Source: The Conversation – (in Spanish) – By Raúl Mínguez Blasco, Investigador posdoctoral en Historia Contemporánea, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
“Entrevistar a alguien te ayuda a ponerte en su piel y a valorar más tu propia vida”: así explicaba una alumna de Bachillerato cómo se había sentido tras participar en un proyecto de historia oral relativo a las migraciones. Esta joven entrevistó a su propia madre, que emigró desde Rumanía a los 19 años en unas condiciones muy difíciles. La actividad le ayudó a estrechar lazos con su familia y a tomar conciencia de lo que supone migrar.
En un contexto en el que los docentes confiesan sentirse cansados y frustrados ante la desmotivación y falta e interés del alumnado; y en el que, según algunas encuestas, la extrema derecha se está consolidando como primera fuerza política entre la población joven en España, ¿puede la historia oral ofrecer una vía para recuperar el interés y la empatía?
Los beneficios de la historia oral en la educación
La historia oral permite conocer el pasado a través de las voces de quienes lo vivieron: abuelos que recuerdan la emigración, mujeres que lucharon por sus derechos o vecinos que vivieron la transición democrática.
La historia oral está ya consolidada en el ámbito investigador desde hace unas décadas y, poco a poco, su uso también se está extendiendo en el mundo educativo. Son numerosos los beneficios que puede aportar, como facilitar la comprensión de los conceptos básicos de la reflexión histórica (causa-efecto, continuidad-cambio, cronología), introducir al estudiante en las tareas de investigación, fomentar la creatividad a la hora de interpretar fuentes históricas inéditas, trabajar cuestiones que afectan a nuestro presente, mejorar las habilidades comunicativas y los lazos intergeneracionales y trabajar la empatía histórica.
Pero la historia oral no solo enriquece la enseñanza de la historia. También encaja perfectamente en el aprendizaje por competencias definido por la ley educativa vigente en España, la LOMLOE. De hecho, puede concebirse como una situación de aprendizaje que ofrece al alumnado la oportunidad de aplicar lo aprendido en contextos de la vida real, resolver problemas de manera creativa y cooperativa y reforzar su autoestima y autonomía.
Desarrollo curricular de la LOMLOE. Elaboración propia a partir de Real Decreto 217/2022 y Real Decreto 243/2022., CC BY-NC
Un proyecto de historia oral encaja perfectamente como situación de aprendizaje en los últimos cursos de la ESO y el Bachillerato. Sin embargo, también hay experiencias de aplicación en niveles anteriores o incluso en la universidad.
El papel de los estudiantes no se limita a escuchar estas fuentes vivas: su implicación puede derivar en iniciativas que trascienden el aula y hacen un servicio a la sociedad. Dos ejemplos pueden ilustrar esto:
La creación de un archivo en línea de fuentes orales a partir de los testimonios extraídos por el alumnado. Una buena muestra es la web “Fuentes orales en el aula” de la Universidad Complutense de Madrid.
La publicación de un libro a partir de las fuentes orales trabajadas en el aula. Destaca al respecto la iniciativa “Libros con memoria”, que ya ha publicado dos libros y un cómic.
Solicitar al alumnado que pregunte a sus familiares sobre algún aspecto del pasado reciente (uso no pautado/anecdótico). Por ejemplo, la educación durante el franquismo.
Trabajar sobre entrevistas ya realizadas o invitar a una persona al aula que cuente su historia de vida (uso pautado consultivo). Siguiendo con el ejemplo anterior, se podría traer a alguien que hubiera estudiado en una escuela nacional entre 1939 y 1975.
Integrar las fuentes orales como metodología de investigación (uso pautado creativo). Esto implica que los estudiantes creen las fuentes orales a partir de entrevistas hechas por ellos mismos.
Lógicamente, la última opción es la que mejor potencia los beneficios de la historia oral porque implica una participación activa del alumnado. También requiere de mayor dedicación y tiempo. Por eso, incluimos algunas recomendaciones para desarrollar con éxito un proyecto de historia oral en el aula:
El docente debe contar con una pequeña formación previa a través de lecturas introductorias sobre la metodología de la historia oral. En especial, respecto a la realización de entrevistas para poder transmitirlo al alumnado.
El tema elegido debe relacionarse con los contenidos curriculares establecidos para ese curso.
Igual que cualquier otra fuente histórica, los testimonios orales deben tratarse de forma crítica. Así, el testimonio de un antiguo alumno o alumna en una escuela franquista debe contrastarse con otras fuentes como fotografías o libros escolares de aquella época.
La realización de tareas –elaboración del cuestionario, realización de la entrevista, transcripción de esta e interpretación histórica– ha de ser progresiva y pautada. Siguiendo la llamada pedagogía lenta, lo ideal es evaluar todo el proceso de aprendizaje, no solo el resultado final.
Resultó, en opinión de los alumnos y alumnas, “una experiencia nueva muy interesante y divertida” de la que valoraron “de manera positiva la fluidez con la que hacía[n] las preguntas” y de la que pudieron “ver un lado de las migraciones en el que la gente no repara mucho: el dejar toda una vida atrás y todo lo que conlleva (familia, amigos…) para comenzar una nueva en un país desconocido”.
En estas palabras se observan aspectos que ya hemos comentado: la utilización de la historia oral en el aula mejora la motivación del alumnado, desarrolla la competencia en comunicación lingüística y aumenta la capacidad de empatía. Así pues, si queremos clases más motivadas, críticas y empáticas, quizá el primer paso sea escuchar las historias que aún no han sido contadas.
Raúl Mínguez Blasco recibe fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España para el proyecto de investigación “Catolicismo, género y sexualidad en la España contemporánea desde una perspectiva comparada y transnacional, 1875-2020” (PID2023-147203NA-I00)
Le Grand-Est est l’une des régions les plus boisées de France, avec plus de 30 % de sa surface couverte par des forêts. Au cinéma, il offre une forêt multiple : espace de travail, de mémoire, d’émotions et d’imaginaire.
Peu filmées mais profondément singulières, les forêts du Grand-Est deviennent à l’écran des lieux où se croisent réalités industrielles, ancrages identitaires et puissances narratives. À travers elles, les films révèlent autant un territoire qu’une manière sensible de le regarder.
Dans cette étude (issue des résultats du projet Matercine), nous analysons la manière dont les longs métrages tournés dans cette région investissent les forêts, qu’il s’agisse de témoigner des usages liés au travail du bois, de mobiliser des paysages rares et méconnus pour leur force esthétique, ou encore d’exprimer le lien intime qu’entretiennent certains réalisateurs avec ces lieux. L’ensemble de ces approches permet de comprendre comment la forêt du Grand-Est, bien au-delà du simple décor, devient au cinéma un espace identitaire et narratif essentiel.
La dualité des représentations des forêts du Grand-Est au cinéma
Comme dans d’autres régions françaises, les réalisateurs montrent souvent la forêt comme un espace de travail, lié à l’exploitation du bois. Mais ces usages productifs n’épuisent pas les façons de la représenter : nombre de réalisateurs choisissent ces forêts pour leur valeur esthétique, leur caractère méconnu ou pour l’attachement personnel qu’ils entretiennent à ces territoires.
La forêt du Grand-Est est en effet un espace multifonctionnel où s’entremêlent nature, industrie et culture. Elle structure les activités humaines (coupe du bois, schlittage – la schlitte est un traîneau qui servait, dans les Vosges et en Forêt-Noire, à descendre le bois des montagnes, conduit par un homme sur une voie faite de rondins – transport des grumes, sciage, construction et papeterie) qui façonnent l’économie régionale comme l’imaginaire collectif. Le cinéma reprend cette diversité et l’inscrit au cœur de ses récits. Les Grandes Gueules (Enrico, 1965) en offre un exemple emblématique : tourné dans une véritable scierie vosgienne, le film témoigne des pratiques forestières d’une époque – travail du bois, énergie hydraulique, transport traditionnel. Nos patriotes (Le Bomin, 2017) valorise quant à lui un schlittage filmé avec réalisme, rendu possible grâce à l’implication de spécialistes locaux.
Dans le Mangeur d’âmes (Bustillo, Maury, 2024), scierie et grumes deviennent des éléments dramatiques : décor authentique, matière visuelle dense et espace de tension pour les scènes d’action. L’usage industriel du bois apparaît aussi dans le Torrent (Le Ny, 2022), tourné au sein d’une entreprise vosgienne réelle, ou dans le Couperet (Costa-Gavras, 2005), où une papeterie vosgienne accueille l’intrigue, articulant territoire local et discours social universel.
Plus-value culturelle
Au-delà de ces dimensions productives, les forêts du Grand-Est possèdent une singularité paysagère qui attire des réalisateurs en quête de décors rares. Elles offrent des espaces peu filmés, marqués par des reliefs, des lacs glaciaires, des espaces boisés denses, qui constituent des territoires non substituables. Filmer ces forêts revient alors à révéler un paysage méconnu, à donner à voir un territoire encore invisibilisé. Cette démarche confère une valeur ajoutée au film, mais aussi au lieu : comme l’énonce la géographe Maria Gravari-Barbas, le regard cinématographique peut créer une plus-value culturelle pour des sites auparavant invisibles.
