Atender trastornos de desarrollo en las aulas de infantil: enfoques que funcionan

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Valentín Iglesias Sarmiento, Profesor, Universidade de Vigo

Robert Kneschke/Shutterstock

La escuela es hoy uno de los entornos más decisivos –y más infrautilizados– para garantizar que los niños con trastornos del desarrollo o en riesgo reciban la atención que necesitan en el momento en que más importa.

Para entender por qué, hay que empezar por el principio.

Qué es la atención temprana y a quién va dirigida

La atención temprana es el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años –con trastornos en el desarrollo o en riesgo de padecerlos– con el objetivo de responder lo antes posible a sus necesidades transitorias o permanentes. Pueden ser trastornos del desarrollo motor, cognitivo, sensorial, del lenguaje, generalizado, conductual y emocional; o la monitorización de niños con factores de riesgo biológico –nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, enfermedades crónicas– y de niños con riesgo psicosocial derivado de situaciones de vulnerabilidad familiar o socioeconómica.

Las experiencias tempranas –la calidad de los vínculos afectivos, la respuesta a las necesidades específicas de cada niño, la riqueza del entorno– contruyen el desarrollo de los más pequeños porque las conexiones que el cerebro establece en estos primeros años forman la arquitectura sobre la que se edificarán todos los aprendizajes y comportamientos posteriores. Y esa arquitectura es extraordinariamente plástica en los primeros años –especialmente entre los 0 y los 6– y más difícil de modificar con el tiempo.




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El enfoque contemporáneo de la atención temprana apuesta por trabajar en los entornos naturales del niño, integrando los apoyos en las rutinas cotidianas, con la familia como agente activo y con los profesionales de la educación como colaboradores esenciales.

En este marco, la escuela infantil deja de ser el destino al que llega el niño después de la atención temprana: debe actuar como receptora de los servicios de atención temprana y, al mismo tiempo, trabajar activamente en la detección de estas necesidades y en atenderlas.




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Un mandato legal con mucho por desarrollar

Aunque la ley de educación española y el Real Decreto 95/2022 establecen los principios de educación inclusiva y apuestan por la detección precoz y la atención temprana, los datos más recientes muestran que solo algunas comunidades han dado pasos concretos en la articulación entre servicios.

La transición del servicio de atención temprana a la escuela es uno de los momentos más angustiosos del proceso para muchas familias. En un breve periodo de tiempo, estos pequeños pueden pasar por distintos sistemas –sanitario, servicios sociales, asociaciones, atención temprana y el propio centro educativo– y, dentro de la propia escuela, por espacios como el aula ordinaria, el aula de apoyo, el comedor o el gimnasio, entre otros lugares donde se desarrollan actividades escolares y extraescolares.

Los equipos que les han acompañado desde el diagnóstico ceden el relevo a maestros que, en demasiados casos, no han recibido información suficiente sobre sus necesidades e identifican la coordinación con los servicios de atención temprana como el punto más débil de toda la práctica docente, pese a que desde 2023 existe una Hoja de Ruta para la mejora de la atención temprana en España para la coordinación interadministrativa entre los ámbitos sanitario, social y educativo.

Objetivos inalcanzables de inclusión

Los datos españoles son preocupantes. La investigación reciente muestra que solo una minoría de los docentes de educación infantil y primaria se considera realmente preparada para objetivos inclusivos. Además, alrededor de la mitad no se siente competente para dar respuesta a las necesidades educativas de su alumnado. Los propios maestros señalan que la formación universitaria recibida no les capacita para diseñar currículums inclusivos.

Ubicar a un alumno con discapacidad en un aula ordinaria sin cambiar la organización, el currículum ni las estrategias de enseñanza no garantiza su participación, solo su acceso al sistema educativo y, por tanto, no es inclusión.

Los expertos definen cinco condiciones para que la inclusión sea real: acceso progresivo y universal a la educación infantil, equipos con formación adecuada para atender la diversidad, currículum holístico que responda a todos los niños, sistemas de evaluación basados en evidencia, y liderazgo institucional comprometido. En España, la mayoría siguen siendo asignaturas pendientes.

Tres enfoques inspiradores para el aula de infantil

¿Y qué puede hacer un maestro de educación infantil –aquí y ahora– para avanzar hacia esa escuela inclusiva? La evidencia apunta a tres enfoques complementarios:

  • La enseñanza estructurada (TEACCH). Desarrollado inicialmente para niños con trastorno del espectro autista, el enfoque TEACCH –basado en la estructuración del espacio, el tiempo, los sistemas de actividad y los apoyos visuales– ha demostrado ser beneficioso para todo el alumnado. Un aula con espacios bien definidos, horarios visuales y rutinas predecibles reduce la ansiedad, facilita la anticipación y libera recursos cognitivos para el aprendizaje. No es una adaptación para unos pocos: es buena pedagogía para todos.

  • El diseño universal para el aprendizaje (DUA 3.0) ayuda a los docentes a diseñar propuestas que respondan desde el principio a la diversidad del aula, en lugar de adaptar a posteriori lo que no funciona para algunos. La última versión (3.0) refuerza sus tres principios clásicos –múltiples formas de implicación, de representación, y de acción y expresión– con nuevos énfasis: la identidad del aprendiz, el aprendizaje colectivo e interdependiente, y el reconocimiento de los sesgos sistémicos como barreras para el aprendizaje.

  • El sistema de apoyo multinivel (MTSS). El MTSS organiza la respuesta educativa en tres niveles de intensidad creciente: intervención universal para todo el alumnado, intervención dirigida para quienes muestran dificultades, e intervención intensiva e individualizada. Su fortaleza reside en que integra detección precoz, seguimiento continuo del progreso, toma de decisiones basada en evidencia y coordinación entre docentes, especialistas, familias y servicios externos.




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El currículo multinivel: todos aprenden juntos

Un cuarto elemento, complementario a los anteriores, es el currículo multinivel, sistematizado en España por Asunción González del Yerro en colaboración con Plena Inclusión.

Si el DUA es el marco que orienta cómo diseñar propuestas accesibles para todos, el currículo multinivel es la herramienta que lo concreta en una lección específica: todos los alumnos trabajan el mismo concepto al mismo tiempo, pero con distintos niveles de complejidad en la presentación, la práctica y la evaluación.

El punto de partida es el perfil de aprendizaje: una recogida sistemática de información sobre las capacidades, intereses, estilo de aprendizaje y necesidades de cada niño, que la maestra construye al inicio del curso y actualiza a lo largo del tiempo. Esto es lo que permite planificar con sentido.

Imaginemos una actividad sobre los animales del entorno. Algunos niños están comenzando a categorizar: identifican y nombran animales de su vida cotidiana con apoyo de imágenes. Otros son ya capaces de agruparlos según donde viven –tierra, agua, aire– con materiales manipulativos. Y otros, con mayor dominio del lenguaje, inventan una historia protagonizada por uno de ellos y la cuentan al grupo. Tres formas de acceder al mismo contenido; todos presentes en la misma asamblea, todos aportando y aprendiendo.

Atención temprana en la escuela

Los niños con trastornos del desarrollo o en riesgo llegan a la escuela con una historia de apoyos, de vínculos terapéuticos, de estrategias familiares construidas a lo largo de años. La escuela infantil tiene la responsabilidad –y la oportunidad– de recoger esa historia y construir sobre ella, en coordinación estrecha con las familias y con los profesionales que han acompañado al niño antes.

Eso requiere formación, recursos y liderazgo pedagógico comprometido. Pero, sobre todo, requiere un cambio de perspectiva colectivo. La atención temprana no termina cuando el niño entra al aula. En buena medida, ahí es donde empieza de verdad.

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Valentín Iglesias Sarmiento recibe fondos de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el marco del proyecto “Predictores Longitudinales del logro matemático multicomponente (LOPREMMA)”. Ref: PID2023-148052NB-I00.

Leire Pérez Pérez recibe fondos de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el marco del proyecto “Predictores Longitudinales del logro matemático multicomponente (LOPREMMA)”. Ref: PID2023-148052NB-I00.

ref. Atender trastornos de desarrollo en las aulas de infantil: enfoques que funcionan – https://theconversation.com/atender-trastornos-de-desarrollo-en-las-aulas-de-infantil-enfoques-que-funcionan-279589

10 claves por las que la ciencia puede perder terreno en una sociedad desinformada

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ana Muñoz van den Eynde, Responsable de la Unidad de Investigación en Ciencia, Tecnología y Sociedad (UICTS), Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

Roman Samborskyi/Shutterstock

Las transformaciones que han tenido lugar desde el fin de la Guerra Fría han aumentado la polarización política en muchas partes del mundo hasta niveles nunca vistos. Las diferencias y los conflictos se alinean, generando además una intensa reacción emocional: negativa hacia el “otro”, pero positiva y acrítica hacia los “nuestros”. Se construye así una dinámica pueblo-antipueblo.

En combinación con la desinformación, la verdad también se polariza: hay una por cada ideología o clase social. Por ello, se hace difícil construir significados compartidos.

La polarización afecta a la esfera política y social, influye en la confianza en las instituciones y condiciona cómo se percibe la ciencia.

En el siglo XXI se suceden las crisis. La combinación de la polarización con el malestar que las crisis generan está produciendo a nivel mundial una tendencia a desconfiar de las personas que piensan de manera distinta, creen en otros valores, afrontan los problemas de manera diferente o tienen un estilo de vida o un nivel cultural distinto del nuestro. Eso contribuye a que se confíe más en las recomendaciones de personas cercanas que en las de los expertos.

