Accidente de Adamuz: por qué el acero no tiene la culpa

Source: The Conversation – (in Spanish) – By José Manuel Torralba, Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, IMDEA MATERIALES

Cuando los ingenieros diseñamos materiales para una determinada aplicación, lo hacemos de acuerdo a normas que nos indican qué propiedades deben reunir esos materiales para soportar sus condiciones más extremas de uso.

Si consideramos un raíl de ferrocarril, puede estar expuesto a fenómenos de corrosión, desgaste y, sobre todo, tensiones de tipo dinámico, que pueden provocar daños por fatiga. Combinar todas estas propiedades no es sencillo, por lo que al diseñar y fabricar el acero para raíles es esencial buscar un equilibrio y poner toda la atención en el daño que podría provocar un fallo motivado por cada uno de estos requerimientos.

La corrosión y el desgaste pueden generar defectos perfectamente detectables en inspecciones que no tienen por qué ser muy próximas entre sí, ya que el daño sobre el raíl nunca provocaría una rotura catastrófica en un periodo breve de tiempo (semanas o meses).

Otra cosa son las tensiones de tipo dinámico. Si un material supera su límite de fatiga –el número de ciclos de tensión que es capaz de soportar sin que se inicie una grieta–, esta aparecerá y empezará a crecer, inicialmente despacio, hasta alcanzar un tamaño crítico. Una vez se alcanza ese tamaño crítico, la grieta crece a tal velocidad que puede producir un fallo catastrófico en minutos, o incluso segundos.

El acero es el material más fiable de todos

Que un accidente ferroviario como el que ha tenido lugar recientemente en Adamuz se deba a una “mala calidad” del acero es poco probable, por varias razones. Para empezar, el acero es, sin duda, de entre todos los materiales de construcción, el más fiable: de cada cien probetas ensayadas, cien tienen resultados dentro de un estrechísimo margen de error.

En el caso de los aceros para raíles, hablamos de aceros de composiciones muy ajustadas para que cumplan con las propiedades mecánicas requeridas y que, además, permita que se puedan soldar.

Los ingenieros, que avalan con su firma los proyectos, calculan con márgenes de seguridad muy amplios y estándares de calidad que garantizan que los materiales nunca lleguen a superar sus límites de fatiga. Y esos márgenes vienen establecidos por normas internacionales.

Los fabricantes de los aceros implicados en el accidente (uno más antiguo y otro muy reciente) han producido miles de kilómetros de raíles, de acuerdo con normas muy estrictas y bajo criterios de garantía de calidad extremos. Hablamos de raíles que no han tenido ningún problema, fabricados con acero ajustado a norma, soldable y calculado para soportar la carga estática de un tren de varios cientos de toneladas y que, circulando a 250 kilómetros por hora, produce unas tensiones dinámicas muy por debajo de su límite de fatiga.

Si el acero está bien fabricado, y las certificaciones de calidad así lo aseguran, es muy improbable que ese acero se rompa en “condiciones de servicio”.

Soldaduras en el punto de mira

¿Y qué se debe esperar de la soldadura? Los raíles de ferrocarril se sueldan mediante una tecnología, llamada aluminotermia, que asegura la continuidad metálica con un acero de composición muy parecida a los de los raíles que tiene la futura soldadura a cada lado.

Parece que, en el caso concreto de las vías donde se produjo el accidente de Adamuz, había aceros de distinta composición. Los raíles de ambos lados están hechos con aceros de alta soldabilidad, por lo que es seguro que en la llamada “zona afectada por el calor” no se han producido fragilizaciones. De ser así, hubieran dado lugar a un accidente mucho antes.

Una soldadura “puede dar problemas” si se ejecuta de forma inapropiada, pero aquí la calidad se asegura de dos maneras. En primer lugar, dejando en manos de soldadores acreditados su ejecución. Y en segundo lugar, inspeccionando una por una, por inspección visual y por métodos que permiten ver la soldadura “por dentro”, todas las soldaduras realizadas. Por tanto, cuando se entrega una ejecución, se garantiza que todas las soldaduras se han hecho correctamente.

Cómo ha ocurrido lo imposible

A pesar de todo, en la tragedia de Alcamuz se baraja la opción de que una soldadura haya fallado y un trozo de raíl se haya fracturado, de forma catastrófica.

¿Cómo ha podido ocurrir, si era imposible que ocurriera?

Si la continuidad metálica desaparece (porque falla la soldadura) y los dos tramos de raíl quedan separados, cada vez que una rueda pase por encima de esos raíles estará trasladando una tensión en las proximidades de los extremos, muy superior a la tensión de diseño. Esto provocará que, en algún momento, se supere el límite de fatiga y se genere una grieta en el raíl. Esa grieta empezará a crecer y, cuando supere un determinado tamaño crítico, provocará una rotura catastrófica.

¿Y qué le pudo pasar a la soldadura?. Pues de momento todo indica que o bien hubo un mal diseño del material de la soldadura (en este momento, se está hablando de una posible elección inapropiada por culpa de una redacción equivocada del pliego de condiciones); o bien se produjo un defecto inicial en la ejecución de la soldadura tan pequeño que no fue detectado en el análisis posterior a su ejecución. Por supuesto pudieron pasar otras cosas, pero a priori no podemos presuponer malas practicas sin un peritaje adecuado.

Prevenir mejor que curar

Cuando somos jóvenes, es difícil que fallen algunos sistemas y no precisamos de revisiones periódicas; vamos al médico cuando nos duele algo. Y el médico, entonces, utiliza diversos medios para hacer un diagnóstico y arreglar el problema. Cuando alcanzamos cierta edad, no podemos esperar a que los problemas den la cara, debemos hacernos revisiones cada vez más frecuentes para evitar que los problemas generen un fallo catastrófico.

Lo de Alcamuz posiblemente no hubiera pasado si se hubiera atendido a los síntomas –tanto usuarios como algunos trabajadores de los trenes llevaban meses reportando vibraciones fuera de lo normal– y se hubieran hecho las revisiones pertinentes.

Todavía ignoramos lo que realmente pasó: habrá que esperar a la evaluación definitiva de los peritos. Para tranquilidad de todos, los ingenieros metalúrgicos tenemos medios, herramientas y conocimientos suficientes para escudriñar lo ocurrido. Exactamente del mismo modo que un médico forense puede averiguar con precisión la causa de un fallecimiento.

No tengo la menor duda de que pronto se sabrá, con todo detalle, qué generó el fallo y qué repercusiones tuvo en el resto de la infraestructura. Y ese informe también podrá aclarar si se pudo prevenir.

The Conversation

José Manuel Torralba no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Accidente de Adamuz: por qué el acero no tiene la culpa – https://theconversation.com/accidente-de-adamuz-por-que-el-acero-no-tiene-la-culpa-274491

El acero en el centro del debate

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Paula Alvaredo Olmos, Profesora Titular en Ciencia e Ingeniería de Materiales, Universidad Carlos III

Apirak Rungrueang/Shutterstock

Cada vez que se habla de infraestructuras, transición energética o reindustrialización, el acero vuelve al centro del debate. No es sorprendente: se trata del material estructural más utilizado del planeta.

El acero está ahí cuando cruzamos un puente, cuando entramos en un edificio, cuando subimos a un tren o encendemos la luz. Buena parte del entorno construido que hace posible nuestra vida cotidiana depende directa o indirectamente de este material.

¿Por qué es el material más utilizado? Porque combina bajo coste y disponibilidad, eso sin duda. Pero también porque reúne propiedades difíciles de encontrar juntas en otros materiales: alta resistencia mecánica, capacidad de deformarse sin romperse, durabilidad, facilidad de fabricación, reciclabilidad y una enorme versatilidad. Precisamente por eso es también uno de los materiales más estudiados y mejor conocidos por la ingeniería moderna.

Sin embargo, esa fiabilidad no es automática. El buen comportamiento del acero depende de cómo se fabrica, de su composición química y, de forma muy especial, de cómo se calienta y se enfría a lo largo de su vida. Es decir, de su historia térmica.

