“Solo la muerte puede protegernos”: cómo el culto a La Santa Muerte refleja la violencia en México

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Myriam Lamrani, Associate Researcher, Department of Anthropology, Harvard University

Cuando en 2001 apareció por primera vez un esqueleto de tamaño real vestido como la Parca en un altar callejero de Tepito, en Ciudad de México, muchos transeúntes se santiguaron instintivamente. La figura era La Santa Muerte, una santa popular envuelta en misterio y controversia que anteriormente se conocía, en todo caso, como una figura de devoción doméstica: alguien a quien se le podían dirigir oraciones, pero en la intimidad del hogar.

Ella personifica la muerte misma y a menudo se la representa sosteniendo una guadaña o un globo terráqueo. Y desde principios de la década de 2000, su popularidad se ha extendido constantemente por México y América, Europa y más allá.

La idea y la imagen de la muerte convertida en santa es a la vez inconcebible y magnética. Su asociación con los narcotraficantes y rituales criminales hace que mucha gente desconfíe de la figura esquelética. La Santa Muerte también se enfrenta a una importante oposición de la Iglesia católica, que condena su veneración como herética y moralmente peligrosa. Altas figuras de la Iglesia como el cardenal Norberto Rivera Carrera en México han denunciado públicamente su devoción, advirtiendo que promueve la superstición y va en contra de los valores cristianos.

Consuelo más allá de las instituciones

Esta crítica pone de relieve una profunda tensión entre la religión oficial y la devoción popular. Muchos mexicanos que se sienten abandonados por las instituciones gubernamentales y eclesiásticas la acogen como fuente de esperanza. De hecho, según mi investigación, La Santa Muerte representa fuerza, protección y consuelo para sus devotos, entre los que se encuentran presos, policías, trabajadores sexuales, personas LGBTQ+, migrantes, la clase trabajadora y otros grupos menos vulnerables. A pesar de su aspecto temible, ofrece un tipo de cuidado que a menudo se les niega en otros lugares.

Como antropóloga que ha estudiado a La Santa Muerte en México, creo que su poder refleja una paradójica concepción mexicana de la muerte, no solo como símbolo de miedo, sino como parte íntima de la vida cotidiana que se ha convertido en un símbolo de resiliencia y resistencia en medio de la violencia crónica del país.

La muerte y el Estado

En mi reciente libro, La intimidad de las imágenes, examino cómo la devoción por La Santa Muerte en Oaxaca, el estado famoso por su tradición del Día de Muertos, se basa en la relación tradicional y a menudo lúdica de México con la imagen de la muerte.

Basándome en más de una década de trabajo de campo etnográfico, descubrí cómo las oraciones, ofrendas y promesas que le hacen las personas forman parte de un deseo de encontrar soluciones a problemas cotidianos como la enfermedad, las dificultades económicas y la protección contra el daño. Su frecuente representación en imágenes como altares, tatuajes y producciones artísticas también refleja una evolución en la comprensión social de la muerte, que durante mucho tiempo ha sido un símbolo omnipresente de la cultura, la identidad y el poder del Estado mexicano.

Tras la Revolución mexicana a principios del siglo XX, la muerte como símbolo de la nueva nación fue popularizada por artistas como José Guadalupe Posada, especialmente a través de La Catrina, la caricatura del esqueleto dandi, que a menudo se asocia con el Día de Muertos. Mientras que la muerte y su personificación formaban parte en el pasado de una ética de celebración y valentía frente al inevitable final de la existencia, ahora se han convertido en inquietantes recordatorios de la creciente inseguridad y violencia en México.

Esta transformación, y el papel que desempeña el santo esquelético al proporcionar protección en este contexto peligroso, refleja el descenso generalizado de México hacia la agitación. En las elecciones nacionales de 2000, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue derrocado tras 71 años de gobierno ininterrumpido. La elección del conservador Partido Acción Nacional (PAN) en su lugar supuso la fractura de las alianzas informales entre el Estado y las redes criminales que anteriormente habían reprimido la delincuencia mediante sistemas de clientelismo.

En 2006, el recién elegido presidente del PAN, Felipe Calderón, lanzó una guerra militarizada contra la delincuencia, tras años de evolución de estas primeras redes criminales hasta convertirse en organizaciones despiadadas.

