Los estudios ecológicos a largo plazo son esenciales para comprender los efectos del cambio climático global sobre los ecosistemas: además de detectar las transformaciones que se producen lentamente o los desfases entre cambios ambientales y respuestas biológicas, sirven para evaluar el impacto de eventos extremos (sequías repentinas, olas de frío o de calor, decaimiento forestal, entradas de polvo sahariano, presencia de turismo masivo y ganadería en zonas sensibles…) que actúan como “experimentos naturales”.
Un buen exponente de este tipo de enfoques científicos es el que posibilita el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada (OBSNEV), en Granada (España), cuyas actividades, si no se pone remedio, podrían tener los días contados.
La importancia del seguimiento ecológico
Como apuntábamos más arriba, las evaluaciones ambientales necesitan una memoria extensa para distinguir las tendencias reales del ruido o las meras fluctuaciones temporales. Conocer el pasado es clave para entender el presente y anticipar el futuro. Estos procesos exigen continuidad institucional y científica, así como la colaboración entre investigadores, técnicos y gestores para decidir qué monitorizar, especialmente en áreas protegidas.
En este marco de lo que se conoce como gestión adaptativa, el conocimiento científico –tanto el básico como el aplicado– proporciona herramientas que permiten diseñar, analizar e interpretar la información que deben cumplir los estándares internacionales FAIR (localizables, accesibles, interoperables y reutilizables). Eso garantiza su valor a largo plazo.
En definitiva, los programas de seguimiento ecológico no solo generan conocimiento, sino que conectan ciencia, gestión y sociedad, lo que facilita la toma de decisiones informadas frente a los retos del cambio global. Este tipo de investigaciones y los observatorios que las sostienen permiten:
Realizar el seguimiento continuado de los ecosistemas, caracterizando su variabilidad natural y las tendencias frente al cambio ambiental.
Identificar y estudiar perturbaciones de origen natural o humano que alteran su funcionamiento.
Proporcionar una infraestructura duradera para la investigación científica, especialmente en el ámbito del cambio global.
Generar y gestionar series temporales de datos para llevar a cabo la modelización de ecosistemas.
Ofrecer herramientas que sustenten una gestión de los ecosistemas basada en evidencia científica.
Fomentar redes de usuarios finales: administraciones, investigadores, empresas y agentes sociales.
Promover acciones estratégicas de investigación sobre el funcionamiento de los ecosistemas en escenarios de cambio global.
Integrarse con otras redes internacionales de observación y seguimiento ambiental a largo plazo.
Fomentar la participación de la ciudadanía y de organizaciones ambientalistas.
Desarrollar marcos integrados de gestión, y contribuir a establecer directrices y normativas más eficaces.
Diez principios para un seguimiento a largo plazo
Basándonos en nuestra experiencia, proponemos diez principios fundamentales donde se resume la esencia que todo seguimiento ecológico duradero debería considerar para cumplir su objetivo principal: generar conocimiento útil en la gestión del cambio global.
Definir objetivos claros, basados en preguntas científicas sólidas.
Mantener protocolos coherentes y comparables a lo largo del tiempo.
Asegurar la calidad y continuidad de los datos, evitando que se vean afectados por la rotación de personal.
Adaptarse a nuevas preguntas e imprevistos, incorporando protocolos que respondan a desafíos emergentes como especies invasoras o eventos extremos.
Documentar rigurosamente los métodos de muestreo, calibración y validación para garantizar interpretaciones fiables.
Desarrollar un sistema de gestión y difusión de datos robusto y flexible, que facilite el acceso y el uso de la información.
Fomentar la participación inclusiva de la comunidad científica, los gestores y la ciudadanía.
Implantar una gobernanza capaz de coordinar la investigación, la gestión y la transferencia de conocimiento.
Asegurar financiación estable y a largo plazo, base indispensable de cualquier programa de seguimiento.
Impulsar la educación ambiental, formando a las generaciones futuras en la comprensión y conservación de los ecosistemas.
La continuidad del Observatorio de Sierra Nevada, en peligro
Tales iniciativas de colaboración entre instituciones y ciudadanía requieren años de esfuerzo, pero pueden desmoronarse rápidamente si falta alguno de sus pilares. El Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada (OBSNEV), creado en 2008 por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, corre hoy el riesgo de desaparecer por falta de apoyo institucional y económico. Esto inclumpiría el principio 9 de nuestro decálogo, tras casi dos décadas de trabajo continuo.
Pero, además, OBSNEV también ha creado un sistema de información ambiental integrado (mediante herramientas como Biblionevada, Climanevada, Histonevada o MonitorEO); ha implementado una gestión adaptativa susceptible de ser replicada Life Adaptamed; y ha promovido la participación ciudadana (por ejemplo, en lagunas y ríos de Sierra Nevada).
A pesar de su reconocimiento científico e internacional, la finalización del convenio deja al OBSNEV sin respaldo institucional en plena crisis climática, cuando evaluar la adaptación de los ecosistemas y aplicar el conocimiento científico a la gestión ambiental es más urgente que nunca. De nada han servido de momento las más de 600 firmas de apoyo enviadas por la comunidad científico-técnica, ni las más de una veintena de cartas de respaldo de instituciones científicas a nivel nacional e internacional.
Con su desaparición perderíamos una herramienta clave en la gestión de los ecosistemas de montaña frente al cambio global, un error histórico que supondría renunciar al conocimiento esencial para afrontar los desafíos ambientales del siglo XXI.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
If you feel this way, you’re not alone. But are young consumers truly powerless? Or are they simply navigating a new kind of influence that’s more diffuse, digital and demanding in ways previous generations did not experience?
No one’s 20s and 30s look the same. You might be saving for a mortgage or just struggling to pay rent. You could be swiping dating apps, or trying to understand childcare. No matter your current challenges, our Quarter Life series has articles to share in the group chat, or just to remind you that you’re not alone.
A 2022 meta-analysis of 66 studies found that political consumerism is strongly associated with liberal ideology, political interest and media use. In other words, young people who are politically engaged are increasingly using their wallets to express their values.
For many young people, consumption is increasingly an expression of identity and belief. The rise of “lifestyle politics” involves a shift from traditional forms of participation like voting or protesting to everyday acts. For many Gen Z and millennial consumers, what you buy is who you are.
And if everyone’s “voting with their dollar,” why does so little seem to change? The answer lies in understanding the limits and leverage of consumer power.
Individual action alone isn’t enough. Buying ethically can feel good, but it rarely moves the needle on its own. Research suggests political polarization has made brand preferences more ideologically charged, but also more fragmented. A progressive boycott might spark headlines, but unless it’s sustained and widespread, it often fizzles out.
At the same time, enthusiasm for ethical consumption often runs into practical limits. Buying ethically usually requires extra money and the ability to research brands, so it tends to be most accessible to people with disposable income and good access to information. This means that while many young people strongly support ethical consumption, only those with sufficient financial resources are able to practice it consistently.
Where individual choices fall short, collective action can be more impactful. Co-ordinated campaigns like #GrabYourWallet, which targets companies linked to Donald Trump, or the youth-led push to divest university endowments from fossil fuels demonstrate the power of organized consumer advocacy.
Voting still matters
Consumer activism complements, but does not substitute, traditional civic engagement. Policy shapes markets, regulation sets boundaries for what companies can get away with and elected officials determine what corporations can and cannot do.
Yet voter turnout among young Canadians remains stubbornly low. In the 2021 federal election, only 46.7 per cent of eligible voters aged 18 to 24 cast a ballot, compared to 74.4 per cent of those aged 65 to 74.
Simiarly, in the United Kingdom’s 2019 general election, only 53.6 per cent of 18- to 34-year-olds voted versus 77 per cent of those 65 and older, showing the same generational gap seen in Canada where older voters consistently out-participate younger ones.
If young people want to influence climate policy, housing or student debt, the ballot box remains one of their most potent tools.
So how can young consumers move from performative gestures to meaningful change? Evidence suggests several ways young consumers can translate values into tangible change:
Advocate for systemic change such as supply chain transparency laws, supporting living wage campaigns or demanding climate disclosures from corporations. When consumer sentiment aligns with regulatory pressure, companies are far more likely to act.
3. Invest in local and co-operative alternatives.
Not all change comes from pressuring big brands. Sometimes, it’s about supporting local businesses, worker co-ops and social enterprises that embed ethics into their structure. These alternatives demonstrate what’s possible and keep money circulating in communities.
