Corredor interno en las paredes exteriores para el paso de los antiguos guerreros en el castillo de Abrand, Shahediyeh, cerca de Yazd, Irán. La fortaleza fue construida durante el período sasánida.Poliorketes/Shutterstock
Una versión de este texto se publicó por primera vez en nuestro boletín Suplemento cultural, un resumen quincenal de la actualidad cultural y una selección de los mejores artículos de historia, literatura, cine, arte o música. Si quiere recibirlo, puede suscribirse aquí.
Hablemos de Irán. De hecho, más que hablar, les ofrezco leer sobre ello. Porque se menciona mucho a Irán estos días, sus ciudadanos, el islam, el velo, la represión. Decimos cosas, pero en ocasiones conocemos poco aquello que no dejamos de sacar en las conversaciones. Por eso Carlos Martínez Carrasco acudió al rescate y desarrolló, en un artículo histórico fabuloso, dónde nace la identidad iraní, su cultura.
Martínez Carrasco recorre su pasado sasaní, preislámico, y también la impronta religiosa tras la conquista árabe. Asimismo, alude a las referencias que el actual régimen hace de esos mitos antiguos para utilizarlos como propaganda. Su repaso abre la puerta a una cultura rica en matices que ha sufrido apropiaciones interesadas por demasiadas figuras. Conocer el pasado, hacer memoria y permitir que todos poseamos esa información sienta las bases de un futuro que esperamos sea mejor, pacífico y posible para esa tierra.
Y si queremos hablar de potencia cultural, China, que cuenta con 56 etnias diferentes, es otro ejemplo de ello. Al hilo de la nueva aprobación de la llamada “ley de unidad étnica”, explicamos tanto el origen de la civilización han, etnia mayoritaria en el país, como la importancia del patrimonio de esas otras 55 que ahora se ven más desprotegidas.
Los retos tecnológicos
¿Alguna vez han oído hablar del “valle inquietante”? Es ese límite que cruzan algunos avances tecnológicos cuando nos provocan, al parecerse tanto a los humanos, un poquito de yuyu; ese ver algo que se mueve como un señor, que parece que habla como un señor pero que… no es un señor.
Se solía aplicar, obviamente, a los robots, pero ahora que la inteligencia artificial está cogiendo fuerza, cada vez hay más entornos en los que notamos que algo (o alguien) no llega a ser humano del todo. Ricardo Fernández Rafael explica perfectamente qué problemas nos crea no saber si estamos viendo, escuchando o interactuando con un ente de carne y hueso o de unos y ceros.
Las salas no descansan
En las carteleras españolas coinciden dos películas de sendos pesos pesados en la industria nacional: Santiago Segura y Pedro Almodóvar.
El primero ha estrenado la sexta entrega de su saga sobre Torrente, un filme en el que este se postula a presidente del país y que, por tanto, contiene más carga política que los anteriores.
Sin embargo, la sociedad que ha recibido con los brazos abiertos esta película –lleva más de 16 millones recaudados– no es la misma de hace una década, y eso se revela tanto a la hora de percibir la ironía de la propuesta como al abrazar el mimetismo con su protagonista.
El director más internacional del cine español, por su parte, presenta en Amarga Navidad un ejercicio de metacine en el que la autoficción y la discusión sobre si es ético narrar la vida privada de otros en público ocupan el centro del argumento.
Para rematar, les regalamos una lectura preciosa que tal vez les remita a su infancia, a su adolescencia o, como en mi caso, a la nostalgia de un tiempo que no viví pero que, tras amar Cinema Paradiso, querría haber conocido: el cine de barrio.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Carlos Javier Durá Alemañ, Investigador Ramón y Cajal. Derecho de la Biodiversidad., Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA – CSIC)
La conservación de la naturaleza no solo depende de la biología, la ecología o la legislación ambiental. También depende, en buena medida, de la capacidad de la sociedad civil para vigilar, denunciar y protestar contra las actividades que dañan el medio ambiente.
En España, la entrada en vigor en 2015 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como “ley mordaza”, supuso un cambio de paradigma que ha afectado negativamente al activismo ecológico. Al criminalizar la protesta pacífica y limitar la libertad de expresión, esta norma ha creado un “efecto disuasorio” que debilita la lucha por la conservación de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático.
Desafortunadamente, España se ha convertido en un ejemplo que varios países europeos (Reino Unido, Francia, Hungría, Alemania o Dinamarca) están tomando como referencia hacia el endurecimiento de las leyes de seguridad ciudadana y de orden público. Varias organizaciones de derechos humanos como la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa han expresado preocupación por el “potencial represivo” de las leyes de seguridad ciudadana que estos Estados están implantando.
El activismo en el punto de mira
El activismo ambiental es, por definición, una forma de acción política que busca proteger el entorno frente a amenazas, a menudo causadas por grandes intereses económicos o por negligencias administrativas. Históricamente, las protestas y las acciones directas no violentas (como las de ONG como Greenpeace y Ecologistas en Acción o de plataformas locales) han sido clave para visibilizar la destrucción ambiental.
Sin embargo, la ley mordaza ha transformado estas acciones en un riesgo jurídico y económico elevado. Las infracciones graves y muy graves introducidas por la ley permiten imponer multas que oscilan entre los 601 y los 600 000 euros. Para muchas personas e incluso para muchos colectivos ecologistas, estas cifras no son sanciones, sino que en la realidad se convierten en medidas de “represión social y desmovilización ciudadana”.
Por un lado, se produce una criminalización de la protesta pacífica: acciones simbólicas clásicas, como encadenarse a una maquinaria u ocupar terrenos en defensa del patrimonio natural, son castigadas con una contundencia desproporcionada.
También hubo desproporción en considerar terroristas a los activistas que participaron en 2022 y 2023 en diversas acciones de desobediencia civil no violenta para reclamar mayores y más eficaces medidas políticas ante el cambio climático. Tanto Naciones Unidas como Amnistía Internacional recordaron al Fiscal General del Estado que el derecho de protesta se estaba vulnerando con esta categorización de terroristas a los activistas climáticos. Algo que se había visto venir tras la ambigua definición jurídica en la que había quedado el terrorismo.
El miedo a las sanciones económicas desproporcionadas se traduce en que muchos activistas y organizaciones limitan sus acciones reduciéndose mucho la presión social sobre los destructores de la naturaleza.
La principal consecuencia de la ley mordaza, es el llamado “efecto disuasorio”. Activistas de diversas organizaciones han denunciado que la ley reprime la protesta, obligando a los defensores de la naturaleza a guardar silencio o a limitar sus actuaciones frente a lugares simbólicos como el Congreso de los Diputados o las delegaciones de Gobierno.
En un contexto de emergencia climática y pérdida de biodiversidad, reducir la capacidad de la ciudadanía para protestar es una amenaza directa a la conservación de la naturaleza y la sostenibilidad ambiental, siempre amenazadas por intereses privados.
La vigilancia ciudadana es imprescindible, ya que las autoridades se ven desbordadas y, en muchas ocasiones, son los ecologistas los primeros en descubrir actividades ilícitas que las autoridades no detectan, ignoran o incluso en ocasiones, provocan.
