Olvidar una palabra, perder el hilo de una conversación o tardar más en responder no siempre enciende las alarmas. De hecho, el deterioro cognitivo leve –una fase temprana asociada a enfermedades como el alzhéimer– suele pasar desapercibido durante años.
Y ese retraso importa: cuando aparecen los síntomas evidentes, el daño cerebral ya puede ser significativo. Por suerte, algo está cambiando: la inteligencia artificial empieza a detectar señales mucho antes de que sean visibles para médicos, familiares o incluso para la propia persona.
Cuando el lenguaje revela lo que la memoria oculta
Nuestro cerebro deja huella en cómo hablamos. No solo en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. En las fases iniciales del deterioro cognitivo leve, aparecen cambios muy sutiles: frases más simples, menor riqueza léxica o pequeñas pausas que antes no existían. Son alteraciones tan finas que el oído humano no suele percibirlas. Sin embargo, los sistemas de inteligencia artificial sí pueden hacerlo.
Estos modelos analizan patrones lingüísticos y acústicos –como la velocidad del habla, la entonación o la complejidad gramatical– para identificar desviaciones respecto al funcionamiento cognitivo esperado. Basta una conversación de unos minutos para que un sistema de inteligencia artificial extraiga cientos de variables –desde características acústicas hasta patrones prosódicos– y construya un perfil cognitivo.
En distintos estudios, el análisis automático del lenguaje ha logrado diferenciar personas con deterioro cognitivo leve de aquellas sin afectación, mostrando una utilidad diagnóstica prometedora, incluso para anticipar qué personas desarrollarán alzhéimer en el futuro.
La clave está en que estas herramientas, los “biomarcadores de voz”, capturan cambios que aún no son clínicamente evidentes, como las citadas alteraciones en la velocidad del habla (la persona tarda más en responder o hace más pausas), cambios en la entonación y el ritmo (voz más monótona o menos expresiva), aumento de errores lingüísticos (dificultad para encontrar palabras o uso de términos más vagos) o patrones sutiles en el lenguaje como frases más cortas y simples.
Además, la IA puede detectar cambios en el comportamiento digital, como una menor interacción en el uso del móvil, una reducción en la frecuencia de mensajes o llamadas e incluso dificultades en tareas cotidianas como escribir correctamente, navegar por internet e interactuar con asistentes virtuales. Son indicadores casi imperceptibles en una evaluación clínica tradicional, pero pueden ser detectados precozmente mediante algoritmos de inteligencia artificial.
Este enfoque abre la puerta a una monitorización continua y no invasiva del funcionamiento cognitivo, algo especialmente relevante si tenemos en cuenta que el deterioro cognitivo leve afecta a un porcentaje significativo de la población mayor. Entre un 12 % y un 20 % de las personas mayores de 60-65 años padecen esta condición, y el riesgo aumenta significativamente según se cumplen años.
Promesas y cautelas necesarias
A pesar de su potencial, estas herramientas no están exentas de limitaciones.
En primer lugar, muchos estudios se han realizado con muestras poco diversas, lo que puede afectar a su generalización. También existen riesgos de sesgo algorítmico: el lenguaje y la voz están profundamente influenciados por factores culturales, educativos y sociales.
Además, surgen importantes cuestiones éticas: ¿quién tiene acceso a estos datos?
¿Cómo se garantiza la privacidad? ¿Qué ocurre si una aplicación detecta riesgo sin supervisión clínica? La detección precoz no siempre es beneficiosa si no va acompañada de un contexto adecuado de intervención y apoyo.
La inteligencia artificial no sustituirá al profesional sanitario, pero sí puede transformar su forma de trabajar. Estas herramientas podrían integrarse como sistemas de cribado en atención primaria, aplicaciones de seguimiento domiciliario o plataformas de telemedicina, facilitando una detección más temprana y accesible.
En un contexto en el que las enfermedades neurodegenerativas siguen aumentando, anticiparse unos años puede marcar la diferencia. En el caso del deterioro cognitivo, el tiempo no solo es oro: es memoria.
Paula Prieto Fernández no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Julián Santana Silva, Profesor Asociado del área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
La invasión de bahía de Cochinos entre el 17 y 20 de abril de 1961 sigue presente en la memoria histórica como el intento frustrado de Estados Unidos por derrocar al Gobierno cubano. Más allá de la anécdota histórica o del estudio estratégico de aquel fracaso, nace en estos días un interrogante que va más allá de lo político y recae en el marco legal que rige a las naciones.
Actualmente, una intervención no se mediría solo por su éxito táctico, sino bajo el prisma del derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. Esto plantea un desafío jurídico fundamental. ¿Puede un Estado intervenir militarmente en otro? ¿Qué excepciones, como la legítima defensa o el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, reconoce el ordenamiento internacional para justificar tal acción?
Pilar legal del sistema global
La prohibición del recurso a la fuerza, consagrada de forma imperativa en el Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, supone uno de los pilares del derecho internacional contemporáneo. Este precepto fundamental obliga a todos los Estados miembros a abstenerse de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier nación.
Consolidada como norma estructural y columna vertebral del sistema global, la prohibición se apoya en el principio de igualdad soberana, garantizando que cada Estado pueda decidir libremente su rumbo sin coacciones externas.
Mientras que la norma de la ONU se enfoca primordialmente en la agresión armada, el citado Artículo 19 prohíbe que cualquier Estado o grupo de Estados intervenga, directa o indirectamente, en los asuntos internos o externos de otro, sin importar el motivo.
Tiene una cobertura más extensa, pues excluye explícitamente no solo el uso de las armas, sino cualquier injerencia o tendencia que atente contra la personalidad del Estado o sus elementos políticos, económicos y culturales. Así, la OEA establece un blindaje jurídico contra cualquier tipo de coacción. Esto garantiza que la soberanía no sea vulnerada por presiones de carácter no militar.
El caso nicaragüense
La importancia de esta norma fue ratificada históricamente por la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua contra Estados Unidos (1986). En su fallo, la Corte determinó que la prohibición del uso de la fuerza no es solo una obligación contractual de la Carta, sino un principio esencial del derecho internacional consuetudinario y del jus cogens (normas imperativas).
Al condenar acciones como el minado de puertos y el apoyo logístico a fuerzas insurgentes, el tribunal reafirmó que estas actividades violan la soberanía territorial y el compromiso ineludible con la paz internacional.
Aunque la Carta de las Naciones Unidas establece una prohibición general del uso de la fuerza, el ordenamiento jurídico internacional reconoce excepciones estrictas y limitadas para salvaguardar la paz. El fundamento de esas excepciones se encuentra en el Artículo 51, que consagra el derecho inmanente de legítima defensa, ya sea individual o colectiva.
Aun así, esta facultad solo se activa ante un “ataque armado” previo, lo que dificulta muchísimo la justificación legal de una invasión preventiva. Según la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, cualquier respuesta defensiva debe observar rigurosamente los principios de necesidad y proporcionalidad para ser considerada legítima.
La segunda vía legal es la fuerza colectiva autorizada exclusivamente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo el Capítulo VII de la Carta. Este órgano posee la responsabilidad primordial de mantener la paz, para lo que puede autorizar acciones militares si las medidas diplomáticas o económicas resultan inadecuadas.
En un hipotético caso entre Cuba y Estados Unidos, esta autorización es jurídicamente improbable debido al papel del veto, que permite a cualquier miembro permanente (EE. UU., Rusia, China, Reino Unido y Francia) bloquear decisiones sobre cuestiones sustantivas. En definitiva, el derecho internacional contemporáneo está diseñado para prohibir las guerras unilaterales. El recurso a las armas ha de ser siempre excepcional y bajo supervisión multilateral.
