Category: MIL-OSI

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Arantxa Serrano Cañadas, Contratada investigadora predoctoral en área de Derecho Financiero y Tributario – Economía circular, Universidad de Castilla-La Mancha

El anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, aprobado el pasado mes de julio por el Consejo de Ministros, supone el intento más ambicioso de los últimos años para reorientar el modelo de consumo en España hacia mayores estándares de durabilidad, transparencia e impacto ambiental reducido.

Se trata de una norma transversal que transpone las directivas de la Unión Europea (UE) 2024/825 y 2024/1799, centradas respectivamente en combatir las prácticas verdes engañosas y en promover el derecho a reparar. Su aprobación podría modificar de forma sustancial el modo en que los consumidores eligen productos, cómo los diseñan las empresas y cuáles son los incentivos económicos asociados a reparar en lugar de sustituir.

La norma, que entrará en vigor entre julio y septiembre de 2026, interviene sobre dos pilares del ordenamiento: la Ley de Competencia Desleal y el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Aunque este método de “injerto normativo” ha sido criticado por generar dispersión y falta de sistematicidad, constituye la vía que ha escogido el legislador para dar cumplimiento a las obligaciones europeas.

Más información, menos greenwashing

Una de las áreas con mayor impacto es la regulación de las alegaciones medioambientales. El anteproyecto incorpora la categoría de “ecoimpostura”, entendida como el uso de declaraciones ambientales vagas, no verificables o directamente engañosas. Esta figura deriva de la Directiva (UE) 2024/825, que busca evitar que el término “sostenible” se utilice como reclamo sin respaldo técnico.

En consecuencia, la publicidad que atribuya a un bien características verdes deberá basarse en certificaciones verificables, trazabilidad y criterios objetivos. La norma también prohíbe los distintivos ambientales poco transparentes y somete a especial escrutinio las menciones globales como “cero emisiones”, que pueden ocultar compensaciones externas o metodologías de cálculo discutibles.

Además, la ley resucita una prohibición clásica: la “publicidad del miedo”. Será ilícito promover servicios, especialmente en seguridad, mediante mensajes que exploten ansiedad o riesgo sin aportar datos verificables. Se trata de una respuesta a prácticas que combinan emocionalidad y opacidad, y que condicionan decisiones de compra alejadas de la racionalidad económica.

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Derecho a reparar: de la retórica a la obligación jurídica

El núcleo del texto se encuentra en el derecho a reparar. La Directiva (UE) 2024/1799 obliga a redefinir las relaciones entre consumidores, vendedores y fabricantes. Los fabricantes deberán reparar determinados bienes (por ejemplo: grandes electrodomésticos de uso doméstico y teléfonos móviles) más allá del período de garantía legal cuando estos productos cuenten con normas europeas que establezcan sus requisitos de reparabilidad.

Esta obligación se ve reforzada por tres instrumentos:

1. Formulario europeo de información sobre la reparación: documento estandarizado que detalla precio, plazos y condiciones, y que permitirá comparar ofertas en un mercado que hasta ahora sufría una asimetría informativa estructural. Su uso garantiza el cumplimiento de los deberes de información precontractual por parte del reparador.

2. Plataforma europea en línea de reparaciones: España contará con una sección nacional que incluirá reparadores, vendedores de bienes reacondicionados y entidades que participen en iniciativas comunitarias de reparación. Esta plataforma introduce competencia en un mercado históricamente atomizado, facilitando el acceso a reparadores y reduciendo costes de búsqueda.

3. Sistema de financiación parcial de reparaciones: mecanismo novedoso en el derecho español por el que fabricantes, importadores o distribuidores cofinancian reparaciones una vez agotada la garantía legal. Su diseño es decreciente en el tiempo y solo se activará cuando no exista garantía comercial o esta sea más corta que el periodo previsto por la ley.