Entender cómo influyen el calor, el enfriamiento y el contenido de carbono es clave para explicar por qué el acero funciona tan bien… y por qué ciertos procesos industriales exigen un control tan estricto.

El acero “recuerda” el calor

Una idea fundamental, y a lo mejor poco intuitiva de la ciencia de materiales, es que el acero no tiene propiedades fijas e inmutables. Su dureza, su resistencia o su capacidad para absorber energía dependen no solo de qué acero es, sino también de su historia térmica. Es decir, de cómo ha sido calentado y enfriado durante su fabricación y transformación.

Podemos decir que el acero, en cierto modo, “recuerda” el calor. Aunque una pieza no muestre ningún cambio visible, a nivel interno pueden producirse reorganizaciones que alteran su comportamiento mecánico. Por eso, dos componentes fabricados con el mismo acero pueden responder de forma distinta ante una misma carga si han seguido trayectorias térmicas diferentes. Esta “memoria térmica” explica tanto la enorme versatilidad del acero como la necesidad de controlar cuidadosamente los procesos térmicos.

La ventaja de la sensibilidad al calor

Lejos de ser un inconveniente, la sensibilidad al calor es una de las grandes ventajas del acero. La ingeniería la aprovecha mediante los tratamientos térmicos, que permiten ajustar sus propiedades utilizando la temperatura y el tiempo como herramientas de diseño.

Un tratamiento térmico consiste, de forma simplificada, en calentar el acero hasta una determinada temperatura, mantenerlo durante un tiempo controlado y enfriarlo después a una velocidad concreta. El objetivo no es maximizar una propiedad aislada, sino encontrar el equilibrio adecuado entre resistencia y capacidad de deformarse sin romperse, del que depende la fiabilidad de muchas estructuras durante décadas de servicio.

Aquí aparece una idea clave: el tiempo es tan importante como la temperatura. Dos aceros pueden alcanzar la misma temperatura máxima y, sin embargo, comportarse de forma muy distinta si el enfriamiento ha sido más rápido o más lento. Este principio explica por qué un mismo acero puede ofrecer prestaciones muy diferentes dependiendo de cómo se haya tratado térmicamente.

Esta idea resulta intuitiva incluso fuera del ámbito técnico. Programas televisivos como “Forjado a fuego” muestran cómo una misma pieza de acero puede comportarse de forma radicalmente distinta según cómo se enfríe tras salir del fuego. Aunque en televisión el proceso parezca artesanal, el principio es exactamente el mismo que rige los tratamientos térmicos industriales: entender cómo la temperatura, el tiempo y la composición interactúan para determinar el comportamiento final del material.

El papel de la composición: pequeñas cantidades, grandes efectos

El acero es, esencialmente, una aleación de hierro y carbono. Aunque el carbono esté presente en pequeñas cantidades, su influencia es enorme: variaciones muy pequeñas pueden cambiar de forma significativa cómo el acero responde al calentamiento y al enfriamiento.

El carbono determina en gran medida la respuesta del acero a los tratamientos térmicos, pero no actúa solo. Otros elementos de aleación, añadidos en cantidades controladas, permiten ajustar propiedades como la resistencia, la tenacidad o la durabilidad. Por eso, aceros con composiciones muy similares pueden comportarse de forma distinta si su composición o su historia térmica no son exactamente iguales.

Para entender esta relación entre composición y temperatura, ingenieros y científicos utilizan modelos conceptuales como el diagrama hierro–carbono, bien conocido —y sufrido— por generaciones de estudiantes de ingeniería. Aunque no describe piezas reales, actúa como un mapa que ayuda a comprender por qué pequeñas variaciones de composición y temperatura tienen un efecto tan grande en el comportamiento del acero.

Por qué las vías ferroviarias se fabrican con acero

Nada de esto significa que el acero utilizado en infraestructuras críticas sea un material impredecible. Todo lo contrario: en aplicaciones como las vías ferroviarias se emplean aceros al carbono específicamente diseñados para uso ferroviario, con composiciones cuidadosamente ajustadas para ofrecer un comportamiento mecánico estable, predecible y duradero.

Estos aceros se seleccionan precisamente por su fiabilidad frente a cargas repetidas, desgaste y largos periodos de servicio. Su composición y sus tratamientos térmicos no son fruto del azar, sino del conocimiento acumulado sobre cómo responde el acero cuando se controla correctamente el calor.

Cuando el calor deja de ser uniforme: soldadura y zona afectada por el calor

La mayor parte de los tratamientos térmicos industriales se realizan en condiciones muy controladas y uniformes. Sin embargo, no todos los procesos que implican calor permiten ese mismo grado de control. En algunos casos, el calor se aplica de forma intensa y localizada.

La soldadura es un buen ejemplo. Durante este proceso, una región muy concreta del acero alcanza temperaturas elevadas, mientras que el material circundante permanece relativamente frío. El enfriamiento posterior se produce de manera rápida y no homogénea, dando lugar a una zona cercana a la unión que ha experimentado un ciclo térmico distinto al del resto del componente: la zona afectada por el calor (ZAC).

Aunque visualmente no se distinga, la ZAC puede presentar propiedades diferentes porque su historia térmica ha cambiado. Por eso, la soldadura exige procedimientos tan estrictos: no porque el acero sea un material poco fiable, sino precisamente porque su comportamiento frente al calor es bien conocido y debe gestionarse con cuidado.

La soldadura del acero exige procedimientos estrictos. No porque el acero sea un material poco fiable, sino precisamente porque su comportamiento frente al calor es bien conocido y debe gestionarse con cuidado.

Entender el acero para confiar en él

Que el acero sea el material estructural más utilizado del mundo no es una coincidencia. Su éxito no se basa en que sea insensible o inmutable, sino en que su respuesta a la temperatura, al tiempo y a la composición es conocida, predecible y controlable. Esa sensibilidad al calor, lejos de ser una debilidad, es lo que permite adaptar el acero a aplicaciones muy distintas manteniendo altos niveles de fiabilidad.

Comprender cómo el acero cambia —aunque no lo veamos— es clave para valorar la ingeniería que hay detrás de las infraestructuras que utilizamos cada día. En un mundo que sigue construyéndose, moviéndose y transformándose sobre acero, entender el papel del calor y del carbono es una forma de entender por qué este material sigue siendo, y seguirá siendo, uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad.

The Conversation

Paula Alvaredo Olmos no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. El acero en el centro del debate – https://theconversation.com/el-acero-en-el-centro-del-debate-274492

How government killings and kidnappings in Argentina drove mothers to resist and revolt − and eventually win

Source: The Conversation – USA – By Laura Tedesco, Professor of International and Comparative Politics, Saint Louis University – Madrid

A series of shootings by federal immigration agents, including two deaths in Minneapolis, have galvanized intense local and national protests against the Trump administration’s immigration enforcement operations. Federal immigration agents killed Renee Nicole Good, 37 – a mother of three – and Alex Pretti, a 37-year-old nurse, weeks apart in January 2026.

Since Donald Trump assumed the presidency on Jan. 20, 2025, Immigration and Customs Enforcement agents have detained thousands of people across the country, including U.S. citizens and legal residents. At least 11 people have been shot, including a Venezuelan migrant in Minneapolis on Jan. 14, 2026. Children and babies have been tear-gassed.

I am a political scientist who studies authoritarian regimes. I also lived through Argentina’s brutal military junta of the 1970s and 1980s. When I consider today’s ICE violence, I think of the state terrorism that tore Argentina apart – and how mothers became a potent force in resisting authoritarianism and ultimately restoring democracy.

Masked agents and the ‘Trump effect’

U.S. federal immigration enforcement actions began raising human rights concerns starting in April 2025, when masked federal agents in plain clothes began detaining international students.

Historically in the U.S., police and other official state security forces have used face coverings almost exclusively during undercover operations to protect agent safety and the integrity of ongoing investigations, according to federal law enforcement sources.