¿Y si hay motivos humanitarios?
En la actualidad, el debate sobre una intervención humanitaria cobra una relevancia fundamental bajo el principio de la “responsabilidad de proteger” (R2P), adoptado en la Cumbre Mundial de 2005.
Este concepto sostiene que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a las poblaciones de crímenes atroces cuando el Estado falla en su deber primordial. No obstante, no existe un acuerdo generalizado sobre la legalidad de una intervención humanitaria unilateral, ya que varios Estados piden mayores aclaraciones sobre el marco jurídico para la acción colectiva y el uso de la fuerza militar. Permanece también un riesgo crítico de instrumentalización política, ya que los intereses de potencias poderosas pueden sesgar la aplicación de estos programas de protección.
En definitiva, desde una perspectiva jurídica contemporánea, invocar la democracia, los derechos humanos o un cambio de régimen no constituye una base legal suficiente para justificar acciones armadas unilaterales fuera de los marcos multilaterales establecidos.
Tampoco son legales las intervenciones indirectas
La invasión de bahía de Cochinos se puede utilizar como ejemplo de intervención indirecta. En este tipo de actuaciones, el uso de la fuerza no se manifiesta como una guerra formal, sino mediante operaciones encubiertas. En 1961, Estados Unidos no desplegó sus tropas directamente, sino que financió, entrenó y brindó apoyo logístico a grupos armados en bases secretas, como la de Puerto Cabezas en Nicaragua.
Este precedente es vital para comprender que el derecho internacional no solo regula invasiones declaradas, sino toda injerencia externa. Al respecto, el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua contra Estados Unidos reafirmó que el apoyo a fuerzas irregulares vulnera el principio de no intervención. Por tanto, la legalidad internacional prohíbe cualquier acción que, mediante el respaldo a insurgentes, atente contra la soberanía e independencia política de un Estado.
Blindaje jurídico de Cuba
En definitiva, el derecho internacional no tiene el poder de acabar con las guerras, pero sí fija un marco estricto que distingue la legalidad de la ilegalidad en el uso de la fuerza.
Bajo el ordenamiento jurídico vigente, una intervención en Cuba sería muy difícil de justificar. La prohibición general de agresión, la carencia de un ataque armado previo que autorice la legítima defensa y la parálisis del Consejo de Seguridad ante un veto casi seguro blindan la soberanía de la nación.
Incluso invocar la protección de derechos humanos o un cambio de régimen carece de base legal suficiente para acciones unilaterales fuera de marcos multilaterales.
Sesenta años después de bahía de Cochinos, el desafío ha cambiado de lo táctico a lo normativo. Hoy por hoy, el problema quizá ya no sea un desembarco en Cuba, sino un desembarco fuera del derecho internacional.
Julián Santana Silva no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By María Calado Otero, Profesora Contratada Doctora Facultad de Educación, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja
En la cultura de la fama, la juventud no solo se idealiza: se convierte en una condición de existencia. Para muchas mujeres del cine, la música o la televisión, el cuerpo y la edad determinan la visibilidad, el reconocimiento y, a menudo, la supervivencia profesional. Envejecer puede significar desaparecer.
Esta realidad fue retratada hace más de veinte años en el documental Buscando a Debra Winger (Rosanna Arquette, 2002), donde actrices como Jane Fonda o Sharon Stone reflexionaban sobre la pérdida de papeles al cumplir 40 o 50 años. Todas coincidían: Hollywood penaliza la madurez femenina.
Mientras los hombres envejecen con prestigio, las mujeres dejan de “servir” cuando ya no encajan en los cánones de juventud y belleza. La artista feminista Yolanda Domínguez ironiza sobre esta desigualdad en Una mujer de la edad de Clooney, contraponiendo el respeto hacia los hombres maduros con la invisibilidad que sufren las mujeres de la misma edad. El mensaje es claro: la edad es un privilegio masculino.
En Mujeres, envejecimiento y cultura de la belleza (Generations, 2017), la socióloga Laura Hurd Clarke asegura que el envejecimiento se convierte en una anomalía que debe corregirse: no se trata de vivir más, sino de parecer no haber vivido. El documental A los 25 empieza el declive (Cecilia Fernández Medina, 2012) amplía esta crítica: “El cuerpo humano alcanza su máximo rendimiento a los 25; después, empieza a decaer”. Esa frase resume una obsesión global.
La industria cosmética y quirúrgica –valorada en más de 400 000 millones de dólares para 2030, según P&S Intelligence– alimenta el mito de la juventud eterna mientras se lucra con la inseguridad femenina.
A golpe de filtro
En los últimos años, esta presión se ha intensificado con la exposición digital. Plataformas como Instagram o TikTok funcionan como escaparates donde la juventud se fabrica a golpe de filtro. Según una investigación difundida por ScienceDaily (2021), el 90 % de las mujeres jóvenes utiliza filtros o edita sus fotos antes de publicarlas y el 94 % reconoce sentir presión por mantener una imagen idealizada.
Para las celebridades, cuya carrera depende del cuerpo, el escrutinio es doble: deben ser “auténticas”, pero sin mostrar los signos del tiempo.
El cine reciente también lo evidencia. En La sustancia (2024), Demi Moore encarna a una actriz que recurre a un experimento para recuperar su juventud, metáfora brutal de una industria que devora a las mujeres cuando ya no cumplen con el ideal.
En The last showgirl (2024), Pamela Anderson interpreta a una bailarina que se enfrenta al final de su carrera cuando su cuerpo deja de “vender”.
Ambas ficciones reflejan el mismo patrón: el cuerpo femenino como objeto de consumo y obsolescencia programada.
Esta crítica ha llegado también desde el activismo. En la campaña “Visibilizando lo invisible” por el 25-N (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres) de 2025, abordábamos en el vídeo “Taylor ya no encaja” el edadismo estético y la presión corporal en la fama. A través de una historia inspirada en letras de Taylor Swift, el trabajo planteaba cómo la comparación social, el miedo a envejecer y la pérdida de valor simbólico afectan a las mujeres en la cultura de la celebridad. Las frases del vídeo –extraídas de canciones– son un espejo emocional de esa lucha interna: entre la exigencia de perfección y la búsqueda de autenticidad.
Pero esta presión no es solo estética: es también una cuestión de mirada y poder. Tal y como aseguro en Liberarse de las apariencias: género e imagen corporal, la mayoría de los relatos audiovisuales siguen escritos y dirigidos desde la perspectiva masculina: las mujeres son representadas, no representadoras.
En consecuencia, su experiencia del tiempo, el deseo o la corporalidad aparece distorsionada o silenciada. No es solo que las actrices desaparezcan al envejecer: es que las miradas femeninas apenas encuentran espacio en las pantallas.
Frente a esta lógica emergen nuevas formas de resistencia. Movimientos digitales como #ProAge, #BodyNeutrality o #GreyHairDontCare reivindican la diversidad corporal y la belleza no normativa. Como dice este estudio, muchas mujeres mayores desafían el mandato de la juventud reapropiándose de su imagen y visibilizando otras formas de ser y mostrarse.
Éxito personal y apariencia física
Pero los cambios individuales no bastan. Según el Estudio 136 del Instituto de las Mujeres, el 87 % de las mujeres reclama diversidad de edades en los medios y más del 90 % pide desvincular el éxito personal de la apariencia física.
Reconocer el derecho de las mujeres a envejecer –también a las visibles, a las famosas, a las que nos miran desde las pantallas– no es un gesto estético: es un acto político. En una cultura que premia lo joven y desecha lo vivido, envejecer con dignidad y seguir ocupando el espacio público puede ser, hoy, el acto más revolucionario de todos.
