‘Candidozyma auris’, el peligroso patógeno que surgió del cambio climático

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Guillermo Quindós-Andrés, Catedrático de Microbiología Médica, Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina y Enfermería (UPV/EHU) & Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Microfotografía de _Candidozyma auris_. CDC / Stephanie Rossow

Hace relativamente poco que sabemos de su existencia: Candidozyma auris –sinónimo de Candida auris– fue descrito por primera vez en 2009 en Japón, en una paciente que padecía una otitis externa (su apellido “auris” significa “del oído”). Pero rápidamente se ha convertido en una amenaza global para la salud pública.

El principal motivo de preocupación es que este hongo microscópico resiste a los antifúngicos empleados habitualmente en el tratamiento de las candidiasis: fluconazol, anfotericina B y, en menor medida, las equinocandinas. A esto debemos añadir que es un hongo termotolerante, resistente a la desecación y persistente en la piel humana y en los ambientes hospitalarios, lo que permite su contagio por contacto entre personas.

Cabe recordar aquí también que las micosis, infecciones por hongos microscópicos, causan cada año la muerte de más de 1,5 millones de personas, una mortalidad superior a la causada por la tuberculosis o la malaria. Además, las micosis resistentes a los tratamientos son cada más frecuentes. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2022 una lista de hongos de interés prioritario que requieren más atención y recursos para su diagnóstico y tratamiento.

Así actúa Candidozyma auris

En contraste con otras especies de Candida que forman parte de la microbiota intestinal, Candidozyma auris coloniza la piel. Las personas afectadas eliminan grandes cantidades de hongos, contaminando la ropa, el suelo y los instrumentos médicos (fómites). En estos lugares, el hongo resiste al estrés ambiental y puede persistir semanas. Para conseguir su erradicación se requiere una limpieza intensiva con productos clorados, luz ultravioleta o vapor de peróxido de hidrógeno y una estricta higiene de manos.

En general, las micosis superficiales (pie de atleta, tiña o candidiasis vaginal) son muy frecuentes, pero no implican riesgos importantes. Y aunque la mayoría de las personas colonizadas por Candidozyma auris tampoco desarrollan una enfermedad, algunas sí pueden sufrir candidiasis graves: la mortalidad es superior al 30 % en personas con inmunodeficiencia cuando penetra en heridas quirúrgicas o en la sangre a través de dispositivos intravenosos. Puede afectar a órganos internos, como corazón (endocarditis y miocarditis), huesos (osteomielitis) o cerebro (meningitis).




Leer más:
Los supermicrobios amenazan con ser más letales que el cáncer


Los brotes infecciosos resultan más frecuentes en UCI, unidades de reanimación y residencias geriátricas, donde los pacientes son más vulnerables.

El diagnóstico es complejo porque las técnicas convencionales no son suficientes y se requieren técnicas moleculares que no están disponibles en todos los laboratorios. Además, el tratamiento es difícil por la resistencia de muchos de los aislamientos clínicos de Candidozyma auris, lo que obliga, en ocasiones, a combinar fármacos durante semanas para conseguir la curación.

Una rápida expansión en Europa

En Europa, según el último informe publicado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) (11 de septiembre de 2025), la propagación de Candidozyma auris mantiene un ritmo acelerado y representa una amenaza para las personas ingresadas en hospitales. Hasta 2023, se han declarado 4 012 candidiasis y colonizaciones de piel y mucosas en la Unión Europea, con una mayor incidencia en España (1 807 infecciones), Grecia (852) e Italia (712). Solo en 2023 hubo 1 346 casos en 18 países.

Han tenido lugar brotes muy recientes en Chipre, Francia y Alemania, y se ha alcanzado el nivel de endemia en regiones de España, Grecia, Italia y Rumanía en menos de siete años.

La punta del iceberg

El informe detecta lagunas importantes en los sistemas de vigilancia epidemiológica y en las directrices para la prevención y el control de las infecciones. Aunque la mayoría de los países cuentan con laboratorios de referencia en micología, solo 17 tienen un sistema nacional de vigilancia y 15 disponen de esas directrices.

Cabe suponer, entonces, que las cifras citadas serían solo la punta del iceberg, ya que se desconoce la frecuencia de la enfermedad fuera de los hospitales. Así mismo, con el aumento del número de infecciones y su distribución geográfica, el control de la epidemia se complica y el riesgo de propagación crece.

España fue el primer país de Europa en notificar un brote de infección hospitalaria por Candidozyma auris. Ocurrió en 2016 en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y todavía persiste. Según Javier Pemán, microbiólogo médico de este hospital, “las infecciones siguen concentrándose en los mismos servicios y hospitales, pero hay una mayor concienciación de médicos y pacientes, se han establecimiento protocolos específicos de vigilancia y se aplican de forma más temprana medidas de control”.

Origen de Candidozyma auris
Posible origen de Candidozyma auris y retos médicos asociados con este hongo.
Elena González-Miranda

Al calor del cambio climático

La aparición simultánea de diferentes linajes de Candidozyma auris ha reforzado la hipótesis de su origen ambiental. El aumento de la temperatura global asociado al cambio climático habría favorecido a este hongo, resistente a los ciclos de humedad y desecación, y permitido su posterior adaptación al entorno humano.

En cuanto a su origen, es probable que Candidozyma auris haya saltado desde las marismas al ambiente rural y de aquí al entorno urbano, gracias a la participación de hospedadores-transmisores como aves migratorias, pequeños mamíferos y personas. El aislamiento del hongo en muestras de marismas, playas, piscinas, polvo atmosférico, perros y anfibios refuerza esta hipótesis.

Es su adaptación al aumento de temperatura lo que le habría permitido superar nuestra barrera de endotermia (zona de exclusión térmica): muchos hongos no sobreviven en los mamíferos por su elevada temperatura corporal. La alteración de los nichos ecológicos por la agricultura, el uso de pesticidas o la urbanización habría facilitado este paso.




Leer más:
El 58 % de las enfermedades infecciosas humanas puede empeorar con el cambio climático


Por lo demás, los estudios de secuenciación genómica completa (WGS) han identificado seis linajes o clados de Candidozyma auris, geográfica y genéticamente distintos, con variable virulencia y resistencia a los antifúngicos. Sin embargo, hay candidiasis causadas por cualquiera de los linajes en todo el mundo debido al aumento de los desplazamientos de las personas.

Linajes de Candidozyma auris
Características de los linajes de Candidozyma auris.
Guillermo Quindós-Andrés

Actualmente, el reto más importante al que nos enfrentamos es entender mejor la biología de Candidozyma auris para poder desarrollar formas más eficaces de prevención de su diseminación, métodos más rápidos de diagnóstico y nuevos fármacos y vacunas más efectivos.

The Conversation

Guillermo Quindós-Andrés no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. ‘Candidozyma auris’, el peligroso patógeno que surgió del cambio climático – https://theconversation.com/candidozyma-auris-el-peligroso-patogeno-que-surgio-del-cambio-climatico-265449

Fragilidad y discapacidad en la vejez: dos caras de la misma moneda

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Jaime Barrio Cortes, Médico de familia e investigador senior en Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria en Atención Primaria (FIIBAP). Director del Máster en Salud Escolar y docente en Facultad de Salud, Universidad Camilo José Cela

PeopleImages.com – Yuri A/Shutterstock

El mundo está envejeciendo a un ritmo sin precedentes. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2030 una de cada seis personas tendrá más de 60 años, y en 2050 este grupo alcanzará los 2 100 millones.

