Category: Academic Reportage

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Paloma García Córdoba, Profesora lectora en los Estudios de Derecho y Ciencia Política, UOC – Universitat Oberta de Catalunya

Cerca del 14 % de las compraventas inmobiliarias en España fueron realizadas en 2024 por extranjeros. Y más de la mitad de esas operaciones (el 52 %) fueron efectuadas por ciudadanos no comunitarios.

Por otra parte, también en 2024, el mercado del alquiler mostró mayores niveles de tensión: hay 96 512 viviendas menos en el mercado y, por cada una que se ofertó, se interesaron 124 familias en los primeros 10 días que estuvo en el mercado (en 2023 eran 45). Respecto al precio, se produjo una subida interanual del 11,2 %, por lo que el precio medio de la vivienda de alquiler es de 1 118 €.

Además, el Barómetro de septiembre de 2025 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala que, para el 14,8 % de las personas que viven en España, la vivienda es el primer problema social del país.

Un gravamen del 100 %

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de ley “para impulsar el alquiler de
viviendas a precios asequibles”. Entre el paquete de medidas propuestas está el Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a No Residentes en la Unión Europea, que aplica un gravamen del 100 % a la compraventa de inmuebles por parte de no residentes en la UE.

La iniciativa, admitida a trámite a finales de mayo de 2025, tiene como objetivo desincentivar la compra de vivienda por parte de estos compradores, para los que la vivienda suele funcionar como un bien de inversión.

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La paradoja de la vivienda: derecho y activo financiero

Dicho tributo se aplicaría a la compra de viviendas de segunda mano cuando el comprador no resida en la UE (la compra de vivienda nueva ya está sujeta al pago de IVA). El Estado sería el encargado de gestionar, recaudar e inspeccionar el impuesto, sin intervención de las comunidades autónomas.

Un desafío jurídico

Esta proposición plantea posibles fricciones a nivel jurídico, tanto desde una óptica constitucional como en materia de derecho comunitario.

Por una parte, está la posible inconstitucionalidad del tributo. Un gravamen del 100 % podría considerarse confiscatorio y resultaría contrario a la prohibición de confiscatoriedad contemplada en el artículo 31.1 de la Constitución española:

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Además, a nivel europeo, el impuesto podría vulnerar el principio de libre circulación de capitales recogido en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE:

“Quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países”.

En este caso, el término “terceros países” equivaldría a “no residentes en la UE”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aceptado excepciones a este principio sólo cuando estén debidamente justificadas por razones imperiosas de interés general, que “permiten a los poderes públicos españoles limitar el acceso o ejercicio de una actividad económica”.

No obstante, ya ha considerado discriminatorio, por ejemplo, el trato que se le brindaba a los no residentes en la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:

“El Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992, al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las
donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste”.

Además, en el ámbito de los derechos humanos, el derecho de propiedad está protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CDEH) a través del Primer Protocolo Adicional, que incluye una referencia a la legislación fiscal:

“Toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional. Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho
que tienen los Estados de dictar las leyes que estimen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones o de las multas”.

De hecho, la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige un equilibrio entre el interés general y la protección de la propiedad privada. En este caso, un impuesto del 100 % podría ser visto como una carga excesiva, susceptible de vulnerar el derecho de propiedad protegido por el CDEH.

Experiencias a nivel internacional

A nivel internacional, existen diferentes precedentes de regulación de compra de propiedades por parte de extranjeros. Canadá utiliza un modelo combinado: la provincia de Ontario aplica una medida tributaria, el Impuesto a la Especulación para No Residentes, que grava la compra de inmuebles con un tipo impositivo del 25 %. Esta medida provincial se complementa con la Ley de Prohibición de Compra de Propiedades Residenciales por No Canadienses, una restricción directa a nivel federal.

Dinamarca opta exclusivamente por restricciones legales directas a la compra, sin recurrir a impuestos. Esta medida está específicamente autorizada la Unión Europea y le permite mantener su legislación, que restringe la adquisición de segundas residencias por parte de no residentes.

Tales experiencias demuestran que es viable adoptar diversas clases de medidas, cuya efectividad depende, en gran parte, de su adecuado diseño, su proporcionalidad y del estricto respeto al derecho de la UE.