The global human rights group Amnesty International has begun using the phrase “the Trump effect” to describe masking and other administration actions that it believes violate global human rights standards.

Meanwhile, violence by ICE agents also runs counter to international law – as does police violence more broadly.

Several United Nations principles require that police action be guided at all times by legality, necessity, proportionality and nondiscrimination. Any use of force that does not comply with these principles violates international law.

Amnesty International’s policing guidance is based on these standards. It explains that police must attempt to use nonviolent means first, such as verbal commands, negotiation and warnings.

When force is necessary, officers must use “the least harmful means likely to be effective.” In such cases, proportionality requires that “the harm caused by the use of force may never outweigh the damage it seeks to prevent.”

Good’s and Pretti’s killings occurred in broad daylight. Video analysis suggests that Good was attempting to turn her vehicle away from the scene when an ICE agent shot her three times. Pretti had a holstered weapon, but witnesses and videos show he had been disarmed before a federal agent fatally shot him.

As nonimmigrant local community members, neither victim would be the apparent target of immigration enforcement operations in Minneapolis.

Argentina’s dictatorship

In both its use of masks and its brazen disregard for proportionality, ICE evokes in me unsettling memories of all-powerful, authoritarian governments that exercise control over life and death.

In March 1976, the Argentine armed forces overthrew a weak and chaotic government – that of María Estela Martínez de Perón, widow of Juan Domingo Perón – claiming the need to restore order in a country engulfed in political violence. So began one of the darkest periods in contemporary Argentine history.

Between 1976 and 1983, approximately 30,000 people were forcibly “disappeared,” meaning secretly kidnapped, never to be seen again. The vast majority were young men and women involved in labor unions, political organizations or student movements with left-wing ideologies, including Catholic priests and nuns who embraced liberation theology, a movement within the church that interprets the gospel of Jesus Christ through the experiences of poor people and the oppressed.

In April 1977, roughly a year after young Argentines first began vanishing, 14 women gathered in the Plaza de Mayo, a central square in Buenos Aires that faces the presidential palace. They were searching for their sons and daughters, who had been detained by the police or the military.

Some of these arrests had taken place at night, in the homes where these young victims lived with their families. In those cases, the women – who came to be known as the Madres de la Plaza de Mayo, or Mothers of the Plaza de Mayo – knew their children had been taken by security forces. In other cases, their children had simply failed to return home. Nothing was known of their whereabouts. They had disappeared.

Even those who had been detained at home had disappeared, too, as their location remained unknown.

Later, the nation would learn that many of the regime’s victims were tortured, then flown in airplanes over the nearby River Plate and dropped into the water on so-called “death flights.” All this information was compiled in a 1984 report written during the first democratic government after military rule and published under the name “Nunca Mas”: Never again.

The Mothers didn’t know that yet. They wanted their children back – alive.

Demonize, deny, discredit

The dictatorship had imposed a state of siege prohibiting all forms of assembly. To technically evade this restriction, the Mothers walked in circles around the plaza, avoiding the concentration of people in any single location, demanding truth and justice.

The regime reacted by systematically attempting to discredit the grieving women. To weaken their moral authority, state-controlled media labeled them as emotionally unstable “mad women.” The were called Las Locas de Plaza de Mayo instead of the Madres de Plaza de Mayo.

Regime media also suggested the Mothers were political subversives with links to guerrilla groups and members of foreign organizations out to damage Argentina’s international reputation.

Officials accused the women of exaggerating or inventing kidnappings and sometimes mocked their ever-growing weekly marches. By attacking their credibility and dignity, the dictatorship sought to undermine public sympathy and maintain a climate of fear.

At first, this narrative worked. Early in the dictatorship, many Argentines viewed the Mothers with ambivalence, skepticism or even fear. Others, while privately sympathetic, avoided expressing support due to fear of repression and social consequences.

The government’s attacks were not only rhetorical. In 1977, three of the founding Mothers – Esther de Balestrino, Azucena Villaflor and Mary Ponce de Bianco – disappeared when a group of military personnel stormed the Church of the Holy Cross in Buenos Aires. Twelve other people were abducted. None have ever been found.

The Mothers received substantial support from abroad. International human rights organizations, foreign journalists and religious institutions all played a crucial role in legitimizing their claims and broadcasting their struggle to the world.

France, in particular, helped publicize the Mothers’ cause in Europe, which put diplomatic pressure on the Argentine regime. This international solidarity contributed significantly to breaking the dictatorship’s silence and exposing its crimes.

Over time, as evidence of systematic forced disappearances became undeniable, public perception of the Mothers gradually shifted in Argentina, too. The Mothers came to be seen as a brave force for moral resistance.

A democracy built in part by mothers

In 1982, the military dictatorship invaded the South Atlantic islands known in Argentina as the Malvinas, or Falklands. The land has been British since 1833, but Argentina’s generals claimed sovereignty. Argentina was quickly defeated, and the military government fell.

After democratic elections were held in October 1983, the Mothers continued their efforts to uncover the histories of their children and to find and bury their remains. Many also started working to locate their grandchildren who had been born in captivity and illegally adopted after their parents were disappeared.

Their dedication to recovering their loved ones exposed the full extent of the regime’s atrocities.

Seated women, some wearing the white banadana, hold black and white photos of missing loved ones.
Argentines hold images of disappeared people in Buenos Aires during the trial of Argentina’s last dictator in 2010.
Rolando Andrade Stracuzzi Source/AP

In 1983, President Raúl Alfonsín, who reestablished Argentine democracy, established the National Genetic Data Bank to identify kinship between the parents and children of the disappeared. Thousands of analyses were conducted on children suspected of being born in captivity and illegally adopted by military families.

More than 120 grandchildren have since been identified.

The Mothers and children of the disappeared have also played a fundamental role in convicting dozens of military officials for crimes against humanity. As direct witnesses to the long-term consequences of forced disappearance, they have repeatedly testified against military officials.

The Mothers’ activism, which continues today, has helped sustain public pressure in Argentina for accountability and to transform private trauma into collective political action.

The killings in Minneapolis inspired me to recount this story for a simple reason: The government can protect, condemn or kill. Argentine history shows that it matters how society reacts to state terrorism.

This story was produced in collaboration with Rewire News Group, a nonprofit news organization that covers reproductive health.

The Conversation

Laura Tedesco is an Amnesty International donor.

ref. How government killings and kidnappings in Argentina drove mothers to resist and revolt − and eventually win – https://theconversation.com/how-government-killings-and-kidnappings-in-argentina-drove-mothers-to-resist-and-revolt-and-eventually-win-273440

Air pollution crosses borders, and so must the policies aimed at tackling it

Source: The Conversation – Canada – By Harshit Gujral, Ph.D. Student, Department of Computer Science, University of Toronto

Parts of India, including the capital Delhi, were once again covered in thick smog recently as toxic pollution from industry and crop-burning engulfed the region. Even though India’s National Clean Air Programme has advanced clean air action, air pollution remains a reoccurring problem.

Reliably protecting public health will require tighter co-ordination across orders of governments and departments. Air pollution is shaped by different economic sectors, weather, geography and siloed institutions. Single-sector fixes alone, like pausing construction or banning older vehicles, are unlikely to deliver system-wide change.

That’s why our team conducted a study to map air quality governance in India as an interconnected system, linking the parts that determine what gets measured, what gets enforced, what gets funded and what persists beyond city boundaries.

In addition to the authors of this article, our research team included Christoph Becker and Teresa Kramarz from the University of Toronto, Om Damani and Anshul Agarwal at the Indian Institute of Technology Bombay and Ronak Sutaria from the environmental consultant Respirer Living Sciences.

Our goal was to identify leverage points in current governance where shifts could deliver the greatest pollution-related health benefits.

If we want clean air to be a public service, we need pathways for communities to participate meaningfully. Our research argues for steady funding and training to build community monitoring literacy so accountability and action persist beyond political cycles.