Certains cinéastes revendiquent cette volonté de découverte. Anne Le Ny, réalisatrice du film le Torrent (2022), souligne ainsi l’atmosphère unique des Vosges, qui lui a donné le sentiment d’être « pionnière ». Dans Perdrix (2019), Erwan Le Duc filme longuement les forêts et le lac des Corbeaux, affirmant un territoire « de cinéma » encore peu exploré.
« J’ai trouvé qu’il y avait une atmosphère très particulière dans les Vosges. D’abord, je suis tombée sur des décors magnifiques qui collaient très bien au scénario avec un mystère particulier et puis le plaisir aussi de tourner dans une région qui n’a pas tellement été filmée. On se sent un petit peu pionnière et c’est très excitant. » (Anne Le Ny, interviewée par Sarah Coton, Fun Radio, novembre 2022)
Cette proximité peut être encore plus intime. De nombreux réalisateurs tournent dans des lieux qu’ils connaissent, où ils ont grandi ou qu’ils associent à leur histoire personnelle. Leur rapport au territoire relève ainsi d’un territoire vécu, chargé de mémoire, d’expériences et de relations sociales. La forêt devient alors le support d’une identité, un espace où se superposent réalité et fiction. C’est le cas d’Erwan Le Duc dans Perdrix (2019) ou de Valérie Donzelli pour Main dans la main (2011), qui revendiquent leur attachement aux paysages lorrains de leur enfance.
La forêt, un territoire d’ombres…
Entre clair-obscur, sous-bois inquiétants et clairières lumineuses, les forêts du Grand-Est permettent aux réalisateurs de traduire aussi bien la peur, le mystère ou la clandestinité que la sérénité, l’éveil ou l’accomplissement. Par leur capacité à refléter les états intérieurs des personnages, ces forêts deviennent de véritables outils esthétiques et narratifs, révélant la singularité du territoire.
Une première tonalité, sombre et dramatique, irrigue le cinéma fantastique, policier, de guerre ou d’horreur. La forêt y apparaît comme un espace d’isolement et de menace, qui mêle naturalisme et surnaturel : silhouettes mouvantes, bruits étouffés, climat hostile, jeux d’ombres. Cette atmosphère immersive renforce la tension psychologique, les peurs profondes et le sentiment d’incertitude. La Région accompagne cette dimension à travers le label « Frissons en Grand-Est », premier fonds consacré aux films de genre, soutenu par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et structuré autour de festivals phares, tels que ceux de Gérardmer, de Strasbourg, ou encore Reims Polar et War on Screen. Cette dynamique contribue à positionner le Grand-Est comme terre de frissons, où les paysages forestiers deviennent les complices naturels d’une esthétique noire.
La forêt s’expose dans les récits de guerre, en particulier autour de la thématique de la clandestinité. Lieu de refuge pour les maquisards, elle abrite déplacements secrets, identités dissimulées et tensions de la survie. Dans Nos patriotes (Le Bomin, 2017), la Place d’une autre (Georges, 2021) ou encore Nos résistances (Cogitore, 2011), les réalisateurs choisissent les Vosges ou l’Alsace afin d’ancrer leurs récits dans un territoire historique réel, renforçant le réalisme des actions clandestines. Ces forêts incarnent alors autant une protection qu’une transformation intime, où les personnages quittent leur vie civile pour entrer dans une existence parallèle faite de solidarité et de résistance.
La criminalité trouve aussi dans ces espaces naturels un terrain narratif fertile. Qu’il s’agisse d’un crime intime, comme dans le Torrent (Le Ny, 2022), d’une tension familiale violente, comme dans la Fin du silence (Erzard, 2011), ou d’une atmosphère de légende sombre et de disparitions inexpliquées, comme dans le Mangeur d’âmes (Bustillo, Maury, 2024), la forêt agit comme un personnage à part entière : elle dissimule, révèle, dérègle, structure. Ses reliefs, son climat, son obscurité ou son immensité renforcent la dramaturgie et nourrissent une topographie émotionnelle du secret, du mensonge ou de la menace.
Enfin, la forêt du Grand-Est au cinéma apparaît comme un refuge temporaire et fragile, offrant aux personnages un espace isolé pour se protéger et se reposer. Dans Survivre avec les loups (Belmont, 2007), elle joue ce rôle de protection, tandis que dans Baise-moi (Despentes, 2000), la forêt finale symbolise un havre éphémère pour les deux protagonistes, un moment de calme et de sérénité avant la tragédie, où même la mort semble suspendue par la nature.
… et de lumières
Ces forêts se déploient également comme des espaces lumineux, poétiques et pacifiés. Dans la Dormeuse Duval (Sanchez, 2017), Main dans la main (Donzelli, 2012) ou la Bonne Épouse (Provost, 2020), elles deviennent des territoires d’apaisement, des lieux de beauté et de contemplation qui contrastent avec l’agitation urbaine. Elles éveillent les sens – comme dans les Parfums (Magne, 2019), où la forêt alsacienne est appréhendée par l’olfaction – et accompagnent des récits d’apprentissage, d’amitié ou d’amour. La forêt y assume alors des fonctions symboliques complémentaires : le départ (fuite du quotidien), le passage (transformation, éveil du désir, émancipation) et l’arrivée (réconciliation, apaisement, accomplissement).
Le départ se manifeste comme un besoin de fuir le quotidien ou la contrainte sociale : dans Leurs enfants après eux (signé des frères Boukherma, 2024), les adolescents quittent la grisaille ouvrière pour s’échapper dans les bois, tandis que dans Tous les soleils (Claudel, 2011), le héros rejoint un refuge forestier pour se libérer des pressions familiales et retrouver un peu de silence.
Le passage correspond à l’expérience de transformation et d’émancipation : dans Petite Nature (Theis, 2021), Johnny traverse la forêt pour se rapprocher du monde adulte et s’affirmer, et dans Mon chat et moi… (Maidatchevsky, 2023), Rroû retrouve son instinct et sa liberté en explorant les sous-bois.
Enfin, l’arrivée symbolise l’accomplissement et l’apaisement : dans Perdrix (Le Duc, 2019), Pierre et Juliette atteignent la rive du lac après leurs aventures forestières, exprimant leur amour en toute liberté, et dans Jules et Jim (Truffaut, 1962), les balades en forêt incarnent des instants de joie et de plénitude avant la tragédie. À travers ces récits, la forêt se révèle un espace initiatique, miroir des émotions et catalyseur de la transformation intérieure.
Ainsi les forêts du Grand-Est se révèlent-t-elles un espace filmique pluriel. Elles traversent les récits en incarnant une territorialité cinématographique, où les liens entre les personnages et leur environnement façonnent la narration. À travers elles, le territoire se donne à voir et à ressentir, agissant comme un lieu d’émotions et de symboles, capable d’exprimer les ombres comme les lumières. Cette polysémie participe à la force cinématographique du Grand-Est, dont la richesse narrative repose précisément sur cette capacité à conjuguer frisson, mémoire, liberté et poésie, révélant un territoire à la fois concret et sensible.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
Source: The Conversation – France in French (3) – By Dominique Costagliola, Épidémiologiste et biostatisticienne, directrice adjointe de l’Institut Pierre Louis d’Épidémiologie et de Santé Publique (Sorbonne Université/Inserm), directrice de recherches, Inserm
Épidémiologiste et biostatisticienne, membre de l’Académie des Sciences, Dominique Costagliola est directrice de recherche émérite à l’Inserm. Cette figure de la recherche contre le VIH fait le point pour The Conversation sur la situation de l’épidémie en France, et revient sur les conséquences, au niveau mondial, du retrait des aides états-uniennes.
The Conversation France : En France, combien de personnes vivent actuellement avec le VIH ?
Dominique Costagliola : En France, en 2023, selon les estimations de Santé publique France, 181 000 personnes vivaient avec le VIH.
Les taux de découverte de séropositivité annuels sont particulièrement élevés dans les départements et régions d’outre-mer. Dans les Antilles, on dénombrait 200 nouveaux diagnostics par million d’habitants à la Martinique et 156 pour l’ensemble Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. À Mayotte, ce taux est de 306. En Guyane, il monte à 672. Cela semble peu en nombre de personnes, mais rapporté à la population, c’est conséquent.
TCF : Que peut-on dire de la dynamique de l’épidémie dans notre pays ?
DC : Les estimations d’incidence de Santé publique France indiquent une stabilisation dans toutes les populations considérées (personnes hétérosexuelles nées à l’étranger, personnes hétérosexuelles nées en France, HSH nés en France, HSH nés à l’étranger, usagers de drogues injectables, personnes trans contaminées par rapports sexuels).
Cette tendance tranche avec les évolutions contrastées qui avaient été observées entre 2012 et 2021. Sur cette période, l’incidence a baissé en France, cependant cette baisse se voyait surtout chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH) nés en France.