¿Solución efectiva o riesgo innecesario?

Aunque la medida propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista responde a una necesidad urgente, el enfoque elegido podría ser excesivo y cuestionable desde un punto de vista jurídico por su posible inconstitucionalidad e incompatibilidad con el derecho de la UE.

Asimismo, cabe preguntarse si esta medida es adecuada para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles.

En todo caso, si la proposición avanza, será imprescindible una técnica legislativa rigurosa, que evite potenciales litigios y respete los principios fundamentales del ordenamiento español y europeo.

Paloma García Córdoba no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. El impuesto del 100% a la compra de vivienda por no residentes en la UE chocaría con la Constitución y el derecho comunitario – https://theconversation.com/el-impuesto-del-100-a-la-compra-de-vivienda-por-no-residentes-en-la-ue-chocaria-con-la-constitucion-y-el-derecho-comunitario-266340

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Raquel Sánchez Ruiz, Profesora del Departamento de Filología Moderna, área de Inglés, Universidad de Castilla-La Mancha

La oferta de títulos universitarios en inglés en España y las posibilidades de estudiar en el extranjero se han multiplicado exponencialmente como consecuencia natural de la implantación de los programas bilingües en las etapas previas a la universidad y de la creciente internacionalización de nuestra sociedad.

¿Cómo evaluar si tenemos el nivel de inglés o de otro idioma suficiente para dar un paso así? Aprender contenidos en una lengua extranjera implica la activación de procesos cognitivos específicos que van más allá de lo que nos da una acreditación de un nivel X de idioma. Cuando nos planteamos estudiar en otro país, tenemos que tener en cuenta que conocer la lengua no garantiza el éxito.

En este artículo explicaremos cuál es la diferencia entre hablar un idioma extranjero y usarlo como vehículo para el aprendizaje de contenido en educación superior, y cuáles son las mejores estrategias para alcanzar éxito en lo segundo.

Nivel de acceso imprescindible

La mayoría de los estudios impartidos en lengua extranjera (LE) requieren un nivel de acceso, generalmente B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Sin embargo, estudiar en otro idioma exigirá ir más allá del conocimiento general de la lengua para desenvolverse en situaciones cotidianas y, por tanto, ampliar contenido y términos de ámbitos de conocimiento específicos y lenguaje crítico con estructuras complejas.

Más que poder acreditar el nivel de lengua mediante nuevos certificados, lo importante es estar en continuo contacto con la lengua en diversos contextos y materias, y practicarla lo máximo posible en todos los modos (oral, escrito o combinaciones de ambos).

Alfabetización plural

Todo proceso de aprendizaje, en cualquier área e idioma, se divide en tres pasos: recibir, procesar y producir información. Es lo que los expertos definen como pluriliteracies en inglés, que podría traducirse como “alfabetizaciones múltiples”.

Veamos en qué consiste el primer paso: recibir el contenido de una materia concreta en inglés, algo que haremos a través de diferentes canales, tanto en clase como de manera autónoma. En cualquier proceso de aprendizaje, para interiorizar los conceptos hay que empezar por recordar y comprender (o construir significados). Pero no es lo mismo comprender el idioma propio que otro.

Las clases universitarias o de máster no son clases de idioma: al igual que un edificio, se apoyan en conocimientos o conceptos clave que nos abren la puerta al contenido más especializado. Por esta razón es útil prepararse, mediante lecturas básicas en el idioma elegido, definiendo y entendiendo estos conceptos básicos en dicho idioma.

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¿Qué son los conceptos umbral y qué papel desempeñan en el éxito universitario?

Hacer nuestra la información: procesar en inglés

El segundo paso es procesar esta información, comprenderla, hacerla nuestra. Esto implica la conformación de un mapa de conocimientos con sus propias conexiones, personal, a través de una serie de procesos como resumir o destacar.

Se trata de procesos cognitivos más elaborados: analizar información comprendiendo su estructura, evaluar justificando una opinión o decisión con criterios y crear produciendo contenido original aplicando pensamiento crítico y creativo. Todo ello, en el idioma vehicular del curso.