Developing hyper-local monitoring

One hopeful example comes from the city of Bengaluru in the south of the country.

In this case, community groups installed monitors near schools and hospitals, using the data to spotlight the problem and seek court-mandated enforcement — underscoring the need for clear pathways to use community-generated data in enforcement.

The efforts by the communities aren’t meant to be a substitute for government enforcement. The point is to empower communities and give them a real choice in a system where they have very little voice.

The government monitors air pollution to track pollution levels over time and across locations, and to evaluate whether policies and enforcement are improving air quality.

Although India does need to scale monitoring capacities and make them equitable, we already have enough data streams from satellite observations, reference-grade monitors and low-cost sensors.

The real governance gap is in how these data streams can be used for action: standards for calibration in local conditions, quality assurance and control, and protocols for integrating evidence into enforcement and planning.

We recommend certification and quality assurance and control protocols for hyper-local monitoring so agencies can rely on the data for decisions and enforcement.

Cities elsewhere in the world have treated hyper-local monitoring as more than an awareness tool. In London, the Breathe London programme deployed hundreds of sensors alongside existing reference-grade monitors under a defined quality-assurance framework.

This data played a critical role in identifying street-level pollution hotspots, evaluating traffic interventions and assessing the impacts of policies such as the city’s Ultra Low Emission Zone. Indian governments can learn from this example.

When data is standardized for defined-decision contexts, it enables decision-making.

Governing the airshed

Air pollution does not respect regional or city boundaries. Yet, the National Clean Air Programme often assigns actions to cities, even when cities cannot control a large share of the pollution they face. For example, even when Delhi tightens local restrictions of cars or construction, at least a dozen coal-fired power plants near the city continue to operate without key pollution filters.

This is why we need governance at the airshed scale. An airshed is a region where local weather and geography, such as mountains, influence how air and pollutants move.

Governments must look at how air pollution spreads in an area, then develop rules for co-ordinating across jurisdictions. That means setting out clear roles for different departments, establishing shared data standards and creating dispute-resolution mechanisms so co-ordinated efforts can address the issue effectively.

Right now, the Clean Air Programme is centred on cutting the level of particulate matter in the air by roughly 20-30 per cent. A more actionable approach is figuring out which sectors are driving the airshed pollution — namely transport, construction, industry, power, waste and household fuels — and what sector-specific targets and timelines would actually lead to healthier air.

India’s Commission for Air Quality Management (CAQM), for example, was created specifically to put airshed-level management into practice across state and jurisdictional boundaries under the National Clean Air Programme.

The hardest part is assigning enforceable responsibilities across ministries (like power, transport, agriculture, industry, urban development) at the national, state and local levels, as well as across states.

For instance, agencies like CAQM (and NCAP more broadly) can take airshed-wide pollution inventories (estimates of how much pollution comes from different sources and sectors across an airshed) and translate them into short-term, sector-by-sector targets for each ministry, with deadlines and clear accountability.

Rewrite the objective to protect health

In our paper, we recommend expanding regulatory goals to include public health protection, in addition to meeting particulate matter targets. Putting health at the centre can shape governmental priorities, pushing agencies to focus first on the sources people are most exposed to.

As Ronak Sutaria, the founder and CEO of Respirer Living Sciences and a co-author of our study, told us:

“Air pollution isn’t an environmental statistic; it’s a public-health emergency that shows up in asthma, heart disease and hospital admissions. When we map air quality at the neighbourhood level and link it to health outcomes, clean air can move from a promise to a right — because communities can see what they’re breathing and what it means for their health, and that changes what polluters can get away with.”

A health-first objective also pushes governance toward equity, because exposure burdens are unevenly distributed across different segments of the population.

This an opportunity to align clean-air action with climate goals, while the up-front costs for mitigation are almost always offset by avoided health costs and higher productivity.

Airsheds differ, and so must actions to clean up the air. The value of systems thinking is that it offers a common way to understand what is limiting progress locally and design governance that fits local realities.

The Conversation

The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Air pollution crosses borders, and so must the policies aimed at tackling it – https://theconversation.com/air-pollution-crosses-borders-and-so-must-the-policies-aimed-at-tackling-it-273094

Geopolitics will cast a long shadow over the 2026 Milan Cortina Winter Olympic Games

Source: The Conversation – Canada – By Noah Eliot Vanderhoeven, PhD Candidate, Political Science, Western University

This winter’s Olympic games will not be a normal international sporting event. A cloud of geopolitical tension looms over the Milan Cortina Winter Olympics, as well as the upcoming FIFA Men’s World Cup.

The tension escalated after Prime Minister Mark Carney’s speech at the World Economic Forum, where he spelled out his vision for a new world order for middle powers. It stood out starkly against United States President Donald Trump’s own speech at Davos, where he continued expressing his interest in acquiring Greenland from Denmark.

As a result, the 2026 Winter Olympics will likely disrupt the International Olympic Committee’s stated goal of sport bringing the world together under one banner in unique ways. Rather than muting political conflict, the Games may amplify it.

The politics behind Olympic host nations

The unifying mission of the Olympics already sits uneasily alongside previous debates over the morality of hosting the Games in repressive states. For decades, critics have argued that such regimes use the Games to improve their global image and advance their political and economic goals.

International sports events provide widespread media coverage and brand exposure. That spotlight is particularly attractive for authoritarian and repressive regimes seeking legitimacy on the world stage.

Access to a western audience provides these states with the opportunity to “sportswash” their legitimate authority through a carefully curated image.




Read more:
How repressive regimes are using international sporting events for nation-building


Repressive regimes have increasingly pursued this strategy. Research shows that the share of international sporting events hosted by autocracies fell from 36 per cent in 1945-88 to 15 per cent in 1989-2012, but has rebounded to 37 per cent since 2012.

Sportswashing and the Olympic bargain

Sportswashing involves the use of sport to redirect public attention away from unethical conduct. In the case of international sporting events, the aim is typically to improve the reputation of the host nation by using the immense popularity of sport to “wash” away scrutiny linked to human rights abuses or democratic backsliding.

Sportswashing can also work to establish broader global acceptance of repressive regimes, particularly when western institutions accept their wealth and acquiesce to their goals.

International sporting organizations also stand to gain from this arrangement as well. Authoritarian hosts are more likely to acquiesce to demands to build costly, single-use sport facilities, as they do not face the kind of democratic backlash that could arise after using public funds for an event that carries little public benefit.

In some cases, these regimes have even been willing to bribe officials to gain the votes necessary to win bids to host these sporting events.

From sportswashing to nationalism

There is often a symbiotic relationship between repressive regimes and international sporting organizations. However, the Milan–Cortina Games are unlikely to serve up the sportswashing narratives we have seen recently. Instead, the political stories of the 2026 Winter Olympics are likely to be more explicitly nationalist.

Sport is a powerful vehicle for national rhetoric. It can reinforce a person’s social identity or how they see themselves in relation to others by encouraging people to see themselves as a member of a team or country, and celebrating victory as a collective success or interpreting defeat as a symbolic loss.

Sport also possesses powerful symbolism that can be exploited to great affect in forming a coherent national identity. In this way, sporting events can reinforce national identity as an objective symbol that connects to primitive forms of national ideology.

Political tensions heading into Milan Cortina

In the lead-up to the 2026 Winter Olympics, a series of geopolitical flashpoints has intensified political tensions surrounding the Games. These include the U.S. invasion of Venezuela, Trump’s desire to annex both Greenland and Canada and his ongoing trade disputes with traditional allies.

Whether it’s tension between the European Union and the U.S. or between Canada and the U.S., there are many story lines that can serve as galvanizing moments for nationalist rhetoric.

The 4 Nations Face-Off, won by Canada a year ago, demonstrated how quickly Canada and the U.S. can mobilize Canadian nationalism amid tense trade negotiations. Any Olympic ice hockey matchup between the two countries will feed into the national imagination of both countries and their political leaders.

