Source: The Conversation – (in Spanish) – By Aritz Obregón Fernández, Investigador y profesor de Derecho internacional, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
La Resolución 2803 fue aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 17 de noviembre.lev radin/Shutterstock
Más de 100 años después del Mandato Británico de Palestina ha comenzado el nuevo mandato estadounidense que se extenderá, al menos, hasta finales de 2027.
Con 13 votos a favor y las abstenciones críticas de China y Rusia, así como con el apoyo político de algunos Estados árabes y musulmanes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respaldó y legitimó a mediados de noviembre el Plan integral del presidente Donald Trump a través de la Resolución 2803 (2025).
Nos encontramos ante una decisión sui generis que rompe con la práctica habitual del Consejo de Seguridad en la formulación de sus resoluciones: el preámbulo es extremadamente corto, se califica la situación en la Franja de Gaza como una amenaza para la paz regional y la seguridad de los Estados vecinos y no se ampara en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas para autorizar la fuerza armada.
Contenido de la resolución
En línea con el Plan Integral, la resolución ha creado una Junta de Paz a fin de supervisar la reconstrucción, recuperación económica y desmilitarización absoluta de la Franja de Gaza. No así para garantizar el fin de ocupación israelí y que el pueblo palestino ejerza su derecho a la libre determinación.
Este gobierno transitorio cuenta con amplios poderes para llevar a cabo su labor y tendrá el mando general de todo lo que acontezca en Gaza. Está previsto que la gestión diaria de los servicios públicos esté a cargo de un comité tecnocrático apolítico palestino constituido por palestinos cualificados y expertos internacionales.
La resolución no detalla tampoco la composición de la Junta, si bien sabemos que estará dirigida por el presidente Trump y compuesta por otros líderes, como Tony Blair, y jefes de Estado de la región.
Para hacer frente a los desafíos de seguridad, se ha creado una Fuerza Internacional de Estabilización encargada de garantizar la seguridad de la zona y los civiles, desarmar a Hamás y otros actores no estatales y desmilitarizar Gaza. Asimismo, está previsto que capacite y apoye a unas fuerzas policiales palestinas sin presencia de Hamás que Egipto y Jordania llevan meses formando.
Esta fuerza multinacional no constituirá una operación de cascos azules al uso, sino lo que los especialistas denominan “fuerzas de imposición de la paz”, autorizadas a utilizar la fuerza armada para cumplir su mandato.
En este sentido, destaca la amplitud de la autorización del uso de la fuerza, alejándose de la práctica de establecer mandatos específicos. Visto el crítico comunicado de Hamás sobre la resolución, cabe plantearse qué ocurrirá si la organización sigue rechazando desarmarse al amparo de su derecho para hacer uso de la fuerza contra fuerzas de ocupación.
El elemento más reseñable es la ausencia de los palestinos tanto durante el proceso de negociación del plan de paz y la resolución como durante el nuevo mandato estadounidense. Más allá del comité tecnocrático, sometido a la supervisión de la Junta, no se ha buscado el consentimiento previo de la Organización para la Liberación de Palestina o la Autoridad Nacional Palestina en la creación de la Junta, ni en el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización.
Durante esta etapa tampoco se contempla recabar la opinión del pueblo palestino; por el contrario, la resolución ha explicitado que la fuerza multinacional deberá coordinarse estrechamente con Egipto e Israel.
De la misma manera, la retirada de Israel del territorio de la Franja de Gaza que mantiene ocupado militarmente se hará de forma paulatina, condicionada a “hitos y plazos de desmilitarización” que se pactarán entre la fuerza multinacional, Israel y la Junta. En todo caso, se prevé que Israel conserve una “zona de seguridad” alrededor de la Franja hasta que no exista una “amenaza terrorista resurgente”.
Un diálogo condicionado a que solo cumpla Palestina
Otro aspecto particularmente negativo de la resolución es que solamente se refiere a Gaza, rompiendo la integridad territorial de Palestina, y no reafirma el compromiso con la solución de los dos Estados, limitándose a comprometerse al impulso de un diálogo para acordar un “horizonte político” de coexistencia pacífico y próspero.
Este diálogo parece estar condicionado, al igual que el periodo de transición de la Junta, a que la reconstrucción esté avanzada y la Autoridad Nacional Palestina “cumpla plenamente” con un programa de reformas no concretado.
Probablemente, el mejor análisis de la situación lo haya aportado un funcionario israelí al señalar que la resolución debilita la causa palestina: “Se les exige que realicen cambios tan estrictos y radicales que las posibilidades de que lo consigan son nulas. Para conseguir un Estado, tendrían que convertirse en algo parecido a Suecia”.
Tampoco es alentador que el mando de todo este intento esté dirigido únicamente por Estados Unidos, un actor que ha demostrado reiteradamente que es un aliado incondicional de Israel. Sin ir más lejos, al día siguiente de la aprobación de la resolución, votó en contra de una resolución en favor del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.
Con todo, la resolución ha sido saludada por la Autoridad Nacional Palestina con una declaración en la que subraya su derecho a la autodeterminación. Ante la disyuntiva de que continúen los crímenes de Israel y este mandato estadounidense, sobre el que existen serias dudas de su licitud, se ha tenido que optar por el mal menor.
Aritz Obregón Fernández no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología. Miembro de la Sociedad Española de Microbiología (SEM), Universidad de Navarra
La primera pregunta que surge es de dónde ha venido el virus, cómo ha vuelto a España después de 30 años sin detectarse ningún caso. Se ha sugerido que el origen del brote provenga de restos de un bocadillo con embutido contaminado por el virus: la hipótesis del bocadillo. Suena curioso, pero ¿es posible que empezara así?
Muy contagioso, pero no patógeno para el ser humano
Endémica en el África subsahariana, la peste porcina africana se detectó por primera vez en Kenia a principios del siglo pasado. El ciclo biológico original del virus que la causa es una transmisión entre garrapatas y cerdos salvajes, como el facóquero común, de donde puede saltar a cerdos domésticos.
El patógeno se transmite muy fácilmente por contacto directo (vía oral o nasal) entre estos animales y por garrapatas del género Ornithodorus. Es capaz de permanecer viable más de tres meses en carnes y embutidos, más de un año en sangre refrigerada e incluso varios años en carne congelada. En jabalíes muertos, puede sobrevivir varios meses si el cadáver está en un lugar frío.