Esto no quita que podamos recurrir al “translenguaje” y que mezclemos palabras o expresiones de nuestro idioma nativo.

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Qué es el translingüismo pedagógico y cómo favorece el aprendizaje de lenguas

Último paso: producir

Finalmente, esta información matizada por el conocimiento previo, que ahora nos pertenece, está disponible para procesos creativos propios. Ya deberíamos ser capaces de manejar la lengua para expresar con nuestras propias palabras lo que hemos entendido y aprendido.

En el desarrollo del curso que hayamos elegido, tendremos que producir discurso en inglés siguiendo modelos, contrastando y aportando matices. Para ello, necesitamos aplicar estrategias de construcción de discurso y evitar la mera traducción del español al inglés.

En los meses previos

Si hemos tomado la decisión de estudiar en otro idioma, podemos optimizar el tiempo que nos queda. Leer (y escuchar) lo más posible en dicha lengua, aprovechando todo el input que tengamos a nuestra disposición, y acostumbrarnos a oír puntos de vista diferentes y los argumentos de quienes no piensan como nosotros.

Solo nos queda dar la enhorabuena a quien apueste por este tipo de enseñanza: estudiar en otro idioma no solo mejora el aprendizaje, sino que contribuye a la ciudadanía global, promoviendo la apreciación de la propia cultura, el respeto y el entendimiento entre comunidades.

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

– ref. Cómo prepararse para estudiar un grado o un máster en otro idioma – https://theconversation.com/como-prepararse-para-estudiar-un-grado-o-un-master-en-otro-idioma-265304

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Carmen Beatriz Fernández, Profesora de Comunicación Política en la UNAV, el IESA y Pforzheim, Universidad de Navarra

Bolivia acaba de vivir una jornada histórica tras acudir por primera vez a un balotaje. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada este 19 de octubre, no solo confirmó el final de un ciclo político que dominó el país durante casi dos décadas, bajo el liderazgo autoritario de Evo Morales, sino también la madurez de su democracia.

Con el 54,53 % de los votos, Rodrigo Paz se impuso al exmandatario Jorge Tuto Quiroga, que obtuvo el 45,74 %, según los resultados preliminares del SIREPE. Un margen de casi diez puntos en un país que se volcó en dejar atrás unas páginas oscuras de su historia reciente y votar al unísono por el cambio, pero de forma moderada y progresiva. Porque el pueblo boliviano escogían entre el cambio tranquilo de Rodrigo Paz y el cambio acelerado de Tuto Quiroga.

Más allá de los resultados, el verdadero acontecimiento fue la serenidad con que Bolivia votó, esperó y aceptó los resultados. El árbitro electoral prometió los primeros datos a las ocho de la noche y los entregó con puntualidad inglesa –o más bien, boliviana–.

La logística del cierre y cómputo, impecable, fue un recordatorio de que las instituciones, cuando funcionan, pueden devolverle dignidad a la política. La transparencia del proceso, su supervisión ciudadana y la apropiación cívica de cada etapa dejan una lección: la democracia boliviana ha madurado.

Un ejemplo para muchos países de la zona

Ese logro no es menor en un contexto regional saturado de sospechas electorales y discursos que minan la confianza pública. De hecho, este proceso electoral estuvo rodeado de desinformación, aunque la respuesta institucional y académica fue ejemplar.

El Observatorio Complutense de Desinformación (OCD) desplegó en Santa Cruz una misión en colaboración con el PNUD, la Universidad Católica Boliviana (UCB) y la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA). Su objetivo: identificar los desórdenes informativos y fortalecer la integridad del proceso. Los hallazgos preliminares del equipo de investigación, con datos de Bolivia Verifica, son elocuentes: de 228 verificaciones de incidentes, 181 provenían de fuentes anónimas; el 82 % resultó falso y el 13 % engañoso.

Gracias al trabajo de estudiantes y profesores, se diseccionó cada pieza de desinformación, y se evaluó su viralidad y alcance. Las plataformas más utilizadas para desinformar fueron TikTok, donde se difundieron el 43 % de los bulos, seguido de Facebook (38,6 %) y WhatsApp (17 %).