Al disminuir esta vigilancia por miedo a las multas, la biodiversidad queda desprotegida y los riesgos ambientales como el cambio climático o las distintas formas de contaminación se vuelven mucho más peligrosos para la ciudadanía.
A lo largo de los más de diez años de vigencia de esta norma, las organizaciones ecologistas han reportado múltiples casos donde el activismo ha sido sancionado bajo el amparo de la seguridad ciudadana. La ley mordaza no solo afecta a grandes ONG; plataformas locales que luchan contra megaproyectos (minería, proyectos de implantación de energías renovables sin ordenación, infraestructuras innecesarias) se ven desbordadas por sanciones administrativas, lo que paraliza de facto sus movimientos en defensa del territorio.
La ley mordaza bloquea radicalmente las protestas de grupos pequeños o de individuos aislados, que se ven completamente desamparados ante esta “nueva” ley.
La ley mordaza nos desprotege a todos
La conservación de la naturaleza y la acción climática requieren un entorno democrático fuerte y transparente donde la ciudadanía pueda alzar la voz sin miedo a represalias. La ley mordaza funciona como un mecanismo que prioriza el orden público –entendido a veces como la protección de intereses económicos o políticos concretos– frente al derecho universal a un medio ambiente sano y frente al derecho a la libertad de expresión.
Mientras la ley siga vigente con los términos actuales, el activismo ambiental operará bajo la sombra de la inseguridad. Para una verdadera conservación de la biodiversidad en España, es indispensable garantizar que los defensores de la naturaleza puedan protestar pacíficamente sin ser criminalizados, asegurando que la protección del territorio siga siendo un derecho ciudadano cuyo ejercicio nos beneficia a todos y no una actividad de alto riesgo.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Antonia Moreno Cano, Investigadora Asociada en el Equipo de Investigación en Comunicación, Universidad de Deusto
Imagine por un momento que enciende su ordenador o su móvil… y no puede leer nada. No distingue los botones, no comprende los menús, no puede completar un formulario. Lo que para la mayoría es rutina, para millones de personas es una barrera cotidiana.
En España, solo el 7 % de las personas con discapacidad visual accede a formación en tecnologías. El 93 % restante queda excluido, con graves consecuencias para su autonomía y participación social. No es un dato menor: es una brecha que condiciona la autonomía, la empleabilidad y la participación social.
La tecnología tiene el potencial de cambiar esta realidad. Pero solo lo hace cuando es accesible y cuando va acompañada de formación adaptada. De lo contrario, amplifica la desigualdad. Un estudio reciente lo confirma: sin un diseño inclusivo y sin alfabetización digital, estas herramientas no llegan a quienes más las necesitan.
¿Qué implica realmente vivir con baja visión?
Existe una idea extendida (y errónea) de que la discapacidad visual es sinónimo de ceguera total. Sin embargo, muchas personas con baja visión no cumplen los criterios de ceguera legal y, por tanto, no acceden a recursos especializados como los de la ONCE.
Quedan en una especie de zona “gris” del sistema. Sin apoyos estructurados, sin formación específica y, en muchos casos, sin conocer siquiera las soluciones disponibles.
La tiflotecnología (lectores de pantalla, magnificadores o líneas braille) permite superar muchas barreras. Pero el problema no es solo la tecnología: es el acceso a ella. Sin formación, estas herramientas son invisibles.
El resultado es conocido: improvisación, dependencia y, en demasiados casos, aislamiento.
Cuando el diseño excluye
Incluso quienes tienen conocimientos técnicos encuentran muchas barreras. Muchas webs y aplicaciones no cumplen con los mínimos de accesibilidad exigidos por ley. Textos que no se amplían, botones sin etiqueta, colores sin contraste o formularios imposibles de leer son algunos ejemplos.
Esto obliga a depender de familiares o amigos para realizar tareas cotidianas. Trámites bancarios, gestiones públicas o incluso pedir una cita médica pueden convertirse en obstáculos insalvables.
La accesibilidad web no es un lujo. Es un derecho. Y no solo beneficia a las personas con discapacidad visual. También ayuda a mayores, personas con problemas temporales o usuarios con mala conexión o dispositivos antiguos. Además, en España existe una normativa legal específica para la accesibilidad digital, recogida en el Portal de Administración Electrónica del Gobierno de España.
Sí, la tecnología puede ser transformadora
Cuando se cumplen ciertas condiciones, la tecnología cambia vidas. Aplicaciones con voz, lectores de pantalla, funciones de ampliación y herramientas de comunicación han permitido a muchas personas estudiar, trabajar y mantenerse conectadas.
Durante la pandemia, varias personas aprendieron a usar redes sociales y apps de videollamadas para no perder el contacto. En algunos casos, fue esa necesidad de comunicarse la que impulsó el aprendizaje.
Pero estas experiencias siguen siendo la excepción. Muchas personas siguen sin saber qué recursos existen ni a dónde acudir.
¿Qué necesitamos para cerrar esta brecha?
Primero, es necesaria formación especializada. Y fuera de la ONCE, casi no existe. Faltan instructores, materiales y puntos de referencia.
En segundo lugar, es urgente un diseño accesible desde el origen. No como añadido o como un favor. Hacer las webs y apps accesibles desde el principio evita costes futuros y amplía su utilidad.
Además, precisamos voluntad política. La tecnología inclusiva no llega sola. Requiere leyes claras, recursos públicos y campañas de sensibilización.
La brecha digital no se cierra solo con dispositivos. Se cierra con diseño inclusivo, políticas públicas y formación para todos. Como recuerda la UNESCO, el acceso a la información es un derecho universal. Y, como señala la Organización Mundial de la Salud, la pérdida de visión afecta a más de 2 200 millones de personas en el mundo. No podemos permitirnos dejar a millones fuera de la sociedad digital.
Agradecemos especialmente a Fiorella Fuentes por su compromiso y colaboración en el desarrollo del proyecto. Su trabajo ha sido clave para visibilizar la exclusión digital que afecta a muchas personas.
(Una versión de este artículo fue publicada originalmente en la revista Telos de Fundación Telefónica).
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Estefanía Díaz del Cerro, Investigadora Postdoctoral IDISCAM en el Grupo Mixto de Fragilidad y Envejecimiento Exitoso UCLM-SESCAM, Universidad Complutense de Madrid
Hoy cada vez más niños sobreviven al cáncer, y la mayoría alcanza la edad adulta. Sin embargo, para muchos de ellos la historia no termina con la remisión del tumor. Años e incluso décadas después del tratamiento, una proporción significativa de supervivientes presenta dificultades persistentes de atención, memoria y velocidad de procesamiento.
Estos problemas pueden afectar al rendimiento académico, al empleo y a la vida independiente. Son secuelas a menudo invisibles, pero especialmente llamativas porque aparecen en personas jóvenes. ¿Se trata solo de efectos tardíos del tratamiento o de algo más profundo?