María Calado Otero no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By José Manuel de Haro García, Profesor titular, Organización de Empresas (RR.HH. y Comportamiento Organizacional), Universidad Miguel Hernández
El problema no es si hay que ser flexible, sino qué tipo de flexibilidad necesita cada entorno.A. M. Teixeira/Shutterstock
En 2011, Nokia vivía una crisis existencial. Su CEO, Stephen Elop, comparó la empresa con una plataforma en llamas. La compañía tenía recursos, talento y múltiples opciones estratégicas. Sin embargo, estaba abocada al fracaso.
¿Por qué? Porque intentó ser flexible en todas las direcciones a la vez: desarrolló varios sistemas operativos simultáneamente, mantuvo líneas de producto contradictorias y firmó alianzas incompatibles entre sí. Mientras Nokia deliberaba entre alternativas, Apple y Samsung ejecutaron con velocidad quirúrgica en una sola dirección.
La intuición dominante en management es clara: en entornos turbulentos, las empresas deben ser flexibles. Sin embargo, un estudio reciente, realizado con 399 empresas tecnológicas europeas muestra algo contraintuitivo: la flexibilidad mal calibrada puede destruir el rendimiento que pretende proteger. El problema no es si hay que ser flexible, sino qué tipo de flexibilidad necesita cada entorno.
Dos tipos de flexibilidad
La investigación estratégica distingue dos dimensiones fundamentales de la flexibilidad organizacional de una empresa:
Velocidad: qué tan rápido puede responder y ejecutar cambios. Dell es un ejemplo clásico: ajusta su cadena de suministro casi en tiempo real para adaptarse a la demanda.
Variedad: cuántas alternativas estratégicas puede mantener o generar simultáneamente. IBM ilustra esta dimensión con su amplio portafolio, que abarca desde computación en la nube hasta ciberseguridad y consultoría.
Ambas capacidades son valiosas. El error es suponer que conviene maximizar las dos siempre y al mismo tiempo.
Dos tipos de turbulencia
Parte de la confusión proviene de tratar la turbulencia como un fenómeno único. En realidad, los entornos empresariales pueden ser turbulentos de dos maneras distintas:
Dinamismo (velocidad del cambio): los nuevos competidores, las tecnologías que se vuelven obsoletas en meses, las preferencias de los clientes, que cambian rápidamente, obligan a las empresas a reaccionar. El problema está en la velocidad a la que pueden hacerlo. Ejemplo de estas turbulencias pueden ser la evolución de las redes sociales o la aparición de los smartphones para las empresas del sector.
Complejidad: referida al número de factores interdependientes que afectan cada decisión. Regulaciones múltiples, ecosistemas de socios, cadenas de suministro globales y numerosos grupos de interés. Sectores como el farmacéutico o el energético encajan aquí.
Nuestro estudio muestra un patrón claro: si la velocidad mejora el rendimiento en entornos dinámicos, pero lo empeora en entornos complejos, la variedad mejora el rendimiento en entornos complejos, pero lo empeora en entornos dinámicos. Las diferencias no son triviales: pueden representar varios puntos porcentuales en rentabilidad sobre activos.
¿Por qué la variedad penaliza cuando el mercado cambia muy rápido?
Mantener múltiples opciones estratégicas consume tres recursos escasos:
La atención directiva. La capacidad cognitiva de los equipos de liderazgo es limitada. Cuantas más iniciativas simultáneas, menos foco y peor ejecución en cada una.
El tiempo de construcción. Desarrollar alternativas viables requiere inversión, aprendizaje y desarrollo de capacidades. En mercados que cambian semanalmente, el tiempo dedicado a la opción B puede cerrar la ventana de la opción A.
Costes de coordinación. Cada iniciativa adicional multiplica la complejidad interna: conflictos entre unidades, competencia por recursos y pérdida de claridad estratégica.
En entornos dinámicos, el coste de dispersión supera el beneficio de tener un plan B. En estos contextos, foco y rapidez suelen generar mejores resultados.
La trampa de la velocidad en la complejidad
El error inverso también es frecuente: acelerar decisiones en entornos complejos.
Cuando existen múltiples interdependencias, decidir demasiado deprisa aumenta el riesgo de consecuencias imprevistas. Una decisión aparentemente correcta puede generar efectos en cadena: incumplimientos regulatorios, cuellos de botella o conflictos organizativos.
Imaginemos una farmacéutica que reduce ciclos de validación para ganar velocidad. Opera en un sistema donde interactúan reguladores de varios países, ensayos clínicos distribuidos, cadenas de suministro especializadas y acuerdos de propiedad intelectual. La velocidad sin integración no es agilidad: es temeridad. En entornos complejos, la prioridad no es correr más rápido, sino construir variedad de respuestas y fortalecer mecanismos de coordinación e integración.
Cómo diagnosticar el entorno
La pregunta clave no es “¿debemos ser flexibles?”, sino “¿qué tipo de flexibilidad encaja con nuestro entorno?”. Un diagnóstico inicial puede comenzar con cuatro preguntas:
¿Con qué frecuencia cambian tecnologías, precios y movimientos competitivos? (dinamismo).
¿Cuántos actores y dependencias afectan cada decisión importante? (Complejidad).
¿Cuánto cuesta internamente abrir una opción estratégica adicional?
¿Existen mecanismos sólidos de coordinación entre unidades?
De forma general, según el tipo de entorno, las reglas a seguir son las siguientes:
En un entorno dinámico y relativamente simple: priorizar la velocidad y limitar las iniciativas simultáneas.
En un entorno complejo y relativamente estable: invertir en variedad y fortalecer la integración.
En un entorno dinámico y complejo: desarrollar la modularidad (que las opciones no interfieran entre sí) y los mecanismos de coordinación robustos.
En un entorno estable y simple: la eficiencia operativa puede generar más valor que la flexibilidad.
La evidencia detrás del argumento
Analizamos 399 empresas europeas de manufactura tecnológica y servicios informáticos en 14 países. La flexibilidad estratégica se midió en sus dos dimensiones mediante encuestas a directores de operaciones. Las características del entorno fueron evaluadas por directores ejecutivos. El rendimiento financiero se midió posteriormente mediante rentabilidad sobre activos, lo que refuerza el orden temporal y reduce el riesgo de correlaciones ficticias.
Como toda investigación organizacional, los resultados muestran asociaciones consistentes y teóricamente plausibles, pero no constituyen una receta mecánica universal. Aun así, la evidencia es suficientemente robusta para cuestionar una idea muy extendida: que más flexibilidad siempre es mejor.
Diagnóstico antes que prescripción
Las empresas de alto rendimiento no maximizan la flexibilidad en todas sus formas. Ajustan sus capacidades a las demandas dominantes de su entorno. La lección es sencilla, aunque incómoda: en estrategia organizacional, “depende” no es una evasiva académica. Es la forma rigurosa de decir que primero hay que entender el problema específico antes de aplicar la solución. Como en medicina, el diagnóstico precede a la prescripción. Y, en ocasiones, el tratamiento equivocado puede ser peor que no hacer nada.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Víctor Oswaldo Gamboa Ruiz, Jefe del departamento de psicología básica y neurociencias, Universidad de La Sabana
Pueden esperar el momento de comer, controlar su mordida durante el juego, tolerar el corte de sus uñas o la aplicación de una vacuna e, incluso, detenerse solos antes de cruzar una calle concurrida ante la luz verde de un semáforo. Los perros son parte de nuestra vida cotidiana de una forma tan profunda que, a veces, olvidamos lo extraordinario que resulta su comportamiento.