El formato audiovisual, con vídeos, gráficos e imágenes, permitió una rápida propagación de narrativas alejadas de la verdad. Se empleó la IA para generar vídeos y audios falsificados en decenas de incidentes. También se recurrió al uso fraudulento de logos de medios de comunicación nacionales reconocidos, como Unitel, Red Uno y El Deber, e internacionales como CNN.

Aparecieron diversos pseudomedios, páginas web creadas a manera de cabeceros informativos, pero cuya misión principal era la de desinformar e incidir en la agenda electoral.

La desinformación buscó influir en la intención de voto, alterar el debate electoral y desestabilizar las instituciones. Las principales difamaciones y calumnias trataban de perjudicar a los candidatos y, en esta segunda vuelta, especialmente a los candidatos a vicepresidentes.

Proliferaron encuestas falsas –inventadas y sin respaldo– o manipuladas –estudios reales, pero adulterados–, que circularon en redes como Facebook y WhatsApp, carentes de un mínimo rigor metodológico.

También se observó un patrón claro: se buscaba erosionar la credibilidad del árbitro electoral. Sin embargo, el árbitro salió fortalecido. “El Tribunal contaba con un 12 % de credibilidad en abril 2024, y hoy tiene 80 %”, nos comentó con entusiasmo Gustavo Ávila, vocal de la institución.

Un referente de transparencia electoral

La tecnología, la observación internacional y el compromiso ciudadano consolidaron un sistema que hoy puede ser citado como referente regional de transparencia electoral. El talante democrático de Tuto Quiroga, que aceptó con rapidez la derrota y felicitó a Rodrigo Paz, contribuyó sobremanera a la confianza institucional en el sistema, máxime ante las denuncias de fraude de algunos de sus simpatizantes.

En lo político, el mensaje es inequívoco. Rodrigo Paz, heredero de una tradición democrática –es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora–, supo leer el malestar de un país en donde, según Ipsos-Ciesmori, un 94 % cree que iba por el camino equivocado.

Paz asentó su victoria en una campaña de largo recorrido tras haber sido diputado, concejal, alcalde de Tarija y senador nacional. Como senador, recorrió toda Bolivia mostrando su talante moderado y dialogante, así como su cercanía con la gente de los nueve departamentos y de todas las clases sociales.

Su campaña, austera y simbólica, captó el voto descontento sin asustarlo, con propuestas de cambios radicales, mientras que Quiroga no logró convencer a los sectores populares de la necesidad de sus políticas más incisivas.

Pero, sin duda, la sorpresa de estas elecciones fue el candidato a la vicepresidencia de Rodrigo Paz, Edgar Lara: expolicía, populista y estrella de TikTok. El rebelde y antiestablishment capitán Lara conectó emocionalmente con las capas populares y se ganó a los simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y de Evo Morales en un país con voto obligatorio.

Los resultados muestran la diversidad de Bolivia, donde el comportamiento electoral difiere entre oriente y occidente, y sobre todo entre Santa Cruz de la Sierra y La Paz. Diferencias que se asientan en modelos distintos, porque las actividades económicas en occidente se desarrollan en función de lo colectivo, mientras que Santa Cruz apuesta por el libre mercado, basado en la iniciativa privada, la eficiencia en tecnología y educación. Quiroga ganó en Santa Cruz con más del 65 %, pero perdió en La Paz y el Alto.

Un país con crisis y escasez

El próximo gobierno no lo tendrá fácil. Hereda un país sumido en un abismo económico, con una crisis de divisas que le impide importar combustible, cuya escasez afecta el transporte y la producción agropecuaria, lo que incrementa la elevada inflación.

La paciencia de la sociedad no es mayor y Rodrigo Paz durante la campaña alentó expectativas inmediatas. Una clave será la gobernabilidad, en el parlamento, la calle y las redes sociales. La incógnita, su compañero de tique: el capitán Lara.

Sin embargo, lo que emerge hoy en Bolivia no es solo un nuevo Gobierno, sino una cultura política más crítica, más vigilante y más exigente con sus instituciones. En tiempos en que la mentira digital y la desconfianza corroen democracias enteras, Bolivia demostró que la transparencia, la puntualidad y la ciudadanía informada siguen siendo los mejores antídotos. Bolivia no solo eligió un presidente: eligió reconstruir su democracia.

