¿Favorece la inclusión una Barbie ‘autista’?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Milagros Torrado Cespón, Docente e investigadora. Lengua inglesa y su didáctica, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

Una muñeca Barbie. Roque Brandón Torrado

Mattel acaba de lanzar al mercado su Barbie autista en colaboración con la Autistic Self Advocacy Network. La empresa lleva años apostando por adecuar sus famosas muñecas a la representación de modelos reales bajo el lema “empoderando a las futuras generaciones a través del juego”.

Esto supone que la tradicional muñeca rubia y blanca se vende hoy con distintos colores de piel, tallas y formas, profesiones y manifestaciones culturales, pero también con distintos atributos inclusivos que abarcan desde enfermedades a condiciones médicas. Ahora lanzan una Barbie con autismo. Para caracterizarla han decidido que llevase ciertos elementos que suelen asociarse a una persona autista: un sistema de comunicación aumentada, unos cascos de cancelación de ruido y un spinner. Por lo demás, es una Barbie como las otras, en este caso, morena: esbelta, pelo largo y a la moda.

El espectro autista y sus necesidades

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la comunicación, a la interacción social, al comportamiento y a la percepción sensorial. No es una enfermedad ni algo que se cure, sino que es parte de la diversidad humana.

Cada persona autista es diferente, por eso hablamos de un espectro. Existe una complejidad inmensa dentro del autismo y, por lo tanto, las necesidades de cada persona autista son particulares.

En ocasiones, sí se sirven de ciertos elementos para adaptarse o enfrentarse mejor a la vida ordinaria: los cascos de cancelación de ruido son bastante frecuentes entre la población autista debido a la sobrecarga de estímulos presente en muchas situaciones cotidianas, desde un partido de fútbol en un bar al ruido del transporte urbano, pero ni son exclusivos de la población autista ni todas las personas autistas los necesitan.

¿Inclusión estereotipada?

Para muchas familias de niños o niñas en el espectro del autismo, la aparición de esta muñeca puede producir sentimientos encontrados. Una primera reacción puede ser de alegría. ¡Qué bien! Estamos trabajando de cara a la visibilización, estamos poniendo el autismo en el campo de juego, literal y metafóricamente.

Pero de palabras como “inclusión” y “diversidad” podemos pasar a otras como “estereotipo”. La única diferencia entre esta muñeca y las demás de la colección, exteriormente, es la inclusión de los tres accesorios. ¿Creará esto la falsa impresión de que son imprescindibles, o de que si un niño no los necesita no estaría en el espectro?

Como madre de un niño con diagnóstico de autismo, una de las autoras de este artículo aprovechó la hora de una reunión familiar para enseñarles a sus tres hijos imágenes de Barbies. Les preguntó cuál de ellas era autista. No hubo quorum. Les indicó cuál era la así definida por la marca, y les preguntó qué la identificaba como autista. Tras unos instantes, señalaron que quizá los cascos…

Entonces la pequeña, de seis años, fue a buscar una de sus Barbies, lo que en la película Barbie llaman la Barbie estereotípica: rubia, delgada y de ojos azules. La pregunta que les hizo a los tres en ese momento fue “¿Por qué esta Barbie no es autista?”. Silencio. Entonces la niña dijo “Sí puede ser autista”. Y con esas tres últimas palabras debería hacer temblar el mundo de la inclusión mal pensada.

Las representaciones en el juego simbólico

Barbie es autista si en el niño o niña que juega con ella decide que lo sea. El juego simbólico, vital para el aprendizaje, es una representación de lo que niños y niñas absorben de su entorno. Si su entorno les enseña a identificar el autismo con estereotipos, esto será lo que representen en su juego simbólico.

Pero esta niña que conoce el autismo de primera mano sabe que su hermano no es como la Barbie autista, así que es ella quien decide cuál de sus muñecas es autista. Y lo decide porque sus padres se han preocupado de enseñarle a entender el autismo.

Sí a la Barbie autista… con acompañamiento educativo

La Barbie autista es una iniciativa valiosa, en la medida en que contribuye a visibilizar, normalizar el autismo y a hacerlo presente en el imaginario infantil. La representación importa y mucho, pero no basta por sí sola.

Un juguete, incluso diseñado con la mejor intención, no es neutro. Sin acompañamiento, la Barbie autista corre el riesgo de convertirse en una representación rígida del autismo, asociada a ciertos objetos y necesidades concretas. En cambio, utilizada desde la reflexión y el diálogo, puede ser una potente herramienta educativa para explicar que el autismo es diverso, que no todas las personas autistas son iguales y que ninguna condición se reduce a unos accesorios.

Por eso, la inclusión no debería terminar en la compra del juguete. Requiere que madres, padres y educadores se informen, escuchen a personas autistas, respondan a las preguntas que surjan y ayuden a contextualizar lo que el juguete representa. Solo así el mensaje con el que fue creado puede transmitirse de forma adecuada.

En ese sentido, Barbie ya era autista antes de esta versión. Barbie es autista desde el momento en que quien juega con ella puede imaginarlo, comprenderlo y nombrarlo sin estereotipos. Y eso solo es posible cuando el autismo deja de ser algo ajeno y se convierte en parte natural de la diversidad que enseñamos a entender desde la infancia.

The Conversation

Milagros Torrado Cespón es directiva y co-fundadora de la Asociación de Trastornos do Espectro Autista do Barbanza – BarbanTEA.

Miguel Lois Mosquera no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. ¿Favorece la inclusión una Barbie ‘autista’? – https://theconversation.com/favorece-la-inclusion-una-barbie-autista-273481

Les plantes aussi ont un microbiote – pourrait-on s’en servir pour se passer de phytosanitaires ?

Source: The Conversation – in French – By Cécile Monard, Chargée de recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Les plantes sont en contact tellement étroit avec des microorganismes que l’on parle de symbiose, et qu’on ne peut envisager l’évolution des unes sans les autres. Gaudenis/Unsplash, CC BY

Les plantes et leur microbiote – tout comme les humains et leur microbiote –échangent du matériel génétique. En étudiant cette forme de communication entre les partenaires d’une symbiose, des scientifiques montrent comment les racines peuvent favoriser l’accès aux nitrates présents dans le sol – une ressource indispensable à la croissance des plantes. Ils et elles explorent aussi l’hypothèse que ce langage permette de lutter contre les pathogènes.


Depuis une dizaine d’années, une nouvelle vision des organismes s’impose. Les êtres humains, les animaux et les plantes ne peuvent exister sans leur association avec une myriade d’espèces de microorganismes qui constituent leur microbiote et qui leur apportent des fonctions biologiques complémentaires à leur hôte.

Par exemple, les champignons « mycorhiziens » prolongent les fonctions racinaires des plantes. Ils leur permettent notamment d’explorer le sol et ses ressources ; et apportent une fonction protectrice contre les pathogènes grâce à leur capacité à synthétiser des fongicides et des antibiotiques.

Cet ensemble « hôte et microbiote » forme ce que l’on appelle l’« holobionte », et il est maintenant admis qu’il s’agit d’une unité évolutive et fonctionnelle à prendre en compte dans son ensemble.

Cette nouvelle vision des organismes, non plus comme des individus uniques mais comme des métaorganismes, implique l’existence d’un dialogue entre les différents partenaires de cet ensemble complexe – que nous nous efforçons aujourd’hui de décoder.

Un nouveau langage, fondé sur le transfert de « code génétique » au sein des êtres vivants

Au sein des êtres vivants, différents mécanismes de communication sont connus, permettant le transfert d’informations à différentes échelles de l’organisme. Il peut s’agir d’échanges d’ions, comme le calcium ou le potassium entre les cellules, de signaux électriques à travers nos neurones ou encore le transport d’hormones dans le sang, comme l’insuline qui régule la glycémie en fonction de notre régime alimentaire.

Il existe même des petites protéines ou des peptides capables de voyager entre les organes, qui peuvent par exemple être impliqués dans l’immunité. Un cas très étudié est celui de la systémine, produite par les feuilles de plantes blessées. Ce peptide est transféré à d’autres organes pour induire des mécanismes de défense dans la plante entière.

En plus de cet arsenal de dialogues moléculaires, une autre voie de communication a été découverte en 1993 et a révolutionné le domaine de la communication chez les organismes vivants. Elle est basée sur l’échange de matériel génétique, composé de mini-séquences appelées « microARN », entre différentes cellules et/ou organes d’un même individu.