Esta capacidad se conoce como control inhibitorio y tiene bases neurobiológicas compartidas con otros mamíferos, incluidos los seres humanos. En ella, participan regiones cerebrales como la corteza frontal, asociada con la regulación del comportamiento, y neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que regulan emociones, comportamiento y funciones fisiológicas esenciales.
Además, el cerebro canino posee una gran plasticidad, lo que les permite aprender constantemente de la convivencia con las personas a través de las consecuencias de su comportamiento. Por eso, pueden ser entrenados para esperar tiempos cada vez más largos.
Así, el autocontrol no es lo opuesto al instinto: también hace parte de la biología del comportamiento. En la naturaleza, controlar una respuesta puede ser tan importante como ejecutarla. Un depredador que espera el momento adecuado aumenta sus posibilidades de éxito y un animal social que regula su agresividad mantiene relaciones más estables dentro del grupo.
Por tanto, el comportamiento inhibitorio coexiste con las necesidades de obtener territorio, comida, pareja o protección en el cerebro de nuestros compañeros caninos.
Responden a nuestro tono de voz, a los gestos, a la mirada, a la postura y a la tensión corporal. Hasta son sensibles a cambios sutiles en nuestras emociones. Esa sensibilidad hace que parezca que entienden nuestras intenciones del mismo modo que otro ser humano, pero probablemente lo que hacen es responder a patrones consistentes del ambiente social.
Por ejemplo, cuando un perro espera permiso antes de comer, no necesariamente comprende una norma moral sobre “lo correcto”. Más bien, aprende que ciertas señales humanas se relacionan con consecuencias estables: tranquilidad, recompensa, aprobación o ausencia de interrupciones. Cuanto más consistente es la instrucción, más sólido será el aprendizaje.
La respuesta depende de cómo entendamos ese concepto. En los seres humanos, la fuerza de voluntad suele involucrar deliberación moral, conflicto interno y reflexión consciente sobre normas culturales. No hay evidencia de que los perros experimenten estos procesos del mismo modo que nosotros.
Sin embargo, sí muestran formas complejas de autocontrol. Pueden inhibir respuestas inmediatas, esperar recompensas, tolerar situaciones incómodas y adaptar su conducta a distintos contextos sociales. En términos funcionales, esto se parece mucho a lo que llamamos “resistir un impulso”.
Encaje perfecto entre dos especies
Así, lo que interpretamos como fuerza de voluntad es, en gran parte, el resultado de sistemas biológicos de regulación del comportamiento refinados durante miles de años de convivencia con nuestra especie. Su cerebro, preparado para responder al ambiente físico y social, terminó ajustándose de manera extraordinaria a la vida humana.
Por eso, solemos interpretar sus acciones en términos humanos. Su regulación social es tan compatible con la nuestra que fácilmente atribuimos intenciones morales a lo que hacen. Pero comprender cómo aprenden y cómo controlan su comportamiento no reduce el vínculo que tenemos con ellos; al contrario, nos permite relacionarnos de forma más empática y realista.
Al final, quizá los perros no “reprimen sus impulsos” como imaginamos los humanos. Más bien, son animales profundamente adaptados a convivir con nosotros, capaces de aprender nuestras rutinas, responder a nuestras señales y regular su conducta en un mundo social compartido. Y tal vez esa extraordinaria capacidad de adaptación sea una de las razones por las que han logrado convertirse en nuestros compañeros más cercanos.
Víctor Oswaldo Gamboa Ruiz no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Santiago Roura Ferrer, Profesor agregado Facultad de Medicina, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
En 1932, en Alabama, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos inició un estudio que pretendía observar la evolución natural de la sífilis en población afroamericana rural. La investigación, desarrollada en torno al Instituto Tuskegee, reclutó a 600 hombres pobres, la mayoría jornaleros analfabetos. Los participantes, de los cuales 399 estaban infectados, fueron engañados: nunca se les explicó el verdadero objetivo del experimento ni se les informó de que padecían sífilis, tan sólo “sangre mala”. Incluso, cuando años más tarde la penicilina se consolidó como tratamiento eficaz, se les negó deliberadamente.
Hoy el llamado “experimento de Tuskegee” se considera uno de los mayores escándalos éticos de la investigación biomédica moderna. Pero más allá de la indignación histórica que aún provoca, el caso sigue planteando una cuestión incómoda: ¿cómo pudo mantenerse durante cuarenta años un estudio así en una sociedad que ya conocía principios básicos sobre investigación en seres humanos?
La Declaración de Helsinki, impulsada por la Asociación Médica Mundial en 1964, establecía que el bienestar de la persona debía prevalecer sobre los intereses de la ciencia y la sociedad. Sin embargo, Tuskegee demostró que las normas éticas pueden existir sobre el papel, aunque la práctica real continúa alejándose de ellas.
Cuando el fin justifica los medios
El estudio comenzó en una época marcada por profundas desigualdades raciales y sociales, y pretendía comprender la evolución clínica de la sífilis no tratada. Pero su diseño partía de una relación profundamente desigual entre investigadores y participantes.
Los hombres reclutados fueron atraídos con promesas de asistencia médica gratuita, comidas y ayudas para el entierro. En realidad, muchos fueron sometidos a procedimientos diagnósticos dolorosos sin comprender su finalidad. Lo más grave ocurrió después de 1947, cuando la penicilina pasó a ser el tratamiento estándar: lejos de administrarla, los responsables del estudio evitaron activamente que los pacientes accedieran a ella.
El experimento solo terminó en 1972, tras una filtración periodística que desencadenó una enorme reacción pública. Para entonces, decenas de personas habían muerto y muchas familias habían sufrido las consecuencias de la enfermedad.
La pregunta ética resulta inevitable: ¿cómo pudieron tantos profesionales justificar durante décadas semejante conducta? Probablemente la respuesta no se encuentre únicamente en la ausencia de regulación, sino también en la capacidad de las instituciones para normalizar decisiones inaceptables cuando se amparan en el prestigio científico, la burocracia o la supuesta utilidad colectiva.
El nacimiento de la bioética moderna
Tuskegee no fue el único episodio que obligó a replantear la investigación con seres humanos. Tras la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Núremberg revelaron los experimentos realizados por médicos nazis en campos de concentración. De aquel horror surgió el Código de Núremberg (1947), primer intento de establecer límites éticos universales para la investigación biomédica.
Posteriormente, la Declaración de Helsinki reforzó principios esenciales como el consentimiento informado, la proporcionalidad riesgo-beneficio y la protección de las personas vulnerables. Más tarde, el escándalo de Tuskegee impulsó en Estados Unidos el conocido Informe Belmont, que consolidó tres pilares de la bioética contemporánea: respeto por las personas, beneficencia y justicia.
Estos principios siguen guiando hoy a los comités de ética y a la regulación internacional de los ensayos clínicos. Sin embargo, las preguntas esenciales continúan siendo muy parecidas: ¿quién asume los riesgos?, ¿quién obtiene los beneficios?, ¿hasta qué punto los pacientes comprenden realmente aquello a lo que consienten?
La confianza perdida
Una de las consecuencias de Tuskegee fue la desconfianza generada hacia las instituciones sanitarias. La relación entre ciencia y sociedad se basa en la confianza, y ésta no se alcanza únicamente con resultados, sino también con transparencia, honestidad y respeto.
La pandemia de covid-19 mostró hasta qué punto la percepción pública sobre vacunas, ensayos clínicos o decisiones sanitarias está condicionada por factores éticos. Cuando la ética es una mera formalidad, existe riesgo de convertir a las personas en simples medios para lograr avances científicos.