Llegar a edades más avanzadas es un logro de la sociedad moderna, pero no siempre va acompañado de buena salud. Se calcula que entre el 10 % y el 50 % de los mayores de 65 años presentan fragilidad, especialmente a partir de los 80, mientras que la discapacidad afecta a 1 300 millones de personas en todo el mundo (es decir, al 16 % de la población). Mantener la autonomía y la calidad de vida de los mayores es, por tanto, una prioridad de salud pública global.

Aunque vivimos más años que nunca, no siempre lo hacemos con la salud que desearíamos. La fragilidad es habitual y silenciosa: pasa desapercibida hasta que se producen caídas, hospitalizaciones o pérdida de independencia. Sin embargo, lejos de ser un destino inevitable, puede detectarse a tiempo y, con intervenciones sencillas, prevenirse o incluso revertirse.

Qué significa ser “frágil”

La fragilidad es un síndrome multidimensional que no equivale simplemente a envejecer. Muchas personas de 80 o 90 años mantienen plena independencia, mientras que otras experimentan pérdida de fuerza y energía en edades más tempranas. Entonces, el organismo dispone de menos reservas fisiológicas y responde con mayor dificultad a situaciones de estrés como una infección, una caída o una cirugía.

Los signos más característicos son la debilidad muscular, la fatiga persistente, la lentitud al caminar y la pérdida de peso no intencionada. Una persona frágil todavía puede realizar sus actividades diarias, pero lo hace con menor eficacia y mayor riesgo de complicaciones. Sin un abordaje temprano, esta vulnerabilidad puede progresar hacia la discapacidad, es decir, la dificultad para vestirse, bañarse, cocinar o moverse de forma autónoma.

Cómo se relacionan la fragilidad y la discapacidad

Aunque estrechamente ligadas, la fragilidad y la discapacidad no suponen lo mismo. La primera se puede revertir, mientras que la segunda tiende a ser más estable e irreversible. Sin embargo, ambas condiciones suelen coexistir y se retroalimentan: la fragilidad aumenta el riesgo de discapacidad, y la discapacidad acelera el deterioro físico y psicológico.

Además, tanto una como otra no solo afectan a la salud individual, sino también al entorno familiar y social. Cuando una persona mayor desarrolla fragilidad o discapacidad, aumenta la carga de cuidados que deben asumir sus allegados y el sistema sociosanitario, con consecuencias emocionales, económicas y laborales.

Cómo detectar la fragilidad a tiempo

El gran reto es que la fragilidad no siempre resulta evidente. Por eso los expertos recomiendan realizar cribados periódicos a partir de los 70 años en consultas de atención primaria. Existen pruebas sencillas como medir la fuerza de agarre con la mano o la velocidad al caminar unos metros y realizar cuestionarios breves que ayudan a identificar a las personas en riesgo.




Leer más:
¿Cuánto puede aguantar sobre una pierna? El sencillo test que evalúa nuestro envejecimiento neuromuscular


Reconocer este estado de forma precoz es crucial, ya que en ese momento las intervenciones tienen mayor impacto. Además, la educación sanitaria juega un papel fundamental: si la población y las familias saben reconocer signos como la fatiga crónica, la reducción de actividad o la pérdida de peso, será más fácil pedir ayuda a tiempo.

Estrategias de prevención

La buena noticia es que la fragilidad no es inevitable. Numerosos estudios muestran que adoptar ciertos hábitos puede retrasar o incluso prevenir su aparición.

  • Actividad física regular: el ejercicio es la intervención más efectiva. Programas que combinan fuerza, resistencia, equilibrio y flexibilidad –como caminar, hacer ejercicios con bandas elásticas y practicar yoga o taichí– reducen el riesgo de caídas, mejoran la movilidad y refuerzan la masa muscular. Es importante que sea adaptado a las capacidades de cada persona y que resulte agradable y sostenible en el tiempo.

  • Nutrición adecuada: una alimentación equilibrada, con suficiente proteína diaria (carne, pescado, legumbres, lácteos), es clave para preservar músculo y energía. También son fundamentales la vitamina D, el calcio y la vitamina B12, nutrientes que suelen escasear en mayores y que influyen en huesos, músculos y sistema nervioso. Mantener una buena hidratación resulta igualmente esencial.

  • Cuidado de la mente y el ánimo: el deterioro cognitivo y la depresión a menudo se asocian a la fragilidad. Participar en actividades intelectuales (leer, aprender cosas nuevas, resolver juegos), mantener vínculos sociales y pedir apoyo psicológico cuando es necesario ayuda a conservar la motivación y la autoestima.

  • Redes sociales y comunitarias: el aislamiento es un gran enemigo del envejecimiento saludable. Contar con amistades, familia, asociaciones o centros comunitarios no solo aporta compañía, sino que también favorece la adherencia a rutinas saludables y proporciona ayuda en momentos de necesidad.

  • Revisiones médicas y manejo de la medicación: controlar enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca evita complicaciones que precipitan la fragilidad. Además, la polimedicación (tomar muchos fármacos a la vez) puede aumentar riesgos como mareos o caídas; por eso es recomendable revisar periódicamente los tratamientos con un profesional de salud.

Una mirada social y colectiva

La prevención de la fragilidad no depende solo de las decisiones individuales. También influyen el entorno y las políticas públicas. Ciudades amigables con las personas mayores, con calles accesibles, transporte adaptado, espacios verdes y servicios comunitarios, favorecen un envejecimiento activo y seguro.

Además, invertir en programas comunitarios de ejercicio, nutrición y apoyo a cuidadores reduce la carga sobre hospitales y residencias, a la vez que mejora la calidad de vida de las personas mayores.

La fragilidad y la discapacidad no deben asumirse como un destino inevitable de la vejez. Detectar la fragilidad temprano y actuar con medidas sencillas –ejercicio, buena alimentación, vínculos sociales y revisiones médicas– permite conservar la independencia y retrasar el deterioro.

En definitiva, se trata de cambiar la mirada sobre el envejecimiento: en lugar de esperar a que aparezcan las complicaciones, adoptar un enfoque preventivo y activo que favorezca una vejez más saludable, autónoma y plena.

The Conversation

Jaime Barrio Cortes no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Fragilidad y discapacidad en la vejez: dos caras de la misma moneda – https://theconversation.com/fragilidad-y-discapacidad-en-la-vejez-dos-caras-de-la-misma-moneda-264426

Jimmy Kimmel no es primer cómico censurado en Estados Unidos

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Doina Repede, Profesora de Lengua española, Universidad de Granada

Jimmy Kimmel con el actor Billy Crystal en un programa de _Jimmy Kimmel Live!_ de 2024. Jimmy Kimmel Live!