Initialement observée chez un nématode (un ver microscopique), cette découverte a ensuite été généralisée à d’autres animaux, aux êtres humains et aux plantes. Elle a donné lieu à l’attribution du prix Nobel de médecine 2024 à Victor Ambros et Gary Ruvkun.

Les premières recherches ont montré que ces microARN sont des intermédiaires de communication impliqués dans la majorité des processus biologiques, depuis l’embryogenèse jusqu’au vieillissement, et affecte notamment l’immunité et la résistance des organismes aux contraintes environnementales.

Un langage aussi utilisé entre différents êtres vivants

Depuis une dizaine d’années, nous savons également que ces microARN sont impliqués dans le transfert d’information entre différents individus – ce que l’on peut qualifier de communication.

En particulier, les microorganismes du microbiote et leur hôte échangent du matériel génétique. Ceci est particulièrement surprenant car, en général, le matériel génétique (ADN) ou l’intermédiaire de ce matériel (ARN) ne sont pas très mobiles entre cellules et a fortiori entre cellules d’individus et d’espèces différents !

Néanmoins, l’étude du microbiote intestinal des mammifères a bien mis en évidence en 2016 l’implication de microARN produits par les cellules épithéliales du tube digestif de l’hôte, dont le but est d’exercer une pression de sélection du microbiote intestinal bénéfique et de reprogrammer le fonctionnement de ce dernier.

De la même façon, nous avons montré que les racines des plantes influencent le fonctionnement de leur microbiote. Celui-ci, par son rôle dans l’assimilation des nutriments, présente des similitudes avec le système digestif des animaux.

Pourquoi ce « langage » est important pour une agriculture en transition

En 2024, nous avons également montré (Brevet FR3147485 du 11/10/2024) que des microARN de plantes pouvaient réduire la compétition de ses dernières avec certains microorganismes présents dans le sol à proximité de leurs racines pour l’accès aux nitrates, une ressource vitale pour les végétaux souvent apportée par les engrais minéraux ou les épandages de lisier et fumier.

De plus, dans le cas de certains stress environnementaux ou bien d’infections par les pathogènes, l’expression des microARN est perturbée et on assiste à un développement anarchique, ou déséquilibre, du microbiote – on parle de « dysbiose ».

Il est concevable d’agir sur le « langage » entre microbiote et racines pour moduler la réponse des plantes aux changements environnementaux, notamment en contexte agricole. Par exemple, l’utilisation de microARN naturellement produits par les plantes pourrait aider ces dernières à recruter un microbiote bénéfique, et leur permettre de se défendre des pathogènes, de résister aux stress environnementaux liés au changement climatique ou encore de faciliter leur nutrition ; ce qui pourrait permettre de limiter notre dépendance aux engrais minéraux et aux produits phytosanitaires délétères pour l’environnement.

Nous espérons que ces pratiques fondées sur l’application de microARN mimant ceux naturellement produits par les plantes puissent constituer une nouvelle porte d’entrée vers une agriculture durable et respectueuse de l’environnement sans avoir recours à l’introduction de gènes exogènes dans le génome des plantes, ce qui crée des organismes génétiquement modifiés, qui sont l’objet de controverses dans notre société.


Le projet Deciphering plant-microbiome interactions to enhance crop defense to bioagressors est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR) qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.

The Conversation

Cécile Monard a reçu des financements de CNRS, CMI Roullier, OSERen

Abdelhak El amrani a reçu des financements de la région de bretagne, CNRS, Europe, ANR.

ref. Les plantes aussi ont un microbiote – pourrait-on s’en servir pour se passer de phytosanitaires ? – https://theconversation.com/les-plantes-aussi-ont-un-microbiote-pourrait-on-sen-servir-pour-se-passer-de-phytosanitaires-266429

Quand le Venezuela battait les États-Unis à l’OMC

Source: The Conversation – in French – By Shérazade Zaiter, Auteure | Juriste | Conférencière, Université de Limoges

Un retour sur un épisode aujourd’hui oublié, celui de la victoire du Venezuela contre les États-Unis, au milieu des années 1990, devant l’organe de règlement des différends de l’OMC, permet d’appréhender l’évolution qu’a connue l’ordre international au cours de ces trente dernières années.


Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, les forces armées états-uniennes ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro au palais de Miraflores, à Caracas. Dans la foulée, Donald Trump annonçait que les États-Unis dirigeraient temporairement le Venezuela, le temps de permettre l’installation d’un gouvernement favorable à Washington. Il s’en est ensuite félicité sans détour : l’objectif de l’opération était l’accès au pétrole vénézuélien, appelé selon lui à être exploité par les grandes compagnies américaines.

Cette séquence, largement commentée, soulève de graves questions vis-à-vis du droit international. Mais elle invite aussi à une interrogation plus fondamentale : qu’est-ce qu’une victoire dans les relations internationales ? Et si nous nous trompions sur ce que signifie « gagner » ?

Revenons trente ans en arrière, à une époque où le Venezuela affrontait déjà les États-Unis sur un terrain stratégique : celui de l’énergie. La bataille ne se déroulait pas à Caracas, mais à Genève.

David contre Goliath, ou l’art de combattre les géants

Dans La loi David et Goliath, paru en 2013, l’essayiste canadien Malcolm Gladwell invite à repenser les conflits asymétriques. Selon lui, les situations de désavantage apparent peuvent se transformer en sources de force, précisément parce qu’elles obligent à inventer d’autres stratégies.

Les géants, écrit-il, ne sont pas toujours aussi puissants qu’ils le paraissent ; leurs atouts peuvent devenir des faiblesses. À l’inverse, la position du plus faible peut ouvrir des opportunités inattendues.

Cette grille de lecture éclaire singulièrement un épisode aujourd’hui largement oublié de l’histoire du droit international commercial : l’un des tout premiers différends traités par l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Une affaire fondatrice : le Venezuela contre les États-Unis

L’OMC entre officiellement en fonctions le 1ᵉʳ janvier 1995, avec une innovation majeure : un mécanisme de règlement des différends juridiquement contraignant, destiné à remplacer les rapports de force commerciaux par des règles communes et opposables.

Quelques semaines plus tard, le 23 janvier 1995, le Venezuela saisit l’Organe de règlement des différends. Le pays est dirigé depuis 1994 par Rafael Caldera Rodriguez, figure de la démocratie vénézuélienne d’avant Chavez (qui lui succédera à la présidence en 1999), dans un contexte où Caracas et Washington entretiennent encore des relations diplomatiques et économiques relativement normales, fondées sur l’interdépendance énergétique et le respect des cadres multilatéraux.

Washington applique alors des normes environnementales plus strictes à l’essence importée qu’à l’essence raffinée sur son territoire, ce que Caracas considère comme une discrimination déguisée contraire au principe de « traitement national » selon lequel un produit importé ne doit pas être traité moins favorablement qu’un produit national similaire.

Washington invoque la protection de l’environnement et de la santé publique, estimant que ses mesures sont justifiées par les exceptions prévues par les accords de l’OMC. En janvier 1996, le groupe spécial donne raison au Venezuela, rejoint entre-temps par le Brésil. Les États-Unis font appel, mais l’organe d’appel confirme l’essentiel des conclusions. Contraints par la décision, ils modifient leur réglementation en 1997.

L’OMC et l’ORD : un pari sur la paix par le droit

La création de l’OMC reposait sur une conviction forte : le commerce international, encadré par des règles communes et arbitrées par des institutions indépendantes, pouvait contribuer à la stabilité et à la paix. Le cœur juridique de ce projet est l’Organe de règlement des différends (ORD).

Pour la première fois, les États acceptent un mécanisme quasi juridictionnel, obligatoire, doté de délais contraignants et d’une possibilité de sanction en cas de non-exécution. L’ORD n’est pas parfait, mais il introduit une rupture majeure : la substitution du droit au rapport de force dans la gestion des conflits commerciaux.

Le différend entre le Venezuela et les États-Unis incarne cet esprit fondé sur l’égalité juridique formelle des États, indépendamment de leur puissance économique ou militaire.

Le lent effritement du multilatéralisme

Depuis une quinzaine d’années, les règles du commerce international sont de plus en plus ouvertement contournées. La Chine subventionne massivement ses filières stratégiques ; l’Union européenne recourt à un protectionnisme non tarifaire fondé sur les normes ; les États-Unis bloquent le fonctionnement de l’Organe d’appel de l’OMC. En façade, tous continuent de défendre le multilatéralisme. Dans les faits, presque plus personne ne le respecte pleinement.