La información se valora por su utilidad identitaria

La desinformación es un elemento central a la hora de construir los nuevos contextos en los que se inscribe la percepción social de la ciencia. No se reduce únicamente a la difusión de contenidos falsos, sino que configura un ecosistema en el que la información contrastada compite con bulos, interpretaciones interesadas y mensajes orientados a activar emociones.

La información deja de valorarse por su veracidad y pasa a consumirse en función de su utilidad identitaria y emocional. Es lo que conocemos como razonamiento motivado, entendido como la tendencia a aceptar y compartir aquella información que confirma las propias creencias, y a sospechar de la que las contradice.

Como señaló Harry Frankfurt en su libro On Bullshit: sobre la manipulación de la verdad, cuando las personas mienten, creen en la verdad y, como les importa, se esfuerzan por ocultarla. En un contexto de desinformación, la verdad deja de ser importante y se tergiversa para conseguir un objetivo o, simplemente, para controlar la narrativa.

Este es el caldo de cultivo del que se nutre el conspiracionismo. Ofrece relatos simples, cohesionadores y críticos, capaces de ordenar la incertidumbre atribuyendo causalidad a la acción oculta de élites, gobiernos o intereses privados.

La pandemia de la covid-19 intensificó de forma extraordinaria la interacción de estos elementos en su relación con el conocimiento científico. El temor social, la incertidumbre en las decisiones y el conocimiento limitado, coincidieron con una circulación masiva de bulos sobre el origen del virus, las medidas sanitarias y las vacunas. Como resultado, se dudó de la veracidad de la información y se cuestionó la legitimidad de las instituciones científicas, sanitarias y políticas.

Esta sospecha hacia la ciencia y las instituciones adquiere una expresión política e identitaria, dando lugar a lo que conocemos como populismo científico: la idea de que la gente corriente es una fuente legítima, o incluso superior, de conocimiento frente a unas elites académicas corruptas que se perciben como agentes con agenda propia que proclaman la verdad desde su torre de marfil. Esta revolución del sentido común supone una impugnación de la hegemonía cultural de los expertos en la que se cuestiona el privilegio de decidir qué cuenta como verdad.

La percepción social de la ciencia

Teniendo en cuenta este contexto, hemos preguntado a la población su opinión sobre distintos aspectos involucrados en la percepción social de la ciencia en el marco del proyecto PICA-CI y hemos analizado algunas de estas tendencias para intentar entender mejor la situación en la que nos encontramos. Estas son algunas de las conclusiones:

  1. Explicamos bien el conspiracionismo con cuatro variables: ideología (la más importante), exposición a noticias positivas sobre ciencia, exposición a noticias negativas sobre ciencia y actitud conspirativa hacia la misma. Cuanto más conservadoras las personas, más exposición a noticias negativas y más actitud conspirativa hacia la ciencia.

  2. La actitud conspirativa hacia la ciencia no es en realidad una actitud hacia la ciencia, sino un componente del conspiracionismo. Es decir, la ciencia se ha convertido en una institución más de las que desconfiar para quienes piensan de manera conspirativa.

  3. Las personas más conservadoras confían menos en el gobierno, la democracia y la justicia. Se puede interpretar este resultado como un efecto de la polarización. Habría que ver qué ocurre con un gobierno conservador.

  4. La ideología tiene un efecto doble en la imagen de la ciencia que va en sentido contrario. Influye negativamente a través del conspiracionismo. Pero influye positivamente de manera directa: las personas más conservadoras tienen una actitud más positiva ante la ciencia y mayor conocimiento de ella, aunque su actitud ante la ciencia es más idealizada y acrítica.

  5. Cuanto más se piensa de manera conspirativa, menor conocimiento se tiene sobre ciencia.

  6. Las personas muestran una imagen positiva de sí mismas, pero muestran una peor imagen de los demás; por ejemplo, están de acuerdo con la frase “la gente se irrita por cualquier cosa”. Es lo que hemos llamado clima social.

  7. Al intentar medir la actitud negativa hacia la ciencia, ha tenido más peso la idea de que está manipulada (“La ciencia está al servicio del poder”) que la actitud puramente negativa (“La ciencia no se preocupa por las necesidades de la gente”).

  8. Las personas más interesadas, y las que saben más, tienen una actitud más positiva hacia la ciencia. En cambio, el conspiracionismo disminuye esa actitud positiva.

  9. Confiar en las instituciones contribuye a tener una actitud idealizada hacia la ciencia. El conspiracionismo, sin embargo, ejerce el efecto contrario, pero influye menos en esta actitud que en la positiva. Esto sugiere que las maneras de pensar extremas se acaban tocando porque tener una imagen idealizada y poco realista de la ciencia también es negativo.

  10. Es habitual encontrar un alto interés por la ciencia en la población. Nuestros resultados coinciden pero, al mismo tiempo, muestran un menor interés por aprender o por invertir tiempo y esfuerzo en mejorar la comprensión de la ciencia.

Los resultados muestran que la realidad no es blanca y negra. Muestran también que la imagen de la ciencia es muy compleja. En este escenario, reconstruir la confianza en la ciencia exige algo más que combatir bulos: implica generar espacios compartidos, reforzar la educación crítica y reducir la polarización.

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Ana Muñoz van den Eynde recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y es socia de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia.

Ramón Iker Soria Royuela recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Unai Coto Suárez recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

ref. 10 claves por las que la ciencia puede perder terreno en una sociedad desinformada – https://theconversation.com/10-claves-por-las-que-la-ciencia-puede-perder-terreno-en-una-sociedad-desinformada-280237

Buscando alcanzar la experiencia de lo sublime con el arte contemporáneo

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Fernando Echarri Iribarren, Responsable del Área Educativa del Museo Universidad de Navarra, Universidad de Navarra

El arte contemporáneo puede generar vivencias muy intensas y significativas para las personas. Así le sucedió por ejemplo a la coleccionista Dominique de Menil al contemplar la obra del estadounidense Mark Rothko. Se sintió en paz, abrazada y libre. Las lágrimas acudieron a sus ojos. A tenor de su experiencia, podríamos decir que la obra de Rothko permite experimentar lo sublime, ya que en sus rectángulos de color puede recogerse toda la vastedad de un paisaje inmenso.

Los museos de arte contemporáneo pueden promover la educación estética de los visitantes. Cada obra envía constantemente diferentes mensajes al espectador y crea una conexión entre la persona y el arte que proporciona experiencias significativas. Estas conexiones pueden establecerse también para la contemplación de lo sublime, frecuentemente desarrollado en el arte, ya que suele tener fuertes repercusiones tanto cognitivas como emocionales y espirituales.

Aunque lo sublime surge en el siglo I, el concepto se atribuye, sobre todo, a los filósofos Edmund Burke e Immanuel Kant quienes, en el siglo XVIII, ahondaron en sus posibilidades filosóficas. El término hace referencia a la magnificencia de la naturaleza, a su enorme vastedad y belleza. Pero también tiene un componente de sentimiento hacia lo terrible de la pequeñez de la persona frente a la magnitud del mundo. Lo sublime es algo que puede hacer que la persona se pregunte sobre el sentido de su existencia.

¿Arte figurativo o abstracto?

Para entender cómo ocurren las conexiones entre los espectadores y el arte, realizamos un estudio sobre la relación que puede haber entre la experiencia estética y lo sublime. Lo hicimos a través de la contemplación del arte contemporáneo en oposición al figurativo. Además, decidimos analizarlo específicamente en un grupo de Personas Altamente Sensibles (PAS), algo que nunca se había hecho antes.

Las PAS pertenecen a un grupo escasamente estudiado en literatura científica. Se caracterizan por tener una alta sensibilidad hacia la estética y una fuerte capacidad para obtener profundos y trascendentes significados desde la obra de arte. Nuestro objetivo era conocer su respuesta concreta a la contemplación del arte contemporáneo.

Con este objetivo, utilizamos dos obras del Museo Universidad de Navarra, pertenecientes a dos corrientes artísticas diferentes. Para el estudio del estilo figurativo, caracterizado por poder reconocer en él los objetos representados, se escogieron paisajes montañosos en blanco y negro de Infinito artificial (2014) del artista Fernando Maselli. Para el estudio del estilo abstracto, en concreto el expresionismo abstracto de Mark Rothko, analizaron su obra Sin título (1969), donde no se detectan objetos concretos sino que solo existen campos de color. Queríamos ver si, dependiendo de cada uno de los estilos, existían diferencias en la experiencia estética obtenida.

Para la evaluación de la “experiencia estética de lo sublime” creamos una escala propia, en la que se consideraron cuatro dimensiones: percepción, emoción, cognición y espiritualidad. En cada una de ellas se incluían diferentes ítems que permitían obtener información desglosada sobre aspectos como la admiración, el sentido de la vida, la belleza, el miedo o el asombro. La conjunción de todas estas dimensiones determinaba en conjunto la experiencia obtenida.

Además se realizó una pregunta cualitativa en la que se les pedía describir con sus propias palabras cómo había sido su experiencia de contemplación de la obra de arte.

Alcanzar lo sublime

Tras la contemplación de las obras de arte, podemos decir que los resultados muestran que estos individuos pueden experimentar intensamente las obras de arte contemporáneo en relación con lo sublime, sean figurativas o abstractas.