Carmen Beatriz Fernández y Jordi Rodríguez-Virgili son investigadores del Observatorio Complutense contra la Desinformación, y fueron observadores electorales en el balotaje boliviano 2025

Jordi Rodríguez-Virgili es investigador del Observatorio Complutense contra la Desinformación, y fue observador electoral en el balotaje boliviano 2025 con ayuda del PENUD

– ref. Bolivia renueva su democracia con transparencia y sin ceder a la campaña de desinformación – https://theconversation.com/bolivia-renueva-su-democracia-con-transparencia-y-sin-ceder-a-la-campana-de-desinformacion-267893

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ediberto Román, Professor of Law, Florida International University

Poco después de que la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) anunciara que el rapero puertorriqueño Bad Bunny sería la estrella del intermedio de la Super Bowl, los medios de comunicación conservadores y los funcionarios de la administración Trump saltaron al ataque.

La directora de Seguridad Nacional, Kristi Noem, prometió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (el ICE) “estaría atento a la Super Bowl”. El presidente Donald Trump calificó la selección como “absolutamente ridícula”. El comentarista de derechas Benny Johnson lamentó el hecho de que Bad Bunny “no tenga canciones en inglés”. El rapero, se quejó la comentarista conservadora Tomi Lahren, “no es un artista estadounidense”.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito A. Martínez Ocasio, es una superestrella, uno de los artistas más escuchados del mundo. Y como es puertorriqueño, también es ciudadano estadounidense.

Sin duda, Bad Bunny cumple muchos requisitos que irritan a los conservadores: apoyó a Kamala Harris para la presidencia en 2024, tiene un guardarropa que desafía los estereotipos de género, ha criticado duramente las políticas antiinmigración de la administración Trump y ha rechazado hacer giras por el territorio continental de Estados Unidos por temor a que algunos de sus fans puedan ser perseguidos y deportados por el ICE. Además, sus letras explícitas, la mayoría de las cuales están en español, harían temblar incluso al más ferviente defensor de la libertad de expresión.

Sin embargo, como expertos en cuestiones de identidad nacional y políticas de inmigración de EE. UU., creemos que los insultos de Lahren y Johnson dan en el clavo sobre por qué el cantante ha desatado tal tormenta en la derecha. El espectáculo de un rapero hispanohablante actuando durante el evento deportivo más visto de la televisión estadounidense es un rechazo directo a los esfuerzos de la administración Trump por ocultar la diversidad del país.

La colonia puertorriqueña

Bad Bunny nació en 1994 en Puerto Rico, un territorio no incorporado de Estados Unidos que el país adquirió tras la guerra hispano-estadounidense de 1898. Es el hogar de 3,2 millones de ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Si fuera un estado, sería el trigésimo más grande en población, según el censo de Estados Unidos de 2020.

Pero Puerto Rico no es un estado, sino una colonia de una época pasada de expansión imperial. Los puertorriqueños no tienen representantes con derecho a voto en el Congreso y no pueden participar en la elección del presidente de los Estados Unidos. También están divididos sobre el futuro de la isla. Una gran mayoría busca ser un estado más del país o adquirir una forma mejorada del actual estatus de Estado Libre Asociado, mientras que una pequeña minoría lucha por la independencia.

Pero hay algo que todos los puertorriqueños tienen claro: son de una tierra no soberana, con una cultura latinoamericana claramente definida, una de las más antiguas de América. Puerto Rico puede pertenecer a los Estados Unidos –y muchos puertorriqueños aceptan esa relación especial–, pero la isla en sí no suena ni se siente como el resto de la nación.

Los más de 5,8 millones de puertorriqueños que residen en los 50 estados complican aún más el panorama. Aunque legalmente son ciudadanos estadounidenses, estos en general no suelen verlos de esa manera. De hecho, una encuesta de 2017 reveló que solo el 54 % de los estadounidenses sabía que los puertorriqueños eran ciudadanos de su mismo país.