En las décadas siguientes, la violencia de los cárteles se ha disparado, las muertes de civiles y los feminicidios se han intensificado y las instituciones estatales han sido acusadas de complicidad directa o de negarse a intervenir. La desaparición en 2014 de 43 estudiantes en Iguala, un caso que reveló el grado de colusión entre el Estado y las organizaciones criminales y que sigue sin resolverse, no hizo más que cristalizar la indignación pública. Esta violencia desenfrenada continúa hasta el día de hoy.

Desde el inicio de la guerra contra las drogas en México en 2006, se estima que 460 000 personas han sido asesinadas y más de 128 000 figuran oficialmente como desaparecidas en el país, lo que supone aproximadamente una de cada 1 140 personas. En estados muy afectados, como Guerrero y Jalisco, es probable que esa proporción sea mucho mayor, lo que pone de manifiesto la desigualdad geográfica de la violencia y las desapariciones en todo el país.

Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, que asumió el cargo en octubre de 2024, ha prometido desmantelar el crimen organizado. Sin embargo, la violencia y la percepción generalizada de inseguridad entre la población persisten.

Un espejo violento

Para la mayoría de los devotos, La Santa Muerte no es una aliada de los criminales, a pesar de que la utilicen los grupos vinculados a los cárteles. En cambio, es una de las pocas formas de ayuda que quedan en medio de una realidad social aterradora. No ofrece ninguna ilusión de que la situación de disfunción política o violencia desenfrenada vaya a mejorar, solo presencia y protección. Su imagen refleja una verdad brutal: la supervivencia ya no está garantizada por un Estado cuyos vínculos con los cárteles son profundos.

Este vacío político y espiritual se refleja en el auge de otras figuras laicas de devoción, caso de santos populares como Jesús Malverde, otros más oficiales como San Judas Tadeo, o incluso la devoción al diablo.

Sin embargo, La Santa Muerte es diferente. Ella es la muerte personificada, el fin de la vida, la jueza definitiva y un símbolo de la mortalidad compartida, independientemente del estatus, la raza o el género. Como me dijo un devoto: “Si nos abres, encontrarás los mismos huesos”. La Santa Muerte también está imbuida del cuidado y el amor de sus seguidores. Algunos se dirigen a ella como a un familiar, una tía o una madre venerada que encarna la protección maternal y un tipo de fuerza más comúnmente asociada con lo masculino. Como muchos dicen: “Es una cabrona”.

Patrona de un país donde la muerte acecha

En un país donde la protección del Estado es escasa y los límites entre las autoridades y los cárteles, difusos, La Santa Muerte representa al pueblo y también protege a sus creyentes a través de una protección milagrosa. Sus seguidores acuden a ella porque, como dicen, solo la muerte puede protegerlos de la muerte.

Dada la vulnerabilidad de sus devotos y la confianza incondicional que depositan en su santa esquelética, es más que un simple folclore. Es la santa patrona de muchos en un país donde la muerte acecha. Es una figura de consuelo personal y resiliencia colectiva. Y, por encima de todo, es un espejo que refleja una sociedad en crisis y sumida en la violencia, y un pueblo que busca sentido, dignidad y protección frente a todo ello.

The Conversation

Myriam Lamrani no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. “Solo la muerte puede protegernos”: cómo el culto a La Santa Muerte refleja la violencia en México – https://theconversation.com/solo-la-muerte-puede-protegernos-como-el-culto-a-la-santa-muerte-refleja-la-violencia-en-mexico-268955

Cigüeñas y gaviotas transportan cientos de kilos de plásticos desde los vertederos a los humedales de Andalucía

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Julián Cano Povedano, PhD student, Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)

Cigüeñas y gaviotas alimentándose en un vertedero.
Enrique García Muñoz (FotoConCiencia), CC BY-ND

La imagen de aves llenando los vertederos y comiendo de nuestra basura genera preocupación por saber de qué se están alimentando. Por ejemplo, se sabe estos animales pueden morir al tragar plásticos. Pero lo que no es tan conocido es qué pasa después con esos plásticos ingeridos y cómo pueden afectar a otros organismos con los que comparten ecosistemas.

Nuestro grupo de investigación lleva años estudiando el transporte de semillas e invertebrados por aves acuáticas. Sin embargo, muchas veces aparecían plásticos, cristales y otros productos de origen antrópico en las egagrópilas –bolas regurgitadas de restos orgánicos no digeribles– y heces que analizábamos. Así que nos preguntamos: ¿y si también transportan plásticos?

La contaminación por plásticos es una de las amenazas a las que nos enfrentamos como sociedad. Si bien se ha estudiado históricamente sobre ecosistemas marinos, la información sobre la fuente e impacto de plásticos en humedales como lagos o marismas es escasa.