La vía de entrada más frecuente del virus es a través de alimentos o productos contaminados que sirven de alimento a cerdos o jabalíes. Además, al ser muy estable en el ambiente, puede transmitirse a través de material contaminado como vehículos, ropa, calzado, herramientas, piensos…
La enfermedad solo afecta a cerdos salvajes y domésticos, y su mortalidad puede llegar al 100 %. No existe ni tratamiento ni vacuna comercial, aunque hay varios prototipos en desarrollo. Y, por último, hay que aclarar que no es un virus zoonotico, es decir, no resulta patógeno para el ser humano. Consumir carne o embutidos contaminados no supone ningún riesgo para las personas.
Aunque este primer brote logró controlarse, en 1960 se desencadenó una primera oleada en Europa. Desde Portugal, el virus entró en España por Badajoz y se extendió por todo el país. Durante los años siguientes, otros países europeos también resultaron afectados: Italia, Francia, Malta, Bélgica y Países Bajos. Fueron sacrificados millones de cerdos y se establecieron estrictas medidas de control.
Se tardaron 35 años en erradicar la enfermedad, oficialmente en 1995. La excepción ha sido la isla de Cerdeña (Italia), donde los cerdos se crían libremente en contacto con los jabalíes y la peste porcina africana ha seguido siendo endémica (aunque no se ha detectado ningún caso desde 2019). Se ha sugerido que el virus entró en la isla en 1978 a través de alimentos contaminados procedentes de España.
Desde Georgia, la infección se diseminó por el este de Europa: desde Armenia a Rusia y de ahí a Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia y Polonia, donde se han notificado casos tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de cerdo doméstico. En los últimos años se han detectado brotes en otros países europeos como Alemania, Italia, República Checa, Grecia y Rumanía, siendo este último el más afectado. Desde 2019 hay una propagación lenta pero constante por gran parte de los países europeos y alrededores.
Y el virus ha seguido viajando: la enfermedad llegó a China en 2018 y de ahí se ha extendido por otros países asiáticos, con Vietnam como uno de los países más afectados. Se ha estimado que solo en China fueron sacrificados más de 200 millones de cerdos. En 2021, el virus llegó al continente americano, a través de República Dominicana. A principios de febrero de 2023, la peste porcina africana estaba presente en más de 50 países de los cinco continentes.
La tormenta perfecta
Como vemos, el virus está presente en poblaciones de jabalíes y cerdos domésticos en varios países, especialmente de Europa del Este. El tráfico, comercio y movimiento de personas y mercancías por Europa es muy intenso, a lo que hay que sumar que el patógeno puede permanecer meses en carnes, embutidos y otros alimentos.
En otras ocasiones se ha documentado su entrada a través de restos de comida contaminada. Llevamos años con una gestión de la población de jabalíes muy cuestionable: se ha estimado que su población en España puede superar los dos millones de ejemplares. Son animales que se reproducen fácilmente, sin depredadores, carroñeros que se acercan al ámbito urbano para alimentarse.
Que el virus haya podido entrar en España a través de jabalíes o cerdos infectados que viajaran desde el este de Europa es muy improbable, porque el movimiento de estos animales es limitado y está controlado. La hipótesis más plausible, efectivamente, es que fuera transportado por el ser humano y que haya infectado a jabalíes a través de restos de comida contaminada.
Desde hace años se sabe que el control de la población de jabalíes es una de las herramientas más efectivas contra la peste porcina africana. Este evento es una demostración más de que a la naturaleza no solo hay que protegerla, sino que también hay que gestionarla.
Ignacio López-Goñi no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – Canada – By Shannon Welbourn, Assistant Professor and Technological Education Program Coordinator, Brock University
The recent killing of a 20-year-old tradeswoman in Minnesota has struck a nerve across Canada’s skilled trades community. Amber Czech, a welder, was slain by a male colleague while on a work site.
As a researcher and educator in technological education, I see an opportunity. I help experienced tradespeople become high school teachers. They become certified to teach in one of the 10 broad-based technology subject areas — communications, computers, construction, green industries, hairstyling and esthetics, health care, hospitality and tourism, manufacturing, technological design or transportation.
The culture of industry has an impact on the adults who enter teacher education, and those teachers in turn shape the culture of tomorrow’s shops and labs. For safer workplaces, the work of prevention must start long before anyone steps onto a job site.
“Preventing and addressing GBV (gender-based-violence) in Canada requires a co-ordinated national approach, with federal, provincial and territorial governments working in close partnership with survivors, Indigenous partners, direct service providers, experts, advocates, municipalities, the private sector and researchers … Joint efforts in support of this National Action Plan will align with and complement the Truth and Reconciliation Commission’s Calls to Action and the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls’ Calls for Justice.”
While home is unsafe, so too are workplaces. Violence reflects broader societal norms that shape all institutions, including education. Yet many trades and apprenticeship systems lack the structures to protect women.
At first glance, the slaying of a U.S. welder may seem distant from Canadian high school classrooms. But in technological education, the connection is direct.
Some have spent years navigating exclusion or witnessing harassment. Others come from supportive workplaces and are surprised to learn how widespread these issues are. This means teacher education programs cannot assume shared understanding of safety, inclusion or harassment.
This dynamic creates both a responsibility and an opportunity. Technological Education teachers shape learning spaces where young people first encounter trades culture. They influence whether girls, gender-diverse students and other underrepresented learners feel welcome or pushed out, long before they reach apprenticeships.
Experiential learning emphasizes structured reflection. Case studies, workplace scenarios and opportunities to practice inclusive responses in realistic contexts deepen learning more effectively than policy readings alone. For second-career learners, connecting personal experience with broader patterns is especially meaningful.
3. Teach candidates to identify early warning signs
4. Position tech ed teachers to lead and advocate workplace culture
Technological education teachers often maintain close ties to industry, apprenticeship and co-ops. They can advocate for safe placement sites, challenge stereotypes about who belongs in the trades and create spaces where all students feel welcome. Preparing candidates for these responsibilities means inspiring them to be culture shapers.
But responsibility cannot rest solely with employers and unions. It must extend into teacher education programs and the high school classrooms where young people first experience skilled trades instruction.
By equipping future technological education teachers to recognize, prevent and challenge gender-based violence, we take meaningful steps toward safe workplaces and a skilled trades sector where everyone truly belongs.
Shannon Welbourn does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
While framed by the province’s United Conservative Party government as a measure to protect competition and ensure athletes “are able to participate in the sports they love fairly, safely, and meaningfully,” the act bans transgender girls aged 12 years and older from participating in competitive sports for women.
Far from just a local or niche issue, the implementation of this act exposes inconsistencies in sport policy and raises urgent questions about how anti-trans politics are shaping access to sport.
The impact on youth
The Fairness and Safety in Sport Act empowers just about anyone to file a complaint related to an organizations’ eligibility determinations. Incidents like one in British Columbia in 2023 —
a man attending a girls’ track and field meet demanded that a nine-year-old cisgender girl with a pixie cut prove she was not a boy through documentation — demonstrate the impact of this type of gender policing.