Le retour de Donald Trump au pouvoir a accéléré cette dynamique. Dès l’été 2025, l’administration américaine impose des surtaxes douanières massives à l’Inde, pourtant présentée comme un partenaire stratégique clé dans la rivalité avec la Chine, mais aussi, à d’autres alliés ou partenaires majeurs, du Mexique à l’Union européenne, en passant par la Corée du Sud, et assume une politique commerciale « à la carte », fondée sur le rapport de force.

Le tournant protectionniste américain

Ce modèle a toutefois toujours été accepté par Washington de manière instrumentale. Tant que l’OMC servait ses intérêts stratégiques, en ouvrant des marchés, en diffusant les normes du capitalisme libéral, en stabilisant les relations économiques internationales, elle était tolérée, voire soutenue. Mais dès lors que le droit commercial a commencé à contraindre la marge de manœuvre américaine, le discours a changé.

L’OMC est accusée d’atteinte à la souveraineté américaine, d’inefficacité et de complaisance envers la Chine. Le blocage délibéré de la nomination des juges de l’Organe d’appel, paralysant le système de règlement des différends, marque un tournant décisif : Washington ne cherche plus à réformer le droit commercial multilatéral, mais à l’empêcher de fonctionner lorsqu’il devient contraignant.

Ce rejet s’inscrit dans une revendication assumée du protectionnisme, présenté comme un instrument de puissance et de sécurité nationale. Cette logique n’a rien de nouveau et ses contradictions ont été mises en lumière dès le XIXe siècle. En 1845, dans sa célèbre Pétition des fabricants de chandelles, Frédéric Bastiat tournait en dérision les raisonnements protectionnistes en imaginant des producteurs de chandelles demandant au législateur d’interdire la lumière du soleil, trop concurrentielle…

Le Venezuela, laboratoire d’un monde sans règles

L’opération menée contre le Venezuela en ce début d’année 2026 s’inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. De nombreux analystes estiment que derrière le discours sur la démocratie et les souffrances du peuple vénézuélien se dessine un objectif géostratégique clair : couper un maillon essentiel de l’approvisionnement énergétique chinois. Pékin absorbait jusqu’à 80 % du pétrole du Venezuela et avait massivement investi dans ses infrastructures. En neutralisant Caracas, Washington frappe indirectement son principal rival stratégique.

Dans cette perspective, le droit international devient superflu, voire encombrant. La violation de la souveraineté vénézuélienne est cohérente avec une stratégie d’endiguement de la Chine qui passe par l’affaiblissement de ses partenaires, qu’il s’agisse du Venezuela, de l’Iran ou, demain, d’autres États jugés stratégiques.

Les réactions internationales confirment ce basculement. L’Union européenne, pourtant prompte à se présenter comme la gardienne de l’ordre juridique international, n’a pas formulé de condamnation explicite de l’opération américaine. Les déclarations, prudentes et ambiguës, traduisent une résignation : l’ordre international fondé sur des règles communes n’est plus la priorité. L’essentiel est désormais de rester dans le camp du plus fort.

Que signifie « gagner » dans les relations internationales ?

Il serait pourtant trompeur de lire l’épisode du milieu des années 1990 comme une parenthèse enchantée où le droit international aurait, par nature, triomphé de la puissance. L’ordre juridique issu de 1945 n’a jamais été extérieur aux rapports de force. Il en est au contraire le produit. Ces règles ont été acceptées, et parfois promues, par les grandes puissances parce qu’elles correspondaient à leurs intérêts stratégiques du moment : stabiliser l’économie mondiale, sécuriser les échanges, contenir les conflits dans des cadres prévisibles.

La victoire du Venezuela devant l’OMC n’était donc pas une victoire contre la puissance américaine, mais une victoire rendue possible par un système que Washington jugeait alors utile.

Trente ans plus tard, ce n’est pas tant le droit international qui a disparu que le compromis politique qui le rendait opérant. Lorsque le droit cesse de servir la stratégie dominante, il devient un obstacle à contourner. En 1995-1997, le Venezuela a gagné un différend commercial face aux États-Unis. En 2026, les États-Unis ont gagné un accès direct aux ressources pétrolières vénézuéliennes. Mais à quel prix ?

Le prix est celui de l’érosion accélérée des règles communes, de la banalisation de la force brute et de l’installation durable d’un monde plus instable, où chaque victoire tactique fragilise un peu plus l’ordre global. Si nous nous trompons aujourd’hui sur ce que signifie « gagner », c’est peut-être parce que nous confondons la domination immédiate avec la victoire durable.

Le droit international n’a jamais aboli les rapports de force ; il en a été une mise en forme, imparfaite mais stabilisatrice. Ce que nous avons perdu, en renonçant à cette contrainte volontaire, ce n’est pas seulement un idéal juridique abstrait, mais un outil concret de régulation qui permettait encore aux David d’affronter les Goliath autrement que sur le champ de bataille.

Le droit ne triomphe jamais seul. Mais sans lui, la victoire cesse d’être autre chose qu’un rapport de prédation temporaire, et le monde, un espace où, à terme, plus personne ne gagne vraiment.

The Conversation

Shérazade Zaiter ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Quand le Venezuela battait les États-Unis à l’OMC – https://theconversation.com/quand-le-venezuela-battait-les-etats-unis-a-lomc-273245

Microsoft’s AI deal promises Canada digital sovereignty, but is that a pledge it can keep?

Source: The Conversation – Canada – By Blayne Haggart, Associate Professor of Political Science, Brock University

Over the past year, few words have been abused as much as “sovereignty,” particularly in relation to Canadian digital policy and artificial intelligence. In early December, Microsoft promised to invest more than $7.5 billion over the next two years to build “new digital and AI infrastructure” in Canada. This investment is backed by a pledge that it will “stand up to defend” Canadian digital sovereignty.

Framing the investment in terms of protecting Canadian sovereignty isn’t incidental. Politically, countries are increasingly worried that tech companies based in the United States are vulnerable to pressure from the increasingly authoritarian government of President Donald Trump to turn over foreign citizens’ data, trade secrets, emails and any activity or metadata produced on their systems to the U.S. government.

If you’re wondering how investments in essential digital infrastructure from a U.S. company can help protect Canadian sovereignty, you’re not alone. It can’t and it won’t, for the simple reason that Microsoft — and other tech companies based in or that do business in the United States — are promising something that’s beyond their control to deliver.

Data sovereignty

Sovereignty, in its simplest terms, refers to the ability of a state to control what happens within its borders and what crosses those borders. It has other aspects, such as whether a state is recognized by other states, but at heart it’s about control.

In June 2025 testimony before a French Senate committee examining the issue of government procurement and digital sovereignty, Microsoft France’s director of public and legal affairs, Anton Carniaux, was asked if he could guarantee under oath that data could not be transmitted to the U.S. government without the French government’s approval. He replied: “No, I cannot guarantee that, but, again, it has never happened before.”

Carniaux’s response reminds us that the U.S., through its 2018 CLOUD Act, has claimed the right to exercise control over data collected by U.S. companies, even if it’s stored outside the country. In other words, American law explicitly requires that U.S. law takes precedence over other countries’ laws.

This is a clear infringement of any definition of sovereignty in terms of control. In response, Microsoft has promised to write “into contracts that Microsoft will challenge any government demand for Canadian data where it has legal grounds to.”

While meant to sound reassuring, Microsoft’s promise is less than it appears. Not only does their commitment leave it up to Microsoft and U.S. courts to determine the validity of any demand, but the law itself is only half of the problem.

Mass surveillance

The mass illegal surveillance of global communications by U.S. intelligence agencies, revealed by whistleblower Edward Snowden in 2013, was abetted by American tech companies. The U.S. National Security Agency collected vast amounts of data on people around the world, including non-American citizens, by tapping into internet firm servers.

American companies are uniquely beholden to pressure from the U.S. government. They depend on the government to negotiate favourable international agreements, and also as a major purchaser of their goods and services.

As research by York University criminology professor Natasha Tusikov has shown, the U.S. also engages in “shadow regulation,” putting pressure on private companies to fulfil government objectives that go beyond what’s required by law — even, as Tusikov discusses, pursuing policies that have been explicitly rejected by democratically elected legislatures.

All that happened before the Trump era. And given his clear contempt for the principle of sovereignty and American tech companies’ close ties with the government, U.S. abuse of the non-American data held by its tech companies is certainly a possibility.

Carney government vague about sovereignty

As misleading as Microsoft’s promises may be, it’s the Canadian government that’s playing the loosest with digital sovereignty talk. Prime Minister Mark Carney arguably won the federal election on his promise to protect Canadian sovereignty against a rapacious United States.