¿Cómo transportan las aves los plásticos?

En muchos sitios, aves acuáticas como cigüeñas, gaviotas o garcillas repiten diariamente el mismo viaje. Se alimentan en vertederos y posteriormente se desplazan a humedales para descansar. Allí, estas especies regurgitan egagrópilas con el material imposible de digerir, como plásticos, especialmente en los dormideros. Así, actúan como biovectores y su acción genera una concentración de plásticos en los humedales usados para el descanso. Pero ¿cuál es la dimensión de este problema?




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Para poder dar respuestas a esta pregunta nos centramos en tres especies de aves acuáticas comunes en vertederos andaluces: la gaviota sombría, la gaviota patiamarilla y la cigüeña blanca. Aprovechamos individuos marcados con aparatos GPS y muestreamos egagrópilas en los humedales conectados con los vertederos por sus movimientos.

Después de cuantificar el plástico en el laboratorio, finalmente combinamos los datos GPS, los censos de las especies y las egagrópilas analizadas para estimar el plástico transportado por toda la población. El trabajo y procesado de muestras llevado a cabo durante el proyecto fue expuesto en un documental sobre el transporte de plástico por parte de aves a humedales acuáticos.

Dos gaviotas patiamarillas persiguen a una cigüeña con un plástico en el pico en los entornos de un vertedero.
Dos gaviotas patiamarillas persiguen a una cigüeña con un plástico en el pico en los entornos de un vertedero.
Enrique García Muñoz (FotoConCiencia), CC BY-ND

Cientos de kilos de plásticos anuales

La laguna de Fuente de Piedra, en Málaga, es famosa por su colonia de flamencos. Es endorreica, o sea, el agua accede por arroyos, pero no sale, provocando una concentración de sales y de cualquier contaminante que entre, incluyendo plásticos.

En invierno se reúnen allí miles de gaviotas sombrías que crían en el norte de Europa. Estimamos que esta población importa un promedio de 400 kg anuales de plásticos hacia este humedal Ramsar, procedente de vertederos en las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba.

Otro estudio nuevo en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz nos permitió comparar a las tres especies mencionadas, que utilizan los mismos vertederos y comparten el parque natural para el descanso. En total, vimos que estas especies transportaban alrededor de 530 kg anuales de plásticos hacia las marismas de la bahía de Cádiz, pero cada especie lo hacía de una manera algo diferente.

Diferencias entre cigüeñas y gaviotas

La cigüeña es más grande y transporta más plástico por individuo que las gaviotas, ya que sus egagrópilas son de mayor tamaño. Sin embargo, lo más importante para determinar el impacto de cada especie es el número de individuos que realiza el viaje vertedero-humedal. En nuestro trabajo, de nuevo fue la gaviota sombría la que más plástico movía (285 kg anuales) debido a su abundancia en invierno.

La asociación directa entre visitas al vertedero y distancia al mismo es clara, tanto para gaviotas como para cigüeñas. Por lo tanto, aquellos ecosistemas más cercanos a vertederos están más expuestos a este problema.

Nuestro estudio también demuestra cómo las diferencias espaciotemporales propias de cada especie se trasladan al transporte de plástico. Por ejemplo, pudimos ver que la parte de la Bahía de Cádiz de mayor exposición de plásticos procedentes de gaviota patiamarilla se encuentra en torno a sus colonias de cría. Además, esta ave los transportaba durante el año completo, mientras que las otras dos especies lo hacían en sintonía con su paso migratorio.

Por último, hay algunas diferencias en los tipos de plástico: la cigüeña era la única especie que transportaba gomas de silicona desde los vertederos, por razones desconocidas.

Gaviotas y cigüeñas sobre el suelo de tierra de un vertedero
Gaviotas y cigüeñas en un vertedero.
Enrique García Muñoz, CC BY-ND



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Impacto y soluciones

Los plásticos y sus aditivos pueden generar numerosos problemas, no solo a los propios biovectores sino a los organismos con los que comparten ecosistema, desde plantas hasta a otras aves. Por ejemplo, plásticos más grandes pueden producir estrangulamientos o bloquear sus sistemas digestivos.

Los efectos de plásticos más pequeños, así como de sus aditivos y de contaminantes que se adhieren a estos, suelen pasar más desapercibidos: por ejemplo, actúan como disruptores endocrinos y generan problemas metabólicos y reproductivos. Además, pueden entrar en la cadena alimentaria –pasan de unos seres vivos a aquellos que se los comen– y acumularse progresivamente conforme ascendemos en ella, actuando sobre diferentes niveles.

