitaba más tiempo de cocinado. Los empleados, bajo presión por despachar pedidos rápidos, siguieron los tiempos de cocción habituales.

Debido al grosor de la carne, el centro de la “Monster Burger” a menudo no alcanzaba la temperatura necesaria y quedaba semicrudo, el ambiente perfecto para que Escherichia coli sobreviviera.

E. coli es una bacteria termosensible, de manera que el cocinado completo y homogéneo del alimento, a una temperatura mayor o igual a 70 ºC durante al menos 2 minutos, la destruye. Por eso es tan importante seguir esta recomendación para cocinar alimentos que presentan un mayor riesgo, como hamburguesas u otros productos elaborados con carne picada.

Hamburguesas, pero también productos lácteos

El 26 de marzo de 2026, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) emitió una alerta por presencia de Escherichia coli productora de toxinas Shiga en queso Camembert procedente de Francia. ¿Por qué el queso?

El tracto gastrointestinal de los rumiantes es uno de los nichos ecológicos esenciales de Escherichia coli productora de toxina Shiga, siendo el ganado vacuno y ovino los principales reservorios animales. La transmisión de animales a humanos puede ocurrir por contacto directo con animales colonizados o su entorno, o por el consumo de alimentos o agua contaminados con el patógeno.

Los alimentos frecuentemente asociados con brotes de Escherichia coli O157:H7 incluyen productos lácteos sin pasteurizar y productos frescos expuestos a la escorrentía de agua de lluvia o de riego que contenga heces de animales, así como productos cárnicos de vacuno o cordero crudos o poco cocinados.

En octubre de 2024, se registró un brote de Escherichia coli O157:H7 en España, con al menos 23 personas afectadas y 2 hospitalizados en Pamplona, vinculado al consumo de hamburguesas en el evento itinerante “The Champions Burger”. Ese mismo año, a finales de diciembre, la Red de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la Unión Europea emitió una notificación urgente sobre la retirada inmediata de carne picada congelada comercializada en España con niveles de Escherichia coli productora de toxinas Shiga inadecuados para su consumo.

A la vista de la vinculación de Escherichia coli patógena, y en particular del serotipo O157:H7, con brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, debemos insistir en las prácticas de higiene rigurosas y asegurar un control efectivo de los alimentos de origen animal. Y, antes de llevar las hamburguesas a la mesa, cocinarlas adecuadamente para mitigar los riesgos para la salud pública.

The Conversation

Raúl Rivas González no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. ¿Al punto o hecha? El peligro de consumir hamburguesas poco cocinadas – https://theconversation.com/al-punto-o-hecha-el-peligro-de-consumir-hamburguesas-poco-cocinadas-281927

Sommeil, activité physique, alimentation : des améliorations même modestes sont liées à un vieillissement en meilleure santé

Source: The Conversation – France in French (3) – By Eef Hogervorst, Professor of Biological Psychology, Loughborough University

Les personnes qui participent à UK Biobank, un vaste projet de recherche à long terme sur la santé mené auprès de centaines de milliers d’adultes britanniques, sont généralement en meilleure santé que la population moyenne. CandyRetriever/Shutterstock

Une étude qui a porté sur une importante cohorte britannique suggère que de légers changements dans les habitudes de sommeil, d’activité physique et d’alimentation sont associés à un vieillissement en meilleure santé. On fait le point sur ses principaux enseignements, mais aussi sur les limites des résultats qu’elle met en avant.


Selon une vaste étude menée au Royaume-Uni, il ne serait pas nécessaire de bouleverser complètement notre mode de vie pour vivre plus longtemps en meilleure santé. C’est une bonne nouvelle, d’autant plus que beaucoup de gens abandonnent vite les bonnes résolutions qu’ils prennent concernant leurs habitudes de vie.

Dans cette étude récente, ont été suivies environ 59 000 personnes au Royaume-Uni, dont l’âge moyen était de 64 ans, sur une période de huit ans. Les chercheurs ont confirmé ce qu’avaient montré des travaux antérieurs selon lesquels des modes de vie plus sains sont associés à un risque moindre de maladies, notamment de démence, ainsi qu’à une vie plus longue en bonne santé et plus autonome.

Les auteurs de l’étude rapportent que des changements même très modestes étaient associés à de tels bienfaits. Cela incluait notamment le fait de dormir environ cinq minutes de plus par nuit, de pratiquer deux minutes supplémentaires par jour d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse, et d’améliorer modestement son alimentation. L’ensemble de ces changements étaient associés à environ une année supplémentaire de vie en bonne santé. Le terme « vie en bonne santé » désigne ici les années vécues sans maladie grave ni handicap qui limitent les activités quotidiennes.

Des changements plus importants sont associés à des gains plus significatifs. Près d’une demi-heure de sommeil supplémentaire par nuit, combinée à quatre minutes d’exercice supplémentaires par jour (ce qui représente près d’une demi-heure d’activité physique en plus par semaine), et à d’autres améliorations en matière d’alimentation, permettent de gagner jusqu’à quatre années de vie en bonne santé.




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Cela est important à noter car, bien que les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes, ces années supplémentaires sont souvent marquées chez elles par une moins bonne santé, ce qui entraîne des coûts personnels et économiques significatifs. Les femmes sont exposées à un risque plus élevé de démence, d’accident vasculaire cérébral et de maladies cardiaques à un âge avancé, ainsi qu’à des affections entraînant une perte de la vue et à des fractures osseuses. Ces maladies peuvent réduire la qualité de vie et menacer l’autonomie.

Changer son mode de vie peut également réduire le risque de décès prématuré. L’année dernière, les mêmes facteurs liés au mode de vie examinés dans cette cohorte ont fait l’objet d’une analyse dans une autre étude qui portait sur la mortalité (le risque de décès).

D’après cette analyse, les personnes ayant adopté un mode de vie plus sain sur une période de huit ans présentaient un risque de décès inférieur de 10 % au cours de cette période. La combinaison de 15 minutes de sommeil supplémentaires par nuit, de deux minutes supplémentaires d’activité physique modérée à intense par jour et d’une alimentation saine était associée à une légère réduction du risque de décès. Une réduction bien plus importante, de 64 %, a été observée chez les personnes qui dormaient entre sept et huit heures par nuit, suivaient une alimentation saine et pratiquaient entre 42 et 103 minutes supplémentaires d’activité physique modérée à intense par semaine.

Soulignons que cet effet bénéfique n’a été observé que lorsque ces comportements étaient combinés. L’alimentation seule n’avait par exemple aucun effet mesurable.

Atouts et limites de ces études

L’un des principaux atouts de ces études vient du fait qu’elles mettent en évidence des bienfaits pour la santé dès les premiers signes d’un changement de comportement. Cela réduit le risque que les résultats soient uniquement influencés par le fait qu’elles inclueraient des personnes déjà en meilleure santé ou plus motivées. Ces conclusions apparaissent ainsi plus pertinentes pour les personnes âgées et pour celles qui ont des capacités limitées pour modifier leurs habitudes.

Un autre de leurs points forts réside dans le recours à des mesures objectives plutôt qu’à des données déclarées par les personnes participantes elles-mêmes. L’activité physique et le sommeil ont été mesurés à l’aide d’appareils portables, plutôt qu’en se fiant aux estimations des participants concernant leur propre comportement. Les déclarations des participants peuvent en effet se révéler peu fiables, en particulier chez les personnes qui souffrent de troubles de la mémoire, comme chez celles qui se trouvent aux premiers stades de la démence.

Il existe toutefois des limites importantes à ces études. Les mesures objectives n’ont été recueillies que pendant trois à sept jours, ce qui ne reflète peut-être pas les habitudes à long terme des personnes concernées. Selon mon expérience, le fait de porter un bracelet connecté peut inciter les gens à faire davantage d’exercice pendant la période de suivi, mais ces changements sont souvent de courte durée.

De plus, les accéléromètres portés au poignet évaluent le sommeil et l’activité physique en se basant sur les mouvements. Pendant le sommeil profond, les personnes bougent très peu, mais l’absence de mouvement ne signifie pas toujours qu’une personne dort. Ces appareils peuvent donc ne pas refléter pleinement les véritables habitudes de sommeil ou les niveaux activité physique. D’autres méthodes, telles que les capteurs fixés sur la cuisse ou les capteurs intégrés au matelas qui détectent les mouvements pendant le sommeil, peuvent fournir des évaluations plus précises.

