El calor extremo lleva al límite a la fauna silvestre

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Maider Iglesias-Carrasco, Investigadora postdoctoral, Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)

El pasado mes de julio fue, empatado con el de 2022, el mes más cálido en España de toda la serie histórica. El cambio climático causado por el ser humano está provocando un aumento de las temperaturas globales, y a ello se suma el arranque del fenómeno de El Niño, caracterizado por el calentamiento del agua superficial en el océano Pacífico y que afecta a los patrones climáticos globales.

Aunque muchos de nosotros podemos evadir el calor refugiándonos en algún lugar fresco o, simplemente, encendiendo el aire acondicionado, otros seres vivos con los que compartimos el planeta se enfrentan a un escenario del que no tienen escapatoria.

Estudios recientes indican que solo en 2024 más de 5 000 especies animales, muchas de ellas amenazadas, estuvieron expuestas a temperaturas nunca antes registradas para ellas, lo que sin duda añade obstáculos para su supervivencia. Por desgracia, estas cifras aumentarán en 2026 y 2027, y los años por venir.

Cientos de crías de vencejo asfixiadas

Quizás la consecuencia más evidente y dramática del cambio climático en la vida silvestre es la muerte de animales y plantas. Esta puede deberse a causas directas asociadas al calor como la deshidratación y el colapso metabólico (que pueden observarse en aves, murciélagos y humanos, entre otros), o indirectas, como la inanición por falta de alimento.

En ciertos casos, este fenómeno es fácilmente cuantificable y visible. Por ejemplo, en Australia, las olas de calor matan a miles de zorros voladores cada año. En España, provocan la muerte de cientos de crías de vencejo por asfixia.

También en Australia, se estima que los incendios de 2019 provocados por las altas
temperaturas y la sequía acabaron con la vida o provocaron el desplazamiento de unos 3 000 millones de animales.

Asimismo, la ola de calor registrada entre 2013 y 2016 en el Pacífico norte, llamada blob, provocó la muerte directa de unos 4 millones de araos comunes –un ave marina del norte de Europa y América emparentado con los carismáticos frailecillos–, en lo que los investigadores han denominado “la mortandad masiva más devastadora de una única población de aves marinas registrada en la historia moderna”. Esto supuso la pérdida de entre el 50 % y el 75 % de la población. Una década más tarde, en 2024, aún no se había recuperado.

Un ave blanca y negra sobre una roca con el mar de fondo
Un arao, ave marina afectada por las altas temperaturas del océano, cerca de su nido.
Maider Iglesias-Carrasco

Cangrejos muertos de hambre y estrellas de mar cocidas

Los efectos en la vida marina son más difíciles de cuantificar, aunque igual o más devastadores. En 2018, durante una ola de calor oceánica, más de 10 000 millones de cangrejos de las nieves desaparecieron del mar de Bering (en el Pacífico norte) debido a una hambruna masiva provocada por la densidad de individuos y el calor. Se considera una de las mayores pérdidas de macrofauna marina no sésil (animales no fijos a un sustrato) del mundo.




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Los animales marinos con poca o nula capacidad de movimiento pueden ser aún más sensibles a las olas de calor, ya que no pueden migrar o moverse a zonas más frescas. En 2021, solo en la costa de Vancouver (Canadá) murieron de forma repentina más de mil millones de estos animales marinos, incluyendo mejillones, almejas, estrellas de mar y bálanos, literalmente cocidos en las zonas intermareales, donde el calor y la marea baja provocaron que las temperaturas alcanzaran los 50 °C. Otro ejemplo más conocido es el del blanqueo de los corales, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta, que se prevé que desaparezca antes del 2050.

En España, el calor está provocando un impacto similar en la Costa Brava. Allí entre el 50 % y el 70 % de las colonias de gorgonias (una especie de coral presente en el Mediterráneo) se vieron afectadas drásticamente o murieron en la ola de calor de 2022. Estas tasas de mortalidad son insostenibles ya que muchas de estas especies tienen ciclos de vida largos y reproducción lenta. Por ello, la pérdida de tantos individuos puede resultar catastrófica y ser irreversible, dando lugar a la total desaparición de las poblaciones y especies.

Un coral blanqueado en el fondo del mar con peces y otros corales alrededor
Gorgonia que ha sufrido blanqueamiento por el calor.
Universidad de Barcelona

Esto es solo la punta del iceberg. Son meros ejemplos que hemos podido documentar y cuantificar, mientras que sin duda innumerables mortalidades masivas suceden de manera silenciosa.

Efectos menos evidentes

Existen muchos otros ejemplos del impacto del cambio climático y las olas de calor sobre la fauna y flora más sutiles e imperceptibles. Si bien podemos cuantificar el número de muertes de algunas especies, la falta de agua y los efectos de las temperaturas elevadas sobre la reproducción, la fenología, la demografía o la fisiología suelen pasar inadvertidos.

Volviendo al caso del arao, tras la mortalidad en masa anteriormente mencionada, se observó un fracaso en la cría entre 2015 y 2017 en gran parte de las colonias objeto de seguimiento. Fue también consecuencia del aumento de la temperatura del mar, que derivó en una reducción drástica de la disponibilidad de alimento. Esto imposibilitó que los adultos pusieran huevos o sacaran adelante a los polluelos.

Un abejorro sobre unas flores de color morado
Las olas de calor afectan de manera difícil de cuantificar a muchos organismos, como los abejorros.
Maider Iglesias-Carrasco

En el caso de los abejorros, polinizadores fundamentales para la producción de alimentos y el funcionamiento de muchos ecosistemas, la exposición al calor durante las fases larvarias repercute en la supervivencia, el forrajeo y la reproducción en la etapa adulta.

Las condiciones ambientales modulan de forma compleja y sutil la reproducción y la supervivencia de la fauna. Ciertos casos son más patentes. Por ejemplo, en algunos reptiles como las tortugas marinas, la determinación del sexo, y por tanto la proporción de machos y hembras en la descendencia, depende de la temperatura de incubación.

Así, en algunas zonas del planeta, todos los individuos de algunas especies están naciendo hembras, ya que este es el sexo que normalmente se desarrolla con temperaturas de incubación más elevadas. Este cambio demográfico (la falta de machos) puede tener consecuencias nefastas para el futuro de estas especies.

Una pequeña tortuga oscura nada en la superficie del agua cristalina
Una cría de tortuga verde entrando en el mar en las islas del noroeste de Hawái.
Mark Sullivan, permiso de la NOAA n.º 10137-07

Los cambios en una especie afectan a otras

Los efectos que observamos en una especie rara vez son aislados. Cuando desaparece un elemento de la cadena trófica o de las relaciones mutualistas que entretejen la biodiversidad, el desequilibrio se extiende por todo el ecosistema.

En el mar, los cambios en la abundancia de especies fundamentales como el plancton, el kril o los peces pequeños como las anchoas, que son la dieta de numerosos animales, reducen la productividad del océano y desencadenan episodios de mortalidad masiva en aves y mamíferos marinos que dependen de ellos para alimentarse.

Con frecuencia estos efectos terminan impactando con gran fuerza en los humanos, causando pérdidas millonarias en pesquerías y la agricultura, problemas para la salud e inestabilidad alimentaria.

Fitoplacton visto al microscopio
Las olas de calor alteran los ciclos estacionales de fitoplancton, pequeños organismos fotosintéticos marinos, lo que afecta a la abundancia de zooplancton y con ello, a otros seres vivos como los peces.
ESA



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Hacia un futuro insoportablemente caluroso

Contamos con las herramientas y el conocimiento científico que revelan las consecuencias de nuestras actividades para la vida silvestre. Sin embargo, seguimos contaminando, deforestando y alterando el equilibrio del mundo que nos mantiene.

Pero no somos invulnerables. Como señala el investigador Justin Gregg en su libro Si Nietzsche fuera un narval, “un niño que nace ahora tiene cinco veces más probabilidades de morir en una extinción global que en un accidente de tráfico”.

Sin poner en marcha cambios importantes, nos precipitamos, arrastrando con nosotros a muchos de los organismos que nos rodean, a un futuro que, por desgracia, no es incierto, sino ciertamente oscuro e insoportablemente caluroso.

The Conversation

Paco Garcia-Gonzalez recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades)

Maider Iglesias-Carrasco no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. El calor extremo lleva al límite a la fauna silvestre – https://theconversation.com/el-calor-extremo-lleva-al-limite-a-la-fauna-silvestre-289922

J’ai déjà vu les talibans fermer les écoles aux filles. Les revoir le faire est déchirant

Source: The Conversation – in French – By Ghazaal Habibyar, PhD Candidate, Faculty of Social Sciences, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

En août 2021, les talibans ont repris Kaboul et, en l’espace de quelques semaines, interdit aux filles de fréquenter l’école au-delà de la 6e année. Cette interdiction est toujours en vigueur.


L’Afghanistan demeure le seul pays au monde à interdire officiellement aux filles et aux femmes l’accès à l’enseignement secondaire et supérieur. Les femmes afghanes se sont aussi vu interdire de travailler dans la plupart des secteurs où elles étaient auparavant présentes, que ce soit dans la fonction publique ou au sein d’organismes d’aide nationaux et internationaux.

Environ 2,2 millions d’adolescentes se sont vu refuser l’accès à l’école secondaire pendant près de 1800 jours. Une analyse de l’UNICEF datant de 2026 prévoit que l’Afghanistan perdra jusqu’à 20 000 enseignantes et 5400 travailleuses de la santé d’ici 2030, alors que ces restrictions coûtent déjà environ 84 millions de dollars américains par année.

Depuis septembre 2025, les forces talibanes interdisent également aux femmes afghanes, y compris au personnel des Nations unies d’accéder aux bureaux de l’ONU. En janvier 2026, les femmes fonctionnaires ont même perdu le salaire réduit qu’elles recevaient depuis 2021 pour rester à la maison.

J’ai déjà vu une version de cette situation se produire, alors que j’étais une jeune fille en 1996, la dernière fois que les talibans ont pris Kaboul.

Ce qui me frappe le plus dans cette seconde interdiction, ce n’est pas qu’elle se soit reproduite. C’est que l’inaction du monde, cette fois, ne tient pas à un manque de sensibilisation. Tout le monde sait ce qui arrive aux filles afghanes. L’échec, c’est que cette prise de conscience n’a eu aucun coût réel pour les talibans.




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Ce que les femmes afghanes ont bâti

Quelques jours après la prise de pouvoir, les femmes afghanes étaient dans les rues de Kaboul scandant « Du pain, du travail, la liberté », une revendication qu’elles n’ont cessé de formuler depuis, au péril de leur vie. Ce cri de ralliement emblématique réclame des droits fondamentaux – l’éducation et l’emploi – face à leur exclusion systématique de la vie publique.

Des groupes de femmes afghanes ont organisé des manifestations tout au long de cette période, malgré des arrestations, des actes de torture et des meurtres exercés en représailles, une répression si violente qu’elle a forcé une grande partie de la résistance à passer dans la clandestinité.

En février 2026 encore, des filles étaient de retour dans les rues de Kaboul, réclamant toujours leur droit à l’éducation. Là où manifester est devenu trop dangereux, les femmes afghanes ont mis en place une alternative plus discrète : des réseaux informels d’écoles clandestines, gérées à domicile, pour enseigner aux filles qui, autrement, n’auraient absolument aucun accès à une salle de classe.