Depuis 2022, le nombre de nouveaux diagnostics ne diminue plus dans cette population, ce qui est une source de préoccupation. À l’inverse, alors qu’il augmentait chez les HSH nés à l’étranger sur la même période, il se stabilise depuis deux ans.
Les chiffres révèlent que la baisse de l’incidence chez les HSH était modeste de 2012 à 2015 Le changement observé est probablement en partie lié à la modification du des recommandations de prise en charge. À partir de 2013, ces dernières ont préconisé de « mettre en place un traitement antirétroviral chez toute personne vivant avec le VIH », autrement dit dès le diagnostic. Auparavant, quand un individu était diagnostiqué, il n’était pas immédiatement mis sous traitement antirétroviral (on attendait que son taux de lymphocytes T CD4 – les cellules immunitaires qui sont progressivement détruites par le virus – diminue).
Ce changement de paradigme a eu un impact sur la circulation de la maladie. En effet, la charge virale des personnes sous traitement est contrôlée. En conséquence, elles ne transmettent pas le virus.
L’accentuation de la baisse à partir de 2016 peut quant à elle s’expliquer par la mise à disposition de la PrEP (prophylaxie pré-exposition), innovation qui s’est répandue progressivement, essentiellement dans ce groupe.
Pour mémoire, cette approche consiste à fournir un traitement antirétroviral préventif aux personnes non encore infectées par le VIH mais à risque d’être exposées, afin de prévenir la contamination. Il s’agit d’une mesure complémentaire aux autres moyens de prévention. Concrètement, les individus concernés prennent des comprimés, quotidiennement ou à la demande (dans ce cas, avant et après une prise de risque).
TCF : La pandémie de Covid-19 a-t-elle eu un impact sur l’épidémie de VIH en France ?
DC : On constate qu’en 2020, le nombre de nouveaux diagnostics a diminué de façon importante. On peut probablement y voir en partie l’effet de la pandémie de Covid-19 : on dépistait moins à cette époque, en raison des perturbations du système de santé. Le fait qu’il y a eu à cette époque davantage de distanciations sociales qu’à l’accoutumée a peut-être aussi contribué à limiter la transmission.
Depuis ce plus bas niveau, estimé à 4 500 nouveaux cas environ en 2020, une remontée du nombre de nouveaux diagnostics a été observée. Elle pourrait être simplement due à la reprise de l’activité de dépistage, voire à son augmentation. En effet, depuis 1er janvier 2022, il est possible d’effectuer un dépistage du VIH dans tous les laboratoires d’analyses biologiques de France, sans ordonnance.
En 2024, 8,5 millions de tests VIH ont été réalisés, lesquels ont mené à la découverte de 5100 nouveaux diagnostics de séropositivité. Ce chiffre semble indiquer une tendance à la stabilisation, mais il faudra voir si celle-ci se confirmera dans les années à venir.
TCF : Qui sont ces personnes, et sait-on comment elles ont été contaminées ?
DC : L’âge au moment du diagnostic est très variable selon la population considérée. Chez les personnes hétérosexuelles, la part des seniors (50 ans et plus) est nettement plus importante que dans les autres populations. Parmi les 5100 personnes nouvellement diagnostiquées en 2024, 44 % étaient nées en France, et 56 % à l’étranger.
Les deux modes principaux de contamination sont les rapports hétérosexuels (53 % des cas en 2024), et les rapports sexuels entre hommes (42 % des diagnostics). Les autres modes de contamination sont beaucoup moins fréquents (le partage de matériel d’injection dans le cas des usagers de drogues représentait 1 % des diagnostics, les contaminations mère-enfant, 1 % également, les contaminations sexuelles de personnes trans 2 %).
On remarque qu’en 2024, 47 % des personnes nées à l’étranger qui ont découvert leur séropositivité en France se sont avérées avoir été contaminées après leur arrivée dans notre pays.
Les personnes vivant avec le VIH sans le savoir constituent une source particulière de préoccupation. Selon Santé publique France, elles étaient environ 9675 fin 2024. Si ce chiffre est en baisse de 10 % par rapport à 2023, il nécessite de poursuivre les efforts en matière de dépistage.
TCF : C’est un point important, car pour limiter la transmission, il est essentiel de raccourcir le délai qui s’écoule entre le moment où un individu est contaminé est celui où il est diagnostiqué…
DC : En effet, car si l’on ne sait pas que l’on est infecté, on ne va pas prendre de précaution, et donc on va être susceptible de contaminer d’autres personnes. À l’inverse, les données de la littérature scientifique démontrent que quand les gens connaissent leur séropositivité, ils prennent moins de risques.
Donc plus tôt on se fait dépister, plus le risque de transmettre le virus est limité, car ce sont plutôt les personnes qui ignorent leur statut qui sont à la source des nouvelles contaminations.
Enfin, plus les traitements sont initiés tôt, meilleures sont les chances de parvenir à contrôler le virus et à restaurer le système immunitaire.
TCF : À l’heure actuelle, quel est le délai entre la contamination et le diagnostic ?
DC : Santé publique France l’estime à 1,7 an en médiane, mais il varie beaucoup selon la situation considérée.
Ainsi, ce délai est d’environ 3 ans pour les hommes hétérosexuels nés à l’étranger. Il est d’un peu plus de 2 ans et demi pour les femmes hétérosexuelles nées à l’étranger, et d’un peu moins de 2 ans et demi pour les hommes hétérosexuels nés en France. Pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes nés en France, il est légèrement inférieur à un an (et légèrement supérieur à un an pour les HSH nés à l’étranger et les personnes trans contaminées par rapport sexuel).
On sait aussi que le risque de contamination est plus élevé chez les personnes précaires, qui ont moins de possibilités de s’occuper correctement de leur santé. Il s’agit là d’un obstacle à surmonter pour être capable de gérer correctement l’épidémie.
DC : L’ANSM a établi en novembre 2015 une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) du Truvada pour la PrEP, devenue effective en janvier 2016. Ce médicament est une association entre deux molécules qui inhibent des enzymes indispensables au bon fonctionnement du VIH (ténofovir – ou TDF – et emtricitabine – ou FTC).
Selon les données du Groupement d’Intérêt scientifique EPI-PHARE, qui depuis 2017 assure le suivi de l’évolution de l’utilisation de Truvada ou de ses génériques en France dans le cadre d’une PrEP, durant le premier semestre 2025, 67505 personnes utilisaient effectivement la PrEP, que ce soit en initiation ou en renouvellement. Les personnes qui y ont eu recours en France entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2025 sont principalement des hommes (94 %), âgés de 33 ans en médiane. La grande majorité (69 %) résidait dans des communes appartenant à des unités urbaines de plus de 200 000 habitants.
On ne sait pas dans quelle mesure la PrEP couvre correctement les populations les plus à risque, mais on peut supposer que ce n’est sans doute pas suffisant, en tout cas pour la prévention.
TCF : D’autres médicaments soulèvent de grands espoirs pour limiter la transmission : les PrEP injectables. De quoi s’agit-il, et où en est-on en France ?
DC : À l’heure actuelle, en France, la PrEP repose sur l’association TDF/FTC. Ces molécules sont fabriquées par plusieurs laboratoires, sous forme générique. Elles sont donc bon marché.
À côté de ces PrEP, qui se prennent sous forme de cachets, sont développées des PrEP injectables, comme le cabotégravir (du laboratoire VIIV HEALTHCARE – qui est également utilisable en traitement, en bithérapie).
En PrEP, cette molécule requiert une injection tous les deux mois, en intramusculaire. Elle dispose d’une autorisation de mise sur le marché au niveau européen, mais sa commercialisation en France reste en suspens, car les discussions sur son remboursement n’ont pas encore abouti. Une étude est en cours pour évaluer le service médical rendu par rapport à la PrEP TDF/FTC.
Une autre PrEP injectable, le lénacapavir (laboratoire Gilead), a fait beaucoup parler d’elle en raison de la formidable efficacité dont elle a fait montre lors des essais cliniques : durant ces derniers, aucune infection n’a été détectée. Certes, les échantillons étaient de taille modeste, mais ça n’en est pas moins impressionnant.
TCF : En ce qui concerne les traitements antirétroviraux, où en est-on ? Sont-ils satisfaisants ?
DC : Aujourd’hui, nous disposons en France de traitements qui permettent de prendre en charge toutes les situations cliniques, y compris les personnes porteuses de virus très résistants. On retrouve ici encore le lénacapavir, mentionné précédemment, qui dispose d’une indication dans de tels cas de figure. L’efficacité de cette molécule repose sur son mode d’action totalement nouveau (elle interagit avec les protéines de la capside du VIH-1, bloquant différentes étapes du cycle de réplication viral).
De nouvelles molécules sont en cours de développement, notamment les traitements injectables avec seulement quelques injections par an, ou dans de nouvelles familles ciblant de nouveaux gènes du virus ou dans les familles existantes.
Ces traitements, bien qu’ayant un coût et devant être pris à vie, permettent néanmoins aux personnes vivant avec le VIH d’avoir une espérance de vie qui se rapproche beaucoup de celle de la population générale. À condition que le diagnostic soit fait suffisamment tôt, afin de contrôler rapidement la charge virale, avant que les taux de LT CD4 ne diminuent trop.