En el análisis cualitativo se recogieron respuestas como “es maravilloso”, “me he encontrado increíblemente bien”, “el poder de contemplar un paisaje sublime me ha permitido acceder a sus misterios y empatizar con ello”. El concepto de lo sublime aparece representado a través de palabras que implican relación directa con ello, como “lo infinito”, “lo inalcanzable” o “la inmensidad”. Además, se ve reflejado con altas puntuaciones en las experiencias y en las diferentes dimensiones personales: perceptuales, cognitivas, emocionales y espirituales, tanto para el estilo figurativo como para el abstracto.

Aunque las conclusiones no permiten extrapolar los resultados a personas que no sean PAS, sí que permiten afirmar que el arte puede generar experiencias intensas y muy significativas relacionadas con el concepto de sublime. Hasta ahora, solo existían análisis teóricos sobre la experiencia de lo sublime a través del arte en un grupo concreto de personas, no empíricos. Por lo tanto, sería conveniente seguir realizando investigaciones para estudiarla con otras obras de arte y otros estilos.


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The Conversation

Fernando Echarri Iribarren trabaja para el Museo Universidad de Navarra

Natalia Verea García es delegada en Navarra de la Asociación Española de Educación Sensible (AEES). La AEES participa en el programa SociARTE del Museo Universidad de Navarra, que se desarrolla con el apoyo de Fundación La Caixa.

Teresa Barrio Fernández no recibe financiación externa relevante a título personal, pero sí la organización para la que trabaja. Concretamente el proyecto SociArte, que permite la realización de actividades como la descrita, es financiado por la Fundación la Caixa. Trabaja para el MUN (Universidad de Navarra) y es miembro individual del Consejo Internacional de Museos (ICOM), organización internacional de museos y profesionales de museos.

Ignacio Miguéliz Valcarlos no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Buscando alcanzar la experiencia de lo sublime con el arte contemporáneo – https://theconversation.com/buscando-alcanzar-la-experiencia-de-lo-sublime-con-el-arte-contemporaneo-275609

¿Qué imaginamos cuando alguien dice ‘mena’?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Iraide Ibarretxe-Antuñano, Catedrática de Lingüística General, Universidad de Zaragoza

¿Ve esto cuando piensa en dos menores extranjeros no acompañados? oneinchpunch/Shutterstock

¿Ha visto la película Cuando ruge la marabunta? En este clásico del cine de aventuras de los años cincuenta, una plantación en la selva sudamericana se enfrenta a una masa de hormigas que avanza sin detenerse, devorándolo todo a su paso. No se trata de criaturas gigantes ni especialmente sofisticadas. Son, simplemente, millones de insectos organizados en movimiento continuo.

Ahora bien, piense en esto: ¿qué le produce más inquietud, decir “se acerca una marabunta” o “se acerca un grupo numeroso de hormigas”? En términos estrictos, ambas expresiones pueden referirse a lo mismo. Sin embargo, no provocan la misma reacción.

La diferencia no está en la realidad, sino en el lenguaje.

La palabra marabunta no describe únicamente un conjunto de insectos. Activa una imagen mental muy concreta: masa, descontrol, amenaza. No pensamos en individuos, sino en una entidad colectiva que avanza sin rostro ni matices.

Ese efecto no es casual. Desde la lingüística cognitiva sabemos que las palabras no solo nombran, sino que activan marcos interpretativos y prototipos que simplifican la realidad y orientan nuestra percepción. Este mismo mecanismo, que nos ayuda a procesar el mundo de forma rápida y eficiente, también opera cuando hablamos de grupos humanos.

Cuando una palabra deja de describir y empieza a construir

Un ejemplo claro en el contexto actual español es el término mena. En origen, se trata de un acrónimo administrativo, MENA –menor extranjero no acompañado–, utilizado en el ámbito jurídico para describir una situación específica dentro del sistema de protección de la infancia. Su función era técnica: identificar a menores en situación de desprotección que requieren tutela institucional.

Sin embargo, como ha ocurrido con otros acrónimos, su uso se ha extendido más allá de ese contexto. No solo ha cambiado su “ropaje formal” –ya no se escribe en mayúsculas ni se percibe como una secuencia de iniciales–, sino que se ha integrado plenamente en el sistema léxico del español: se pronuncia como una unidad –[ména]–, admite plural –menas–, determinantes –los menas–… Y lo más importante: su significado también ha cambiado.

Hoy, mena ya no funciona únicamente como una descripción administrativa. Funciona como una categoría social. Y, como ocurre con marabunta, esa categoría no es neutra.

De la categoría al prototipo

Cuando utilizamos la palabra mena, no solemos activar la definición jurídica completa. No pensamos necesariamente en menores, en su situación de vulnerabilidad o en la obligación del Estado de tutelarlos. En su lugar, se activa una imagen más simple y más inmediata: un prototipo.

Dos niños juegan al fútbol en una plaza, a contraluz.
Las realidades siempre son muy complejas.
bepsy/Shutterstock

Ese prototipo ha ido construyéndose en los últimos años. Interrumpa la lectura un momento y responda a esta sencilla pregunta: ¿a quién se ha imaginado cuando ha leído la palabra mena?

Ojalá me equivocara, pero seguramente la imagen corresponde a la de un chico adolescente, de origen magrebí –especialmente marroquí–, situado en entornos urbanos y frecuentemente vinculado, en el discurso mediático, a narrativas de conflicto o problematización social. ¿He adivinado? Si es así, no es casualidad. De hecho, cuando le pedí a una inteligencia artificial que generara una imagen de menas, el resultado fue muy parecido. Esta imagen no representa la diversidad real del colectivo, pero funciona como referencia dominante.

La teoría de los prototipos, desarrollada por Eleanor Rosch, explica precisamente este fenómeno: no pensamos en categorías como listas de características, sino a partir de ejemplos representativos. El problema es que, una vez fijado, ese prototipo acaba funcionando como modelo para todo el grupo, incluso para aquellos miembros que no encajan en él.

Y aquí aparece una cuestión clave: cuando una categoría activa sistemáticamente el mismo prototipo, deja de ser descriptiva y pasa a ser reductora.

De situación a identidad

Este proceso tiene un efecto especialmente importante: la reificación, el paso de una situación temporal a una característica percibida como estable. Ser “menor extranjero no acompañado” es, en origen, una situación circunstancial. Es algo contingente, que depende de la edad, el momento migratorio y la situación administrativa. Sin embargo, cuando el término se convierte en sustantivo –un mena– esa condición se transforma en identidad.

No es alguien que está en esa situación, sino alguien que es eso.

Este desplazamiento es crucial porque convierte la categoría en algo aparentemente estable y definitorio. Y, al hacerlo, dificulta percibirla como una condición temporal vinculada a una situación de vulnerabilidad. Desde el punto de vista lingüístico, es un ejemplo claro de cómo el lenguaje puede transformar situaciones en identidades.

La simplificación de la complejidad

El siguiente paso es la simplificación. Y aquí es donde el paralelismo con la marabunta se vuelve especialmente revelador.

Al igual que dejamos de ver hormigas individuales para ver una masa, el uso de una etiqueta como mena favorece la percepción del grupo como un colectivo homogéneo. Se produce un proceso de desindividualización: las personas dejan de tener historia, contexto y circunstancias propias, y pasan a ser miembros de una categoría abstracta.

A esto se suma la activación del prototipo. Una vez fijado, sus características se proyectan sobre todo el grupo, incluso cuando no se corresponden con la realidad. Se produce así una sobregeneralización: lo que es representativo en el discurso se interpreta como definitorio.

Este doble proceso es lo que permite hablar de deshumanización en sentido discursivo. No porque el término niegue explícitamente la condición humana, sino porque reduce la complejidad de las personas a una imagen simplificada.

¿Quién legitima estas categorías?

Estos procesos no ocurren de forma aislada. Se consolidan en el espacio público a través de su circulación en determinados ámbitos, insertos en marcos discursivos concretos. Cuando los medios repiten “mena” en titulares y noticias no solo lo popularizan, sino que contribuyen a fijar los contextos en los que aparece. Y esos contextos –seguridad, conflicto, gestión de recursos– acaban formando parte de su significado. Cuando en el discurso político se utilizan estas categorías, se activan asociaciones de forma inmediata y se estructura el debate sin necesidad de explicitar todos los matices.

Tres adolescentes caminan por una acera con las mochilas a la espalda.
No hay categorías inmutables que definan a los menas.
Jose HERNANDEZ Camera 51/Shutterstock

Entonces, ¿cuando instituciones como la Real Academia Española incluyen mena es su diccionario contribuyen también a este proceso? No, su incorporación, como ocurre con otras palabras, responde a su uso extendido.

Ahora bien, el problema no es que esté en el diccionario, sino la forma en que se define:

Acrón. de menor extranjero no acompañado.

m. y f. Esp. Inmigrante menor de edad que no cuenta con la atención de ninguna persona que se responsabilice de él. U. a veces en sent. despect.

La definición recoge su origen administrativo, pero no refleja plenamente su transformación en el uso social. Presenta su posible carácter despectivo como algo ocasional y formula la idea de que estos menores “no cuentan con ningún adulto”, obviando la obligación legal de tutela por parte del Estado. Además, el uso del término “inmigrante” y del masculino genérico contribuye a reforzar el prototipo dominante.

El diccionario no solo recopila el lenguaje, también contribuye a fijar determinadas interpretaciones. Y eso sí que es criticable, porque se legitiman determinadas formas de nombrar y, con ellas, determinadas formas de percibir.