Cette résistance n’a rien de facile ni de sans risque. Elle existe parce que personne d’autre ne l’a fait à leur place, et parce qu’il fallait bien que quelqu’un le fasse.

Parallèlement aux manifestations et à l’enseignement clandestin, les organisations de femmes afghanes se sont également attelées à documenter ces violations. En juin 2026, des chercheurs de l’Institut pour les femmes, la paix et la sécurité de l’Université de Georgetown ont recensé 264 décrets des talibans portant atteinte aux droits de la personne depuis 2021, dont 166 visent spécifiquement les femmes et les filles.

Une réponse internationale insuffisante

La principale voie de dialogue international avec les talibans est le processus de Doha, mené par l’ONU. Depuis 2023, plusieurs cycles de pourparlers ont eu lieu avec des représentants talibans en vue d’une éventuelle réintégration de l’Afghanistan au sein de la communauté internationale : normalisation des relations diplomatiques, reconnaissance officielle du gouvernement taliban, retour du pays à une participation normale aux institutions internationales et au commerce mondial.

Sur l’insistance des talibans, les femmes et les groupes de la société civile afghane ont été exclus des pourparlers principaux, tenus à l’écart pour se réunir séparément, en marge du processus.

Sima Samar, ancienne présidente de la Commission indépendante afghane des droits de la personne, a fait valoir qu’en acceptant les conditions de participation imposées par les talibans, l’ONU risque de légitimer indirectement les politiques mêmes auxquelles elle dit s’opposer.

Ce risque fait l’objet d’une controverse au sein même de l’ONU. Georgette Gagnon, représentante spéciale adjointe de l’ONU et responsable par intérim de la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan, a défendu le point de vue opposé lors de cette même séance : un engagement continu, fondé sur des principes, mais pragmatique, resterait nécessaire même lorsque les progrès sont graduels.

Ce désaccord, exprimé sur la tribune même de l’ONU, illustre le piège que dénoncent les femmes afghanes depuis des années : des déclarations d’inquiétude se succèdent, sans jamais rien coûter aux talibans.

Les efforts canadiens

Le bilan du Canada lui-même suit le même schéma, dans un registre plus optimiste, mais avec le même caractère inachevé.

En septembre 2024, le Canada s’est joint à l’Australie, à l’Allemagne et aux Pays-Bas pour invoquer officiellement les obligations de l’Afghanistan au titre de la CEDAW, la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes que l’Afghanistan a ratifiée en 2003. Il s’agit d’une initiative véritablement importante, car c’est la première fois qu’un État tente de faire répondre un autre État de discrimination fondée sur le sexe devant la plus haute cour du monde.

Mais deux ans plus tard, l’affaire n’a toujours pas été portée devant la Cour internationale de justice (CIJ). Ottawa présente les étapes de négociation et d’arbitrage requises comme des conditions préalables à remplir. Et la déclaration de la société civile marquant le premier anniversaire de l’initiative ne pouvait encore que la décrire comme un effort qui pourrait éventuellement déboucher sur une affaire devant la CIJ, et non comme une affaire ayant déjà été portée devant celle-ci.

Le Canada vient également d’obtenir un siège à ce même comité. Amanda Dale, une experte canadienne en droits de la personne désignée par Ottawa, a été élue au comité de la CEDAW pour le mandat 2027-2030. Compte tenu de cette nomination canadienne, les défenseurs des droits demandent au Canada de faire de cette étape un levier pour faire avancer, avec la même urgence, sa propre affaire concernant l’Afghanistan.


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Lorsque le Canada et les Pays-Bas ont intenté une action similaire contre la Syrie pour torture, ils ont franchi chaque étape sans délai. Une fois les négociations dans l’impasse en 2022, ils ont rapidement demandé l’arbitrage. La Syrie n’ayant pas donné suite dans le délai requis de six mois, ils ont saisi la CIJ en 2023 et ont obtenu une ordonnance exécutoire.

Après avoir invoqué le même mécanisme contre l’Afghanistan, le Canada n’a franchi aucune étape comparable. Si les négociations ont échoué, elles n’ont visiblement pas cédé la place à une demande d’arbitrage. L’affaire en est toujours au point de départ.

Les femmes afghanes, ainsi que les États qui ont pris cet engagement en leur nom, méritent la même urgence procédurale qui a permis de mener l’affaire contre la Syrie jusqu’à sa résolution.

L’ampleur des conséquences de cette inaction est bien documentée.

Réflexions personnelles

Je reconnais tout cela, car j’en ai déjà vécu une version autrefois.

En 1996, j’étais une jeune fille à quelques semaines de mes examens finaux lorsque les talibans ont pris le contrôle de Kaboul. Cette nuit-là, sans électricité, nous nous sommes rassemblées autour d’une radio et avons appris que nous étions passées dans la classe supérieure, mais que les écoles fermaient leurs portes aux filles jusqu’à nouvel ordre.

Au début, je ne comprenais pas ce que cela signifiait. En tant que jeune élève, j’étais ravie que les examens finaux soient annulés, alors j’ai couru le dire à ma grand-mère. À mi-chemin dans un couloir sombre, j’ai pris conscience de ce que cela signifiait réellement : il n’y aurait pas d’école l’année suivante. Je me suis assise et j’ai pleuré.

Mais j’ai eu de la chance.

Mes parents nous ont emmenées, ma sœur et moi, au Pakistan pour que nous puissions continuer nos études, une décision que de nombreuses familles afghanes ne pouvaient pas se permettre. Nous non plus, d’ailleurs. Ce sont mes tantes et mes oncles vivant à l’étranger qui ont financé nos études.

Certaines de mes amies n’ont pas pu terminer leurs études et, pour autant que je sache, ont plutôt été mariées. J’ai ensuite été la première femme à occuper le poste de directrice, puis de sous-ministre, puis de ministre par intérim des Mines et du Pétrole au sein du cabinet afghan.

Ces conditions ont changé pour ma génération. Rien ne garantit qu’elles changeront pour la génération actuelle, la sensibilisation à elle seule n’y suffira pas.

Les femmes afghanes ont passé les cinq dernières années à prouver qu’elles n’avaient pas accepté cette interdiction comme un fait accompli. Il convient de se demander pourquoi le reste du monde s’est satisfait d’un engagement si limité.

La Conversation Canada

Ghazaal Habibyar ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. J’ai déjà vu les talibans fermer les écoles aux filles. Les revoir le faire est déchirant – https://theconversation.com/jai-deja-vu-les-talibans-fermer-les-ecoles-aux-filles-les-revoir-le-faire-est-dechirant-289930

Patrimoine : faut-il faire contribuer ceux qui exploitent son image ?

Source: The Conversation – in French – By Cécile Anger, Docteur en droit des marques culturelles, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Façade du Palais Garnier, à Paris, revêtue d’une publicité de la marque Chanel, dont les recettes ont financé la restauration de l’édifice. ATHEM

Alors que la Cour des comptes alerte sur l’ampleur des besoins en matière de financement du patrimoine, l’image des biens culturels pourrait-elle devenir une ressource économique au service de leur conservation ?


Dans un rapport publié le 16 juin dernier, la Cour des comptes se penche sur les grands chantiers patrimoniaux du ministère de la culture conduits ces dix dernières années. Elle souligne le coût élevé de ces opérations, souvent revu à la hausse, et le nombre croissant de rénovations à conduire d’ici à 2035, qu’il s’agisse de restaurations ou de mises aux normes environnementales et sécuritaires.

Mais le constat ne s’arrête pas là : les magistrats de la rue Cambon alertent sur le financement de ces chantiers. Cette hausse des besoins de rénovation du patrimoine soulève « des inquiétudes sérieuses quant à sa soutenabilité financière ». La Cour mentionne un « effet de ciseau » entre, d’une part, l’augmentation des chantiers et, d’autre part, « des financements publics en attrition ».

Des recettes issues de partenariats avec des acteurs privés

Face à la contraction des financements publics, les opérateurs culturels diversifient leurs ressources : billetterie, mécénat, locations d’espaces, partenariats internationaux ou encore recettes publicitaires liées aux chantiers de restauration. Le partenariat avec le Louvre Abou Dhabi en constitue un exemple emblématique, ayant permis de « financer pour plus d’un milliard d’euros d’investissements au profit du patrimoine français », même si la Cour rappelle que cet accord arrive à échéance.

Les publicités apposées sur les bâches de chantier constituent également une source de financement, comme l’ont illustré les travaux de l’Opéra national de Paris.

Le droit sur l’image des domaines nationaux : un nouvel outil de financement du patrimoine

Moins connu, un autre mécanisme visant lui aussi des recettes de nature publicitaire a vu le jour il y a quelques années.

Il y a dix ans, la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (loi LCAP) a instauré une disposition venant encadrer les conditions d’utilisation commerciale de l’image de certains biens culturels. Dans ce cadre, le monument ne sert pas de support à la publicité, il en devient le sujet.

L’article L. 621-42 du Code du patrimoine prévoit que l’utilisation à des fins commerciales de l’image des domaines nationaux est soumise à autorisation préalable du gestionnaire, cette dernière pouvant être assortie de conditions financières. L’objectif était à la fois de protéger l’image de ces domaines et de la valoriser sur le plan économique.

Quels sont ces domaines nationaux ? Il s’agit d’ensembles immobiliers appartenant, au moins en partie, à l’État et présentant « un lien exceptionnel avec l’histoire de la nation ». Sont donc exclus les biens mobiliers (peintures, sculptures, dessins…) ainsi que les biens n’appartenant pas, même partiellement, à l’État, qu’ils relèvent de propriétaires privés (comme le château de Chenonceau) ou d’autres personnes publiques (comme la tour Eiffel ou le Palais des papes).

Un cadre limité aux seuls domaines nationaux

Il s’agit d’un cercle restreint de bénéficiaires. Aujourd’hui, 21 monuments disposent de ce statut à part, dont la liste comprend notamment le palais de l’Élysée, les châteaux de Versailles et de Chambord et le musée du Louvre. D’autres acteurs culturels pourraient, eux aussi, souhaiter rejoindre ce cercle.

Les usages commerciaux de l’image du patrimoine sont nombreux et la possibilité d’associer les utilisateurs à son entretien séduirait assurément un nombre important de gestionnaires culturels, en charge de mettre en œuvre l’obligation de conservation des biens dont ils ont la garde.

Le Palais des papes à Avignon, dans le Vaucluse, n’appartenant pas au moins en partie à l’État, ne peut disposer du statut de domaine national.
Avignon Tourisme

Une extension au profit d’autres biens culturels ?

Le périmètre des bénéficiaires fait débat depuis l’adoption de la loi LCAP. Dès les discussions parlementaires de 2016, puis dans une question au gouvernement, le sénateur Les Républicains (LR) Louis-Jean de Nicolaÿ proposait d’étendre le dispositif à l’ensemble des monuments historiques, estimant légitime que les propriétaires qui investissent dans leur restauration puissent bénéficier des recettes commerciales générées par leur image.

En 2019, la Cour des comptes relevait déjà cette limite dans un rapport consacré à la valorisation des marques culturelles . Prenant l’exemple du musée d’Orsay, elle suggérait d’étudier « la création d’un régime juridique ad hoc pour les musées les plus importants », notamment les 41 musées nationaux, dont seuls certains bénéficient aujourd’hui du statut de domaine national.