Este sistema pretende corregir el sesgo económico que empuja al reemplazo: cuando reparar es tan caro como comprar un bien nuevo, la decisión racional del consumidor se orienta hacia el reemplazo. El mecanismo busca invertir esa lógica.

Transparencia en precios y durabilidad

El anteproyecto aborda también la reduflación –la reducción de cantidades manteniendo precio– mediante nuevas exigencias informativas. Aunque la reduflación no es ilícita per se, sí puede resultar engañosa si el consumidor no percibe la reducción efectiva del contenido. La norma obliga a informar de forma clara y visible cuando se produzca este cambio, reforzando la comparabilidad de precios unitarios.

Asimismo, se introduce la “garantía comercial de durabilidad”, que permitirá señalar, mediante una etiqueta armonizada, si el producto cuenta con un compromiso de durabilidad superior al mínimo legal y sin coste adicional. Esta etiqueta aspira a crear un incentivo reputacional para los fabricantes de productos robustos y reparables, y a generar una señal fiable para el consumidor en un mercado saturado de información.

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Implicaciones económicas y sociales

Las obligaciones derivadas del anteproyecto pueden generar costes de adaptación relevantes para empresas, particularmente pymes del sector tecnológico y electrodoméstico. La disponibilidad de piezas de repuesto, la documentación técnica y la obligación posgarantía exigen reorganizar cadenas de suministro y, en algunos casos, rediseñar productos. Sin embargo, estos efectos deben analizarse a la luz de beneficios sistémicos: reducción de residuos, impulso a la economía circular y creación de negocios locales de reparación.

Para los consumidores, la norma incrementa la tutela jurídica y reduce incertidumbre: alargar la vida útil de bienes, ofrecer información fiable y evitar prácticas comerciales engañosas refuerza el comportamiento racional y disminuye costes a largo plazo.

Aplicable solo a algunos productos

Del análisis conjunto del anteproyecto y la doctrina se desprende un aspecto poco discutido: el riesgo de generar una asimetría regulatoria de reparabilidad. El derecho a reparar se aplicará solo a determinados productos designados por la Unión Europea. Esto puede incentivar a algunos fabricantes a desplazar su catálogo hacia productos no incluidos en la lista de reparabilidad para evitar obligaciones de reparación posgarantía.

Este efecto, aunque indirecto, es relevante y exige que el legislador monitorice la evolución del mercado para evitar distorsiones competitivas y garantizar que la transición ecológica no quede limitada por el perímetro de la regulación europea. La propia doctrina advierte de la necesidad de una ley autónoma de consumo sostenible que permita integrar coherentemente estas obligaciones y evitar vacíos sistémicos.

Arantxa Serrano Cañadas recibe fondos de un contrato predoctoral de investigación cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como por la Unión Europea.

Gemma Patón García recibe fondos para proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU). Miembro del Consejo Asesor de Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD). Miembro de la Asociación para el Progreso y Sostenibilidad de las Sociedades (ASYPS).

– ref. El nuevo anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible obliga a reparar ciertos productos más allá del período de garantía – https://theconversation.com/el-nuevo-anteproyecto-de-ley-de-consumo-sostenible-obliga-a-reparar-ciertos-productos-mas-alla-del-periodo-de-garantia-269738

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Daniel Nisa Cáceres, Profesor Titular de Filología Inglesa, Departamento de Filología y Traducción, Universidad Pablo de Olavide

Dice el refranero que “Más sabe el diablo por viejo que por diablo” y “Cuanto más vieja, más pelleja”, en alusión a que la edad no siempre trae virtud, sino a veces más astucia o picardía.

Ciertamente, la experiencia femenina siempre ha sido peligrosa e incómoda para las estructuras de poder. En esa línea, la escritora canadiense Margaret Atwood afirma que a partir de cierta edad se etiqueta a las mujeres como sabias ancianitas o brujas malvadas. De ahí que quiera poner orden con su Libro de mis vidas. Como unas memorias (2025).