A lo largo de la historia, la comedia ha sido una de las mejores formas de cuestionar el poder y burlarse de él. Ya en la antigua Grecia, dramaturgos como Aristófanes se reían de los líderes y mostraban sus abusos. En la Edad Media, los bufones podían decirle al rey lo que nadie más se atrevía.

También hoy en día los cómicos ridiculizan el poder, señalan sus errores y los critican. Por eso, la risa, muchas veces, más que entretenimiento, funciona como una herramienta para mantener la democracia viva y la sociedad alerta.

De la crítica y sátira política a la censura

Caricatura en la que el rey Jorge III recibe un puñetazo en la nariz del presidente estadounidense James Madison durante la Guerra de 1812.
En esta caricatura de William Charles, el rey Jorge III recibe un puñetazo en la nariz del presidente estadounidense James Madison durante la Guerra de 1812.
Librería del Congreso de los Estados Unidos.

Por ejemplo, en Estados Unidos, la crítica y la sátira política tienen una historia larga. En el siglo XVIII, los colonos ya se burlaban del gobierno británico con caricaturas y escritos. Benjamin Franklin usaba la sátira para cuestionar a los británicos durante la independencia. En el siglo XIX, escritores como Mark Twain recurrían a ella y a la ironía para criticar la esclavitud y el racismo presente en el país.

En los siglos XX y XXI la tradición no se detuvo. La sátira encontró en los presidentes su blanco favorito. Así, hubo risas a costa de Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y… Donald Trump.

Pero cuando uno ya no se siente libre para opinar, criticar, reírse del poder, la democracia empieza a tambalearse. Y no hay señal más peligrosa para una democracia que cuando el poder intenta callar a quienes lo cuestionan, ya sea con amenazas, persecuciones o censura.

La situación actual

Es el caso reciente de Jimmy Kimmel y su programa Jimmy Kimmel Live! (ABC), que se canceló de forma repentina poco después de un comentario que aludía al movimiento MAGA (siglas de Make America Great Again), tras el asesinato de Charlie Kirk.

La Casa Blanca negó haber ejercido presiones, pero lo cierto es que Donald Trump celebró públicamente la cancelación. Además, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) nombrado por Trump, llegó a pedir directamente que se despidiera a Kimmel, asegurando que había que tomar medidas “por las buenas o por las malas”. Y la petición –o, mejor dicho, la amenaza– se cumplió.

Nueve días después, tras días de titulares y un fuerte respaldo por parte de la población, el programa volvió a emitirse en Estados Unidos. Kimmel regresó con un monólogo cargado de emoción, ironías y un contundente desafio: “No hay nada más antiestadounidense que cancelar a un cómico”. El desafío no gustó, evidentemente.

El monólogo de regreso de Jimmy Kimmel duró más de lo normal y aprovechó para tratar el tema de su cancelación y la libertad de expresión.

El presentador Stephen Colbert sí que parece que tendrá ese destino, ya que CBS no renovará su late night en 2026. La emisora afirma que el motivo es económico, pero se sospecha que la cancelación tiene que ver con las críticas que el presentador hizo a un acuerdo al que la cadena llegó con Trump. Parece que para el poder no existe la regla más sabia de todas las reglas: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti.

Lo ocurrido con Kimmel y Colbert no es un caso aislado en Estados Unidos. En el pasado, otros cómicos corrieron –con mayor o menor fortuna– la misma suerte por atreverse a ridiculizar el poder.

El humor como contrapoder

Mort Sahl (1927-2021) fue uno de los primeros comediantes en Estados Unidos en usar la comedia para hablar de política y actualidad. Su estilo era directo, irónico y muy cercano al público. Subía al escenario con notas en la mano y comentaba noticias y decisiones de los líderes con humor y crítica. Su éxito empezó a decaer tras el asesinato de John F. Kennedy en 1963. Su interés por los detalles del caso, su cuestionamiento de la versión oficial y su humor más oscuro hicieron que las cadenas de televisión se distanciaran de él y muchos de sus shows fueran cancelados. Aunque no fue prohibido oficialmente, su carrera en la televisión se vio afectada.

Durante los años 50, Lenny Bruce, uno de los comediantes más importantes de Estados Unidos, también fue vetado en televisión. Su humor no era solo para hacer reír: era para abrir los ojos. Hablaba de todo lo que la sociedad de aquel entonces prefería callar: política, religión, racismo, sexualidad… y lo hacía sin tapujos. No le importaba incomodar. Su objetivo era cuestionar las normas y mostrar las contradicciones de la sociedad. Y por su humor “obsceno” fue arrestado y juzgado varias veces.

Por su parte, Dick Gregory cambió por completo la forma de hacer humor afroamericano. Tenía un estilo sofisticado, satírico y evitaba los estereotipos y los chistes manidos. Fue el primer afroamericano en aparecer como invitado en el Tonight Show de la NBC, un logro histórico para la época. Pero a medida que su activismo político crecía, su presencia en televisión comenzó a disminuir. A finales de los años 60 muchas cadenas y programas evitaban invitarlo, mostrando cómo el humor podía incomodar.

De los Smothers Brothers a Howard Stern

Artículo en el que se anuncia la cancelación del programa de los Smothers Brothers.
Artículo en el que se anuncia la cancelación del programa de los Smothers Brothers.
The Calgary Herald, 3 de abril de 1969.

Quizás uno de los actos de censura política hacia cómicos más claros en una democracia fue el que sufrieron los hermanos Smothers. Tom y Dick Smothers tenían su show de comedia y variedades, The Smothers Brothers Comedy Hour, en la CBS. El programa era un éxito en horario de máxima audiencia, combinando música, comedia y activismo político.
Pero CBS empezó a recortar partes “molestas” del programa para ajustarse a los censores de la cadena, hasta que canceló el programa repentinamente en 1969. Bromas sobre Lyndon B. Johnson y Richard Nixon, críticas a la guerra de Vietnam e invitados molestos hicieron que las presiones políticas y el miedo a perder dinero de los anunciantes terminaran con el programa prematuramente.

Los Smothers Brothers demandaron y ganaron el juicio a CBS, pero el daño ya estaba hecho.

A Kathy Griffin su humor irónico y a veces ofensivo le causó serios problemas. En 2017 posó con una cabeza ensangrentada del presidente Donald Trump. La broma fue considerada de muy mal gusto. Perdió su trabajo en CNN, varios de sus shows fueron cancelados e incluso fue investigada e interrogada por el Servicio Secreto.

La censura llegó también a la radio. Howard Stern, una de las figuras más icónicas de las ondas en Estados Unidos, era famoso por su estilo provocador. Su forma directa y a veces escandalosa de hablar le generó tanto críticas como un público fiel, convirtiéndolo en un referente de lo denominado “shock jock”, es decir, la utilización de bromas o melodramatismos exagerados para entretener a la audiencia –aunque alienando a una parte de ella–. A lo largo de su carrera, Stern se enfrentó a la censura y las multas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), lo que le convirtió en un símbolo de los debates sobre libertad de expresión en los medios.

A la vista está que la risa puede incomodar, ofender o irritar, pero mantiene viva la democracia. Y cuando se intenta silenciarla, lo que se apaga no es solo una broma, es la posibilidad misma de cuestionar el poder.