Tout comme le Palais des papes à Avignon, le château de Chenonceau (Indre-et-Loire) ne peut disposer du statut de domaine national.
Château de Chenonceau

Une approche plus large en Grèce et en Italie

La France n’est pas isolée dans ces réflexions. D’autres États européens – en particulier ceux disposant d’un riche patrimoine culturel et d’une économie en grande partie fondée sur le tourisme – ont adopté des mesures similaires. Certains ont choisi de retenir un périmètre plus large. La Grèce et l’Italie ont visé les biens culturels dans leur ensemble, comprenant ainsi les biens mobiliers et immobiliers.

L’Italie en offre une illustration avec le contentieux ayant opposé la Galleria dell’Accademia de Venise à l’entreprise Ravensburger à propos de l’utilisation commerciale de l’Homme de Vitruve.

Puzzles composés de l’image de l’Homme de Vitruve (Léonard de Vinci, vers 1490, dessin à la plume, encre et lavis), Ravensburger.
Ravensburger

Une atteinte acceptable au domaine public ?

Que signifierait une telle extension si elle devait advenir en France ? Elle permettrait à davantage de gestionnaires de transformer les utilisateurs commerciaux de l’image du patrimoine en contributeurs à sa conservation. La philosophie derrière cette logique est louable, mais il convient de tenir compte des conséquences éventuelles d’une telle ouverture.

En principe, lorsqu’une œuvre de l’esprit entre dans le domaine public, chacun peut librement la reproduire, y compris à des fins commerciales. Soumettre certains usages à une approbation préalable et au versement d’une redevance vient en quelque sorte faire renaître un droit sur le bien, au bénéfice des gestionnaires culturels.

Cette restriction ne viserait toutefois que les usages commerciaux. Les utilisations à des fins d’information, d’enseignement, de création artistique ou de recherche demeureraient libres, conformément aux exceptions prévues à l’alinéa 3 de l’article L. 621-42 du Code du patrimoine. Le débat se concentre ainsi sur les acteurs économiques qui retirent un bénéfice commercial de l’image du patrimoine sans participer directement à son financement, situation que les économistes qualifient de « passager clandestin ».

La figure du « passager clandestin »

Cette notion, développée par les économistes, désigne la situation dans laquelle un acteur bénéficie d’une ressource sans en supporter le coût, ou du moins sans en payer le juste prix.

Dans le secteur culturel, le « passager clandestin » (free rider) peut être l’entreprise qui exploite commercialement l’image d’un monument sans contribuer à sa conservation, alors même que celle-ci repose principalement sur des financements publics correspondant in fine à l’impôt collecté auprès des contribuables.

La question est alors la suivante : peut-on faire partager la charge de conservation du patrimoine avec ceux qui tirent profit de son image ?

Dans un rapport du Conseil d’analyse économique de 2011 consacré à la valorisation du patrimoine culturel français, Françoise Benhamou et David Thesmar identifiaient déjà une forme de « passager clandestin » : les acteurs du tourisme – hôtels, restaurants ou boutiques de souvenirs – qui bénéficient de la présence de sites patrimoniaux et des retombées économiques qu’ils génèrent, sans toujours contribuer à leur entretien. Ils soulignaient ainsi que « l’investissement dans l’entretien du patrimoine est insuffisant ou laissé à la charge du contribuable » et proposaient de « faire payer le patrimoine au juste prix par ceux qui en bénéficient financièrement ».

Si la « cible » n’est pas la même, la logique du droit sur l’image est similaire : inviter les acteurs économiques utilisant l’image du patrimoine à des fins commerciales à soutenir la préservation de ce dernier.

Plus qu’un nouvel impôt, ce mécanisme poursuivrait une autre ambition : transformer et convertir les utilisateurs commerciaux du patrimoine en contributeurs de ce dernier. À l’heure où les besoins de financement ne cessent de croître, cette idée mérite peut-être d’être reposée.

The Conversation

Cécile Anger ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Patrimoine : faut-il faire contribuer ceux qui exploitent son image ? – https://theconversation.com/patrimoine-faut-il-faire-contribuer-ceux-qui-exploitent-son-image-286911

Réseaux sociaux, algorithmes, prison : vers l’hypersurveillance ?

Source: The Conversation – in French – By Tony Ferri, Enseignant en criminologie et philosophie pénale, Institut catholique de Lille (ICL)

La loi Ripost prolonge jusqu’en 2030 le dispositif de vidéosurveillance algorithmique, initialement conçu pour la stricte durée des Jeux olympiques de Paris 2024. HJBC/Shutterstock (no reuse)

L’ESSENTIEL

  • La loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans ( finalement censurée par le Conseil constitutionnel ) aurait imposé une vérification d’âge à tous les utilisateurs.

  • La loi Ripost prolonge jusqu’en 2030 un dispositif de vidéosurveillance algorithmique initialement limité aux Jeux olympiques de Paris 2024.

  • D’autres exemples (bracelet électronique, monétisation des données) illustrent les risques d’extension des outils de surveillance.


Le 21 et le 22 juillet 2026, le Parlement a adopté une loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, imposant de fait une vérification d’âge à l’ensemble des utilisateurs. Le même mois, une seconde loi passée avec beaucoup moins d’écho médiatique, la loi de « Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » (loi Ripost) prolongeait jusqu’en 2030, et étendait à l’intérieur des bâtiments, un dispositif de vidéosurveillance algorithmique conçu à l’origine comme strictement temporaire, pour la durée des Jeux olympiques de Paris 2024.

Deux lois, deux publics visés (les mineurs d’un côté, les foules dans l’espace public de l’autre), mais un même mécanisme : un dispositif de contrôle pensé pour une population ou une occasion restreinte qui finit par s’étendre bien au-delà de sa cible initiale.

C’est cette hypothèse, celle de ce que j’appelle l’hypersurveillance, qu’il s’agit de mettre à l’épreuve à travers quatre terrains très différents.

La prison, laboratoire historique du contrôle généralisé

Le premier terrain n’est pas le numérique, mais la prison. La surveillance électronique (au moyen d’un bracelet) a été introduite en France dans les années 1990 pour une population très circonscrite : des condamnés en fin de peine, jugés peu dangereux, à qui l’on épargnait l’incarcération. Trente ans plus tard, le dispositif s’est banalisé : longtemps stable autour de 10 000 bracelets actifs depuis 2013, leur nombre a bondi de 47 % en deux ans pour atteindre 16 200, selon les données de l’Observatoire international des prisons, sans que cette hausse s’accompagne d’une baisse équivalente de la population carcérale. Une tendance que confirment les statistiques officielles les plus récentes du ministère de la justice, qui recensent 17 600 personnes condamnées exécutant leur peine hors détention au 1er janvier 2026, en hausse de 9,8 % sur un an.

Le président de l’Association nationale des juges de l’application des peines observe lui-même un phénomène de banalisation de la surveillance électronique à tous les stades de l’exécution des peines. La criminologie anglo-saxonne nomme ce phénomène le net widening, l’extension du filet pénal : plutôt que de se substituer à l’emprisonnement, le bracelet est venu s’y ajouter, élargissant la population sous main de justice plutôt que de la restreindre.

Ce cheminement n’est pas propre à la prison. C’est l’hypothèse que je voudrais vérifier ici, sur trois autres terrains : celle d’une infrastructure technique qui, une fois posée pour un motif précis et consensuel, ne reste presque jamais cantonnée à cet objet.

Le numérique comme nouveau relais : vérifier l’âge de tous

La loi sur l’accès des mineurs aux réseaux sociaux en offre une première illustration. Pour interdire l’accès aux seuls moins de 15 ans, il faut nécessairement vérifier l’âge de l’ensemble des utilisateurs : on ne peut isoler une sous-population sans faire passer, par le même sas, la totalité de la population.

Le mécanisme retenu, recommandé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et repris dans le référentiel de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), repose sur un « tiers de confiance » : une entité extérieure à la plateforme vérifie l’âge (par le biais d’une pièce d’identité, d’une estimation faciale ou d’un autre moyen) et ne transmet au service qu’une confirmation binaire, sans révéler l’identité, un principe que les pouvoirs publics ont nommé « double anonymat ».

L’association La Quadrature du Net a toutefois montré que ce terme est trompeur : le dispositif n’offre pas d’anonymat à proprement parler, seulement un cloisonnement des données entre la plateforme et le vérificateur. Ce cloisonnement suppose une architecture technique parfaitement conçue, déployée et auditée pour tenir sa promesse.

Le Conseil constitutionnel vient toutefois de censurer, le 14 août 2026, l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, en relevant notamment que le dispositif ne comportait pas les garanties propres à assurer le respect de la vie privée. Cette censure ne signifie pas pour autant que la question de la protection des mineurs ou celle de la vérification de leur âge soit abandonnée : elle souligne au contraire la tension que soulève la mise en place d’un tel mécanisme à l’échelle de l’ensemble des utilisateurs.

Ce que révèle cette analyse, au fond, c’est la généralisation d’un contrôle d’identité en ligne qui concernera des dizaines de millions d’utilisateurs majeurs que la loi ne visait pourtant pas. On ne punit personne, on protège ; mais on ne protège qu’en identifiant, et la littérature en Surveillance Studies a un nom pour ce que devient une infrastructure d’identification une fois posée : le function creep, ou dérive de finalité, à savoir la tendance, documentée notamment dans le cas du fichier européen Eurodac, d’un dispositif à s’étendre progressivement à des usages que sa justification initiale ne prévoyait pas.

Nos données, nouvelle matière première

Ce mouvement ne concerne pas seulement les lois. Il est aussi, plus silencieusement, à l’œuvre dans le modèle économique des grandes platesformes elles-mêmes, ce que la sociologue Shoshana Zuboff a nommé le « capitalisme de surveillance » : nos comportements en ligne, nos déplacements, nos émotions y sont traduits en données, puis en prédictions vendues sur un marché des comportements futurs.

Je ne prétends pas que la comparaison avec le geste législatif soit d’une intention identique : que des entreprises cherchent structurellement à tout monétiser relève d’un modèle d’affaires assumé, tandis que des parlementaires, aux sensibilités politiques diverses, ne votent évidemment pas une loi de protection des mineurs dans l’intention de contrôler la population entière. Mais structurellement, au niveau de l’effet plutôt que de l’intention, les deux dynamiques se rejoignent : dans un cas comme dans l’autre, une infrastructure conçue pour un motif circonscrit (protéger, améliorer un service) en vient à faire de la population entière la matière d’un contrôle qu’aucun acteur n’avait besoin de vouloir dès l’origine pour qu’il advienne.

La rue sous algorithme : la loi Ripost

Le troisième terrain, plus feutré encore, se joue dans la rue. La vidéosurveillance algorithmique – des caméras couplées à des logiciels d’intelligence artificielle capables de détecter des mouvements de foule ou des comportements jugés suspects – avait été autorisée par la loi du 19 mai 2023 comme une expérimentation strictement temporaire, cantonnée aux grands rassemblements des Jeux olympiques de Paris 2024, et censée s’achever le 31 mars 2025.

Le bilan de cette expérimentation, dressé par un rapport du Sénat, est resté modeste au regard de l’ambition affichée : le dispositif n’a été mis en œuvre, tous utilisateurs confondus, qu’à 47 reprises, pour une trentaine de manifestations couvertes et dans une soixantaine de lieux, pour un coût budgétaire global d’environ 0,9 million d’euros. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs censuré, le 24 avril 2025, une première tentative de prolongation du dispositif jusqu’en 2027 : les « sages » ont jugé que cette disposition, glissée dans une loi sur la sûreté dans les transports, constituait un « cavalier législatif » sans lien avec l’objet du texte – une censure de procédure, non un jugement sur le fond du dispositif lui-même.