Or, en 2024, environ 26 % des gens étaient encore diagnostiqués à un stade avancé de la maladie, autrement dit avec un taux de LT CD4 inférieur à 200 par mm3 de sang (ce qui correspond à un risque élevé de développer des maladies), ou bien à un moment où ils avaient déjà une pathologie opportuniste classant au stade Sida (résultant de l’immunodépression induite par l’infection). Dans cette situation, le temps pour réussir à récupérer des taux de LT CD4 supérieurs à 500 et diminuer l’inflammation qui est induite par l’infection sera très long.
Le fait d’avoir été immunodéprimé et de l’être resté longtemps, soit en raison d’un diagnostic tardif soit parce que l’on a été infecté avant la mise à disposition des traitements ou avant la recommandation universelle de traitement peut avoir des conséquences à long terme sur le risque de pathologies, telles que les cancers ou les maladies cardiovasculaires.
C’est aussi le cas lorsqu’on a été exposé aux premières générations d’inhibiteurs nucléosiques de la reverse transcriptase (AZT, DDI ou D4T) ou d’inhibiteurs de protéase (lopinavir)
TCF : quelle proportion de patients cela représente-t-il ?
DC : On sait qu’à l’heure actuelle, environ un quart des gens qui sont dans les files actives (une file active se définit comme le nombre de patients différents vus en consultation au moins une fois dans l’année, NDLR) ont été diagnostiqués avant 1996. Donc avant l’avènement des trithérapies.
Les trois quarts restants ont majoritairement été diagnostiqués avant 2013 (autrement dit avant la recommandation universelle de traitement). Les histoires de ces patients diffèrent donc en fonction du contexte historique de leur prise en charge.
Il faut cependant souligner qu’en France, 97 % des gens sont traités et ont une charge virale contrôlée. À condition de ne pas arrêter le suivi, bien entendu. Or, un certain nombre de personnes, qu’on a du mal à évaluer, arrête parfois leur prise en charge.
TCF : Nous sommes en 2025, et les recherches sur un potentiel vaccin sont toujours en cours. Pourquoi est-ce si compliqué ? Qu’apporterait un vaccin ?
DC : Si efficaces que soient les traitements, ils doivent être pris à vie, et ne sont pas parfaits (en raison de certains effets secondaires notamment). Par ailleurs, ils coûtent cher. Les trithérapies qui sont les plus populaires à l’heure actuelle ne sont pas encore disponibles sous forme générique. Un vaccin abordable qui conférerait une protection de long terme permettrait de diminuer drastiquement les nouvelles infections et le coût de leur prise en charge.
La difficulté est que pour développer un vaccin qui fonctionne contre un micro-organisme, il faut trouver un moyen d’activer les défenses que notre corps met en œuvre spontanément face à lui. Or, le VIH est précisément problématique parce qu’il échappe au système immunitaire, et le dégrade…
On ne connaît que quelques cas exceptionnels de personnes qui ont développé une immunité naturelle face à ce virus. Étant donnée la rareté de tels individus, monter des projets de recherche est très compliqué. Et ce, d’autant plus que la généralisation des traitements empêche d’en découvrir de nouvelles.
Soulignons cependant que la difficulté à mettre au point un vaccin ne signifie pas qu’il faille abandonner les recherches. On ne sait jamais ce qui pourrait en sortir, comme l’illustre l’histoire des vaccins à ARNm : lorsque quelques équipes ont commencé, il y a vingt ans, à envisager d’utiliser cette molécule comme vaccin, beaucoup de gens leur ont ri au nez, en raison des difficultés techniques à surmonter… On sait comment les choses ont fini par tourner.
Ce point dépasse le cadre de la lutte contre le VIH. Les politiques de la recherche doivent offrir aux scientifiques une marge de manœuvre afin qu’ils puissent travailler également sur des sujets non ciblés, aux côtés de ce qui semble plus immédiatement prometteur ou « productif ». Adopter un tel équilibre – raisonné – est garant d’un financement de la recherche sain. Et il faut soutenir les jeunes scientifiques, pour qu’ils puissent réaliser pleinement leur potentiel et atteindre leur point de capacité maximum !
TCF : À propos de financements, l’administration Trump, aux États-Unis, a brutalement coupé de nombreuses subventions dédiées à la lutte contre le VIH. Quelles en sont les conséquences ?
Le programme PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief, lancé en 2003), plan d’aide d’urgence destiné à la lutte contre le VIH, a finalement été maintenu en partie après une suspension, mais son fonctionnement a été fortement impacté.
Il faut savoir que dans certains pays à revenus limités, l’infrastructure de soins et les traitements étaient financés à 80 %, voire jusqu’à 100 %, à la fois par l’USAID et par PEPFAR, qui finançait les antirétroviraux. Soulignons à ce sujet qu’il ne s’agit pas d’avoir les traitements, il faut également les infrastructures pour les distribuer, faire les tests de dépistages, assurer le suivi des patients… C’est ce que permettait USAID. Son arrêt brutal a totalement désorganisé les services de soins pour les personnes vivant avec le VIH.
Le retrait des financements américains a aussi eu des conséquences sur l’agence ONUSIDA (UNAIDS en anglais), l’agence de l’ONU dédiée à la lutte contre le VIH : ses services aux communautés ont dû être fortement réduits (sur 70 bureaux nationaux ayant fait remonter des données, 40 % ont indiqué avoir dû cesser ces activités).
Les auteurs d’une étude publiée dans la revue Lancet en mai 2025 ont par ailleurs estimé qu’une réduction de 24 % de l’aide internationale, combinée à l’arrêt du soutien du PEPFAR, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires pourrait entraîner entre 4,43 et 10,75 millions de nouvelles infections par le VIH, ainsi qu’entre 0,77 et 2,93 millions de décès supplémentaires liés au VIH sur la période 2025 et 2030, par rapport au statu quo. Si PEPFAR revenait à un niveau équivalent à celui d’avant la crise, ces chiffres pourraient être ramenés respectivement 0,07 à 1,73 million de nouvelles supplémentaires et 0,005 à 0,061 million de décès.
Ces coupes menacent aussi la recherche, notamment en Afrique du Sud, qui figure parmi les pays les plus touchés. Il s’agit non seulement l’un des pays où l’incidence est la plus élevée, mais aussi l’un de ceux qui comptent la plus grande expertise en matière d’essais cliniques…
Il faut noter que la baisse de l’aide américaine n’est pas la seule en cause, même si sa brutalité a limité les capacités de réaction. Dans de nombreux pays riches, dont la France, l’aide au développement est en baisse. Dans ce contexte, les inquiétudes sur la reconstitution du Fonds mondial sont importantes.
Cette situation doit nous faire réfléchir sur le manque de sécurité que représente un mode de financement des systèmes de soin qui repose quasi exclusivement sur un seul bailleur. Il s’agit là d’une question qui dépasse le seul cadre de la lutte contre le VIH. C’est un enjeu majeur en matière de santé publique.
Dominique Costagliola est membre de l’association AIDES et de son conseil d’administration. Au cours des 5 dernières années, elle a fait un exposé non rémunéré en 2022 dans le cadre d’une réunion organisée avec le soutien de Pfizer sur “Recherche Clinique dans l’urgence, Pourquoi, Comment ? “. Au cours des 5 dernières années son laboratoire a reçu 1 contrat de recherches de Janssen sur l’utilisation de la rilpivirine en France.
Source: The Conversation – France in French (3) – By Sophie Desmonde, Chargé de Recheche Inserm (CRCN) en santé publique – Centre d’Epidémiologie et de Recherche en santé des POPulations (CERPOP), Inserm UMR 1295, Université de Toulouse, Inserm
Réorganisations voire interruptions d’activités de soins, difficultés à assurer la continuité des traitements par antirétroviraux, stress pour les équipes soignantes et les malades… les conséquences de la réduction des fonds alloués à la lutte contre le VIH par l’administration Trump 2 se font déjà sentir. C’est ce que révèle une étude menée au sein de sites de prise en charge d’enfants et d’adultes vivant avec le VIH, répartis dans sept pays d’Afrique de l’Ouest. Nous dévoilons ses résultats en primeur, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre 2025.
L’apport de ces programmes a été largement démontré et a sauvé des vies. En Afrique de l’Ouest, une partie importante des programmes de prise en charge du VIH dépend de ces soutiens.
Une enquête auprès de sites pour adultes et enfants, dans sept pays d’Afrique de l’Ouest
Pour mieux comprendre l’impact direct de ces coupes budgétaires, nous avons mené une étude descriptive détaillant l’organisation administrative, les ressources humaines, la distribution des traitements antirétroviraux, le suivi virologique, et le vécu au quotidien des patientes, des patients et des équipes soignantes de 13 sites cliniques adultes et enfants participant à la collaboration de recherche International Epidemiologic Database to Evaluate AIDS in West Africa. Ces résultats ont été acceptés en communication orale à la 9e édition des Rencontres des études africaines en France.