Denmark and the U.S. are also in the same group in the men’s ice hockey tournament, meaning they are guaranteed to play each other in the round-robin phase.

The men’s ice hockey tournament at the 1980 winter Olympics in Salt Lake City, Utah, served as a pivotal moment in the Cold War. When the underdog U.S. beat the favoured Soviet Union Red Army team, it was deemed the “Miracle on Ice.”

Given Trump’s threats against Greenland, a Danish territory, the Olympics matchup between the two teams could serve as Denmark’s own “miracle on ice” moment.

A medal table ripe for political spin

Beyond ice hockey, this is shaping up to be a Winter Olympics the U.S. is likely to perform quite well in. Traditional winter powerhouses Norway and Russia are both facing scandals or exclusion.

Norway, the all-time leader in medals in Winter Olympics history, is facing a massive cheating scandal in ski jumping but is generally a powerhouse in the nordic sports and skiing events. Russian athletes remain barred from competing under their national flag due to the war in Ukraine and are only permitted to participate as vetted Individual Neutral Athletes.

Trump is likely to make a big deal about any strong American performance, framing any success in contrast to both the EU and Canada.

During his second term in office, Trump has welcomed numerous athletes to the White House and publicly linked sporting success to national strength. He celebrated American participation at the Ryder Cup golf tournament and the 4 Nations Face-off, even when those contests ended in U.S. defeats.

A successful Winter Olympics could therefore provide political capital at a sensitive moment. Amid his attack on Venezuela and stated goal of acquiring Greenland, major soccer countries and EU powerbrokers — including France and Germany — have started to tentatively reconsider their participation in the 2026 Men’s World Cup, hosted in large part by the U.S.

But first, the 2026 Winter Olympics will serve up a menu of matchups that stand to serve the nationalist goals of Trump, Carney and leaders across the European Union.

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Noah Eliot Vanderhoeven does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Geopolitics will cast a long shadow over the 2026 Milan Cortina Winter Olympic Games – https://theconversation.com/geopolitics-will-cast-a-long-shadow-over-the-2026-milan-cortina-winter-olympic-games-273764

¿Es mayor de 35 años y aún no es madre? Así es el estigma que viven las mujeres ‘incompletas’

Source: The Conversation – (in Spanish) – By María del Carmen Sánchez-Miranda, Área de Antropología Social, Universidad de Jaén

Drazen Zigic/Shutterstock

Aunque en las últimas décadas se ha ampliado el reconocimiento social de la diversidad de trayectorias vitales, la maternidad opera como una norma que condiciona la vida de muchas mujeres. No ser madre después de los 35 años sigue generando presiones, estigmas y desigualdades que atraviesan los ámbitos social, laboral y emocional.

El discurso contemporáneo sobre las mujeres incorpora de forma creciente la idea de elección individual. La maternidad aparece, al menos en términos normativos, como una posibilidad entre otras. Sin embargo, esta aparente apertura convive con una realidad persistente: la maternidad continúa ocupando un lugar central en la construcción social de la identidad femenina.

Cuando una mujer supera los 35 años sin haber sido madre –ya sea por decisión propia, por dificultades reproductivas o por circunstancias vitales– su trayectoria sigue siendo objeto de juicio.

La maternidad como norma cultural

A pesar de los cambios sociales, la maternidad se sigue asociando a la idea de una vida femenina “plena” o “realizada”. El mandato de la maternidad adopta formas más sutiles, pero no desaparece. No se presenta únicamente como una opción vital, sino como una expectativa implícita que estructura las representaciones sobre lo que significa ser mujer.

Dicha expectativa se intensifica a partir de cierta edad: a partir de los 35 años se activa el discurso del llamado “reloj biológico”. Más allá de su dimensión biológica, se trata de una construcción social que establece una temporalidad normativa para la maternidad y refuerza el control simbólico sobre el cuerpo y las decisiones reproductivas de las mujeres.

En este contexto, la ausencia de maternidad suele interpretarse como una responsabilidad individual y rodeada de la necesidad de justificar las decisiones personales de las mujeres. La maternidad deja así de situarse en el ámbito de la elección para convertirse en una norma cultural cuyo incumplimiento requiere demasiadas explicaciones.

Invisibilidad social y jerarquías simbólicas

La no maternidad también tiene implicaciones en el ámbito de las relaciones. En muchos entornos, el hecho de ser madre continúa funcionando como eje organizador de la vida adulta y genera dinámicas de pertenencia y exclusión que sitúa a las mujeres sin hijos en una posición periférica.

Persisten representaciones que asocian la no maternidad con la soledad, la falta de vínculos o una supuesta orientación individualista.

Estas ideas colocan a las mujeres sin hijos en un lugar secundario dentro de espacios de la vida adulta y se convierte en tema central de socialización. Conversaciones y actividades cotidianas giran en torno a la crianza, reforzando la idea de que esta experiencia constituye el núcleo de la vida femenina.

Esta jerarquización simbólica genera la invisibilidad de otras formas de relación, cuidado y compromiso y contribuyen a percibir la identidad de las mujeres en una sociedad marcada por profundos roles tradicionales.

Impacto emocional, legitimidad y estigma

A pesar de los avances normativos y culturales, los estigmas asociados a la no maternidad siguen presentes. La idea de la mujer “incompleta”, “egoísta” o “fracasada” continúa formando parte del imaginario colectivo, aunque se exprese de manera menos explícita que en décadas anteriores.

El discurso del reloj biológico refuerza los estigmas al situar la responsabilidad de la no maternidad exclusivamente en las mujeres. La presión social no procede únicamente del entorno cercano, sino también de representaciones mediáticas y culturales que siguen mostrando la maternidad como destino natural e inevitable.

Las narrativas influyen tanto en la valoración social como en la forma en que las propias mujeres interpretan su experiencia vital, con efectos directos sobre la autoestima y el sentido de pertenencia.

Las consecuencias emocionales de este mandato social son relevantes. La presión constante por explicar la no maternidad puede generar sentimientos de culpa, inseguridad o insuficiencia, incluso cuando las decisiones tomadas responden a un proyecto de vida coherente.

Más allá de la maternidad

El análisis de estas dinámicas muestra que, pese a los avances discursivos, la maternidad sigue funcionando como una norma social que organiza la vida de las mujeres. No ser madre después de los 35 años se mantiene como una desviación respecto al modelo dominante.

Cuestionar esta lógica no implica restar valor a la maternidad, sino situarla claramente en el ámbito de la elección y no de la obligación. Reconocer la diversidad de trayectorias vitales resulta fundamental para avanzar hacia una sociedad en la que las mujeres no tengan que justificar continuamente sus decisiones ni su validez en función de un único modelo de vida.

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María del Carmen Sánchez-Miranda no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. ¿Es mayor de 35 años y aún no es madre? Así es el estigma que viven las mujeres ‘incompletas’ – https://theconversation.com/es-mayor-de-35-anos-y-aun-no-es-madre-asi-es-el-estigma-que-viven-las-mujeres-incompletas-273152

Seguir el rastro del dinero de Europa: las cifras de la inversión en ciencia contradicen el discurso

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Rodrigo Maia Valença, Personal de investigación, Oficina de Proyectos Internacionales, Universidade da Coruña, Universidade da Coruña

El futuro es Europa. Edificio en Bruselas. Wikimedia commons, CC BY

La UE habla de algoritmos, datos e inteligencia artificial como si en ellos se jugara todo su futuro. En el debate político y en los medios de comunicación la inversión en IA y tecnología ocupa un lugar central. Sin embargo, cuando se sigue el rastro del dinero, los datos contradicen el relato dominante.

La mayor parte de la financiación de Horizonte Europa se dirige a ámbitos relacionados con el clima, la energía y el medio ambiente. Los proyectos en el área de la salud presentan, en promedio, presupuestos más elevados, mientras que la industria y las tecnologías digitales destacan por ser la temática con mayor oferta de proyectos, pero ninguno de estos dos ámbitos domina el volumen total de recursos. Las ciencias sociales y humanas, por su parte, ocupan un lugar claramente secundario.