The consequences fall on transgender and gender non-conforming youth. For them, being banned from participation brings not only the loss of athletic opportunities, but also heightened experiences of exclusion and stigma.
Teammates and coaches must also navigate fractured team dynamics and a school-based athletic culture that risks becoming less about belonging and more about surveillance. The policy undermines the very developmental and educational values that sport is meant to cultivate.
It also places heavy and often invisible demands on the people who support these children. Parents and caregivers are left to shoulder the emotional work of helping their children process the psychological repercussions of exclusion in ways that surpass the normal responsibilities of parenting.
Research consistently shows that parents of transgender and gender-diverse children face significantly elevated levels of stress compared to parents of non-transgender children. This is largely due to the chronic strain of stigma, discrimination and navigating hostile environments along with the emotional labour of advocating within schools, health care and peer groups.
The impact on society
The act also has implications for varsity athletics and broader sporting cultures at post-secondary institutions.
Universities across the province have been forced to create new internal policies and procedures to align with the act, which place incoming and existing athletes participating in women’s varsity sport under increased scrutiny.
An inconsistency emerges when Alberta athletes step onto fields, rinks and courts outside the province.
Since the national institution for post-secondary sport in Canada (U Sport) still allows transgender athletes to compete according to their gender identity, Alberta now risks excluding its own youth while requiring them to compete under different eligibility standards when facing athletes from other provinces.
In addition, implementing this act will eventually create financial strain for organizations. Administering exclusionary rules requires new systems of eligibility verification, monitoring and appeals — an administrative burden that smaller leagues in particular are ill-equipped to manage.
Public response so far to the Fairness and Safety in Sport Act has been mixed.
Since it’s provincial law, school districts and universities have complied, creating internal policies and processes to fulfil the requirements of the act even while its trans-exclusionary nature runs counter to many of their values and commitments to equity, diversity and inclusion.
Egale Canada, a national 2SLGBTQI organization — which, along with Calgary-based non-profit support organization Skipping Stone — has launched legal action against the Alberta government, challenging the constitutionality of the province’s anti-translaws, and released a statement condemning the Fairness and Safety in Sport Act.
On Nov. 17, the Alberta government tabled legislation that seeks to invoke the notwithstanding clause of the Charter of Rights and Freedoms to insulate its laws from legal challenges. Using the clause would prevent courts from striking down laws for being unconstitutional, and in this context specifically, overrides the Charter rights of gender-diverse people.
The human toll of the Fairness and Safety in Sport Act must be recognized and challenged. When people refuse to accept exclusion and the overriding of basic human rights in sport, it can become a space for play, belonging and personal growth.
The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
Described as “violent misogyny” by the federal government, the killings have nonetheless never officially been called femicide in Canada despite its global recognition as one of the most vivid examples of femicide in the western world.
The podcast tells the stories of 580 Canadian women and girls killed by men since 2020. (Canadian Femicide Observatory for Justice and Accountability), CC BY
Part of the podcast’s calls to action include a petition asking Canada to officially recognize the crime of femicide and include it in the Criminal Code.
It does not address the culture facilitating femicide;
It may produce unintended consequences;
It’s difficult to achieve consensus on a definition of femicide;
It has not reduced femicide.
But criminalization versus prevention is not an either/or question.
Laws are a key element of a public health approach to violence prevention. National femicide laws have generally been accompanied by prevention programs, training for law enforcement and public awareness campaigns. Italy’s law, for example, includes stronger measures against gender-based crimes like stalking and revenge porn.
Laws are not stand-alone responses. They are only one part of multi-sector responses to a social problem that must include monitoring of implementation processes and outcomes.
Changing laws can change cultures
In Italy, some women’s advocates have complained the law doesn’t go far enough, especially in changing the country’s culture. In Canada, one feminist lawyer suggests that a “radical rethink” about the entire issue may be required instead of creating a new offence in the Criminal Code.
But to call the crime femicide — a sex- or gender-specific term — is in fact a radical rethink in a climate of neutrality that too often masks the disproportionate burden women and girls bear for some forms of male violence.
State responses through laws reflect cultural values. At the moment, these values regard femicide as an individual problem rather than the product of social structures and processes built on entrenched inequalities.
Laws meant to provide protections for women can have unintended consequences, as documented by mandatory charging for intimate partner violence where police are required to lay charges if they have reasonable grounds to believe an assault occurred. And gender-neutral laws may work against rather than for women, especially some women and girls, when applied within a sexist and racist environment.
That’s why Canada needs to include femicide in its Criminal Code. Femicide is not gender-neutral, and recognizing it formally will help define how and why women are killed by men, which is crucial for effective prevention.
Such a law could also benefit particular groups of women and girls whose deaths are often discounted because of who they are and where, how and by whom they were killed.
Some research suggests femicide laws are failing; they haven’t reduced cases of femicide. But others point out femicide laws have increased accountability and improved reporting, survivor protections and awareness about all forms of gender-based violence.
The varying impacts of a law depends on context, including who knows about it, whether it’s clear and concise and whether those tasked with applying it are responsive.
Femicide laws on their own won’t immediately reduce the number of women being killed by men or other forms of gender-based violence. Few laws have that kind of power. The key challenge is whether and how a femicide law is implemented.
Like many countries have, Canada can reach a consensus on what femicide is and produce a femicide law that leads to meaningful change. But it requires proactive consultations, political will and leaders who listen.
The 580 stories in Too True Crime demonstrate clearly and starkly that the lives of women and girls depend on it.
Myrna Dawson has received prior funding from the Social Sciences and Humanities Research Council and the Canada Research Chair program.
El 22 de febrero de 2020, Mad Mike Hughes remolcó un cohete casero hasta el desierto de Mojave y se lanzó al cielo. ¿Su objetivo? Comprobar que la Tierra era plana desde el espacio. Era su tercer intento y, trágicamente, resultó fatal. Hughes se estrelló poco después del despegue y murió.
El apodo de Hughes, Mad Mike, puede parecer muy acertado. ¿Acaso no es una locura arriesgar la vida luchando por una teoría que fue refutada en la antigua Grecia?
Pero la convicción de Hughes, aunque sorprendente, no es única. En todas las culturas registradas, las personas han mantenido creencias firmes que parecían carecer de pruebas a su favor, algo que podríamos denominar “creencias extraordinarias”.
Para los antropólogos evolutivos como yo, la omnipresencia de este tipo de creencias es un enigma. El cerebro humano evolucionó para formar modelos precisos del mundo, y la mayoría de las veces lo hacemos bastante bien. Entonces, ¿por qué las personas también suelen adoptar y desarrollar creencias que carecen de pruebas sólidas que las respalden?