En 2024, l’Afrique de l’Ouest et du Centre comptait plus de 5 millions de personnes vivant avec le VIH, dont 37 % d’enfants. Face à la dette publique, la région n’a que peu de marge budgétaire pour financer les services de santé et de lutte contre le VIH. Il en résulte une forte dépendance aux financements extérieurs, en particulier au « Plan présidentiel américain d’aide d’urgence à la lutte contre le sida » (PEPFAR) qui contribue à garantir la disponibilité des médicaments antirétroviraux, indispensables à la survie des personnes vivant avec le VIH.
De plus, les ONG et associations locales, majoritairement financées pour leur part par l’agence USAID, ont un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH en apportant un soutien logistique et humain. Pour mieux comprendre les conséquences à court terme de cette nouvelle situation de rupture budgétaire, et comment les équipes soignantes et les malades s’y adaptent, nous avons mené une enquête dans 13 sites cliniques répartis dans sept pays d’Afrique de l’Ouest, avec lesquels nous collaborons depuis vingt ans dans le cadre de nos recherches sur le VIH au Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Nigeria et Togo. Ces sites suivent chacun en médiane plus de 3 000 malades adultes et enfants chaque année.
Entre avril et mai 2025, un questionnaire en ligne a été transmis aux responsables de sites. Le questionnaire comportait cinq volets : organisation du partenariat avec les bailleurs, ressources humaines, distribution des médicaments antirétroviraux, suivi de la charge virale, et ressenti des malades et des équipes soignantes vis-à-vis de la prise en charge globale.
Interruptions de soins communautaires, licenciements et autres impacts de la baisse des financements
Au total, 10 des 13 sites contactés ont complété le questionnaire. Parmi eux, cinq étaient directement financés par le plan PEPFAR et les autres par des ONG soutenues par l’agence USAID. La moitié des sites avaient déjà reçu des consignes de leur gouvernement pour adapter leurs activités en mode dégradé, démontrant une capacité de réponse rapide de la part des programmes nationaux de lutte contre le VIH.
Six sites sur dix ont dû suspendre ou supprimer des postes, touchant aussi bien des médecins que du personnel infirmier ou des conseillers techniques. Dans l’un des centres, une réduction de 25 % des primes a été décidée pour éviter des licenciements. Comme ces primes constituent l’essentiel du revenu pour les emplois associatifs, cette mesure a entraîné la démission de quatre médiateurs.
Dans un autre site, toutes les activités communautaires (groupes de soutien, séances d’éducation, conseil, dépistage) ont dû être interrompues entraînant le licenciement des personnes impliquées. Or ces activités jouent un rôle central dans la prise en charge du VIH : elles aident les malades à suivre leur traitement, assurent le suivi et renforcent le lien entre les équipes de soins et les communautés. Leur suspension fragilise l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH.
À la suite de ces suspensions et licenciements, les sites ont été obligés de revoir leur organisation. Ainsi ils ont mis en place des astreintes pour le personnel fonctionnaire, redéployé le personnel hospitalier, et redistribué les tâches afin d’éviter le surmenage du personnel soignant encore en poste, tout en assurant la continuité des soins VIH. En conséquence, s’ajoutent à la suspension des activités communautaires, des temps d’attente en salle de consultation rallongés, avec un impact direct sur la qualité globale de la prise en charge des patients.
La continuité du traitement à vie par antirétroviraux mise à mal
Dans huit des dix sites, tous les antirétroviraux restaient disponibles mais n’étaient plus délivrés pour une durée de six mois selon le calendrier habituel, mais seulement pour des périodes allant d’un à trois mois, ce qui a augmenté la fréquence des visites et la charge de travail pour les équipes comme pour les patientes et patients. Dans deux autres sites, des ruptures de stock déjà présentes avant les coupes budgétaires, persistaient et concernaient plusieurs antirétroviraux utilisés chez l’adulte.
Dans un centre, une situation particulièrement préoccupante et non éthique a été signalée : comme les contrats nationaux avec le plan PEPFAR imposent de garantir la continuité des soins à vie pour les personnes déjà sous traitement antirétroviral, les équipes ont eu pour instruction de prioriser ces malades en raison du risque de pénurie, et de ne pas commencer le traitement antirétroviral chez les adultes nouvellement diagnostiqués comme infectés par le VIH, contrairement aux recommandations universelles qui préconisent de tester et de traiter.
Cinq sites ont indiqué qu’il leur manquait des réactifs indispensables pour faire les tests de charge virale. Plusieurs sites ont reprogrammé les mesures de charge virale, alors que d’autres ont dû les faire réaliser par d’autres plateformes. Or, le suivi de la charge virale est un indicateur clé de la prise en charge du VIH : il permet de vérifier l’efficacité du traitement, de détecter les échecs thérapeutiques et de réduire le risque de transmission. Ces interruptions ou retards ont fragilisé le suivi clinique des patients les exposant à un risque accru de complications.
Trois sites ont rapporté une augmentation des interruptions de traitement ou des abandons de la part des patientes ou patients alors que deux sites n’ont pas constaté d’impact notable au moment de l’enquête.
Augmentation du stress et baisse de la satisfaction professionnelle
Ailleurs, les cliniciens ont observé une montée de l’anxiété des malades, liée à l’incertitude sur la disponibilité future des médicaments, de la frustration face aux examens retardés ou impossibles à réaliser, et la crainte que le traitement devienne moins efficace. Certains malades s’inquiètent de « ce qu’il adviendra si les financements américains s’arrêtent complètement ».
Dans les sites pédiatriques, les équipes rapportent un stress accru chez les enfants, lié notamment à l’arrêt de certaines activités récréatives qui jouaient un rôle important dans leur accompagnement.
Six sites sur dix rapportent un impact direct sur leurs équipes soignantes, avec un sentiment d’impuissance face aux restrictions, une baisse de la satisfaction professionnelle, et une augmentation du stress, notamment face à l’agressivité des malades dans ce contexte d’incertitude.
Et se profile un désengagement des pays donateurs au Fonds mondial de lutte contre le sida
Ces mesures documentent l’impact à court terme des réductions de financement dans un contexte géopolitique évolutif, et montrent que la dépendance aux financements extérieurs fragilise la continuité des soins.
D’autres pays, dont la France, ont déjà annoncé qu’ils allaient diminuer leur aide internationale, réduisant ainsi leurs engagements au profit du Fonds mondial de lutte contre le VIH.
Les conséquences à long terme pour les personnes vivant avec le VIH sont malheureusement déjà prévisibles, mais nous devrons les documenter en tenant compte de la résilience des systèmes de santé face à un tel événement.
Sophie Desmonde a reçu des financements de l’ANRS-MIE, Sidaction, et NICHD
Antoine Jaquet a reçu des financements de l’ANRS-MIE et des NIH.
Kiswend-Sida Thierry Tiendrebeogo a reçu des financements de l’ANRS-MIE.
Valériane Leroy a reçu des financements de l’ANRS-MIE, Expertise France, Sidaction, Europe-EDCTP, NICHD, UNITAID.
Pour le philosophe Ivan Illich, l’individu se trouve pris dans les fers de l’innovation.Subh_Naskar/Shutterstock
Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel, décerné notamment à Philippe Aghion, a remis l’accent sur les bienfaits de l’innovation technologique, et son rôle crucial sur la croissance économique. Mais n’existe-t-il pas des innovations forcées ? La philosophie d’Ivan Illich peut nous éclairer à ce sujet.
En théorie, nous sommes tous libres d’acheter ou non les nouveaux modèles de smartphones, ou d’adopter les nouvelles générations technologiques. Dans la pratique, il est très difficile de résister. Les travaux sur la résistance des clients à l’innovation se multiplient. Certains abordent la question de l’innovation forcée, principalement à l’intérieur des entreprises et des administrations. L’organisation même des marchés peut mener à ces situations d’innovations forcées.
Un certain nombre d’acteurs, dominants sur le marché, peuvent imposer des produits plus rentables ou plus avantageux pour eux. Un exemple emblématique en est le compteur « intelligent » Linky d’Enedis. Malgré les résistances des particuliers et même parfois des collectivités locales, très bien analysées dans les travaux de Cécile Chamaret, Véronique Steyer et Julie Mayer, l’installation de ce compteur est devenue obligatoire.
Alors a-t-on un libre arbitre pour décider ou non d’adopter une nouvelle technologie ?
Contrôle du libre arbitre
Le philosophe Ivan Illich s’interrogeait dans son ouvrage la Convivialité (1973) sur la notion de création de besoins à partir de ce qu’il nomme des « monopoles radicaux ». Selon ce penseur critique de la société industrielle, les institutions exercent un contrôle sur le libre arbitre de chacun en créant des besoins et des solutions de toutes pièces, ce qui crée des dépendances. Ces monopoles radicaux peuvent s’incarner dans la médecine, le système de transport ou encore l’école.