La tendencia de agrupar a las sociedades en grupos estereotipados enfrentados entre sí es muy cuestionada por los estudios feministas, culturales y decoloniales. En concreto, se critican los llamados binarismos jerárquicos, tales como hombre/mujer, cultura/naturaleza o mente/cuerpo.

Ahora, jóvenes y viejos son la yesca para encender otra hoguera polarizada más. Hay quien la define como guerra, antipatía o brecha intergeneracional entre los mayores (silent generation y boomers) y los jóvenes (millennials o generación Z). Pero culpar a unos, por ejemplo, de la falta de viviendas y tachar a otros de indolencia es, cuando menos, una simplificación.

Atwood frente al edadismo

Si alguien posee pericia imaginativa para arrojar luz sobre estos y otros problemas actuales, esa es Margaret Atwood. En sus ensayos recientes sobre feminismo, cultura contemporánea y el cambio climático, también aborda la discriminación por cuestión de edad. En Cuestiones candentes (2022) reflexiona sobre cómo la sociedad invisibiliza a las personas mayores. En particular a las mujeres, al usar una doble vara de medir en lo que respecta al físico o su valía laboral. Además, critica la expectativa cultural de que la edad limite la relevancia intelectual, la autoridad o la presencia pública.

En paralelo, su ficción dialoga directamente con estas ideas. Baste el ejemplo de cómo la narradora entrada en años de El asesino ciego (2000) hace frente a los prejuicios sociales que minimizan o tergiversan su experiencia vivida. Y cómo en Los testamentos (2019), la secuela de El cuento de la criada (1985), se otorga a una ya anciana tía Lydia un papel central de poder, agencia y subversión del orden misógino y totalitario de la República de Gilead.

Quemar a una generación

Mención aparte merece el relato “A la hoguera con los carcamales” (Nueve cuentos malvados, 2014). En él, una organización internacional llamada “Nuestro turno” se dedica a quemar residencias de la tercera edad con sus ocupantes dentro. Los jóvenes les culpan, sin hacer distinciones, de las desigualdades y la crisis climática que han heredado.

A Wilma, la protagonista, apenas le queda visión y padece el síndrome de Charles Bonnet: ve liliputienses bailando allá donde va. Para colmo, cientos de activistas desaforados asedian su residencia –llamada con sorna “Ambrosia Manor”, como el alimento que da inmortalidad y brío divino a los dioses griegos–. En un desenlace propio de un capítulo final de temporada de The Walking Dead, Wilma y su añoso noviete Tobias logran huir del edificio antes de que lo consuman las llamas.

Vista la deriva distópica del mundo actual y la capacidad de Atwood para anticipar acontecimientos, quizás debiéramos preocuparnos. Por supuesto se trata de una sátira grotesca pero, como ella apunta, la historia no está exenta de coloridos precedentes. Los necropolíticos deciden, por acción u omisión, quién vive y quién muere en sus estados. Y lo personal es político, como Atwood no se ha cansado de repetir desde que publicara su poemario Juegos de poder (1973). La ética, como la envidia, puede ser sana o no. Considerar a los ancianos como prescindibles en momentos de crisis obviamente no lo es (como por desgracia ocurrió durante la pandemia).

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Tampoco es ético sacar provecho de preocupaciones legítimas sobre el acceso a la vivienda, el empleo, las pensiones, la educación y una atención sanitaria digna para enfrentar a grupos sociales. La realidad acaso supera a la ficción, pero esta nos ayuda a entender ‘la fricción’. Y no es solo un juego de palabras. Tanto la injusticia social como los prejuicios entre generaciones pueden ir a más.

Desde la última vuelta del camino: Atwood y el arte de no dejarse engañar

Ahí es donde Atwood desentumece nuestros sentidos, apela a nuestra inteligencia y desarma estos discursos de confrontación. Sobre todo porque desoír o quitar hierro a la sabiduría de la edad es osado.