While the prime minister has promised a “Canadian sovereign cloud,” it is unclear what exactly this means. Evan Solomon, Canada’s minister in charge of promoting AI, has expressed openness to including U.S. companies like OpenAI (a Microsoft partner) in Canada’s sovereign cloud, indicating that it could include “hybrid models” with “multiple players.”

Solomon has also argued that “sovereignty does not mean solitude … we can’t look at AI as a walled-off garden. Like, ‛Oh, we cannot ever take money from X or Y.’”

It’s true that sovereignty is never absolute. The real world is much messier than a world divided into neat, discrete packages that the principle of territorial sovereignty implies. No community or state is fully self-sufficient.

We live in a global world of economic and social connections. Global governance involves a mix of domestic laws, international agreements and formal and informal cross-border working relationships. Countries benefit when they can draw on expertise and resources they lack at home.

But Microsoft’s and Solomon’s comments elide the deeper issue that come from focusing too much on abstract notions like “sovereignty.” Canada’s problem isn’t a loss of Canadian sovereignty in the abstract. It’s a U.S. that has violated Venezuela’s sovereignty, threatened others (including Canada) with annexation and is led by a president who has declared himself above international law.

Reasserting control

Sovereignty is about control. In the digital era, power lies with those who control the software and the data. Canada’s problem is that American companies control enormous swaths of Canada’s essential digital infrastructure, including emerging AI technologies and cloud services, but also email and the increasingly networked office software that underpin our entire society.

There’s a reason why France and Germany are collaborating on an alternative to Google Docs.

So long as the U.S cannot be trusted to respect domestic and international laws, companies based or working in the U.S are vulnerable to political pressure. This could potentially include capturing Canadians’ data for political and economic reasons, and cutting off our access to their products or limiting their functionality.

These hard facts about control, rather than abstract musings about sovereignty, should be our starting points for discussions about Canadian digital policy.

The Conversation

Blayne Haggart has received funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

ref. Microsoft’s AI deal promises Canada digital sovereignty, but is that a pledge it can keep? – https://theconversation.com/microsofts-ai-deal-promises-canada-digital-sovereignty-but-is-that-a-pledge-it-can-keep-272890

Microsoft’s AI deal promises Canada digital sovereignty, but is that a pledge they can keep?

Source: The Conversation – Canada – By Blayne Haggart, Associate Professor of Political Science, Brock University

Over the past year, few words have been abused as much as “sovereignty,” particularly in relation to Canadian digital policy and artificial intelligence. In early December, Microsoft promised to invest more than $7.5 billion over the next two years to build “new digital and AI infrastructure” in Canada. This investment is backed by a pledge that it will “stand up to defend” Canadian digital sovereignty.

Framing the investment in terms of protecting Canadian sovereignty isn’t incidental. Politically, countries are increasingly worried that tech companies based in the United States are vulnerable to pressure from the increasingly authoritarian government of President Donald Trump to turn over foreign citizens’ data, trade secrets, emails and any activity or metadata produced on their systems to the U.S. government.

If you’re wondering how investments in essential digital infrastructure from a U.S. company can help protect Canadian sovereignty, you’re not alone. It can’t and it won’t, for the simple reason that Microsoft — and other tech companies based in or that do business in the United States — are promising something that’s beyond their control to deliver.

Data sovereignty

Sovereignty, in its simplest terms, refers to the ability of a state to control what happens within its borders and what crosses those borders. It has other aspects, such as whether a state is recognized by other states, but at heart it’s about control.

In June 2025 testimony before a French Senate committee examining the issue of government procurement and digital sovereignty, Microsoft France’s director of public and legal affairs, Anton Carniaux, was asked if he could guarantee under oath that data could not be transmitted to the U.S. government without the French government’s approval. He replied: “No, I cannot guarantee that, but, again, it has never happened before.”

Carniaux’s response reminds us that the U.S., through its 2018 CLOUD Act, has claimed the right to exercise control over data collected by U.S. companies, even if it’s stored outside the country. In other words, American law explicitly requires that U.S. law takes precedence over other countries’ laws.

This is a clear infringement of any definition of sovereignty in terms of control. In response, Microsoft has promised to write “into contracts that Microsoft will challenge any government demand for Canadian data where it has legal grounds to.”

While meant to sound reassuring, Microsoft’s promise is less than it appears. Not only does their commitment leave it up to Microsoft and U.S. courts to determine the validity of any demand, but the law itself is only half of the problem.

Mass surveillance

The mass illegal surveillance of global communications by U.S. intelligence agencies, revealed by whistleblower Edward Snowden in 2013, was abetted by American tech companies. The U.S. National Security Agency collected vast amounts of data on people around the world, including non-American citizens, by tapping into internet firm servers.

American companies are uniquely beholden to pressure from the U.S. government. They depend on the government to negotiate favourable international agreements, and also as a major purchaser of their goods and services.

As research by York University criminology professor Natasha Tusikov has shown, the U.S. also engages in “shadow regulation,” putting pressure on private companies to fulfil government objectives that go beyond what’s required by law — even, as Tusikov discusses, pursuing policies that have been explicitly rejected by democratically elected legislatures.

All that happened before the Trump era. And given his clear contempt for the principle of sovereignty and American tech companies’ close ties with the government, U.S. abuse of the non-American data held by its tech companies is certainly a possibility.

Carney government vague about sovereignty

As misleading as Microsoft’s promises may be, it’s the Canadian government that’s playing the loosest with digital sovereignty talk. Prime Minister Mark Carney arguably won the federal election on his promise to protect Canadian sovereignty against a rapacious United States.

While the prime minister has promised a “Canadian sovereign cloud,” it is unclear what exactly this means. Evan Solomon, Canada’s minister in charge of promoting AI, has expressed openness to including U.S. companies like OpenAI (a Microsoft partner) in Canada’s sovereign cloud, indicating that it could include “hybrid models” with “multiple players.”

Solomon has also argued that “sovereignty does not mean solitude … we can’t look at AI as a walled-off garden. Like, ‛Oh, we cannot ever take money from X or Y.’”

It’s true that sovereignty is never absolute. The real world is much messier than a world divided into neat, discrete packages that the principle of territorial sovereignty implies. No community or state is fully self-sufficient.

We live in a global world of economic and social connections. Global governance involves a mix of domestic laws, international agreements and formal and informal cross-border working relationships. Countries benefit when they can draw on expertise and resources they lack at home.

But Microsoft’s and Solomon’s comments elide the deeper issue that come from focusing too much on abstract notions like “sovereignty.” Canada’s problem isn’t a loss of Canadian sovereignty in the abstract. It’s a U.S. that has violated Venezuela’s sovereignty, threatened others (including Canada) with annexation and is led by a president who has declared himself above international law.

Reasserting control

Sovereignty is about control. In the digital era, power lies with those who control the software and the data. Canada’s problem is that American companies control enormous swaths of Canada’s essential digital infrastructure, including emerging AI technologies and cloud services, but also email and the increasingly networked office software that underpin our entire society.

There’s a reason why France and Germany are collaborating on an alternative to Google Docs.

So long as the U.S cannot be trusted to respect domestic and international laws, companies based or working in the U.S are vulnerable to political pressure. This could potentially include capturing Canadians’ data for political and economic reasons, and cutting off our access to their products or limiting their functionality.

These hard facts about control, rather than abstract musings about sovereignty, should be our starting points for discussions about Canadian digital policy.

The Conversation

Blayne Haggart has received funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

ref. Microsoft’s AI deal promises Canada digital sovereignty, but is that a pledge they can keep? – https://theconversation.com/microsofts-ai-deal-promises-canada-digital-sovereignty-but-is-that-a-pledge-they-can-keep-272890

Nowhere to stay: Canada needs a rights and responsibility approach to international student housing

Source: The Conversation – Canada – By Zhixi Zhuang, Associate Professor, School of Urban and Regional Planning, Toronto Metropolitan University

International students in Canada are vulnerable to housing insecurity and exploitation in the rental market.

Across Canada, students are grappling with record-high rents, low vacancy rates and widespread housing shortages. International students, however, experience these pressures in uniquely severe and unequal ways.

Many of them are unfamiliar with local rental markets and have small social networks. As well, they often have limited knowledge of their rights and often face uncertain immigration and financial situations.

As a result, international students are especially vulnerable to rental discrimination, housing insecurity, financial exploitation and even homelessness.