Arreglar este problema no es sencillo. Una directiva europea (1999/31/UE) contempla el uso de medidas disuasorias que limiten las visitas de estas aves a los vertederos. No obstante, existe controversia sobre cómo puede afectar a sus poblaciones.




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Por otro lado, existe un método casero que no involucra a las aves y que todos podemos aplicar basado en el uso de las famosas tres erres: reutilizar, reducir y reciclar los plásticos que utilizamos.

The Conversation

Julián Cano Povedano recibe fondos de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Ayuda FPU).
Para los trabajos realizados se ha recibido financiación de la Junta de Andalucía en el proyecto GUANOPLASTIC “proyecto de I +D +i PY20_00756”

Andrew J. Green fue Investigador Principal del proyecto “Aves acuáticas como vectores de plásticos y nutrientes entre vertederos y humedales andaluces: GuanoPlastic” financiado por la Junta de Andalucía (PY20_00756), cuyo duración fue de Octubre 2021 a Marzo 2023.

ref. Cigüeñas y gaviotas transportan cientos de kilos de plásticos desde los vertederos a los humedales de Andalucía – https://theconversation.com/ciguenas-y-gaviotas-transportan-cientos-de-kilos-de-plasticos-desde-los-vertederos-a-los-humedales-de-andalucia-266325

¿Por qué las chicas adolescentes se sienten peor que los chicos?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Alejandro Legaz Arrese, Catedrático Área de Educación Física y Deporte, Universidad de Zaragoza

fizkes/Shutterstock

En los últimos años hemos asistido a un aumento preocupante de los problemas de salud mental entre jóvenes. Pero hay un dato que suele pasar desapercibido: la crisis emocional adolescente no afecta por igual a chicos y chicas.

En nuestros estudios recientes sobre sueño, ansiedad, depresión, calidad de vida y riesgo de trastornos alimentarios, analizamos datos de más de 10 000 adolescentes españoles de entre 11 y 19 años. Los resultados fueron claros: la brecha emocional entre chicas y chicos no solo existe, sino que aparece temprano y se intensifica con la edad.

La brecha nace en la pubertad

La diferencia entre sexos no es innata. Surge cuando llegan los cambios hormonales y sociales de la pubertad. Al inicio de esta fase, chicas y chicos muestran niveles similares de bienestar emocional. Sin embargo, aproximadamente a partir de los 14 años en las chicas, cuando la pubertad está en pleno desarrollo y los cambios físicos y hormonales se aceleran, las trayectorias comienzan a separarse. Desde ese momento, las chicas empiezan a dormir peor, muestran más ansiedad y reportan más síntomas depresivos.

La adolescencia, para muchas chicas, se vuelve emocionalmente más intensa. Muchas jóvenes describen vacío emocional, confusión sobre sí mismas y más dificultad para entender y gestionar sus emociones. No es simplemente que se sientan peor: durante esta etapa, el equilibrio emocional se vuelve más frágil y la respuesta al estrés se intensifica.

Sensación de menos autonomía y control

Este periodo también supone un cambio importante en la percepción de su autonomía. Algunas adolescentes expresan la sensación de tener menos control sobre su tiempo, su cuerpo y sus decisiones. Mientras para muchos chicos la madurez representa más independencia, para muchas chicas implica mayor presión, más expectativas y más autoexigencia.

La autoestima cae de forma marcada y la relación con el propio cuerpo se vuelve más crítica. La preocupación por el peso, la apariencia y la autoevaluación constante aumentan, lo que eleva el riesgo de problemas alimentarios. Al mismo tiempo, numerosas adolescentes sienten que tienen menos energía, se cansan antes y ya no se sienten tan en forma como antes de la pubertad.




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Este patrón coincide con los hallazgos internacionales del informe de la Organización Mundial de la Salud, que identifica un deterioro mayor del bienestar psicológico femenino a partir de la pubertad y una mayor sensibilidad emocional asociada a este periodo.

No cambia el entorno, sino cómo se ven

Un dato importante: la esfera social no explica esta brecha. Las relaciones con la familia, el entorno escolar y las amistades se transforman en ambos sexos de forma similar. En nuestros datos no vemos diferencias sustanciales en apoyo social, amistades o experiencias de acoso.

La brecha emocional no proviene de un entorno más hostil para las chicas. Surge dentro: en cómo se sienten, cómo se ven y cuánto control perciben sobre sus vidas. Es una brecha interna, no social.