Jóvenes con un cerebro que envejece antes
Más del 40 % de los adultos que superaron un cáncer infantil presenta alguna alteración neurocognitiva. Durante años estas dificultades se atribuyeron al efecto directo de la quimioterapia o de la radioterapia, sobre todo cuando el tratamiento afectó al sistema nervioso central.
Sin embargo, esta explicación puede ser incompleta. Estudios recientes sugieren que muchos supervivientes siguen un proceso de envejecimiento biológico más rápido de lo esperado. En otras palabras, su organismo podría envejecer antes que el de otras personas de la misma edad.
El envejecimiento no consiste solo en cumplir años. Implica una acumulación de daño molecular, inflamación persistente y cambios en el sistema inmunitario. También aparecen alteraciones en la regulación del ADN. En este contexto cobra importancia la epigenética.
Cuando el ADN guarda memoria
La epigenética estudia cambios químicos que regulan la actividad de los genes sin modificar la secuencia del ADN. Una de las modificaciones más conocidas es la metilación del ADN: pequeñas marcas que actúan como interruptores y pueden activar o silenciar genes.
Estas marcas cambian con el tiempo y también bajo la influencia de factores como el estrés, la enfermedad y algunos tratamientos médicos. A partir de estos patrones se han desarrollado los llamados relojes epigenéticos.
Los relojes epigenéticos estiman la edad biológica de una persona mediante el análisis de la metilación del ADN. Cuando la edad biológica supera a la edad cronológica se habla de aceleración de la edad epigenética, un posible indicador de envejecimiento prematuro.
Más de 1400 supervivientes analizados
Para investigar la relación entre envejecimiento biológico y dificultades cognitivas, investigadores del Hospital de Investigación Infantil St. Jude, en Estados Unidos, analizaron datos de 1 413 adultos que habían superado un cáncer en la infancia.
Los participantes completaron pruebas para evaluar atención, memoria, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas. Además, se analizaron muestras de sangre para estimar la edad biológica mediante varios relojes epigenéticos.
También se estudió la longitud media de los telómeros, estructuras situadas en los extremos de los cromosomas que se acortan con el envejecimiento celular y que durante años se han considerado un marcador clásico del envejecimiento.
No son los telómeros sino la epigenética
Los resultados mostraron un patrón claro. Los supervivientes con mayor aceleración de la edad epigenética obtenían peores resultados en distintos dominios cognitivos, especialmente en atención, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas.
En cambio, la longitud de los telómeros no mostró una relación significativa con el rendimiento cognitivo. Esto sugiere que no todos los marcadores de envejecimiento reflejan los mismos procesos biológicos. En este caso, la epigenética parece captar cambios más relacionados con el funcionamiento cerebral.
Las asociaciones también variaban según el tratamiento recibido. Los supervivientes que habían recibido terapias dirigidas al sistema nervioso central mostraban relaciones más marcadas en memoria. Sin embargo, incluso quienes no recibieron tratamientos cerebrales presentaban vínculos entre envejecimiento epigenético y peor rendimiento cognitivo.
Un cambio de paradigma
Estos hallazgos sugieren un cambio en la forma de entender las secuelas del cáncer infantil. Los problemas cognitivos podrían no ser solo consecuencia de un daño puntual causado por el tratamiento décadas atrás. También podrían formar parte de un proceso dinámico de envejecimiento biológico acelerado que se mantiene con el paso del tiempo y que podría contribuir al deterioro cognitivo prematuro.
Esta idea conecta con un fenómeno más amplio. Muchos supervivientes de cáncer infantil desarrollan antes de lo esperado enfermedades cardiovasculares, fragilidad física o alteraciones metabólicas. El envejecimiento acelerado podría ser el mecanismo común que une estas complicaciones.
¿Se puede intervenir?
La epigenética no es un destino inmutable. A diferencia de la secuencia genética, las marcas epigenéticas pueden modificarse.
Diversos estudios en población general sugieren que la actividad física regular, una alimentación equilibrada y la reducción del estrés pueden influir en la edad biológica. En el futuro, identificar a los supervivientes con mayor aceleración epigenética podría permitir intervenciones tempranas para proteger la salud cognitiva.
Los resultados deben interpretarse con cautela. El estudio es transversal, por lo que muestra asociaciones pero no permite establecer relaciones de causa y efecto.
No se puede afirmar con certeza que el envejecimiento epigenético cause el deterioro cognitivo. Serán necesarios estudios longitudinales que sigan a los supervivientes a lo largo del tiempo para confirmar esta relación y comprender mejor los mecanismos implicados.
Sobrevivir mejor, no solo más tiempo
El éxito de la oncología pediátrica ha transformado el pronóstico de miles de niños. Hoy la supervivencia ya no es la única meta: el desafío es garantizar que quienes superaron un cáncer en la infancia puedan envejecer con la mejor calidad de vida posible.
Comprender cómo el tratamiento deja huella en el reloj biológico del organismo es un paso importante para lograrlo. Porque sobrevivir al cáncer debería ser solo el comienzo de una vida larga y cognitivamente saludable.
Estefanía Díaz del Cerro recibe fondos en forma de beca postdoctoral de IDISCAM (Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha)
¿Puede una decisión libre convertirse con el tiempo en una condena identitaria permanente? La pregunta no es meramente teórica. En el entorno digital, determinadas actividades –como la creación de contenido sexual– generan una huella persistente que puede reactivarse con facilidad incluso cuando la persona ha abandonado esa etapa.
En los últimos años, especialmente desde la pandemia, se ha producido un aumento significativo de perfiles que, en el entorno digital, generan contenido erótico o sexual con fines económicos, tal como recogen diversos estudios recientes.
Plataformas como OnlyFans han contribuido a consolidar este modelo bajo lógicas propias de la economía digital –suscripción, acceso exclusivo y consumo privado–, apoyadas en redes sociales que funcionan como escaparate y canal de captación de audiencia.
Se trata, en la mayoría de los casos, de actividades lícitas y voluntarias. Sin embargo, lo relevante no es tanto la naturaleza de la actividad como sus efectos en el tiempo. La digitalización no solo amplía el alcance, sino que altera la duración y la intensidad de la exposición: lo que antes era limitado y contextual pasa a ser potencialmente permanente y global.
La exposición y sus efectos
El entorno digital multiplica las oportunidades de difusión, pero también amplía los riesgos. La visibilidad deja de estar acotada y el contenido puede alcanzar audiencias muy diversas, incluyendo entornos personales, profesionales o públicos no deseados.
Desde la criminología y la victimología digital se ha señalado que una mayor exposición pública incrementa la probabilidad de sufrir distintas formas de victimización en línea, especialmente en contextos de alta autoexposición (self-disclosure) y uso intensivo de redes sociales.
No obstante, el problema no se limita a los riesgos durante la etapa de actividad. Existe una segunda dimensión, más persistente, vinculada a la identidad digital que se construye a partir de esa exposición. A diferencia de otros contextos, esta identidad no se desvanece fácilmente sino que queda fijada en sistemas de indexación, archivos y copias que permiten su reaparición constante.