It’s easy to feel cynical. The problems are big, the systems are entrenched and the stakes are high. But young people aren’t powerless. They’re navigating a landscape in which influence is less about individualism and more about strategic, collective action.
Political consumerism is most effective when paired with civic engagement and organizational membership. That means joining movements, building coalitions and recognizing that real change rarely comes from the checkout line alone.
So while individual choices matter, they are most effective when combined with collective action and civic engagement. If you’re seeking meaningful change, you must combine purchasing choices with organized campaigns, policy advocacy and voting.
Eugene Y. Chan receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
What if a storybook could help parents manage their child’s anxiety?
Anxiety can be described as persistent, recurring intrusive thoughts or feelings, and physiological or behavioural responses that are considered disproportionate to the perceived threat. It is among the most common mental health concerns in children globally.
Anxiety typically emerges in early childhood and can significantly impair functioning across developmental stages. Typically, anxiety in children presents as avoidance of triggers or situations that make them anxious (for example, going to school), increased emotionality (like crying, tantrums) and cognitive challenges, including difficulty concentrating or impaired problem-solving abilities.
Despite the need for accessible interventions, it is estimated that more than half of children and youth experiencing mental health concerns do not access professional treatment.
This is especially true for children with “internalizing” problems such as anxiety. In Ontario, for example, only 32 per cent of youth who reported having anxiety were able to be seen by a mental health professional. Accessibility barriers include long wait lists, transportation barriers and financial constraints.
Our team at the Mary J. Wright Child and Youth Development Clinic at Western University was interested in combining the use of storybooks that address anxiety or fears with the use of guiding questions informed by cognitive-behavioural therapy into a practical resource for families.
Parent-focused interventions
To address challenges to barriers in accessing mental health supports when there are concerns about anxiety, parent-focused interventions have been designed to provide guidance to caregivers who play a critical role in their children’s mental health and emotional development.
These interventions teach parents strategies to support their child’s mental health. This is about fostering positive parent-child interactions, promoting parental well-being and shaping more adaptive responses to their child’s emotional or behavioural challenges.
Although not a replacement for the direct guidance or involvement of a mental health professional, the increased interest in this approach recognizes that parents have an important role in supporting new learning for their child, such as promoting coping tools and strategies for anxiety.
Storybooks enable children to feel less isolated with their experiences. They offer new opportunities to identify and label emotions and learn coping tools and strategies. A storybook for children with dental anxiety, for example, showed encouraging results in decreasing anxiety about dental visits.
Below are selected storybooks that explore different experiences of anxiety with guiding questions for parents. Questions are meant to reinforce key ideas, promote emotional awareness and help children connect the story to their own experiences.
‘Wilma Jean the Worry Machine,’ by Julia Cook. (Boys Town Press)
1. Wilma Jean the Worry Machine by Julia Cook is about a young girl who worries about everything, from missing the bus to making mistakes at school. With help from her teacher, Wilma learns to tell the difference between worries she can control and those she cannot, and begins to find ways to manage both.
Guiding questions:
Wilma Jean shares a lot of worry thoughts, such as “What if I get picked last?” Do you ever have thoughts like this when you are feeling nervous?
What do you think about sorting your worries into ones that you can and cannot control? How do you think this would impact how you feel?
‘Juan Has the Jitters,’ by Aneta Cruz. (Penguin Random House)
2. Juan Has the Jitters by Aneta Cruz is about a boy who gets a jittery feeling in his body when things feel unfamiliar, loud or unpredictable. With the support of his teacher, Juan is able to participate in a way that helps him feel settled and included.
Guiding questions:
Have you ever felt the jitters? If so, what was going on while you were feeling this way?
What sort of things do you do to help yourself feel calm?
‘Chester the Brave,’ by Audrey Penn. (Simon & Schuster)
3. Chester the Brave by Audrey Penn is about a young raccoon who learns that bravery means doing something even when you feel scared. With help from his mother, Chester practices the “think-tell-do” strategy: when he feels afraid, he tells himself he can do it and takes a step toward facing his fears.
Guiding questions:
Chester and the little robin feel worried when they have to present in front of their class. Do you ever feel that way when you have to speak in front of the class?
“Think-tell-do” is what Chester tells himself when he feels like he can’t do something. What could you tell yourself if you are having a hard time facing something?
‘Me and my Fear’ by Frenci Sanna. (Flying Eye Books)
4. Me and My Fear by Frenci Sanna is a story of a girl who has recently moved to a new country. In this unfamiliar place, fear begins to grow, making it harder for her to engage with others. As she befriends a classmate, she realizes others have fears. Slowly, her fear begins to shrink and she starts to feel more at home.
Guiding questions:
Have you ever felt nervous or unsure about a new situation? What helped you feel a little better?
When the girl notices that her new friend has a fear too, she begins to feel less alone. Have you ever realized that someone else felt the same way you did? How did that change how you felt?
‘Bundle of Nerves, A Story of Courage,’ by Mari Schuh. (Lerner Books)
5. Bundle of Nerves: A Story of Courage by Mari Schuh is about a boy named Luis who feels anxious on his first day of school. His nervousness shows up as a “bundle of nerves” in his stomach, but with encouragement from his dad, Luis learns that courage means doing something even when you feel scared.
Guiding questions:
When Luis was feeling nervous, his dad told him to “have courage” Who do you talk to when you feel nervous? What do they say that makes you feel better?
Luis was scared to ride the bus, but he did it anyway. Can you think of a time when you did something even though it felt scary at first? What happened after you tried it?
By combining evidence-based strategies with tailored storybooks, our Parent and Caregiver Resource Guide provides a practical, accessible way to support children experiencing anxiety.
This approach helps caregivers promote understanding, start conversations and support their children in building early skills for identifying and managing early experiences of anxiety.
Colin King has received funding from the Miggsie Fund through the Lawson Foundation to support the creation of a parent storybook resource guide.
Amy Rzezniczek received funding from the Social Science and Humanities Research Committee for previous research unrelated to current article.
Rachel Krahn has received funding from the Social Sciences and Humanities Research Committee for research unrelated to the current article.
The legal divorce, if it comes at all, is simply the final step in a separation that happened long before. “Quiet divorcing,” the term given to this slow, mostly invisible retreat from a long-term relationship, has recently gone viral.
Borrowing from the term “quiet quitting,” it has caught fire because it names an experience many people recognize but rarely articulate.
Relationships can unravel in different ways, as American psychologist John Gottman’s research shows. Some couples experience escalating conflict early on, but for many long-term partnerships, the earliest signs of trouble are subtle: moments of emotional withdrawal or small bids for connection that go unanswered.
Relationship bids can come in different forms: a funny message during the day or pointing out a bird on a walk. When partners turn toward them with interest or warmth, closeness is strengthened. When those bids are ignored or brushed aside, distance slowly grows.
Longitudinal studies — research that follows the same couples over time — reveal that declines in positive engagement are a powerful predictor of relationship distress and, for couples who eventually separate after many years together, they often precede visible conflict by a long time.
In these relationships, satisfaction frequently shows a two-phase pattern: a long period of quiet disengagement followed by a sharper drop as the relationship approaches its endpoint. By the time problems are confronted directly, the emotional infrastructure of the relationship may already be hollowed out.
Boredom makes reconnecting harder
Boredom — a sense of predictability, stagnation and diminished excitement — is another key driver of slow relational decline.
In a nine-year longitudinal study, research found that couples who reported more boredom were less satisfied, even after researchers accounted for how satisfied couples were at the beginning of the study, an effect explained by declines in emotional closeness over time.
Other research shows that on days when couples feel bored, they are also less likely to engage in exciting, shared activities, and when they do, those moments feel less enjoyable and connecting. Over time, reductions in shared growth opportunities predict meaningful drops in romantic passion.
This helps explain why many partners “feel done” long before they officially end their relationship.
Relationships rarely collapse in a single moment. They fade through the quiet loss of shared moments that once made the relationship feel alive.
Why the term resonates right now
If researchers have known about these patterns for decades, why does “quiet divorcing” strike such a chord now?
The phrase resonates with contemporary cultural pressures. As U.S. psychology professor Eli Finkel argues in his book The All-or-Nothing Marriage, today’s couples often expect a relationship to be not just secure and supportive, but personally fulfilling and exciting.