He realizado un análisis de uno de los pilares del programa Horizonte Europa, el actual marco de investigación e innovación de la Unión Europea. En concreto, me centro en el Pilar II, relativo a los Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea para el periodo 2026–2027. Se trata de un instrumento de financiación y de una declaración de intenciones: a través de estos presupuestos, Bruselas decide qué problemas merecen atención prioritaria y qué tipo de sociedad aspira a construir.

Verde, digital y democrática

Para 2025–2027, la Comisión Europea subrayó tres metas estratégicas: la transición verde, la transición digital y el refuerzo de una Europa competitiva, inclusiva y democrática. Veamos cuanto dinero se ha destinado a cada una de esas grandes metas para ver qué mensaje transmite su distribución presupuestaria sobre la dirección que Europa quiere tomar.

En el Pilar II de Horizonte Europa se reparten más de 6 900 millones de euros entre 1 096 proyectos, con una financiación media de 6,3 millones de euros por proyecto.

La distribución del presupuesto por grandes áreas ofrece una primera visión de conjunto (véase Figura 1). A partir del análisis detallado de los datos, es posible extraer tres ideas principales.

Salud y industria

Los proyectos individuales vinculados a la salud cuentan, de media, con presupuestos superiores al conjunto, un 35 % más altos. En cambio, el área de mundo digital, industria y espacio concentra el 25 % de la oferta total de proyectos.

La primera razón de ello es que la investigación biomédica implica ensayos clínicos complejos; la segunda suele estar relacionada con la necesidad de mantener la competitividad industrial europea. Sin embargo, estos ámbitos no concentran la mayor parte del presupuesto total.

El caso de la inteligencia artificial presenta una mayor complejidad en el seguimiento de la financiación, dado su carácter transversal. La IA se incorpora de distintas formas en el conjunto del programa Horizonte Europa para impulsar objetivos específicos, sin constituir una prioridad independiente.

Clima y medio ambiente: donde se concentra el grueso del dinero

El mayor volumen de financiación se dirige a los ámbitos relacionados con el clima, la energía, la movilidad, la agricultura y el medio ambiente. Estas áreas absorben cerca del 46 % del presupuesto total, unos 3 200 millones de euros. Mirando solo la cifra desnuda, este bloque recibe más del doble de los recursos dedicados a digitalización, industria y el espacio, que se queda en 1 520 millones de euros.

La distribución del presupuesto señala la transición ecológica, y la inversión verde, como eje central de la visión europea de futuro, en línea con evaluaciones del Banco Central Europeo.

Las ciencias sociales en segundo plano

El punto más débil del reparto aparece en los ámbitos sociales. Los bloques dedicados a la cultura, la creatividad, la sociedad inclusiva y a la seguridad civil son los que reciben menos recursos, tanto en términos absolutos como relativos. En conjunto, no alcanzan el 15 % del total. Son los únicos que incorporan explícitamente la palabra “sociedad” en su denominación. Esto no es nuevo. Históricamente, la UE ha priorizado las ciencias naturales, la competitividad industrial y la innovación tecnológica, relegando las ciencias sociales y las humanidades a un papel secundario.

Diversos trabajos académicos apuntan que la tecnología y la inteligencia artificial deben integrarse con las humanidades y las ciencias sociales y económicas. No son ámbitos excluyentes: se refuerzan mutuamente. Los avances técnicos solo tienen sentido cuando responden a necesidades sociales reales.

La dimensión humana como reto

El balance que dibujan los presupuestos es más sobrio de lo que sugieren los grandes anuncios. Europa sitúa la sostenibilidad en el centro de su inversión, con la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico como medios para alcanzar esos fines, no como objetivos en sí mismos. Encaja claramente con lo defendido por la European Climate Foundation, que destaca la necesidad de una transición industrial competitiva e inclusiva orientada hacia una economía sostenible.

La dimensión humana del cambio sigue siendo el aspecto más débil del reparto. Como se ha señalado en distintos análisis críticos, ninguna forma de inteligencia artificial puede sustituir el factor humano, y la inversión pública debería orientarse a beneficios sostenibles y duraderos para la sociedad.

El próximo programa, Horizonte Europa 2028–2034, promete ser más grande, más rápido y con mayor impacto. El desafío, sin embargo, no será solo invertir más, sino garantizar que la transición verde, la digital y la competitividad europea avancen de forma coordinada, sin perder su dimensión humana.

Seguiremos el rastro del dinero para comprobar hasta qué punto el discurso político se traduce en las cifras.

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Rodrigo Maia Valença no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

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Los habitantes de las zonas rurales lo tienen difícil para acceder al coche eléctrico, pero también para pagar los carburantes

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Carlos María López Espadafor, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Jaén

VeugerStock/Shutterstock

Conducir un coche eléctrico es mucho más fácil en las ciudades, donde existen más puntos de recarga y las distancias entre ellos son cortas. En general, no ocurre así en las áreas rurales, en las que muchas veces no existen estaciones de carga y cuyos habitantes tienen a menudo que recorrer largas distancias.

Además, la capacidad económica de los habitantes de las zonas rurales por término medio suele ser inferior a la de los habitantes de los grandes núcleos urbanos, núcleos donde existen mayores posibilidades de acceso al transporte público. Teniendo en cuenta el elevado precio de los coches eléctricos, este factor también influye en la capacidad de compra de estos vehículos.

Estos ciudadanos, por tanto, lo tienen difícil para acceder al coche eléctrico, pero también para pagar los carburantes.

¿Qué impuestos pagamos por los combustibles?

Dentro de lo que se paga por un litro de gasóleo o de gasolina, la parte principal está constituida por impuestos: el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, en función del volumen de producto, y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en función del precio. En realidad, el tipo de gravamen del IVA no sólo se aplica al precio del carburante, sino también a otros conceptos, entre los que se incluye incluso la cuota del Impuesto sobre Hidrocarburos, dándose una sobreimposición entre ambos impuestos, es decir, podríamos decir que pagamos impuesto sobre impuesto.

El Impuesto sobre Hidrocarburos llega al consumidor final por traslación económica de la carga tributaria, dado que sólo se aplica y repercute en la primera fase del proceso de producción –o importación– y distribución del carburante, aunque influye necesariamente en el precio de las siguientes fases.

El IVA llega al consumidor final por traslación jurídica –repercusión– porque sí se devenga y se repercute en todas y cada una de las fases del proceso de producción o distribución, incluyendo también las importaciones y las adquisiciones intracomunitarias. Todo en un contexto dominado por la armonización fiscal en la Unión Europea.

Tanto el IVA como el Impuesto sobre Hidrocarburos son impuestos proporcionales porque el tipo de gravamen no va creciendo en función del mayor importe de la magnitud gravada. Esto los diferencia, por ejemplo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que es un impuesto progresivo donde el tipo de gravamen, el tanto por ciento de tributación, va creciendo progresivamente cuanto más alta sea la renta del sujeto.

La progresividad, como inspiradora del sistema tributario, representa un mandato de la Constitución (art. 31.1) para garantizar la justicia tributaria. Cuanto mayor peso tenga la tributación proporcional, menos progresivo será el sistema.

Ante esto, el Impuesto sobre Hidrocarburos convierte a nuestro sistema tributario en menos progresivo, considerado globalmente, y más alejado de los principios de justicia tributaria. En la práctica, este impuesto, ante la situación actual, hace a nuestro sistema menos justo.

Ya no se trata sólo de prevalencia o no de la extrafiscalidad medioambiental –es decir, de la utilidad de estos impuestos para cambiar el comportamiento o evitar la contaminación–, sino de que son los sectores menos favorecidos los que se ven obligados a soportar dicha extrafiscalidad.