Incluso cuando la persona ha abandonado esa actividad, su pasado puede seguir siendo accesible mediante búsquedas asociadas a su nombre o imagen, configurando lo que algunos trabajos han descrito como una memoria técnica difícilmente reversible.
Identidad digital y cambio vital
El caso de la ciclista y creadora de contenido Cecilia Sopeña ilustra este problema. Tras alcanzar notoriedad y beneficios económicos en plataformas de contenido para adultos, anunció su intención de iniciar una nueva etapa y reivindicó el denominado “derecho al olvido”, con el objetivo de dejar de ser identificada públicamente por esa actividad pasada.
La reacción social ha sido desigual. Parte de la opinión pública ha cuestionado esta pretensión, apelando a la idea de que la obtención de beneficios económicos debería conllevar una exposición permanente. Este tipo de respuestas pone de relieve la persistencia de valoraciones morales que exceden el plano jurídico.
Más allá del caso concreto, la cuestión de fondo es si el entorno digital debe fijar de manera indefinida una identidad vinculada a una etapa ya superada o si es posible limitar esa asociación cuando deja de responder a un interés actual.
En este contexto se sitúa el denominado derecho al olvido, que permite solicitar que determinados datos personales dejen de ser accesibles a través de motores de búsqueda cuando su difusión resulta inadecuada, irrelevante o desproporcionada con el paso del tiempo.
No implica borrar el pasado ni eliminar necesariamente el contenido original, sino limitar su visibilidad mediante la desindexación. Se trata de una manifestación del derecho a la protección de datos personales, en conexión con el honor, la intimidad y la propia imagen.
Como todo derecho fundamental, no es absoluto. En caso de conflicto con la libertad de información o expresión debe realizarse una ponderación atendiendo a factores como la relevancia pública de la información, el interés general y la proporcionalidad.
El papel del consentimiento
En el caso de las creadoras de contenido sexual, el análisis presenta una particularidad: el contenido fue producido y difundido voluntariamente y con finalidad económica.
Este elemento es relevante, pero no determinante. El consentimiento no supone una renuncia definitiva a los derechos fundamentales. El marco jurídico europeo reconoce su carácter revocable, especialmente cuando están en juego la dignidad y la proyección futura de la persona.
El problema no radica tanto en la existencia del contenido como en su asociación persistente a la identidad actual. Cuando una persona abandona esa actividad y el contenido continúa reapareciendo de forma sistemática en búsquedas vinculadas a su nombre, los motores de búsqueda dejan de actuar como intermediarios neutrales para convertirse en mecanismos de reactivación constante del pasado.
En la práctica, el derecho al olvido permite reducir esa visibilidad mediante la desindexación y limitar la asociación automática entre la identidad presente y contenidos antiguos, aunque no garantiza la desaparición total del material en internet.
Una cuestión más amplia
El debate, en última instancia, trasciende el ámbito del contenido sexual. Plantea una cuestión más general: si una persona puede quedar indefinidamente definida por decisiones pasadas en un entorno que tiende a conservar y reactivar toda información.
En otros ámbitos jurídicos, como el derecho penal, se han desarrollado mecanismos orientados a evitar efectos perpetuos y facilitar la reintegración social. La persistencia digital introduce una tensión similar en el ámbito de la identidad.
El derecho al olvido no pretende negar el pasado ni cuestionar decisiones previas. Su función es, más bien, permitir que una etapa vital no se convierta necesariamente en una marca permanente cuando su mantenimiento deja de responder a un interés público actual.
Mariana N. Solari Merlo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ayoze González Padilla, Investigador predoctoral en Filosofía y Bioética, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS – CSIC)
El 1 de abril, la misión Artemis II volverá a adentrarse en el llamado espacio exterior, tras más de cinco décadas de ausencia humana en él. Artemis II busca iniciar una nueva era de exploraciones y descubrimientos.
Por ello, mientras la tecnología avanza y posibilita que nuestra especie visite la cara oscura de la Luna, no está de más reflexionar sobre qué significa dar ese salto y qué debemos tener en cuenta desde la Tierra.
La bioética del espacio es una filosofía de la vida, del espacio y, por consecuencia, del tiempo. Son estas tres dimensiones de la realidad las que, siendo independientes, al mismo tiempo convergen en una misma cosa: el cosmos. Así lo analizo en un libro de próxima publicación.
Fotografía tomada desde Estación Espacial Internacional mientras sobrevolaba el océano Pacífico, al noreste de Papúa Nueva Guinea. NASA, CC BY
Pensar más allá
La vida tal y como la conocemos ocupa un espacio. Y este espacio no solo permite la extensión del movimiento sino que constituye el ser. Es decir, el individuo se relaciona a través de su contexto, desde su cultura, su sociedad y, además, su medio ambiente natural.
Sin embargo, concebir el cosmos es acercarnos a una noción del espacio inaprensible. Tenemos intuición de los espacios cercanos, terrestres, pero cuando se extienden más allá de nuestra capacidad de visión nos encontramos ante un abismo.
La bioética del espacio observa el mundo –del presente y del futuro– desde una dimensión ética. Se rige por cuatro fundamentos mínimos: el valor vida, la relación entre la tierra y el espacio, la posición biocéntrica y la regulación ético-jurídica.
Solo porque existimos
No hay reflexión filosófica sin una mínima consideración de lo que es la vida, una vida que no solo necesita ser vivida, sino que debe desarrollarse bajo unos mínimos de dignidad y autonomía. Cuando hablamos del valor vida nos referimos a una concepción que da sentido a las relaciones entre humanos y otras especies, en un ecosistema global en donde el individuo es un sujeto que necesita ser tomado en consideración más allá de su utilidad comunitaria, sin jerarquías imperantes.
La fotografía original de la famosa imagen ‘Blue Marble’, que muestra la Tierra tomada desde una distancia aproximada de 29 400 km, el 7 de diciembre de 1972, desde el Apolo 17. NASA/Wikimedia Commons
El valor vida general considera a todo individuo como valioso por el mero hecho de existir. Su valor radica en sí mismo, en primer lugar, y luego en su posición en favor de la salud del medio ambiente. Precisamente, la variedad en las expresiones de la vida –que existan bacterias y también secuoyas, leones y hormigas, seres humanos y tardígrados– rinde fuerza a este valor. El valor vida específico, es decir, operativo, nos ayuda a convivir de tal forma que podamos seguir las lógicas de la naturaleza sin abusos ni soberanías.
Comprendiendo el valor general podemos articular el valor operativo siendo responsables y sostenibles. De este modo, nuestra relación con, por ejemplo, un jaguar podrá ser cautelosa si hay amenaza de un enfrentamiento entre ambos, pero no concebirá al animal como un objeto fetiche al que podemos enjaular y despellejar. Será, en resumen, un individuo al que tenemos que respetar, igual que lo hacemos con los miembros de nuestra propia especie.
Así, imaginar qué hay fuera de nuestro huevo cósmico implica repensar nuestra relación con lo ultraterrestre. La existencia de vida inteligente más allá de los confines de nuestra posibilidad es un síntoma de su valor inherente y su fuerza intrínseca. La viabilidad de vida simple es una esperanza que nos ayuda a comprender qué somos en realidad.