When passion fades — as it naturally does for many couples over time — the shift is interpreted not as normal, but as a sign that something is fundamentally broken. Add in social media comparisons and performative affection online, and even subtle disengagement can feel especially stark.
While anyone can experience quiet disengagement, gendered patterns do emerge. Across multiple studies, women are more likely to detect emotional disconnect early, to seek conversations about relationship issues and to ultimately initiate divorce. Men, on average, are more likely to withdraw or avoid emotional confrontation.
Cultural norms play a role too. In many societies, women are expected to manage the emotional maintenance of relationships — noticing when something feels “off” and initiating conversations, organizing social plans or being the one to plan date nights to keep the couple emotionally connected.
When that invisible emotional labour is met with silence or resistance, research suggests it can erode feelings of being loved, increase distress and fuel conflict — conditions that make emotional disengagement and, eventually, relationship dissolution more likely.
When the slow fade can be reversed
“Quiet divorcing” highlights that many breakups are not discrete events, they are processes.
Yet the same quiet, incremental shifts that create distance can, when redirected, begin to rebuild connection.
Responding to everyday bids for attention, expressing appreciation and introducing even small sparks of novelty into familiar routines can rebuild closeness. Declines in emotional and sexual engagement don’t always mean a relationship is doomed, they can be signals that it’s time to tend to it.
But not every relationship should be saved. Sometimes the quiet fade reflects an honest reckoning with the fact that the relationship no longer meets both partners’ needs or has become chronically painful or imbalanced. Recognizing that is not a failure.
Choosing to leave can be an act of care, not just for oneself, but for the possibility of a healthier life beyond the relationship.
Paying attention to the subtle changes in a relationship — the missing laughter, the waning curiosity, the pauses that go unfilled — gives couples the chance to course-correct. But it also gives them the clarity to know when reconnection is possible and when it’s time to just let go.
Emily Impett receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
Every meeting should start with a simple question: why are we meeting?Dotshock/Shutterstock
Anyone working in an organisation knows it: meetings follow one after another at a frantic pace. On average, managers spend 23 hours a week in meetings. Much of what happens in them is considered to be of low value, or even entirely counterproductive. The paradox is that bad meetings generate even more meetings… in an attempt to repair the damage caused by previous ones.
And yet, for a long time, meetings were not subject of management research. A 2015 handbook laid the groundwork for the nascent field of “Meeting Science”. Among other things, the research revealed that the real issue may not be the number of meetings, but rather how they are designed, the lack of clarity about their purpose, and the inequalities they (often unconsciously) reinforce.
Meetings either foster well-being or harm it
In our series of studies conducted during and after the Covid-19 pandemic, researchers found that meetings can both foster and harm participants’ well-being. Indeed, participating in too many meetings can lead to burn-out and an intention to quit the organisation; however, meetings can also increase employee engagement.
The widespread adoption of remote work and virtual meetings, accelerated by the pandemic, has introduced new sources of fatigue: cognitive overload, hyperconnection, and lack of separation between work and personal life. But, virtual meetings also enable continuous social interaction and an understanding of an employee’s role in the organization.
Women speak less in videoconferences
These new meeting formats are not experienced equally by everyone.
One of the most striking findings concerns speaking time in virtual meetings. In a survey of hundreds of employees, the results were clear: women reported having more difficulty speaking up in online meetings than in face-to-face ones. Several factors explain this phenomenon: more frequent interruptions, invisibility on shared screens, difficulty reading nonverbal cues, or the double mental load when meetings are held from home.
In other words, virtual meetings – while potentially democratising access – can actually reinforce gender inequalities if care is not taken.
A meeting should be designed, not endured
Faced with what we call meeting madness, the solution is not to eliminate meetings altogether, but to design them better. It begins with a simple but often forgotten question: why are we meeting?
Based on our series of studies covering thousands of meetings, there are four main types of meeting objectives:
1) sharing information
2) making decisions
3) expressing emotions or opinions
4) building work relationships
Each of these objectives requires meeting participants to do different things, such as seeing faces, hearing intonations, observing reactions, or sharing a screen. And no meeting modality (audio, video, hybrid, in-person) is universally best for all types of objectives. The modality of a meeting should be chosen according to its main objective, rather than habit or technological convenience.
Going further, research identifies simple but powerful levers to improve the collective meeting experience:
share a clear agenda and documents beforehand, so participants feel ready to contribute
use hand-raising tools, anonymous chats, or “round robin” systematic speaking turns
moderate actively – meeting organizers need to balance contributions, encourage participation, and avoid exclusion
Mirrors of organisational culture
Meetings are not neutral. They reflect – often unconsciously – an organization’s culture, power dynamics, and implicit priorities. The data is clear: there are ways to improve meetings. What remains is for companies and managers to acknowledge the transformational power of meetings.
A company where only the loudest voices are heard in meetings is rarely inclusive outside the meeting room. Conversely, well-run meetings can become spaces of co-construction, respect, and collective innovation.
The goal should not be to have fewer meetings, but better ones. Meetings that respect everyone’s time and energy. Meetings that give a voice to all. Meetings that build connection.
This article was co-authored with Dr. Arnaud Stiepen, expert in science communication.
Willem Standaert ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Source: The Conversation – in French – By Laurent Vilaine, Docteur en sciences de gestion, ancien officier, enseignant en géopolitique à ESDES Business School, ESDES – UCLy (Lyon Catholic University)
Emmanuel Macron a annoncé la création d’un service militaire volontaire d’une durée de dix mois qui concernera 3 000 jeunes dès septembre 2026, puis 50 000 en 2035. Ces recrues seront-elles véritablement utiles, en soutien aux 200 000 militaires de métier ? Le chef de l’État estime qu’il « existe une génération prête à se lever pour la patrie ». Pourtant, l’armée peine à recruter des professionnels.
Les tensions internationales et plus particulièrement la guerre en Ukraine mettent en alerte les États européens. Ceux-ci augmentent leurs crédits militaires et s’interrogent sur les moyens de raviver leur système de réserves, bien souvent mis en sommeil depuis la fin de la guerre froide. Dans ce cadre, alors que Jacques Chirac avait annoncé en 1996 la suppression du service national, le président Macron a annoncé le 27 novembre 2025 sa résurrection selon des modalités différentes.
Il s’agirait d’un service militaire basé sur le volontariat, rémunéré au minimum 800 euros. L’objectif d’un tel service militaire serait de renforcer les régiments, dans le cadre de modalités encore inconnues, à hauteur de 3 000 jeunes en 2026, 10 000 à l’horizon 2030 pour une montée en puissance à 50 000 jeunes en 2035. Il s’agirait bel et bien d’une formation militaire incluant exercices tactiques, sport, exercices de tir. En outre, ces recrues n’auraient pas vocation à servir en opérations extérieures. Au-delà de former des jeunes à la chose militaire, l’espoir des autorités est de retenir suffisamment de personnes dans la réserve pour que celle-ci passe de 50 000 à 80 000 soldats.
Pour autant, un tel dispositif est-il de nature à véritablement renforcer les capacités de défense de la France ou constitue-t-il une simple mesure de communication politique ?
Un contexte de menaces et de résilience : pourquoi ce retour de l’uniforme ?
La guerre en Ukraine et les menaces russes ont rebattu les cartes de manière violente, en France et dans l’ensemble des pays européens. Les budgets de défense augmentent fortement. La France ne fait pas exception. La modernisation des forces est mise en avant. Reste désormais à mobiliser les citoyens.
Le chef d’état-major des armées a récemment tenté de sensibiliser la population au changement de la donne stratégique, pointant le risque que le pays ne soit « pas prêt à accepter de perdre ses enfants, de souffrir économiquement ». Il s’agit donc bien de préparer la société au pire dans un contexte où plusieurs pays européens pointent l’expansionnisme russe. Il ne s’agit pas seulement d’augmenter les effectifs de la réserve opérationnelle pour répondre à une guerre de haute intensité, mais bel et bien d’activer une mémoire républicaine où l’uniforme est perçu comme vecteur de cohésion et d’unité nationale.
Reste à s’interroger sur les difficultés qu’un tel projet peut rencontrer et sur le caractère politicien ou non d’une telle initiative dans un contexte où Emmanuel Macron tente de reprendre l’initiative dans un paysage politique instable et fragmenté.
Le service militaire volontaire : une force utile ou une armée symbolique ?