En una nueva reseña publicada en la revista Trends in Cognitive Sciences, propongo una respuesta sencilla: las personas llegan a creer en la Tierra plana, los espíritus y las vacunas con microchips por las mismas razones por las que llegan a creer en cualquier otra cosa. Sus experiencias les llevan a pensar que esas creencias son ciertas.
Teorías de creencias extraordinarias
La mayoría de los científicos sociales han adoptado un punto de vista diferente sobre este tema. Ciertas creencias sobrenaturales, las teorías conspirativas y la pseudociencia han sorprendido a los investigadores por ser totalmente impermeables a las pruebas que las contradicen. En consecuencia, han asumido que la experiencia no es relevante para la formación de esas creencias. En cambio, se han centrado en otros dos factores explicativos.
La primera explicación común son los sesgos cognitivos. Muchos psicólogos sostienen que los seres humanos poseen atajos mentales para razonar sobre cómo funciona el mundo. Por ejemplo, las personas son muy propensas a ver intenciones e inteligencia detrás de acontecimientos aleatorios. Un sesgo de este tipo podría explicar por qué la gente suele creer que las deidades controlan fenómenos como el clima o las enfermedades.
El segundo factor es la dinámica social: las personas adoptan ciertas creencias no porque estén seguras de que son ciertas, sino porque otras personas las tienen o porque quieren transmitir algo sobre sí mismas a los demás. Por ejemplo, algunos teóricos de la conspiración pueden adoptar creencias extrañas porque dichas creencias vienen acompañadas de una comunidad de creyentes leales y solidarios.
Ambos enfoques pueden explicar en parte cómo las personas llegan a tener creencias extraordinarias. Pero descartan tres formas en las que la experiencia, junto con los otros dos factores, puede moldear esas ideas.
En primer lugar, propongo que la experiencia puede actuar como un filtro. Determina qué creencias extraordinarias pueden difundirse con éxito entre la población.
Tomemos como ejemplo la teoría de que la Tierra es plana. Sabemos con absoluta certeza que es falsa, pero no es más o menos errónea que la teoría de que la Tierra tiene forma de cono. Entonces, ¿qué hace que solo el terraplanismo tenga éxito frente a otras alternativas igualmente incorrectas?
La respuesta es tan obvia como parece: la Tierra parece plana cuando estamos sobre ella, no tiene forma de cono. La evidencia visual favorece una creencia extraordinaria sobre las demás. Por supuesto, la evidencia científica muestra claramente que nuestro planeta es redondo, pero resulta extraño que algunas personas prefieran confiar en lo que les dicen sus ojos.
2. La experiencia como chispa
Mi segundo argumento es que la experiencia actúa como chispa para las creencias extraordinarias. Las experiencias extrañas, como las alucinaciones auditivas, son difíciles de explicar y comprender. Por eso, las personas hacen todo lo posible por explicarlas y, al hacerlo, se les ocurren creencias que parecen adecuadamente extrañas.
Como científico, interpreto la parálisis del sueño como el resultado de una confusión neuronal. Pero no es difícil imaginar cómo alguien sin formación científica –es decir, casi todos los seres humanos a lo largo de la historia– podría interpretar la experiencia como una prueba de la existencia de seres sobrenaturales.
La experiencia como herramienta
Para mí, la tercera vía potencial hacia creencias extraordinarias es especialmente intrigante. En muchos casos, las personas no solo adoptan dichas creencias, sino que desarrollan prácticas inmersivas que hacen que parezcan verdaderas.
Por ejemplo, imagine que es usted una agricultora que vive en las tierras altas de Lesoto, en el sur de África, donde realiza trabajo de campo etnográfico. Sufre una serie de abortos espontáneos y quiere saber por qué. Así que acude a una curandera tradicional, quien le dice que puede obtener la respuesta de sus antepasados bebiendo una bebida alucinógena. Usted toma la bebida y, poco después, comienza a ver espíritus que le hablan y le explican los motivos de su desgracia.
Un chamán podría administrar una sustancia psicoactiva que afecta la forma en que experimentas el mundo que te rodea. Luis Acosta/AFP vía Getty Images
Es evidente que una experiencia como esta podría reforzar su creencia en la existencia de los espíritus. Estas prácticas inmersivas, como la oración, la danza ritual y el uso religioso de sustancias psicoactivas, crean pruebas que hacen que las creencias asociadas parezcan ciertas.
¿Qué viene después?
Las creencias extraordinarias no son intrínsecamente buenas o malas. En particular, las creencias religiosas proporcionan significado, seguridad y un sentido de comunidad a miles de millones de personas.
Sin embargo, algunas creencias extraordinarias son motivo de gran preocupación. Concretamente, la desinformación sobre ciencia y política es muy peligrosa. Al reconocer cómo esas creencias se forman a partir de la experiencia, los investigadores pueden encontrar mejores formas de combatir su propagación.
No obstante, es igualmente importante que la perspectiva que sugiero pueda fomentar una mayor compasión y afinidad hacia las personas que tienen creencias que parecen muy diferentes a las suyas. No están “locas” ni son insinceras. Como cualquier otro ser humano, consideran que las pruebas están de su parte.
Eli Elster no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – in French – By Laurence Grondin-Robillard, Professeure associée à l’École des médias et doctorante en communication, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Que rage bait devienne le mot de l’année, selon le Oxford Dictionary, n’a rien d’un hasard. Après 2025 et ses drames mis en scène en direct, difficile de nier que l’indignation alimente désormais tous les contenus en ligne.
Le décès du diffuseur Raphaël Graven, alias Jean Pormanove, a été particulièrement marquant. Mort en direct sur Kick au bout de 298 heures de diffusion, il avait déjà été exposé à des mises en scène humiliantes et à des violences psychologiques, comme l’a montré une enquête de Médiapart.
Même si l’enregistrement du direct ayant précédé son décès n’est plus accessible, des extraits de diffusions antérieures, où l’on voit Pormanove ridiculisé ou maltraité, continuent de circuler sur Internet.
Une foire aux questions à Jean Pormanove, le 5 juillet 2021. Il révèle une facette de lui parfois maladroite, mais aussi très touchante. (YouTube).
En tant que professeure associée et doctorante à l’École des médias de l’UQAM, j’étudie de près les dynamiques qui façonnent les plates-formes numériques. Une tendance croissante est la montée de cet appât à rage qui transforme l’expression de la colère en une stratégie de captation de l’attention des utilisateurs intégrée aux logiques commerciales de ces espaces en ligne.