El espacio es constante
La relación respecto a los espacios implica entender que tanto lo que está dentro de nuestro planeta Tierra como lo que está fuera son realidades de una misma cosa, parte de lo que somos. De este modo, tanto el terrestre como el exterior son espacios continuos: la evolución cultural de la Tierra influye en la evolución cultural del cosmos.
El Tratado de 1967, instrumento jurídico clave en la regulación del espacio ultraterrestre, contiene en su artículo II el principio de no apropiación nacional por reivindicación de soberanía. Esto busca asegurar que no se continúen las lógicas expansionistas y extractivistas propias de nuestro planeta más allá de él.
Por ello, la relación entre Tierra y espacio no debe de ser de posesión ni solo de uso, sino de valor, responsabilidad y copertenencia.
Posición biocéntrica
La bioética del espacio se fundamenta en la teoría pero puede ir más allá e intervenir en la conducta. Colocar la vida en el centro nos permite tomar partido en una visión del mundo en donde somos parte y todo con la misma fuerza e importancia.
Ocupar este lugar implica abrazar una posición fuerte, equilibrada y garantista que no pretende ser juez y parte, solo parte. El juez de la vida es inconcebible, porque no existe valorador en un mundo que entiende la vida como un valor inherente.
El borde de una región cercana y joven de formación estelar, NGC 3324, situada en la Nebulosa Carina. Captada en luz infrarroja por la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) del Telescopio Espacial James Webb de la NASA, esta imagen revela zonas de nacimiento estelar que antes estaban ocultas. NASA, CC BY
Regular los derechos naturales
La referencia a la regulación ético-jurídica busca comprender el derecho sin someterse a las lógicas antropocéntricas. De este modo, con independencia de la especie, podemos llevar a cabo una ordenación justa, responsable, armoniosa y, sobre todo, centrada en la vida.
Esto ayuda a estar en el mundo de una manera ordenada y protegida, con garantías. Así, solo queda ir más allá del pacto social hacia un pacto ecológico, donde se tengan en cuenta la función y utilidad de la naturaleza pero también –y sobre todo– su valor.
La bioética del espacio ayuda a pensar en un futuro alejado del antropocentrismo, el colonialismo y las dualidades. Y así, proporciona una idea de mundo que no solo necesita ser imaginado sino también habitado. De esta manera, podemos adentrarnos nuevamente en lo ultraterrestre desde la comprensión de que vida y ética son una misma cosa.
Esta nueva etapa de la exploración espacial debe servir no solo para preguntarnos hacia dónde queremos ir, sino también quiénes somos y desde que posición deseamos partir.
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Ayoze González Padilla recibe fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.
La mayoría de la gente aprende a escribir sin hacerse demasiadas preguntas. Nos dicen que huevo lleva hache, que perro lleva dos erres y que baca y vaca no son lo mismo. Lo aceptamos, lo memorizamos y seguimos adelante con el aprendizaje.
Pero si uno se detiene un momento, surge la duda: ¿quién decidió todo eso? ¿Por qué escribimos así y no de otra forma? Y, sobre todo, ¿por qué parece tan difícil cambiarlo?
Algo más que una serie de reglas
Básicamente, porque la ortografía no es un simple conjunto de reglas para no cometer faltas. Es algo más profundo: un código compartido que permite que millones de personas escriban y se entiendan.
Gracias a ese código, un texto escrito en Cádiz puede ser leído en Buenos Aires o en Medellín sin grandes problemas. Pero hay algo más: la ortografía también es memoria histórica. Así, por ejemplo, nuestra hache muda está ahí, en ocasiones, porque hace siglos sí sonaba.
Es como una cicatriz lingüística: ya no cumple función práctica, pero nos recuerda de dónde venimos. Al mismo tiempo, atesora una escritura de tantos años que ya forma parte de nuestra propia identidad.
Dos formas de fijar una ortografía
A lo largo de la historia, las lenguas han seguido dos caminos principales para establecer su ortografía:
La vía institucional (la de “esto se escribe así y punto”). Viene determinada por alguien que fija las reglas y decide qué es correcto y qué no y, de manera subsidiaria, quién escribe bien y quién no. Aquí entran las academias, los gobiernos o, como en el caso del español, una institución como la Real Academia Española (RAE).
Fundada en 1713, tardó muy pocos años en publicar su “Discurso proemial de la orthographia de la Lengua Castellana” aparecido en el Diccionario de Autoridades (1726), que sirvió de base para la elaboración de su primer tratado ortográfico en 1741, así como del resto de textos que la convirtieron pronto en el principal órgano regulador de la escritura de nuestra lengua.
La vía del uso (la de “se escribe así porque todo el mundo lo hace así”). Se produce cuando las normas no las impone nadie desde arriba. Surgen poco a poco, por costumbre. El inglés es el mejor ejemplo: nadie decidió oficialmente cómo se escribe.
Por eso, algunas de sus palabras tienen una ortografía un tanto creativa, con grafías similares a las que les corresponden muy diferentes pronunciaciones (como sucede, por ejemplo, en through, though y tough). En este modelo, la norma nace del uso. Primero escribe la gente. Luego, si acaso, alguien lo regula.
El caso español: institucional, pero con debate
En el español triunfó claramente la vía institucional. La ortografía académica se consolidó poco a poco en el siglo XIX, tanto en España como en Hispanoamérica. A partir de 1844, su enseñanza en la escuela pública fue impuesta por el estado español y adoptada de manera general en la administración y la imprenta.
En un determinado momento, escribir bien (según las normas académicas) dejó de ser solo una cuestión lingüística para convertirse en algo más serio: requisito laboral, símbolo de educación y prestigio social y, finalmente, marca de identidad cultural. No escribir correctamente podía hacerte parecer ignorante.
Aunque con tímidos intentos anteriores, fue a lo largo del siglo XIX cuando se intensificaron las propuestas de reforma de la ortografía del español. Algunos querían simplificarla, escribir como se habla, eliminar letras inútiles, hacer el sistema más lógico. Los argumentos eran bastante sensatos: ¿para qué sirve la hache si no suena? ¿Por qué conservar be y uve si suenan igual? ¿Por qué ge y jota se usan a veces para el mismo sonido y otras no?
Preguntas e intentos razonables, pero en la práctica enarbolados por personas sin poder y sin un modelo consensuado de reforma. Simples maestros que buscaban facilitar su enseñanza en la escuela y disminuir así los altos índices de analfabetismo. Perseguidos por el gobierno, sus intentos se apagan pronto y se disuelven en el silencio del olvido.
En el caso concreto de alguna república hispanoamericana, como Chile, se llegó a impulsar desde las instituciones educativas una reforma que aspiraba a reconciliar la escritura con la voz. Sin embargo, como otras tentativas, también aquella acabó cediendo ante el peso de la norma y terminó perdiéndose en la fuerza obstinada de la costumbre.