Cela n’a pas empêché la relance du texte, sous un autre véhicule législatif : la loi Ripost, adoptée le 21 juillet 2026, prolonge désormais l’expérimentation jusqu’en 2030 et l’étend, pour la première fois, à l’intérieur des bâtiments accueillant du public, ouvrant du même coup, pour le secteur privé de la sécurité, un marché estimé à 6 milliards d’euros – un secteur déjà en forte croissance : le chiffre d’affaires des entreprises françaises de vidéosurveillance a progressé de 7,8 % en 2024.

D’un cadre pensé pour un événement sportif fini et un périmètre restreint, on est ainsi passé, en trois ans et malgré un bilan mitigé, à un dispositif permanent, élargi, et désormais porteur d’intérêts économiques qui rendent son retrait politiquement improbable.

Une même architecture, quatre visages

Prison, réseaux sociaux, plateformes numériques, espace urbain : quatre terrains qui n’ont, en apparence, rien en commun. Mais, dans chaque cas, une séquence comparable se dessine. Un dispositif de contrôle naît pour une cible précise, dans un contexte qui rend son acceptation facile : la réinsertion des condamnés, la protection des enfants, l’amélioration d’un service, la sécurité d’un grand événement. Puis, par la force de son infrastructure technique désormais disponible, il s’étend, se prolonge, se banalise, bien au-delà de sa justification initiale. Dès lors, la question n’est plus seulement : qui surveille ? Elle est devenue : que reste-t-il d’une liberté qui exige, pour s’exercer, d’être d’abord rendue visible (un bracelet pour sortir, une pièce d’identité pour se connecter, une caméra pour circuler) ?

L’hypersurveillance désigne précisément ce processus : le moment où l’exception du contrôle devient la condition ordinaire de la liberté.

Je ne conteste aucun de ces objectifs pris isolément : protéger des mineurs ou sécuriser des rassemblements sont des préoccupations légitimes. Ce que je crois utile de nommer, c’est ce qu’ils installent ensemble et durablement. La Cnil elle-même, dans un avis de 2022, mettait en relief que ces outils ne constituent pas une simple évolution technologique, mais une modification de la nature des dispositifs, un changement de nature, donc, et pas seulement de degré, dans le rapport qu’une société entretient avec ceux qu’elle observe. C’est cette normalisation silencieuse, plus que chacune de ces lois prises séparément, qu’il convient de continuer à interroger.

The Conversation

Tony Ferri ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Réseaux sociaux, algorithmes, prison : vers l’hypersurveillance ? – https://theconversation.com/reseaux-sociaux-algorithmes-prison-vers-lhypersurveillance-289317

États-Unis : le parti démocrate a-t-il pris un virage progressiste ?

Source: The Conversation – France in French (3) – By Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po


L’ESSENTIEL

  • Le 4 août 2026, à la surprise générale, le progressiste Abdul El-Sayed a remporté la primaire démocrate de l’un des deux postes de sénateur du Michigan au Sénat des États-Unis.

  • Cette victoire montre que la légitimité sociale – El-Sayed n’est pas un politicien professionnel – peut se traduire en reconnaissance institutionnelle au sein du Parti démocrate.

  • El-Sayed incarne une nouvelle génération du parti, davantage préoccupée par les inégalités systémiques et très critique à l’égard du soutien de Washington au gouvernement israélien actuel. Reste à savoir si cette génération parviendra à imposer durablement son agenda.


Contre toute attente et après une campagne très médiatisée, Abdul El Sayed, 41 ans, a remporté la primaire démocrate de l’un des deux postes de sénateur du Michigan avec 48,48 % des voix contre 47,51 % pour Haley Stevens, le 4 août dernier.

Cette victoire est d’autant plus spectaculaire que Stevens était une représentante démocrate à la Chambre depuis plusieurs années et bénéficiait du soutien d’une partie importante de l’establishment du parti. Dans un État qui avait voté majoritairement pour Donald Trump lors de la présidentielle de 2024, elle se présentait comme la candidate la plus susceptible de reconquérir les électeurs modérés.

Une victoire significative pour l’aile progressiste

La nomination d’Abdul El-Sayed constitue un moment significatif pour l’aile progressiste du Parti démocrate, en ce qu’elle manifeste la capacité de cette mouvance à convertir une dynamique militante en reconnaissance institutionnelle. Ce succès n’est pas sans rappeler l’élection au poste de maire de New York, en novembre dernier, à l’âge de 34 ans, de Zohran Mamdani, figure emblématique d’une génération de démocrates qui articulent mobilisation communautaire, critique du néolibéralisme et réinvention des pratiques électives.

El-Sayed comme Mamdani incarnent tous deux une forme de politisation ascendante : un passage de l’activisme local à la légitimité électorale, révélant la manière dont les réseaux militants, les organisations de quartier et les coalitions diasporiques peuvent devenir des vecteurs de conquête du pouvoir.

Toutefois, la comparaison doit être nuancée.

Mamdani disposait déjà d’une expérience élective solide, ayant été élu à l’Assemblée de l’État de New York avant d’accéder à la mairie, ce qui lui conférait une légitimité institutionnelle et une maîtrise des codes de la représentation politique. El-Sayed, en revanche, n’a jamais exercé de mandat électif : il demeure un outsider, au sens où sa trajectoire s’est construite dans l’action publique, la santé communautaire et la mobilisation civique plutôt que dans les arènes électorales traditionnelles.

Cette distinction est théoriquement féconde. Elle permet de penser deux modalités d’entrée dans le champ politique : l’une, incarnée par Mamdani, fondée sur la consolidation progressive d’un capital politique institutionnel ; l’autre, illustrée par El-Sayed, reposant sur un capital militant, discursif et communautaire. Dans les deux cas, la base progressiste joue un rôle structurant, mais selon des logiques différentes : chez Mamdani, elle renforce une trajectoire déjà institutionnalisée ; chez El-Sayed, elle sert de levier pour contourner les barrières d’accès au pouvoir.

Cette nomination révèle ainsi une transformation plus large du Parti démocrate, où les outsiders dotés d’une forte légitimité sociale peuvent désormais prétendre à des positions de leadership, témoignant de l’ouverture – relative mais réelle – du champ politique à des profils issus de l’activisme, de la santé publique ou des mobilisations diasporiques. Elle montre également que la frontière entre expertise technocratique et légitimité élective se reconfigure, permettant à des acteurs non élus, mais fortement ancrés dans les communautés, de devenir des figures centrales de la recomposition progressiste.

Abdul El-Sayed, ou le rêve américain

Le parcours d’Abdul El-Sayed illustre une configuration typiquement américaine : celle d’un outsider capable de transformer une trajectoire professionnelle menée en dehors du champ politique politique en capital électoral.

Médecin spécialiste de santé publique, formé à Columbia et à Oxford, il a dirigé le département de santé de Detroit puis le service de santé du comté de Wayne, avant de se présenter aux primaires démocrates pour le poste de gouverneur du Michigan en 2018 – il arrivera en deuxième position sur trois candidats, récoltant plus de 340 000 voix, derrière Gretchen Whitmer (588 000 voix), qui sera par la suite élue gouverneure.

Cette trajectoire, qui conjugue excellence académique, engagement dans le service public et mobilisation civique, raconte une version contemporaine du rêve américain, non pas celle de l’ascension individuelle par la seule réussite économique, mais celle d’une intégration civique fondée sur la compétence, le mérite et la contribution à la collectivité. Fils d’immigrés égyptiens, El-Sayed incarne une figure ascendante de la méritocratie américaine : celle d’un individu qui, sans appartenir aux élites politiques traditionnelles, parvient à convertir son expertise en légitimité publique.

Abdul El-Sayed rencontrant des électeurs à l’Université technologique du Michigan, le 22 octobre 2025.
Conlan Houston/Wikimédia, CC BY-NC

Cette dimension est essentielle pour comprendre la politique états-unienne contemporaine. L’absence de mandat antérieur n’est pas un handicap : elle devient parfois un atout, en permettant de se présenter comme une figure neuve, non compromise par les logiques partisanes, capable de porter une critique du statu quo.

El-Sayed s’inscrit dans cette tradition de candidats dont la légitimité ne provient pas de l’institution, mais de l’expérience professionnelle, de l’engagement communautaire et de la capacité à articuler une vision morale de l’action publique. Sa nomination dans une primaire sénatoriale nationale témoigne de cette plasticité du champ politique américain, où l’autorité peut émerger hors des circuits classiques de la carrière politique.

L’aile progressiste dans l’histoire politique états-unienne

La victoire d’El-Sayed s’inscrit également dans une histoire plus longue de la gauche démocrate. Pendant une grande partie du XXᵉ siècle, les progressistes défendaient un État fédéral capable de réduire les inégalités, de protéger les salariés, de développer les services publics et de renforcer les droits civiques. Mais à partir des années 1970, puis surtout sous Bill Clinton (1993-2001), le parti a adopté une ligne plus centriste favorable à l’économie de marché et à une stratégie visant les classes moyennes et les électeurs indépendants.

La crise financière de 2008, la montée des inégalités et la transformation du débat social ont ouvert un nouvel espace à gauche. Bernie Sanders lui a donné une cohérence nationale. L’ascension de Bernie Sanders (sénateur du Vermont depuis 2007, ndlr) au sein de la gauche américaine illustre un phénomène paradoxal : celui d’une figure qui, tout en demeurant extérieure au Parti démocrate sur le plan formel, en est devenue l’un des pôles idéologiques structurants.

Son influence ne se mesure pas seulement à ses campagnes présidentielles, mais à la manière dont il a déplacé le centre de gravité du débat démocrate vers des thématiques longtemps marginales : la concentration extrême des richesses, le pouvoir des grandes entreprises, l’explosion du coût de la vie, la fragilité de la protection sociale. En imposant ces enjeux comme des questions légitimes, centrales et discutées, Sanders a contribué à reconfigurer l’imaginaire politique d’une génération de militants et d’électeurs, donnant à la critique du capitalisme financiarisé une visibilité nouvelle dans l’espace public états-unien.

Dans ce sillage, Alexandria Ocasio-Cortez s’est imposée comme l’autre visage majeur de cette gauche renouvelée. La présence de la représentante démocrate de New York aux côtés d’Abdul El-Sayed dans le Michigan a conféré à cette candidature une portée nationale, révélant la capacité de cette aile progressiste à fédérer, mobiliser et médiatiser des causes longtemps perçues comme minoritaires.

Le programme qu’ils défendent – santé universelle, hausse des salaires, renforcement des syndicats, logement abordable, transition écologique, droits civiques, réforme de l’immigration, limitation du pouvoir des entreprises – dessine une cohérence idéologique qui dépasse la simple contestation : il s’agit d’un projet de transformation systémique, articulé autour d’une critique du néolibéralisme et d’une volonté de rééquilibrer les rapports de force sociaux.

La victoire obtenue dans le Michigan marque ainsi un moment charnière : elle montre que ces thèmes, longtemps cantonnés aux marges militantes, peuvent désormais conquérir le pouvoir électoral. Ce basculement signale une mutation profonde du champ politique démocrate, où l’aile progressiste cesse d’être un foyer protestataire pour devenir un acteur capable d’imposer ses priorités, ses récits et ses figures. Il révèle aussi une recomposition générationnelle : une nouvelle gauche, plus jeune, plus diverse, plus structurée autour des inégalités systémiques, parvient à transformer ses intuitions en dynamiques électorales concrètes.