Le contenu du nouveau service militaire volontaire (SMV) vise à mobiliser les jeunes dans un cadre structurant. La formation initiale durera un mois permettant de délivrer une instruction militaire de base (maniement des armes, entraînement physique, combat). Il ne s’agit pas de créer des soldats professionnels projetables mais des citoyens-soldats capables de remplacer sur le territoire national les soldats professionnels partis guerroyer face à la Russie. En effet, dans une telle situation, les nouvelles recrues prendraient la charge de l’opération sentinelle, garderaient des bases, assureraient la mobilisation territoriale.
Plusieurs obstacles se dressent face à ce projet. Il y a d’abord le vote du budget. Si le budget de la défense n’est pas voté, celui de l’année dernière sera reconduit au moins partiellement. Une telle hypothèse entraînerait le report du projet budgété à deux milliards d’euros. Il y a ensuite l’attractivité du projet face à une jeunesse à remobiliser. L’armée française a du mal à recruter des soldats professionnels. Parviendra-t-elle à recruter des soldats dans le cadre du nouveau service militaire ?
On peut imaginer que les recrutements initiaux – 3 000 personnes pour 2026 – ne poseront pas de problèmes. Mais qu’en sera-t-il lors de la montée en puissance impliquant des projets de recrutement bien plus conséquents à hauteur de 10 000 personnes à l’horizon 2030 et 50 000 à l’horizon 2035 ? La question n’a pas de réponse aujourd’hui mais le doute est permis au regard de la solde proposée de 800 euros minimum et de la perception de l’engagement citoyen de la jeunesse. Les sondages montrent plutôt un accord des Français et même des jeunes à ce projet, mais accord sur le principe et engagement effectif sont deux aspects différents.
L’efficacité militaire du projet
En ce qui concerne la portée strictement militaire du dispositif, plusieurs interrogations se posent. Un engagement de quelques mois suffit-il à construire une réserve compétente ? Un des impératifs, dans tous les cas, sera la convocation régulière de la réserve à des exercices afin d’entretenir les compétences.
Autre problématique : le service militaire ne siphonnera-t-il pas de précieux fonds au détriment de la modernisation des équipements de l’armée professionnelle ? Là encore, il est difficile de répondre à ce stade. En effet, tout cela dépendra de la progression effective du budget global consacré à la défense.
En revanche, exiger des recrues, puis des réservistes, la même efficacité que l’armée professionnelle est un contresens : les missions attribuées aux uns et aux autres ne seront pas les mêmes et les volontaires ne seront pas projetables, à moins d’une menace majeure, généralisée, que l’on a du mal à entr’apercevoir.
Un signal politique plus qu’une révolution stratégique ?
Du point de vue politique, au sens noble du terme, le SMV se fonde sur le projet de « faire nation » et de « recréer du commun ». Face à cela, la droite est plutôt favorable, et une partie de la gauche défavorable. Il s’agit d’un clivage peu surprenant, en cette époque d’opposition politique intense. Une partie de la gauche s’en prend au « va-t-en-guerre » et la droite exige un sursaut.
Mais qui pourra nier la nature agressive du régime de Vladimir Poutine et la nécessité de se préparer à tous les scénarios ? Rappelons que les pays baltes se barricadent et que les Polonais se réarment à vitesse accélérée. Pour autant, s’il s’agit de « faire nation », le volontariat pourrait se limiter à n’attirer que des jeunes déjà convaincus ? La question mérite d’être posée.
Au plan politique, la création d’un grand chantier comme le SMV s’apparente certainement, pour le chef de l’État, à l’objectif de laisser une trace dans l’histoire, celle d’avoir su rassembler les Français autour de la défense du pays. En outre, une telle mesure lui permet de surfer sur le besoin d’autorité qui émerge dans nos sociétés. Mais là encore, il serait naïf de discréditer un projet au motif qu’il induit des préoccupations politiciennes. Dans un système démocratique, nombre de réformes impliquent un souhait d’améliorer le fonctionnement de la société et un souhait de renforcer son électorat voire sa clientèle politique ou encore l’image du prince. Tout cela est consubstantiel à la démocratie et ne dit rien de la valeur intrinsèque de la réforme.
Une initiative utile
Le nouveau service national présenté par le président s’inscrit dans un mouvement général européen allant dans le même sens, même si les modalités sont variables. Bien que dépendant des réalités budgétaires, cette réforme a l’immense avantage de constituer une force d’appoint en mesure de prendre la relève sur le territoire national en cas de projection des forces professionnelles. Il doit également permettre d’augmenter la réserve opérationnelle dans des proportions encore inconnues. Permettra-t-il par ailleurs d’augmenter le civisme de la jeunesse ? On peut émettre des doutes sur ce point. Le service national ne sera basé que sur le volontariat, ce qui constitue une limite évidente.
Finalement, le SMV ne constitue qu’une pièce de la panoplie permettant de réarmer la France. Sa réussite est encore une inconnue mais il s’imbrique parfaitement dans l’ambition française de montée en puissance de son armée, du point de vue matériel, de ses capacités diverses et variées (incluant la guerre informationnelle) et donc également du point de vue des capacités en effectifs. C’est désormais aux armées de communiquer efficacement pour rendre le projet attractif.
Laurent Vilaine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Une enquête conduite auprès de centaines de personnes ayant fui la guerre au Soudan vers le Soudan du Sud met en évidence l’ampleur des violences – agressions, viols systématiques, assassinats – que les milices infligent à ceux et surtout à celles qui prennent la route en quête de sécurité.
« Je me trouvais à Khartoum lorsque le conflit a éclaté. Des soldats arabes armés sont venus chez nous pour piller nos arachides, mais ma mère a refusé de leur ouvrir la porte. Aussitôt, l’un des soldats lui a tiré dessus. J’ai crié, mais trois soldats m’ont encerclée. Ils m’ont attrapée et emmenée derrière un bâtiment où dix soldats m’ont violée. Personne n’est venu à mon secours, car ma mère était morte et les voisins s’étaient enfuis. Deux jours plus tard, après l’enterrement de ma mère, j’ai rejoint d’autres personnes pour aller au Soudan du Sud. »
C’est à proximité du poste-frontière d’Aweil, entre le Soudan du Sud et le Soudan, que cette jeune fille nous a raconté son histoire, qui rappelle bien d’autres témoignages que nous avons entendus de la part de nombreuses autres personnes. Sous la chaleur étouffante de juillet 2024, les pieds dans la boue et l’eau de pluie accumulées le long de la route, les membres sud-soudanais de notre équipe internationale ont demandé aux gens de partager leurs récits sur les expériences des femmes et des filles qui ont entrepris le périlleux voyage entre les deux pays.
Nous avons discuté avec près de 700 rapatriés et migrants forcés – femmes et hommes, filles et garçons – dont beaucoup ont partagé des expériences similaires, ayant été terrorisés par les soldats et les milices armées des deux camps pendant la guerre civile au Soudan. La guerre déchire le pays depuis 2023 et a causé la mort de plus de 150 000 personnes.
La lutte armée pour le pouvoir qui oppose l’armée soudanaise à un puissant groupe paramilitaire, les Forces de soutien rapide (FSR a provoqué une famine et des accusations de génocide visant les FSR dans la région occidentale du Darfour. Les FSR ont été créées en 2013 et trouvent leur origine dans la tristement célèbre milice Janjawid qui a combattu les rebelles au Darfour, où elle a été accusée de génocide et de nettoyage ethnique contre la population non arabe de la région. De nouveaux témoignages faisant état de massacres et d’atrocités continuent régulièrement d’apparaître.
Alors que la crise s’approfondit, nos recherches ont révélé que les violences sexistes et sexuelles sont un facteur majeur de migration vers le Soudan du Sud. Plus de la moitié des personnes que nous avons interrogées ont déclaré que c’était la principale raison pour laquelle elles avaient cherché refuge de l’autre côté de la frontière, les adolescentes âgées de 13 à 17 ans étant beaucoup plus susceptibles d’affirmer que la violence sexuelle était la raison pour laquelle elles avaient dû migrer.
Cette étude, récemment publiée dans Conflict and Health, a révélé de nombreux témoignages poignants de viols collectifs et de meurtres, dont certains ont été commis sur des enfants âgés d’à peine 12 ans.
Que se passe-t-il au Soudan du Sud et au Soudan ?