Ongoing research I’m conducting with colleagues highlights the responsibilities of governments and institutions who are obligated to uphold the housing rights of international students. Researchers have included Rupa Banerjee, Mariam (Mo) El Toukhy, Jack Krywulak and Rushde Akbar from Toronto Metropolitan University, and Sandeep Agrawal and Pradeep Sangapala from the University of Alberta.

This research examines the accountability measures and actions governments and institutions must take to ensure students’ rights are preserved using the Rights and Responsibility framework developed by researcher Kathryn Sikkink.

Based on our preliminary findings, grounded partly in interviews with
students as well as research dialogue at a housing symposium, we offer urgent recommendations.

Housing is human right

Housing is widely recognized as a basic human right. Yet, international students often lack protection when securing safe and affordable housing.

They are also unfairly blamed for worsening Canada’s housing crisis.

Across the Global North, the lack of accessible and affordable housing has put international students at risk of housing insecurity. While financial instability is one main cause, many students also experience exploitation.

This includes overcrowded housing, rent hikes, forced evictions, illegal upfront rent payments, rental scams and harassment from landlords.

These negative housing experiences are linked to growing mental distress. Many students struggle to meet basic daily needs, such as food and shelter, and they face barriers to social integration. These vulnerabilities put international students at risk of psychological, academic and financial stress.

Limited support regarding tenant rights

International students also frequently report discrimination based on their status, race, ethnicity, gender and sexual orientation. These challenges are worsened by the limited support higher education institutions provide regarding tenant rights or finding safe, stable long-term housing.

Canada formally acknowledges housing as a basic human right under the National Housing Strategy Act of 2019. Through this legislation, the federal government has committed to ensuring that everyone in Canada has access to adequate housing. For international students, this means the right to live in safe, secure, affordable and adequate conditions.

But many international students are denied this right. Unfairly high rent, unsafe living conditions and discrimination often leave them living in severely inadequate conditions, all while being scapegoated for Canada’s growing housing pressures.

Root causes

In January 2024, the federal government capped international student visas to approximately 360,000. The 2025 budget also proposes cutting study permits by over half within three years.

Rather than addressing the longstanding housing crisis, this approach wrongly shifts blame onto international students, further marginalizing them and risking lasting harm to their health, academic success and future careers.

Current housing policies are outdated and lack intergovernmental co-ordination. This has worsened the country’s housing crisis by creating regulatory bottlenecks, misaligned incentives, inadequate development of affordable housing and insufficient co-ordination among stakeholders across sectors.

Government policies affecting student housing are complex and fragmented. They involve overlapping jurisdictions, including federal immigration decisions (like visa caps), provincial education mandates (such as student recruitment goals) and municipal zoning rules that regulate student housing development.

Not addressing housing needs

Canada’s National International Education Strategy (2019–24) incentivized universities and colleges to boost international student enrolment through grants tied to tuition revenue.

Institutional dependence on these fees grew, but the strategy was not accompanied by housing funding. Similarly, provinces regulate only domestic tuition, allowing institutions to maximize their reliance on international fees without addressing housing needs.

At the municipal level, zoning bylaws have also acted as barriers to student housing.




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International students’ housing challenges call for policy action


All levels of government should create formal avenues for collaboration on housing issues, while higher education institutions should play a key role in leading student housing development.

There is a clear need for co-ordinated action to address the policy, infrastructure and human rights dimensions of these challenges. Existing research rarely examines the role of multisectoral partnerships — or how key stakeholders, such as governments, higher education institutions, housing developers and community organizations should collaborate.

Research with students, stakeholders

We conducted semi-structured interviews with 24 international students from 14 countries, representing 10 higher education institutions from across southern Ontario — as well as with two private and non-profit housing developers, two student housing providers and one higher education representative.

Drawing on interview insights, we conducted an online survey with nearly 1,800 Ontario and Alberta international and domestic students.

Our findings echo recent studies showing that limited institutional services and resources, combined with poor governmental policy co-ordination, have left international students disproportionately vulnerable to exploitation and discrimination in housing markets.

Many turn to digital platforms, such as Facebook Marketplace, Kijiji and other rental agencies, in addition to social media, for housing information and resources. However, as several students from Nigeria, China and Cambodia reported, many online housing options are scams, including listings with false information and demands for six to 12 months of rent paid upfront. There is clearly an urgent need for safer and more reliable digital student housing infrastructure.

In the survey, international students reported greater stress during their housing search, heightened financial anxiety and more negative housing experiences compared to their domestic counterparts.

Key takeaways

  1. International students’ lived experiences must be central to multi-level interventions. Their perspectives should be prioritized in shaping future housing policies and services.

  2. Higher education institutions are in the best position to provide pre-/post-arrival online resources and guides to support international students in navigating safe and appropriate housing and protecting their housing rights.

  3. Social integration and connections with the wider community help shape students’ well-being. Universities and colleges should facilitate opportunities for civic participation and community building through both on-campus and off-campus housing arrangements. This requires engaging community organizations and non-governmental organizations in building long-term partnerships focused on shared housing, digital infrastructure, legal protection and rights advocacy.

  4. The fragmentation between immigration, education and housing policies requires special co-ordination. This project calls for an intergovernmental student housing task force as a platform for federal, provincial and municipal governments to work in tandem with universities and colleges.

  5. Student housing developments should be incentivized, as current housing approval processes are often lengthy, complex and inconsistent. Fast-track reviews and standardized guidelines are needed. Current zoning regulations in many jurisdictions primarily recognize higher education institutions as legitimate student housing developers, requiring other private or non-profit developers to seek zoning amendments or institutional partnerships.

These rules should be expanded to allow private and non-profit developers, multi-tenant buildings and the reuse of commercial or office spaces. Student housing should also be developed near campuses with shared space designs to help students connect socially.

International students contribute significantly to Canada’s culture, prosperity and global standing. Urgent action is needed to protect these students’ rights and well-being while fostering community cohesion and long-term sustainability.

The Conversation

Zhixi Zhuang receives funding from Migrant Integration in the Mid-21st Century: Bridging Divides, a research program funded by the Government of Canada through the Canada First Research Excellence Fund (CFREF).

ref. Nowhere to stay: Canada needs a rights and responsibility approach to international student housing – https://theconversation.com/nowhere-to-stay-canada-needs-a-rights-and-responsibility-approach-to-international-student-housing-267080

What Iran’s latest protests tell us about power, memory and resistance

Source: The Conversation – Canada – By Shirin Khayambashi, Assistant Professor, Sociology, Toronto Metropolitan University

For Iranians, the past year has meant contending with everyday necessities slipping further and further out of reach. The cost of living has surged beyond what many households can manage, and what felt like economic strain became an economic freefall.

On Dec. 28, 2025, the Iranian rial plummeted to a historic low of 1.4 million rials per American dollar. The unprecedented inflation ignited nationwide protests demanding economic stability.

The movement began with a peaceful sit-in at Tehran’s Grand Bazaar but was immediately met with violent response by the Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC).

The grassroots initiative — made up of merchants, shopkeepers, university students and anti-regime members of the general public — expanded rapidly to other major cities, drawing protesters from across Iran to the streets. The call for economic stability quickly evolved into a political demand for emancipation and freedom.

Iranians have been expressing their dissatisfaction with the current regime for decades. And although the recent protests were initiated in response to the dire economic crisis, the country’s future will depend more on whether authoritarian repression and political fragmentation — both inside its borders and across the diaspora — can be overcome.

Violence, fear and the tools of repression

Political upheaval in Iran often follows a predictable cycle: the public participates in peaceful protests in response to corruption, which are then silenced by IRGC forces through the threat or use of violence, including arrests, indefinite prison sentences and mass executions.

In the recent political unrest, the IRGC used force to control, intimidate and silence protesters. Hospitals have reportedly been instructed to reject injured protesters or face consequences, and a new law has been introduced to classify any civil disobedience as a capital crime punishable by death.

Iranian President Masoud Pezeshkian responded to the new citizen-driven movement with a similarly callous dismissal, referring to protesters as victims of western influence. This claim has been used to justify the nationwide digital blackout.

Iranians who relied on various social media platforms to raise awareness about government violence now encounter censorship. This digital silence also affects reporters inside Iran, limiting transparency and preventing unfiltered news from being distributed out of the country.

Monarchist narratives divide the movement

The grassroots movement, however, has been hijacked by a small faction of monarchists demanding the return of Reza Pahlavi, the exiled son of the former shah, as the Shah of Iran. This suggestion has been met with criticism as many question both the dismissal of the real concerns of the movement inside Iran and the credibility of Pahlavi as the leader of a country in crisis.

Various groups in Iran have shown leadership and organization as they demand recognition and cultural autonomy from the government. Elevating an outside figure diminishes Iranians’ own role in driving change.