L’après Jean Pormanove
La plate-forme Kick, comparable à Twitch en termes d’interface, a été pointé du doigt dans la mort sordide de Raphaël Graven, avec raison. Trop de laxisme, absence de modération et encouragement aux jeux de hasard et d’argent figurent parmi les critiques les plus fréquentes.
À peine quelques jours plus tard, le 22 août, c’est le meurtre d’Iryna Zarutska, 23 ans, poignardée dans le métro de Charlotte, en Caroline du Nord, qui circule massivement sur X, Instagram et TikTok. Les images de surveillance — la jeune femme blessée, seule, sans secours — deviennent virales en quelques heures.
La fascination pour ce meurtre sordide n’a rien de nouveau. Ce qui l’est davantage, et relève du rage bait est sa récupération. Par exemple, le youtubeur conservateur Benny Johnson accuse les médias d’information de passer l’affaire sous silence, affirmant que « si elle était noire et son tueur blanc, les médias en parleraient sans arrêt ». Cette affirmation vise à susciter une réaction émotionnelle forte de part et d’autre.
C’est dans ce contexte plutôt chargé que rage bait devient le mot de l’année du Oxford Dictionary, alors que son utilisation aurait triplé au courant des 12 derniers mois. Le terme est défini comme étant du contenu en ligne délibérément conçu pour susciter la colère ou l’indignation en étant frustrant, provocateur ou offensant, généralement publié dans le but d’augmenter le trafic ou l’engagement vers une page web ou une publication.
Depuis quelques années déjà, le mot de l’année du Oxford Dictionary est lié à la culture numérique. En 2022, c’était goblin mode, en 2023, rizz remportait le vote et, en 2024, c’était brain rot (pourriture cérébrale).
Pour 2025, c’est plus de 30 000 personnes qui ont voté pour élire le mot de l’année du prestigieux dictionnaire. Le terme était en compétition avec aura farming (cultiver son aura) et biohack (ensemble de pratiques visant à optimiser la santé et les performances du corps et de l’esprit par des changements dans le mode de vie, l’alimentation et la technologie).
De click bait à rage bait
Du clickbait (piège à clics) en ligne, on glisse désormais vers le rage bait, autrement dit le piège à indignation, toujours dans le même objectif : obtenir de la visibilité en ligne. Le problème ne réside pas seulement dans les créateurs de contenu qui utilisent ce type d’appât, il concerne également de manière centrale les médias sociaux eux-mêmes. Il y a une dizaine d’années, on décrivait les plates-formes comme des chambres d’écho, des espaces où les utilisateurs étaient exposés presque exclusivement à des contenus confirmant leurs intérêts, opinions et croyances. En dire autant s’avère plus difficile aujourd’hui.
Excluant la plate-forme X, que Elon Musk a déjà considérablement remaniée depuis qu’il a acquis Twitter, on constate que Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et Shou Zi Chew, directeur général de TikTok, ont tous deux assoupli leurs conditions d’utilisation en 2025 au nom de la liberté d’expression. Le premier cherche à renouer avec la classe politique américaine républicaine, tandis que le second tente de maintenir l’accès de TikTok au marché américain, qui est menacé par des pressions législatives. Cette nouvelle voie permet l’émergence d’espaces numériques où le contenu polémique, en particulier le rage bait, est acceptable.
Or, ce type de contenu génère de l’engagement. Il circule donc et continue d’être recommandé. Il demeure visible grâce à sa rentabilité. Ce paradoxe se trouve au cœur du problème : les plates-formes disent vouloir limiter la violence, mais elles tirent profit des éléments qui la rendent virale. Nous sommes ainsi pris au piège dans un écosystème où l’indignation devient une ressource économique et où les émotions les plus intenses servent de carburant à la visibilité.
Une mutation profonde du web
En ce sens, le passage du piège à clics au rage bait ne constitue pas uniquement une évolution dans les techniques de visibilisation, il met en évidence une mutation profonde des médias socionumériques. Cette dynamique invite à repenser non seulement les règles de modération, mais aussi les modèles d’affaires qui maintiennent ce cycle d’exposition, d’indignation et de rentabilité.
À la lumière de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs en France, entre autres travaux, les choix du Oxford Dictionary ressemblent moins à une anecdote lexicale qu’à un constat d’échec avec le web. Ces mots des dernières années décrivent un environnement où l’épuisement mental, l’abrutissement et l’indignation sont devenus monnaie courante. Le décès de Jean Pormanove nous rappelle que des vies humaines sont prises dans des dispositifs qui transforment la vulnérabilité en spectacle et la souffrance en produit.
Laurence Grondin-Robillard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Imagen promocional de la quinta temporada de _Stranger Things_.Netflix
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Hace unas semanas mi padre me preguntó si ya se había estrenado la quinta temporada de Stranger Things. “No, le dije, hasta finales de noviembre nada”. Y, señalándome una lista de Netflix, insistió: “Pero entonces ¿por qué está entre lo más visto de la plataforma?”
No tengo ni idea de la razón real, pero mi primera respuesta, basada en la experiencia personal, fue indicarle que probablemente la gente estaba volviendo a ver la cuarta temporada porque se había estrenado en 2022 y nadie se acordaba del punto en el que habíamos dejado la trama.
Elena Neira y Juan Luis García Fernández explican por qué los nuevos modos de visionado de las series no ayudan nada a que los personajes, las historias y el desarrollo de las mismas se asienten en nuestra cabeza. En una semana vemos una serie del tirón y no volvemos a ella hasta dos años después, cuando nos hemos olvidado incluso de cómo se titulaba. Es inquietante pensar que, si no cambiamos nuestra forma de interactuar con las plataformas, dejaremos de utilizar todo el potencial de nuestra mente y, al final, esta se acabará acostumbrando a trabajar menos.
Yo, por mi parte, antes de abordar la quinta entrega me leí el desglose de capítulos de Stranger Things que estaba en la Wikipedia y vi los últimos dos de la temporada anterior. Así me preparé para volver a Hawkins.
Prima ballerina assoluta
Hace unos meses, en una exposición dedicada al fotoperiodismo de Marisa Flórez, vi una foto que esta le había hecho a la rusa Maya Plisetskaya cuando ella dirigía el Ballet del Teatro Lírico Nacional español.
En la imagen, en blanco y negro, un grupo de bailarinas vestidas con tutús claros rodeaba sobre un escenario a la coreógrafa, que a cambio llevaba un traje negro. La potencia de la imagen en la que se retrataba a unas artistas tan fuertes con apariencia tan delicada se exacerbaba al colocarse, en el montaje expositivo, al lado de una imagen de las primeras mujeres que habían entrado en el ejército.
Confesaré que, para lo enganchada que estuve a la primera edición de Operación Triunfo, estoy bastante desconectada de su formato actual.