La paradoja del ciudadano extranjero

Los puertorriqueños viven lo que describimos como la “paradoja del ciudadano extranjero”: son estadounidenses, pero solo los que residen en el territorio continental disfrutan de todos los derechos de ciudadanía.

Un informe reciente del Congreso afirmaba que la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños no es “igualitaria, permanente e irrevocable, protegida por la 14ª Enmienda… y el Congreso se reserva el derecho de determinar la disposición del territorio”. Cualquier ciudadano estadounidense que se traslade a Puerto Rico deja de poseer todos los derechos que tiene en el territorio continental.

La selección de Bad Bunny para el espectáculo del descanso de la Super Bowl ilustra esta paradoja. Además de las críticas de figuras públicas, hubo llamamientos generalizados entre los influencers de MAGA (siglas del movimiento Make America Great Again) para deportar al rapero.

Esta es solo una de las formas en las que se recuerda a los puertorriqueños, así como a otros ciudadanos latinos, que son los “otros”.

Las detenciones del ICE de personas que simplemente parecen ser inmigrantes, una táctica que recientemente ha recibido la aprobación del Tribunal Supremo, son un ejemplo de su condición de extranjeros.

Y la mayor parte de las redadas del ICE se han producido en comunidades predominantemente latinas de Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Esto ha obligado a muchas de ellas a cancelar las celebraciones que tenían planeadas para el Mes de la Herencia Hispana.

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El alcance global de Bad Bunny

El fervor xenófobo contra Bad Bunny ha llevado a líderes políticos como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a pedir una figura más adecuada para la Super Bowl, como el artista de música country Lee Greenwood. Refiriéndose a Bad Bunny, Johnson dijo: “Parece que no es alguien que atraiga a un público amplio”.

Pero los hechos contradicen esa afirmación. El artista puertorriqueño ocupa los primeros puestos de las listas de música mundiales. Tiene más de 80 millones de oyentes mensuales en Spotify. Y ha vendido casi cinco veces más álbumes que Greenwood.

Ese atractivo global ha impresionado a la NFL, que espera organizar hasta ocho partidos internacionales la próxima temporada. Además, los latinos representan la base de aficionados de más rápido crecimiento de la liga, y México es su mayor mercado internacional, con 39,5 millones de aficionados.

La participación de Bad Bunny en la Super Bowl puede convertirse en un momento político importante. Los conservadores, en su afán por destacar la “alteridad” del cantante –a pesar de que Estados Unidos es el segundo país con mayor número de hispanohablantes del mundo–, pueden haber educado sin querer a Estados Unidos sobre la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños.

Mientras tanto, los puertorriqueños y el resto de la comunidad latina de Estados Unidos siguen preguntándose cuándo serán aceptados como iguales en la sociedad.

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

– ref. ¿Por qué los conservadores estadounidenses no quieren que Bad Bunny actúe en la Super Bowl? – https://theconversation.com/por-que-los-conservadores-estadounidenses-no-quieren-que-bad-bunny-actue-en-la-super-bowl-268006

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ana Belén López Tárraga, Investigadora en el Grupo de investigación Territorio, Innovación y Desarrollo (TEIDE), Universidad de Salamanca

Comer bacalao forma parte de la cultura gastronómica española. Bacalao a la tranca, a la vizcaína, en potaje o en brandada… ¿Quién no ha probado alguno de estos platos? Pues bien, si lo ha hecho, por unos momentos ha estado conectado con el Polo Norte, porque gran parte del bacalao que comemos viene del océano Ártico.

Este detalle curioso muestra que España está más unida a las regiones polares de lo que parece. Aunque estén muy lejos, los polos han influido en su historia, su economía y también en su forma de vida.

El interés por estos lugares viene de hace siglos. En el siglo XVI, pescadores y balleneros del norte del país viajaban a los mares de Terranova y Labrador, en la actual Canadá. Allí cazaban ballenas y pescaban bacalao, productos muy valiosos entonces. Aquellos viajes fueron los primeros contactos entre España y el Ártico.

En 1603, el navegante Gabriel de Castilla escribió que había visto tierras antárticas durante una expedición por Tierra del Fuego, entre Argentina y Chile. Es posible que fuera el primer europeo en describir el continente blanco. Esas expediciones no solo fueron comerciales: también iniciaron la observación científica de las zonas polares.