Por ello, la ética biomédica no debe entenderse como un obstáculo añadido a la investigación, sino como una condición indispensable de su credibilidad.
Nuevos desafíos, viejas preguntas
El legado de Tuskegee resulta especialmente relevante en una época marcada por el avance acelerado de la inteligencia artificial, la secuenciación genética o el análisis masivo de datos sanitarios. Las amenazas actuales rara vez adoptan la forma explícita de los experimentos del siglo XX, pero pueden aparecer en algoritmos discriminatorios, cesiones masivas de datos clínicos o investigaciones realizadas en poblaciones vulnerables.
Por ello, la investigación biomédica ya no se enfrenta solo al riesgo de causar daño físico directo. También debe responder a cuestiones relacionadas con privacidad, autonomía, equidad y a un acceso justo a los beneficios de la innovación científica.
En este contexto, los comités éticos desempeñan un papel fundamental. Su función no consiste únicamente en aprobar o rechazar proyectos, sino en recordar que el progreso científico pierde legitimidad cuando ignora la dignidad humana.
La historia demuestra que ningún sistema está completamente inmunizado frente a los abusos. Precisamente por ello, la vigilancia ética debe ser constante y adaptarse al ritmo de las nuevas tecnologías biomédicas.
La ciencia debe tener reglas
Existe una tentación recurrente en la historia de la medicina: pensar que un posible beneficio futuro justifica determinados sacrificios presentes. Tuskegee representa uno de los ejemplos más extremos de esa lógica.
Pero la experiencia histórica ha demostrado que separar ciencia y ética acaba deteriorando ambas. Una investigación basada en el engaño o la desigualdad no solo resulta moralmente inaceptable; también erosiona la confianza pública necesaria para el desarrollo científico.
Quizá la principal lección de Tuskegee sea que la ética debe siempre formar parte de la propia cultura científica. Porque la pregunta esencial nunca debería ser qué puede hacerse técnicamente, sino también bajo qué condiciones.
Aún hoy debería avergonzarnos que, incluso después de los crímenes contra la humanidad y pseudociencia del régimen nazi y la Declaración de Helsinki de 1964, pudieran llevarse a cabo investigaciones que vulneraban tan gravemente la dignidad humana. El caso Tuskegee debe permanecer como un recordatorio permanente para que bioética e investigación biomédica avancen siempre juntas. Sólo así el progreso científico se acompaña de la mejor de las calidades humana y asistencial.
Santiago Roura Ferrer recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Instituto de Salud Carlos III, que dedica exclusivamente a investigaciones en el área de estudio de las enfermedades cardiovasculares. Asimismo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y declara carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Los docentes han salido a la calle tanto en la Comunidad Valenciana como en Cataluña. Reclaman más personal, aumento de sueldos, menos burocracia… Más allá de las peticiones concretas, ¿qué diagnóstico hace la investigación reciente de la situación real del día a día de profesores y profesoras y de su repercusión sobre el aprendizaje del alumnado? ¿Y qué soluciones puede proponer la academia, con los datos en la mano resultantes de la investigación?
Fernando Marhuenda
Didáctica y Organización Escolar, Universitat de València
Ya en 2010 señalaba el sociólogo francés Françóis Dubet que la institución escolar, como otras instituciones propias de la modernidad, hijas de la Ilustración, se encuentra en declive: ha dejado de ser un espacio admirado o sagrado (las películas sobre maestros de la República son un claro testimonio de lo que significaba la escuela y la figura del maestro entonces). También ha dejado de ser un espacio uniforme. Hoy en día se le exige atender a la diversidad de manera inclusiva y no segregadora. Además, ha perdido el monopolio de la transmisión cultural que una vez tuvo.
Durante la pandemia de covid-19 se vio que la institución escolar era prescindible. El oficio de enseñar no era una de las ocupaciones consideradas como esenciales. Quedaba así demostrado que la función tradicional de custodia tenía un peso tan importante como el de la transmisión de conocimiento. Y el debate más importante para familias y administraciones fue, en cualquier caso, ajustar y adaptar los sistemas de evaluación más que empeñarse en mantener los estándares de aprendizaje.
Al profesorado se le exige hoy en día trabajar en unas condiciones para las que no basta la vocación. La organización escolar apenas se ha modificado en las últimas décadas, pero se le reclama desempeñar funciones que parecen desplazar a la principal. El aparente bienestar del alumnado parece ser más importante que el valor del saber.
No es fácil el trabajo docente en la actualidad, y el margen de mejora es amplio, tanto en la formación inicial como en la organización escolar. En esta última, urge incorporar nuevas figuras a los centros escolares para acometer funciones propias de la educación social, el trabajo social o la enfermería, por mencionar tres cada vez más evidentes.
Òscar Flores i Alarcia
Didáctica y Organización Escolar, Universitat de Lleida
El malestar docente que hoy se expresa en forma de protestas no puede reducirse a una reivindicación salarial. Responde a una tensión más profunda: la sociedad pide a la escuela que sea más inclusiva, personalice el aprendizaje, acompañe emocionalmente al alumnado y responda a realidades sociales cada vez más complejas. Pero estas exigencias no siempre han ido acompañadas de las condiciones necesarias, especialmente de más recursos humanos en los centros.
La investigación ayuda a entenderlo. Los estudios muestran que la sociedad valora positivamente a los docentes, pero este reconocimiento no siempre se traduce en prestigio, salario, autonomía o un apoyo efectivo. Según el informe más reciente sobre el bienestar y situación de los docentes, TALIS 2024, el estrés docente deriva de la combinación de una elevada carga de trabajo, una gestión compleja del aula, condiciones laborales desajustadas y cambios constantes.
Por ello, para lograr una inclusión efectiva, esta debe dejar de depender del esfuerzo individual y convertirse en una responsabilidad compartida del sistema. Hace falta formación específica en diversidad, sí, pero también más maestros, especialistas, profesionales de apoyo y tiempo de coordinación en las aulas.
En este sentido, la codocencia puede ser una buena solución: permite compartir la responsabilidad educativa, atender mejor a la diversidad, reducir el aislamiento docente y generar respuestas más ajustadas a las necesidades del alumnado.
Jessica Cabezas
Educación y Societat, Universitat de Barcelona
En educación llevamos años pidiendo a los docentes que hagan más cosas y, además, que las hagan mejor: que personalicen el aprendizaje, que atiendan a la diversidad, que integren la tecnología, que mejoren la convivencia, que den respuesta al malestar emocional del alumnado, sin olvidar coordinarse con las familias. El problema es que la investigación lleva tiempo señalando que no se puede ampliar indefinidamente la misión de la escuela sin revisar las condiciones reales del trabajo docente.
En España, el problema se agrava por un desajuste concreto entre lo que se pide a la escuela y la preparación con la que termina una parte del profesorado. Según los últimos informes, solo el 35 % de los docentes en España se considera formado para enseñar en aulas con distintos niveles de capacidad durante su formación inicial. Y aún menos, el 28 % se consideraba preparado para hacerlo al finalizar sus estudios.
En el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación, solo el 36 % se sentía preparado. En primaria, un 23 % de las direcciones informaba de que la calidad de la enseñanza se veía obstaculizada por la falta de profesorado con competencias para enseñar a estudiantes con necesidades específicas. Esto nos indica que estamos exigiendo inclusión, atención a la diversidad y adaptación curricular sin haber reforzado suficientemente la formación profesional para sostener estas competencias que se demandan.
Si, además, la investigación nos dice que el profesorado llega poco preparado para enseñar en contextos heterogéneos, la formación inicial no puede seguir organizándose como si la diversidad fuera un tema lateral.