Desventajas para los menos favorecidos

La apuesta por el coche eléctrico, ante el estado y precios actuales en la industria automovilística y de las infraestructuras de acceso a la recarga de energía eléctrica para vehículos, con una elevada presión fiscal sobre los carburantes, nos sitúa ante una situación especialmente gravosa para los sujetos de más reducida capacidad económica y para los habitantes de determinadas zonas rurales. A pesar de que estas últimas, precisamente, necesitan una mayor protección, ante la amenaza del serio riesgo de despoblación.

De alguna forma, tal panorama fiscal podría terminar afectando a los derechos fundamentales de ciertos sectores de la población. Esta situación representa un peligro que se veía venir desde hace tiempo y para el que no termina de ponerse remedio.

A la hora de justificar esta extrafiscalidad se suele aludir a que con la imposición de corte ambiental no se pretende, en principio, una finalidad fiscal o de mayor recaudación, sino reconducir los comportamientos de los ciudadanos hacia actitudes menos contaminantes que conllevarían una menor recaudación por tales impuestos.

De todos modos, es una idea no siempre entendible por los ciudadanos que, como ya se ha apuntado, suelen ser conscientes de que la mayor parte de lo que se paga por un litro de carburante corresponde a carga tributaria.

Esto debería obligar a una revisión de la tributación de los vehículos –Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica– y de los carburantes –Impuesto sobre Hidrocarburos– dada la situación en que se encuentran los sujetos de menor capacidad económica y los habitantes de ciertas zonas en serio peligro de despoblamiento (especialmente las áreas rurales de montaña).

De esta forma, ante las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, urge que los poderes públicos presten una mayor atención a los principios de capacidad económica, progresividad y no confiscatoriedad de la Constitución a la hora de establecer este tipo de medidas extrafiscales.

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Carlos María López Espadafor no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Los habitantes de las zonas rurales lo tienen difícil para acceder al coche eléctrico, pero también para pagar los carburantes – https://theconversation.com/los-habitantes-de-las-zonas-rurales-lo-tienen-dificil-para-acceder-al-coche-electrico-pero-tambien-para-pagar-los-carburantes-273424

El tlacuache no tiene quien le escriba: las editoriales mexicanas relegan la literatura de los pueblos originarios

Source: The Conversation – (in Spanish) – By María del Mar Ruiz Domínguez, Chair professor, Universidad de Almería

Brasero prehispánico con forma de tlacuache (zarigüeya), caracterizado como un escriba. El Coco Velazquez/Shutterstock

Robó el maíz. Para robarlo,

el Tlacuache lo pintó con los colores

del día y de la noche.

Así confundió a la Señora Lumbre,

y así el tiempo comenzó a tener

medida: las noches seguirían

a los días y los días a las noches.

“Tlacuache, ladrón del fuego” (Tecolote, 2017)

En un país como México, que atesora 68 lenguas originarias y una herencia cultural milenaria, se esperaría que las bibliotecas infantiles estuvieran inundadas de historias sobre el origen del maíz, o de revisiones sobre el comportamiento mítico de jaguares y tlacuaches (zarigüeyas) en las leyendas mayas, náhuatl o zapotecas.

Sin embargo, la realidad es otra: a pesar del auge de las narrativas de los pueblos originarios y de los deseos por preservar las lenguas en riesgo de extinción, los textos de literatura infantil y juvenil que abordan estas temáticas se enfrentan a barreras invisibles, pero firmes. La falta de atención no es casual: es el resultado de décadas de discriminación y políticas que priorizaron el español y su cultura sobre las lenguas de los pueblos originarios, tanto en el ámbito educativo como en otros contextos vitales.

También hay que tener en cuenta el contexto social del mercado editorial mexicano: en 2020 apenas el 6 % de la población habla alguna lengua indígena y no son los jóvenes, sino las personas mayores, las que más las utilizan. Por este motivo, los textos de literatura infantil y juvenil con temáticas de estas comunidades se suelen publicar en español o bien en formato biligüe (español-lengua originaria).

Un mercado bajo el amparo del Estado

Una investigación publicada recientemente y que ha analizado los catálogos de 90 editoriales mexicanas ha mostrado un dato preocupante: apenas el 56 % de los sellos publican textos de literatura para jóvenes que muestran historias, usos, costumbres, leyendas y tradiciones de los pueblos originarios.

Esta presencia resulta frágil, ya que la mayoría de estos títulos no nacen de la iniciativa privada, sino del impulso de programas gubernamentales promovidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) o por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), entre otros.

Bajo el amparo público surgieron colecciones como la Enciclopedia Infantil Colibrí en la que recopiladores, escritores e ilustradores aportaron relatos procedentes de la tradición indígena.

Un importante número de los relatos identificados se están publicando en formato bilingüe español/lengua originaria. Autores como Natalia Toledo o Miguel Cocom apuestan por ediciones bilingües, que permiten que los jóvenes de las comunidades se reconozcan en su propia lengua y costumbres, y que los hispanohablantes descubran la riqueza de su país.

El proyecto Sesenta y ocho voces, sesenta y ocho corazones va un paso más allá, al transformar los relatos originarios en piezas de animación narradas en sus lenguas originales.

Lecturas obligatorias

Es evidente que las iniciativas sufragadas por las instituciones públicas y con respaldo presupuestario han sido esenciales para acercar estas realidades a los jóvenes. Son títulos que además se han incluido en los listados de lecturas obligatorias de las escuelas mexicanas a través de las colecciones de “Libros del Rincón”.

A diferencia de los grandes grupos editoriales, que apenas cuentan con colecciones dedicadas a visibilizar los pueblos originarios, ha surgido un movimiento impulsado por sellos independientes y asociaciones como Gusanos de la memoria o Chuen México, XospaTronic o Taller Leñateros.

La renovación temática en las editoriales independientes iberoamericanas incluye, tal como señalan varios estudios, textos que muestran una realidad más territorial y diversa. Esto permite dar voz a las minorías y colectivos históricamente relegados. Un compromiso que se manifiesta aún de forma incipiente en el mercado mexicano a través de editoriales como Tecolote, Ideazapato o El Naranjo. Pese a todo, el esfuerzo resulta aún insuficiente para equilibrar la balanza.

¿Qué historias se están narrando?

Un análisis de los catálogos editoriales revela que los textos que tratan realidades de los pueblos originarios se agrupan preferentemente en dos tipos de narrativas:

  • Relatos de tradición oral. Son los textos con mayor presencia en las estanterías de las bibliotecas. Se trata de recopilaciones de mitos, leyendas y canciones que intentan preservar la cosmogonía de comunidades como la náhuatl, la maya o la zapoteca.

  • Cuentos literarios. Son relatos de autor que, aunque se inspiran en la tradición, proponen nuevas tramas para los jóvenes lectores de hoy en día.

Sin embargo, resulta llamativo que en los catálogos editoriales apenas figuren álbumes ilustrados que aborden realidades de los pueblos originarios. Mientras que en Europa o Estados Unidos resulta común que los autores “jueguen” con los cuentos clásicos y los reinventen, en México la literatura indígena aún se trata con una reverencia casi sagrada.

Esta carencia es aún más significativa, por cuanto Iberoamérica vive desde hace años un auge del formato álbum en sellos como Fondo de Cultura Económica (FCE), Cayuco, Claraboya ediciones o Ekaré, entre otros. Se trata de un soporte que otorga una gran libertad para recrear ficciones de una misma realidad.

Hacia una narrativa del encuentro y la diversidad

Para que un joven de una ciudad cualquiera no vea como algo extraño una leyenda mixe o un poema en tseltal, hacen falta más que buenas intenciones gubernamentales.

El cierre de esta brecha requiere un mercado editorial que entienda que la diversidad no es un nicho, sino la esencia misma de la identidad mexicana. No basta con publicar cuentos sobre indígenas. Se tiene que permitir que sean los propios autores de los pueblos originarios quienes tomen la palabra, reinterpreten y cuestionen su pasado y reinventen su futuro.

Solo así surgirá en México una literatura infantil y juvenil con voz propia, autóctona, arraigada en su diversidad y diferenciada de la de otros territorios. Publicaciones que valoren su riqueza cultural, que revisiten su pasado, pero con la mirada puesta en el mañana.