Cette situation s’avère particulièrement problématique, car elle engendre une dépendance généralisée des individus envers ces « monopoles radicaux » qui contrôlent la satisfaction des besoins. La recherche du profit dans la production industrielle prime sur la réponse authentique aux besoins de la population. À terme, elle engendre une société de consommation aliénante où les individus n’ont plus ni autonomie ni capacité à faire des choix éclairés.
« Il y a monopole radical lorsque l’outil programmé évince le pouvoir-faire de l’individu. Cette domination de l’outil instaure la consommation obligatoire et dès lors restreint l’autonomie de la personne. »
L’individu pris dans les fers de l’innovation
Pour Ivan Illich, l’innovation a un rôle clef puisqu’elle est la réponse à ces besoins créés ; l’individu se trouve pris dans ses fers. Cette contre-productivité de l’innovation se manifeste par la détérioration qu’elle cause sur l’être humain lui-même, sur son autonomie et sa capacité de conscience. Elle l’est également sur son environnement, car les institutions « créent des besoins plus vite qu’elles ne peuvent les satisfaire et, tandis qu’elles s’efforcent en vain d’y parvenir, c’est la terre qu’elles consument ».
Le manque de réflexion sur la nécessité réelle de l’innovation, et l’inexistence de son évaluation a priori, finissent par avoir des conséquences sur nos ressources. Chaque nouveau smartphone, ordinateur, réseau social, nanotechnologie, intelligence artificielle n’apporte pas moins de contre-productivité face à ce que ces innovations seraient censées apporter : liberté, ouverture et connexion aux autres, indépendance, etc.
La course à laquelle se livre l’innovation, à une vitesse sans cesse accrue, ne mène-t-elle pas progressivement l’humain non pas au progrès, mais à sa perte ?
Avoir ou utiliser le dernier cri
Au cours des derniers mois, deux innovations très médiatiques ont été lancées sur le marché : ChatGPT 5 d’Open AI et l’iPhone 17 d’Apple. La première, nouvelle version de l’IA générative d’Open AI promet une meilleure logique, une multimodalité élargie (texte, image, vidéo) et une rapidité accrue par rapport à la version précédente. La nouvelle version du plus célèbre des smartphones propose, quant à elle, un nouvel écran légèrement plus lumineux, une double caméra arrière optimisée dans un contexte de faible éclairage, et rend possible un enregistrement simultané des caméras avant et arrière.
Pour l’immense majorité des usages, dans un cas comme dans l’autre, aucune différence n’est réellement perceptible par les utilisateurs. Les propositions relèvent plus de bénéfices symboliques (avoir ou utiliser le dernier cri) que de bénéfices liés à l’usage. Le baromètre de l’innovation responsable européen montre ainsi que 59 % seulement de la population, en France, pense que les sciences et technologies « rendent [sa] vie plus facile, plus confortable et les f[ai]t vivre en meilleure santé ».
En revanche, la fabrication d’un smartphone nécessite l’extraction d’une cinquantaine de métaux différents, et la fabrication des nouveaux terminaux représente 60 % de l’impact environnemental du numérique en France, lui-même en forte croissance. Quant à Chat GPT5, selon une étude récente de l’Université Rhode Island, il utilise en moyenne 18 wattheures par réponse fournie, soit l’équivalent du fonctionnement d’une ampoule incandescente pendant dix-huit minutes.
Peu de valeur ajoutée fonctionnelle
Ces deux exemples récents n’ont rien à envier à d’autres développements équivalents.
L’image 4K sur Netflix nécessite des équipements de captation (caméras) et de diffusion (ordinateur ou téléviseur) renouvelés et un abonnement Premium, plus cher, et ce malgré une différence minime à l’œil nu. Le protocole wifi 7 offre plus de débit et permet le passage d’une trentaine de secondes à dix secondes pour télécharger un film en haute définition, mais nécessitant de changer l’ensemble des équipements (box, terminaux).
On peut s’étonner que ces innovations rencontrent le succès malgré le peu de valeur ajoutée fonctionnelle qu’elles apportent. Mais pouvons-nous, en tant que consommateurs, résister à cette déferlante technologique ?
Mise à jour permanente
Dans le domaine du numérique, le fonctionnement des produits en réseau a pour corollaire un système de mises à jour permanentes. Il rend concrètement inutilisables les anciens modèles de hardware ou les anciennes versions des software. Pour faire fonctionner les dernières versions de messagerie, il est nécessaire de télécharger un système d’exploitation suffisamment récent, qui nécessite lui-même une mémoire dont ne dispose que les modèles plus récents de smartphone.
Le choix de conserver une ancienne version n’est pas disponible, même lorsque l’on n’est pas intéressé par les nouvelles fonctionnalités qu’elle propose, souvent très spécialisées. Les individus se trouvent contraints de suivre, même à distance, les avancées technologiques. Sans en avoir eu le désir ou l’intention, les individus se voient entraînés dans des usages nouveaux, qui peuvent ensuite être ressentis comme de véritables besoins.
Biais pro-innovation
Faire une économie globale des innovations est devenu clé. Si les êtres humains ne peuvent résister individuellement, les sociétés le peuvent-elles au niveau global ? Comme le souligne le professeur de management Franck Aggeri, la théorie schumpéterienne souffre d’un biais pro-innovation, en minorant ou ignorant souvent les impacts négatifs des innovations.
La notion de valeur étendue qui ajoute à la valeur pour le consommateur, la valeur – positive ou négative – pour la planète ou pour la société permet de prolonger la réflexion, mais n’est pas opérée au niveau macro-économique.
L’économie globale des innovations technologiques n’est jamais pensée, aucune innovation n’est présentée dans une perspective globale, complexe, avec pertes, profits, et dégâts collatéraux.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, Donald Trump ne cesse de jouer des droits de douane afin d’obtenir les conditions les plus avantageuses possible pour les États-Unis dans leurs rapports commerciaux avec leurs nombreux partenaires. Mais le président dispose-t-il réellement de telles prérogatives ? La plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, va devoir trancher. Et contrairement à ce qu’on croit souvent, bien que sa composition penche nettement à droite, elle ne va pas nécessairement aller dans le sens de la présidence…
Si ces décisions ont provoqué la stupeur et l’indignation dans de nombreux pays, un certain nombre d’entreprises et de secteurs d’activité aux États-Unis ont aussi réagi en déposant plainte auprès de juridictions inférieures sur l’utilisation de l’IEEPA par le président des États-Unis pour imposer des droits de douane.
La Cour suprême, acquise à Trump ? Pas si sûr…
L’IEEPA est une loi fédérale américaine autorisant le président à réguler le commerce après avoir déclaré l’état d’urgence nationale en réponse à toute menace inhabituelle et extraordinaire pesant sur les États-Unis et provenant d’une source étrangère.
Ce printemps, la Cour du district de Columbia et la Cour internationale du commerce ont conclu que cette utilisation de l’IEEPA n’était pas constitutionnelle. Elles ont cependant permis que les droits de douane en question continuent d’être appliqués, tout en faisant, à la demande de l’administration Trump, appel à un jugement de la Cour suprême des États-Unis. Celle-ci a procédé à une audition des plaignants et d’un certain nombre de personnalités de l’administration le 5 novembre 2025.
La Cour suprême va-t-elle remettre en cause les droits de douane imposés par Donald Trump au nom de l’IEEPA ?
Sachant qu’elle est composée de six juges réputés républicains (dont trois nommés par Donald Trump durant son premier mandat) et de trois démocrates, on pourrait penser que la réponse sera négative. Cependant, une majorité républicaine parmi les juges n’est pas la garantie d’une décision favorable à Donald Trump, et il semble aujourd’hui possible que la Cour suprême déclare ces droits de douane illégaux. Les arguments juridiques en faveur d’une telle décision sont solides.
Que disent les textes en vigueur ?
Aux États-Unis, comme dans de nombreux pays, c’est le Congrès qui a le pouvoir de décider des taxes. Et les droits de douane en sont. L’article 1 section 7 de la Constitution stipule que tout projet de loi comportant une levée d’impôt doit émaner de la Chambre des représentants, avec possibilité d’amendement par le Sénat.
Le terme de « droit de douane » (tariff) n’est pas contenu dans le texte de l’IEEPA. Celui-ci mentionne soit une régulation, soit un gel d’actifs ou une confiscation de propriété, soit un blocage de transactions. L’IEEPA a d’ailleurs été utilisé pour imposer des sanctions internationales à des individus ou des nations : par exemple, le gel des actifs financiers et immobiliers de personnes ayant gêné les efforts de stabilisation politique et la reconstruction en Irak en 2007 ou la prohibition d’importation de diamants bruts de Sierra Leone en 2001. Un droit de douane peut-il être considéré comme une régulation ? Si tel était le cas, alors toutes les agences en charge d’une régulation pourraient imposer des taxes.
Ensuite, il est difficile de considérer que le déficit commercial de biens des États-Unis constitue une urgence internationale, sachant que cette situation prévaut depuis 1975 et qu’un excédent substantiel est dégagé dans les services.