La protagonista de El cuento de la criada (1985) y la serie homónima subestima las advertencias de su madre, feminista de la segunda ola, quien alerta sobre la pérdida de libertades y derechos ganados a pulso por millones de mujeres. Craso error. Sus temores se confirman con la instauración de una lúgubre dictadura teocrática y la desaparición de Estados Unidos, país que parece acercarse a pasos agigantados a esta realidad que dibuja la Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2008.

En efecto, en sus ensayos, entrevistas y obras de ficción la vejez ocupa un espacio de lucidez crítica y resistencia. Desde aquí, Atwood examina las tensiones que acompañan el paso del tiempo. Observar y escuchar no implica credulidad ni sumisión. Y fiel a su habitual elocuencia e ingenio, nos deja una perla para que tomemos nota: “Soy toda oídos, pero a mí no me timan”.

Daniel Nisa Cáceres no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ¿El cuento de la vieja? Cómo Margaret Atwood desmonta el edadismo y la antipatía intergeneracional – https://theconversation.com/el-cuento-de-la-vieja-como-margaret-atwood-desmonta-el-edadismo-y-la-antipatia-intergeneracional-266433

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Benigno Alarcón, Director of the Center for Political Studies, Universidad Católica Andrés Bello

El fenómeno político conocido como chavismo constituye uno de los procesos de reconfiguración estatal más profundos y controvertidos de la historia contemporánea de América Latina.

Definido como un movimiento cívico-militar de orientación socialista y bolivariana, ha gobernado Venezuela de forma ininterrumpida desde febrero de 1999. El chavismo logró trascender la figura de su fundador, Hugo Chávez, para convertirse en una estructura de poder hegemónica.

Su trayectoria se divide en etapas marcadas por el colapso del orden tradicional, la refundación institucional y una fase terminal de resistencia que ha desembocado en la crisis sistémica de enero de 2026.

Génesis y colapso del orden puntofijista

Para comprender el ascenso del chavismo es imperativo analizar el agotamiento del Pacto de Puntofijo, el acuerdo de gobernabilidad firmado entre los partidos Acción Democrática (socialdemócrata) y COPEI (demócratacristiano) en 1958, tras la caída de la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez.

Con este pacto, se estableció un sistema bipartidista que durante años garantizó la estabilidad pero que acabó siendo un modelo excluyente. A finales de los años 80, la caída de los precios del petróleo y una deuda externa insostenible forzaron al presidente Carlos Andrés Pérez (socialdemócrata), nada más comenzar su segundo mandato, a implementar el Gran Viraje, un programa de ajustes supervisado por el FMI.

Este paquete económico fue la causa primordial de que, el 27 de febrero de 1989, se produjese el Caracazo, un estallido social masivo en la capital del país y sus zonas aledañas, que fue reprimido brutalmente por el ejército. Aunque el saldo oficial fue de 276 muertos, estimaciones extraoficiales hablan de más de 3 000.

Este suceso actuó como un catalizador ético para un grupo de oficiales jóvenes, que sentían que el ejército era usado injustamente contra el pueblo. En este entorno, la logia militar MBR-200, fundada en 1982 bajo el Samán de Güere (un árbol histórico y tricentenario), aceleró sus planes de derrocamiento. La base ideológica del movimiento se llamó el árbol de las tres raíces. Así lo explicaba el propio Chávez en una entrevista concedida en 2005:

“Consiste en la raíz bolivariana (su planteamiento de igualdad y libertad, y su visión geopolítica de integración de América Latina); la raíz zamorana (por Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano y de la unidad cívico-militar) y la raíz robinsoniana (por Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, el Robinson, el sabio de la educación popular, la libertad y la igualdad). Este ’árbol de las tres raíces’ dio sustancia ideológica a nuestro movimiento…”.