Une primaire entre deux visions du Parti démocrate

El-Sayed a fait de son absence de mandat électif une force. Sa campagne s’est construite autour d’une critique du système politique dominé par les grandes entreprises, les intérêts financiers et les groupes de pression. Il s’est présenté comme le candidat des travailleurs, des familles et des jeunes électeurs. Il a défendu la hausse des salaires, une politique d’immigration plus protectrice et a remis en cause l’aide militaire des États-Unis à Israël.

La centralité de Gaza dans la primaire du Michigan révèle la manière dont un conflit international peut devenir un opérateur de structuration identitaire et électorale au sein d’un espace partisan. La position d’Abdul El-Sayed, l’un des démocrates les plus critiques à l’égard de la politique israélienne, ne relève pas seulement d’un choix programmatique : elle s’inscrit dans une dynamique de politisation diasporique où l’électorat arabo-américain transforme une mémoire collective transnationale en ressource pour la politique locale.

En demandant que l’aide américaine soit davantage conditionnée, El-Sayed mobilise un registre normatif – droits humains, responsabilité internationale, cohérence morale – qui entre en tension avec la ligne plus classique défendue par Haley Stevens, attachée à la relation stratégique israélo-américaine. Dans le Michigan, où l’électorat arabo-américain est l’un des plus importants du pays, la guerre à Gaza a reconfiguré les rapports de force dans plusieurs bastions démocrates. Les mobilisations locales, les campagnes de sensibilisation et les réseaux communautaires ont transformé la politique étrangère en critère de vote déterminant.

El-Sayed affrontera en novembre le républicain Mike Rogers, ancien représentant au Congrès qui avait déjà été candidat au Sénat en 2024. Les élections de mi-mandat permettront d’évaluer la capacité de cette percée à se transformer en dynamique durable. Elles montreront ainsi si El-Sayed inaugure une recomposition profonde ou s’il demeure une exception dans un paysage encore dominé par les élites établies.

The Conversation

Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. États-Unis : le parti démocrate a-t-il pris un virage progressiste ? – https://theconversation.com/etats-unis-le-parti-democrate-a-t-il-pris-un-virage-progressiste-289512

Un oligarque russe à l’honneur dans « The Economist » : quand les médias prêtent leur crédibilité aux acteurs des conflits

Source: The Conversation – France in French (3) – By Yuliya Matvyeyeva, Doctorante en Sciences de l’information et de la communication à l’Université Gustave Eiffel, Université Gustave Eiffel

Ouverture du grand format publié par *The Economist* consacré à Andreï Melnitchenko, présenté comme « l’homme qui pourrait changer la Russie ». Photo : Hanna Heitman.
« The Economist », 9 juillet 2026.

L’ESSENTIEL

  • En juillet 2026, l’hebdomadaire britannique The Economist a consacré sa couverture et plusieurs formats éditoriaux à Andreï Melnitchenko, oligarque russe toujours visé par des sanctions européennes, britanniques et américaines.

  • Le dossier le présente comme un possible acteur de la transformation de la Russie tandis que la souveraineté et la sécurité de l’Ukraine restent à l’arrière-plan.

  • Ce cas montre comment un média prestigieux peut atténuer l’effet réputationnel des sanctions en donnant à une personne sanctionnée le statut d’interlocuteur faisant autorité sur l’avenir de la Russie et de l’Europe.


À l’instar d’une banque, un grand média comme The Economist, la BBC, France 2 ou encore le Monde repose sur un capital essentiel : la confiance. En consacrant sa couverture, ses colonnes ou son antenne à une personnalité, il ne lui offre pas seulement de la visibilité : il lui prête une part de sa crédibilité.

C’est sous cet angle qu’il faut lire le dispositif consacré par The Economist à Andreï Melnitchenko : un portrait annonçant qu’« un oligarque russe de premier plan brise le silence », un éditorial le présentant comme « l’homme qui voudrait changer la Russie », une tribune où il explique pourquoi « une Russie brisée serait néfaste pour le monde » ainsi qu’un podcast consacré aux « options de Poutine », donnant une nouvelle fois la parole à l’oligarque.

Ce déploiement constitue un choix de cadrage. Pourquoi cette voix pour ouvrir la discussion sur l’avenir de la Russie et, indirectement, sur la sécurité européenne ?

Sans préjuger des intentions de la rédaction, la réponse tient à une logique journalistique identifiable : Melnitchenko s’exprime très rarement, il détient une grande puissance économique, il est un membre éminent de l’élite russe et dépeint un récit sur l’après-guerre. Homme du système qui affirme pouvoir peser sur l’évolution future de la Russie, il incarne ainsi une voie possible de l’avenir du pays.

Qui est Andreï Melnitchenko ?

Peu connu du grand public européen, Andreï Melnitchenko n’est ni un opposant politique, ni un universitaire, ni une figure de la société civile. Il est l’un des hommes les plus fortunés de Russie, à la tête d’un empire construit dans le charbon, avec la Siberian Coal Energy Company (SUEK), et les engrais, avec EuroChem.

En mars 2022, l’Union européenne l’a inscrit sur sa liste de sanctions. Il demeure aujourd’hui visé par des sanctions de l’Union européenne, du Royaume-Uni et des États-Unis. Le Conseil de l’UE rappelle qu’il a participé, le 24 février 2022, à une réunion organisée par Vladimir Poutine avec les principaux hommes d’affaires russes et le qualifie d’entrepreneur influent dans des secteurs générant des revenus substantiels pour l’État russe.

Selon Reuters, Melnitchenko s’est retiré, le 8 mars 2022, comme bénéficiaire des trusts détenant EuroChem et SUEK, son épouse devenant automatiquement bénéficiaire effective à la veille de son inscription sur la liste des sanctions de l’Union européenne. Alexandra Melnitchenko a ensuite été elle aussi sanctionnée.

En 2025, saisie par EuroChem, la Haute Cour de justice d’Angleterre et du pays de Galles a estimé que Melnitchenko conservait le contrôle de fait de la société appelée à recevoir les paiements. Elle était compétente parce que les six garanties bancaires à première demande étaient soumises au droit anglais et à la compétence exclusive des juridictions anglaises. La Cour a ainsi donné raison à Société générale et à ING : les paiements, prévus en France ou en Italie, y auraient été illégaux au regard des sanctions européennes.

Une enquête de Reuters a également révélé que des entreprises d’EuroChem avaient livré de l’acide nitrique et de l’acide acétique à l’usine Sverdlov (à Dzerzhinsk, près de Nijni-Novgorod, ndlr), qui fabrique des explosifs militaires. Reuters précise que ces substances ont aussi des usages civils et que la destination finale de chaque livraison n’a pas pu être établie. EuroChem rejette les conclusions de l’enquête et affirme ne pas appartenir au secteur de la défense.

Au-delà de ce volet industriel, le parcours de Melnitchenko depuis 2022 et ses prises de position publiques permettent de mieux situer la parole que The Economist choisit aujourd’hui de mettre en avant. Après quatorze ans passés en Suisse, l’homme d’affaires s’est installé à Dubaï à la suite du déclenchement de la guerre et de son inscription sur les listes de sanctions. À partir de 2023, il a toutefois recommencé à passer davantage de temps en Russie et, selon The Economist, vit désormais à Moscou.

Melnitchenko ne s’était pourtant pas entièrement tu. Dès mars 2022, il avait déclaré à Reuters que les événements en Ukraine étaient « tragiques » et qu’il fallait parvenir d’urgence à la paix, tout en insistant principalement sur le risque d’une crise alimentaire mondiale. En 2023, dans un entretien accordé au Financial Times, il condamnait les attaques contre les civils, mais attribuait les crimes de guerre aux deux camps et soutenait que l’identité de celui qui avait déclenché le conflit importait peu. Il présentait, par ailleurs, les sanctions occidentales comme une forme de violence économique frappant notamment les pays les plus pauvres.

À l’égard de Vladimir Poutine, sa position relevait davantage de la prise de distance que de l’opposition ouverte. En 2022, il affirmait ne pas entretenir de relation personnelle avec le président russe et ne pas avoir été informé à l’avance de l’invasion. Le portrait de The Economist rapporte cependant qu’en mai 2025 il a sollicité un entretien individuel au Kremlin afin de proposer une participation plus active à la vie publique russe. Il est donc inexact de présenter le dossier de 2026 comme sa toute première prise de parole. La nouveauté réside plutôt dans sa durée, son ambition politique et le dispositif éditorial qui transforme une parole jusque-là ponctuelle et essentiellement défensive en une vision structurée de l’avenir de la Russie et de la sécurité européenne.

The Economist rappelle les sanctions, le transfert des intérêts de Melnitchenko à son épouse, la contribution de ses entreprises à l’économie de guerre et le fait qu’il n’est ni un dissident ni un opposant déclaré à l’invasion. En revanche, le magazine ne détaille ni l’enquête de Reuters sur les livraisons à l’usine Sverdlov, ni ses déclarations antérieures renvoyant les crimes de guerre aux deux camps.

L’asymétrie tient donc moins à l’absence des faits qu’à leur hiérarchisation. Les éléments défavorables sont intégrés à un portrait globalement valorisant d’entrepreneur pragmatique et potentiellement réformateur. La souveraineté et l’éventuelle « humiliation » de la Russie occupent le centre du récit, tandis que l’intégrité territoriale de l’Ukraine, les garanties de sécurité et la responsabilité russe restent secondaires. Aucune voix ukrainienne ne bénéficie d’un espace comparable pour répondre à cette conception de la guerre.

En multipliant les formats autour de Melnitchenko, The Economist ne rend pas seulement sa parole visible : il lui confère une autorité dans la définition de l’avenir de la Russie et de la sécurité européenne.

Ce que raconte réellement « The Economist »

Dans « Why a broken Russia is bad for the world », Andreï Melnitchenko avance trois idées : une Russie affaiblie deviendrait davantage dépendante de la Chine ; une fragmentation de la Fédération créerait une instabilité mondiale ; enfin, une paix durable en Europe supposerait, à terme, que la Russie retrouve sa place dans une nouvelle architecture de sécurité.

Ces arguments reprennent plusieurs thèmes du discours stratégique russe : la guerre comme confrontation avec l’Occident, la crainte d’une Russie « humiliée » et la priorité accordée à sa souveraineté. Présentés comme des scénarios de risque, ils prennent l’apparence du réalisme stratégique. Le centre de gravité du débat se déplace alors de la guerre menée contre l’Ukraine vers l’avenir de la Russie. Les titres eux-mêmes invitent le lecteur à passer de la question « Comment mettre fin à une guerre d’agression ? » à une autre : « Quel avenir préparer pour la Russie ? »

En sciences de la communication, le cadrage ne change pas nécessairement les faits, mais la question autour de laquelle ils sont organisés. En plaçant l’avenir de la Russie au centre, le dispositif relègue à l’arrière-plan la reconstruction de l’Ukraine, le retour des enfants déportés, les responsabilités pour les crimes de guerre et les garanties contre une nouvelle agression. Les faits ne disparaissent pas ; leur hiérarchie change – et ce déplacement produit déjà un effet politique.