Enfin et surtout peut-être, les membres républicains de la Cour suprême se sont, ces dernières années, prononcés en faveur de la doctrine des « questions majeures » qui spécifie que lorsque le Congrès délègue une autorité sur une question majeure, il ne peut le faire qu’à condition d’énoncer clairement les conditions de cette délégation, c’est-à-dire les limites et les principes de son application. Or cela n’a pas été fait pour les droits de douane.
Bien sûr, la Cour suprême n’a jamais utilisé cet argument contre un président républicain, mais la doctrine des « questions majeures » est une doctrine républicaine ! Et, lors des premières auditions, les juges de la Cour suprême – notamment trois juges républicains, à savoir Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch et le président de la Cour John Roberts – sont apparus soucieux de ne pas concéder un pouvoir trop important au président, soucieux aussi de l’incertitude créée par la politique commerciale de Donald Trump.
Les deux options possibles
Bien qu’il soit difficile d’anticiper le verdict de la Cour suprême, examinons les conséquences qu’auraient les deux réponses possibles.
Si la Cour suprême désavoue l’administration Trump, alors l’administration pourra chercher d’autres outils législatifs pour imposer ses droits de douane.
La première solution serait de faire voter une loi sur le commerce (Trade Act) par le Congrès américain. Mais ce processus est long. En novembre 2026, la Chambre des représentants sera renouvelée dans son intégralité, le Sénat au tiers. Un an, c’est peu de temps pour faire passer une telle loi. En outre, il y a de plus en plus d’opposition, y compris parmi les républicains, aux mesures protectionnistes. Quatre sénateurs républicains se sont en 2025 alliés plusieurs fois aux démocrates pour adopter une résolution annulant des tarifs de Donald Trump. Et si cette résolution n’a pas eu force de loi, cela montre tout de même qu’un projet de loi protectionniste pourrait être refusé par le Sénat.
Les sections 232 et 301 des Trade Acts, respectivement de 1962 et 1974, attribuent au président le pouvoir d’imposer des droits de douane pour, respectivement, un objectif de sécurité nationale et en réponse à des pratiques déloyales. Mais l’application de ces droits doit être précédée d’une enquête du département du Commerce, enquête qui peut être longue. Et les droits de douane doivent concerner des secteurs spécifiques, alors que ceux mis en place au titre de l’IEEPA taxent tous les biens. Toutefois, les avantages de ces sections sont qu’elles n’incluent aucune limite de temps d’imposition ou de niveau de taxe.
La section 122 du Trade Act de 1974 donne le pouvoir au président d’imposer des droits pour corriger un problème « majeur et sérieux » de déficit de la balance des paiements. Mais ces droits ne doivent pas dépasser 15 % et 150 jours, et sont soumis à l’autorisation préalable du Congrès.
La section 338 du Trade Act de 1930 autorise le président des États-Unis à imposer des droits de douane sur des pays qui ont pris des mesures déraisonnables ou discriminatoires à l’encontre des États-Unis. Le rapport du US Trade Representative publié en début d’année, « 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers », pourrait fournir toute la matière nécessaire. Deux contraintes rendent cette option un peu moins intéressante que l’IEEPA : le droit maximum est de 50 % et la collecte de droits ne peut commencer que 30 jours après la publication du décret exécutif. Par rapport aux autres options, ce pourrait toutefois être l’outil législatif que l’administration Trump utiliserait en cas d’invalidation par la Cour suprême de l’utilisation de l’IEEPA.
Néanmoins, ce serait un désaveu pour l’administration Trump, qui pourrait, en plus, avoir à rembourser les recettes douanières perçues en 2025 au titre de l’IEEPA, soit 140 milliards de dollars (0,5 % du PIB), selon une estimation de la banque d’investissement Piper Sandler. La suspension des tarifs de l’IEEPA pourrait aussi remettre en cause les « deals » négociés depuis août avec de nombreux pays, dont l’Union européenne, puisque les négociations se sont appuyées sur ce texte.
Si, en revanche, la Cour suprême confirme l’administration dans son utilisation de l’IEEPA, cela créera évidemment un précédent dont l’importance ne peut être minorée. À l’avenir, sans rendre le moindre compte au Congrès américain et sans limites, le président des États-Unis pourra taxer des produits importés « en réponse à toute menace inhabituelle et extraordinaire ».
La décision que va rendre la Cour suprême sera véritablement historique ! Il faudra attendre la fin de l’année 2025 ou le début de 2026 pour la connaître.
Antoine Bouët ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Source: The Conversation – Canada – By Jonah Corne, Assistant Professor in the Department of English, Theatre, Film and Media, University of Manitoba
Even as it claims to champion the stories of global injustice, the Canadian Museum for Human Rights (CMHR) has struggled, if not refused, to meaningfully acknowledge Palestine for more than a decade.
The development is also surprising because the museum, Canada’s first federal one located outside the nation’s capital, has historically had difficulties with the living legacy of settler colonialism — a key issue in discussions about Palestine — in Canada.
Prior to construction, the museum was criticized for failing to provide sufficient funds for a full excavation of the archeological heritage on the sacred Indigenous site where the museum is located. Until the stance was reversed in 2019, the museum had resisted describing the experience of Indigenous Peoples in Canada in terms of genocide.
Naming Palestinian dispossession
Bringing exhibition-level attention to the massive dispossession of Palestinians that occurred by the founding of the state of Israel in 1948 — an event known as al Nakba (Arabic for “the catastrophe”) — emerges as an ethically and educationally responsible move for the museum. It also signals a shift under CEO Isha Khan, who came on board in 2020 in the wake of the museum struggling to present an accountable and consistent message of human rights.
Despite its recent recognition of Palestinian statehood, the Canadian government has repeatedly resisted calls to grant the Nakba, and by extension Nakba Day, official acknowledgement. Neither has the Nakba had a place in the curricula of Canadian schools.
The CMHR’s Nakba exhibit therefore stands as an important repositioning in relation to these concerning national absences.
Of course, we don’t know how the exhibit — slated to involve oral histories, art and artifacts — will turn out. But judging only the title, the naming of the Nakba is immensely consequential and allows an opening to inquire further into the constellation of terms — dispossession, ethnic cleansing, settler colonialism, occupation and genocide — that cluster around it.
What underpins such a trend, implicitly or explicitly, is a Zionist narrative that sees the Holocaust as both radically unique and as the ultimate justification for the founding of the Israeli state.
Accordingly, to acknowledge the Nakba introduces a perceived impermissible rival to the Holocaust for suffering and remembrance, as well as a complicating factor that casts the founding of the Israeli state as something other than a strictly unimpeachable redemption for the Nazi genocide against Jews.
Attending to the Nakba requires that we see the creation of Israel as entailing a radical — and violent — escalation in a project of settler colonialism that, by 1948, had been underway for several decades, having received decisive momentum under the auspices of British colonialism from the Balfour Declaration of 1917.
This history deserves to be recognized, first and foremost for the sake of Palestinians living in and outside of Palestine who continue to endure the Nakba’s rippling aftermath. In addition, historical ignorance and amnesia are detrimental for the well-being of a society. Not to mention, the CMHR has an extensive and permanent Holocaust gallery.
This new exhibit might also help us to consider the ways in which the Holocaust and the Nakba can be thought of in constructive relation to one another. Such co-thinking is part of the project of an edited collection of essays, The Holocaust and the Nakba: A New Grammar of Trauma and History, where in the foreword, the late Lebanese intellectual, novelist and longtime activist for Palestinian liberation, Elias Khoury, articulates a compelling moral argument.
Khoury movingly affirms:
“The Holocaust is my responsibility as a member of the human race, despite it having been a product of European fascism. As such, my deeply ingrained moral duty is to be an active participant in the struggle against antisemitism as well as all other forms of racism anywhere in the world. This path leads me to continue the struggle against the Zionist colonialist occupation project in Palestine. Two wrongs do not make a right, one crime does not wipe out another, and racism is not remedied by counterracism.”
Khoury’s argument is consistent with what I have come to extract from the well-known mantra of Holocaust education, “never again.” I take the mantra’s lack of a specified referent as an open space where, without the burden of exact equation-drawing, one can speak out against racist, oppressive, eliminationist logics in any form that they may appear.
The larger regional repercussions of the founding of the Israeli state bear no pertinence to the Palestinians’ own experience of dispossession: the focus of the exhibition and a topic that has been historically overlooked.
Moreover, the exoduses that occurred in Iraq, Yemen, Morocco and elsewhere were not perpetrated by Palestinians, so the call for “balance” in considering the Nakba vis-à-vis Mizrahi and Sephardi refugeehood is a non-starter.
In the face of such baseless attempts to cast doubt on the credibility of the exhibit, I hope that the CMHR will hold the line.
With its long overdue decision to engage substantially with Palestinians, who continue to endure a world-shaking crisis of displacement, occupation and genocide, the institution sets out on a crucial journey towards reestablishing its own credibility and fulfilling its ambitious aim of serving as a leading, capaciously inclusive space for exploring and educating about human rights.