Malgré ces problèmes, les mesures objectives sont généralement plus fiables que les déclarations des personnes concernées. Toutefois, comme le comportement n’a été mesuré qu’une seule fois, il est difficile de déterminer si les changements de comportement observés au fil du temps ont influencé les résultats en matière de santé. Il est également difficile de savoir si l’activité enregistrée correspondait à de l’exercice pratiquée pendant les loisirs ou à une activité physique au travail, sachant que ces deux types d’activité peuvent avoir des effets différents sur la santé.

Les informations sur l’alimentation posent un autre défi. Les habitudes alimentaires ont été rapportées par les participants eux-mêmes et recueillies trois à neuf ans avant la collecte des données sur le sommeil et l’activité physique. Les habitudes alimentaires changent souvent avec le temps, en particulier après un diagnostic tel qu’une maladie cardiovasculaire, où il peut être conseillé aux personnes concernées de baisser leur cholestérol, ou dans des cas de démence, quand les personnes peuvent oublier de manger. Il est donc difficile de savoir si l’alimentation a influencé le risque de maladie, ou si c’est l’apparition de la maladie qui a modifié l’alimentation et contribué finalement à une mauvaise santé puis à un décès prématuré.

Il faut également tenir compte de facteurs sociaux plus généraux. Les comportements sains ont tendance à se regrouper ensemble et sont étroitement liés au niveau d’éducation et à la sécurité financière. Par exemple, le tabagisme et le fait d’être en surpoids ou obèse sont étroitement associés à la précarité et à la pauvreté.




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Les participants à l’UK Biobank, un vaste projet de recherche à long terme sur la santé qui recueille des données génétiques, sur le mode de vie et sur la santé auprès de centaines de milliers d’adultes britanniques, sont généralement en meilleure santé que la population britannique moyenne.

La recherche en santé attire souvent des personnes en meilleure santé, plus instruites et jouissant d’une plus grande sécurité financière. Cela peut refléter à la fois un intérêt pour la recherche et le fait de disposer du temps et des ressources nécessaires pour participer à de telles études.

La richesse a également un impact sur l’exposition au risque. Les personnes qui disposent de revenus plus élevés sont moins susceptibles de vivre dans des zones où les niveaux de pollution sont élevés et ont davantage de chances de contrôler leurs conditions de travail et leurs finances. Le stress financier peut affecter la qualité du sommeil, entraîner de la fatigue et réduire la probabilité de faire de l’activité physique, d’acheter des aliments frais ou de préparer des repas sains. Au cours d’une vie, ces facteurs contribuent à une santé plus fragile et à un décès prématuré.

Bien que les chercheurs aient tenté de prendre en compte ces influences à l’aide de méthodes statistiques, celles-ci sont étroitement liées et difficiles à distinguer. Pour de nombreuses personnes qui vivent désormais dans une extrême pauvreté, l’aggravation du fossé entre problèmes de santé et richesse met en évidence les limites de la responsabilité individuelle. Ces problèmes structurels exigent une action de la part des décideurs politiques, plutôt que de faire porter le fardeau uniquement aux personnes qui n’ont peut-être que très peu de contrôle sur les conditions qui déterminent leur santé.

The Conversation

Eef Hogervorst a reçu des financements de plusieurs fondations gouvernementales et caritatives pour ses recherches sur le mode de vie et la santé, notamment, actuellement, de l’ISPF et d’Alzheimer’s Research UK. Elle est rattachée à l’université de Loughborough et a récemment intervenu en tant qu’experte en démence pour le NICE et la BBC. Par le passé, elle a été consultante en matière d’alimentation et de risques de démence pour Proctor.

ref. Sommeil, activité physique, alimentation : des améliorations même modestes sont liées à un vieillissement en meilleure santé – https://theconversation.com/sommeil-activite-physique-alimentation-des-ameliorations-meme-modestes-sont-liees-a-un-vieillissement-en-meilleure-sante-281360

Aux obsèques aussi, la musique a un prix

Source: The Conversation – in French – By Jordy Bony, Docteur et Professeur en droit à l’EM Lyon, EM Lyon Business School

Si, intuitivement, nous pensons les cérémonies funéraires comme des moments qui ne concernent que le cercle des proches et relèvent de l’intimité, le droit considère que la diffusion de musique dans ce cadre doit donner lieu à la rétribution des droits d’auteur. Une question juridique complexe qui s’impose dans un moment de grande vulnérabilité et qui mérite d’être mieux comprise.


Entre hommage personnalisé et cadre réglementaire une décision rendue le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris invite à reconsidérer les pratiques du secteur funéraire en jugeant que la diffusion de musique lors des cérémonies funéraires constitue un acte de communication au public au sens du Code de la propriété intellectuelle, ce qui entraîne la rémunération des auteurs par l’intermédiaire de la Societé des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem).

Cette évolution soulève toutefois plusieurs questions quant à la conciliation entre le respect des droits d’auteur et le caractère sensible et intime des funérailles.

C’est l’occasion de revenir sur les fondements juridiques du droit d’auteur, du cas particulier des cérémonies funéraires et sur les questions que tout cela pose pour l’avenir juridique de ce secteur.

Fondements juridiques du droit d’auteur

Le droit d’auteur regroupe les droits dont dispose un auteur sur ses œuvres de l’esprit, c’est-à-dire des créations originales, telles que les œuvres littéraires, plastiques, photographiques, logicielles ou musicales. En matière musicale, les droits d’auteur protègent à la fois le compositeur et le parolier, c’est-à-dire l’auteur du texte.

Afin d’être protégées, toutefois, ces œuvres de l’esprit doivent présenter un caractère « original ». Autrement dit, l’œuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur ou refléter un apport intellectuel ou un effort créatif. La jurisprudence a progressivement permis de définir plus clairement cet élément de l’originalité. En particulier, dans l’arrêt Painer du 1ᵉʳ décembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne renforce la reconnaissance de la personnalité créative de l’auteur, en affirmant que l’originalité d’une œuvre est définie comme le reflet de sa personnalité qui se manifeste à travers des choix libres et créatifs.

De surcroît, l’originalité d’une œuvre musicale possède des éléments qui lui sont propres, notamment sa nature. Selon la Cour de cassation, en effet, l’originalité de l’œuvre musicale s’apprécie à l’écoute de l’ensemble de l’œuvre, au regard de ses éléments constitutifs que sont la mélodie, l’harmonie et le rythme.

De manière plus générale, le droit d’auteur repose sur un ensemble de principes, clairement énoncés dans le Code de la propriété intellectuelle, qui définissent le cadre de protection des œuvres artistiques et littéraires, dont les œuvres musicales, les enregistrements et les reproductions Notamment, l’article L. 111-1 consacre le droit exclusif de l’auteur du seul fait de la création, la protection de l’œuvre ne nécessite aucune formalité. Par conséquent, aucun dépôt constitutif n’est, en théorie, nécessaire afin d’acquérir ce droit exclusif sur sa musique.

Malgré ce principe, en cas de litige sur la paternité, l’auteur devra être en mesure de donner la preuve de la date de création de l’œuvre. À cette fin, il pourra déposer une enveloppe Soleau auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) afin d’horodater la création ou déposer l’œuvre chez un notaire, un huissier de justice ou faire appel à une société d’auteurs.

Ce droit exclusif de l’auteur, qui est en théorie opposable à tous, compte des attributs d’ordre patrimonial, à savoir les droits sur l’exploitation de l’œuvre, mais aussi des droits moraux, notamment le droit à la paternité de l’œuvre, à sa divulgation et son respect.

Si le droit moral est perpétuel et incessible, les droits patrimoniaux ont une durée limitée à la vie de l’auteur et durent soixante-dix ans après sa mort. Parmi ces droits patrimoniaux figure le droit de représentation et de communication au public des œuvres musicales, défini aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Ces dispositions imposent notamment que toute diffusion d’une œuvre en dehors du cercle strictement privé, entendu comme un groupe composé d’un nombre restreint de proches, fasse l’objet d’une autorisation préalable et surtout d’une rémunération de l’auteur. C’est là que le bât blesse en ce qui concerne les cérémonies funéraires. Ne sont-elles pas organisées dans le cadre privé, avec un groupe restreint de proches ?