Volver a la marabunta

La marabunta nos inquieta no por lo que es, sino por cómo la nombramos. Algo parecido ocurre cuando utilizamos ciertas etiquetas para referirnos a grupos humanos. No es solo que simplifiquen, es cómo simplifican.

En un momento en el que expresiones como “prioridad nacional” ocupan el centro del debate público, conviene recordar algo básico: las palabras no son neutrales. No solo describen el mundo; deciden qué parte de ese mundo vemos y cuál dejamos de ver.

Quizá la pregunta no sea solo qué es prioritario, sino a quién miramos cuando hablamos: si vemos una marabunta… o a cada una de las hormigas.


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Iraide Ibarretxe-Antuñano es Investigadora Principal en el proyecto “Motivación, iconicidad y arbitrariedad en el procesamiento del lenguaje multimodal (MOTIV)” (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, PID2021-123302NB-I00). Coordina el Grupo de Acción ICON del Campus Íberus, el grupo de innovación Innolingua+ y la iniciativa Lingüística para Todos. Dirige la plataforma de divulgación Zaragoza Lingüística a la Carta (Grupo Psylex, H-11-17R).

ref. ¿Qué imaginamos cuando alguien dice ‘mena’? – https://theconversation.com/que-imaginamos-cuando-alguien-dice-mena-273168

Claves para buscar el mejor lugar desde donde observar el próximo eclipse de sol

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Francisco José Torcal Milla, Profesor Titular. Departamento de Física Aplicada. Centro: EINA. Instituto: I3A, Universidad de Zaragoza

No queda prácticamente nada para que podamos disfrutar del eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, un fenómeno excepcional que ensombrecerá buena parte del noreste de España cerca del ocaso. Muchos aficionados ya están pensando desde qué lugar lo observarán.

El pasado 29 de abril actuó como un día “espejo” del eclipse, ya que el Sol se situaba aproximadamente a la misma hora en una posición muy parecida a la que ocupará durante el esperado 12 de agosto, comenzando la parcialidad en el intervalo entre las 17:30 y las 19:30 (hora peninsular) y la totalidad cerca de las 20:30, justo antes de la puesta de sol.




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El movimiento de los astros

Desde la Antigüedad, la observación del cielo ha permitido comprobar que los astros presentan movimientos periódicos, es decir, repiten posiciones y trayectorias siguiendo intervalos regulares de tiempo. Esta periodicidad se manifiesta en fenómenos tan conocidos como la sucesión del día y la noche, las fases de la Luna, las estaciones del año o la reaparición cíclica de determinados cuerpos celestes.




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El estudio de estos ciclos fue esencial para el desarrollo de los calendarios, la navegación y, en definitiva, para el nacimiento de la astronomía científica.

En el sistema solar, esta regularidad se debe principalmente a los movimientos de rotación y traslación de sus cuerpos: la Tierra gira sobre su eje cada 24 horas y completa una vuelta alrededor del Sol cada año; la Luna orbita la Tierra aproximadamente cada 28 días; y el resto de los planetas siguen órbitas regulares con periodos que van desde los 88 días de Mercurio hasta los 165 años de Neptuno, hablando siempre en términos terrestres.

El 29 de abril fue el día espejo

Durante los últimos días se ha popularizado en redes sociales y medios de comunicación la expresión día “espejo” del eclipse total de Sol de agosto de 2026. Con ello se hace referencia a una fecha en la que la posición aparente del Sol y su recorrido diario por el cielo son muy similares a los que tendrá el día del eclipse.

Si fuéramos completamente estrictos, habría que matizar que la posición exacta del Sol en un punto del cielo solo se repite de forma precisa al cabo de un año. Sin embargo, dentro del ciclo anual existen fechas que presentan una geometría solar muy parecida y que resultan enormemente útiles para planificar observaciones.

Pues bien, el 29 de abril nuestra estrella se encontraba prácticamente a la misma distancia temporal del solsticio de verano que el 12 de agosto de 2026: unos 52 días antes y 52 días después, respectivamente.

Esta disposición casi simétrica dentro del año provoca que la trayectoria aparente del Sol en ambas fechas sea muy semejante. Como consecuencia, la altura del Sol sobre el horizonte, la duración del día y el arco que describe desde el amanecer hasta el atardecer resultan muy parecidos.

Eso convertía el día espejo (y el día siguiente, como referencia, tampoco estaba mal) en una excelente ocasión para comprobar si el lugar que habíamos pensado para ver el eclipse ofrece buenas condiciones: horizonte despejado, ausencia de obstáculos, accesos cómodos o una buena panorámica hacia la zona donde se pondrá el Sol.

Un “mapa de sombra”

Calma. Si no pudo desplazarse el 29 de abril al lugar elegido, no hay problema. El Instituto Geográfico Nacional pone a disposición del público su conocido “mapa de sombra”: un visualizador interactivo con información detallada del eclipse, horarios y localizaciones. A través de esta herramienta es posible conocer de forma inmediata la hora de inicio y final del eclipse en cualquier punto concreto, así como la altura del Sol sobre el horizonte en cada fase del fenómeno. Resulta especialmente útil para comparar distintos lugares y decidir cuál puede ofrecer mejores condiciones de observación.

Eso sí, conviene recordar que el visor se basa en modelos de relieve y no contempla obstáculos cercanos como edificios, árboles u otras estructuras que sí podrían afectar a la visibilidad real.

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 será uno de los grandes acontecimientos astronómicos de las próximas décadas en España. Por eso, cualquier oportunidad para preparar con antelación la observación merece la pena. Y hoy, 29 de abril, tenemos una ocasión privilegiada para hacerlo, simplemente mirando al cielo.

The Conversation

Francisco José Torcal Milla no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Claves para buscar el mejor lugar desde donde observar el próximo eclipse de sol – https://theconversation.com/claves-para-buscar-el-mejor-lugar-desde-donde-observar-el-proximo-eclipse-de-sol-281658

Supreme Court considers whether police can use Big Tech data to capture info from all cellphone users in a place and time

Source: The Conversation – USA – By Anne Toomey McKenna, Affiliated Faculty Member, Institute for Computational and Data Sciences, Penn State

Police got cellphone data for many people who happened to be in this area near the time of a bank robbery. AP Photo/Steve Helber

Google tracks the vast majority of cellphones in the United States, collecting your location, usage and device data through installed software and apps. The tracking occurs by various autonomous processes you cannot see or stop, even when you turn off location history, and Google and other companies keep that data for years. Outside of your control and wherever you go, your cellphone continuously creates a durable and revealing digital trail, and law enforcement agencies can get warrants to obtain it.

But some of those warrants aren’t looking for data about a specific person. Instead, police are compelling tech companies to reveal every cellphone in a particular area during certain time periods. Called geofence warrants, their use is at the heart of a case before the U.S. Supreme Court that will determine what the Fourth Amendment’s protections against unreasonable search and seizure mean in the digital age.

The Supreme Court case Chatrie v. United States involves the hunt for a suspect in an armed bank robbery in busy Midlothian, Virginia, in May 2019, and how police settled on a man named Okello Chatrie as the perpetrator.

Detective Joshua Hylton was granted a geofence warrant that compelled Google to search its database and identify every cellphone in a 17½-acre area around the bank, including private residences and a church, for a period of two hours. Working closely with Google, police ultimately narrowed in on Chatrie. When the trial court denied Chatrie’s motion to suppress the geofence-derived evidence, Chatrie appealed.

The Supreme Court will decide if, when and how law enforcement can use geofences. It matters because all cellphone-carrying people can end up in tomorrow’s geofence, like all those who were unknowingly grabbed in the Chatrie search. And nearly all users are unaware of these fences. No one specifically consents to be included in them, but people have no choice. What happened in the Chatrie case is a feat otherwise impossible but for advances in location tracking technology and advanced AI systems.

As a privacy, electronic surveillance and tech law attorney, author and legal educator, I have spent years researching, writing, educating and advising about these kinds of privacy and legal issues, and my books on electronic surveillance and evidence are routinely cited and relied upon by courts grappling with these issues.

a woman walks in between a brick and cement buidling and a parking lot
A customer walks out of a credit union in Virginia where a robbery in 2019 set in motion events that led to a Supreme Court case.
AP Photo/Steve Helber

How geofences work

Geofences are part of modern life. By carrying your smartphone and other devices, you generate location and other device activity data. That data is collected, stored, analyzed, and bought and sold by multiple companies. The location history data being collected about you is what makes geofences possible, and it is comprehensive and precise.

Location history relies on a variety of sources of data that can include cell tower location, cellphone data such as connections to Wi-Fi networks and Bluetooth sources, and cellular data sent via cell tower. This means the communications you received and sent and the apps you used can be swept up in a geofence.

Advanced AI technologies analyze that data to discern increasing amounts of personal and behavioral data – insights about people, groups and activities – that can be used for a variety of purposes, including targeted advertising. Your rich location history and device data get snatched up regularly in such fences by private companies; your present and past self travels through them constantly.

A geofence can be in real time, for instance to identify and track who is at a protest, or any period in the past decade or so. It can be dynamically generated, like a circle around a specific location, or it could be a predefined set of boundaries, such as a specific address or area defined by streets or other geographical boundaries. One geofence warrant that Google received covered 2.5 square miles of San Francisco for a period of 2½ days.