La insurgencia de 1992 y el camino al poder

El 4 de febrero de 1992, el teniente coronel Hugo Chávez lideró un intento de golpe de Estado contra el presidente Pérez. Aunque fracasó militarmente, su asunción pública de la responsabilidad y su frase “por ahora” lo catapultaron como un mito político y una esperanza de cambio. Tras dos años en prisión, el presidente Rafael Caldera ordenó en 1994 el sobreseimiento de la causa contra él como parte de una política de pacificación del país.

Chávez abandonó la vía armada y fundó el Movimiento V República (MVR) para participar en las elecciones de 1998. Con una campaña centrada en la erradicación de la corrupción y la pobreza –que afectaba al 85 % de los hogares– ganó la presidencia el 6 de diciembre de 1998 con el 56,2 % de los votos. Su primer acto en el Gobierno fue convocar una Asamblea Nacional Constituyente, aprobada en 1999 por el 88 % de los votantes, para refundar el Estado bajo una nueva Constitución, que renombró al país como República Bolivariana de Venezuela.

Del chavismo carismático al régimen de supervivencia

La muerte de Chávez, en 2013, marcó un punto de inflexión. Nicolás Maduro heredó el poder sin el carisma ni la legitimidad de su antecesor. A partir de entonces, el chavismo dejó de ser un proyecto ideológico expansivo y se transformó en un régimen de supervivencia, cada vez más dependiente de la coerción y del control institucional.

El quiebre definitivo ocurrió en 2015, cuando la oposición, cohesionada bajo lo que se conoció como la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ganó la mayoría calificada (dos tercios) del Parlamento. La respuesta del gobierno fue desconocer el resultado electoral, vaciar de competencias al Parlamento y crear estructuras paralelas de poder con la elección amañada de una nueva Asamblea Constituyente, consolidando un autoritarismo cerrado que eliminó la competencia política real.

Desde entonces, las elecciones sin garantías, la persecución judicial, la represión sistemática y el uso del aparato estatal contra la disidencia se convirtieron en prácticas habituales.

Pese a ello, el 28 de julio de 2024, el régimen madurista recibió la estocada política final al perder de manera abrumadora, pese a a todo el ventajismo electoral, la elección presidencial contra Edmundo González Urrutia –el candidato apoyado por María Corina Machado, a quien no se le permitió competir–, que logró obtener el doble de votos que el oficialismo.

Los balances y contrapesos del poder chavista

Hoy, el chavismo no funciona como un partido político convencional sino como una coalición de intereses. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) actúa principalmente como maquinaria de movilización y control social.

El poder real se sostiene en el equilibrio entre cuatro pilares fundamentales:

1. La cúpula político civil, encabezada por Nicolás Maduro y, a partir los eventos del sábado 3 de enero de 2026, por quien era su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que administra el Estado y gestiona las relaciones internacionales, junto a su hermano, Jorge Rodriguez, quien controla el Parlamento y el sistema electoral.

2. La Fuerza Armada, convertida en actor político y económico, con control directo sobre sectores estratégicos y empresas públicas, y liderada desde hace más de 10 años por el general Vladimir Padrino López.

3. Redes opacas, vinculadas al petróleo, el oro, el contrabando y otras economías ilícitas, que financian la lealtad dentro del gobierno.

4. Los aparatos de inteligencia y represión, responsables de neutralizar la disidencia política y social.

Este entramado le ha permitido sostenerse pese al colapso económico y a la pérdida casi total de legitimidad interna.

El tablero geopolítico en enero de 2026

El régimen chavista se insertó, desde muy temprano, en una geopolítica de antagonismo con los Estados Unidos y otras naciones democráticas. Cuba ha sido el aliado estructural más importante desde la llegada al poder de Chávez, quien consideraba a Fidel Castro su mentor, con especial apoyo en materia de inteligencia, control sociopolítico y diseño represivo.

A ello se suman las alianzas con Rusia, China e Irán, cada una con intereses estratégicos distintos: respaldo diplomático y militar, financiamiento e infraestructura, o cooperación tecnológica y de seguridad. Venezuela se ha convertido así en una pieza funcional dentro de una geopolítica de confrontación con Occidente.