De la exploración a la ciencia

Con el tiempo, los polos dejaron de ser territorios de exploradores para convertirse en laboratorios naturales. Allí se estudian temas clave como el cambio climático, la vida marina, los océanos y la atmósfera. Lo que ocurre en el Ártico o en la Antártida afecta directamente al clima y a los mares del mundo.

España, aunque no tiene territorio polar, ha desempeñado un papel importante en la investigación antártica. Desde 1987 organiza cada verano una Campaña Antártica en la que los científicos estudian el hielo, el clima y los ecosistemas. Además, España cuenta con dos bases científicas: la Juan Carlos I y la Gabriel de Castilla, situadas en las islas Shetland del Sur.

En estas misiones colaboran universidades y centros de investigación de todo el país. Sin embargo, la presencia española en el Ártico ha sido menor. No hay bases propias, y la mayoría de los estudios se realizan con el apoyo de otros países.

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Un plan que espera convertirse en realidad

En 2016, el Ministerio de Ciencia publicó las Directrices para una Estrategia Polar Española. Este documento marcaba las ideas que debía seguir España para fortalecer su presencia en los polos.

El plan se dividía en tres partes: investigación científica, apoyo logístico y acciones sectoriales.

En la parte científica, se pedía mantener una observación continua del entorno polar. También crear un programa nacional de seguimiento a largo plazo y reforzar el Centro Nacional de Datos Polares. Se propuso apoyar a jóvenes investigadores, promover la cooperación con otros países y acercar el conocimiento polar al público.

En la parte logística, el objetivo era mantener y modernizar las bases antárticas y mejorar el transporte marítimo y aéreo que las abastece. Además, se recomendaba cooperar con otras naciones para compartir recursos, reducir costes y cuidar el medio ambiente.

Por último, en las acciones sectoriales, se destacaba la importancia de la pesca sostenible. Este sector es clave para la economía española. La estrategia proponía una gestión responsable de los recursos marinos y una participación activa en los foros internacionales que deciden sobre la protección de los océanos.

¿Por qué España debería ponerse al día?

Han pasado casi diez años desde que se publicaron esas directrices. Aun así, España no ha convertido el plan en una estrategia real. Esto ha hecho que el país avance más despacio que otros.

Mientras tanto, Francia, Alemania y el Reino Unido, que tampoco son países árticos, ya tienen políticas polares consolidadas. También China e India han desarrollado programas ambiciosos de investigación y cooperación. Estas naciones han entendido que el Ártico y la Antártida son espacios esenciales para la ciencia y la sostenibilidad del planeta.

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Vivimos un momento marcado por la crisis climática y el deshielo acelerado. España tiene la oportunidad de ponerse al día y actualizar su estrategia. Una política moderna permitiría reforzar la ciencia, asegurar financiación estable y mejorar la coordinación entre ministerios e instituciones.

Además, serviría para planificar mejor las operaciones logísticas, mantener las bases en buen estado y aumentar la cooperación en el Ártico. También ayudaría a unir la investigación con la economía, impulsando sectores sostenibles como la pesca, la tecnología marina y las energías limpias.

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Una apuesta por el futuro

Tener una política polar actualizada no es solo una cuestión científica. Es también una forma de asumir responsabilidad global ante los retos del siglo XXI. Los polos son el termómetro del planeta: lo que ocurre allí nos afecta a todos.

España tiene la experiencia, el conocimiento y las alianzas necesarias para desempeñar un papel más activo. Convertir las directrices de 2016 en una estrategia concreta permitiría aprovechar el trabajo ya hecho y situar al país entre las naciones que lideran la protección y el estudio de las regiones polares.

Hablar de los polos no es hablar de lugares lejanos. Es hablar del futuro del clima, de los océanos y de la vida en la Tierra.

Ana Belén López Tárraga no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. España, a tiempo de no quedarse atrás en la carrera por los polos – https://theconversation.com/espana-a-tiempo-de-no-quedarse-atras-en-la-carrera-por-los-polos-266685