Jonah Corne does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
Combined with the fact that 95 per cent of AI pilot projects fail, traders treated his remark as a broader warning. Although Altman was referring specifically to private startups rather than publicly traded giants, some appear to have interpreted it as an industry-wide assessment.
What Altman’s comment really exposes is not only the fragility of specific firms but the deeper tendency Prussian philosopher Karl Marx predicted: the problem of surplus capital that can no longer find profitable outlets in production.
That question takes us directly back to Marx’s analysis of crises driven by over-accumulation. Marx argued that an economy becomes unstable when the mass of accumulated capital can no longer be profitably reinvested.
Over-accumulation generates surpluses of labour, productive capacity and money capital, which cannot be absorbed without loss. These surpluses are then redirected into long-term projects that defer crises into new spaces that open fresh possibilities for extraction.
The AI boom functions as both a temporal and a spatial fix. As a temporal fix, it offers investors claims on future profitability that may never arrive — what Marx called “fictitious capital.” This is wealth that shows up on balance sheets despite having little basis in the real economy rooted in the production of goods.
Spatially, the expansion of data centres, chip manufacturing sites and mineral extraction zones requires enormous physical investment. These projects absorb capital while depending on new territories, new labour markets and new resource frontiers.
The consequences of over-accumulation extend far beyond firms and investors. They are experienced socially, not abstractly. Marx explained that an overproduction of capital corresponds to an overproduction of the means of production and necessities of life that cannot be used at existing rates of exploitation.
In other words, stagnant purchasing power prevents capital from being valorized at the pace it is being produced. As profitability declines, the economy resolves the imbalance by destroying the livelihoods of workers and households whose pensions are tied to equities.
Her answer echoes Marx and Harvey: when productive outlets shrink, capital moves either outward or into speculation. The U.S. increasingly chooses the latter.
Corporate spending on AI infrastructure now contributes more to GDP growth than household consumption, an unprecedented inversion that shows how much growth is being driven by speculative investment rather than productive expansion.
This dynamic pulls down the rate of profit, and when the speculative flow reverses, contraction will follow.
(X/Twitter)
Tariffs tighten the squeeze on capital
Financial inflation has intensified as the traditional pressure valves that once allowed capital to move into new physical or geographic markets have narrowed.
Tariffs, export controls on semiconductors and retaliatory trade measures have narrowed the global space available for relocation. Since capital cannot readily escape the structural pressures of the domestic economy, it increasingly turns to financial tools that postpone losses by rolling debt forward or inflating asset prices; mechanisms that ultimately heighten fragility when the reckoning comes.
U.S. Federal Reserve Chair Jerome Powell’s openness to interest rate cuts signals a renewed turn toward cheap credit. Lower borrowing costs let capital paper over losses and pump up fresh speculative cycles.
If the AI bubble bursts when governments have limited room to shift investment internationally and the economy is propped up by increasingly fragile credit, the consequences could be serious.
Bubbles are not accidents, but recurring mechanisms for absorbing surplus capital. If Trump’s protectionism ensures that spatial outlets continue to close and temporal fixes rely on ever riskier leverage, the system moves toward a cycle of asset inflation, collapse and renewed state intervention.
AI will survive, but the speculative bubble surrounding it is a sign of a deeper structural problem — the cost of which, when finally realized, will fall most heavily on the working class.
Elliot Goodell Ugalde does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
The collapse of Atlantic cod stocks in Newfoundland and Labrador had a huge impact on the economic and social fabric of the province. The subsequent fishing moratorium in 1992 put nearly 30,000 people in the province out of work.
Another explanation has identified predation by harp seals as the reason cod numbers have remained low. However, given the severity of historical overfishing that occurred, Atlantic cod population growth may be impaired by a number of factors.
Harp seals eat a range of items — their diet varies by prey availability, season, location and time. In our recently published study, we compared diet estimates from stomach content analyses from 7,710 harp seals as well as laboratory analyses of muscle tissue using fatty acids and stable isotopes.
In general, our findings told a consistent story: harp seals are generalists that eat a range of prey, including American plaice, Arctic cod, Atlantic cod, Atlantic herring, capelin, flounder, redfish, sand lance, shrimp, squid and zooplankton. We incorporated these results into a food-web model of predator and prey interactions to calculate the total harp seal consumption of prey and their contribution to mortality. We compared these consumption and mortality rates to those from fisheries.
Our analysis revealed that harp seals consume a higher biomass of shared target species than caught by fisheries. Harp seal consumption rates were 24 times higher than fisheries catch rates for Atlantic cod, Greenland halibut and American plaice from 2018 to 2020.
The harp seal population has declined by 41 per cent since 1998, when it peaked at 7.5 million. This has happened while the number of harp seals harvested for their meat and pelts has also declined. Harp seals have recently been listed as near-threatened by the International Union for Conservation of Nature due to Arctic sea ice loss.
Despite the decline in harp seal numbers, our findings show that harp seal predation remains an important factor that should be included in Atlantic cod stock assessments.
It should be noted that climate change is an additional factor affecting marine ecosystems and fisheries. More than ever, it is crucial to track the productivity of fish stocks and marine ecosystems to achieve sustainable resource management.
Tyler Eddy receives funding from the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, Fisheries and Oceans Canada’s Sustainable Fisheries Science Fund, and the Canada First Research Excellence Fund.
Years ago, when I first began researching Indigenous identity theft — something that intrigued me intellectually and impacted me personally — I remember trying to explain it to my Indigenous family members back home in northwestern Ontario.
The women in my family responded with humour, seeing the absurdity of it all. My mother laughed and said: “Geez, I remember when not even Natives wanted to be Native … whatever happened to those times!”
Her comment highlighted a major shift in how desirable Indigenous identity has become, and how false claims tend to rise after events that draw public attention to the harms settler states have caused our families and communities.
Think of how many white settlers were quick to shake a Cherokee “princess” from their family tree after the Civil Rights Movement, or how recent cases of Indigenous identity fraud in Canada align with the era of Truth and Reconciliation. This era, we know, has revealed very hard truths about Canada’s relationship with Indigenous Peoples.
Cultural phenomenon
These patterns reveal more than individual acts of deception. They expose
a cultural phenomenon: when non-Indigenous people appropriate our lived experiences — our stories, struggles and traumas — on such a wide scale, it signals a broader cultural and social sickness and deterioration.
These figures become a kind of counterfeit currency, granting Canadians easy access to digestible versions of Indigenous identity and experience. But they are not ours, they are not us and they are not our stories. My mother believes this happens because Canadians do not truly want the truth of who we are, past or present.
This raises a hard question: how did these figures become Indigenous icons in the first place?
Western ‘hero’ narratives
Many Indigenous cultures caution against the concept of “heroes,” which is rooted in western narratives that elevate people as saviours. Turning people into heroes isolates collective struggles, conceals the systemic problems behind them and reinforces colonial ideas of individual exceptionalism — celebrating those who manage to succeed in oppressive systems instead of valuing relationships and community resilience.
The truth is, these heroes were largely created by settler-controlled industries like publishing, media and academia — not by us. Their success was sustained by gatekeepers who valued marketable versions of Indigeneity over authentic voices. And while community voices questioned their authenticity from the start, we must ask why those warnings were ignored.
Concerns raised
In cases of a “pretendian” — false claims of Indigeneity — there are people firmly grounded in community who raise concerns right from the beginning because they cannot find themselves in the paragraphs and crescendos of those who don’t sing or speak truth. As Indigenous Peoples, we need to reflect on why such voices are often not collectively amplified and protected.
Underlying identity fraud is a belief that Indigenous Peoples are “not good enough” — that impostors can be better Natives than us. They reconcile their theft by convincing themselves they can achieve what we cannot, that we need them to “be us.” That is profoundly damaging.
It reinforces colonial hierarchies and perpetuates the idea that our worth must be validated through settler recognition.
Power to repair harm
In King’s recent opinion piece in The Globe and Mail, he wrote he was devastated to learn, contrary to what he believed, that he did not have Cherokee ancestry. He discovered this, he said, after he requested a meeting with Tribal Alliance Against Frauds, an American Cherokee organization, because he was aware of “a rumour that appeared” accusing him of not being Cherokee.
He said he’ll need to “survive a firestorm of anger, disbelief and betrayal” and will then “sort through rubble to see if there is anything left of my reputation, of my career.”
This was the most troubling for me — not only because it sounds like self-victimization, but because King has the power to repair harm. Accountability begins with truth-telling: admitting the false claim, making no excuses and disclosing and returning all benefits gained.
It means returning awards, redirecting funds and submitting to processes defined by the affected Nation — in King’s case, the Cherokee Nation. It means investing in long-term reparations that strengthen Indigenous self-determination, such as funding community priorities, supporting displaced Indigenous writers and investing in the brilliance of future generations.
We are more than stories
Accountability is not a one-time op-ed; it is an ongoing commitment, verified by Indigenous oversight and grounded in relational ethics.
We are more than stories. We are land. We are family. We are community. And we deserve a future where our identities are not commodities, where our truths are not distorted for profit or prestige and where accountability is measured not by words but by actions that build trust and repair harm.
Celeste Pedri-Spade does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