The Conversation

Doina Repede no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Jimmy Kimmel no es primer cómico censurado en Estados Unidos – https://theconversation.com/jimmy-kimmel-no-es-primer-comico-censurado-en-estados-unidos-265722

As mining returns to Cornwall, lithium ambitions tussle with local heritage

Source: The Conversation – UK – By Jamie Hinch, PhD Candidate in Geography and the Environment, University of Oxford

Two remnants of Cornwall’s mining heritage, Flatty and Pointy loom over the village of St Dennis. Jamie Hinch, CC BY-NC-ND

The woman’s eyes blazed as I scanned the feedback form she was showing me. “UN-BELIEVE-ABLE”, read her last word in the form’s final section. It was underlined. An incensed crescendo stabbed and dragged across the page. “Flatty and Pointy are part of us. How could they think about destroying them?” she said, shaking her head in disbelief.

She, like me, had received the form at Cornish Lithium’s recent community consultation. This consultation provided updated details of the mineral exploration company’s plans to reopen Trelavour Pit, a former China clay mine at the top of the Cornish village of St Dennis.

Once mined for kaolin, this time, a new “white gold” is being extracted. Lithium is a critical mineral for the green transition, with demand expected to triple over the next decade due to the increasing electrification of the energy system and the electric vehicles sector.

In west Cornwall, Cornish Lithium are pioneering the mining of lithium from geothermal waters. Pumped from deep in the granite below, the company plans to use a technique known as direct lithium extraction to extract the lithium dissolved in the water, while also capturing the heat for geothermal energy.

Meanwhile, in mid-Cornwall’s Clay Country, Cornish Lithium is proposing more conventional hard rock mining in an existing open pit. However, in revealing the size of the expanded Trelavour Pit, the consultation confirmed the fears of many people in St Dennis: “To enable the proposed development of the site and deliver the economic benefits for Cornwall, these sky tips will need to be removed.”

quarry pit, mound in background, blue sky
A remnant of historic mining known as Pointy, viewed from the inside of Trelavour pit, Cornwall.
Jamie Hinch, CC BY-NC-ND

Sky tips are the sandy waste mounds formed by the China clay industry. But they are heritage as much as waste. Part of the “Cornish Alps”, the sky tips affectionately known as “Flatty” and “Pointy” are emblems for St Dennis, having loomed above the village since the 19th century.

These sky tips have also loomed over my PhD research, which looks at how local communities are experiencing the UK’s new dawn of mining. As the woman’s reaction exemplifies, strong sentiments attached to Flatty and Pointy mean their future is at the core of local responses to the Trelavour Lithium Project. They had been a source of speculation and contention throughout the eight months I lived in St Dennis in 2024.

Outside of the village, critical minerals are the subject of long overdue excitement. As the UK government prepares to release its new critical minerals strategy, there’s renewed enthusiasm for domestic exploration projects for critical minerals such as lithium, tin and tungsten.

Domestic extraction is increasingly considered by western nations as essential for the security and sustainability of mineral supply chains. The return or reshoring of mining to the UK also promises jobs in regions experiencing the decline of employment opportunities through the loss of industry, including Cornwall’s clay country.

As Cornish Lithium highlights, 300 jobs will be created over the Trelavour Lithium Project’s 20-year operation, plus 800 during the construction phase.

Job creation is appreciated in St Dennis, as is Cornish Lithium’s community fund which provides financial support for the vibrant community groups and initiatives in the area. While I lived in the village, locals often lamented the decline of the clay industry, once the primary employer and centre of the community.

This is one of Cornwall’s most deprived areas. Among some, I found a tempered optimism that lithium could rejuvenate the village.

Yet, it is Flatty and Pointy tempering this optimism. While the Clay Country has long been a shifting landscape of pits and tips, blasting and collapsing hills, and villages coming and going, Flatty and Pointy have seemingly transcended this dynamism. In St Dennis residents’ living memory, they have always been there.

mound of land in background, houses and street in cornish village
The sky tip ‘Flatty’, visible from St Dennis, Cornwall.
Jamie Hinch, CC BY-NC-ND

For some, the sky tips are dangerous, unsolicited waste. For others, they are gatekeepers to a valuable lithium resource. But in St Dennis, Flatty and Pointy represent unprotected heritage, iconic monuments, access to nature, and a wild, unruly playground. They may not be natural, but they’ve become naturalised within this clayscape as a much-loved landmark.

Yet, not removing the sky tips would present an “ongoing safety risk and make the project unviable”, Cornish Lithium explain. This justification makes sense.

But so too does the injustice felt by many in this village where “all the shit gets dumped in St Dennis” is an oft-repeated, ironic slogan. Lithium mining certainly presents opportunities, but with the loss of Flatty and Pointy, locals worry that it might contribute to this area’s demise too.

The hype for reshoring critical minerals extraction cannot wash over it’s very real consequences for local communities and landscapes. These need not be negative by default. If the mourning period for Flatty and Pointy can be sensitively navigated, a new, more sustainable, mining industry can be reinvigorated in tandem with local communities.


Don’t have time to read about climate change as much as you’d like?

Get a weekly roundup in your inbox instead. Every Wednesday, The Conversation’s environment editor writes Imagine, a short email that goes a little deeper into just one climate issue. Join the 45,000+ readers who’ve subscribed so far.


The Conversation

Jamie Hinch receives funding from the Economic and Social Research Council’s Grand Union Doctoral Training Partnership.

ref. As mining returns to Cornwall, lithium ambitions tussle with local heritage – https://theconversation.com/as-mining-returns-to-cornwall-lithium-ambitions-tussle-with-local-heritage-260525

A new exhibition explores John le Carré’s writing process and what it says about his political conscience

Source: The Conversation – UK – By Jessica Douthwaite, Historian and curator, University of Oxford

To what do we owe our conscience? John le Carré once stated that all his fictional characters were, one way or another, navigating a world where duty to self is not necessarily duty to society.

A new exhibition at the Bodleian Library in Oxford explores John le Carré’s conscience – his personal, political and professional visions. Taking a global angle, the exhibition draws on an abundance of archival material bequeathed to the Bodleian Library special collections and made available to researchers, of whom I am one of the first.

The exhibition, which I curated with Professor of Criminology Federico Varese, takes le Carré’s methodology as a starting point, exploring how he built fictions from real events, people and places. Of the nine novels chosen for this exhibition, each sits within a broader global context and each – whether implicitly or explicitly – pursues a political or social debate.




Read more:
John Le Carré: authentic spy fiction that wrote the wrongs of post-war British intelligence


Reading le Carré towards the end of his career it’s hard to believe that he was once viewed as a mouthpiece of the British establishment: the upper class, Oxbridge-educated, writerly former spy. And yet, many fondly remember him in nostalgic sepia tones that hark back to an era of plummy post-war accents, tweed suits and quintessentially British (poorly-executed) spy manoeuvres.

However, as he aged, he was increasingly criticised for being too leftwing and outspoken. This was especially the case with Donald Trump’s first presidency and the Brexit referendum.