There has been a significant increase in law enforcement’s use of geofence warrants over the past decade. Google revealed in court that it received a 1,500% percent increase in geofence requests from 2017 to 2018, a 500% percent increase from 2018 to 2019, and by 2020, it had 11,500 geofence warrants in a year. Between 2021 and 2023, geofence warrants made up over 25% of all warrants that Google received from law enforcement agencies in the United States.

a hand holds a smartphone displaying a map with a map in the background
If you carry a smartphone around with you, Google and other tech companies keep track of where you are and everywhere you’ve been.
Dilara Irem Sancar/Anadolu via Getty Images

Search warrants and the Fourth Amendment

The Fourth Amendment is the foundation on which all U.S. electronic privacy laws rest. When government agents want to search or seize a person, place or thing – absent consent or emergency – the Fourth Amendment requires agents to obtain a court-approved warrant based on probable cause. Agents do this by providing a judge with enough evidence to establish probable cause that the person, place or thing to be searched or seized is associated with a crime.

The resulting warrant must describe with “particularity” the specific person, place or thing to be searched or seized. If these requirements are not met, the search is unreasonable and therefore unlawful, and evidence obtained in that search cannot be used in court, barring a good-faith exception.

The Fourth Amendment’s “particularity” requirement strictly forbids general warrants, historically used by British troops against Colonists to engage in overly broad or all-encompassing searches.

Reverse warrants

The only “particularity” that police can specify in applying for a geofence warrant is that a crime occurred at a particular time and place. Hence, geofence warrants are often called reverse warrants because they literally reverse the traditional process of conducting an investigation to identify a suspect and then obtain a warrant to gather information on that suspect. Geofence warrants gather all devices in a time and place, and then, aided by technology, police sift through for potential suspects.

The execution of a geofence warrant is very different from that of a typical warrant. Litigation records reveal a collaborative effort between law enforcement and Google that follows a three-step process. First, law enforcement officials specify in the warrant a time and place to be searched. The data they’re seeking is not merely a list of cellphone devices in the area; it is usually more detailed. For instance, it could include data about whether a device accessed a particular email account or app or sent a text at the time it was in the area of the geofence.

Second, the company provides the officials with an anonymized list of users or devices matching the warrant’s criteria. At this point, things start to become more fluid, and the officials may seek additional information about specific users outside of the initial search parameters.

Third, law enforcement officials then analyze the information and request that the company “unmask” certain users. In complying, Google may tell police the account holder’s name, their address, their email address, and even whether they were communicating or using certain apps during the relevant time. The officials then decide whether any of the users may be connected to the crime.

This close work between the private entity – usually Google – and law enforcement throughout the geofence warrant process raises significant privacy and civil liberties concerns. It also does not appear that there is any court review or judicial oversight during this give-and-take between law enforcement officers and Google in the geofence warrant process.

A split among appeals courts

In the Chatrie case, the trial court took issue with the geofence warrant police used, finding that it lacked particularized probable cause. But the trial court also determined that the officers in question had relied on the defective warrant in good faith, and thus it ruled the geofence evidence could be used against the defendant.

On appeal to the 4th U.S. Circuit Court of Appeals, a divided panel affirmed the trial court’s decision, and it concluded, over vigorous dissent, that obtaining the geofence data was not a search. The full 4th Circuit affirmed the trial court’s decision.

But the 4th Circuit’s 2024 Chatrie decision stands at odds with the 5th Circuit’s 2024 decision in United States v. Smith. In the Smith case, the 5th Circuit ruled that “geofence warrants are modern-day general warrants and are unconstitutional under the Fourth Amendment.” This split among the federal appeals courts should be resolved by the Supreme Court in its Chatrie decision.

Chatrie and the Supreme Court

For decades, the court has grappled with law enforcement’s use of technologies to track the location of people or things, issuing decisions about cell site location information and GPS. It has ruled that the U.S. Constitution requires law enforcement agents to obtain a warrant to track a person using their cellphone location history data or GPS, barring exigent circumstances.

The government is arguing in the Chatrie case that users voluntarily consented to the collection of location history, so they have no reasonable expectation of privacy in the data, and thus there is no violation of the Fourth Amendment.

Some of the amicus briefs filed in support of the defendant assert that electronic location data is protected by the Fourth Amendment’s warrant requirement, and that the geofence warrant fails to satisfy the Fourth Amendment’s particularity requirement. Some also argue that approving this warrant would open the door to a variety of reverse search warrants. And some contend that there is no meaningful consent or voluntariness around the data collection that underpins geofence technology.

Questions from the Supreme Court justices during oral arguments on April 27, 2026, indicate that at least some of them consider geofence warrants to be general warrants and thus unconstitutional. But for now, we wait.

The Conversation

Anne Toomey McKenna serves on the Advisory Board to the Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE)-USA’s Artificial Intelligence Policy Committee (AIPC) and Chairs multiple AIPC subcommittees. The AIPC work involves subject matter and education-related interaction with U.S. Senate and House congressional staffers and the Congressional AI Caucus. McKenna has received funding from the National Security Agency for the development of legal educational materials about cyberlaw (a course which the government still makes available online for the public) and funding from The National Police Foundation together with the U.S. Department of Justice-COPS division for legal analysis regarding the use of drones in domestic policing.

ref. Supreme Court considers whether police can use Big Tech data to capture info from all cellphone users in a place and time – https://theconversation.com/supreme-court-considers-whether-police-can-use-big-tech-data-to-capture-info-from-all-cellphone-users-in-a-place-and-time-281505

Supreme Court geofencing case weighs constitutionality of digital dragnets – and how far your rights go in the data Big Tech collects on you

Source: The Conversation – USA – By Anne Toomey McKenna, Affiliated Faculty Member, Institute for Computational and Data Sciences, Penn State

Police got cellphone data for many people who happened to be in this area near the time of a bank robbery. AP Photo/Steve Helber

Google tracks the vast majority of cellphones in the United States, collecting your location, usage and device data through installed software and apps. The tracking occurs by various autonomous processes you cannot see or stop, even when you turn off location history, and Google and other companies keep that data for years. Outside of your control and wherever you go, your cellphone continuously creates a durable and revealing digital trail, and law enforcement agencies can get warrants to obtain it.

But some of those warrants aren’t looking for data about a specific person. Instead, police are compelling tech companies to reveal every cellphone in a particular area during certain time periods. Called geofence warrants, their use is at the heart of a case before the U.S. Supreme Court that will determine what the Fourth Amendment’s protections against unreasonable search and seizure mean in the digital age.

The Supreme Court case Chatrie v. United States involves the hunt for a suspect in an armed bank robbery in busy Midlothian, Virginia, in May 2019, and how police settled on a man named Okello Chatrie as the perpetrator.

Detective Joshua Hylton was granted a geofence warrant that compelled Google to search its database and identify every cellphone in a 17½-acre area around the bank, including private residences and a church, for a period of two hours. Working closely with Google, police ultimately narrowed in on Chatrie. When the trial court denied Chatrie’s motion to suppress the geofence-derived evidence, Chatrie appealed.

The Supreme Court will decide if, when and how law enforcement can use geofences. It matters because all cellphone-carrying people can end up in tomorrow’s geofence, like all those who were unknowingly grabbed in the Chatrie search. And nearly all users are unaware of these fences. No one specifically consents to be included in them, but people have no choice. What happened in the Chatrie case is a feat otherwise impossible but for advances in location tracking technology and advanced AI systems.

As a privacy, electronic surveillance and tech law attorney, author and legal educator, I have spent years researching, writing, educating and advising about these kinds of privacy and legal issues, and my books on electronic surveillance and evidence are routinely cited and relied upon by courts grappling with these issues.

a woman walks in between a brick and cement buidling and a parking lot
A customer walks out of a credit union in Virginia where a robbery in 2019 set in motion events that led to a Supreme Court case.
AP Photo/Steve Helber

How geofences work

Geofences are part of modern life. By carrying your smartphone and other devices, you generate location and other device activity data. That data is collected, stored, analyzed, and bought and sold by multiple companies. The location history data being collected about you is what makes geofences possible, and it is comprehensive and precise.

Location history relies on a variety of sources of data that can include cell tower location, cellphone data such as connections to Wi-Fi networks and Bluetooth sources, and cellular data sent via cell tower. This means the communications you received and sent and the apps you used can be swept up in a geofence.

Advanced AI technologies analyze that data to discern increasing amounts of personal and behavioral data – insights about people, groups and activities – that can be used for a variety of purposes, including targeted advertising. Your rich location history and device data get snatched up regularly in such fences by private companies; your present and past self travels through them constantly.

A geofence can be in real time, for instance to identify and track who is at a protest, or any period in the past decade or so. It can be dynamically generated, like a circle around a specific location, or it could be a predefined set of boundaries, such as a specific address or area defined by streets or other geographical boundaries. One geofence warrant that Google received covered 2.5 square miles of San Francisco for a period of 2½ days.

There has been a significant increase in law enforcement’s use of geofence warrants over the past decade. Google revealed in court that it received a 1,500% percent increase in geofence requests from 2017 to 2018, a 500% percent increase from 2018 to 2019, and by 2020, it had 11,500 geofence warrants in a year. Between 2021 and 2023, geofence warrants made up over 25% of all warrants that Google received from law enforcement agencies in the United States.

a hand holds a smartphone displaying a map with a map in the background
If you carry a smartphone around with you, Google and other tech companies keep track of where you are and everywhere you’ve been.
Dilara Irem Sancar/Anadolu via Getty Images

Search warrants and the Fourth Amendment

The Fourth Amendment is the foundation on which all U.S. electronic privacy laws rest. When government agents want to search or seize a person, place or thing – absent consent or emergency – the Fourth Amendment requires agents to obtain a court-approved warrant based on probable cause. Agents do this by providing a judge with enough evidence to establish probable cause that the person, place or thing to be searched or seized is associated with a crime.