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Hormonas y presión estética

¿Por qué ocurre esto? La explicación es compleja y multifactorial. La pubertad femenina llega antes y con cambios hormonales más intensos que afectan al sueño, al estado de ánimo y a la forma en que se procesa el estrés. Pero estos cambios son naturales y ocurren en ambos sexos; no son la causa ni la solución por sí solos. La diferencia está en cómo se viven y qué significan esos cambios en un entorno social lleno de expectativas sobre el cuerpo femenino.

A todo ello se suma un contexto contemporáneo marcado por presión estética, exposición continua a redes sociales y expectativas de “ser perfecta” en múltiples dimensiones. La evidencia más reciente vincula estas dinámicas con el aumento del malestar emocional en chicas jóvenes.

La pubertad se convierte así en un cruce biológico y cultural particularmente exigente para ellas.

La brecha llega a la adultez

Este patrón no desaparece con los años. Datos de nuestro grupo de investigación y de la evidencia científica en población adulta muestran que las mujeres siguen presentando peores niveles de sueño, mayor ansiedad y depresión, y más insatisfacción corporal que los hombres.

La brecha emocional que se abre en la pubertad no se corrige sola con el paso del tiempo.

El deporte protege

Nuestros datos muestran que la actividad física, y especialmente el deporte competitivo, se asocia con mejor descanso, mayor satisfacción vital y menos malestar emocional tanto en chicos como en chicas. Cuando la práctica deportiva es similar, los beneficios también lo son: el deporte protege por igual.

Aun así, la brecha de bienestar entre chicos y chicas persiste. No porque el deporte funcione peor en ellas, sino porque las adolescentes practican menos actividad física y menos deporte competitivo, tal y como indican nuestro estudio y otros trabajos previos.

El deporte no puede compensar por sí solo los factores sociales que pesan más sobre las adolescentes, pero favorecer su participación, especialmente en niveles competitivos, ayuda a reducir la brecha, al permitir que más chicas accedan a los mismos beneficios que los chicos.

Otras estrategias que ayudan a reducir la brecha

La buena noticia es que sabemos que otras estrategias ayudan a reducir dicha diferencia emocional. Los estudios muestran que las intervenciones más efectivas son aquellas que ayudan a mejorar la relación con el propio cuerpo, reducir la comparación social y fortalecer la autoestima.

Programas escolares centrados en la educación sobre imagen corporal y autopercepción han logrado disminuir el riesgo de trastornos alimentarios y aumentar el bienestar emocional en chicas adolescentes.

También funcionan las iniciativas que enseñan a usar las redes sociales de forma crítica e identificar mensajes que dañan la autoimagen, ayudando a frenar la presión estética y digital.




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Por último, las estrategias de regulación emocional y atención plena, centradas en aprender a manejar el estrés, calmar la mente y conectar con el presente, se han asociado con mejoras en el bienestar psicológico y menores niveles de ansiedad en adolescentes.

No es solo cosa de ellas

Pero no todo depende de ellas. La investigación también muestra que el contexto importa. Las familias que escuchan, validan emociones y favorecen la autonomía protegen la salud mental de sus hijas.

Las escuelas que enseñan habilidades socioemocionales universales, como reconocer emociones, resolver conflictos o fortalecer la autoestima, reducen los síntomas de ansiedad y depresión en la adolescencia.

Y los medios y las redes sociales tienen una enorme responsabilidad: la forma en que se representan los cuerpos y el éxito influye en cómo las jóvenes se valoran a sí mismas.

Además, las políticas públicas que regulan los mensajes sobre cuerpo e imagen y que promueven entornos educativos y deportivos inclusivos, también ayudan a reducir la presión estética y mejorar el bienestar de las adolescentes.

Una ventana crítica (y una oportunidad)

La adolescencia es un momento decisivo. Si apoyamos a las chicas en esta etapa y reforzamos su autonomía, su autoestima y su relación con el cuerpo y las emociones, estaremos protegiendo su bienestar para el resto de la vida.

No se trata de pedirles que sean fuertes. Se trata de construir entornos que no las derriben. Invertir en salud mental adolescente hoy es construir una sociedad más equitativa mañana.

The Conversation

Alejandro Legaz Arrese recibe fondos del Grupo de Investigación Movimiento Humano financiado por el Gobierno de Aragón.

Carmen Mayolas-Pi recibe fondos de financiación asociados al Grupo de Investigación Movimiento Humano por parte del Gobierno de Aragón.