Tras la muerte de Chávez, Maduro heredó un país en declive económico. Pese a que pocos le daban más de unos meses en el poder, no vio culminada su trayectoria política sino 11 años después, y de manera drástica el pasado 3 de enero con la operación militar estadounidense “Resolución Absoluta”.

Quiénes detentan el poder político en Venezuela

El ataque de la madrugada del 3 de enero resultó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan cargos por narcoterrorismo en Nueva York. Este evento ha reconfigurado (y continuará reconfigurando) el reparto del poder en Venezuela. Hoy por hoy lo conforman:

• Delcy Rodríguez: designada presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia tras la captura de Maduro y juramentada luego por su hermano en la Asamblea Nacional. Es hija de Jorge Antonio Rodríguez, que fue guerrilero y mártir de la izquierda, cuya muerte en manos de los servicios de inteligencia en 1976 marcó su ADN político. Al no figurar en las listas de recompensas de la DEA, se ha convertido en la interlocutora pragmática aceptada por Washington para gestionar una transición controlada.

• Jorge Rodríguez: hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional. Es considerado el cerebro estratégico del régimen desde tiempos de Maduro, y controla el engranaje legislativo necesario para mantener la cohesión interna frente a las facciones radicales y los grupos paramilitares.

• Donald Trump: con la incursión del 3 de enero, el mandatario estadounidense ha relanzado la doctrina Monroe. Ahora exige el control de los recursos energéticos venezolanos y condiciona al gobierno interino de Rodriguez a que rompa totalmente sus relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba.

• Vladimir Padrino López: como ministro de Defensa ha garantizado hasta ahora la lealtad de los militares. Su reconocimiento a Delcy Rodríguez ha evitado un colapso interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tras la intervención externam.

• Diosdado Cabello: ministro del Interior y Justicia, controla los aparatos policiales y de inteligencia. Representa el ala más radical; su subordinación a Rodríguez se considera incierta pero crítica para evitar un conflicto abierto en las filas del chavismo.

• María Corina Machado y Edmundo González Urrutia: quienes constituyen el eje del liderazgo político de la oposición democrática y del gobierno electo en 2024. Son los actores que cuentan con la mayor legitimidad política y los llamados a gobernar una transición, en caso de que esta se concrete.

Y hoy, ¿qué es el chavismo?

El chavismo llega a 2026 en un estado de mutación forzada, intentando sobrevivir como una estructura administrativa bajo la sombra de una nueva hegemonía hemisférica que ha demostrado su disposición a imponerse por el uso de la fuerza.

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Hace mucho que el chavismo dejó de ser una revolución o un movimiento popular expansivo para convertirse en un régimen autoritario pragmático, orientado a la preservación del poder mediante el control interno, la fragmentación social, el clientelismo político y económico, así como alianzas internacionales de conveniencia con otros regímenes autoritarios.

Comprender esta trayectoria –de promesa de redención social a sistema cerrado de poder– es clave para entender por qué el caso venezolano no es solo un evento local sino un problema político global. Con una estrategia relativamente exitosa, no ha sido posible derrotar el chavismo domésticamente pese a la amplia mayoría política que se le opone. Si las democracias no aprendemos a lidiar con fenómenos como el chavismo-madurismo venezolano continuaremos viendo cómo se repite este mismo patrón en otros gobiernos con vocación autoritaria.

Benigno Alarcón no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Historia del chavismo: de la insurrección de 1992 al tablero geopolítico de 2026 – https://theconversation.com/historia-del-chavismo-de-la-insurreccion-de-1992-al-tablero-geopolitico-de-2026-273030

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Elba Astorga, Editora de Economía, The Conversation

Que a nadie extrañe la vuelta estadounidense a una nueva versión de la doctrina Monroe, a la manera de Trump, puesta en evidencia hace justo una semana con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La doctrina Monroe ha sido la base teórica de una política internacional con sus vecinos de continente caracterizada por el expansionismo, el intervencionismo y el imperialismo, una política que ha permitido a Estados Unidos expandir sus intereses económicos en América Latina (en Centroamérica, la fruta; en Panamá, la construcción del Canal; en Venezuela, el petróleo) y que ahora busca extenderse hacia los gélidos territorios groenlandeses.