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María del Mar Ruiz Domínguez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

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La economía de la mentira: la desinformación generada por IA puede frenar el crecimiento real y socavar la cohesión social

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Deniz Torcu, Adjunct Professor of Globalization, Business and Media, IE University

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Hace unos días, The Guardian publicó una advertencia contundente: según Yvette Cooper, ministra del Interior británica, gobiernos extranjeros, con Rusia como actor destacado, están difundiendo vídeos falsos generados por inteligencia artificial para debilitar el apoyo occidental a Ucrania y fomentar la división en países europeos.

Estas campañas no son simples maniobras propagandísticas. Forman parte de una estrategia de desinformación a gran escala cuyo impacto va mucho más allá de la política. La desinformación, especialmente cuando utiliza IA generativa, se está convirtiendo en un riesgo económico estructural.

A menudo se interpreta la desinformación como un fenómeno social, político o cultural. Sin embargo, cada vez más investigaciones señalan que tiene efectos directos sobre la economía real. La erosión de la confianza, la polarización social, el retraso en decisiones de inversión, la desestabilización del mercado laboral y la dificultad para aprobar políticas públicas eficaces generan un coste económico creciente.

La confianza, un activo económico que se deteriora rápidamente

La confianza no es una abstracción moral sino un recurso económico con impacto directo en el crecimiento. Investigadores como Robert Putnam y Luigi Guiso han demostrado que los países con mayores niveles de confianza interpersonal e institucional obtienen mejores resultados en inversión, productividad e innovación. Las instituciones internacionales también lo reconocen: el Banco Mundial incorpora la calidad institucional y la confianza en sus análisis de gobernanza.

La desinformación deteriora este recurso de forma acelerada. Cuando la ciudadanía duda de la autenticidad de lo que ve, escucha o lee, el consenso mínimo que permite coordinar decisiones económicas desaparece.

La evidencia económica confirma este efecto: la OCDE ha demostrado que la caída de la confianza institucional, uno de los primeros efectos de un entorno informativo contaminado, aumenta la incertidumbre, reduce la eficacia de las políticas públicas y frena las decisiones de inversión. Su informe “Trust and Public Policy” ofrece un análisis detallado de cómo la erosión de la confianza afecta al desempeño económico.

A ello se suma un creciente cuerpo de investigación que muestra cómo la desinformación erosiona variables económicas clave. Un modelo desarrollado por el investigador y profesor japonés Taiji Harashima demuestra que la difusión de información falsa reduce la confianza mutua, esencial para coordinar expectativas y productividad. Una revisión internacional de 2024 concluye que la desinformación debilita la legitimidad institucional y dificulta la implementación de políticas públicas. En Europa, un informe del observatorio de medios digitales IBERIFIER documenta cómo la degradación del ecosistema informativo agrava tensiones y afecta directamente a la gobernanza.

Cuando la confianza se erosiona, la economía pierde uno de sus fundamentos: la previsibilidad. Invertir, contratar o innovar se vuelve más difícil en sociedades que ya no comparten una base común de hechos.

Cuando una mentira se hace viral, la economía lo nota

La IA generativa ha transformado la escala y la velocidad de la desinformación. Ya no hace falta una maquinaria propagandística compleja. Se calcula que los deepfakes crecieron un 550 % entre 2019 y 2023, lo que ilustra hasta qué punto la capacidad de producir manipulación digital.

Basta un vídeo creado en segundos que simule declaraciones inexistentes para alterar la conversación pública. Un ejemplo reciente es el vídeo de del expresidente estadounidense Joe Biden, difundido durante la campaña presidencial de 2024, en el que se mostraba un futuro caótico bajo un hipotético segundo mandato de Biden. Este tipo de materiales buscan sembrar miedo, manipular la opinión pública, modificar agendas mediáticas, amplificar tensiones políticas y erosionar la confianza pública.

El vídeo, generado con IA, fue ampliamente compartido en redes sociales antes de que se confirmara que era falso y formó parte de un patrón más amplio de manipulación informativa durante la campaña.

Incertidumbre creciente y menor inversión

La inversión depende de la previsibilidad y estabilidad del entorno. La proliferación de vídeos falsos, audios manipulados o campañas coordinadas introduce ruido informativo y aumenta la percepción de riesgo.

Según un análisis de la consultora Deloitte, los países con tienden a registrar un crecimiento del PIB per cápita más alto y un aumento de diez puntos porcentuales en la proporción de personas que confían puede elevar el crecimiento anual del PIB real per cápita en alrededor de medio punto porcentual.

Es decir, pequeñas variaciones en la confianza social pueden tener efectos acumulativos significativos sobre la economía, lo que convierte a la desinformación en un riesgo económico mucho más profundo de lo que parece a simple vista.

Un riesgo sistémico para un continente ya tensionado

Europa afronta una combinación de retos sin precedentes. Envejecimiento acelerado, pérdida de competitividad industrial, dependencia exterior en tecnología y energía, tensiones geopolíticas en Ucrania, también en Oriente Medio, y presión migratoria creciente.

En este escenario, la desinformación funciona como un amplificador de fragilidades. No genera los problemas, pero los magnifica hasta convertirlos en crisis.

La alerta publicada por The Guardian debe leerse en este marco. La instrumentalización de la mentira con fines geopolíticos se inserta en un contexto en el que la desinformación ha sido identificada como uno de los principales riesgos globales. Para el Foro Económico Mundial (World Economic Forum), la desinformación y la información errónea constituyen el riesgo más grave a corto plazo a escala mundial, ya que puede erosionar la cohesión social, intensificar la polarización e incrementar la inestabilidad política en sociedades ya tensionadas.

En este sentido, los países que consigan reforzar sus defensas informativas y su resiliencia institucional estarán mejor posicionados para sostener su crecimiento y estabilidad, mientras que aquellos más expuestos a la desinformación podrían experimentar un deterioro de su cohesión social, su atractivo inversor y su influencia internacional.

Qué puede hacer Europa para mitigar el impacto económico

Las respuestas existen y muchas están ya sobre la mesa.

  • Regulación tecnológica y trazabilidad obligatoria. El Digital Services Act y el AI Act de la Unión Europea suponen avances importantes, pero no suficientes. La trazabilidad de contenidos generados por IA, como marcas de agua digitales obligatorias, será esencial para impedir que vídeos manipulados se difundan sin control.

  • Educación mediática para toda la población. La alfabetización informacional no debe limitarse a jóvenes y estudiantes. Es necesario formar también a adultos, trabajadores y responsables públicos. Los países nórdicos ofrecen un ejemplo valioso: en países como Finlandia, la educación mediática está presente desde la infancia y se extiende a lo largo de toda la vida, con políticas públicas que integran la alfabetización mediática en todos los niveles del sistema educativo y en programas de formación continua para adultos.

  • Fortalecimiento de los medios y del ecosistema informativo. La OCDE y el Foro Económico Mundial han señalado que un periodismo sólido es un estabilizador económico, no solo democrático. Apoyar medios rigurosos y reforzar los mecanismos de verificación contribuye a reducir la incertidumbre.

Políticas públicas que regeneren el capital social

La cohesión social también es una inversión económica. Estudios recientes muestran que son las sociedades con mayores niveles de confianza, inclusión y estabilidad institucional las que tienden a registrar mejor desempeño económico. Un análisis de 2025 demuestra que la cohesión social tiene efectos positivos, directos e indirectos, sobre el crecimiento, especialmente a través de una mayor inversión. Además, la política de cohesión de la Unión Europea ha documentado históricamente que reducir desigualdades territoriales y sociales contribuye al desarrollo económico sostenible.

Por ello, fortalecer la igualdad de oportunidades, la participación ciudadana y el tejido comunitario no es solo una cuestión democrática: es una estrategia económica que aumenta la resiliencia frente a la desinformación y facilita la adopción de políticas públicas eficaces.

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