Le Carré’s privileged position as one of the UK’s best-known, most profitable spy authors made him a ripe target for criticism. Also, with increased publicising of his real past as a spy, working for both MI5 and MI6, came accusations of hypocrisy.

Despite his misdemeanours, le Carré has always questioned how global systems and structures facilitate immorality, profit the richest, exploit the poorest, promote self-interest, and destroy the liberties that are supposed to constitute a “free” society.

This exhibition showcases items and ephemera that have never been on public display. Visitors can see doodles and notes that reveal the inception of his characters and plots, and last minute amendments that chime with the designs of his book covers. Through photography, field notes, handwritten drafts, correspondence, sketches and illustrations it charts le Carré’s life and times through his practices.

Many have speculated on how his own experiences of betrayal, deceit and secrecy fuelled the imagined worlds of his novels. Yet, beyond those interpretations, while curating this exhibition, I realised that le Carré’s method embodied the political points he wanted to make. His worldview is borne out in the idiosyncrasies of his factual research, acute observations, obsession with accuracy, compulsion to travel and interest in the humans behind the news events.




Read more:
John le Carré’s archivist: papers reveal a painstaking literary craftsman


Le Carré embraced ambiguity: tension caused by ideological, political and romantic conflict was at the heart of the interactions between his characters. This blurring of moral lines was produced in part from the research that he did with expert collaborators. These experts were people who may not have agreed with each other, but through whom le Carré chose to accumulate and amalgamate knowledge in the lead up to drafting his novels.

His network comprised diverse informants, from corporate whistleblowers to humanitarian aid workers. Such breadth of intelligence, gave le Carré an unrivalled insight into the contentions and discord produced by topics like healthcare in the or war developing countries in Africa, Asia and Latin America.

Weaving real life events with fantasy, le Carré gave equal weight to academic expertise and ordinary experience. Such an approach suggests that to an extent the realities of everyday life mattered more than theory.

His emphasis on interviewing people who knew more than him allowed their stories to reach a much larger audience. He made field trips to experience events and cultures himself. Travel was an exercise in humility, exposing gaps in his knowledge. The act of sharing his work with people for their thoughts and criticism was similarly humbling. Le Carré was glad to be told a description was wrong, a detail inaccurate or a dialogue phoney. He strove for credibility because it underscored the realities of his themes.

The integrity of le Carré’s writing approach was always consistent with his eye for immorality, injustice and lawlessness. Does it matter, then, that with age le Carré became progressively more passionate about the issues he deemed most threatening to global stability: health inequalities, financial transparency, or ethical resource mining, for example?




Read more:
John le Carré, MI6 and the fact and fiction of British secret intelligence


In 2003, le Carré marched with thousands of protestors against the British government’s decision to support the invasion of Iraq and wrote a polemical article in The Times decrying a new era of paranoid American warfare. For some time after the invasion of Afghanistan in 2004, le Carré even refused to visit the United States.

In a memo written around the same time, le Carré jotted down his thoughts on the purpose of a “political novel”, conversely, he wrote, a “non-political novel accepts the status quo”. Though he was thinking specifically of the contemporary moment of America’s foreign affairs, the status quo has always been under attack in his novels; so, in a sense they have all been political.

John le Carré: Tradecraft is open at The Bodleian Library in Oxford from October 1 2025 to April 6 2026


Looking for something good? Cut through the noise with a carefully curated selection of the latest releases, live events and exhibitions, straight to your inbox every fortnight, on Fridays. Sign up here.


The Conversation

Jessica Douthwaite received funding from the AHRC from 2014-2017 and 2021-2024.

ref. A new exhibition explores John le Carré’s writing process and what it says about his political conscience – https://theconversation.com/a-new-exhibition-explores-john-le-carres-writing-process-and-what-it-says-about-his-political-conscience-264927

Calm in a can? Here’s what the evidence says about the chill-out drink craze

Source: The Conversation – UK – By Dipa Kamdar, Senior Lecturer in Pharmacy Practice, Kingston University

Studio Romantic/Shutterstock

In a world that rarely slows down, a new wave of “functional beverages” is promising to help us do exactly that. So-called “chill-out drinks”, marketed as natural stress relievers, are appearing in supermarkets and online stores as a calming alternative to caffeinated energy drinks or alcohol. But do they work and are they safe?

These drinks typically combine herbal extracts, amino acids and adaptogens – compounds believed to help the body cope with stress. Popular ingredients include L-theanine, a naturally occurring amino acid in green tea, ashwagandha, lion’s mane mushroom and CBD (cannabidiol). Each has a different scientific story.

L-theanine has been shown to promote relaxation and reduce stress without causing drowsiness. Research suggests it influences brain chemicals such as serotonin and dopamine while lowering cortisol, the body’s primary stress hormone, creating a sense of calm that doesn’t blunt alertness.

Magnesium, a mineral essential for healthy heart and brain function, has also been linked to better sleep and reduced insomnia. Studies indicate that it supports melatonin production and binds to Gaba receptors, which help quiet nerve activity and promote relaxation. Low magnesium levels have been associated with a higher risk of depression, and several trials hint that supplementation may ease depressive symptoms, though more research is needed.

Ashwagandha, a traditional ayurvedic herb, has been shown in clinical trials to lower cortisol and reduce anxiety, though long-term safety data remain limited. The amounts used in those studies are also higher than the doses typically found in ready-to-drink products.

Lion’s mane, a mushroom native to east Asia, has demonstrated stress-reducing effects in small clinical studies, but the evidence base is still relatively slim.

Another popular ingredient, CBD, the non-psychoactive compound derived from cannabis, has shown early promise in reducing anxiety and stress scores compared with placebo, although large, high-quality trials are still lacking.

Part of the appeal of chill-out drinks is their branding. They present a natural, non-intoxicating way to unwind; designed for regular use without the crash of caffeine or the fog of alcohol. For young professionals or anyone seeking a midday mental reset, the idea of cracking open a can of calm can be tempting. And sometimes the ritual matters as much as the recipe: the very act of slowing down to enjoy a drink can create its own sense of pause.




Read more:
Why do smart people get hooked on wellness trends? Personality traits may play a role


Despite their wholesome image, these beverages are not risk-free. Herbal compounds can interact with prescription medicines or cause side-effects, especially when consumed in high doses or alongside other supplements.

Ashwagandha can interfere with thyroid medications and immunosuppressants. CBD may alter liver enzyme activity and interact with drugs such as antidepressants.

High intakes of magnesium can lead to diarrhoea and may clash with certain antibiotics or osteoporosis medicines. Lion’s mane appears to be well tolerated so far, but researchers still know little about its long-term effects.

Another concern is quality control. The functional beverage market is only lightly regulated, so the potency and purity of ingredients can vary considerably from brand to brand. That’s a particular worry for people who are pregnant, breastfeeding or managing chronic health conditions, and it underscores the importance of checking labels and seeking medical advice before making chill-out drinks part of a daily routine.




Read more:
Do wellness patches work? How to tell the good from the bad


A can of calm may offer a brief sense of relief, but these drinks are no substitute for professional mental health care. Chronic anxiety, depression or ongoing sleep problems require proper diagnosis and treatment. While chill-out drinks might help take the edge off a hectic day, they cannot address the underlying causes of stress.