No obstante, ayuda mucho tener a autores como José Ángel Baños Saldaña y Guillermo Sánchez Ungidos, capaces de analizar cómo este programa de telerrealidad, además de contar la historia de un grupo de soñadores, es un espejo de la industria musical. Y al verla reflejada en este cristal, con tantas horas de emisión y de retrato generacional, podemos fijarnos en sus puntos fuertes… pero también en los más débiles.
El dictador cinéfilo (pero no tanto)
Y, en unas semanas en las que recordamos los 50 años de la muerte de Franco y, por tanto, del principio del fin del franquismo, me gustaría fijarme en la relación que la dictadura española tuvo con el séptimo arte.
Porque, como cuenta Emeterio Diez Puertas, “el franquismo fue el primer régimen que pensó y practicó una política cinematográfica en España”. Es muy interesante analizar cómo, de la mano de la dictadura, se dio poder a la Iglesia, la patronal y el ejército para controlar lo que se exhibía, distribuía y producía. Estos sectores tenían mano en la censura, el dinero que se movía en la industria, la propaganda que se transmitía (el NO-DO es el ejemplo más claro) y la violencia política que se justificaba en los entornos artísticos.
Por cierto, Francisco Franco “ha sido el único gobernante español que ha escrito un guión y que lo ha rodado, casi por su cuenta, como productor ejecutivo: Raza”.
Si están cerca de un cine que todavía la exhiba, aprovecho para recomendarles La cena, una comedia situada en los primeros días de la dictadura.
In 2024, the global art market hit an estimated $57.5 billion (€49.5 billion) in sales, according to the Art Basel and UBS Art Market Report 2025, underscoring art’s significance as an asset class. Art is traditionally associated with noble motivations and heritage. However, the art market, with its high value per unit transactions, subjective and/or manipulated valuations, and relative opacity, can be exploited as a tool for criminal investment and money laundering, particularly through the purchase and resale of artworks to legitimise illicit funds.
How can the industry protect itself? Are the available tools efficient, and what more can be done? In our recent research, we delve into the forces driving money laundering in the art world and the ways to tackle this growing scourge.
In 2007, a striking example occurred involving a painting by Jean-Michel Basquiat. The artwork passed through customs with an invoice declaring its value at just $100 (€82), despite its actual worth being $8 million (€6.8 million). Behind this transaction was a money-laundering scheme orchestrated by a former Brazilian banker. This case reveals how the art market, by its very nature, can find itself at the heart of illicit activities.
Art serves two key roles in criminal schemes. First, it acts as a direct source of illicit income through the production of counterfeit works or the sale of stolen pieces. Second, it functions as a tool for laundering money: authentic artworks are bought and resold to clean illicit funds.
The money-laundering process unfolds in three stages: investment, layering, and integration. Investment involves converting dirty cash into funds deposited in bank accounts. For example, criminals might purchase artworks with cash and then resell them, demanding payment via bank transfer from the new buyer. This often relies on bribing insiders at galleries, auction houses, or free ports.
Layering is about moving the invested money through multiple accounts to obscure its trail. The art market is of particular interest in this stage of money laundering because of speculation on certain types of artworks and auctions, which can drive up the price of artworks irrationally. This allows criminals to invest large sums of money in a limited number of transactions without attracting attention.
Finally, integration means reinvesting the laundered money into legal assets, often through shell companies, to complete the cycle.
Multiple vulnerabilities
In many ways, the art market is vulnerable to criminal activity. These vulnerabilities are particularly pronounced in areas where opacity and anonymity are common, such as private sales at auction houses, digital transactions involving cryptocurrency payments, and the use of free ports for storage and transfer.
The first link in the chain of illicit activity often involves the production of counterfeit art or the sale of stolen works, both of which generate funds ripe for laundering. A striking example is a major European operation in 2024 spanning Spain, France, Italy, and Belgium. Authorities seized over 2,000 counterfeit contemporary artworks, resulting in an estimated loss of €200 million.
Another critical vulnerability arises when artworks change hands through sales platforms such as galleries or fairs. This risk is especially pronounced in private sales, where the provenance and identity of the seller are rarely made public. The lack of transparency creates prime opportunities for criminals to launder money by obscuring the origin and ownership history of the artwork.
Finally, at the very end of the value chain, shell companies are often used to purchase works of art, thus concealing the true beneficiary and making it difficult for the authorities to trace the origin of the funds.
New, more effective tools?
The regulatory environment governing the art market has recently evolved toward more stringent standards.
In the European Union, the sixth anti-money laundering directive expanded anti-money laundering requirements to include art market professionals. Under this directive, they are now obligated to verify customer identities and monitor any transactions exceeding €10,000.
At the member-state level, national measures have strengthened anti-money laundering sanctions in the art market. For example, in the US, the proposed Art Market Integrity Act aims to impose specific obligations on the art sector concerning anti-money laundering, customer identity verification, detailed record-keeping, monitoring of transactions exceeding $10,000, and reporting of suspicious activities to the US Treasury.
Raising public awareness
Museums also play a crucial role, especially in raising public awareness. For instance, in 2024, an exhibition in Milan featured over 80 artworks tied to organised crime, including pieces by Salvador Dalí and Andy Warhol, to shed light on the issue of international art trafficking.
Due to its complexity and opacity, the art market is a fertile ground for money-laundering activities. While recent regulatory advances mark significant progress, they remain insufficient to overcome the weaknesses in the art value chain: lack of transparency, corruption, and regulatory gaps in free ports, to name only a few. We hope that the importance of art – in itself, in the eyes of citizens, and in terms of its soft power – will encourage public authorities to strengthen their means of action, while establishing a genuine culture of transparency and accountability.
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Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
Le 28 novembre, sur Cnews, l’éditorialiste Pascal Praud s’est félicité que l’Arcom ait contesté l’enquête de Reporters sans frontières sur les manquements de la chaîne aux règles du pluralisme politique.Capture d’écran
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a déjà sanctionné Cnews pour des informations ou des contenus problématiques, mais aucune sanction n’a été prononcée pour manquement aux règles de pluralisme. Reporters sans frontière a produit une nouvelle enquête visant à démontrer que ces manquements, avec une orientation clairement marquée à l’extrême droite, existent. Les chiffres de RSF sont contestés par l’Arcom. La chercheuse Camille Broyelle, spécialiste du droit des médias, cherche à comprendre ce qui pourrait conduire le régulateur public à interpréter la loi de façon minimaliste.
Camille Broyelle : Jusqu’en 2024, pour satisfaire l’exigence de pluralisme interne imposée par la loi du 30 septembre 1986 – c’est-à-dire l’expression des différents courants de pensée et d’opinion au sein même des programmes des chaînes de télévision, l’Arcom se contentait d’une répartition équitable du temps de parole des personnalités politiques, c’est-à-dire les personnes rattachées – formellement ou non – à un parti politique.