While the national protest movement requires direction and leadership, Pahlavi is seen as creating division rather than cohesion. Many argue that a return to monarchy would leave Iran in a weakened political state vulnerable to outside influences.

These concerns are tied to the 1953 coup d’état, orchestrated by the CIA and MI5, against Iran’s first democratically elected prime minister, Mohammad Mossadegh. The shah, relying on support from the United States, removed Mossadegh from power, which strengthened the Shah’s unilateral authority.

Many political activists are wary of the dangers of a monarchy and the potential of imperialist influence over Iranian politics.

This is heightened by the fact that Pahlavi has openly requested support from U.S. President Donald Trump and Israel’s Benjamin Netanyahu to reinstate him as the Shah of Iran. He held a news conference in Washington ⁠D.C. on Jan. 16 to call for political, economic and military ⁠pressure on Tehran.

Disapora politics and the cost of exclusion

Shared grief and solidarity have pushed the Iranian diaspora to raise awareness and speak out for their homeland.

During the digital blackout, they used various social media platforms to amplify information about the ongoing protests. Simultaneously, Iranians abroad physically joined the global movement by participating in rallies and marches across the world.

However, the movement within the diaspora has seen some challenges.

The domination of the monarchist movement as the primary opposition to the Islamic Republic has created a divide among the communities in the diaspora. The overall friction presented as a form of in-group Islamophobia and patriarchal attitudes that stem from classism within the community.

Divisive rhetoric has also resurfaced as criticism of Pahlavi, Trump or Israel is often met with hostility and name-calling.

During the Woman, Life, Freedom uprising, the Iranian diaspora was more cohesive and welcoming to different perspectives.




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Iran on fire: Once again, women are on the vanguard of transformative change


But the current movement has become divided. An us-versus-them tension has developed in the diasporic community, as many perceive the movement as an expression of support for the monarchy. This divisive atmosphere has left many members of Iranian diasporas in a state of despair.

History suggests that moments of liberation in Iran do not fail for lack of courage, but for lack of political cohesion. The question now is whether the grassroots movement can sustain its momentum and legitimacy, and whether its demands won’t be overshadowed by external political frictions and agendas.

The Conversation

Shirin Khayambashi does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. What Iran’s latest protests tell us about power, memory and resistance – https://theconversation.com/what-irans-latest-protests-tell-us-about-power-memory-and-resistance-273432

Parcoursup : comment faire le « bon » choix d’orientation, ou le défi d’accompagner les lycéens

Source: The Conversation – France (in French) – By Chloé Pannier, Doctorante en Sciences de l’éducation et de la formation, Nantes Université

À partir du 19 janvier 2026, les lycéens peuvent s’inscrire sur la plateforme nationale Parcoursup pour déposer leurs candidatures auprès d’établissements d’enseignement supérieur. Ce cheminement personnel les confronte à des normes et à des attentes sociales souvent sources d’anxiété. En quoi l’accompagnement des candidats est-il un défi pour les familles comme pour le monde enseignant ?


Chaque année, Parcoursup revient au cœur du débat. Autour de cette plateforme sur laquelle les lycéens déposent leurs candidatures auprès des établissements d’enseignement supérieur se cristallisent nombre des tensions qui traversent l’école française. La procédure d’orientation post-bac constitue surtout une épreuve sociale qui mobilise simultanément élèves, familles et équipes éducatives.

À partir de travaux croisant plusieurs enquêtes qualitatives (entretiens auprès d’élèves, de parents, de professeurs principaux, de psychologues de l’éducation nationale, et observations dans des commissions d’examen des vœux), nous proposons d’éclairer ce que produit concrètement Parcoursup dans la vie lycéenne : stress, malentendus, redéfinition des rôles éducatifs et montée des logiques stratégiques.

Une procédure technique devenue une expérience morale

Pour les lycéens, Parcoursup ne représente pas qu’un ensemble de démarches administratives ; il s’agit d’un moment décisif de leur parcours personnel, rythmé par différentes étapes, de la formulation des vœux à la publication des réponses. Cette temporalité crée un climat particulier où s’entremêlent injonction à l’autonomie, pression à la performance et nécessité de faire des choix engageants à 17 ans ou à 18 ans.

Les élèves décrivent une procédure marquée par l’attente, l’incompréhension du fonctionnement de l’algorithme et la crainte de faire « le mauvais choix ». Pour certains, Parcoursup confirme ou infirme l’image qu’ils se font d’eux-mêmes d’un point de vue scolaire, provoquant un sentiment de déclassement lorsque les réponses sont jugées décevantes.

Ces expériences individuelles renvoient à des enjeux collectifs : la massification scolaire, la hiérarchisation des filières ou encore la valeur persistante du diplôme dans les trajectoires sociales.

L’orientation devient ainsi une « épreuve morale », pour reprendre les mots du sociologue Danilo Martuccelli : il s’agit d’un dispositif où les individus se confrontent à des normes, des attentes et des défis qui les dépassent.

Dans les familles, de l’accompagnement stratégique à l’anxiété généralisée

Si Parcoursup concerne au premier plan les élèves, les parents occupent une place centrale dans la procédure. Les résultats de nos recherches montrent que les familles les plus dotées en capital culturel s’engagent très tôt dans des démarches de comparaison, de recherche d’informations et de sélection des « bonnes formations ». Elles mobilisent salons, portes ouvertes, réseaux personnels et compétences rédactionnelles.

Si elles s’investissent aussi dans la procédure, les familles populaires le font selon des modalités plus limitées : soutien moral, aide technique, relecture orthographique. Ces écarts témoignent d’une inégale familiarité avec les attendus scolaires et les codes implicites de la procédure.

Toutefois, un élément apparaît transversal : l’anxiété parentale. Les résultats de Parcoursup sont fréquemment interprétés comme une forme d’évaluation indirecte du travail éducatif réalisé au sein de la famille. Plusieurs parents rencontrés disent avoir eu le sentiment d’être « jugés » lorsque les réponses obtenues ne correspondaient pas à leurs attentes, même lorsque leurs enfants avaient de bons résultats.




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Contester les verdicts de Parcoursup : les parents en première ligne ?


Cette dimension affective est renforcée par la perception d’un système perçu comme opaque ou arbitraire. L’incompréhension de l’algorithme, l’absence de communication standardisée entre établissements et les variations locales des critères nourrissent un sentiment d’incertitude. Parcoursup devient ainsi, pour les familles, une épreuve domestique, un moment de mobilisation mais aussi de mise en tension.

Les enseignants de lycée face à un rôle flou et ambigu

Les professeurs principaux et les équipes pédagogiques se retrouvent également en première ligne. Si la majeure partie des enseignants interrogés estiment que l’accompagnement à l’orientation relève des psychologues de l’Éducation nationale (PsyEN), dans les faits, ce sont plutôt les professeurs principaux qui assurent la majorité du suivi en raison non seulement du renforcement de leur mission d’orientation depuis la loi « Orientation et réussite des étudiants » de 2018, mais aussi faute de ressources suffisantes et de PsyEN dans les établissements.

Inscriptions universitaires : l’éternel parcours du combattant (Franceinfo INA, avril 2021).

Les enseignants interrogés décrivent une mission complexe, marquée par un mandat flou et des injonctions contradictoires. D’un côté, ils doivent répondre à des prescriptions institutionnelles : harmonisation des pratiques, appropriation de la plateforme, organisation des semaines de l’orientation. De l’autre, la relation avec les élèves sollicite une dimension plus expressive : écoute, soutien émotionnel, aide à la construction d’un projet, gestion des inquiétudes.

Cette tension se manifeste particulièrement lorsque les enseignants se sentent démunis face au manque de formation ou aux évolutions rapides de la procédure. Certains développent des stratégies d’accompagnement très poussées, parfois au-delà de leur rôle formel, tandis que d’autres adoptent une posture plus distante pour éviter la surcharge ou les malentendus avec les familles.

Plus largement, Parcoursup met en lumière des malentendus école-familles en raison des attentes implicites de réflexivité et d’autonomie du côté de l’école, et des attentes plus concrètes ou protectrices du côté des parents. Ces décalages peuvent générer incompréhension, frustrations et parfois même des conflits.

Un terrain où se rejouent les inégalités scolaires

Les inégalités scolaires n’attendent évidemment pas Parcoursup pour faire des différences, mais la procédure les rend visibles et parfois les amplifie. Le recours inégal aux ressources d’information, l’aisance variable dans la formulation d’un projet, la maîtrise des codes rédactionnels des « projets de formation motivés » ou la connaissance de la hiérarchie des formations structurent fortement les trajectoires.