Le cas particulier des cérémonies funéraires

C’est ici que le sujet devient délicat. En apparence, les funérailles relèvent de l’intime : elles réunissent famille, proches et quelques connaissances dans un moment de recueillement. Beaucoup seraient donc tentés de voir dans la diffusion d’une chanson un acte relevant naturellement du cadre privé. Pourtant, en droit d’auteur, cette intuition ne suffit pas. Le Code de la propriété intellectuelle cité ci-dessus ne vise pas toute situation simplement « privée » au sens courant, mais uniquement les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. Cette exception est d’interprétation stricte.

C’est précisément sur ce point qu’est intervenue la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris, le 31 janvier 2024. Saisi d’un litige opposant notamment la Sacem à des fédérations du secteur funéraire, le tribunal a jugé que la diffusion de musique lors des cérémonies d’obsèques constituait bien « une communication au public ». Il a donc écarté l’argument selon lequel ces diffusions relèveraient automatiquement du cercle de famille. Autrement dit, le caractère solennel, émotionnel ou même familial d’une cérémonie funéraire ne suffit pas, à lui seul, à la faire échapper au droit d’auteur.

Cela peut sembler assez logique : la qualification de « communication au public » repose sur des critères objectifs, tenant notamment à la nature de la diffusion et au cercle des personnes qui y ont accès. Or, le caractère solennel, émotionnel ou même familial d’une cérémonie funéraire n’a pas, en lui-même, pour effet de soustraire cette diffusion au droit d’auteur.

D’un point de vue très pragmatique, la solution peut toutefois sembler contre-intuitive. Dans le langage courant, les obsèques sont souvent perçues comme un événement privé. Mais le droit raisonne autrement. Ce qui compte, ce n’est pas seulement l’intimité ressentie par les participants, mais aussi le cadre dans lequel la musique est diffusée. Lorsqu’une œuvre musicale est intégrée à une cérémonie organisée par un opérateur funéraire, dans le cadre d’une prestation de services, avec des moyens techniques de diffusion mis à disposition de plusieurs personnes, les juges peuvent y voir un acte de communication au public. La cérémonie demeure un moment personnel pour les proches, sans pour autant relever nécessairement, au sens juridique, du cercle de famille.

Il faut d’ailleurs souligner un point important : la question ne revient pas à demander si une famille endeuillée devra elle-même régler des droits d’auteur pour chaque morceau choisi. En pratique, le débat concerne surtout les opérateurs funéraires, c’est-à-dire les professionnels qui organisent la cérémonie et assurent la diffusion de musique dans le cadre de leur activité. C’est à ce niveau que s’organise la relation avec la Sacem et que se pose la question de la rémunération des auteurs. Cette précision compte, car elle montre que la controverse vise moins les familles que l’encadrement juridique d’une prestation professionnelle intégrant des œuvres protégées. Dernier élément rassurant : cela ne change quasiment rien sur la facture. En effet, la redevance coûte entre 1,6 et 3 euros par cérémonie aux opérateurs.

Reste que la solution suscite un malaise compréhensible. Les funérailles ne sont ni un spectacle ni un simple service marchand comme un autre. La musique y joue souvent un rôle symbolique fort : elle accompagne le deuil, rappelle la personnalité du défunt et participe à la singularité de l’hommage. C’est pourquoi la soumission de ces diffusions au droit d’auteur peut apparaître, pour certains, comme une intrusion de la logique patrimoniale dans un moment de grande vulnérabilité humaine.

À l’inverse, on peut aussi soutenir qu’il n’existe pas, en principe, de raison de priver les auteurs de rémunération au seul motif que leurs œuvres sont utilisées dans un contexte funéraire. Le véritable enjeu est donc moins d’opposer brutalement les familles aux titulaires de droits que de trouver un équilibre entre la dignité des cérémonies et le respect des règles de propriété intellectuelle.

Quoi qu’il en soit, tout cela a donné naissance à la signature d’un compromis sectoriel en 2025 entre la Sacem et les opérateurs du funéraires. Cet accord a permis d’abaisser les coûts et de simplifier les modalités déclaratives pour les professionnels. Sur le plan pratique, il constitue donc une réponse utile. Il ne tranche toutefois pas, à lui seul, la question de fond. La réduction des tarifs et l’organisation administrative du dispositif n’effacent ni le débat sur la qualification juridique des cérémonies, ni l’inconfort symbolique que suscite l’application du droit d’auteur à un moment de deuil.

Le compromis apaise la pratique, sans nécessairement clore la réflexion, laquelle peut d’ailleurs s’étendre au-delà du seul secteur funéraire.

Repenser les rapports entre pratiques funéraires et catégories juridiques établies

Dès lors, plusieurs questions peuvent être posées pour mieux envisager l’avenir et anticiper les litiges.

D’abord, la notion de « cercle de famille » est-elle encore adaptée aux rituels contemporains du deuil ? Le contentieux relatif à la musique diffusée lors des obsèques révèle peut-être les limites de cette notion juridique ancienne. En refusant d’assimiler automatiquement les cérémonies funéraires à cette exception, le tribunal judiciaire de Paris a rappelé que le droit d’auteur retient une conception étroite de la représentation privée. Mais cette rigueur interroge : les formes contemporaines du deuil, souvent plus ouvertes, plus personnalisées et parfois organisées par des opérateurs funéraires, entrent-elles encore dans les catégories classiques du droit de la propriété intellectuelle ?

Plus largement, cela revient à se demander jusqu’où la cérémonie funéraire peut être assimilée à une prestation de services comme une autre. Le raisonnement des juges repose en partie sur le fait que la diffusion musicale s’insère dans une prestation organisée par un professionnel. Cette logique est juridiquement cohérente, mais elle soulève une question plus large : la cérémonie funéraire doit-elle être analysée comme une simple prestation de services comportant un fond musical ou comme un rituel social et humain si particulier qu’il appelle un traitement distinct ? En d’autres termes, la qualification juridique actuelle rend peut-être compte du fonctionnement économique du secteur, sans épouser pleinement la singularité sociale des obsèques. Le compromis sectoriel de 2025 précité, par exemple, ne permet pas de répondre à cette question.

Pour finir, cette affaire montre combien certaines catégories du droit peuvent paraître contre-intuitives au grand public. Dans le langage courant, les funérailles sont perçues comme un moment intime ; en droit d’auteur, cela ne suffit pas à relever du cercle de famille. L’écart entre ces deux perceptions explique une grande part de l’émotion suscitée par le sujet. Peut-être faut-il donc, au-delà du débat de fond, mieux expliquer la logique du droit positif : non pour éteindre la critique, mais pour permettre qu’elle se formule sur des bases plus précises et mieux comprises.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

ref. Aux obsèques aussi, la musique a un prix – https://theconversation.com/aux-obseques-aussi-la-musique-a-un-prix-280080

« Pourquoi l’attitude psychanalytique me sert de boussole dans ce monde chaotique »

Source: The Conversation – France in French (3) – By Nicola Redhouse, Lecturer, Publishing and Editing, The University of Melbourne

« La curiosité est l’opposé du fanatisme ; elle nous conduit à nous interroger : “Existe-t-il d’autres vérités ?” », écrit le psychanalyste Mannie Sher. Triff/Shutterstock

Face à un monde instable et violent, il est tentant de se raccrocher à des certitudes et à des logiques d’opposition binaires et partisanes. L’essayiste Nicola Redhouse s’inspire du psychanalyste Wilfred Bion (1897-1979), selon qui être en prise avec la réalité implique de supporter l’incertitude. En un sens positif, cette incertitude permet de déployer une ouverture d’esprit et une curiosité salutaire.


Lorsque j’enseignais l’écriture de nouvelles, je citais souvent Meg Wolitzer : « Vous vous retrouverez dans un endroit que vous ne connaissiez pas. Un endroit où vous ne pensiez pas aller. »

Le principe, disais-je à mes étudiants, c’est de rendre le lecteur curieux. C’était il y a dix ans. Depuis, la curiosité semble passée de mode.