These beverages tap into a broader wellness trend that reflects our collective desire to slow down and feel better. Their ingredients show some promise and, when used mindfully and in moderation, they may play a small part in managing everyday stress. Just don’t mistake them for a cure-all: a chilled drink can be a pleasant pause, but lasting calm still depends on the habits and support systems that lie beyond the can.

The Conversation

Dipa Kamdar does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Calm in a can? Here’s what the evidence says about the chill-out drink craze – https://theconversation.com/calm-in-a-can-heres-what-the-evidence-says-about-the-chill-out-drink-craze-263934

As the UK plans to introduce digital IDs, what can it learn from pioneer Estonia?

Source: The Conversation – UK – By Alex Hardy, Postdoctoral research associate, University of Liverpool

Prime Minister Sir Keir Starmer has announced that all UK citizens and legal residents are to have a mandatory digital ID to prove their right to live and work in the country.

Starmer and Liberal Democrat leader Sir Ed Davey have cited Estonia as an example of where digital IDs have proven successful. Davey noted that “times have changed” since the unsuccessful ID card plan under the Blair government.

He also enthused about the liberal Estonian government that had delivered digital IDs while maintaining liberal values. He has now chosen to row back on that position due to pressure from within his party.

The government has, driven by political necessity, led with claims about how the digital ID can minimise illegal working and misuse of public services as it seeks to build a consensus with the public for its plans.

Nevertheless, it needs to navigate concerns from both the political left and right. The Estonian case remains perhaps the leading example of digital ID in Europe, and is a particularly mature case, with more than two decades of success to highlight.

I have a long track record researching the politics of digitalisation, and spent several years living in Estonia. Drawing from that experience, there are various opportunities and pitfalls the UK government needs to be aware of.

Opportunities include enhanced public service delivery through efficiency. No more
arduous need to prove who you are with paper bills, driving licences and different
authentication processes for each service. In Estonia, a technology system, dubbed “X-Road”, allows all relevant organisations to securely interact with digital ID holders.

The UK could potentially emulate this model. It can minimise the grey economy (economic activities that are not taxed or monitored by the government). It can also prevent illegal work and tax avoidance, prevent false benefit claims and speed up interactions with the state.

Digital society

Estonia saves around 2% GDP annually thanks to the use of digital signatures to cut bureaucracy. “E-Estonia” (the Estonian term for their “digital society”) is closely associated with stimulating economic growth by empowering business creation.

Estonia has the highest per capita number of start-up unicorns – tech companies now valued at over US$1 billion (£743 million). Given the UK government’s focus on AI and the tech industry as a way to “turbocharge” the economy, there are plenty of reasons to be optimistic about the potential for digital IDs in Britain.

Amid widespread scepticism from the left and right, trust can be built through positive experience. If a service works, evidence from Estonia has suggested that it enhances public trust and can be expanded further.

A popular critique is that digital ID represents a security and privacy risk. Of course, any data can be potentially hacked or leaked. However, security and privacy is built into the system in the form of a decentralised data exchange, the X-Road, that provides timestamps and records of access.

This ensures only appropriate people have access to digital ID data and is designed to reassure the user. In Estonia, people can identify themselves in various ways, for example using a physical ID card inserted into a card reader or SmartID – another system for authenticating users online – using a mobile device.

There’s also plenty of evidence that shows this system works well. It can also be complimented by positive experiences once the system is actually working. General research on technological acceptance shows that users judge any given innovation on its perceived usefulness and attitudes toward it.

In Estonia, the public quickly adapted to services that made a demonstrable positive impact. However, Estonia proved that it could work with and adapt the technology at pace.

The UK government has promised to roll out the scheme by the “end of parliament”, which contrasts with Estonia passing a bill in the Riigikogu – Estonia’s unicameral parliament – in 2000, having a working pilot in 2001 and progressing to national deployment on December 17 2001. Ensuring that development does not run over time and budget could enhance trust, perhaps by adapting existing technology.

Transparency vital

Beyond usefulness, transparency is vital. Transparency in how the digital ID will
work, who will be able to access data and accountability for misuse must be carefully considered, communicated and rules rigorously enforced.

Estonia has established strong legislation to this effect and punished those who have broken these laws. It has also been transparent in events of failure. Ultimately, the devil will be in the detail and the success of Britain’s digital ID may be determined as much by politics as by the technology.

Nevertheless, key questions remain around authentication processes (to ensure people are who they say they are) and systems. Who will develop, implement and maintain the project? Crucially, how much will it cost and when will it be ready? The British state has a poor recent record of project delivery generally, including in the realm of major digital investment.

Public spending has frequently run over schedule and over budget. The NHS track and trace app, for example, was extremely costly, not widely used and marred by claims that it did not actually help prevent the spread of Covid-19.

Estonia is far from the only nation using digital ID, and much criticism in the UK relates to ID in general. Many functioning democracies across Europe and beyond
mandate ID in some form, often digitally. This will increase with the EU’s eIDAs (electronic identification, authentication and trust services) 2.0 regulation – which is designed to ensure secure cross-border monetary transactions, with a focus on electronic identification.

Yet in Estonia, users are not mandated to use it by law. In Estonia, you can throw your card in a drawer and not bother with any aspect of the digital state, if you like. Nor do you need to produce it on command.

The lesson from the Baltic nation is that a functional digital ID will not necessarily turn Britain into a police state. But if implemented quickly, efficiently and transparently, it could modernise the British state.

The Conversation

Alex Hardy does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. As the UK plans to introduce digital IDs, what can it learn from pioneer Estonia? – https://theconversation.com/as-the-uk-plans-to-introduce-digital-ids-what-can-it-learn-from-pioneer-estonia-266303

Where does the Arab and Muslim world stand on Trump’s Gaza peace plan? Expert Q&A

Source: The Conversation – UK – By Scott Lucas, Professor of International Politics, Clinton Institute, University College Dublin

The US president, Donald Trump, unveiled a 20-point proposal to end the war in Gaza on September 29. The plan proposes an immediate end to the fighting and the release of all Israeli hostages held by Hamas in exchange for hundreds of detained Gazans. It also includes the promise of humanitarian aid for Palestinians and reconstruction in Gaza.

Whether Israel and Hamas ultimately reach a deal remains to be seen. Trump’s proposal has been accepted by the Israeli prime minister, Benjamin Netanyahu, though it has been rejected by hard-right members of Israel’s governing coalition. Hamas is yet to respond.

More unanimous has been the response of leaders elsewhere in the Arab or Muslim world, who say they are ready to engage with the US to finalise and implement the agreement. We spoke to Scott Lucas, a Middle East expert at Dublin City University, about where these states fit into the peace plan.

Which Arab and Muslim countries support Trump’s peace plan?

Most Arab and Muslim countries are backing the 20-point sketch. Officials from these states reportedly met their US counterparts on the sidelines of the UN General Assembly in New York last week to discuss Trump’s framework to end the war.

The foreign ministers of eight states – Saudi Arabia, Jordan, the United Arab Emirates (UAE), Indonesia, Pakistan, Turkey, Qatar and Egypt – then welcomed Trump’s “sincere efforts” towards ending the war in a joint statement on September 29. They asserted their “confidence in his ability to find a path to peace”.