La prensa, ring de boxeo lingüístico
En siglos anteriores, los debates sobre la ortografía no solo se daban en tratados lingüísticos. Se discutían en la prensa, que funcionaba como una especie de red social de la época, pero con más tinta y menos memes. En este espacio de debate público, se enfrentaban reformistas y conservadores en auténticas batallas y ciclos polémicos en los que unos querían simplificar la ortografía y hacerla más lógica. Otros defendían las costumbres y el poder institucionalizador de la RAE en esta tarea.
No eran discusiones menores: en ellas se dirimía quién tenía autoridad sobre la lengua y qué modelo debía enseñarse a generaciones enteras. Cada artículo, cada réplica, no solo defendía una forma de escribir, sino también una forma de entender la lengua y su transmisión. Lo mismo ocurre en nuestros tiempos, porque los cambios en la escritura, a diferencia de lo que sucede en otras disciplinas lingüísticas, importa mucho a la gente.
¿Por qué es tan difícil cambiar la ortografía?
La ortografía no es solo lógica, es costumbre, y cambiarla implica reeducar a millones de personas, modificar libros, sistemas educativos… Y, lo más difícil, convencer a la gente de que deje de hacer lo que lleva haciendo toda la vida. Por eso, la propia Academia viene repitiendo desde hace siglos que lo mejor es que el cambio sea introducido poco a poco por el uso. Y luego, ya veremos.
La ortografía siempre ha sido y es un tema de interés colectivo, capaz de generar opiniones y controversias. Pero hoy la pregunta ya no se formula con la urgencia de otros tiempos, aunque tampoco ha desaparecido del todo. En una época atravesada por la inmediatez digital y la escritura veloz, se debate entre su función normativa y su valor simbólico. Reformarla y hacerla más sencilla podría aliviar ciertas dificultades, pero también implicaría desprenderse de capas de historia, de matices etimológicos y de una tradición compartida.
Más que una reforma radical, hoy se impone una negociación silenciosa entre el uso y la norma, entre lo que cambia y lo que permanece. Porque la lengua, como todo organismo vivo, ya se transforma por sí sola, sin decretos ni rupturas bruscas. No se impone desde arriba, sino que va cediendo al pulso de quienes la hablan y la escriben cada día.
Tal vez en esa transformación lenta resida su verdadera capacidad de adaptación. Porque la ortografía con que escribimos es irregular, tiene incoherencias y conserva restos del pasado que no siempre tienen sentido hoy. Pero funciona. Y eso suele pesar más que la perfección.
En el fondo, hay que recordar que estamos ante una cuestión de identidad, de historia y de sentimiento comunitario: la ortografía no es solo un sistema de letras. Es también una forma de decir “así escribimos y somos nosotros”. Por eso, cuando alguien propone reformarla, no solo altera una práctica. Toca algo más profundo: la relación de una sociedad con su propia esencia. Y en ese punto las ideologías echan raíces.
Victoriano Gaviño Rodríguez ha sido investigador principal de los proyectos de investigación “Ideas lingüísticas y pedagógicas en la prensa española del siglo XIX. LinPePrensa” (ref. PGC2018-098509-B-I00) y “La lengua y su enseñanza en la prensa española: de la ley Moyano al fin de la II República (1857-1939). LinPePrensa II” (ref.: PID2021-126116NB-I00), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España (Proyectos de I+D de Generación del Conocimiento).
España es un país eminentemente árido, es decir, tiene condiciones climáticas caracterizadas por una importante escasez de humedad. Para ser más concretos, el 67 % del territorio tiene un índice de aridez –la relación entre la precipitación y la evapotranspiración de las plantas– inferior a 0,65, lo que se cataloga como tierras secas o zonas áridas. En este contexto, la demanda de recursos hídricos, lejos de ceñirse a su disponibilidad, no ha parado de crecer en los últimos cincuenta años.
Esa es la principal razón de la escasez de agua y la base de numerosos conflictos hídricos, y sitúa a España como unos de los países con mayor estrés hídrico (el 29 de 164). Esta escasez ya no es de índole natural, y se define como la brecha entre la oferta disponible y la demanda expresada de agua dulce en un ámbito determinado, bajo los marcos institucionales vigentes (incluidos tanto los mecanismos de fijación de precios del recurso como las tarifas de suministro), así como las condiciones de infraestructura, implicando siempre una dimensión humana en la reducción de la disponibilidad natural de agua.
Las numerosas infraestructuras para captar, acumular y distribuir agua, y la modernización de los sistemas de regadío, responden al mantra de que en España no se malgasta ni una sola gota de agua. Todos los caudales que van a parar al mar se perciben a veces como un desperdicio y cada vez que llueve a mares se lamenta no tener más embalses que acumulen toda esa agua.
Estrés hídrico en España. World Resources Institute, Aqueduct (2024), CC BY-SA
Miles de toneladas de fruta y hortalizas sin salida comercial
El supuesto fervor por acaparar cada gota de agua y transformarla en riqueza choca con la delirante imagen de campos cubiertos de frutas y hortalizas que se pudren al sol. Los bajos precios en origen existentes en determinados momentos del año hacen que a los agricultores no les merezca la pena invertir más recursos en recolectar la cosecha. Así, cada año, tras los enormes esfuerzos que supone regar, fertilizar y cuidar miles de hectáreas de cultivo, el producto final ni siquiera entra en los circuitos comerciales.
A lo largo de este periodo se descartaron 483 624 toneladas de producto excedente, lo que equivale a una huella hídrica de casi 36 hm³ anuales y a una huella de carbono de 36.694 toneladas de CO₂ equivalente (t CO₂-eq) al año. Estos descartes no se destinan directamente a residuos. Una parte de los alimentos descartados (32,9 %) se utiliza para alimentación animal, otra se dona a bancos de alimentos (55,4 %) y, finalmente, el 11,7 % se destruye.
El tomate es el cultivo con mayor volumen de descartes, seguido por la naranja y el caqui. En términos de huella hídrica, el cultivo con mayor impacto es la ciruela, con 3 759 miles de m³ año⁻¹. Le siguen los caquis y las naranjas. En cuanto a la huella de carbono anual, el tomate vuelve a destacar claramente, alcanzando 3 100 t CO₂-eq año⁻¹. A continuación, se sitúa el melón (2 356 t CO₂-eq año⁻¹) y la nectarina (2 209 t CO₂-eq año⁻¹).
A escala regional, el mayor volumen de descartes se registra en la Región de Murcia, con 20,2 kt toneladas al año, y un total de 141,4 kt en el periodo 2018–2024. Le siguen Andalucía (17,9 kt año⁻¹ y 125,9 kt acumuladas) y la Comunidad Valenciana (16,7 kt año⁻¹ y 119,6 kt).
En términos de huella hídrica, el mayor desperdicio corresponde a la Comunidad Valenciana, con 8,78 hm³ año⁻¹ y una huella hídrica total de 61,5 hm³ durante el periodo de estudio.
El tomate es el cultivo más descartado. Jaime Martínez Valderrama, CC BY-SA
Producir a gran escala para bajar costes
Los bajos precios explican el abandono de cosechas en perfecto estado para el consumo. Pero ¿qué origina esos precios reducidos? En gran medida, la lógica de la eficiencia económica. Para ser competitivos, los productores buscan reducir sus costes de producción, lo que les lleva a adoptar modelos de producción a gran escala, no exentos de importantes implicaciones sociales y ambientales.