L’IA encourage des réponses rapides, souvent fragiles, plutôt que des enquêtes patientes et nuancées (alors qu’en ce moment, une culture du mensonge à la Maison Blanche – comme lorsque Donald Trump a affirmé qu’un changement de régime avait eu lieu en Iran – exigerait un travail de vérification rigoureux). L’IA favorise aussi des formes de divertissement brèves et superficielles, dans un monde où 36 % des 18–24 ans s’informent via TikTok.

Aujourd’hui, le monde paraît particulièrement instable. De nouveaux conflits en Iran et au Liban s’ajoutent à ceux d’Ukraine et de Gaza – où un cessez-le-feu tient, pour l’instant. Trump se dispute avec le pape. Le seul point lumineux : la défaite de l’autocrate Viktor Orban en Hongrie. Tout cela sur fond d’accélération de la catastrophe climatique.

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que nous cherchions de la certitude. Mais c’est peut-être son contraire – la curiosité – dont nous avons besoin. Elle pourrait rouvrir un peu les possibles, nous permettre de nous intéresser à ce que ressent l’autre, à la manière dont il souffre, ou même à ce qui pourrait nous faire rire ensemble.

Ma vision du monde a été profondément marquée par le psychanalyste du XXe siècle Wilfred Bion et par ce que l’on appelle « l’attitude psychanalytique » : une curiosité ouverte, disponible, dépourvue de précipitation. Les idées de Bion offrent, me semble-t-il, une manière de rencontrer le monde – et peut-être d’en atténuer les formes actuelles de fondamentalisme.

L’attitude psychanalytique

Avec le temps, je me suis moins intéressée aux réponses qu’à comprendre ce qui nous amène à nous questionner – à tâtonner à l’aveugle. À essayer d’imaginer ce que cela ferait d’être hors de mon propre corps, ou dans la tête de quelqu’un d’autre. « La curiosité est l’opposé du fanatisme ; elle nous conduit à nous interroger : “Existe-t-il d’autres vérités ?” », écrit le psychothérapeute Mannie Sher.

Pour Wilfred Bion, la possibilité même de penser – et d’être en prise avec la réalité – dépend de notre capacité à supporter l’incertitude. Sans cela, la pensée bascule facilement dans la peur, la colère, ou des fantasmes d’anéantissement.

Wilfred Bion.
Facebook

Bion comprenait qu’adopter une posture de savoir préalable empêchait la possibilité d’une compréhension véritable. Son travail s’appuyait sur ce que le poète John Keats considérait comme essentielle à toute grande pensée – la « capacité négative » qu’il définit comme « la faculté chez un homme de savoir exister au sein des incertitudes, des mystères, des doutes, sans vouloir d’irritante façon rejoindre à tout prix le terrain des faits et de la raison ».

La théorie de Bion prend sa source dans la relation mère-bébé. La mère ou la personne qui s’occupe de l’enfant adopte une forme d’écoute et d’attention et supporte de ne pas comprendre ce que veut le bébé. Elle peut contenir la rage ou la déception du nourrisson par le langage et par des gestes apaisants – comme gazouiller ou bercer – jusqu’à comprendre ce qu’il exprime en répondant à ses besoins.

« L’attitude psychanalytique » est devenue la pierre angulaire d’un travail fécond pour ceux qui s’inspirent de la pensée de Bion. Le psychothérapeute Robert Snell la décrit comme « une orientation émotionnelle… un engagement, fondé sur le respect, à maintenir une posture radicalement ouverte d’esprit ».

Confronter des vérités complexes

Le partisanisme, l’indignation et les divisions profondes caractérisent de plus en plus notre culture politique et idéologique.

Le conflit à Gaza est devenu un point de cristallisation. Prendre position – ou être perçu comme appartenant à un camp – comporte désormais des risques réels.

« Le conflit entre Israël et Gaza est la question la plus polarisante du XXIe siècle », déclarait un participant à un sondage de 2024.

Sur les réseaux sociaux, la vitesse de circulation des informations fausses ou incendiaires, combinée à la brièveté imposée, renforce cette polarisation. Il en résulte une forme de certitude assénée qui empêche d’entendre d’autres vérités – celles, vécues et émotionnelles, d’individus ou de communautés qui ne sont pas les nôtres.

Ces vérités, souvent hors de nos algorithmes, demandent que nous baissions un peu nos défenses et que nous écoutions vraiment – pour être touchés.

Ces dernières années, cela m’est arrivé. Je suis juive, et j’ai été bouleversée de voir combien, après le 7 octobre, certains ont nié ou minimisé les attaques du Hamas. Mais j’ai aussi commencé à me demander ce que je ne savais pas – ou ce que j’avais évité de comprendre. Je n’avais été formée qu’à certaines parties de l’histoire d’Israël. Je suis devenue curieuse.

Cela a ouvert ma pensée à des expériences auxquelles je ne m’étais pas assez confrontée : j’ai écouté des témoignages palestiniens, lu des récits historiques palestiniens, regardé des images de Gaza – en m’efforçant de le faire sans le poids de ce que je croyais déjà savoir. J’en ai été profondément bouleversée.

Je conservais le sentiment d’horreur et de chagrin face aux événements du 7-Octobre ainsi que le souvenir de mes propres expériences récentes d’antisémitisme.

La compréhension à laquelle je suis parvenue était d’ordre émotionnel. Elle est contenue dans les mots d’un survivant de la Shoah manifestant en Israël : « Je ne pense pas que nous puissions nous souvenir de notre souffrance sans reconnaître celle de Gaza… Elle occupe la même place dans mon cœur. »

Nous ne pouvons parvenir à ce type de connaissance que si nous pouvons, comme l’écrit Sher, « faire notre deuil sans accusation […] rester liés sans sombrer dans l’idéologie […] préserver la capacité de penser au milieu du bruit de la certitude ».

Ces vérités peuvent être désordonnées : des récits où les coupables sont aussi des victimes, ou l’inverse ; où des individus ordinaires commettent des actes terribles au nom de la bureaucratie ; où des sociétés entières, sous l’emprise d’un pouvoir ou d’un système brutal, agissent mal – ou n’agissent pas du tout. Elles peuvent même impliquer notre responsabilité.

Se détourner de ces vérités ne fait que renforcer les oppositions simples – ce « nous » contre « eux » – dans lesquelles peuvent s’enraciner des horreurs comme les génocides, les pogroms ou les nettoyages ethniques.

Attention, algorithmes et « faits alternatifs »

« Les intérêts qui sont les nôtres, l’attention que nous développons à certaines choses semblent être les meilleurs moyens d’accéder aux vies que nous désirons », écrit le psychanalyste Adam Phillips.

Toute forme d’attention autre que fragmentée est devenue un luxe. Tout semble accéléré, y compris le processus de recueil des informations et de formation de nos opinions.

Une analyse de 35 millions de publications Facebook a montré que 75 % des liens partagés n’avaient même pas été lus par ceux qui les publiaient. Une étude de grande échelle sur Twitter (désormais X) a montré que la position idéologique d’un utilisateur dans un débat prédit ses positions dans d’autres. Nous tirons des vérités de discours de ceux avec qui nous sommes déjà d’accord.

L’« autre camp » propose souvent une autre vérité. L’écart se creuse.

Qu’est-ce qui est encore réel, pourraient demander les plus jeunes, à une époque où l’on peine à distinguer une chanson humaine d’une chanson générée par une IA ; où les arnaques se multiplient ; où les sites satiriques désorientent plus qu’ils ne font rire.

Sur les réseaux sociaux, où nous passons plus de temps que jamais, les contraintes d’espace et d’immédiateté façonnent la manière dont nous formulons nos pensées, en favorisant des conclusions tranchées.

Nous savons déjà – et nous pensons en savoir assez. Des histoires entières sont réduites à des slogans. Des traumas personnels réduits à 30 caractères. J’aime, je ris, j’adore, je compatis, je m’indigne. Un seul clic.

Ce type de savoir ne peut pas accueillir le réel.

Une incertitude féconde

Cela laisse aussi peu de place à une position de non-savoir – ce que j’appelle une « incertitude générative ». Une position qui peut ouvrir à un déplacement, à un changement. Un point de départ plutôt qu’une fin.