La atención a la diversidad, el trabajo con grupos de distinta composición, la evaluación formativa, la enseñanza colaborativa y la toma de decisiones pedagógicas en contextos complejos deberían formar parte del núcleo de la formación docente. En este sentido, la universidad no solo puede diagnosticar el problema: también tiene la responsabilidad de revisar qué tipo de profesional está contribuyendo a formar.
Gerard Ferrer-Esteban
Psicología y Ciencias de la Educación, Universitat Oberta de Catalunya
La burocracia es una de las causas del malestar docente que atraviesa todas las movilizaciones del personal en Cataluña y la Comunidad Valenciana. El exceso de trámites afecta al tiempo, a las prioridades y al propio sentido de la tarea educativa. Pero el problema no es tanto la existencia de procedimientos administrativos, que son necesarios para garantizar derechos, transparencia y equidad, sino su acumulación, fragmentación y escasa utilidad pedagógica.
A lo largo del tiempo se acumulan formularios, planes, memorias, solicitudes e informes que eclipsan las tareas que dan sentido al oficio docente: preparar las clases, coordinarse pedagógicamente y acompañar al alumnado. Esto es también lo que denuncian muchas direcciones cuando señalan que esta carga les impide dedicar suficiente tiempo al liderazgo pedagógico, al apoyo al profesorado y a la mejora de los aprendizajes.
En estos contextos de claustros inestables y necesidades del alumnado más exigentes, la burocracia no es solo una carga añadida, sino un factor que debilita aún más la capacidad del centro para dar respuesta a la complejidad. Los trámites para justificar, registrar o rellenar solicitudes no solo consumen tiempo, sino que compiten con tareas de atención a la diversidad, seguimiento del alumnado más vulnerable, coordinación con servicios externos y comunicación con las familias.
Lo que se cuestiona en estas movilizaciones es la confusión entre mejora y registro, entre acompañamiento y control, o entre evidencia y acumulación documental. El riesgo es precisamente que se produzca este desacoplamiento: instrumentos pensados para mejorar el sistema pueden acabar alimentando prácticas burocráticas si no se diseñan con tiempo, apoyo y sentido profesional.
En este contexto, el Plan de desburocratización de los centros educativos 2026-2028 del gobierno catalán podría ser una oportunidad. Pero solo si se entiende como una política de cambio organizativo y no únicamente como una apuesta por la digitalización. Centralizar aplicaciones, automatizar trámites, mejorar la interoperabilidad de datos, simplificar documentos y ordenar la comunicación con los centros son medidas necesarias.
El malestar docente también tiene que ver con una sensación creciente de desorientación pedagógica. En los últimos años, la escuela ha acumulado reformas, cambios curriculares y nuevas metodologías que, a menudo, se han implementado con prisas, con poco debate profesional y sin las condiciones necesarias para que el profesorado pueda incorporarlas con sentido. Esto ha generado la percepción de que muchas decisiones educativas llegan más desde la lógica política o administrativa que desde la evidencia pedagógica o la realidad de los centros.
La investigación hace tiempo que alerta de este riesgo. Los estudios sobre cambio educativo muestran que las reformas solo tienen impacto cuando el profesorado participa activamente en su construcción y dispone de tiempo, estabilidad y apoyo para desarrollarlas. Cuando los cambios se encadenan sin consolidarse, el resultado suele ser cansancio, fragmentación y una sensación de inseguridad profesional. Cabe decir que esta “fatiga” no es exclusiva de nuestro país. Otros estudios han evidenciado este cansancio ante el cambio continuo y la necesidad de “innovar por innovar”.
En este contexto, muchas de las movilizaciones actuales expresan también la necesidad de recuperar espacios de confianza y autonomía docente. No se trata de rechazar la innovación o la transformación educativa, sino de evitar que estas se conviertan en una sucesión de consignas poco conectadas con las necesidades reales de las aulas.
Por ello, cualquier mejora del sistema educativo debería pasar por reforzar las condiciones que permiten construir proyectos pedagógicos sólidos y estables: equipos docentes cohesionados, tiempo para la reflexión compartida, liderazgos pedagógicos estables y una relación más estrecha entre investigación, administración y práctica educativa. Todo ello, sumado a solucionar la falta sistémica de reconocimiento de la tarea docente.
Las investigaciones de Gerard Ferrer-Esteban se desarrollaron durante su etapa como investigador postdoctoral Marie Skłodowska-Curie en el proyecto Reformed, en la UAB, financiado por el European Research Council (ERC), y en el marco de un contrato financiado por la Fundación Bofill.
Aleix Olondriz Valverde, Fernando Marhuenda Fluixá, Jessica Cabezas Alarcón y Oscar Flores i Alarcia no reciben salarios, ni ejercen labores de consultoría, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del puesto académico citado.
Ojos compuestos con 30 000 facetas, retinas con 16 tipos de fotorreceptores, pupilas que detectan luz polarizada… Ante la deslumbrante diversidad de sistemas visuales del reino animal, ¿cómo acabamos nosotros con lo que tenemos? La respuesta está en una historia evolutiva larga y accidentada, en la que ganamos y perdimos capacidades según las presiones de cada época.
Nuestra visión no es el resultado de una carrera hacia la perfección, sino el rastro de una serie de compromisos adaptativos. Entender esos compromisos dice tanto sobre nuestra biología como sobre quiénes somos.
Una herencia empobrecida
El punto de partida es sorprendente: los ancestros de todos los vertebrados poseían seis tipos de genes de opsinas –proteínas de membrana sensibles a la luz que forman pigmentos visuales esenciales para la visión en conos y bastones de la retina–, lo que probablemente les confería una visión tetracromática. Este tipo de visión se caracteriza por percibir mayor número de colores (longitudes de onda) gracias a la presencia de cuatro conos en la retina.
Muchos peces, reptiles y aves conservan hoy esa dotación. Los mamíferos placentarios, en cambio, la redujeron a dos: la opsina de onda corta, sensible al azul, y la de onda media-larga, sensible al rojo-verde, quedando así como dicromáticos; esto es, capaces de percibir los colores utilizando solamente dos tipos de conos.
La razón exacta de esa pérdida no se conoce con certeza molecular, pero la hipótesis más aceptada apunta a decenas de millones de años de actividad nocturna: en la oscuridad, los conos aportan poco y la presión selectiva dejó de mantener ese repertorio cromático.
La recuperación: varias soluciones independientes
Como apuntábamos, los conos son los fotorreceptores que detectan los colores (captan longitudes de onda pertenecientes al rango de la luz visible). Pero en condiciones de oscuridad, los fotorreceptores que aportan más señal son los bastones, aquellos que permiten detectar la diferencia entre luz y oscuridad. Funcionan de forma distinta a los conos, que solo se activan cuando incide sobre ellos la luz de determinada frecuencia. Los bastones se inactivan cuando llega cualquier radiación del espectro visible, y eso genera la “señal de visión” en nuestro cerebro.
Al aparecer los primates, estaban dotados con una visión del color comparable a la de un perro. Pero la historia no terminó ahí. Cuando algunos linajes de primates volvieron a la actividad diurna en los bosques tropicales, la selección natural encontró de nuevo razones para invertir en color. Distinguir frutos rojos maduros entre el follaje verde supone una ventaja considerable para la supervivencia.
La solución fue recuperar un tercer tipo de cono, pero lo notable es que esto ocurrió varias veces y por vías distintas en diferentes linajes de primates. En los primates del Viejo Mundo (simios y monos como los macacos, los chimpancés y nosotros mismos) se produjo mediante la duplicación de un gen de opsina en el cromosoma X: una copia del gen original se duplicó y, con el tiempo, cada copia se especializó en detectar longitudes de onda ligeramente diferentes, lo que permitió distinguir el rojo del verde.