El objetivo es generar grandes volúmenes de producción para minimizar el precio por unidad. Para ello, se recortan costes allí donde es posible –especialmente costes laborales u obviando las obligaciones con el medioambiente– con el fin de compensar las inversiones necesarias en tecnología, infraestructuras e insumos agrarios, que permiten incrementar los rendimientos por explotación.
Esta dinámica genera una espiral de inversión, endeudamiento, sobreproducción y caída de precios que termina atrapando al agricultor en un sistema perverso, en el que solo aquellos con mayor capacidad financiera logran sostenerse.
El descarte de cosechas en perfecto estado no es más que un síntoma de este modelo agrario que favorece la concentración de la producción en un número cada vez menor de agentes y genera numerosas externalidades negativas. Estas acaban siendo asumidas por la sociedad en su conjunto –y no por quienes se benefician de la producción a gran escala–, como ocurre, por ejemplo, con la necesidad de construir desaladoras tras la sobreexplotación de las aguas subterráneas.
Estas cifras son solo la punta del iceberg
El recuento del FEGA responde a la subvención (hasta el 5 % de la cosecha) que reciben los agricultores para paliar esos bajos precios. Por encima de ese porcentaje no hay cobertura, aunque los descartes de cosechas pueden seguir produciéndose.
Una simple comprobación revela la verdadera magnitud del desperdicio. En marzo de 2024 apareció en la prensa la noticia del abandono de 300 000 toneladas de limones, el 30 % de la cosecha, en Alicante. Las cifras del FEGA muestran que, para todo el año 2024, en toda la Comunidad Valenciana, se habían descartado 132 toneladas.
Sandías abandonadas en el Campo de Níjar, Almería. El acuífero sobre el que crecen ha sido sobreexplotado y la intrusión marina lo ha arruinado. Para seguir regando se ha construido una enorme desaladora en Carboneras. Jaime Martínez Valderrama, CC BY-SA
Atendiendo a esta comparación, a la nutrida partida de noticias que reseñan estos descartes y a las imágenes de campos donde la fruta se pudre, parece evidente que este tipo de desperdicio no es algo puntual ni anecdótico, sino que supone un despilfarro inaceptable en un contexto de creciente escasez hídrica. Por aquellas fechas del desperdicio limonero, se planteaba llevar agua en barco a Barcelona debido a la pertinaz sequía. Está en juego nuestra seguridad hídrica mientras las reglas del mercado y la eficiencia a la que no se deja de aludir siguen desperdiciando agua.
Jaime Martínez Valderrama ha recibido fondos del proyecto ATLAS financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
Emilio Guirado ha recibido fondos del proyecto ATLAS financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
Fernando Tomás Maestre Gil recibe fondos de la King Abdullah University of Science and Technology.
Javier Martí Talavera ha recibido fondos del proyecto ATLAS financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
Jorge Olcina Cantos ha recibido fondos para la elaboración del proyecto Atlas d3 la Desertificacion en España de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transicion Ecológica y del Reto Demográfico, con financ8acion del programa europeo para la Recuperacion y Resiliencia.
Juanma Cintas recibe fondos del “Plan Complementario de I + D + i en el área de Biodiversidad (PCBIO)” financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU) y del gobierno de Andalucía.
Durante décadas, se ha aceptado que el dolor de espalda y de pelvis es un “peaje” inevitable de la gestación. Las cifras parecen respaldar esa creencia: más de la mitad de las mujeres embarazadas lo experimentan. Aunque para algunas es una molestia leve, en otros casos supone una limitación real que afecta al sueño, al trabajo y, en definitiva, a la calidad de vida.
La evidencia más reciente no solo muestra que puede tratarse, sino también que el éxito del abordaje depende de un factor que a menudo pasamos por alto: además de mover el cuerpo, es fundamental comprender cómo funciona el dolor.
Un metaanálisis publicado en 2023 analizó 13 ensayos clínicos en mujeres embarazadas con dolor lumbar y/o pélvico. Los resultados mostraron que la combinación de ejercicio y educación en salud redujo tanto el dolor como la discapacidad de forma significativamente mayor que la educación sola. En otras palabras, la combinación de ambas estrategias obtiene mejores resultados que por separado.
Comprender el dolor para moverse sin miedo
¿Y qué tipo de educación marca la diferencia? No se trata únicamente de dar consejos posturales básicos o recomendar evitar ciertas actividades: en los últimos años ha cobrado protagonismo la educación en neurociencia del dolor.
Este enfoque explica cómo funciona el sistema nervioso y por qué el dolor no siempre equivale a un daño estructural grave. Es una señal de alarma que puede volverse más sensible cuando intervienen factores como el estrés, el miedo o determinadas creencias.
En un estudio reciente llevado a cabo por nuestro grupo de investigación y publicado en Pain Medicine, analizamos el efecto de añadir educación en neurociencia del dolor a la educación prenatal estándar en mujeres con dolor lumbopélvico asociado al embarazo. Observamos que las gestantes que recibieron esta información adicional experimentaron una reducción significativa de sus molestias y, especialmente, del miedo al movimiento en comparación con quienes solo recibieron la educación prenatal.
Este punto es crucial. Si una mujer interpreta su dolor como señal de “inestabilidad peligrosa”, es más probable que evite moverse, actitud que puede contribuir a perpetuar el problema. Cuando comprende que su cuerpo es resistente y que moverse de forma progresiva y segura es beneficioso, aumenta su confianza y su participación activa en el tratamiento.
Entender el dolor no lo hace menos real, pero sí lo hace menos amenazante.
El mensaje para el sistema nervioso
El beneficio de combinar instrucción y ejercicio no es exclusivo del embarazo. En un artículo publicado en Frontiers in Neuroscience analizamos múltiples revisiones sistemáticas sobre educación en neurociencia enfocada al dolor musculoesquelético crónico. La conclusión principal fue que dicha educación aplicada de forma aislada muestra efectos limitados en dolor y discapacidad. Sin embargo, cuando se combina con ejercicio u otras intervenciones activas, los resultados mejoran, especialmente en variables como la “catastrofización” y el miedo al movimiento.
En conjunto, la dirección de la evidencia es consistente: los enfoques que integran intervenciones activas y educativas obtienen mejores resultados que las estrategias aisladas.
¿Por qué es especialmente importante durante la gestación?
El embarazo tiene características propias que hacen que esta perspectiva mixta sea especialmente relevante.
Limitación de medicamentos. Muchas mujeres evitan analgésicos por precaución o por recomendación médica, lo que convierte a las intervenciones no farmacológicas en herramientas clave.
Factores amplificantes. El dolor no depende únicamente de cambios biomecánicos como el aumento de peso, la laxitud ligamentosa (aumento de la elasticidad de los ligamentos por los cambios hormonales) o la mayor activación de la musculatura extensora del tronco descrita en el tercer trimestre. El sistema nervioso integra información tanto física como emocional o contextual, y si el dolor se interpreta como señal de peligro, puede amplificarse.