Ces écarts renvoient à ce que les sociologues appellent des malentendus socioculturels. L’école attend des élèves (et de leurs familles) des compétences implicites : aptitude à se projeter dans l’avenir, capacité à se raconter, mobilisation stratégique, autant de compétences qui ne sont pas également partagées. Ce décalage explique en partie les incompréhensions ou les réactions divergentes face au verdict de la plateforme.

Plutôt que de considérer Parcoursup uniquement comme un outil technique, il importe de comprendre comment cette procédure reconfigure les relations entre école, familles et élèves. À travers elle se jouent des enjeux de justice scolaire, d’accompagnement, de communication et de reconnaissance des différents acteurs.

Parcoursup ne fait que traduire un système scolaire compétitif et sélectif où chacun tente de trouver sa place dans un système perçu à la fois comme indispensable et comme source de tensions. En ce sens, la plateforme ne fait que mettre en lumière les défis plus larges de l’orientation dans une école massifiée, sélective et traversée par de fortes attentes sociales.

The Conversation

Chloé Pannier a reçu des financements durant son contrat doctoral financé dans le cadre d’un projet lauréat d’un PIA3.

Alban Mizzi a reçu des financements du PIA3 ACCES – ACCompagner vers l’Enseignement Supérieur.

ref. Parcoursup : comment faire le « bon » choix d’orientation, ou le défi d’accompagner les lycéens – https://theconversation.com/parcoursup-comment-faire-le-bon-choix-dorientation-ou-le-defi-daccompagner-les-lyceens-271875

Ursula K. Le Guin, l’autrice de science-fiction qui nous invite à réinventer le monde

Source: The Conversation – France (in French) – By Aurélie Thiria-Meulemans, Maîtresse de conférences en littérature anglophone, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)

Ursula K. Le Guin en 2009. Marian Wood Kolisch, Oregon State University., CC BY-SA

Alors que Rennes (Ille-et-Vilaine) s’apprête à donner son nom à une rue et que la chanteuse Rosalia la cite en interview, Ursula K. Le Guin, disparue il y a six ans, nous a laissé une œuvre qui alimente plus de réflexions et de discussions que jamais, débordant largement les contours des littératures dites de l’imaginaire. De l’utopie anarchiste des Dépossédés à l’école des sorciers de Terremer en passant par les pérégrinations des ethnographes intergalactiques du Cycle de l’Ekumen, les mondes de fiction de Le Guin et leur philosophie nourrie de taoïsme continuent de nous proposer des manières alternatives de penser la crise et de concilier l’inconciliable.


Fille d’anthropologues et autrice multiprimée de romans de science-fiction et de fantasy, l’autrice américaine Ursula K. Le Guin (1929-2018) porte sur le monde un regard venu de loin. Aux yeux de l’autrice, inspirée depuis son enfance par la pensée taoïste (elle publie en 1997 sa propre traduction du Daodejing), les sociétés occidentales contemporaines et les récits glorieux qui les fondent ou les font vibrer souffrent d’un excès de yang – le principe masculin d’expansion, de chaleur et de lumière, de dureté, d’action et de contrôle, dans le taoïsme.

Pour guérir de nos maux et résoudre les crises qui nous traversent, l’autrice propose d’explorer des alternatives yin (principe féminin de réception et d’acceptation, froid et obscur, humide, aussi souple et modulable que l’eau, selon le taoïsme), en pensant en termes de processus plutôt que de progrès. Dans ses œuvres, Le Guin imagine des « utopies ambiguës » – pour reprendre le sous-titre de son roman les Dépossédés – loin de la fixité minérale et impersonnelle d’un idéal quasi mythologique, et qui se conçoivent, à l’inverse, comme des mondes vivants, humains, imparfaits, ouvrant des fenêtres sur d’autres manières de vivre, de faire et de penser.

Penser le politique : la rencontre plutôt que la conquête

Sur le plan politique, l’autrice propose une philosophie mêlant le concept taoïste du wuwei (l’action par l’inaction) aux principes de respect de l’autre dans sa différence, de liberté individuelle et de responsabilité collective. Inspirée par cette pensée yin, Le Guin nous appelle à questionner notre propre rapport aux questions politiques : la nouvelle « Ceux qui partent d’Omelas », régulièrement enseignée au lycée en France comme aux États-Unis, est une fable interrogeant la part de responsabilité individuelle dans le fonctionnement des systèmes oppressifs – à quel moment notre ignorance se mue-t-elle en complicité ?

Celles et ceux qui partent d’Omelas ne combattent ni par les armes ni par l’anathème ; leur résistance est celle des lignes de fuite et de l’appel à l’imaginaire pour ouvrir de nouveaux espaces dans le réel. Le refus de la résignation et l’ouverture sur l’ailleurs constituent ainsi des gestes politiques fondateurs. De même, dans les Dépossédés, Le Guin – qui fustigeait régulièrement le capitalisme dans ses discours et défendit ardemment les auteurs du bloc de l’Est pendant la guerre froide – se demande à quoi pourrait ressembler une véritable société anarchiste. Elle en propose une des réalisations les plus totales jamais offertes par la fiction comme la non-fiction, et montre que seule la vigilance d’individus responsables et libres empêche les régimes de basculer dans l’autoritarisme : pour que l’utopie vive elle doit demeurer mobile, ouverte à toutes ses contradictions, en constante quête d’équilibre.

Enfin, le Cycle de l’Ekumen, dans lequel s’inscrit ce roman et beaucoup d’autres, se propose plus largement de subvertir les récits traditionnels de conquête qui peuplaient les romans de SF de l’âge d’or (les années 1960 et 1970), eux-mêmes inspirés de la geste glorieuse de la conquête de l’Ouest. Le Guin imagine au contraire une expansion affranchie des dominations, où la violence laisse la place à la rencontre et où les sociétés humaines, dans leur infinie diversité, s’enrichissent mutuellement de leurs différences.

Penser le vivant comme une même communauté

Le Guin fut aussi une grande penseuse de la crise écologique et du rapport entre l’humain et le non-humain.

Dès le premier tome du Cycle de Terremer, l’autrice met en scène un monde dans lequel tous les êtres vivants – du chardon à l’épervier, du dragon aux vagues de la mer – parlent le même langage sacré de la création. Le magicien y devient gardien de l’équilibre du monde, et les aventures des protagonistes au fil des tomes n’ont de cesse de rétablir et d’entretenir l’équilibre fragile entre humains et non-humains, entre la parole et le silence, entre le monde des vivants et le royaume des morts.

Dans la Vallée de l’éternel retour – œuvre la plus radicale et la plus dense de l’autrice –, Le Guin imagine une archéologie du futur : elle dépeint la société traditionnelle du peuple Kesh, dans une Californie au relief totalement redessinée par les cataclysmes et le changement climatique. En lisant, guidés par l’ethnographe Pandora, nous suivons les mœurs et les vies de ces humains du futur ayant renoué avec les modes de vie des peuples autochtones américains ; les plantes et les animaux sont pour eux des personnes à part entière, avec qui l’humain partage le monde sans hiérarchies – et si l’on peut les mettre à mort pour s’en nourrir, cela doit se faire dans le respect de rituels assurant la dignité de tous.

Télescopant le passé et le futur, Le Guin décrit un monde où la solution à la crise climatique ne se trouve ni du côté de la technologie, ni à l’échelle globale, mais bien à une échelle locale, dans un « faire monde » commun, basé sur l’immanence et le respect mutuel entre humains et non humains, tous membres d’une même communauté.

Penser l’individu autrement

C’est aussi sur le plan intime que Le Guin interroge radicalement ce qui fait l’humain et l’origine de nos crises personnelles. Dans la Main gauche de la nuit, elle montre à quel point les rapports de genre sont déterminants dans notre expérience du réel, en mettant en scène un peuple humanoïde androgyne dont les membres ne sont sexués que quelques jours par mois – aussi bien au féminin qu’au masculin. L’ethnographe (humain de sexe masculin) envoyé sur cette planète pour l’inviter à rejoindre l’Ekumen, alliance intergalactique pacifique, est décontenancé par ce monde où l’on peut être père de certains de ses enfants et mère des autres, où il n’existe ni galanterie ni misogynie, ni rapports de force ou de séduction basés exclusivement sur le genre.