Il y a des années, après une table ronde, une femme s’est approchée de moi pour me dire qu’elle n’achèterait pas mon livre. « Il a l’air de poser beaucoup de questions, et moi je veux des réponses. » À l’époque, cela m’avait amusée. Aujourd’hui, beaucoup moins.

Avec sa logique de repérage de motifs, l’IA propose précisément ce type de savoir fermé – sans place pour l’incertitude. Elle peut être utile pour traiter certaines données, par exemple en identifiant des maladies rares. Mais elle commet des erreurs dès qu’il s’agit de contexte, donnant parfois des conseils dangereux, notamment sur les troubles alimentaires ou la dépression.

Les réponses automatisées répondent à notre désir de savoir sans passer par le travail de recherche – un processus qui demande du temps, de la réflexion, parfois une lecture étendue. C’est pour cette raison que la philosophe Gillian Rose a critiqué la tendance à écrire « en tant que » – « en tant que femme », « en tant que juive » – comme si l’identité pouvait tenir lieu de savoir.

« Ma trajectoire ne suit aucune logique de ce type », écrit-elle. « Si je savais qui ou ce que je suis, je n’écrirais pas. » Comme tant d’autres, elle écrit pour le découvrir.

Accueillir la confusion

En dehors du cabinet de psychanalyse, nous pourrions mobiliser cette « attitude psychanalytique » pour transformer l’indignation brutale qui domine tant de prises de parole en ligne en une curiosité tournée vers nous-mêmes – afin de mieux comprendre nos propres désirs et préjugés. « Nous devrions accueillir la confusion comme un état d’esprit souhaitable », écrit le psychanalyste Stephen Seligman.

Il ne s’agit pas de renoncer à la vérité. Nous devons nous baser sur les témoignages, les archives, les faits afin de poser un jugement « discipliné et sobre » selon les mots de Raimond Gaita.

Le savoir auquel j’aspire naît de cette double exigence : une ouverture réelle et une fidélité aux faits.

Nous devons aussi être capables de supporter l’ambivalence du réel, sans céder à ce que le philosophe Paul Katsafanas appelle une « politique du ressentiment ».

La peur ou la haine qui nous rendent si sûrs de la faute de l’autre doivent être tempérées par une capacité à s’intéresser à l’autre.

La curiosité, alliée à la colère, peut produire ce que la philosophe Martha Nussbaum appelle une « colère de transition » – une colère tournée vers la réparation plutôt que la vengeance.

Les leçons de la littérature

L’une de mes nouvelles préférées est « The Lottery », de Shirley Jackson, récit troublant d’un village où l’on procède à une lapidation rituelle. Le choc – comprendre que le tirage au sort désigne celui qui sera mis à mort  – est vertigineux.

Lors de sa publication dans le New Yorker en 1948, le texte a suscité incompréhension et protestations. Beaucoup de lecteurs pensaient qu’un tel village existait réellement.

Aujourd’hui, cette histoire de violence collective ressemble presque à un reportage. Mais la forme littéraire qui me semble la plus à même de nous aider aujourd’hui est le poème.

Le psychanalyste et poète David Shaddock écrit que l’imagination poétique, comme le travail analytique, ouvre un espace de vérité psychique : Un « champ qui s’ouvre lorsque le réel est reconnu ». Nous sommes touchés – et cette capacité à être touchés nous ancre dans le réel.

La poésie peut désarmer nos certitudes et créer un espace où quelque chose de nouveau peut advenir. Un espace d’imagination où nous cessons d’être sûrs – pour redevenir curieux.

The Conversation

Dr Mannie Sher est un parent de l’auteur

ref. « Pourquoi l’attitude psychanalytique me sert de boussole dans ce monde chaotique » – https://theconversation.com/pourquoi-lattitude-psychanalytique-me-sert-de-boussole-dans-ce-monde-chaotique-280922

Your browsing history could soon set your grocery bill — and Canada isn’t ready for it

Source: The Conversation – Canada – By Jake Okechukwu Effoduh, Assistant Professor, School of Law, Toronto Metropolitan University

Parliament voted down a motion on April 15 to ban a practice most Canadians have never heard of, but that retailers are already rolling out: surveillance pricing.

Also called algorithmic personalized pricing, the practice uses personal data to estimate how much consumers are willing to pay, then adjusts the price accordingly. Two shoppers, same store, same item: two different prices, generated by data neither of them can see.

The NDP motion urges the government to prohibit surveillance pricing both in stores and online. The Liberals and Conservatives voted it down. NDP leader Avi Lewis had called the practice “unfair” and “downright creepy” at a news conference days earlier.

A poll by Abacus Data conducted in March found that while most Canadians are not familiar with the term, when the practice was explained to them, 52 per cent said it should be banned. Another 31 per cent of the Canadians surveyed said it should be allowed but more strictly regulated.

For Canadians struggling with cost-of-living pressure, the practice is spreading among retailers, and the laws meant to protect consumers were not designed to catch it.

Not the same as surge pricing

A useful distinction first. Dynamic pricing, the kind used by airlines, hotels and rideshare companies, adjusts based on conditions like demand, the time of day or weather, and applies the same algorithm to every customer equally.

Uber’s surge pricing is the textbook example of dynamic pricing: every rider in the same area at the same moment sees the same multiplier. Annoying? Perhaps. Personalized? No.

Surveillance pricing is different. Where dynamic pricing responds to market conditions, surveillance pricing responds to the individual. It draws on browsing history, device, postal code, purchase frequency and inferred income to predict a person’s willingness to pay.

Dynamic pricing seems to ask: “What are the conditions right now?” Surveillance pricing asks: “Who are you, and how much can we extract from you?”

How much is happening in Canada?

It’s difficult to know how much surveillance pricing is happening in Canada, if at all. So far, there has been no confirmed Canadian case, and the practice is opaque by design.

The Competition Bureau’s discussion paper, published in 2025, reported that more than 60 companies in Canada offer services that use algorithms to optimize pricing across retail, hospitality, transportation and ticketing.

The bureau’s What We Heard report, published in January after a public consultation on algorithmic pricing, identified transparency as Canadians’ chief concern. Shoppers do not know whether the price in front of them has been personalized to them specifically.

The most prominent real-world example came from south of the border. An investigation by Consumer Reports and Groundwork Collaborative documented Instacart customers in the U.S. being charged up to 23 per cent more than other shoppers for the same items, at the same store, at the same time.

Nearly three-quarters of grocery items tested were offered to shoppers at multiple price points simultaneously.

Instacart disputed the characterization, but halted the program in December 2025 following public backlash. New York Attorney General Letitia James has since demanded that Instacart share information about its price-testing experiments.

Canadian retailers, meanwhile, are assembling the same underlying toolkit: digital shelf labels that allow prices to be changed remotely in seconds, AI-driven pricing engines and the loyalty card data that feeds them.

Where Canadian law runs out

Most Canadians assume that if something feels deceptive at checkout, the law catches it. For some familiar problems, that is true.

Recent amendments to the Competition Act introduced an explicit ban on drip pricing — the practice of advertising a low price and then adding unavoidable fees at checkout.

The Cineplex case is the most prominent recent example of that law in action. The Competition Tribunal levied a record $38.9 million penalty against the cinema chain for concealing online booking fees, a ruling the Federal Court of Appeal upheld in January. Cineplex has since sought leave to appeal to the Supreme Court of Canada.




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Cineplex’s $38.9 million fine is a wake-up call about corporate sustainability practices


But surveillance pricing slips past this framework entirely. The price displayed is technically accurate. No fee is buried and no phantom “regular price” is invented. What is hidden is the process.

Deceptive marketing rules assume everyone is offered the same price and someone is misrepresenting it. Surveillance pricing inverts the premise: everyone is offered a different price, and almost no one knows it’s happening.

The Competition Bureau’s mandate is to protect and promote competition, not consumer fairness. Its tools were built to catch anti-competitive behaviour between companies, not price discrimination between individual shoppers.

Similarly, provincial consumer protection laws like Ontario’s Consumer Protection Act are designed to deal with misleading or unfair practices in one-on-one transactions — not large-scale, automated differences in how millions of consumers are treated.

Privacy law, in turn, governs consent to data collection, not consent to how that data is used to shape what you pay. Three legal regimes circle the problem; none quite covers it.