El ejercicio proporciona una experiencia física de seguridad: movimiento progresivo, adaptado y tolerable; mientras que la educación aporta seguridad cognitiva: entender qué ocurre y por qué moverse es seguro. Juntos, envían un mensaje coherente al sistema nervioso: el cuerpo es capaz y el movimiento no es una amenaza.
Un cambio de paradigma
En conclusión, las investigaciones actuales invitan a desterrar algunos mitos. La evidencia no respalda el reposo prolongado ni los tratamientos donde la mujer adopta un papel poco activo en su recuperación. Tampoco sostiene que la sobrecarga mecánica sea la única explicación del dolor.
Para las mujeres embarazadas, el mensaje es esperanzador: el dolor es frecuente, pero no tiene por qué ser inevitable ni permanente. Combinar ejercicio adaptado con una comprensión adecuada del dolor es una de las estrategias con mayor respaldo científico disponible para recuperar el bienestar.
Gemma Biviá recibió financiación de la Generalitat Valenciana para el desarrollo del proyecto “Eficacia de una intervención online basada en educación en neurociencia del dolor sobre mujeres embarazadas con dolor lumbopélvico asociado al embarazo y la experiencia de dolor durante el parto” (CIGE/178).
Celia García Lucas no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ander Portillo Bazaco, Doctor en Ingeniería Química en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
En las últimas semanas, el estrecho de Ormuz se ha convertido en protagonista informativo por circunstancias fatales, como ya ocurrió antes con la ciudad de Alepo (Siria) o la región del Donbás (Ucrania). Este accidente geográfico es la única puerta de acceso marítimo al Golfo Pérsico, donde se encuentran algunos de los países productores de gas y petróleo más relevantes del mundo: Irán, Irak, Catar, Emiratos Árabes Unidos, por mencionar algunos. De ahí que el precio del crudo se haya visto fuertemente alterado por la guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de este año.
Un aumento de los precios del crudo impacta casi inmediatamente en la economía global, pues es la base para generar energía y para el transporte.
En cuanto a la energía, el daño puede mitigarse, en mayor o menor medida, en función del peso de la energía fósil en el mix energético de cada país.
La petroquímica es clave para entender los diferentes combustibles
El porqué de esta diferencia, más allá de las oscilaciones del mercado, tiene una base técnica: el tipo de crudo y la petroquímica. Una vez obtenido y pretratado, el crudo o petróleo es una mezcla de muchos compuestos, la mayoría de ellos hidrocarburos (formados por hidrógeno y carbono). El resto, principalmente azufre y nitrógeno, se consideran impurezas. De esta manera, la calidad del petróleo suele determinarse en función de qué tipos de hidrocarburo y de cuántos compuestos indeseados tiene.
Para entender la relación entre ambas ideas es necesario profundizar en la diferencia que hay en la naturaleza química de los diferentes combustibles fósiles. Los combustibles se clasifican, principalmente, en función del número de carbonos que tienen los elementos que la componen. Hay que tener en cuenta que a mayor número de carbonos, más pesado (denso) será el compuesto. El GLP, por ejemplo, está compuesto por hidrocarburos muy ligeros, propano y butano (con 3 y 4 carbonos, respectivamente). Por ello, en la industria refinera se les conoce como corte C₃-C₄. En el caso de la gasolina, suelen ser hidrocarburos entre 5 y 11 carbonos, es decir, C₅-C₁₁.
En orden del número de carbonos, los grupos principales obtenidos del petróleo son: gas natural o metano (mayormente C₁-C₂ ), GLP (C₃-C₄), gasolina (C₅-C₁₁), queroseno (C₈-C₁₆), diésel ligero (A y B, químicamente idénticos, C₁₂-C₁₈), diésel C (gasóleo de calefacción, C₁₄ -C₃₀) y fuelóleos (>C₂₀).
Fracciones principales de petróleo por número de carbonos.
Para obtener cualquiera de estas fracciones, las refinerías emplean dos tipos principales de procesos: conversión de hidrocarburos y procesos de separación. Dentro de los procesos de conversión, las moléculas cortas pueden unirse para formar una más larga (reacciones de polimerización) o una molécula larga puede romperse para obtener varias más cortas (reacciones de craqueo).
Independientemente de las reacciones necesarias para tratar el crudo, la composición inicial de la mezcla determinará en gran medida el resultado final. Será mucho más rentable simplemente extraer un tipo de moléculas que tener que sintetizarlas para separarlas después.
A rasgos generales, un crudo ligero y con pocas impurezas será mucho más fácil y económico de tratar y dará lugar a una mayor fracción de compuestos ligeros (GLP o gasolina por ejemplo). Por el contrario, un crudo pesado y con impurezas será mucho más complejo de procesar y derivará en compuestos más pesados (diésel o fuelóleos, entre otros).
En Oriente Medio, solo el 23,4 % del crudo es considerado ligero, mientras que el 75,6 % del crudo estadounidense lo es. Por tanto, del crudo de Oriente Medio se obtienen en mayor medida productos pesados mientras que los ligeros se obtienen más sencillamente con el crudo estadounidense.
Con Ormuz cerrado, ¿cómo obtener crudo pesado?
El crudo pesado por excelencia es el venezolano. Denso, viscoso y rico en azufre, su extracción, transporte y refinación es difícil y se necesitan procesos complejos para convertirse en combustible.
Pese a ello, el bloqueo del estrecho de Ormuz hace especialmente valiosos los yacimientos venezolanos, que pueden ser una fuente alternativa de crudos pesados para las refinerías estadounidenses que antes usaban crudo procedente del Golfo Pérsico para la producción de materiales pesados como asfalto y lubricantes.
No toda la petroquímica son combustibles, los plásticos sufren
El crudo es la materia prima de otros compuestos, más allá de los combustibles. Los plásticos son un ejemplo de ello y aquí las fábricas asiáticas son las que más sufren por el bloqueo de Ormuz, pues su materia prima proviene principalmente de los países del golfo.
La urea es otro producto petroquímico fundamental al ser la base de la mayoría de los fertilizantes y, por tanto, esencial para la agricultura. Actualmente se produce mayormente con gas natural, por lo que su precio también se ve alterado por el conflicto en el Golfo Pérsico. Desde el inicio de la guerra, el precio de la urea ha aumentado un 39 %.
En estos momentos, la mejor opción para la mayoría de los países asiáticos es negociar con Rusia para proveerse de crudo. Tras años con fuertes sanciones internacionales, ahora se espera que sus ingresos procedentes del petróleo y el gas crezcan un 70 %.
Este escenario energético, con Ormuz cerrado y los precios del crudo subiendo, no implica solo que ahora salga más caro llenar el depósito del coche o que los precios de los vuelos se hayan disparado. Todos los productos derivados de la industria petroquímica (combustibles, fertilizantes o energía, entre otros) sufrirán las consecuencias. Habrá que ver el alcance de cada una de ellas.
Ander Portillo Bazaco no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
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