Depuis son indépendance en 2011, le Soudan du Sud reste l’un des États les plus fragiles au monde, en proie à une instabilité politique chronique et à des crises humanitaires à répétition. À la suite de divisions internes, une guerre civile dévastatrice, avant tout de nature ethnique, a éclaté en 2013. Ce conflit a fait près de 400 000 morts et à déplacé de force environ 2,3 millions de personnes, dont 800 000 vers le Soudan. Deux millions de personnes supplémentaires ont été déplacées à l’intérieur du Soudan du Sud, ce qui a gravement compromis les efforts de construction de l’État. Le pays reste sur le fil du rasoir et l’ONU déclarait en octobre qu’il était au bord de retomber dans une guerre civile totale.
Le déclenchement de la guerre au Soudan en 2023 a encore exacerbé les fragilités et les vulnérabilités du Soudan du Sud, compromis les efforts de paix et aggravé la crise humanitaire existante. Le conflit soudanais a provoqué un afflux massif, cette fois-ci de plus de 1,2 million de réfugiés et de rapatriés qui ont traversé la frontière vers le Soudan du Sud, exerçant une pression considérable sur des ressources et des services déjà surexploités.
En 2024, plus de 9,3 millions de personnes au Soudan du Sud, soit plus de 70 % de la population, avaient besoin d’une aide humanitaire, et 7,8 millions d’entre elles étaient confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Plus de 2,3 millions d’enfants étaient menacés de malnutrition, certaines régions étant proches de la famine.
Même avant 2023, le Soudan du Sud figurait parmi les pays les plus touchés en matière de violences sexuelles et sexistes à l’échelle mondiale, avec le deuxième taux le plus élevé en Afrique subsaharienne.
La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud est depuis longtemps un corridor de déplacements cycliques, façonné par des décennies de guerre, de famine et d’instabilité politique. Cependant, l’ampleur et la complexité de la crise actuelle ont accru les vulnérabilités, en particulier pour les femmes et les filles. Les effets se sont manifestés sous la forme de viols, d’abus sexuels, de traite et de prostitution forcée, des deux côtés de la frontière.
Fuir les violences sexuelles et la terreur
Nous avons concentré notre étude sur cette frontière et sur les personnes qui la franchissaient pour fuir. Nous avons utilisé la méthodologie dite « sensemaking » (basée sur le principe selon lequel le récit est un moyen intuitif de transmettre des informations complexes et aide les gens à donner un sens à leurs expériences) pour documenter ce qui est arrivé aux femmes au cours de leurs périples et les risques auxquels elles ont été confrontées dans les camps de réfugiées au Soudan du Sud. Nous avions adopté une approche similaire pour examiner les témoignages relatifs aux actes d’exploitation sexuelle commis par les Casques bleus de l’Organisation des Nations unies (ONU) en Haïti et en République démocratique du Congo (RDC).
L’équipe de terrain, composée de trois chercheuses et trois chercheurs de l’organisation à but non lucratif Stewardwomen, a travaillé pendant deux semaines à la frontière nord d’Aweil afin de recueillir ces témoignages. Stewardwomen est une organisation sud-soudanaise dirigée par des femmes qui lutte contre les violences faites aux femmes, notamment les violences sexuelles.
Notre équipe a recueilli 695 témoignages auprès de 671 personnes. La grande majorité d’entre elles étaient des Soudanais du Sud qui retournaient dans un pays qu’ils avaient autrefois fui (98 %), et la plupart étaient des femmes en âge de procréer (88 %). Plus de la moitié des témoignages étaient des récits à la première personne de leur propre migration, tandis que d’autres étaient des récits d’hommes concernant des femmes de leur famille.
L’objectif était de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité et libres de s’exprimer ouvertement. Josephine Chandiru Drama, avocate sud-soudanaise spécialisée dans les droits humains et ancienne directrice de Stewardwomen, a déclaré :
« En invitant les femmes et les filles à partager leurs expériences migratoires avec leurs propres mots, les collecteurs de données ont honoré leur capacité d’action et leur voix. Cette approche a favorisé la confiance, réduit les risques de retraumatisation et permis d’obtenir des récits plus riches et plus authentiques qui reflètent les réalités vécues du déplacement. »
« Ils ont emmené les filles de force »
Si la violence oblige les familles à fuir le Soudan, le risque n’est pas réparti de manière égale. Nos conclusions montrent que les adolescentes sont exposées à un risque disproportionné.
Les filles sont confrontées à un danger grave que les familles peinent souvent à prévenir. Des groupes armés effectuent des raids dans les maisons et les camps, enlevant des filles ou les capturant sur les routes et aux postes de contrôle. Les filles sont prises pour cible et soumises à des agressions sexuelles et à des viols.
Les parents peuvent essayer de voyager en groupe, de changer d’itinéraire ou de cacher leurs filles, mais lorsque des hommes armés arrêtent un bus ou pénètrent dans un village pendant la nuit, leurs moyens de protection sont limités. Ces risques s’intensifient à mesure que la pauvreté s’aggrave et que les moyens de transport sûrs se font rares. Ces conditions rendent les filles visibles, isolées et vulnérables. Une femme nous a raconté comment elles ont été attaquées :
« […] La voiture des rebelles s’est approchée de nous. Ils ont emmené les filles de force et nous ont violées, les hommes n’ont rien pu faire pour nous protéger. Ce qui fait particulièrement mal, c’est d’être violée en plein air alors que les hommes nous regardent… Ce que les Arabes ont fait aux femmes et aux filles était terrible, et je ne suis pas la seule à avoir vécu cela. »
Une autre femme a raconté une histoire extrêmement traumatisante, celle du viol et du meurtre de sa fille. Elle a déclaré :
« Ma fille de 12 ans a été violée par un groupe de soldats et est morte sur le coup. C’est une histoire très triste à raconter, mais je dois le faire pour que le monde sache ce qui arrive aux femmes et aux filles au Soudan […]. Les soldats ont ensuite violé les cinq filles […]. Malheureusement, ma petite fille violée est morte sur le bord de la route[…]. Ce fut un moment très douloureux. »
Les données que nous avons collectées ont confirmé cette réalité terrifiante. Lorsque nous avons examiné les réponses par âge, une tendance statistiquement significative est apparue : les adolescentes âgées de 13 à 17 ans étaient beaucoup plus susceptibles que les femmes plus âgées de déclarer que la violence sexuelle était la raison pour laquelle elles avaient dû migrer.
Nous avons demandé aux participantes de situer leur expérience sur un spectre : la violence sexuelle était-elle la raison de leur migration, ou était-elle une conséquence de celle-ci ? Pour les adolescentes, les réponses se sont massivement regroupées à une extrémité : la violence sexuelle était le déclencheur, et non une conséquence de leur décision de quitter leur foyer.
Il est possible que parmi les femmes plus âgées, la violence sexuelle soit devenue quelque peu normalisée après qu’elles ont survécu à des conflits antérieurs dans la région, où les jeunes filles célibataires sont spécifiquement ciblées pour être enlevées et mariées de force. Une jeune femme a raconté ce qui était arrivé à sa sœur :
« Alors que nous voyagions pour trouver refuge dans notre pays natal, le Soudan du Sud […], toutes les femmes et les filles ont reçu l’ordre de sortir de la voiture […] et ont été violées par un groupe de cinq soldats. Jeune fille innocente, ma sœur de 15 ans a tenté de résister […] et elle a été violemment battue, violée par les cinq soldats, puis tuée […]. On nous a ordonné de partir, et ma sœur n’était plus. »
« Je suis venue ici pour changer de vie »
Une jeune femme à peine sortie de l’adolescence a déclaré avoir ressenti de la honte et de la gêne lorsqu’elle nous a raconté comment le groupe dont elle faisait partie avait été attaqué alors qu’il fuyait vers le Soudan du Sud.
« […] Nous avons soudain été attaqués par une milice et j’ai fait partie des huit filles qui ont été enlevées. J’ai été violée à plusieurs reprises par quatre hommes pendant deux jours[…]. Le viol m’a fait perdre mon bébé alors que j’étais enceinte de trois mois et j’ai contracté la syphilis. »
Si la violence n’est pas inattendue en temps de guerre, l’analyse des témoignages a révélé une tendance frappante : au total, 53 % des participants ont spécifiquement identifié la violence sexuelle et sexiste comme l’une des principales raisons de leur fuite, et dans toutes les tranches d’âge, il s’agissait du principal facteur déterminant. Pour beaucoup, il ne s’agissait pas simplement d’une conséquence de la guerre, mais du facteur décisif qui les a poussés à quitter le Soudan.