What other jurisdictions have done

In November 2025, New York’s Algorithmic Pricing Disclosure Act took effect, requiring any business that uses personalized pricing to display a notice reading “this price was set by an algorithm using your personal data,” with civil penalties of up to US$1,000 per violation.

The European Union has required disclosure of personalized pricing since its 2019 consumer rights overhaul. Manitoba’s Bill 49, introduced March 17 by the NDP government of Premier Wab Kinew, would go further than either of those measures and prohibit surveillance pricing outright, making it an unfair business practice.

When asked if he would follow suit, Ontario Premier Doug Ford said he would not, telling reporters he believes in a “free market” and a “capitalist society.”

Federal AI Minister Evan Solomon said the federal government is “looking into” the issue, but that it would fall under the purview of the Competition Bureau.

What real protection would require

In the short term, shoppers can use private browsing mode, turn off location services and log out of loyalty apps before they shop.

These, however, are only workarounds. They place the burden of navigating an opaque system on the least-informed party in the transaction and they require a level of digital awareness some shoppers don’t have.

Real protection means either a federal disclosure mandate along New York’s lines, or an outright prohibition like the one Manitoba is pursuing. The Competition Bureau can keep monitoring, but monitoring is not enforcement, and competition law wasn’t designed to police unfairness on its own.

Until Parliament or the provinces close the gap, Canadian consumers have no reliable way of knowing whether the price they see is the price everyone else sees.

The Conversation

Jake Okechukwu Effoduh does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Your browsing history could soon set your grocery bill — and Canada isn’t ready for it – https://theconversation.com/your-browsing-history-could-soon-set-your-grocery-bill-and-canada-isnt-ready-for-it-281618

How should schools teach AI? 3 models to consider

Source: The Conversation – Canada – By Hugo G. Lapierre, Professeur adjoint en technologies éducatives, Université de Montréal

Students across Canada are exposed to artificial intelligence (AI) whether through search engines, writing assistants, automated recommendation systems or social media.

That everyday exposure raises a first, fundamental question: What should students should learn about AI? This goal is often described as AI literacy, which combines conceptual understanding with responsible use and critical judgment about AI.

A second, more practical, question is: Where should learning about AI sit in the curriculum? Since education is a provincial responsibility, Canada has no single approach.

Teaching AI literacy in schools builds on what provinces already require students to learn about digital technologies. How provinces do this determines how much time students get, what can be assessed and how teachers must be prepared.

In practice, these different curriculum models, plus the supports to ensure teachers can effectively teach them, will shape whether AI education becomes a set of tips for using apps — or a form of digital citizenship grounded in concepts, ethics and critical thinking.

What AI literacy implies for schools

Several provinces and educator associations have or are developing frameworks pertaining to AI in K-12 education. Several organizations have proposed similar frameworks that specify the concepts and competencies students should develop, or that guide what meaningful AI education would require in schools.

The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization sees AI literacy spanning technical understanding and ethical awareness, and names a vision of students as AI co-creators and responsible citizens.

A U.S.-based framework, AI4K12, outlines what students should learn about AI across grade levels, and identifies five “big ideas” about AI: perception, representation and reasoning, learning, natural interaction and societal impact.

Two students work on a robot.
AI frameworks guide what meaningful AI education might look like in schools.
(Allison Shelley/The Verbatim Agency/EDUimages), CC BY-NC

The U.S.-based International Society for Technology in Education (ISTE) proposes standards that engage students as empowered learners, computational thinkers, innovative designers and digital citizens.

Digital learning in provincial curricula

Across Canada, provinces integrate digital learning through different models — but note that these models are ideal types. Several provinces combine them. Each model can support AI literacy, but each creates different conditions for time, assessment and teacher preparation.

1. A dedicated subject or domain, where digital skills or computer science have their own courses. In many systems, teachers have been specifically trained for the subject. This configuration typically supports clearer sequencing across grades and more consistent assessment.

For example, between kindergarten to Grade 9, British Columbia teaches technological learning within applied design, skills and technologies curriculum, with Grade 8 requiring the equivalent of a full-year course that schools can deliver through modules.

Newfoundland and Labrador frames technology education as a hands-on area that can include programming and controlling physical devices through two dedicated courses about computer science in Grades 9 and 10.

Ontario’s computer studies curriculum creates dedicated course space for learning computing concepts. Ontario also illustrates how systems can shift emphasis over time: coding and digital competencies can be embedded within compulsory subjects, while a separate computer studies curriculum expands opportunities for sustained progression.

A dedicated subject provides protected classroom time to teach related core ideas (for example, data, algorithms and modelling) and to assess learning beyond using tools, while still making possible cross-curriculum learning.

It also creates clearer conditions for implementing ambitious AI literacy frameworks such as AIK12 and UNESCO’s guidance. This is because a teacher trained to translate specialized concepts for non-specialists leads instruction and can support sustained, project-based learning.

However, in many provinces, this “dedicated subject” exposure remains intermittent across K–12, often concentrated in a small number of courses, or sometimes a single year-long course with limited weekly time. This constrains cumulative progression and makes outcomes sensitive to local staffing capacity and teacher qualification.

2. Digital learning embedded in existing subjects. In New Brunswick, digital learning in Grades 6 to 8 is organized through the Middle Block, where Technology is one learning area among others. Teachers must address digital learning alongside a much wider set of practical and developmental goals, rather than teaching it as a fully separate subject with protected time.

Two teachers at a table in discussion.
How AI-related professional development will help teachers depends partly on learning expectations relevant to their work.
(Allison Shelley/The Verbatim Agency/ EDUimages), CC BY-NC

This approach can make learning more connected to real problems and other learning. But it can also limit how much time can be devoted to AI-related concepts, and whether this learning is effective, when many other objectives must be covered within the same program structure. The trade-off is generally capacity: teachers are asked to carry new conceptual content without necessarily having time, training or materials.

3. A “transversal” framework, where competencies that underpin digital technology are meant to be integrated across subjects.

For example, Manitoba teaches literacy with information communication technology (ICT) across curriculum, related to thinking critically and creatively about information and about communication, “as citizens of the global community, while using ICT safely, responsibly and ethically.” Alberta’s information and communication technology program of studies states that it is “not intended to stand alone” but should be infused within core courses.

Québec has a province-wide digital competency framework describing 12 dimensions of confident, critical and creative uses of digital technology.

When competencies related to digital learning are integrated across subjects, every student can be reached, not only those who choose electives.

However, without clear accountability tying underlying competencies to particular digital media uses, this approach can potentially yield uneven learning experiences from school to school. Every teacher must also receive sufficient professional development on the subject.

What ‘AI-ready’ could mean

Each model requires different policy supports. Dedicated subjects need staffing and teacher preparation pipelines. Embedded approaches need sustained professional learning and realistic expectations for non-specialist teachers. Transversal frameworks need clear markers for student progression and assessment strategies, otherwise implementation depends on local enthusiasm.

For many provinces, the path forward is likely not choosing one model, but combining the strengths of all three.

Two students work on robot models.
The path forward for teaching AI literacy is likely combining the strengths of different curricular models.
(Allison Shelley/The Verbatim Agency/EDUimages), CC BY-NC

This requires grounding in foundational knowledge of AI, as well as developing both discipline-specific and transdisciplinary competencies. UNESCO’s AI competency framework for teachers makes a similar point: governments should anchor AI learning in curriculum policy, build collaboratively with educators and invest in teacher preparation and resources.

Canada’s provincial diversity creates conditions for comparative analysis. If researchers study student learning associated with different models, this could help identify which policy arrangements, supports and implementation strategies are associated with stronger and more equitable forms of AI education.

Comparison may become even more salient with the OECD’s planned PISA 2029 media and artificial intelligence literacy assessment, which will be designed to examine whether students have had opportunities to learn to engage critically and responsibly with digital and AI systems.

The Conversation

Hugo G. Lapierre receives funding from the Fonds de recherche du Québec (FRQSC), the Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) and IVADO.

Normand Roy receives funding from Fonds de recherche du Québec (FRQ), le ministère de l’Éducation du Québec (MÉQ), Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC).