Quand la crédibilité devient une ressource stratégique

Dans un entretien accordé à Mediapart et relayé par Geode, le chercheur Maxime Audinet analyse un mécanisme comparable à partir de l’interview de Sergueï Lavrov diffusée sur France 2, le 26 mars 2026 : recherche de l’exclusivité, valeur symbolique de l’accès et dispositif de contradiction insuffisant.

Le cas de The Economist est différent : il ne s’agit pas d’un entretien en direct, mais d’un dispositif éditorial long, préparé et décliné en plusieurs formats.

L’influence sur le débat public ne passe pas nécessairement par le mensonge. Il naît aussi du choix des interlocuteurs et de la hiérarchie des questions. En multipliant les formats autour d’une même personne, un média ne dit pas seulement ce que cette personne pense : il contribue à établir qu’elle mérite d’être entendue comme une source autorisée. Les médias n’imposent pas les conclusions à leurs lecteurs, mais ils structurent l’agenda du débat et distribuent la crédibilité.

Les travaux consacrés aux listes de sanctions montrent que celles-ci produisent à la fois des coûts matériels et réputationnels. L’inscription sur une liste de personnes sanctionnées ne se réduit pas aux mesures patrimoniales qui l’accompagnent : elle associe publiquement un acteur à des conduites que les autorités imposant ces mesures entendent condamner. Mais cet effet réputationnel n’est ni automatique ni irréversible.

Les recherches récentes sur l’autorité épistémique des sources montrent que le journalisme construit une hiérarchie des personnes autorisées à décrire la réalité, notamment par la fréquence de leur présence et par ce qu’il leur permet d’énoncer. D’autres travaux sur l’authority signaling montrent que les interactions éditoriales peuvent activement élever certaines sources au rang d’interlocuteurs faisant autorité.

La visibilité ne produit pas automatiquement une légitimation. Tout dépend de la place accordée, du titre, de la répétition, du statut d’auteur, de la contradiction et de la vigueur de la confrontation. Dans le cas de Melnitchenko, l’accumulation des formats peut produire un contre-effet réputationnel : juridiquement, il demeure une personne sanctionnée ; discursivement, il devient un interlocuteur présenté comme pertinent pour penser l’avenir de la Russie et de l’Europe. Le dispositif ne neutralise pas les sanctions, mais peut en atténuer la portée réputationnelle. C’est ici que se situe la responsabilité éditoriale.

Le paradoxe est là : l’inscription sur une liste de sanctions produit un coût matériel et réputationnel tandis qu’un dispositif éditorial de cette ampleur peut conférer à la personne désignée une nouvelle autorité discursive. The Economist ne lève pas les sanctions visant Melnitchenko ; il lui prête cependant une part de son capital de crédibilité, jusque dans le débat sur la sécurité de l’Ukraine et de l’Europe. C’est dans ce pouvoir de relégitimation – et dans la manière dont il est exercé – que réside la responsabilité du média.

The Conversation

Yuliya Matvyeyeva ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Un oligarque russe à l’honneur dans « The Economist » : quand les médias prêtent leur crédibilité aux acteurs des conflits – https://theconversation.com/un-oligarque-russe-a-lhonneur-dans-the-economist-quand-les-medias-pretent-leur-credibilite-aux-acteurs-des-conflits-288365

L’accès au vélo est inégal dans les villes canadiennes

Source: The Conversation – in French – By Hiroshi Mamiya, Assistant Professor, Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, McGill University

Au Canada, les villes mettent en place des infrastructures cyclables afin de favoriser les modes de transport actifs et durables. Cependant, à mesure que les réseaux cyclables se développent, certains quartiers ont tendance à en bénéficier davantage que d’autres, ce qui soulève une question importante : qui profite de ces investissements ?


Dans notre récente étude, nous avons examiné cette question en analysant l’évolution des infrastructures cyclables à Montréal, à Vancouver et à Victoria entre 2011 et 2021.

Nous avons constaté que les quartiers comptant davantage d’enfants, de personnes âgées et de personnes racialisées étaient souvent plus éloignés des nouvelles infrastructures cyclables, même à mesure que les réseaux cyclables s’étendaient. Les infrastructures cyclables comprennent les pistes cyclables, les sentiers réservés aux vélos, les voies cyclables locales, les sentiers à usages multiples et les bandes cyclables.

Un sondage récent mené par l’Association canadienne de l’automobile a révélé que près d’un Canadien sur trois envisagerait de faire davantage de vélo s’il avait accès à de meilleures infrastructures. Le sondage a révélé que l’insuffisance des infrastructures cyclables était la raison la plus souvent citée pour ne pas faire davantage de vélo, devançant même les conditions météorologiques défavorables.

Les modes de déplacement actif, comme la marche et le vélo, nous relient aux communautés, aux services et aux lieux à proximité. Ils peuvent favoriser les liens sociaux au sein des communautés, réduire le risque de dépression et de stress, et offrir des occasions de faire de l’activité physique.

Malgré ces avantages, entre 1 et 6 % seulement des Canadiens utilisent le transport actif comme principal mode de déplacement. De nombreux facteurs peuvent influencer la décision de se mettre au vélo, notamment le coût d’un vélo et l’accès à une formation sur la sécurité à vélo.


Cet article fait partie de notre série Nos villes d’hier à demain. Le tissu urbain connaît de multiples mutations, avec chacune ses implications culturelles, économiques, sociales et politiques. Pour éclairer ces divers enjeux, The Conversation invite les chercheuses et chercheurs à aborder l’actualité de nos villes.

Nos conclusions

Montréal, Vancouver et Victoria sont trois villes canadiennes qui diffèrent par leur taille, leur composition démographique et leurs approches en matière de développement des réseaux cyclables.

Notre étude sur l’évolution des infrastructures cyclables dans ces trois collectivités n’a pas pris en compte les voies partagées dotées de marquages au sol, mais dépourvues de séparation physique entre les vélos et les véhicules (« sharrows »), en raison des risques connus qu’elles présentent pour la sécurité. Notre étude a également exclu d’autres aménagements liés au vélo, tels que les stationnements à vélos ou les casiers pour vélos.

Malgré l’expansion des infrastructures cyclables au cours de la dernière décennie, certaines inégalités ont persisté. Dans les trois villes, les quartiers comptant davantage d’enfants et, dans une moindre mesure, de personnes âgées, étaient généralement plus éloignés des infrastructures cyclables.




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De plus, à Montréal et à Vancouver, les quartiers où la proportion de personnes racialisées est plus élevée présentaient également un accès plus limité, bien que nous n’ayons pas observé cette tendance à Victoria.

Des recherches antérieures suggèrent que les communautés racialisées reçoivent souvent moins d’investissements pour les infrastructures cyclables. Il n’est pas encore clair si ces facteurs expliquent les disparités observées à Montréal et à Vancouver.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour examiner les causes de ces inégalités (et l’absence d’une tendance similaire à Victoria), notamment le rôle des investissements historiques dans les infrastructures, les priorités en matière d’urbanisme municipal, la ségrégation résidentielle et d’autres facteurs structurels.


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Il est intéressant de noter que Montréal s’est démarquée en réduisant progressivement l’écart d’accès dans les quartiers comptant davantage d’enfants au cours de la dernière décennie. Cette amélioration a coïncidé avec une expansion plus décentralisée des infrastructures cyclables au-delà du centre-ville, notamment grâce à la mise en place du Réseau Express Vélo, un réseau protégé de pistes cyclables reliant les différents arrondissements de l’île de Montréal. Vancouver a également connu une mise en place quelque peu décentralisée des infrastructures cyclables ; toutefois, l’expansion a été plus limitée qu’à Montréal.

Montréal a augmenté ses infrastructures cyclables de 63 % entre 2010 et 2021 (passant de 891 kilomètres à 1 449 kilomètres), tandis que Vancouver a connu une augmentation de 24 % (passant de 220 kilomètres à 273 kilomètres).




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Cette expansion plus limitée a peut-être contribué à des améliorations moins uniformes de l’accessibilité dans les quartiers comptant une plus forte proportion d’enfants. Bien que Victoria ait connu une expansion substantielle de ses infrastructures (passant de 24 km à 46 km, soit une augmentation de 92 %), leur mise en place s’est davantage concentrée dans le centre-ville, où vivent relativement peu d’enfants, ce qui a potentiellement limité les améliorations de l’accessibilité dans les quartiers comptant davantage d’enfants.

Nos constatations soulèvent également une question importante : pourquoi ces écarts existent-ils ? Les nouvelles pistes cyclables sont-elles moins souvent aménagées dans les quartiers comptant davantage d’enfants, de personnes âgées et de personnes issues de minorités ethniques ? Ou ces groupes sont-ils plus susceptibles de vivre dans des zones qui ont historiquement bénéficié de moins d’investissements dans le cyclisme ?

Améliorer l’accès

Les enfants et les aînés sont physiquement plus vulnérables que les jeunes adultes et les adultes d’âge moyen. Les mesures de précaution individuelles, comme le port du casque et la formation à la conduite sécuritaire, sont importantes, mais elles peuvent s’avérer insuffisantes sans des infrastructures cyclables séparées physiquement de la circulation motorisée.

Nous en savons également moins sur ce qui incite les enfants et les aînés à faire du vélo, et sur ce qui les en empêche. À l’heure actuelle, de nombreuses enquêtes se concentrent sur la pratique du vélo chez les personnes qui se déplacent pour se rendre au travail, qui comprennent principalement des adultes en âge de travailler. Des études antérieures suggèrent également que les personnes racialisées sont sous-représentées parmi les cyclistes.

Notre constat selon lequel les quartiers comptant une plus grande proportion de personnes racialisées sont situés plus loin des infrastructures cyclables pourrait contribuer à expliquer cette disparité. Il corrobore également des recherches antérieures démontrant que les communautés racialisées sont sous-représentées en matière d’accès à des itinéraires cyclables sécuritaires.

Les villes doivent améliorer l’accès aux infrastructures cyclables pour tous les résidents. Cela pourrait impliquer de donner la priorité aux quartiers les plus éloignés des infrastructures existantes, ou à ceux qui abritent des groupes démographiques où la pratique du vélo est moins répandue.

La Conversation Canada

Hiroshi Mamiya bénéficie d’un financement de la part de l’École de santé publique et de santé mondiale ainsi que de l’Institut canadien de recherche en santé.

– ref. L’accès au vélo est inégal dans les villes canadiennes – https://theconversation.com/lacces-au-velo-est-inegal-dans-les-villes-canadiennes-289776

L’histoire de l’IA, faite de cycles entre attentes démesurées et réelles avancées

Source: The Conversation – in French – By Nicolas P. Rougier, Directeur de Recherche en neurosciences computationelles, Inria; Université de Bordeaux

L’ESSENTIEL

  • Plonger dans son histoire permet de mettre en perspective les avancées de l’IA, ses promesses et sa rhétorique. Déjà en 1970, Marvin Minsky, mathématicien, annonçait : « D’ici trois à huit ans, nous disposerons d’une machine dotée d’une intelligence générale équivalente à celle d’un être humain moyen. » Ça vous rappelle quelque chose ?

  • L’« effet IA », expliqué par Rodney Brooks, un roboticien, dès 1987 : « Tant qu’on ne sait pas faire, c’est de l’IA. Dès qu’on sait faire, c’est du calcul. » Tiens, tiens.