Les récits ont donné vie à ces données. Une mère a raconté la mort de son enfant sur la route de la migration, conséquence directe de la violence qu’ils fuyaient. Un homme a décrit comment sa femme et sa fille avaient été enlevées en chemin, le laissant seul pour s’occuper de ses quatre autres enfants et se demandant si elles étaient encore en vie. Il a déclaré :
« Cela me fait beaucoup souffrir car je ne sais pas si elles sont encore en vie. Selon certaines informations, la plupart des femmes et des filles qui ont été enlevées ont été victimes de viols collectifs et beaucoup sont mortes. Peut-être que ma femme et sa fille font partie des victimes. »
Ces récits, comme ceux d’innombrables autres femmes et de leurs familles, montrent clairement que les violences sexuelles n’étaient pas un simple bruit de fond de la guerre, mais bien le point de rupture qui les a poussées à prendre la route. Comme nous l’a confié une femme, les violences sexuelles qu’elle redoutait ont incité sa famille à migrer vers le Soudan du Sud :
« Mon mari a été emmené par les Forces de Soutien rapide et j’ai été poignardée lorsque j’ai refusé d’être violée par ces hommes. J’en garde encore la cicatrice. Je suis venue ici [au Soudan du Sud] pour changer de vie. »
Dans le camp provisoire d’Aweil Nord, Kiir Adem, conçu comme un refuge temporaire, où des gens pouvaient passer quelque temps avant leur réinstallation ailleurs par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’équipe a découvert des conditions choquantes. De nombreuses personnes y vivaient depuis trois mois ou plus. Certaines avaient été enregistrées comme réfugiés ou rapatriés, d’autres non. Toutes luttaient pour survivre sans nourriture ni abri adéquats, et sans accès aux soins de santé dont elles avaient désespérément besoin.
Chandiru Drama a constaté :
« En raison des pillages et des vols généralisés tout au long du voyage, d’innombrables personnes sont arrivées à destination dépouillées de l’essentiel : sans nourriture, sans vêtements, sans provisions. »
La réalité de l’autre côté de la frontière
Après avoir traversé la frontière pour rejoindre la relative sécurité du Soudan du Sud, les rapatriés et les réfugiés ont été confrontés à une nouvelle série de difficultés : manque d’infrastructures, accès limité aux soins médicaux et insuffisance de l’aide humanitaire en termes de provisions.
Contrairement aux centres d’accueil mieux dotés situés ailleurs le long de la frontière, Kiir Adem ne disposait que de peu de moyens d’aide. Le centre de santé le plus proche se trouvait à plus de deux heures de route en voiture, un trajet souvent impossible à parcourir pour des femmes et des filles épuisées, blessées et dépouillées de tout leur argent et de toutes leurs provisions. Une femme nous a confié :
« Il m’a fallu six jours pour atteindre la frontière du Soudan du Sud. À la frontière, j’ai signalé le viol, mais je n’ai reçu aucun traitement. Les agents de l’OIM m’ont orientée vers des établissements de santé à Gok Marchar, à environ 50 kilomètres, mais c’était trop loin pour que je puisse m’y rendre et je n’avais pas d’argent pour le transport. »
Il est essentiel que les victimes de viol reçoivent dès que possible après l’agression des traitements prophylactiques et d’autres soins de santé sexuelle et reproductive d’urgence. Certaines participantes ont décrit des blessures physiques dévastatrices résultant de violences sexuelles, tandis que d’autres étaient enceintes au moment du viol ou sont tombées enceintes à la suite de celui-ci. Dans ces cas, l’absence de soins médicaux peut avoir des conséquences désastreuses.
Dans de nombreux cas, les rapatriés ont dû construire eux-mêmes des abris de fortune et chercher de la nourriture dans les forêts. La région était sujette aux inondations, et les chercheurs devaient patauger dans l’eau pour atteindre les populations. Une femme a déclaré :
« Je me suis rendue au Soudan du Sud en avril 2024 avec mes deux enfants. Je me retrouve aujourd’hui bloquée ici avec eux, car mon mari s’est enfui lorsque les Arabes ont commencé à agresser sexuellement les femmes de manière effrénée […]. Je ne sais pas s’il est encore en vie. Deux autres filles ont également été enlevées pendant notre migration vers le Soudan du Sud. Je vis désormais dans un camp de rapatriés, où je dors dans une hutte au toit de chaume, sous une pluie battante, sans tente ni nourriture. »
Lorsqu’on leur a demandé à quelle fréquence elles avaient du mal à joindre les deux bouts, plus de 80 % des femmes et des filles ont répondu « tout le temps ou la plupart du temps ». Des lieux d’habitation informels, comme celui où nous avons recueilli des données, se sont développés le long de la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud.
La porosité de la frontière, les déplacements réguliers à travers celle-ci en période de paix relative et les difficultés d’accès aux points de passage officiels rendent presque impossible l’acheminement efficace des personnes déplacées vers des points de passage officiels et vers des camps relativement bien équipés. Il est urgent d’améliorer les services dans la région frontalière, notamment les transports vers les camps officiels et les soins médicaux, afin de répondre aux immenses besoins des rapatriés, où qu’ils se trouvent.
La nécessité d’une réponse urgente
Il faut désormais réorienter l’action humanitaire, qui doit passer d’une prestation de services réactive à des stratégies de protection proactives centrées sur les survivants. Par exemple, les ONG devraient multiplier leurs activités le long des routes migratoires connues et des frontières, et les gouvernements donateurs devraient augmenter leur financement de l’aide humanitaire. La mission de maintien de la paix des Nations unies pourrait également renforcer la protection des activités civiles dans les régions frontalières du Soudan du Sud, en partenariat avec les organisations de la société civile sud-soudanaise.
La violence sexuelle n’est pas simplement un dommage collatéral de la guerre au Soudan. Pour de nombreuses filles et leurs familles, elle est la principale cause de leur fuite. La menace omniprésente d’enlèvement et de viol est un facteur clé de la migration, déterminant qui fuit, quand ils fuient, et contraignant les femmes et les filles à prendre des risques inimaginables pour avoir une chance de trouver la sécurité au Soudan du Sud.
Depuis notre collecte de données à l’été 2024, la situation au Soudan ne s’est pas améliorée et le contexte sécuritaire au Soudan du Sud s’est détérioré. Au sud de la frontière, l’intensification des conflits entre les groupes armés ethniques et la montée des tensions politiques entre le président Salva Kiir et le premier vice-président Riek Machar, notamment l’assignation à résidence puis le procès pour trahison de Machar, ont attisé les craintes d’un possible retour à la guerre au Soudan du Sud.
Conjuguée à des pressions économiques accrues et aux répercussions de la guerre au Soudan, la situation politique et sécuritaire du Soudan du Sud est de plus en plus précaire. Le risque de retour à la guerre au Soudan du Sud rend d’autant plus urgente la réinstallation des rapatriés et la satisfaction de leurs besoins immédiats. Les risques d’intensification du conflit et de la violence auront un impact disproportionné sur les personnes déjà déplacées et vulnérables. Le personnel des ONG ayant une formation juridique pourrait apporter son aide en faisant avancer les enquêtes criminelles, dont les conclusions pourraient à leur tour avoir un impact sur la façon dont les ONG travaillent sur le terrain.
Le droit international a également été très lent à réagir. Ce n’est qu’en octobre de cette année que les juges de la Cour pénale internationale ont prononcé la première condamnation pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis au Darfour en 2003 et 2004. Les victimes et les survivants de la guerre actuelle ne devraient pas avoir à attendre plus de 20 ans pour que justice soit faite.
La communauté internationale devrait collaborer avec les organisations de femmes, les avocats soudanais et sud-soudanais et les défenseurs des droits humains afin de faire progresser la justice dès maintenant, par tous les moyens possibles.
Cela pourrait inclure des enquêtes centrées sur les survivants et la collecte de preuves, des initiatives de justice communautaire et des espaces sûrs où les survivantes pourraient commencer leur processus de guérison.
Les organisations de la société civile dirigées par des femmes sont bien placées pour répondre aux besoins immédiats des femmes et des filles, mais elles ont besoin d’aide. Les coupes budgétaires ont durement touché ces organisations à travers le monde, et beaucoup d’entre elles risquent de fermer leurs portes.