La doctrina Monroe nació dos siglos atrás, en 1823, en el fragor de las luchas independentistas de los países americanos. La frase del presidente Monroe “América para los americanos” era, de origen, idealista, y planteaba la necesidad de que el destino de las jóvenes repúblicas americanas quedase fuera de cualquier injerencia europea.

La doctrina Monroe fue un manifiesto de emancipación geopolítica: la participación europea en los procesos independentistas hispanoamericanos implicaba para Estados Unidos un ataque a su propia seguridad. Para el nuevo país, la posibilidad de que surgiesen monarquías en América implicaba un riesgo de desestabilización. Por eso, para los estadounidenses, la libertad americana tenía que ser republicana.

Años después, en 1898, esta doctrina servirá al presidente William McKinley para reivindicar el derecho natural de Estados Unidos para obrar y disponer en los países latinoamericanos y del Caribe.

El primer gran ensayo de la propuesta de McKinley fue la guerra de independencia cubana, en 1898. En 1903, Estados Unidos apoyó que Panamá se separase de Colombia, tras el triunfo de los conservadores en la Guerra de los Mil Días, lo que favorecería los intereses de EE. UU. para la construcción del Canal de Panamá (1904-1914).

Luego, a lo largo del siglo XX, y bajo la excusa de sofocar movimientos insurgentes o evitar la instauración del comunismo en la región, vendría la presencia de tropas estadounidenses en República Dominicana, Haití, Nicaragua, Guatemala y la infructuosa incursión en la cubana Bahía de Cochinos (1961), en un intento de derrocar el régimen castrista.

En el Cono Sur participó veladamente, a través de operaciones de la CIA, en la instauración de dictaduras militares en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, aunque luego se sumarían Brasil, Ecuador y Perú.

El siglo XX cierra con la invasión de la isla caribeña de Granada (1983) por el auge del marxismo, y la de Panamá (1989) para derrocar al dictador y antiguo aliado Manuel Noriega, acusado de narcotráfico.

Lo que el 1 de septiembre de 205 empezó como una gran operación de lucha contra el narcotráfico en aguas del Caribe, acabó, el 3 de enero de 2026, con la captura y traslado a Nueva York de Maduro y su mujer para ser juzgados por narcoterrorismo. Esta vuelta sin ambages a la doctrina Monroe queda claramente reflejada en en el documento sobre la estrategia de seguridad nacional presentada ante el Congreso de los Estados Unidos en diciembre de 2025.

La incursión estadounidense en territorio venezolano dibuja una estrella de cinco puntas, cinco vertientes geopolíticas que ganan importancia en 2026:

1. El poder presidencial estadounidense busca expandirse y volverse imperial.

2. Surge la doctrina Donroe: América para los estadounidenses.

3. El objetivo, más que controlar ideologías, es dominar los recursos.

4. Consecuencias geopolíticas: ¿cómo cambia el panorama en otras regiones? Pensemos en los casos China-Taiwán o Rusia-Ucrania.

5. El peso y la importancia de los valores democráticos, el Estado de derecho o el libre comercio se desvanecen ante el resurgir del imperialismo estadounidense.

Esto no acaba aquí. El presidente Trump ha dejado claro su interés en ganar el control sobre otros territorios geoestratégicos: “Necesitamos a Groenlandia por motivos de seguridad nacional”. Y las alarmas han saltado en Europa.

– ref. La selección: intervencionismo, expansionismo, imperialismo en el siglo XXI – https://theconversation.com/la-seleccion-intervencionismo-expansionismo-imperialismo-en-el-siglo-xxi-273113