The resulting warrant must describe with “particularity” the specific person, place or thing to be searched or seized. If these requirements are not met, the search is unreasonable and therefore unlawful, and evidence obtained in that search cannot be used in court, barring a good-faith exception.

The Fourth Amendment’s “particularity” requirement strictly forbids general warrants, historically used by British troops against Colonists to engage in overly broad or all-encompassing searches.

Reverse warrants

The only “particularity” that police can specify in applying for a geofence warrant is that a crime occurred at a particular time and place. Hence, geofence warrants are often called reverse warrants because they literally reverse the traditional process of conducting an investigation to identify a suspect and then obtain a warrant to gather information on that suspect. Geofence warrants gather all devices in a time and place, and then, aided by technology, police sift through for potential suspects.

The execution of a geofence warrant is very different from that of a typical warrant. Litigation records reveal a collaborative effort between law enforcement and Google that follows a three-step process. First, law enforcement officials specify in the warrant a time and place to be searched. The data they’re seeking is not merely a list of cellphone devices in the area; it is usually more detailed. For instance, it could include data about whether a device accessed a particular email account or app or sent a text at the time it was in the area of the geofence.

Second, the company provides the officials with an anonymized list of users or devices matching the warrant’s criteria. At this point, things start to become more fluid, and the officials may seek additional information about specific users outside of the initial search parameters.

Third, law enforcement officials then analyze the information and request that the company “unmask” certain users. In complying, Google may tell police the account holder’s name, their address, their email address, and even whether they were communicating or using certain apps during the relevant time. The officials then decide whether any of the users may be connected to the crime.

This close work between the private entity – usually Google – and law enforcement throughout the geofence warrant process raises significant privacy and civil liberties concerns. It also does not appear that there is any court review or judicial oversight during this give-and-take between law enforcement officers and Google in the geofence warrant process.

A split among appeals courts

In the Chatrie case, the trial court took issue with the geofence warrant police used, finding that it lacked particularized probable cause. But the trial court also determined that the officers in question had relied on the defective warrant in good faith, and thus it ruled the geofence evidence could be used against the defendant.

On appeal to the 4th U.S. Circuit Court of Appeals, a divided panel affirmed the trial court’s decision, and it concluded, over vigorous dissent, that obtaining the geofence data was not a search. The full 4th Circuit affirmed the trial court’s decision.

But the 4th Circuit’s 2024 Chatrie decision stands at odds with the 5th Circuit’s 2024 decision in United States v. Smith. In the Smith case, the 5th Circuit ruled that “geofence warrants are modern-day general warrants and are unconstitutional under the Fourth Amendment.” This split among the federal appeals courts should be resolved by the Supreme Court in its Chatrie decision.

Chatrie and the Supreme Court

For decades, the court has grappled with law enforcement’s use of technologies to track the location of people or things, issuing decisions about cell site location information and GPS. It has ruled that the U.S. Constitution requires law enforcement agents to obtain a warrant to track a person using their cellphone location history data or GPS, barring exigent circumstances.

The government is arguing in the Chatrie case that users voluntarily consented to the collection of location history, so they have no reasonable expectation of privacy in the data, and thus there is no violation of the Fourth Amendment.

Some of the amicus briefs filed in support of the defendant assert that electronic location data is protected by the Fourth Amendment’s warrant requirement, and that the geofence warrant fails to satisfy the Fourth Amendment’s particularity requirement. Some also argue that approving this warrant would open the door to a variety of reverse search warrants. And some contend that there is no meaningful consent or voluntariness around the data collection that underpins geofence technology.

Questions from the Supreme Court justices during oral arguments on April 27, 2026, indicate that at least some of them consider geofence warrants to be general warrants and thus unconstitutional. But for now, we wait.

The Conversation

Anne Toomey McKenna serves on the Advisory Board to the Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE)-USA’s Artificial Intelligence Policy Committee (AIPC) and Chairs multiple AIPC subcommittees. The AIPC work involves subject matter and education-related interaction with U.S. Senate and House congressional staffers and the Congressional AI Caucus. McKenna has received funding from the National Security Agency for the development of legal educational materials about cyberlaw (a course which the government still makes available online for the public) and funding from The National Police Foundation together with the U.S. Department of Justice-COPS division for legal analysis regarding the use of drones in domestic policing.

ref. Supreme Court geofencing case weighs constitutionality of digital dragnets – and how far your rights go in the data Big Tech collects on you – https://theconversation.com/supreme-court-geofencing-case-weighs-constitutionality-of-digital-dragnets-and-how-far-your-rights-go-in-the-data-big-tech-collects-on-you-281505

Supreme Court’s Voting Rights Act ruling makes it harder to protect minority voting power and alters the landscape of future elections

Source: The Conversation – USA – By Sam D. Hayes, Assistant professor of politics and policy, Simmons University

President Lyndon Johnson hands a pen to civil rights leader Rev. Martin Luther King Jr. during the signing of the Voting Rights Act in Washington, D.C., on Aug. 6, 1965. Hulton Archive, Washington Bureau/Getty Images

In a major ruling that would permit weakening the voting power of minorities in the United States, the Supreme Court on April 29, 2026, struck down a Black-majority district in Louisiana’s congressional map as “an unconstitutional gerrymander” and altered the court’s interpretation of the Voting Rights Act.

In a 6-3 decision, the court’s conservative majority argued that Louisiana had violated the law by drawing a second Black-majority district. Justice Samuel Alito wrote that the court was upholding a key part of the Voting Rights Act known as Section 2, which prohibits “voting practices or procedures that discriminate on the basis of race, color, or membership in one of the language minority groups identified” in the act.

But the conservative justices also devised a new interpretation for its application based on historical developments. By doing that, the court majority made it more difficult for plaintiffs to challenge redistricting plans under the act.

In a dissent, Justice Elena Kagan called the decision the “latest chapter in the majority’s now-completed demolition of the Voting Rights Act.”

Kagan, joined by the other two liberal justices, argued that the decision will make it effectively impossible to use race in redistricting – as has been done historically under the Voting Rights Act – and more difficult to prove discrimination under the act. She wrote, “The court’s decision will set back the foundational right Congress granted of racial equality in electoral opportunity.”

I’m a scholar of national political institutions, election law and democratic representation. The timing of the case carries major implications for the 2026 midterm elections. The decision, by weakening the Voting Rights Act, could make it easier for states to draw partisan gerrymanders of their congressional districts that reduce the power of minorities.

Long legal battle

The central question in the case was to what extent race can, or must, be used when congressional districts are redrawn.

Plaintiffs challenged whether the longstanding interpretation of Section 2 of the Voting Rights Act, which requires protection of minority voting power in redistricting, violates the equal protection clause of the U.S. Constitution, which guarantees that individuals should be treated the same by the law.

In short, the plaintiffs argued that the state of Louisiana’s use of race to make a second Black-majority district was forbidden by the U.S. Constitution. From my perspective as a scholar of U.S. federal courts and electoral systems, this case represent the collision of decades of Supreme Court decisions on race, redistricting and the Voting Rights Act.

To understand the stakes of the current case, it’s important to know what the Voting Rights Act does. Initially passed in 1965, the act helped end decades of racially discriminatory voting laws by providing federal enforcement of voting rights.

Section 2 of the Voting Rights Act forbids discrimination by states in relation to voting rights and has been used for decades to challenge redistricting plans.

Callais had its roots in the redistricting of Louisiana’s congressional districts following the 2020 Census. States are required to redraw districts each decade based on new population data. Louisiana lawmakers redrew the state’s six congressional districts without major changes in 2022.

Police smashing marchers on a street with billy clubs.
State troopers in Selma, Ala., swing billy clubs on March 7, 1965, to break up a march by advocates for Black Americans’ voting rights.
AP Photo, File

Soon after the state redistricted, a group of Black voters challenged the map in federal court as a violation of the Voting Rights Act. The plaintiffs argued that the new map was discriminatory because the voting power of Black citizens in the state was being illegally diluted. The state’s population was 31% Black, but only one of the six districts featured a majority-Black population.

Federal courts in 2022 sided with the plaintiffs’ claim that the plan did violate the Voting Rights Act and ordered the state legislature to redraw the congressional plan with a second Black-majority district.

The judges relied on an interpretation of Section 2 of the Voting Rights Act from a 1986 Supreme Court decision in the case known as Thornburg v. Gingles. Under this interpretation, Section 2’s nondiscrimination requirement means that congressional districts must be drawn in a way that allows large, politically cohesive and compact racial minorities to be able to elect representatives of their choice.

In 2023, the Supreme Court upheld a lower court’s interpretation of Section 2 of the Voting Rights Act in a similar racial gerrymandering case in Alabama.

Louisiana lawmakers redraw districts

Following the court order, the Louisiana state legislature passed Senate Bill 8 in January 2024, redrawing the congressional map and creating two districts where Black voters composed a substantial portion of the electorate in compliance with the Gingles ruling. This map was used in the 2024 congressional election and both Black-majority districts elected Democrats, while the other four districts elected Republicans.

These new congressional districts from Senate Bill 8 were challenged by a group of white voters in 2024 in a set of cases that became Louisiana v. Callais.