There are multiple reasons for their backing. Arab and Muslim leaders may just want the mass killing of Gaza’s civilians to stop. The Gaza Health Ministry says over 66,000 Palestinians have now been killed since the war began two years ago.

At the same time, they are concerned about regional security. Israel has launched strikes on Lebanon, Syria and Yemen in recent weeks. And it smashed Qatar’s sovereignty on September 9 with an airstrike in the capital, Doha, trying to assassinate Hamas negotiators.

These leaders are not fans of Hamas, with some of them perceiving the organisation as a threat to internal stability in their countries. Privately, they may welcome the degradation of the group. But publicly they have to express solidarity with the Palestinian people.

So, how can these countries curb Israel’s military operations? The approach cannot come directly from them. Even as Qatar was mediating peace talks, Netanyahu’s ministers were declaring that it was a supporter of “terrorism” because of its role in hosting Hamas political leadership. Israel had to be reached through its essential backer: Donald Trump.

Feeding ideas to Trump officials such as his envoy, the real estate developer Steve Witkoff, the Arab and Muslim countries could get some leverage against Netanyahu. And chasing lucrative economic, technological and AI deals with the US, they could play up Trump’s self-declared image of peacemaker.

What role have these states agreed to play as part of the plan?

Like the 20-point sketch, the role of Arab and Muslim states in delivering peace to Gaza is far vaguer than their motives. They would have input into the international “Board of Peace”, nominally headed by Trump, supervising the “temporary, transitional government of Palestinian technocrats”.

They would also be involved in the development of an “international stabilisation force”. The Trump proposal states that this force will train and provide support to vetted Palestinian police forces in Gaza, and will work to secure border areas. But it is unclear if Arab states will contribute security personnel.

There could be economic benefits for these countries from the reconstruction of Gaza with a long-term ceasefire and stability. But those possibilities are unclear in the interim. Trump’s sketch talked only about “the convening of experts with experience in constructing modern Middle East cities” to consider plans “attracting investments and creating jobs”.




Read more:
Trump’s 20-point plan for Gaza is deeply flawed but it may be the best offer Hamas can expect


Are these governments out of step with public sentiment in their countries?

Arab and Muslim governments have been manoeuvring between Israel, the US and Palestine for many years. They have also been walking a tightrope between external relationships and their publics.

Chide Israel too strongly and risk the loss of the “normalisation” project, with its economic and political benefits. Appear weak in the face of the Netanyahu government, and risk discontent and a loss of legitimacy with their constituents.

Those calculations have fed into the sketch. For the first time, there is a specific clause that Gazans should not be displaced for the development of Trump’s envisioned “Riviera of the Middle East” or for the vision of Netanyahu’s hard-right ministers of long-term Israeli occupation.

Arab and Muslim officials recently highlighted the danger of those Israeli ministers – and possibly Netanyahu – declaring annexation of the West Bank in response to the march of countries recognising a Palestinian state. The Trump administration responded by telling their Israeli allies that annexation was a red line which could not be crossed.




Read more:
The UK, France, Canada and Australia have recognised Palestine – what does that mean? Expert Q&A


Does the two-state solution remain a red line for the Arab states?

Historically, Arab States have not necessarily put a priority on a two-state resolution. It was the US that propelled the Oslo process, which was supposed to bring about Palestinian self-determination in the form of a Palestinian state, all the way to failure at the Camp David summit in 2000.

Then, in 2002, King Fahd of Saudi Arabia made a proposal for all Arab states to recognise Israel in exchange for its complete withdrawal from the occupied Palestinian territories. However, it was the US that again led publicly for an Israeli-Palestinian settlement until another failure in 2009 during the Obama administration.

There has also arguably been more emphasis in recent years among some Arab states on “normalisation” rather than the two-state solution. But Israel’s campaign in Gaza, combined with the Trump administration’s fervent backing of the Netanyahu government, may have altered this.

Arab states have to evaluate if they are going to ride the international wave towards an emphasis on recognition of Palestine as a state. Alongside France, Saudi Arabia led a forum in New York in September on a two-state outcome.

Trump wants more states to normalise relations with Israel, naming Syria, Lebanon and Saudi Arabia as candidates. How likely is this?

This one is easy. The Netanyahu government’s military approach towards Hamas, rather than an emphasis on political and economic measures to isolate the group, has put normalisation beyond the acceptable for Middle Eastern states.

As long as Israel is killing, starving, displacing and dehumanising Gaza’s civilians, the UAE and Bahrain will be cautious about their recognition of Israel in 2020. Any talk of expanding that recognition with other states – despite the bluster of Trump and Netanyahu – is a wish at best.

More likely, it is deceptive politics as Netanyahu banks on Hamas accepting the ultimatum – or having the pretext of a Hamas rejection for even more intense Israeli military operations in Gaza and an occupation for the foreseeable future.

The Conversation

Scott Lucas does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Where does the Arab and Muslim world stand on Trump’s Gaza peace plan? Expert Q&A – https://theconversation.com/where-does-the-arab-and-muslim-world-stand-on-trumps-gaza-peace-plan-expert-qanda-266393

Labour’s plan for migrants to ‘earn’ permanent residency turns belonging into an endless exam

Source: The Conversation – UK – By Nando Sigona, Professor of International Migration and Forced Displacement and Director of the Institute for Research into International Migration and Superdiversity, University of Birmingham

In her address to the Labour party conference, the new home secretary, Shabana Mahmood, confirmed plans to overhaul the rules for indefinite leave to remain (ILR). These include increasing the time someone must live in the UK to be eligible for ILR from five years to ten.

ILR is the immigration status that grants non-citizens the right to live and work in the UK without time restrictions. For many, it is the final step before naturalisation as a British citizen.

Mahmood said that the government will soon consult on changes to ILR eligibility: “I will be proposing a series of new tests such as being in work, making National Insurance contributions, not taking a penny in benefits, learning English to a high standard, having no criminal record, and finally, that you have truly given back to your community such as by volunteering your time to a local cause.”

Labour is seeking to outflank Reform UK on migration. Nigel Farage’s party has embraced a Trumpian style of anti-migration populism – mixing hardline rhetoric about “taking back control” with attacks on elites and institutions acting against the interests of “ordinary people”.

Labour’s counter is to accuse Reform of racism while adopting restrictive policies of its own, dressed in the language of fairness and contribution. The aim is to reassure voters tempted by Reform that Labour will be just as tough, but without the overt scapegoating of foreigners.

But in doing so, Labour risks a migration politics that divides society into the fully entitled and the permanently probationary. In this hierarchical system of belonging, migrants are kept on extended probation and judged by standards never applied to British nationals.

For decades, integration has been understood as a two-way process: migrants adapt to life in Britain, while institutions and communities adapt to diversity. Mahmood’s proposals change this understanding.




Read more:
Homelessness, fear of starvation and racism – destitute migrant mothers and their children on the reality of life in the UK


Under the current rules, settlement comes after five years of lawful residence. Applicants must meet conditions such as stable residence, English language and passing the “Life in the UK” test.