Patrick Charland receives funding from the Fonds de recherche du Québec (FRQSC), the Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) and UNESCO.

ref. How should schools teach AI? 3 models to consider – https://theconversation.com/how-should-schools-teach-ai-3-models-to-consider-278041

How wildlife conservancies perpetuate green colonialism in Kenya

Source: The Conversation – Canada – By Kariũki Kĩrigia, Assistant Professor, School of the Environment and African Studies Centre, University of Toronto

The story of wildlife conservation in East Africa is often told through spectacular images of beautiful scenery and the region’s charismatic animals. But seldom asked is the question about how those efforts include and impact the communities that live alongside wildlife.

At the core of Africa’s rich biodiversity are Indigenous communities, which include pastoralists and forest peoples whose ways of life and knowledge are critical to conservation.

a giraffe standing in a grassy area
A giraffe in the Maasai Mara National Reserve in southern Kenya.
(Kariũki Kĩrigia)

However, these communities have historically been blamed for biodiversity loss. Pastoralists such as the Maasai are often blamed for keeping “excessive” amounts of livestock, overgrazing and land degradation.

Such tropes against African Indigenous communities linger and continue to shape conservation, which has led to strict and often punitive regulations.

My ongoing research in the Maasai Mara region of southern Kenya looks into wildlife conservancies. The region is home to the Maasai, as well as other Indigenous Peoples, and rich biodiversity. My research examines how conservancies impact local communities on whose land conservation is practised.




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Tanzania’s Maasai are being forced off their ancestral land – the tactics the government uses


What are wildlife conservancies?

The decline in wildlife in Kenya led to the birth of wildlife conservancies on both community and private lands. Kenya’s 2013 Wildlife Conservation and Management Act defines a wildlife conservancy as “land set aside by an individual landowner, body corporate, group of owners or a community for purposes of wildlife conservation.”

Organizations like the Kenya Wildlife Conservation Association (KWCA) view them differently. They see conservancies as land that is not set aside, but rather managed for the well-being of wildlife and communities.

In essence, the government maintains the view of fortress conservation that entails separating humans from nature, while the KWCA imagines communities co-existing with wildlife.

At the core of wildlife conservancies is land. Land ownership largely determines the type of conservancy that is established, which are either private, community, group or co-managed conservancies.

Private conservancies

Kariũki Kĩrigia explains his research into wildlife conservancies in Kenya. (University of Toronto Black Research Network)

In northern Kenya, private conservancies have largely been established in the highlands that were settled by white farmers during the colonial period.
These private conservancies have been criticized as “settler ecologies” built on a “big conservation lie” because they obscure the history of violent, colonial land dispossession, the criminalization of Indigenous pastoralist livelihoods and the exploitation of land and biodiversity to profit from conservation.

Additionally, the normalization of militarized violence in conservation, appropriation and control of conservation revenues meant for communities, and restriction of access to scarce water and pasture from pastoralists even during droughts, amounts to what is known as green colonialism.

The contradiction is that it was British colonial rule in Kenya that created the need for wildlife conservation starting in the 1940s. Extensive devastation of wildlife through sport hunting, wildlife trade and culling meant animals needed greater protection from humans, primarily through state-protected national parks and reserves.




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Operation Legacy: How Britain covered up its colonial crimes


Group conservancies

Group conservancies are mostly found in southern Kenya, where individual plots are amalgamated through long-term land leases to conservation investors who, in turn, establish wildlife conservancies.

In the Maasai Mara, local communities typically lease their land for conservancies in exchange for lease payments, regular access to pasture and investment in initiatives such as school bursaries and infrastructure development.

One such example is the Nashulai Maasai Conservancy, established in July 2016. It’s the first Maasai conservancy in the Maasai Mara created by Maasai peoples.

Wildlife conservancies in Kenya are an important way to enhance land security and conservation built around communities. Community and group conservancies are based on the idea of using the land, water and pastures in ways that support humans, livestock and wildlife.

As part of my research, I interviewed community members who told me about some benefits brought by the conservancy. These included access to post-secondary education through a community college, women empowerment projects such as soap made from elephant dung, river restoration for household water access and food aid during the COVID-19 pandemic.

Challenges faced by group conservancies

Many group conservancies employ strict access rules and hefty fines against human and livestock presence. These practices often agitate communities as they echo fortress conservation’s tactics of separating humans and wildlife.

Land lease agreements between conservancies and landowners are often crafted in complex legal language that only a few community members can comprehend. It is critical that communities are provided with a detailed explanation of what leasing land to a conservancy entails beyond the benefits promised.

In addition, community benefits are undermined through land dispossession by local elites during land subdivision, who, in turn, benefit unfairly from leasing the unjustly acquired land to conservancies.

Biodiversity conservation in East Africa and the Global South more broadly depends significantly on external funding from organizations in the West, especially non-governmental organizations, which British conservation scholar George Holmes calls “conservation’s friends in high places.”

However, Indigenous communities face onerous requirements and processes to access funding for conservation and climate change initiatives.

In a recent guest lecture at the University of Toronto, Kimaren Ole Riamit, the director of the Indigenous Livelihoods Enhancement Partners (ILEPA), explained how African Indigenous communities experience the negative impacts of climate change despite being the least responsible for global warming, lose land to conservation and carbon projects and face significant hurdles in accessing resources to address climate-related challenges.

Initiatives meant to empower communities are often captured by local elites and corporate interests that appropriate and control resources and benefits expected to flow to communities.

Carbon offsetting

Wildlife conservancies have also gained the attention of carbon offset markets, which are expanding fast in Kenya. The Northern Kenya Rangelands Carbon Project and the One Mara Carbon Project are some of the main carbon projects in the country’s northern and southern rangelands.

Kenya’s rangelands sequester atmospheric carbon dioxide, which is then measured and verified by certification bodies such as Verra, and converted into tradeable carbon credits. These are sold to organizations seeking to offset their carbon emissions.

Carbon projects enter into long-term contracts with landowners, typically around 40 years, and spell out how the landowners should utilize the land to ensure adequate carbon sequestration and storage. Landowners receive expert knowledge that employs technologies and measurements of carbon that are foreign to local communities.

a zebra in a grassland area
A zebra in the Maasai Mara National Reserve in southern Kenya.
(Kariũki Kĩrigia)

On the contrary, the same communities that have long managed lands and ecosystems sustainably are treated as lacking the ecological knowledge necessary for biodiversity conservation and carbon sequestration.

The outcome is that the owners of the technologies and what is deemed “expert” knowledge become the owners of the value generated from the land owned by communities.

While such initiatives generate millions of dollars in revenue, it has been shown that less than two per cent of climate finance reaches Indigenous Peoples, smallholder farmers and local communities in developing countries.

To create genuinely sustainable ecological conservation and improved quality of life for local communities, the government must focus on empowering communities through meaningful participation in initiatives.

Organizations like ILEPA and the Nashulai Maasai Conservancy are working to empower Indigenous communities in Kenya. These kinds of community-led efforts exemplify how conservation can, and must, include the people who call East Africa’s rich biodiverse landscapes home.

The Conversation

Kariuki Kirigia has received funding from the Black Research Network at the University of Toronto, the Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, and SSHRC-IDRC through the Institutional Canopy of Conservation research project.

ref. How wildlife conservancies perpetuate green colonialism in Kenya – https://theconversation.com/how-wildlife-conservancies-perpetuate-green-colonialism-in-kenya-278946

Here’s why Canada needs to ditch age-based immigration points

Source: The Conversation – Canada – By Christina Clark-Kazak, Professor, Public and International Affairs, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Canada’s Comprehensive Ranking System (CRS) was established in 1967 to respond to historic racism and nationality bias in Canada’s immigration system. Granting points for age, education, official language skills, Canadian work experience and family ties, the CRS ranks applicants for permanent residency.

The federal government recently proposed changes to CRS points, including the elimination of some point categories. While family-related points are proposed for removal, age-based criteria are not.

My research delves into the legal, ethical and policy reasons why Canada should ditch age-based immigration points.

Age-based points are Charter violations

The Canadian Charter of Rights and Freedoms explicitly prohibits age discrimination in the equality clause of Section 15(1). According to the Supreme Court’s Singh v. Minister of Employment and Immigration decision, the Charter applies to anyone who is physically present in Canada, including non-citizens.

Many people who apply for permanent residence do so from within Canada. In fact, the federal government has introduced a two-year initiative — in 2026 and 2027 — to fast-track permanent residence for skilled workers who are already in Canada in specific high-demand sectors.