En muchas especies de monos del Nuevo Mundo (como los monos ardilla o los titíes) el mecanismo fue distinto: no hubo duplicación del gen, sino que un mismo gen existe en varias versiones o variantes dentro de la población, de forma que distintos individuos tienen distintos tipos de cono según qué variante heredaron.
Que la visión tricromática –capacidad para percibir colores basada en tres tipos de conos en la retina, sensibles a ondas largas (rojo), medias (verde) y cortas (azul)– emergiera de forma independiente en linajes separados, por mecanismos diferentes, es una señal elocuente de cuán fuerte fue la presión selectiva del bosque tropical diurno: la ventaja para la supervivencia de distinguir frutos maduros entre el follaje era tan grande que la evolución encontró más de un camino para conseguirlo.
En definitiva, cuando la evolución tropieza con el mismo problema en contextos similares, suele conducir a soluciones parecidas.
La apuesta por el cerebro
Aquí es donde la historia humana toma su giro más característico. Lo verdaderamente distintivo de nuestra línea evolutiva no está en los ojos, sino en lo que viene después. Mientras otros grupos resolvieron el problema de ver multiplicando tipos de fotorreceptores y procesando la información directamente en la retina, los vertebrados tomaron otro camino: pocos receptores, pero un sistema nervioso central capaz de hacer el trabajo pesado.
Los primates y, especialmente, los humanos, llevamos esa estrategia al extremo. Nuestra corteza visual ocupa una proporción del cerebro sin parangón entre los mamíferos. Construimos representaciones del mundo extraordinariamente detalladas, estables e interpretadas: no vemos luz, vemos objetos, rostros, expresiones, profundidad, movimiento. El ojo recoge, el cerebro elabora.
El precio de la especialización
Sin embargo, toda apuesta evolutiva tiene sus costes. La dependencia de solo tres tipos de conos (más de los que tienen la mayoría de mamíferos, pero menos de lo que tuvieron nuestros ancestros vertebrados) hace que entre un 3 % y un 8 % de los varones humanos presenten alguna forma de daltonismo, que es la dificultad para distinguir ciertos colores, habitualmente el rojo y el verde. Lo llamativo no es solo el porcentaje en sí, sino el contraste con el resto de primates del Viejo Mundo.
A eso se suman otras limitaciones: no vemos luz ultravioleta, que sí perciben abejas, aves y algunos mamíferos; y nuestro campo visual es estrecho y frontal, óptimo para la visión estereoscópica, pero pobre en periferia. Estos no son defectos de diseño, sino el precio visible de haber apostado por la profundidad de procesamiento sobre la amplitud sensorial.
La paradoja final
Es curioso que el animal que ha desarrollado la ciencia de la óptica, que ha construido telescopios y microscopios, que ha descifrado cómo ven una mantis o un águila, es también uno de los vertebrados con un sistema visual más limitado en términos comparativos.
Lo que nos permitió comprender la visión ajena no fue tener mejores ojos, sino tener un cerebro capaz de trascender lo que los ojos nos dan. Nuestra debilidad sensorial y nuestra grandeza cognitiva son dos caras de la misma moneda evolutiva. Ver menos, para entender más.
Ángela Jimeno Martín no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Nos gusta pensar que decidimos por nosotros mismos. Que elegimos qué ver, qué comprar, qué opinar. Que somos, en última instancia, sujetos autónomos navegando en un espacio abierto de posibilidades. Pero esa imagen empieza a resquebrajarse cuando observamos con más detenimiento cómo funcionan los entornos digitales en los que pasamos buena parte de nuestra vida cotidiana.
La sociología lleva tiempo recordándonos que la libertad nunca opera en el vacío. Como planteó el sociólogo francés Pierre Bourdieu, nuestras decisiones están siempre orientadas por estructuras previas que delimitan lo que percibimos como posible. Hoy, esas estructuras no solo son sociales: son también algorítmicas.
Internet no nos quita la capacidad de decidir, sino que hace algo más sofisticado: configura el marco dentro del cual decidimos.
1. Elegimos lo que vemos, pero no lo que aparece
Cuando abrimos una red social o hacemos una búsqueda, no accedemos a “todo lo que hay”, sino a una selección previa. Un filtro invisible ha decidido antes qué merece nuestra atención. No sentimos que eso limite nuestra libertad porque seguimos eligiendo, pero lo hacemos dentro de un menú ya configurado.
Ahí es donde el poder se vuelve sutil, casi imperceptible. Como sugería Michel Foucault, no hace falta imponer conductas si se puede organizar el campo de lo posible.
2. Creemos que algo es importante porque nos lo ponen delante muchas veces
Hay temas que parecen inevitables. Están en todas partes: en titulares, en vídeos, en conversaciones digitales. Poco a poco, empiezan a ocupar más espacio en nuestra mente. No es casualidad, sino el resultado de procesos de selección que deciden qué circula y qué queda relegado.
Como explicaba Niklas Luhmann, los sistemas sociales funcionan reduciendo complejidad. Internet lo hace simplificando el mundo hasta convertirlo en aquello que aparece en pantalla.
Lo que no aparece simplemente deja de existir para nosotros.
3. Formamos opiniones en entornos que ya están inclinados
Muchas veces creemos que nuestras opiniones son el resultado de una reflexión personal. Pero lo cierto es que solemos construirlas en espacios donde ciertas ideas ya están reforzadas.
Leemos, escuchamos y vemos contenidos que apuntan en direcciones similares. Con el tiempo, eso genera la sensación de que “todo el mundo piensa así”.
Eso es hegemonía en el sentido que le confería el intelectual y filósofo italiano Antonio Gramsci: no hace falta obligar a nadie a pensar algo si se logra que determinadas ideas parezcan las más razonables, las más evidentes, las más normales.
4. Sentimos de determinada manera porque el entorno nos empuja a ello
Hay contenidos que circulan más porque generan indignación; otros porque producen miedo; y otros porque refuerzan identidades o pertenencias. Sin darnos cuenta, nos movemos emocionalmente dentro de esos marcos. Nos indignamos cuando toca indignarse, nos alarmamos cuando toca alarmarse, e internet lo sabe porque conoce nuestros gustos.
En términos de la profesora de Sociología estadounidense Arlie Russell Hochschild, podríamos decir que hay una especie de “guía emocional” implícita que orienta cómo debemos sentir en cada momento.
5. Compramos lo que creemos querer pero ese deseo ya estaba anticipado
Las recomendaciones parecen adaptarse a nuestros gustos. Y en parte lo hacen, pero también los modelan. Después de ver ciertas cosas, empezamos a interesarnos por otras similares. Poco a poco, nuestras preferencias se vuelven más previsibles… y más dirigidas.
Aquí se cumple, en versión digital, una intuición clásica de Karl Marx: el sistema no solo responde a necesidades, también las produce.
No solo elegimos lo que queremos. Terminamos queriendo lo que aparece disponible.
6. Pensamos rápido, pero cada vez pensamos menos en profundidad
La lógica de internet premia la velocidad. Respuestas rápidas, contenidos breves, explicaciones simples. Eso facilita el acceso, pero tiene un coste: la pérdida de matiz, de duda, de elaboración.
Como advertía el sociólogo y filósofo estadounidense Herbert Marcuse, el riesgo de una sociedad altamente funcional es la reducción del pensamiento a una sola dimensión: lo inmediato, lo útil, lo evidente. Pensar despacio empieza a parecer un lujo innecesario.