The new proposals significantly raise the bar, doubling the qualifying period from five to ten years. Eligibility requirements – from avoiding any benefits to volunteering time in the community – would impose a more stringent performance of moral worth.

These changes would have a negative impact on migrants and their families. Doubling the time period prolongs insecurity, leaving parents and children unable to plan their futures with confidence, from buying a home to pursuing education. It risks entrenching precariousness across generations.

It creates a tiered model of membership: citizens at the top, enjoying unconditional rights; long-term migrants below, required to constantly demonstrate they are “good enough” to remain.

A hand giving a blue British passport to another hand
Earning Indefinite Leave to Remain does not guarantee British citizenship.
Max_555/Shutterstock

As Mahmood’s own words show, some may even be “barred from indefinite leave to remain entirely”. This would create a class of residents allowed to remain only on a lesser tier of permission, never able to settle or feel secure. Politically, this approach may even hand ammunition to Reform, which can claim that if people are not “good enough” to stay permanently, they should not be here at all.

It echoes temporary migration regimes such as those in Asia. In such schemes, migrants are deliberately kept in a state of conditionality – useful as workers, but never recognised as members of society.

Mahmood’s reform moves away from the idea of integration as a two-way process towards a top-down, one-way demand for assimilation: to be accepted, foreigners must become “like us” and behave better than “us”. Yet there is little clarity about who this “us” refers to, or what values it is meant to embody. Such ambiguity allows policymakers to set shifting and arbitrary standards of belonging.

Never good enough

Rather than building cohesion, such insecurity risks producing the opposite: disenfranchisement among those left in limbo, and heightened suspicion among the wider public, who are encouraged to believe that migrants must continually prove themselves. Far from calming anxieties, this strategy risks fuelling them.

Research consistently shows that insecure legal status is one of the greatest barriers to social integration. It limits migrants’ ability to invest in housing, education and long-term community ties, while also feeding mistrust and exclusion.

The proposals also raise serious practical questions. How will a “high standard” of English be measured, and by whom? What counts as “giving back” to a community? Does working double shifts in a hospital carry the same weight as volunteering in a charity shop?

Those who cannot meet every test – because of illness, disability, insecure employment, caring responsibilities, or simply long hours that leave no time for volunteering – may find themselves waiting even longer for settlement, or excluded entirely.

Migrants already contribute in innumerable ways – through taxes, essential labour, caregiving and community life. Non-UK nationals make up 16% of the health and social care workforce, and more than a quarter of NHS doctors. During the pandemic, migrants were disproportionately represented in frontline “essential jobs” that kept the country running.

Experience also suggests that such conditions will be applied inconsistently, producing confusion, costly appeals and injustice. The UK immigration system already generates high rates of error.

For asylum applications submitted between 2019-2022, 54% of asylum appeals were upheld by the tribunal. Adding vague and subjective tests of “contribution” will only multiply these problems.

By shifting the goalposts on ILR, Labour turns integration into an endless exam. Belonging becomes a privilege for the few, rather than recognition of shared life and contribution over time. The cost will be borne not just by migrants but by their children and families – left in prolonged insecurity, unable to plan their futures.

The Conversation

Nando Sigona receives funding from UKRI/ Horizon Europe for “Improving the living and working conditions of irregularised migrant households in Europe” (I-CLAIM).

ref. Labour’s plan for migrants to ‘earn’ permanent residency turns belonging into an endless exam – https://theconversation.com/labours-plan-for-migrants-to-earn-permanent-residency-turns-belonging-into-an-endless-exam-266382

UK expands chemical castration pilot programme for sex offenders – but what are the risks?

Source: The Conversation – UK – By Daniel Kelly, Senior Lecturer in Biochemistry, Sheffield Hallam University

Honcharuk Andrii/Shutterstock.com

The UK government has announced plans to expand its trial of using drugs to reduce the libido of male sex offenders. The approach, often described as “chemical castration”, is controversial. But how does it work – and what are the risks?

Castration traditionally meant removing or disabling the testes, a man’s main source of testosterone, to blunt the hormone’s masculinising effects. Historically, this was done to create castrati – singers castrated before puberty to preserve their high voices – or eunuchs, often used in royal courts and religious institutions to dampen sexual desire.

Modern castration still has a medical role, particularly in prostate cancer. This disease is fuelled by testosterone, and lowering hormone levels can slow its growth. While surgical removal of the testes was once common, doctors now usually rely on drugs to block testosterone production instead – a method known as chemical castration.

Normally, testosterone is regulated by a feedback loop between the brain, pituitary gland and testes called the hypothalamic-pituitary-testicular axis. The brain signals the pituitary to release hormones that stimulate the testes. Once levels rise, the brain senses it and dials production back down.

Anti-androgen drugs disrupt this system, either by blocking testosterone’s effects or by shutting down the brain’s signals. Drugs such as medroxyprogesterone acetate and cyproterone acetate work by switching off the body’s testosterone supply.

Testosterone is central to libido. It acts on brain regions like the hypothalamus and limbic system, which help drive sexual thoughts, desire and arousal. Reducing testosterone can lower these urges, while also affecting physical aspects of sex, such as the ability to achieve and maintain an erection.

The government’s proposals include selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), drugs more commonly prescribed for depression and anxiety. SSRIs increase serotonin in the brain, which can lift mood, but they also reduce sexual desire and performance as a side-effect by interfering with dopamine.

Dopamine is the brain’s main “reward” chemical, strongly linked to pleasure, motivation and sexual behaviour. Serotonin, on the other hand, tends to calm and regulate emotions, often dampening sexual drive. By boosting serotonin, SSRIs can tip this balance – reducing dopamine activity and lowering sexual interest.

When combined with anti-androgens, the two treatments can act on both hormonal and neurological pathways, blunting both the physical and psychological aspects of sex drive.

This dual approach has already been used in other countries. Poland introduced it as a mandatory punishment for certain offenders in 2009, while in south-west England it has been trialled on a voluntary basis, with “successful outcomes” reported.

Prison cells.
The chemical castration scheme is voluntary.
Carol Tyers/Shutterstock.com

Not without risks

The UK’s current proposal is also voluntary, aimed at people struggling with persistent and distressing sexual thoughts that they do not want and actively seek help to control. But while it may reduce reoffending, the treatment is not without risks.

Testosterone plays a vital role in many aspects of health. Long-term suppression has been linked to early death, higher risk of heart attacks and strokes, type 2 diabetes, loss of muscle and bone strength, as well as possible links with Alzheimer’s and breast tissue growth in men.

There are also psychological risks. Testosterone influences mood, and its suppression has been associated with higher rates of depression and even suicidal thoughts and behaviour.

Chemical castration may well prove useful in preventing future sexual offences. But policymakers must weigh its benefits against serious health risks. And given the already high rates of mental health problems among offenders, there is concern that some may not fully understand the consequences of long-term testosterone suppression – physically, psychologically and socially.

The Conversation

Daniel Kelly does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. UK expands chemical castration pilot programme for sex offenders – but what are the risks? – https://theconversation.com/uk-expands-chemical-castration-pilot-programme-for-sex-offenders-but-what-are-the-risks-266026