According to the lawyers I interviewed for my book, Age and Immigration Policy in Canada, such individuals would have solid legal grounds to launch a Charter challenge. They could claim that the points system constitutes age discrimination in violation of Canadian law.

Ageist immigration policies

Age discrimination embedded in the points system also contradicts Canadian values. Currently, a person gets zero points for age if they are under 18 or over 45.

Imagine the public outcry if a person received zero points for being a woman? Or for being a racialized person? Many Canadians would rightly call out such overtly sexist and racist policies.

Similarly, points for age undermine the merit-based foundations of the CRS. They contradict rights-based hiring practices that prohibit asking candidates their age and stereotyping older workers.

My archival research suggests the architect of the CRS, then-Deputy Immigration Minister Tom Kent, did not have a clear policy rationale for the initial age-based points. One historian has argued: “The points system, as it was originally conceived, has as much to do with politics as with labour markets.”

There is also some internal contradiction within the points system between the decreasing points for age and the increasing points for education and work experience. The latter rely on the passage of chronological time, while the former subtracts points for it.

Age-based points are bad policy

Policymakers and public commentators sometimes justify age discrimination in the points system by claiming that older immigrants are likely to take more from Canada than they are to give. But research shows that this is empirically incorrect.

First, Canadian and Québec pension plans are contributory — benefits are calculated by lifetime earnings in Canada. For Old Age Security, people must be residents of Canada for at least 10 years to qualify, and they must have resided here for at least 40 years to receive the maximum benefit.

As a result, immigrants to Canada receive fewer contributions and are more likely to be poor than any other group of Canadians when they retire.

Second, while some may assume older immigrants will be a burden on the health-care system, the “healthy immigrant effect” is well-documented.

Newcomers also tend to under-use health services. What’s more, there’s a waiting period for universal health coverage. Some immigrants actually return to their home countries to access time-sensitive or culturally appropriate care.




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Third, people over the age of 45 contribute indirectly to the Canadian economy in ways that are not captured in formal economic data. For example, they undertake unpaid work in family businesses or provide free child care to enable their adult children to work outside the home.

Given these legal, ethical and empirical concerns about age-based points, the time has come to eliminate them altogether. Ongoing public consultations on the CRS are a historic opportunity for Canadians to oppose the age discrimination that has been normalized in our immigration system for too long.

The Conversation

Christina Clark-Kazak receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

ref. Here’s why Canada needs to ditch age-based immigration points – https://theconversation.com/heres-why-canada-needs-to-ditch-age-based-immigration-points-281515

India’s Horn of Africa strategy has shifted: what it’s trying to do and how it could work

Source: The Conversation – Africa (2) – By Federico Donelli, Associate Professor of International Relations, University of Trieste

India’s engagement in the Horn of Africa and Red Sea basin was, until recently, largely limited to UN peacekeeping operations and anti-piracy patrols.

Since the second half of the 1990s, India has participated in nearly all peacekeeping operations in Africa.

Anti-piracy efforts emerged between 2008 and 2014 as piracy off Somalia and the Gulf of Aden spread across a vast maritime space. This spanned east Africa and the wider Indian Ocean, bringing threats close to India’s shores.

Indian trade routes were exposed to new security risks, so a more sustained maritime posture was needed.

From the mid-2010s, therefore, India expanded its engagement in the Horn of Africa and the Red Sea basin to secure shipping lanes linking it to global markets. At the same time, it sought to counter China’s growing naval presence along the western Indian Ocean coast, protect its diaspora and investments, and position itself as a regional security provider.

When Prime Minister Narendra Modi took office in 2014, this shift accelerated. India placed greater emphasis on proactive diplomacy, expanding high-level engagement, and trade and infrastructure links. It also pursued strategic coordination through bilateral agreements and naval exercises across west Asia and the adjoining African coastline.

India, the Horn of Africa and the Red Sea basin

This evolution reflects India’s transition from a post-colonial, non-aligned actor to a more assertive power with ambitions outside the region. It is now Africa’s third-largest trading partner. Economic interdependence is growing alongside geostrategic interests.

Drawing on our work on international security in the western Indian Ocean and sub-Saharan Africa, we argue that over the past decade New Delhi has redefined the Indian Ocean as a protective buffer and a primary theatre of influence linking the Indo-Pacific to the Red Sea. The Horn of Africa lies at the heart of this connective space.

In 2023, India declared itself the Indian Ocean’s “net security provider”. It introduced a framework to strengthen regional security, deepen economic cooperation and address shared maritime challenges.

Today, with shipping routes being recalculated and governments reconsidering their strategic partnerships, India’s position is being put to an operational test.

The Horn is a space where legitimacy, delivery and endurance determine who remains relevant after the headlines fade. For the first time, India’s quiet advance is visible. Next, it will have to solidify its presence.

Why the Horn of Africa is important for India

An initiative called the 2025 Africa-India Key Maritime Engagement, co-hosted with Tanzania, positions India as a security partner for African nations, particularly those along the Indian Ocean rim.

India is also involved in development and investment projects in the region. These include agricultural efforts to improve food security, infrastructure projects, and technical assistance in education and health. It also provides humanitarian assistance in Somalia, Kenya and Djibouti.

What distinguishes the past decade is the effort to align these activities within a broader strategic narrative – one that presents India as a partner offering technology and development without debt concerns or political conditions.

This narrative is attractive to local governments in the Horn. But it also creates a test: India must show that it can deliver consistently.

Ethiopia has an important role for India. It hosts the African Union, functions as a diplomatic centre and offers an entry point into African multilateral politics.

Somalia also matters. It sits close to critical sea lanes and is central to the security of the Gulf of Aden. External actors there can convert security assistance into political access.




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India’s interest in Somalia and Somaliland has taken on a geo-economic dimension. Indian firms are focusing on gold and mineral resources, particularly in eastern Somaliland.

Although still limited in scale, this shift signals that India’s footprint in the Horn is no longer confined to security and development assistance. It is intersecting with resource access and supply chain strategies.

The competition

The corridor of the Red Sea, Gulf of Aden and western Indian Ocean has become a crowded arena for external powers over the past two decades.

Great powers have seen countries in the region as a platform for counterterrorism and naval reach. Small and middle powers (like Turkey, Iran and Gulf states) have sought to secure influence through ports, training missions, arms transfers, commercial access and selective mediation.

The result is a dense environment. Almost every external actor offers a package of security, finance, technology and diplomacy. Fragile local governments hedge among them.

India’s challenge is to deliver consistently through:

  • creating defence and security training pipelines

  • project delivery

  • stable financing instruments

  • sustained bureaucratic attention.

If India’s Africa policy is maritime-led, then things like naval exercises, information-sharing, coast guard cooperation and institutional training must become regular and visible.

If the strategy is also developmental and technological, then India must deliver flagship projects in digital infrastructure, health and agriculture.

From quiet influence to lasting power

India faces three constraints in growing its influence in the Horn of Africa.

1. Limited military capacity

India’s naval capabilities do not match the scale of China’s fleet or America’s technological edge and operational depth. This gap is not fatal if India’s aim is durable influence through partnership. It does mean that India’s leverage will depend on institutional cooperation and coalition-building.

2. Competitive density

The Horn’s architecture is made of foreign bases, port diplomacy and overlapping rivalries. India’s advantage is that it’s not overwhelmingly intrusive. But it could become just one more actor among many.

3. Institutionalisation

If India’s engagement depends too heavily on leader-level attention, it will remain vulnerable to distraction. Durable influence requires bureaucratic routines and financing mechanisms. It must survive political cycles and shifting crises. Ethiopia is a test case. High-level roadmaps will have to turn into visible digital infrastructure, health systems and agricultural support.

The broader point is that the Horn is not an empty theatre waiting for India to arrive.

The Conversation

Federico Donelli is affiliated with the Italian Institute for International Political Studies (ISPI), the Nordic Africa Institute (NAI), and the Orion Policy Institute (OPI).

Riccardo Gasco is affiliated with IstanPol Institute.

Chiara Boldrini does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. India’s Horn of Africa strategy has shifted: what it’s trying to do and how it could work – https://theconversation.com/indias-horn-of-africa-strategy-has-shifted-what-its-trying-to-do-and-how-it-could-work-281252