The plaintiffs argued that the Louisiana legislature’s drawing of districts based on race in Senate Bill 8 was in violation of the 14th Amendment’s equal protection clause, which requires equal treatment of individuals by the government, and the 15th Amendment, which forbids denying the right to vote based on race.

Essentially, the plaintiffs claimed that the courts’ interpretation of Section 2 of the Voting Rights Act was unconstitutional and that the use of race to create a majority-minority district is itself discriminatory. Similar arguments about the 14th Amendment’s equal protection clause were also the basis of the Supreme Court’s recent decisions striking down race-based affirmative action in college admissions.

In 2024, a three-judge district court sided with the white plaintiffs in Louisiana v. Callais, with a 2-1 decision. The Black plaintiffs from the original case and the state of Louisiana appealed the case to the Supreme Court. The court originally heard the case at the end of the 2024-2025 term before ordering the case reargued for 2025-2026.

A large, white building with a tall tower in the middle.
The Louisiana state Capitol in Baton Rouge.
AP Photo/Stephen Smith

Major implications

The court’s opinion reinterprets key precedent on the Voting Rights Act and the application of Section 2 to redistricting. It carries major consequences for the federal courts, gerrymandering and the voting rights of individuals.

For 39 years, Section 2 of the Voting Rights Act has required redistricting institutions to consider racial and ethnic minority representation when devising congressional districts. Majority-minority districting is required when a state has large, compact and cohesive minority communities. Historically, some states have redistricted minority communities in ways that dilute their voting power, such as “cracking” a community into multiple districts where they compose a small percentage of the electorate.

Section 2 also provided voters and residents with a legal tool that has been used to challenge districts as discriminatory. Many voters and groups have used Section 2 successfully to challenge redistricting plans.

Section 2 has been the main legal tool for challenging racial discrimination in redistricting for the past decade. In 2013, the Supreme Court effectively ended the other major component of the Voting Rights Act, the preclearance provision, which required certain states to have changes to their elections laws approved by the federal government, including redistricting.

In this case the court did not fully overrule the previous interpretation of Section 2, but it has altered its application. The effect is that it limits the legality of using race in redistricting and the most common way to challenge discriminatory redistricting.

Additionally, because of the strong relationship between many minority communities and the Democratic party, the court’s decision has major implications for partisan control of the House of Representatives.

By changing the interpretation of Section 2, Republicans could use the ruling to redraw congressional districts across the country to benefit their party. Politico reported that Democrats could lose as many as 19 House seats if the Supreme Court sided with the lower court.

This case builds directly on a recent case also authored by Alito. In 2024, the court overruled a lower court’s finding of racial vote dilution in South Carolina.

This is an updated version of a story that originally published on Oct. 13, 2025.

The Conversation

Sam D. Hayes does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Supreme Court’s Voting Rights Act ruling makes it harder to protect minority voting power and alters the landscape of future elections – https://theconversation.com/supreme-courts-voting-rights-act-ruling-makes-it-harder-to-protect-minority-voting-power-and-alters-the-landscape-of-future-elections-281817

Supreme Court’s ruling in Louisiana gerrymandering case redefines Voting Rights Act, making it harder to protect minority voting power and altering the landscape of future elections

Source: The Conversation – USA – By Sam D. Hayes, Assistant professor of politics and policy, Simmons University

President Lyndon Johnson hands a pen to civil rights leader Rev. Martin Luther King Jr. during the signing of the Voting Rights Act in Washington, D.C., on Aug. 6, 1965. Hulton Archive, Washington Bureau/Getty Images

In a major ruling that would permit weakening the voting power of minorities in the United States, the Supreme Court on April 29, 2026, struck down a Black-majority district in Louisiana’s congressional map as “an unconstitutional gerrymander” and altered the court’s interpretation of the Voting Rights Act.

In a 6-3 decision, the court’s conservative majority argued that Louisiana had violated the law by drawing a second Black-majority district. Justice Samuel Alito wrote that the court was upholding a key part of the Voting Rights Act known as Section 2, which prohibits “voting practices or procedures that discriminate on the basis of race, color, or membership in one of the language minority groups identified” in the act.

But the conservative justices also devised a new interpretation for its application based on historical developments. By doing that, the court majority made it more difficult for plaintiffs to challenge redistricting plans under the act.

In a dissent, Justice Elena Kagan called the decision the “latest chapter in the majority’s now-completed demolition of the Voting Rights Act.”

Kagan, joined by the other two liberal justices, argued that the decision will make it effectively impossible to use race in redistricting – as has been done historically under the Voting Rights Act – and more difficult to prove discrimination under the act. She wrote, “The court’s decision will set back the foundational right Congress granted of racial equality in electoral opportunity.”

I’m a scholar of national political institutions, election law and democratic representation. The timing of the case carries major implications for the 2026 midterm elections. The decision, by weakening the Voting Rights Act, could make it easier for states to draw partisan gerrymanders of their congressional districts that reduce the power of minorities.

Long legal battle

The central question in the case was to what extent race can, or must, be used when congressional districts are redrawn.

Plaintiffs challenged whether the longstanding interpretation of Section 2 of the Voting Rights Act, which requires protection of minority voting power in redistricting, violates the equal protection clause of the U.S. Constitution, which guarantees that individuals should be treated the same by the law.

In short, the plaintiffs argued that the state of Louisiana’s use of race to make a second Black-majority district was forbidden by the U.S. Constitution. From my perspective as a scholar of U.S. federal courts and electoral systems, this case represent the collision of decades of Supreme Court decisions on race, redistricting and the Voting Rights Act.

To understand the stakes of the current case, it’s important to know what the Voting Rights Act does. Initially passed in 1965, the act helped end decades of racially discriminatory voting laws by providing federal enforcement of voting rights.

Section 2 of the Voting Rights Act forbids discrimination by states in relation to voting rights and has been used for decades to challenge redistricting plans.

Callais had its roots in the redistricting of Louisiana’s congressional districts following the 2020 Census. States are required to redraw districts each decade based on new population data. Louisiana lawmakers redrew the state’s six congressional districts without major changes in 2022.

Police smashing marchers on a street with billy clubs.
State troopers in Selma, Ala., swing billy clubs on March 7, 1965, to break up a march by advocates for Black Americans’ voting rights.
AP Photo, File

Soon after the state redistricted, a group of Black voters challenged the map in federal court as a violation of the Voting Rights Act. The plaintiffs argued that the new map was discriminatory because the voting power of Black citizens in the state was being illegally diluted. The state’s population was 31% Black, but only one of the six districts featured a majority-Black population.

Federal courts in 2022 sided with the plaintiffs’ claim that the plan did violate the Voting Rights Act and ordered the state legislature to redraw the congressional plan with a second Black-majority district.

The judges relied on an interpretation of Section 2 of the Voting Rights Act from a 1986 Supreme Court decision in the case known as Thornburg v. Gingles. Under this interpretation, Section 2’s nondiscrimination requirement means that congressional districts must be drawn in a way that allows large, politically cohesive and compact racial minorities to be able to elect representatives of their choice.

In 2023, the Supreme Court upheld a lower court’s interpretation of Section 2 of the Voting Rights Act in a similar racial gerrymandering case in Alabama.

Louisiana lawmakers redraw districts

Following the court order, the Louisiana state legislature passed Senate Bill 8 in January 2024, redrawing the congressional map and creating two districts where Black voters composed a substantial portion of the electorate in compliance with the Gingles ruling. This map was used in the 2024 congressional election and both Black-majority districts elected Democrats, while the other four districts elected Republicans.

These new congressional districts from Senate Bill 8 were challenged by a group of white voters in 2024 in a set of cases that became Louisiana v. Callais.

The plaintiffs argued that the Louisiana legislature’s drawing of districts based on race in Senate Bill 8 was in violation of the 14th Amendment’s equal protection clause, which requires equal treatment of individuals by the government, and the 15th Amendment, which forbids denying the right to vote based on race.

Essentially, the plaintiffs claimed that the courts’ interpretation of Section 2 of the Voting Rights Act was unconstitutional and that the use of race to create a majority-minority district is itself discriminatory. Similar arguments about the 14th Amendment’s equal protection clause were also the basis of the Supreme Court’s recent decisions striking down race-based affirmative action in college admissions.

In 2024, a three-judge district court sided with the white plaintiffs in Louisiana v. Callais, with a 2-1 decision. The Black plaintiffs from the original case and the state of Louisiana appealed the case to the Supreme Court. The court originally heard the case at the end of the 2024-2025 term before ordering the case reargued for 2025-2026.

A large, white building with a tall tower in the middle.
The Louisiana state Capitol in Baton Rouge.
AP Photo/Stephen Smith

Major implications

The court’s opinion reinterprets key precedent on the Voting Rights Act and the application of Section 2 to redistricting. It carries major consequences for the federal courts, gerrymandering and the voting rights of individuals.

For 39 years, Section 2 of the Voting Rights Act has required redistricting institutions to consider racial and ethnic minority representation when devising congressional districts. Majority-minority districting is required when a state has large, compact and cohesive minority communities. Historically, some states have redistricted minority communities in ways that dilute their voting power, such as “cracking” a community into multiple districts where they compose a small percentage of the electorate.

Section 2 also provided voters and residents with a legal tool that has been used to challenge districts as discriminatory. Many voters and groups have used Section 2 successfully to challenge redistricting plans.