  • Sans oublier la « loi d’Amara », énoncée en 1978 : « Nous avons tendance à surestimer l’effet d’une technologie à court terme et à le sous-estimer à long terme. » Oups.


Il est difficile aujourd’hui d’ignorer l’expression « intelligence artificielle » (IA) tant elle est présente dans les médias, sur les réseaux sociaux et, dans une moindre mesure, dans le monde industriel. Ce phénomène d’hypermédiatisation (hype) n’est pas nouveau pour l’intelligence artificielle, car on a déjà connu de telles périodes d’emballement médiatique, même si l’épisode actuel est particulièrement sévère.

Cette hypermédiatisation s’accompagne, aujourd’hui comme hier, d’une promesse de révolution technologique dont les effets se font pourtant attendre, menant certains à douter de son « avènement ». Dans le même temps, les investissements faramineux ne semblent pas soutenables sur le court terme selon des économistes, faisant craindre un éclatement de la bulle qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur l’économie mondiale.

Pour comprendre cette situation, il faut se replonger brièvement dans la longue histoire de l’IA.

Une définition ambiguë par choix délibéré

Les termes d’« intelligence artificielle » naissent officiellement en 1955 sous la main de John McCarthy (un des pères fondateurs de l’IA), en préparation de la conférence de Dartmouth aux États-Unis en 1956, qui est considérée par beaucoup comme l’instant zéro de l’IA – quand bien même elle n’aurait pu exister sans les travaux précurseurs d’Alan Turing (père fondateur de l’informatique moderne), de Norbert Wiener (père fondateur de la cybernétique) et de bien d’autres encore.

La formulation, « intelligence artificielle », se voulait explicitement très vendeuse, au grand dam des collègues de McCarthy, qui la trouvaient déjà trop connotée.

Si les premiers résultats furent très encourageants, les pères fondateurs ont rapidement fait des promesses irréalisables à l’époque et, pour certaines, irréalisables encore aujourd’hui. Ainsi, Marvin Minsky écrivait déjà en 1970 dans le magazine Life :

« D’ici trois à huit ans, nous disposerons d’une machine dotée d’une intelligence générale équivalente à celle d’un être humain moyen. »

Un demi-siècle plus tard, nous n’avons toujours pas cette intelligence artificielle générale qui serait équivalente à notre propre intelligence, ce qui n’empêche pourtant pas les nouveaux apôtres de l’IA de la promettre pour très bientôt.

Sam Altman (le PDG d’OpenAI) l’a, par exemple, annoncée en 2024 pour 2025, Elon Musk (xAI) en 2025 pour la fin 2026, Dario Amodei (le PDG d’Anthropic) en 2026 pour 2027-2030 et Demis Hassabis (le DG de Google DeepMind) en 2026 pour 2029.

La toute-puissance de la force brute

Pour autant, les progrès et les avancées de la bonne vieille IA (dite « GOFAI » pour Good old fashioned artificial intelligence) sont avérés, et il y a aujourd’hui un ensemble des techniques issues de l’IA qui sont désormais entrées dans notre quotidien sans même que l’on y fasse encore attention. Vous souhaitez :

Ces résultats, majeurs à leur époque, ne nous impressionnent plus guère aujourd’hui. Cela explique peut-être pourquoi, pour le grand public, l’IA commence avec les IA génératives (texte, image, son) et, en particulier, avec ChatGPT, qui est un grand modèle de langage (LLM) mis en ligne en 2022 par OpenAI.




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Cette révolution de l’IA s’est véritablement faite en deux temps

En 2012, durant la conférence Neural Information Processing Systems (NIPS), Geoffrey Hinton (lauréat du prix Turing en 2018 et du prix Nobel de physique en 2024) et ses collègues présentent les résultats d’une architecture neuronale pour la reconnaissance d’images.

Les performances de ce modèle sont tout simplement époustouflantes comparées aux techniques standards de l’époque. Là où la communauté pensait qu’il fallait des modèles spécifiques, astucieux, incluant des connaissances fines sur la reconnaissance d’images, Hinton montre au contraire que la force brute marche bien mieux.

Ce qu’il faut donc retenir de ce modèle, ce n’est pas tant son originalité, car son architecture avait été imaginée quelques décennies auparavant par d’autres chercheurs, mais bien l’énorme puissance de calcul qui a été mise en œuvre pour le faire tourner et obtenir ce résultat majeur.

C’est sur ce même principe de « force brute » que Google fera, lui aussi, une avancée majeure dans la traduction automatique au cours de l’année 2016. Là où les linguistes s’acharnaient depuis longtemps à tenter d’introduire les grammaires de nombreux langages, Google a mis en œuvre un véritable rouleau compresseur fondé sur d’immenses volumes de données.

C’est encore ce même principe de force brute qui amènera à ChatGPT et d’autres grands modèles de langage. En exploitant ces mêmes principes de réseaux de neurones profonds, de volumes de données gigantesques et d’une puissance de calcul hors norme, OpenAI a, en quelque sorte, libéré le kraken, aidé en cela par une avancée majeure sur le plan architectural : les transformers, dont l’article original est l’un des plus cités de toute l’histoire de la recherche, toutes disciplines confondues.

Les mêmes causes produiront-elles les mêmes effets ?

Tout en reconnaissant ces avancées majeures, on ne peut s’empêcher de faire le parallèle entre la situation actuelle et ce que l’on appelle « les deux hivers de l’IA ».

Le premier hiver de l’IA, que l’on situe entre 1974 et 1980, est une conséquence directe des promesses non tenues (traduction automatique, reconnaissance vocale, etc.), soulignées par le rapport (assassin) du mathématicien britannique James Lighthill en 1973, et des limites de la puissance de calcul de l’époque. Cela se concrétisa par des coupes budgétaires sévères.

Au début des années 1990, l’IA renaît de ses cendres avec l’idée des systèmes experts (raisonnement à partir de règles), avec, là aussi, des attentes démesurées qui conduiront à un deuxième hiver de l’IA, et ce, jusqu’au début des années 2010.

Pour autant, la recherche en IA ne s’est pas complètement arrêtée durant cette période et de nombreux résultats ont été intégrés dans différentes technologies de la vie courante (reconnaissance automatique de caractères, correction automatique, aide à la décision, navigation routière, etc.), mais ont souffert de l’« effet IA » , comme expliqué par Rodney Brooks dans un article qui a marqué la communauté… à la fin des années 1980 :

« Tant qu’on ne sait pas faire, c’est de l’IA. Dès qu’on sait faire, c’est du calcul. »

Pour qui a travaillé dans le monde académique au début des années 2000, la période actuelle est assez savoureuse. Imaginez un instant qu’il y a un quart de siècle, les mots « intelligence artificielle » étaient bannis des conversations et surtout (auto)censurés de toutes les demandes de subvention, tant les deux hivers de l’IA avaient marqué les esprits. Aujourd’hui, la simple mention du terme IA suffit à faire pétiller les yeux des financeurs et du grand public, même si cet « effet waouh » tend à s’estomper, voire à devenir contre-productif.

Le futur de l’IA reste donc à écrire, mais comme nous l’explique la loi d’Amara, formulée en 1978 :

« Nous avons tendance à surestimer l’effet d’une technologie à court terme et à le sous-estimer à long terme. »

Nul doute que les nouvelles technologies d’IA modifient et modifieront notre quotidien (pour le meilleur ou pour le pire), mais nous ne sommes pas à l’abri d’un troisième hiver de l’IA qui pourrait engendrer des réajustements assez drastiques. C’est en partie ce qui est en train de se passer avec des entreprises qui réembauchent des salariés licenciés auparavant au nom de l’IA.

Quant à l’idée d’une intelligence artificielle générale, elle est pour le moment hors de portée.

The Conversation

Nicolas P. Rougier a reçu des financements de l’ANR.

– ref. L’histoire de l’IA, faite de cycles entre attentes démesurées et réelles avancées – https://theconversation.com/lhistoire-de-lia-faite-de-cycles-entre-attentes-demesurees-et-reelles-avancees-285291

Enfants de la rue en Afrique de l’Ouest : ce que révèlent huit années de terrain

Source: The Conversation – in French – By Drahmane Fondo, Associate Researcher (LIRCES, Université Côte d’Azur) & Founder, Réseau EnfanceAfrique.org, Université Côte d’Azur

Des enfants en situation de mendicité aux abords de la circulation routière à Bamako, Mali. Drahmane Fondo, Fourni par l’auteur

L’expression “enfants de la rue” cache une réalité plus complexe qu’il n’y paraît. À l’origine de ce phénomène, se trouve un système de solidarité qui s’est transformé sous l’effet de l’urbanisation, de la pauvreté et de la marchandisation des relations sociales.

Dans beaucoup de pays d’Afrique de l’Ouest, comme au Mali, certains y passent la journée avant de retourner chez eux. D’autres ont été confiés à des proches en ville et se retrouvent progressivement exposés à l’exploitation, à la rupture avec leur famille ou à la mendicité.

En tant qu’ethnologue, j’ai mené une étude de terrain dans les rues de Bamako entre 2017 et 2025. J’ai combiné desentretiens semi-directifs – de jour comme de nuit, en maraude – avec les enfants rencontrés, et une observation participante prolongée. C’est cette combinaison, notamment le travail nocturne, qui m’a permis de comprendre cette réalité complexe.

Il existe en réalité plusieurs catégories d’enfants qui se croisent dans le même espace, sans que la frontière entre elles soit toujours visible au premier regard.

Les catégories d’enfants dans la rue

Dès 1985, le Forum de Grand-Bassam, organisé en Côte d’Ivoire par le Bureau international catholique de l’enfance (Bice) et l’Unicef, avait déjà tenté de clarifier les choses en distinguant les « enfants dans la rue » (qui y passent la journée avant de regagner un foyer le soir) des « enfants de la rue », en rupture totale avec toute famille, qui y vivent et y dorment.

Cette distinction reste juste, mais elle demeure difficile à observer dans la journée. Les filles, par exemple, investissent elles aussi l’espace public (vente de rafraîchissements, de fruits, de petite restauration ambulante) avant d’en disparaître à la tombée de la nuit. Les garçons, eux, se répartissent alors entre ceux qui rentrent chez eux et ceux qui restent.

Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter à sa source : la pratique traditionnelle appelée confiage, répandue dans de nombreuses sociétés d’Afrique de l’Ouest. Un enfant n’y appartient pas seulement à ses parents biologiques, mais à toute une parenté élargie. Celle-ci peut légitimement décider de le confier à un autre membre de la famille, souvent en ville, pour lui offrir une meilleure éducation, un apprentissage artisanal ou simplement un avenir que le village ne peut plus lui garantir.

La logique quasi-marchande s’impose

Cette pratique, autrefois fondée sur un principe de réciprocité et de solidarité au sein des familles, est aujourd’hui profondément mise à l’épreuve par l’urbanisation et la monétarisation des rapports sociaux. Et c’est peut-être le résultat le plus important de mes enquêtes de terrain.

Contrairement à l’idée d’une dégradation progressive, provoquée par un choc ultérieur (un décès, un remariage, une difficulté économique), la rupture est souvent présente dans le confiage lui-même, dès l’arrivée de l’enfant chez ses hôtes.

Cette observation rejoint les travaux de l’anthropologue Mélanie Jacquemin, qui a montré, en Côte d’Ivoire, que les familles villageoises elles-mêmes hésitent désormais à confier leurs filles, faute d’être assurées d’une quelconque réciprocité en retour.