Dans la nouvelle « Solitude », l’autrice se livre à une autre expérience de pensée en imaginant une société entièrement structurée par l’introversion ; sur Eleven-Soro, planète hantée par les ruines d’anciennes mégalopoles ultratechnologiques, la civilisation représente une ombre mortifère. Pour les lointains descendants de ce monde disparu, revenus à un mode de vie aux apparences primitives, toute forme de relation interpersonnelle – ou même de communication – est devenue un objet de menace et de méfiance. Ce mouvement de recentrement rejette la civilisation au profit d’une communion directe de l’être avec le monde ; il revient à chacun et chacune, dès l’enfance, de « faire son âme » à l’aide d’un sac personnel où collecter des objets signifiants, glanés au fil d’une vie et qui acquièrent ainsi une valeur sacrée.

Penser le récit : la « fiction-panier »

Cette figure du contenant, du panier que l’on remplit au fil du chemin, est une constante chez Le Guin. Elle l’érige en étendard de son écriture : contre l’éternel héros mythique qui parvient à occire les monstres pour sauver son peuple (et en devenir le chef), l’autrice invente et met en pratique une théorie de la « fiction-panier », où le soin mutuel et l’art du glanage sont les éléments centraux.

Car, en plus de ses œuvres en science-fiction et fantasy (SFF), Le Guin a aussi beaucoup écrit de poésie (une douzaine de recueils) et d’essais sur l’art de l’écriture. Elle achève d’ailleurs sa trajectoire romanesque par une œuvre étonnante, Lavinia, qui reprend et étend l’Enéide en adoptant le point de vue de Lavinia, ultime épouse du héros, à qui Virgile n’accorde que quelques vers et aucune parole. Entre courage, désir de liberté et piété filiale, l’héroïne est témoin de la bêtise et de la violence propres aux récits héroïques comme celui dans lequel elle est prise : que peut l’étoffe tissée des mains d’une mère face à la pointe d’une lance transperçant la chair ? Dans ce texte conçu comme une conversation avec Virgile et qui souligne à quel point la littérature est un monde partagé, en constante mutation, Le Guin fait dialoguer une Lavinia consciente de son propre statut fictif avec le poète qui lui a donné vie – une vie toute entière faite de mots, où rien ne s’efface mais où tout peut toujours s’ajouter.

La pensée de Le Guin ne fait pas système, au sens où une théorie irréfutable rendrait ses propos péremptoires. Comme Lavinia elle-même, Le Guin, doute, hésite, reprend. Ainsi, renouant après des décennies, avec son cycle de fantasy Terremer, l’autrice change totalement sa façon d’écrire : ses protagonistes ont vieilli, leur regard s’est affûté, et Le Guin explore sans concession les ambiguïtés de son propre imaginaire. Remettant en question la relation des individus au pouvoir, elle confie à une femme d’âge mûr le soin de répondre à l’appel du héros, pour le bien commun, avant de pouvoir revenir avec soulagement à sa ferme, à son potager, et à l’homme qui l’y attend.

Aujourd’hui, alors que nous commémorons la disparition d’Ursula K. Le Guin il y a six ans, des autrices et auteurs du monde entier (Rivers Solomon, Han Song, Wu Ming-yi, Céline Minard, Luvan et bien d’autres), revendiquent l’influence de cette légende des lettres états-uniennes, dont la sagesse n’a pas fini de nous éclairer :

« Lorsque nous parlons d’avancer vers l’avenir, c’est une métaphore, de la pensée mythique interprétée littéralement, peut-être même du bluff, né de notre peur machiste d’être un instant inactifs, réceptifs, ouverts, silencieux, immobiles. […] C’est lorsque nous confondons nos rêves et nos idées avec le monde réel que les ennuis commencent, quand nous pensons l’avenir comme un endroit qui nous appartient. »

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

ref. Ursula K. Le Guin, l’autrice de science-fiction qui nous invite à réinventer le monde – https://theconversation.com/ursula-k-le-guin-lautrice-de-science-fiction-qui-nous-invite-a-reinventer-le-monde-272913

Africa’s human rights institutions are electing leaders. Why this matters

Source: The Conversation – Africa (2) – By Chidi Anselm Odinkalu, Professor of Practice, International Human Rights Law, Tufts University

Member states of the African Union (AU) will hold their most consequential election of the year in February 2026, to fill ten vacancies in continental human rights institutions.

They will elect three experts to the African Commission on Human and Peoples’ Rights and seven to the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child.

These individuals will serve on the committee for five years and on the commission for six, alongside 23 peers with unexpired terms.

The elections are important because these institutions exist primarily to ensure that the continent’s governments take African lives seriously. They are entrusted with ensuring that Africans live in dignity and equality. This is a difficult task in a continent where human rights often sound hollow or precarious.

As a scholar who studies Africa’s regional institutions, I find that they are deeply underestimated. Yet, these institutions have considerable powers to undertake investigations and issue decisions against African governments. Their decisions can attract serious sanctions if disregarded.

Recent events show why these institutions continue to matter. Several AU treaties, particularly the African Charter on Human and Peoples’ Rights and the African Charter on Democracy, Elections and Governance, protect the right to vote and mandate independent and impartial courts as arbiters of election disputes.

However, most of Africa’s elections are now more poorly managed than ever before. In 2025 alone – in Cameroon, Côte d‘Ivoire and Tanzania, among others – thousands of Africans were killed in state-sponsored election violence.

In many African countries, the judiciary and other independent institutions face attacks or are captured by politicians, depriving people of legal recourse.

This has contributed to deepening civic apathy, a creeping return of military and authoritarian rule, and further erosion of democratic governance.

Of course, treaty institutions do not organise or supervise national elections. But they can counter authoritarianism by mobilising responses to the underlying causes of rigged elections.

This is why Africans everywhere should show an interest in the process and outcome of the African Union’s February 2026 elections for continental human rights institutions. They protect the continent’s citizens and communities.

Good intentions, poor outcomes

When the Organisation of African Unity (OAU) elected the pioneer experts to the African Commission in 1987, most were senior ministers from dictatorships.

Today, the AU no longer elects obvious politicians to these bodies. Still, the candidates are mostly aligned with ruling African governments.

This was not the intention. The continental institutions were created to respond when, for instance, governments attacked protesters, shut down the internet, displaced communities without compensation, or hijacked elections.

The institutions are Africa’s official human rights enforcers. They should ensure that governments uphold the principles and values they have undertaken under continental treaties. Those include “respect for democratic principles, human rights, the rule of law and good governance” and “respect for the sanctity of human life”.

For this reason, the treaties only allow to be elected to these roles “African personalities of the highest reputation, known for their high morality, integrity, impartiality, and competence in matters of human and peoples’ rights.” Such individuals work in their personal capacities and not as stooges of any government.

In practice, these criteria are not always met.

Regrettably, most Africans are unaware that these mechanisms exist. That affects the credibility of the selection process.

The AU doesn’t give the selection much publicity. Although it nominally encourages member states to adopt transparent nomination processes, most states prefer to keep their nominations ad hoc and opaque.

A 2020 report by Amnesty International described the selection as characterised by “secrecy and largely merit-less national nomination processes”. Three years earlier, the Open Society Justice Initiative and the International Commission of Jurists similarly criticised it as “largely unknown and shrouded in secrecy”.

In 2023, African citizens and civil society instituted the Arusha Initiative to improve citizen awareness, the quality of nominations and the outcomes.

What should happen

These institutions, especially the African Commission and the African Court on Human and Peoples’ Rights, exist to foster shared values. They are committed to the rule of law and due process. And they are supposed to create an enabling environment for entrepreneurs and investors, who in turn can help develop the continent.

By protecting labour and land rights, these mechanisms guide states in implementing socio-economic rights in Africa and support innovation. By addressing all forms of discrimination, including xenophobia, they can also encourage mobility across the continent.

By advancing jurisprudence on free movement as a human right and promoting associated treaties that complement regional integration, these mechanisms could help achieve free movement across Africa.

The institutions could also address environmental degradation, livelihoods and forced displacement. In doing so they would centre the interests of Africa’s indigenous peoples.

Africa’s citizens and communities fund these institutions through their taxes. That alone is reason enough to care about them.

Human rights bodies should not be disembodied entities ministering from distant lands to unrepresented people. Instead, citizens should choose capable, independent experts to protect their livelihoods and futures.

Ikechukwu Uzoma, human rights lawyer and researcher at the Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center in the US, is co-author of this article.

The Conversation

Chidi Anselm Odinkalu does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Africa’s human rights institutions are electing leaders. Why this matters – https://theconversation.com/africas-human-rights-institutions-are-electing-leaders-why-this-matters-273495