Section 2 has been the main legal tool for challenging racial discrimination in redistricting for the past decade. In 2013, the Supreme Court effectively ended the other major component of the Voting Rights Act, the preclearance provision, which required certain states to have changes to their elections laws approved by the federal government, including redistricting.

In this case the court did not fully overrule the previous interpretation of Section 2, but it has altered its application. The effect is that it limits the legality of using race in redistricting and the most common way to challenge discriminatory redistricting.

Additionally, because of the strong relationship between many minority communities and the Democratic party, the court’s decision has major implications for partisan control of the House of Representatives.

By changing the interpretation of Section 2, Republicans could use the ruling to redraw congressional districts across the country to benefit their party. Politico reported that Democrats could lose as many as 19 House seats if the Supreme Court sided with the lower court.

This case builds directly on a recent case also authored by Alito. In 2024, the court overruled a lower court’s finding of racial vote dilution in South Carolina.

This is an updated version of a story that originally published on Oct. 13, 2025.

The Conversation

Sam D. Hayes does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Supreme Court’s ruling in Louisiana gerrymandering case redefines Voting Rights Act, making it harder to protect minority voting power and altering the landscape of future elections – https://theconversation.com/supreme-courts-ruling-in-louisiana-gerrymandering-case-redefines-voting-rights-act-making-it-harder-to-protect-minority-voting-power-and-altering-the-landscape-of-future-elections-281817

Donald Trump peut-il poursuivre la guerre en Iran sans l’accord officiel du Congrès ?

Source: The Conversation – in French – By John Hart, Emeritus Faculty, US government and politics specialist, Australian National University

Depuis le 2 mars, le Congrès avait soixante jours pour avaliser l’intervention contre l’Iran. Le délai expire ce 1er mai, et la guerre n’a toujours pas été autorisée. Donald Trump ne va sans doute pas rappeler ses militaires pour autant. Mais les élus démocrates, hostiles à ce conflit, pourraient bientôt voir une partie de leurs collègues républicains leur prêter main-forte pour tenter d’imposer la cessation d’une opération très impopulaire.


Si Donald Trump ne met pas fin à la confrontation militaire de son pays avec l’Iran dans les tout prochains jours, il enfreindra la loi des États-Unis.

La loi sur les pouvoirs de guerre (War Powers Resolution) adoptée en 1973 stipule qu’un président américain ne peut pas conduire une guerre sans l’aval du Congrès pendant plus de soixante jours. Passé ce délai, soit le Congrès doit déclarer la guerre et donc l’autoriser officiellement, soit le commandant en chef est constitutionnellement tenu de cesser les hostilités.

Même si un cessez-le-feu précaire prévaut actuellement entre Washington et Téhéran, le texte s’appliquerait en tout état de cause aux navires chargés de maintenir le blocus américain des ports iraniens.

Ce vendredi 1er mai, soixante jours se seront écoulés depuis le lancement de l’opération Epic Fury le 28 février dernier. Que signifie le dépassement de ce délai légal ?

Qu’est-ce que la loi sur les pouvoirs de guerre ?

Adoptée en novembre 1973 par le Congrès — une majorité des deux tiers a pu surmonter le veto opposé par le président Richard Nixon —, la loi sur les pouvoirs de guerre visait à mettre fin à l’usurpation récurrente, par les présidents des États-Unis, de la prérogative de déclarer la guerre, qui revient constitutionnellement au Congrès. Le texte a été adopté dans un contexte marqué par le départ du contingent américain du Vietnam à l’issue de plusieurs années d’une guerre que le Congrès n’avait jamais officiellement autorisée.

Plus de cinquante ans plus tard, force est de constater que cette loi n’a pratiquement jamais été réellement appliquée. Comprenant plusieurs formulations juridiques imprécises, le texte admet de nombreuses exceptions et ouvre la voie à de multiples interprétations différentes. Au cours des décennies, les présidents successifs et leurs conseillers se sont engouffrés dans ces brèches.

Ainsi, depuis Nixon, aucun président n’a véritablement été contraint par l’existence de la loi. Ceux qui ont déclenché des opérations sans feu vert du Congrès (Reagan en Grenade en 1983 ; George Bush père au Panama et en Yougoslavie en 1999 ; Biden au Yémen en 2023 ; puis Trump au Venezuela et en Iran en 2026, NDLR) se sont contentés de l’évoquer du bout des lèvres sans jamais réellement se mettre en conformité avec son esprit.

Le Congrès lui-même porte une porte de responsabilité de cet échec, lui qui a souvent renoncé à exercer ses prérogatives constitutionnelles en matière de déclaration de guerre. Pour autant, dans le conflit actuel, la loi pourrait bien être réactivée, avant tout parce qu’elle offre aux élus républicains hostiles à ce conflit un moyen de tenter de mettre fin à une guerre devenue impopulaire.

Que dit la loi ?

L’article 4 impose au président de présenter un rapport au Congrès dans les quarante-huit heures suivant l’engagement des troupes américaines dans des « hostilités ». Ce document doit détailler le fondement constitutionnel et législatif sur lequel repose l’action, sa justification, ainsi que l’ampleur et la durée prévues de l’intervention américaine.

La présentation de ce rapport déclenche alors un délai de soixante jours prévu par l’article 5. Si, à l’expiration de ce délai, le Congrès n’a pas déclaré ou autorisé la guerre — ou prolongé le délai —, le président doit impérativement mettre fin à l’action militaire.

Du fait du caractère automatique de cette disposition, les législateurs n’ont rien à faire pour la déclencher. Ils n’ont donc pas à se prononcer publiquement contre la politique militaire et de sécurité nationale conduite par le président.

Donald Trump a soumis son rapport sur la guerre avec l’Iran le 2 mars ; le compte à rebours de 60 jours expire donc le 1er mai.

Jusqu’à présent, le Congrès n’a toujours pas déclaré la guerre, bien que les républicains aient bloqué de nombreuses initiatives législatives des démocrates visant à mettre fin à la guerre ou à limiter la capacité de Trump à agir sans l’accord du Congrès. Ce dernier a également la possibilité de prolonger le délai de 60 jours pour une durée maximale de 30 jours, ce qui nécessiterait un vote à la Chambre des représentants et au Sénat.

Des républicains de plus en plus mal à l’aise

Ce qui distingue fondamentalement cette guerre contre l’Iran des autres conflits menés par les récents présidents américains, c’est son impopularité. 34 % seulement des Américains la soutiennent, selon un sondage Reuters-Ipsos publié cette semaine.

On n’a observé aucun « effet de ralliement autour du drapeau » depuis le déclenchement d’Epic Fury. Les élus du Congrès, très sensibles à l’opinion de leurs électeurs, n’hésitent pas à s’opposer à Trump sur cette question. Beaucoup s’exposeraient à un retour de bâton électoral s’ils affichaient publiquement leur soutien à la guerre.

Exemple parmi d’autres : le sénateur républicain de l’Utah John Curtis a publié un article dans lequel il déclare qu’il ne soutiendra pas la guerre si le délai de 60 jours expire sans l’accord du Congrès. D’autres républicains ont fait écho à cette position.

Que se passera-t-il si Trump ignore la date butoir ?

Compte tenu de son mépris général pour la Constitution et le droit écrit, Donald Trump ignorera très probablement l’obligation légale de mettre fin à la guerre. Il pourrait, comme Nixon en 1973, arguer que la loi sur les pouvoirs de guerre est inconstitutionnelle, et cherchera sûrement à la contester devant les tribunaux.

Tout dépendra alors de la réaction du Congrès. Les démocrates envisageraient d’intenter une action en justice contre l’administration, bien que de tels recours se soient jusqu’ici révélés d’une efficacité limitée.

Le président pourrait également faire valoir que la « loi ne s’applique pas », car les forces américaines ne sont actuellement pas engagées dans des hostilités directes en Iran — un argumentaire déjà employé par Barack Obama lorsque le délai de 60 jours avait expiré lors des opérations militaires américaines en Libye en 2011.

Le 2 mars, quand Trump a adressé une notification officielle au Congrès, il a tenu à préciser qu’il agissait en vertu de son « autorité constitutionnelle en tant que commandant en chef et chef de l’exécutif » — mais aucune de ces deux fonctions ne lui confère le pouvoir d’engager les États-Unis dans une guerre sans l’approbation du Congrès. Il n’a d’ailleurs pas évoqué la loi sur les pouvoirs de guerre, se contentant de déclarer que son rapport était « conforme » à celle-ci — une formulation standard utilisée par ses prédécesseurs, qui ont tous fait preuve d’une certaine réticence à respecter ses dispositions.

Par le passé, lorsque les présidents et le Congrès se sont affrontés au sujet de la loi sur les pouvoirs de guerre, ils sont généralement parvenus à un compromis au cas par cas, souvent favorables au président. Mais cette fois-ci, la donne pourrait changer. Trump gère mal une guerre impopulaire, avec des majorités très fragiles au Sénat (53 républicains et 45 démocrates) et à la Chambre des représentants (218-212), à six mois des élections de mi-mandat.

Si rien ne change d’ici le 1er mai, la loi de 1973 pourrait connaître son heure de gloire en devenant, pour la première fois depuis son apparition, un véritable instrument de confrontation entre les pouvoirs exécutif et législatif.

The Conversation

John Hart ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Donald Trump peut-il poursuivre la guerre en Iran sans l’accord officiel du Congrès ? – https://theconversation.com/donald-trump-peut-il-poursuivre-la-guerre-en-iran-sans-laccord-officiel-du-congres-281765