Chandiru Drama insiste :
« Si les organisations de la société civile veulent continuer à accomplir leur travail vital, elles doivent bénéficier d’un financement à la hauteur de leur tâche. Il ne s’agit pas seulement d’une question de financement, mais aussi d’une question de justice […]. Car face à une violence inimaginable, ces groupes ne sont pas seulement des prestataires de services, ils sont des bouées de sauvetage. »
Les femmes et les filles que nous avons rencontrées ont été claires : ce sont les violences sexuelles qui les ont poussées à fuir. Pour qu’elles puissent enfin cesser de fuir, une réponse urgente s’impose : la réinstallation, l’aide humanitaire et la justice doivent être prioritaires.
Sabine Lee a reçu des financements des programmes de recherche XCEPT Cross-Border Research et du Cross-Border Conflict Evidence, Policy and Trends (XCEPT), qui ont financé les recherches décrites dans le présent document.
Heather Tasker a reçu des financements du Social Science and Humanities Research Council (SSHRC), de l’International Development Research Council (IDRC), et des programmes de recherche XCEPT Cross-Border Research et Cross-Border Conflict Evidence, Policy and Trends. XCEPT a financé les recherches décrites dans le présent document.
Susan Bartels a reçu des financements ud programme de recherche Cross-Border Conflict Evidence, Policy and Trends (XCEPT), qui a financé les recherches présentées dans cet article. Elle reçoit également des financements du Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) et des Canadian Institutes of Health Research (CIHR).
Nigeria’s basic education landscape consists of public (government) schools and a diverse private sector. Private schools in Nigeria refer to educational institutions that are run by private individuals, religious organisations, foundations or business enterprises. These schools are diverse in terms of size, cost, ownership models and target populations, ranging from low-fee neighbourhood schools to faith-based schools and “premium” schools. The number of private schools isn’t captured in official statistics.
Over the past year, many private schools have been closed across the country. Ebonyi State sealed more than 280 unapproved schools. Cross River officials shut down 69, and Akwa Ibom, Kogi and Delta states launched their own crackdowns on “rogue” schools operating without government approval or with substandard infrastructure.
These closures are being justified on safety and quality grounds, given that many of these schools, commonly referred to as low-cost private schools, operate without full registration.
Before a private school can open, owners must pay multiple inspection, registration and annual renewal fees. They must also meet infrastructure requirements and show evidence of qualified teaching staff.
The recent enforcement drives expose a fault line in Nigeria’s education system: the country’s growing dependence on low-cost private schools to fill the gaps that an overstretched public system can no longer cover.
I researched the private schooling market in Nigeria for my doctorate, and my latest paper sets out some of the factors that shape enrolment in these schools in Nigeria.
I found two main factors: the proximity and accessibility of public schools, and affordability.
The implication for ongoing closure drives is significant. If low-cost private schools are concentrated in communities where public schools are unavailable or distant, or are the only affordable options, then wide-scale closures disproportionately threaten access for children from low-income households, particularly in hard-to-reach or underserved areas. Abrupt shutdowns without transition plans can interrupt learning and deepen existing inequalities.
More investment is needed to make sure every child can go to school.
Private school diversity
Across Nigeria, private provision has expanded rapidly. According to figures cited by the minister of education, the number of private schools grew by about 39% between 2017 and 2022, compared with only 3.5% growth in public schools over the same period.
In my research, I grouped private schools into three cost categories – low-cost, mid-cost and high-cost – based on mandatory educational costs. I used national survey data from 2015 (the latest data is from 2020, but is not publicly available yet), which showed that most pupils who were enrolled in private schools attended those in the low-cost category.
My analysis of the 2015 survey data found that 52% of private-school pupils in urban areas and 49% in rural areas attended low-cost private schools. A further finding was that public schools and low-cost private schools served similar populations: children from low-income households with limited schooling alternatives.
State-level evidence reinforces this. In Kwara State, a 2016 census found that 67% and 41% of urban and rural private schools respectively were low-cost private schools. More recent data from the Partnership for Learning for All in Nigeria (a UK-government-funded education programme operating in Nigeria) show that a high proportion of private schools are low-cost schools that operate without approval in some northern states: around 85% in Kano and 80% in Jigawa.
Taken together, these national and state findings show that low-cost private schools have become an important route to education for millions of pupils.
Access and affordability
Access
Although parental preference plays a role for some households, attendance in low-cost private schools is shaped by the availability and accessibility of public schools. My doctoral research shows that attendance is most prominent in areas where public-school provision is weak. In many parts of Nigeria, weak provision can take the form of overcrowded classrooms or limited school availability. Distance to the nearest public school also plays a key role. The further a low-income family lives from a public school, the more likely they are to enrol their child in a low-cost private school. This pattern is pronounced in areas where public provision is thin and mobility costs are high.
In practice, low-cost private schools operate as an access mechanism, stepping in where the state is absent or unable to meet local demand.
Affordability further explains why these schools are widely used. My research found that their annual fees typically ranged from ₦8,000 (about US$18 in 2015, the year the data was collected) in urban areas to ₦5,000 (about US$11 in 2015) in rural areas. Paradoxically, the total cost of attending a public school was sometimes higher, with an average of US$43 in urban areas and US$24 in rural areas.
Recent data from the Partnership for Learning for All in Nigeria baseline study in Jigawa shows that about 40% of low-cost private schools charge no tuition, while 48% charge ₦10,000 or less per year (approximately US$22 in 2022). This confirms that they are either free or highly affordable for most families. Affordability matters because public education, although constitutionally free, is rarely without costs in practice.
Many states still permit partial fee regimes or informal levies, and parents often bear expenses for uniforms, learning materials and other charges. Policymakers have begun to flag this issue, with the Imo State House of Assembly recently urging the government to enforce free basic education and eliminate charges.
Regulating for inclusion
Closing down private schools without transition plans could prevent low-income families from educating their children.
Nigeria’s regulatory framework for private schools is among the most demanding in sub-Saharan Africa. An assessment of 22 countries found that Nigerian states ranked among the most restrictive for market entry.
If the goal is to raise standards without undermining access, regulation must shift from punishment to support.
Tiered licensing would allow low-cost private schools to operate legally while improving over time. Oversight should be paired with practical assistance such as training or conditional waivers, an approach reflected in the 2025 National Policy on Non-State Schools. Every closure should include a plan for placing pupils in schools with capacity.
Nigeria cannot regulate its way out of reliance on private school provision. Stronger public investment is needed so families are not forced to pay privately for basic education.
Thelma Obiakor does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
South Africa’s food system is a complex landscape where high levels of production coexist with severe food insecurity. In a 2024 survey, 63.5% of households were found to be food insecure and 28.8% of children stunted.
In this food system, fresh produce markets owned by municipalities are critical for food access and nutrition. The Agriculture Department reported that in 2023, the country’s 17 main municipal fresh produce markets sold over 3 million tons of fresh fruit and vegetables, worth R24.6 billion (US$1.37 billion). This is approximately 40%-50% of the fresh produce from farmers in South Africa.
The relationship between public markets and the informal sector, in particular, is fundamental to food security. Studies being carried out with support from the DSTI-NRF Centre of Excellence in Food Security in South Africa confirm that fresh produce sold by street traders who source from municipal markets is consistently cheaper than in formal supermarkets.
By selling at low prices in convenient locations, informal traders reduce the cost of food and the need for transport when shopping. They are key to making fruit and vegetables physically and economically accessible to the urban poor.
But this food system is under threat. Our research found that supermarket chains are buying more produce directly from farmers. Corroborated by the Competition Commission, there has been a steady decline in the share of national produce distributed through municipal markets.
We are social scientists who have been doing research on urban food systems in South Africa for the last seven years. We carried out research at the Johannesburg fresh produce market to better understand its role in food security.
We studied the market over three years, making observations during many visits and interviewing over 120 people in different roles. The market traces its origins back to Market Square in Johannesburg in the late 1800s, and is now the biggest of South Africa’s municipal markets.
It serves South Africa’s economic hub of Gauteng as well as selling some produce to other parts of the country and to neighbouring countries. The produce comes from the largest commercial operations and from small-scale farmers – anyone can sell there if they wish to.
The study provided clear evidence that the market is essential infrastructure for a more resilient, equitable and food-secure future.
To safeguard the role of markets like this, a concerted effort to protect and invest in them is required.
Johannesburg fresh produce market
The Johannesburg fresh produce market accounts for around 45% of the total value of sales from the National Fresh Produce Markets. Its annual sales exceed 1.3 million tons, valued at over R11 billion (more than US$610 million).