De leur côté, de nombreuses familles urbaines préfèrent aujourd’hui embaucher une aide domestique salariée plutôt que d’accueillir une nièce ou une petite-cousine du village. La relation de travail y est jugée plus simple, sans les obligations affectives et sociales qu’implique un lien de parenté. Le confiage traditionnel se trouve ainsi concurrencé par une logique quasi marchande, dès l’origine du placement – et non plus seulement dans ses dérives ultérieures.

Risque de rupture

Ce basculement n’est pas propre au Mali. Au Sénégal, la mendicité des enfants talibés, confiés à des maîtres coraniques, s’est intensifiée depuis l’exode massif de nombreux maîtres coraniques vers les villes, dans les années 1970, à la suite d’une grande sécheresse. Kadessa Arissabe Sané, qui a consacré sa thèse de doctorat à ce phénomène en 2017, montre que cette mendicité s’est muée en un véritable ordre social, entretenu paradoxalement par une population qui continue d’y voir un acte d’aumône religieusement valorisé.

Au Bénin et au Togo, un phénomène comparable existe sous le nom de vidomégon (littéralement « enfant placé ») avec les mêmes dérives d’exploitation domestique lorsque la pratique échappe à tout cadre protecteur.

Les enfants qui basculent véritablement dans la rue, en rupture totale, restent exposés à des dangers considérables : accidents de la circulation, maladies non soignées, parfois la mort, sans qu’il soit toujours possible d’identifier leurs proches.

Pourtant, il serait faux de croire que la majorité des enfants circulant traditionnellement entre les familles soient dans cette situation extrême. La plupart conservent un foyer où rentrer, même lorsque leurs journées se passent dans la rue. Ce constat n’échappe pas aux législateurs.

Dans la plupart de ces pays d’Afrique de l’Ouest, des textes de loi existent bel et bien pour sanctionner les dérives de la solidarité traditionnelle par le confiage. Au Mali, par exemple, la mendicité et son incitation sont interdites par la loi.

Des sanctions inefficaces

Mais l’écart entre le droit et son application reste considérable. Faute de sanctions effectives, ces dispositions peinent à produire les effets escomptés. Le phénomène des enfants et familles qui mendient dans les rues s’est ainsi banalisé, devenant un phénomène de société aussi répandu que les législations censées l’encadrer.

Rien de durable ne pourra cependant être construit sans l’implication résolue des autorités et de l’État, à tous les échelons de la hiérarchie administrative. Cette mobilisation doit être conjuguée à l’action constante de la société civile -organisations non gouvernementales et associations locales.

Elle doit également s’appuyer sur l’apport de réseaux universitaires produisant, à partir de leurs propres enquêtes de terrain, des connaissances scientifiques directement mobilisables sur la protection de l’enfance, la médiation communautaire et la sécurité nutritionnelle. Le Réseau Enfance Afrique en est un exemple.

C’est précisément cette nuance qui ouvre la voie à des réponses plus finement adaptées aux réalités du terrain, capables de cibler les moments réels de bascule plutôt que de traiter cette population de manière uniforme.

Il faut comprendre une société avant de vouloir la transformer. C’est une évidence trop souvent oubliée des politiques de protection de l’enfance. C’est pourtant la seule voie vers des solutions qui durent.

Que peut-on faire ?

Deux leviers concrets se dégagent de ce constat. D’une part, il faut différencier l’accompagnement selon la nature du placement et selon le degré de rupture déjà installé. La majorité des enfants, dont les liens familiaux demeurent actifs, nécessite un accompagnement préventif visant à préserver ces liens plutôt qu’une réponse limitée à la crise.

Les placements par intermédiaires sans lien familial, eux, s’apparentent déjà, dans les faits, à une forme de travail informel appelant un cadre juridique dédié.

D’autre part, il faut resserrer l’écart entre le droit et son application suppose une coordination encore largement absente aujourd’hui entre l’État, la société civile et les réseaux de recherche de terrain. Cette combinaison est la seule susceptible de documenter, avec la précision qu’exige ce sujet, les situations qui basculent réellement dans le danger.

The Conversation

Je suis fondateur et président du Réseau EnfanceAfrique.org et de l’AMAPISE, association mentionnée dans cet article, mais je ne reçois aucune rémunération financière de cette structure et n’en tire aucun bénéfice commercial.

– ref. Enfants de la rue en Afrique de l’Ouest : ce que révèlent huit années de terrain – https://theconversation.com/enfants-de-la-rue-en-afrique-de-louest-ce-que-revelent-huit-annees-de-terrain-288949

Por qué el récord de generación solar no arregla la factura energética de España

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Enrique Parra Iglesias, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Alcalá

Paneles solares cerca de Almaraz, Cáceres, España. GobyOneKenobi/Shutterstock

El 1 de agosto de 2026, España generó 259 gigavatios hora de electricidad solar, un récord absoluto. A pesar de ello, esa misma semana el precio mayorista de la electricidad superó los 100 euros por megavatio hora, y julio cerró como el segundo mes más caro de la historia: 104,7 euros de media, un 50 % más que un año antes.

La paradoja ha dado mucho de sí estas semanas. La explicación técnica es conocida: el mercado marginalista (ver páginas 20-26 de esta guía del mercado eléctrico español), el gas fijando el precio de la hora punta y la falta de almacenamiento de la energía renovable. Pero la discusión tiene un problema de escala que rara vez se menciona.

Toda ella ocurre dentro del sistema eléctrico. Y la electricidad es apenas una cuarta parte de la energía que consume España: el 23,1 % del consumo final en 2024. Estamos hablando sobre el cuarto pequeño de la factura energética del país mientras los otros tres cuartos siguen funcionando, casi sin cambios, con petróleo y gas.

El récord, a escala

Cuando la fotovoltaica lidera el mix eléctrico con el 28 % de la generación mensual –como lleva haciendo cuatro meses seguidos–, está cubriendo alrededor del 7 % de la energía final del país. El logro es real: España ha desplegado la generación más barata de su historia a una velocidad que pocos anticipaban. Pero la parte descarbonizada de la economía nacional es la más fácil y la más pequeña.

Los otros tres cuartos son mucho más resistentes. Según la Revisión Estadística de la Energía Mundial del Energy Institute, en 2025 el petróleo, el gas y el carbón supusieron el 75 % del suministro energético español: 51 %, 22 % y 2 % respectivamente. Y el detalle importa más que el porcentaje: tras un año de récords solares encadenados, el suministro de petróleo no bajó ni una décima y el de gas creció, mientras las renovables apenas se movieron. Mover camiones, aviones y maquinaria agrícola; generar calor en hornos industriales; alimentar la petroquímica: nada de eso se resuelve instalando más paneles, porque no está enchufado a la red.

La distinción no es un tecnicismo contable: ahí se localiza la exposición económica del país. El precio del gasóleo se traslada al coste de transportar cualquier mercancía, y de ahí al IPC; el del gas, a los costes de la industria de proceso. Ambos se fijan en mercados sobre los que España no tiene influencia. España puede batir todos los récords solares del mundo y seguir igual de vulnerable a una crisis en Ormuz, porque la vulnerabilidad no está en el enchufe.




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Por qué la fotovoltaica no se refleja en el recibo

Dentro del cuarto eléctrico, además, el abaratamiento tampoco se traslada al precio limpiamente.

El 5 de agosto el mercado mayorista marcó su precio más bajo entre las tres y las cuatro de la tarde: 4,50 euros por megavatio hora. Cinco horas después cotizaba a 194,69: más de cuarenta veces más caro. Y no fue un día excepcional: la punta de las nueve de la noche ha vuelto a superar los 240 euros varias veces en la segunda semana de agosto.

El precio se fija por un mecanismo marginalista: cada hora, la última fuente de generación necesaria para cubrir la demanda marca el precio de todas las demás. A mediodía es un panel solar; a las nueve de la noche, un ciclo combinado de gas.

Gráfica que muestra cómo la demanda cae cuando hay mayor generación solar y aumenta por la noche con otras fuentes no renovables
La demanda neta del sistema peninsular y el precio horario del 5 de agosto de 2026. El precio sigue el perfil de la demanda que queda por cubrir: se hunde en el valle solar del mediodía y se dispara en la punta de la noche.
Enrique Parra Iglesias con datos de ESIOS/REE y OMIE, CC BY-SA

El consumidor no paga la media del día: paga sobre todo las horas caras, aquellas en que la solar no produce. El récord se diluye, por tanto, en un recibo dominado por la noche, por el gas y por los peajes, cargos e impuestos.

Producimos sin consumir

Hay un desajuste de fondo que conecta las dos partes del problema. La demanda eléctrica española lleva estancada desde 2020 mientras la generación sin emisiones crecía un 15,6 % en cuatro años. Producimos más electricidad limpia sin haber construido la demanda que debería absorberla ni un sistema para almacenarla.




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Gráfico de barras que muestra cómo la demanda eléctrica no ha subido demasiado desde 2018
Evolución de la demanda eléctrica en España.
REE

El resultado: 5,4 teravatios hora desperdiciados en 2025, el 3,6 % de toda la generación renovable. Electricidad limpia producida y tirada.

Y aquí se encuentran las dos mitades. La demanda que falta está, precisamente, en los tres cuartos no eléctricos: camiones que podrían ser eléctricos, calderas industriales que podrían ser bombas de calor, procesos térmicos de baja temperatura que podrían electrificarse. Electrificar esos usos daría salida al excedente solar del mediodía y reduciría a la vez la exposición al petróleo y al gas.

El límite: potencia firme

Conviene no subestimar la dificultad. La noche del 11 de agosto Red Eléctrica activó el mecanismo que permite pedir a la gran industria que reduzca su consumo. Lo mismo que el 15 de julio, con una ola de calor, un reactor nuclear parado y poca eólica. Fue la cuarta vez en el año. El operador subrayó que la continuidad del suministro no se vio comprometida, y conviene tomarle la palabra: ese mecanismo existe para no llegar a un apagón, y funciona.

Pero ilustra el orden de magnitud del reto. España tiene unos 155 gigavatios instalados para una punta que rara vez supera los 40, y aun así hay tensión en la hora crítica: lo que escasea no es potencia instalada, sino potencia firme a las diez de la noche. Si trasladamos al sistema eléctrico buena parte de los tres cuartos fósiles, esa punta crecerá, y el recurso de emergencia no puede seguir siendo pedirle a la industria que pare. Precisamente a la que queremos electrificar.




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La asignatura pendiente

Nada de esto es un argumento contra la energía solar, probablemente la mejor inversión energética de España en décadas. Es un análisis para determinar dónde queda el problema por resolver.

España importa todavía cerca de dos tercios de la energía que consume, y eso no pueden solucionarlo récords renovables como el del 1 de agosto, porque estos ocurren en el compartimento que ya teníamos medio resuelto (la electricidad). Lo que falta –almacenamiento, interconexiones, demanda flexible, tarifas que premien consumir cuando hay sol– sirve para que el cuarto eléctrico funcione mejor. Pero la partida grande se juega fuera: en el gasóleo de los camiones, el gas de los hornos y el crudo de la petroquímica.

Ahí está ahora el reto: en lograr una economía más eléctrica y menos fósil.

The Conversation

Enrique Parra Iglesias no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Por qué el récord de generación solar no arregla la factura energética de España – https://theconversation.com/por-que-el-record-de-generacion-solar-no-arregla-la-factura-energetica-de-espana-289635