Tant que seules ces personnalités faisaient de la politique à la télévision, cette obligation d’équité était suffisante pour assurer le pluralisme interne. Elle ne l’était plus, cependant, quand les animateurs, les présentateurs, les chroniqueurs ont commencé eux aussi à militer en faveur de tel ou tel courant politique.
Reporters sans frontières a ainsi demandé à l’Arcom d’aller au-delà du temps de parole des personnalités politiques pour éviter qu’en méconnaissance de la loi, des chaînes de télévision, qui par ailleurs respecteraient l’équité des temps de paroles des personnalités politiques, se muent en médias d’opinion, c’est-à-dire en médias monochromes, militant en faveur d’un courant politique. Le refus opposé par l’Arcom a été contesté par RSF devant le Conseil d’État qui, le 13 février 2024, et a contraint l’Arcom de prendre en compte l’ensemble des programmes, afin que l’exigence de pluralisme interne posée par la loi soit respectée.
À la suite de cette décision, l’Arcom a adopté une délibération, le 17 juillet 2024, où sont énoncés trois critères sur lesquels se fonde désormais le régulateur pour apprécier le respect de la loi : la variété des sujets ou des thématiques abordés à l’antenne ; la diversité des intervenants dans les programmes ; l’expression d’une pluralité de points de vue dans l’évocation des sujets abordés à l’antenne.
Contrairement à ce qui a pu être écrit, il ne s’agit pas d’étiqueter les intervenants sur les plateaux ni de calculer de façon mathématique leur temps d’intervention – la délibération de l’Arcom le précise explicitement. Il s’agit de prendre en compte un faisceau d’indices (Qui parle ? De quoi ? Comment ?) qui, mis bout à bout, indiquent si, manifestement, la chaîne milite ou non en faveur d’un courant politique.
Il faut souligner ce point, explicitement mentionné dans la délibération du 17 juillet 2024 : l’Arcom doit s’assurer que les éditeurs n’avantagent pas « de façon manifeste et durable » un courant de pensée particulier. Contrairement au temps de parole des personnalités politiques, qui doit être distribué équitablement (cette obligation demeure), les chaînes de télévision ne sont pas tenues de représenter de façon équitable les différents courants de pensée et d’opinion. Elles doivent seulement s’abstenir d’en favoriser un de façon manifeste et durable. Cela signifie qu’il y a place pour une ligne éditoriale. En somme, le pluralisme interne imposé par la loi n’interdit pas aux médias d’afficher une tendance politique, il s’oppose seulement à ce qu’ils se muent en médias de propagande, la différence les uns et les autres n’étant pas qu’une différence de degré mais aussi de nature, car un média de propagande, qui s’est mis au service d’un courant de pensée, tend inévitablement à tordre la vérité et à méconnaître l’exigence d’honnêteté de l’information.
À la suite de la nouvelle enquête de RSF concernant Cnews, comment analysez-vous la réaction de l’Arcom ?
C. B. : RSF a souhaité vérifier si, au regard des critères dégagés par l’Arcom en 2024, le pluralisme interne était respecté par les quatre chaînes d’information en continu présentes sur la TNT (FranceinfoTV, LCI, BFMTV et CNews), c’est-à-dire si celles-ci avantageaient ou non « de façon manifeste et durable » un courant particulier de pensée et d’opinion. Tout au long du mois de mars 2025, des relevés systématiques et automatisés ont été effectués sur les quatre chaînes permettant de relever les intervenants et les sujets traités. L’analyse qualitative consistant à déterminer comment les sujets avaient été traités (de façon univoque ou de différents points de vue) a été menée, elle, au regard d’un thème, celui de la condamnation de Marine Le Pen. Au regard de l’ensemble de ces critères, RSF conclut a un avantage manifeste accordé par CNews à l’extrême droite.
Pourtant, dans le journal le Point, l’Arcom a contesté la façon dont RSF a apprécié le critère relatif à la diversité des intervenants à l’antenne et a considéré qu’aucun manquement au pluralisme interne n’avait été relevé. Il faut attendre des précisions de l’Arcom sur ses calculs, mais, l’affirmation est étonnante. Quiconque fait l’expérience de regarder quelques minutes les programmes de la chaîne CNews peut le constater : il s’agit bien évidemment d’une chaîne d’opinion, qui milite en faveur de l’extrême droite, ce que la loi du 30 septembre 1986 interdit, comme le Conseil d’État l’a rappelé.
Que répondre à l’argument selon lequel cette exigence de pluralisme interne constituerait une atteinte à la liberté d’expression ?
C. B. : Il s’agit d’une erreur de perspective, car cette exigence de pluralisme protège la liberté d’expression. La loi du 30 septembre 1986, qui régit le secteur audiovisuel, est destinée à réglementer l’activité des médias audiovisuels afin de protéger l’ordre public et, en priorité, le droit du public à une offre pluraliste de programmes. Ce droit dispose d’une assise constitutionnelle solide.
Comme le Conseil constitutionnel l’a affirmé et comme il continue de l’affirmer, la liberté de communication doit être lue à travers l’exigence de pluralisme, indispensable au fonctionnement de la démocratie : il permet au public d’être informé et, à travers lui, aux électeurs de voter de façon éclairée et libre. La liberté des médias audiovisuels est, selon la jurisprudence constitutionnelle et depuis une décision du 18 septembre 1986, au service du droit du public de disposer d’une offre audiovisuelle pluraliste et respectueuse de l’honnêteté de l’information non seulement dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé.
C’est ce droit à une offre audiovisuelle pluraliste et honnête que met en œuvre la loi du 30 septembre 1986 en interdisant sur la TNT des chaînes d’opinion ; l’expression « chaînes d’opinion » n’est pas inscrite dans la loi, mais ce sont de telles chaînes qui sont prohibées, puisque l’article 13 de la loi impose le « respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion ». Même si aujourd’hui, d’autres réseaux ont permis à d’autres médias de nourrir le débat public, les chaînes de télévision hertziennes occupent une position dominante pour structurer ce débat – c’est la raison pour laquelle les fréquences hertziennes restent très convoitées. Toutes les opinions ne pouvant être représentées sur le spectre hertzien, en raison de la rareté des fréquences, et surtout toutes les opinions ne bénéficiant pas nécessairement le soutien financier d’un groupe privé consacré à leur promotion, la seule façon d’assurer le pluralisme des idées, c’est-à-dire de permettre au public d’accéder à l’expression d’un large panel de courants de pensée et d’opinion, est d’interdire les chaînes d’opinion. Il n’y a pas là atteinte à la liberté d’expression. Il s’agit au contraire de la protéger en empêchant à un groupe de médias d’étouffer l’expression d’autres idées, du fait de l’avantage exorbitant dans la fabrication du débat public que lui donne le canal hertzien.