The City of Johannesburg Metropolitan Municipality owns the property, and a state-owned company manages the operations and staff. Buyers and sellers have to register with the market to buy or sell through agents in the main trading hubs. All that’s required is a form of identity document.
All transactions in the main hubs go through agents and the market system, crediting or debiting the accounts of the sellers or buyers. The agents are registered and insured with the Agricultural Products Agents Council.
The majority of the agents are white men. Some come from families that have been agents in the market for generations. The continuity of these agents provides stability in the market. However, it also leaves the demographics little changed from the apartheid era.
Farmers send their produce to particular agents who then sell it for them, making their money from a commission on sales that is normally 7.5%. The market gets a 5% commission on all sales, which is how it covers operating costs. Anyone can also buy for cash, without registering, at the Unity or Tshiamo (formerly Mandela) markets that are on the same site.
Traders in these cash markets source produce from the main hubs, benefiting from the bulk prices and then breaking bulk to sell on in smaller quantities.
The most visible and profound impact of the Johannesburg fresh produce market is in its role as the primary source of stock for the vast informal retail sector. Thousands of the over 10,000 registered buyers stream through its halls every day, the vast majority being informal traders – street vendors, hawkers and small-scale retailers who form the backbone of fresh produce access in low-income neighbourhoods.
These traders rely on the market’s competitive wholesale prices. They buy in bulk from the main market hubs or in smaller quantities from the traders who break bulk at the Unity and Tshiamo markets.
In turn, they sell to the people of Johannesburg and wider Gauteng Province.
Benefits and challenges
The regulated agent system, while imperfect, ensures that farmers receive payment within five days and provides a competitive marketplace.
The National Fresh Produce Markets uphold a level of competition and choice. Without them, all farmers, large and small, would be in a weaker negotiating position when selling into supermarket supply chains.
As the Competition Commission South Africa concluded in a 2025 report, selling to independent retailers through the National Fresh Produce Markets helps to counter the downward pressure on farm gate prices exerted by powerful buyers.
But there are challenges. Despite their proven value, the future of markets like the Johannesburg fresh produce market is under threat from a confluence of challenges:
loss of market share: large supermarket chains are increasingly buying directly from farmers through their own supply chains
decaying infrastructure: market agents and traders report issues with overcrowded, poorly insulated halls and unreliable cold storage made worse by electricity cuts. These problems increase operational costs and risk spoilage, threatening the market’s competitiveness.
Other challenges include the dominance of white, male market agents and the entrenched, ethnically based networks that facilitate trade. These present a barrier to more equitable participation. Lastly, unstable municipal politics is also affecting the market.
Protecting the municipal markets
We suggest three ways to protect markets such as the Johannesburg fresh produce market.
First, modernise infrastructure, particularly cold storage, to reduce food waste and maintain the quality of perishable goods. The city may have to increase capital expenditure. Revenues generated by the market should be ring-fenced for reinvestment in its infrastructure and services.
Second, insulate market management from municipal politics. Operational efficiency and long-term planning are essential for stability.
Finally, foster inclusivity and transformation without disrupting the social networks that underpin the market’s functioning. This could include facilitating more interaction between all farmers and agents, and supporting groups like the women’s trader collectives, which share information and buy in bulk.
Makhanana Malungane, an economic researcher at the Gauteng Department of Economic Development, contributed to this article.
Marc Wegerif receives funding from the DSTI-NRF Centre of Excellence in Food Security. They funded the research that informs this article.
Marc Wegerif is a Principal Investigator on the DSTI-NRF Centre of Excellence in Food Security
Source: The Conversation – Africa (2) – By Craig Morris, Senior Researcher, Agricultural Research Council – Animal Production, University of KwaZulu-Natal
For 75 years, grasslands research conducted just outside Pietermaritzburg, South Africa has informed policy makers and farmers about sustainable management, while training generations of students.
Grasslands and savannas cover more than 60% of South Africa. They are vital not only for livestock and wildlife forage but also for providing key ecosystem services such as water regulation, carbon storage, biodiversity, cultural resources and recreation.
The Ukulinga Research Farm of the University of KwaZulu-Natal is a species-rich grassland with scattered trees. It hosts two long-term experiments that have provided crucial insights into how fire, grazing and soil nutrients shape ecosystems.
In 1950, Professor J.D. Scott, founder of the discipline of grassland science at the university, established two complex grassland experiments at Ukulinga: the Veld Burning and Mowing Trial and the Veld Fertilisation Trial. They are now internationally known as the Ukulinga Grassland Fire Experiment and the Ukulinga Grassland Nutrient Experiment. Initially designed to improve hay yield and forage quality, these experiments have run uninterrupted for 75 years. They have evolved into invaluable ecological laboratories.
They are respectively the longest-running fire experiment in the world and the longest-running nutrient addition experiment in Africa.
Scientific studies on these grassland experiments have spanned molecular, microbial, plant community, and ecosystem scales. They have covered fire effects, nutrient cycling, soil processes, biodiversity responses and remote sensing. Comparative and collaborative studies, often involving US and European teams, highlight the global relevance of these datasets. They connect local observations to international ones, revealing universal patterns while highlighting the unique characteristics of southern African grasslands.
I’m a grassland scientist who has been involved in this research. My colleagues and I looked back to assess the value of research done on the farm. We concluded that it has contributed to ecological theory, shaped local management practices, and supported a wide range of comparative studies, networking and education.
The core scientific value of these experiments lies in their duration and the consistent application of the same treatments over time. Decades of continuous treatments (like burning, or fertiliser) have generated data that reveals slow ecological processes, long-term interactions, and effects that short-term studies cannot detect.
The outdoor laboratories allow researchers to pursue new multidisciplinary investigations and examine interactions with emerging environmental pressures, including climate change.
Early grazing experiments
Valuable livestock grazing experiments were conducted in the 1950s and 1960s. One trial (1958-1974) examined three sheep grazing systems – continuous, rotational, and seasonal rest – at different stocking rates. Another 24-year study (1967-1991) tested nine combinations of rotational grazing periods to evaluate multi-paddock systems.
These early trials and several focused short-term studies provided insights into how grass species respond to grazing or mowing. The findings, many of them published in the African Journal of Range and Forage Science, revealed complex relationships between grazing intensity, plant resilience and grassland productivity. They continue to inform rangeland management today.
Over decades, excluding fire and mowing transformed some plots into dense, woody thickets, dramatically altering both plant composition and ecosystem function. Regularly burned or mown plots maintained productive, species-rich grasslands.
The nutrient experiment has shown that while nitrogen and phosphorus fertilisers can boost grassland productivity, they also alter the original grassland by promoting fast-growing grasses. Over time, added nutrients reduce plant diversity.
Together, the experiments demonstrate how natural disturbances versus artificial nutrient addition drive distinct ecological outcomes. They offer insights into the mechanisms that maintain grassland biodiversity and resilience.
Over the past 75 years, research output from the experiments has steadily grown, and has achieved a broad international reach. Fifty peer-reviewed papers have been produced and the top 10 cited papers from each experiment have collectively been cited in 458 journals by 1,172 principal authors from 78 countries outside South Africa.
The impact
The Ukulinga long-term grassland experiments have shaped sustainable management practices by providing empirical evidence for optimal burning frequencies and seasons in mesic (moderately wet) grasslands. They have highlighted the ecological risks of nutrient enrichment from industrial pollutants, showing how added nutrients can alter grassland composition and reduce diversity.
Beyond research, the experiments have had a profound educational and outreach impact, training generations of students and engaging visitors who carry these insights into policy, conservation and grassland management across South Africa.
Ukulinga now also hosts global-network experiments such as the Nutrient Network (NutNet), Drought Network (DroughtNet), and Disturbance and Recovery Across Global Grasslands Network (DragNet), linking local observations to international studies. Through these collaborations, researchers can compare Ukulinga’s results with similar experiments worldwide.
What next
Preserving these long-term studies is critical for understanding slow ecological responses, succession, and tipping points that only emerge over decades.
Ukulinga (isiZulu for “to test”) provides a platform for addressing pressing questions in grassland science. To safeguard its unique scientific value, the long-term burning, mowing and nutrient addition experiments should be maintained without alteration. Continued support and broader collaboration are essential to fully realise their potential for monitoring long-term ecological responses, testing new hypotheses, and guiding sustainable grassland management.
Craig Morris does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