7. Hablamos como la plataforma permite que hablemos
No solo cambia lo que decimos, sino cómo lo decimos.
Los formatos digitales –memes, hashtags, frases cortas– condicionan el tipo de lenguaje que utilizamos. Y, con ello, el tipo de ideas que podemos expresar.
Porque, como señalaba Ludwig Wittgenstein, los límites del lenguaje son también los límites del pensamiento.
Si el lenguaje se estrecha, también lo hace nuestra capacidad de imaginar otras formas de ver el mundo.
8. Y, lo más importante: todo esto nos parece completamente normal
Quizá lo más inquietante no es ninguna de las formas anteriores por separado, sino el hecho de que todas ellas han dejado de resultarnos problemáticas.
No sentimos que algo nos esté condicionando, ni percibimos pérdida de autonomía, ni detectamos imposición. Simplemente, vivimos así.
Eso es lo que los filósofos Theodor W. Adorno y Max Horkheimer identificaron como una de las formas más eficaces de dominación: aquella que no se reconoce como tal.
Una pregunta final difícil de esquivar
Si todo lo que ve, lo que le interesa, lo que le emociona, lo que desea –e incluso la forma en que lo nombra– ocurre dentro de entornos previamente organizados por otros, ¿qué parte de su vida seguiría siendo reconocible como “suya” si, de pronto, quedara fuera de esos entornos?
Y, aún más inquietante: si no puede responder con claridad ¿sigue decidiendo o simplemente está habitando decisiones que alguien (o algo) ya tomó por usted?
Puede llevarse esta pregunta a la cama. Pero, cuidado: hay preguntas que, una vez pensadas, ya no nos devuelven la misma vida. Porque algunas preguntas funcionan como aquella pastilla roja de Matrix: no nos dan respuestas, nos obligan a ver lo que ya no podemos dejar de ver.
Víctor Hugo Pérez Gallo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
El SAP fue formulado en 1985 por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner, quien lo describió como un trastorno infantil característico de los conflictos por la custodia. Se caracterizaría por una “campaña difamatoria” del menor contra uno de los progenitores, sin fundamento suficiente y provocada por la influencia o adoctrinamiento ejercido por el otro progenitor.
Ausente de los manuales
Pero ¿qué validez científica se le concede? En medicina, un síndrome es un conjunto de síntomas o comportamientos que suelen aparecer juntos de forma repetida y que permiten identificar un determinado problema o trastorno. Los síndromes pueden tener causas muy distintas –genéticas, neurológicas, ambientales o incluso todavía desconocidas–, pero lo característico es que ciertos síntomas tienden a presentarse asociados de manera habitual y no por simple casualidad.
Algunos síndromes cuentan con amplio reconocimiento científico y aparecen en los principales manuales médicos internacionales, mientras que otros siguen siendo discutidos porque no existe suficiente consenso entre los especialistas. Esto es precisamente lo que ocurre con el síndrome de alienación parental, cuya consideración como síndrome clínico no está aceptada de forma generalizada en la comunidad científica.
Los dos principales manuales internacionales utilizados para clasificar enfermedades y trastornos mentales son el Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). El DSM es elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría y la CIE, por la Organización Mundial de la Salud.
Cuando un problema aparece reconocido en estos manuales suele entenderse que existe un amplio grado de aceptación científica y clínica internacional sobre su existencia y características. El SAP no ha sido incluido en ninguno de ellos.
Una prohibición ya existente
La propia LOPIVI establece que los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para impedir el uso del SAP. La reforma actualmente en tramitación parece, por tanto, reforzar una orientación que en buena medida ya estaba presente. Diversos estudios sostienen que las alegaciones de “alienación parental” pueden funcionar, en determinados procedimientos, como estrategia procesal para desacreditar denuncias de violencia o abuso.
El uso del SAP corre el riesgo de desoír las manifestaciones del menor –y del progenitor denunciante– bajo la premisa de que responderían exclusivamente a una supuesta manipulación psicológica. A ello se añade que las propias actuaciones de protección o cautela del progenitor denunciante pueden reinterpretarse como nuevas formas de “programación” del menor, generando un razonamiento circular difícilmente verificable desde el punto de vista pericial.
Sin embargo –y este es el punto central–, el rechazo del SAP como categoría clínica no implica negar la existencia, en ocasiones, de dinámicas familiares profundamente tóxicas. La comunidad científica y jurídica admiten la existencia de conductas de manipulación deliberada o descalificación sistemática de un progenitor hacia el otro capaces de ocasionar daños psicológicos al menor y de constituir formas de abuso emocional infantil.
La cuestión central reside, por tanto, en el diagnóstico diferencial. El rechazo del menor hacia uno de los progenitores puede obedecer tanto a procesos de manipulación como a experiencias reales de maltrato físico o psicológico, negligencia, abandono o abuso sexual. Distinguir adecuadamente ambas situaciones constituye una tarea particularmente compleja.
Para abordar ese diagnóstico diferencial, el DSM-5 ya contiene categorías clínicas y reconocidas internacionalmente que permiten describir situaciones familiares conflictivas sin recurrir a un modelo especialmente controvertido como el SAP.
Los múltiples orígenes de un conflicto
Los conflictos familiares que llegan a los juzgados suelen estar condicionados por múltiples factores, entre ellos las dificultades de conciliación, el elevado coste de la vivienda, la precariedad laboral o la inseguridad económica. Reformar únicamente el procedimiento sin actuar sobre esas variables supone intervenir sobre el síntoma, pero no sobre algunas de las causas que alimentan la conflictividad familiar.
En España, además, los horarios laborales y sociales particularmente tardíos –favorecidos también por el actual huso horario y por jornadas prolongadas– reducen el tiempo efectivo para la vida familiar, dificultan el acompañamiento cotidiano de los menores, limitan la supervisión del uso de pantallas y la prevención temprana del consumo de contenidos pornográficos y afectan al descanso y al cuidado de los hijos.
¿Qué puede cumplir el sistema?
El anteproyecto inicia ahora su tramitación parlamentaria. Lo prudente es distinguir entre tres planos: lo que el texto legal establece, lo que el Gobierno afirma que la reforma conseguirá y lo que las condiciones materiales del sistema permitirán realmente alcanzar.
Las medidas previstas pueden responder a problemas reales. Sin embargo, también corren el riesgo de permanecer en un plano simbólico si no van acompañadas de recursos suficientes y capacidad técnica adecuada.
La cuestión decisiva no es si la reforma resulta políticamente atractiva o técnicamente impecable, sino si dentro de unos años el sistema contará con equipos psicosociales suficientes para escuchar de forma adecuada a una niña de ocho años y para distinguir, con el rigor exigible, entre un rechazo inducido y un rechazo basado en experiencias reales de violencia, negligencia o abuso.
El derecho no puede limitarse a reaccionar frente a las consecuencias del conflicto familiar, sino que debe atender también a algunos de los factores estructurales que favorecen la fragilidad de los vínculos familiares y el incremento de la conflictividad contemporánea.
Si verdaderamente se pretende reforzar la protección del menor, el debate no debería agotarse en la respuesta procesal o sancionadora, sino extenderse asimismo a políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones materiales y culturales que permiten la estabilidad de la familia: la conciliación entre vida familiar y laboral, una organización más humana y racional de los horarios; la protección de los menores frente a la exposición temprana a la pornografía y el acceso a contenidos que pueden afectar negativamente a su desarrollo afectivo y moral; un mercado de vivienda que ofrezca posibilidades reales de acceso a las familias recién constituidas, y el acceso a una educación de calidad en un marco de pluralismo educativo.
Juan José Guardia Hernández no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