En imposant un pluralisme interne aux chaînes hertziennes, la loi du 30 septembre 1986 protège la liberté d’expression sur la TNT. Elle empêche sa capture par des intérêts privés. Aussi, lorsque certains médias dénoncent une atteinte à leur liberté d’expression, ils revendiquent en réalité un droit d’être en situation de position dominante dans la fabrication de l’opinion, comme si l’opinion pouvait constituer un marché, ce que le Conseil constitutionnel a également toujours récusé (CC, 18 sept. 1986) :
« En définitive, l’objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l’article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d’exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu’on puisse en faire les objets d’un marché. »
Comment comprendre la difficulté du régulateur à sanctionner les chaînes qui ne respectent pas leurs obligations légales ?
C. B. : Le régulateur n’est pas très à l’aise avec l’exigence de pluralisme interne. Lorsque la décision du Conseil d’État avait été rendue à la suite de la saisine de RSF, l’Arcom avait réagi sur son site en déclarant qu’il s’agissait d’une interprétation renouvelée de la loi de 1986, alors qu’en réalité, le Conseil d’État se contentait de rappeler au régulateur la nécessité d’assurer l’effectivité de l’article 13 de la loi, selon lequel « l’Arcom assure le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale ».
Plus récemment, certaines déclarations ont clairement indiqué ce malaise. S’exprimant le 1er octobre 2025, devant la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat, Martin Ajdari, président de l’Arcom a déclaré : « Le projet de loi relatif aux États généraux de l’information […] devrait apporter des inflexions importantes en matière de modernisation du contrôle des concentrations plurimédias. Il s’agit d’une modernisation du suivi du pluralisme externe qui pourrait être l’occasion pour le législateur de s’interroger sur la portée du pluralisme interne, lequel soulève de nombreuses questions. »
En d’autres termes, une éventuelle évolution de la mesure de concentration, supposée réduire la concentration dans les médias, elle-même censée renforcer le pluralisme, devrait conduire le législateur à restreindre l’exigence de pluralisme interne. Notons que Roch-Olivier Maistre, ancien président de l’Arcom, a défendu la même position quelques jours plus tard.
Outre le fait que ces analyses reposent sur une équation discutable entre diversité des opérateurs et diversité des contenus (équation que la loi du 30 septembre 1986 réfute en distinguant l’une et l’autre, art. 30-1, III, al. 2), cet appel à anticiper sur les effets potentiels d’une règle de concentration qui n’a pas été encore adoptée est significatif de l’embarras du régulateur. Celui-ci ne se limite pas, du reste, à l’exigence de pluralisme interne.
Probablement intimidés par l’argument de la liberté d’expression invoqué par les médias audiovisuels (lire Thomas Hochmann, On ne peut plus rien dire, Anamosa, 2025), probablement influencés par la conception absolutiste de la liberté d’expression énoncée par le premier amendement à la Constitution des États-Unis, diffusée à l’échelle mondiale par les plateformes, parce qu’elle sert leurs intérêts économiques, les régulateurs successifs ont toujours contesté leur qualité de « gendarme » de l’audiovisuel en soulignant que la loi du 30 septembre 1986 était une « loi de liberté », c’est-à-dire une loi de liberté des médias audiovisuels.
Ce n’est pas totalement faux. Mais il est essentiel de ne pas confondre la liberté des médias et la liberté d’expression des individus (Damian Tambini, Media Freedom, éditions Polity, 2021. La liberté des médias plie devant le droit constitutionnel du public à une offre audiovisuelle pluraliste et respectueuse, dans tous les cas, à « l’impératif d’honnêteté de l’information » (selon les termes du Conseil constitutionnel, le 18 septembre 1986).
L’Arcom dispose pourtant des outils permettant de faire respecter le pluralisme interne et l’honnêteté de l’information…
C. B. : Effectivement. D’ailleurs s’agissant d’autres obligations, comme le respect de l’honnêteté de l’information, ou l’interdiction des incitations à la discrimination, l’Arcom n’hésite pas à sanctionner, parfois lourdement. Ce fut le cas, par exemple, en 2021, au sujet des propos tenus par Éric Zemmour sur les mineurs étrangers isolés – « pour la plupart, voleurs, violeurs et assassins » – qui a valu à la chaîne Cnews 200 000 euros de sanctions financières (CSA,décision n°2021-2018 du 17 mars 2021 ou, plus récemment, en 2024, pour des déclarations de chroniqueurs selon lesquelles « l’immigration tue » ou encore pour la présentation d’une pseudo-enquête relative à la sécurité dans les villes.
Pourtant, de toute évidence, l’intervention de l’Arcom est plus que mesurée au sujet du pluralisme. Jamais, depuis la décision RSF du Conseil d’État et l’adoption de sa délibération propre (juillet 2024), l’Arcom n’a sanctionné la chaîne CNews pour méconnaissance du pluralisme interne. Seule, donc, une « mise en garde » a été prononcée par l’Arcom le 31 juillet 2024, à la suite de la décision du Conseil d’État du 13 février 2024 de statuer de nouveau sur la demande de RSF tendant à ce qu’elle mette en demeure la chaîne CNews ; sur l’échelle de la sévérité, la mise en garde est en deçà de la mise en demeure qui seule permet l’ouverture d’une procédure de sanction.
Au-delà du pluralisme, l’extrême prudence du régulateur s’observe désormais dans les modalités d’intervention qu’il s’est fixées. Récemment, devant le Sénat, le président de l’Arcom a déclaré : « Nous nous prononçons uniquement sur saisine, collégialement pour que l’on ne puisse pas nous reprocher de choisir nos cibles… »
La loi du 30 septembre 1986 ne le contraint nullement à un tel ciblage. On peut même douter qu’elle s’accommode de cette forme de renoncement à toute initiative dans les contrôles qu’elle charge l’Arcom d’effectuer. D’autant plus que le législateur a réglé, à un autre stade, la question en confiant à un rapporteur indépendant, et à lui seul, la décision d’engager des poursuites afin précisément de protéger les éditeurs audiovisuels d’une éventuelle partialité de l’Arcom (L. 30 sept. 1986, art. 40-7, 1°). La crainte d’un procès en impartialité : peut-être est-ce l’explication de la réserve de l’Arcom qui la conduit à laisser une chaîne de télévision méconnaître la loi.
Propos recueillis par David Bornstein.
Camille Broyelle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