Joaquin Reverter Masia recibe fondos del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de I+D+i 2020–2025. El título del proyecto es: “Evaluación de diversos parámetros de salud y niveles de actividad física en la escuela primaria y secundaria” (número de subvención PID2020-117932RB-I00).

Además, la investigación cuenta con el apoyo del grupo de investigación consolidado “Human Movement” de la Generalitat de Catalunya (referencia 021 SGR 01619)

ref. ¿Por qué las chicas adolescentes se sienten peor que los chicos? – https://theconversation.com/por-que-las-chicas-adolescentes-se-sienten-peor-que-los-chicos-267761

Cuando un perro era una cosa: el viaje legal de los animales desde la antigua Roma hasta la actualidad

Source: The Conversation – (in Spanish) – By María José Bravo Bosch, Catedrática de Derecho Romano, Universidade de Vigo

Representación de un perro en un mosaico de Pompeya. Sergii Figurnyi/Shutterstock

Los animales han ocupado durante siglos un lugar ambiguo en el pensamiento jurídico: presentes en la vida cotidiana, en la economía, en la religión y en el arte, pero ausentes –o casi– como sujetos de derecho.

Desde el mundo romano hasta nuestros días, su estatuto legal ha sido objeto de una lenta y compleja evolución, que hoy nos obliga a repensar la relación entre derecho, vida y sensibilidad.

De la utilidad al símbolo: los animales en Roma

En el derecho romano, los animales eran considerados res, es decir, cosas. Su valor jurídico derivaba de su utilidad: podían ser vendidos, heredados, sacrificados o utilizados como garantía. No existía una categoría legal que los reconociera como sujetos con intereses propios.

Sin embargo, esto no significa que fueran irrelevantes en la cultura romana. Al contrario: los animales estaban profundamente integrados en la vida social, religiosa y simbólica.

Los juristas distinguían entre animales salvajes, domésticos y domesticados. Estos últimos –aunque capaces de alejarse– conservaban su vínculo jurídico con el propietario si se demostraba el llamado animus revertendi, es decir, la intención del animal de regresar.

Este criterio tenía implicaciones patrimoniales importantes, especialmente en casos de pérdida o recuperación de animales domesticados. En cierto modo, esta lógica recuerda al ius postliminii, aplicado a personas o bienes que regresaban al ámbito jurídico romano tras haberlo perdido por causas externas; por ejemplo, guerra o cautiverio.

Por otro lado, el llamado edictum de feris regulaba la responsabilidad por los daños causados por animales fieros en las vías públicas, estableciendo quién debía responder en caso de ataque a un transeúnte. Se trataba de una medida de protección ciudadana, que muestra cómo el derecho romano abordaba la relación entre animales peligrosos y espacio urbano.

Durante mucho tiempo, se interpretó erróneamente la lex Pesolania de cane –referida a los daños provocados por perros– como una norma que protegía al animal. En realidad, sancionaba al propietario de un perro que causaba daño no por proteger al animal, sino por preservar el orden público y la seguridad de las personas.

No se trataba, pues, de una ley de bienestar animal, sino de una norma de responsabilidad. Esta aclaración, fruto de estudios recientes, permite entender mejor el contexto jurídico romano y desmontar ciertas idealizaciones modernas sobre la protección animal en la Antigüedad.

Sujetos invisibles

El punto clave es que, en Roma, los animales no eran sujetos de derecho. No podían ser titulares de obligaciones ni de derechos. No existía una categoría intermedia entre la persona y la cosa. Esta dicotomía rígida –que ha marcado la tradición jurídica occidental– excluía cualquier posibilidad de reconocer a los animales como portadores de intereses jurídicamente relevantes.

Incluso cuando se castigaba el maltrato animal, el fundamento no era la protección del animal por sí mismo, sino la defensa de valores sociales, religiosos o morales. El animal era amparado como símbolo, no como ser sensible.

El giro contemporáneo: sensibilidad y dignidad

Hoy, sin embargo, el panorama ha cambiado. En las últimas décadas, numerosos ordenamientos jurídicos han comenzado a revisar el estatuto legal de los animales, reconociendo su sensibilidad, su capacidad de sufrimiento y, en algunos casos, su dignidad.

Algunos códigos civiles –como el francés, el alemán o el suizo– han introducido categorías específicas que los distinguen de las cosas. En España, la reforma del Código Civil en 2021 reconoció a los animales como “seres sintientes”, lo que implica un cambio profundo en su tratamiento legal: ya no son simples objetos patrimoniales, sino entidades que merecen consideración propia.

Este giro no es solo simbólico. Tiene consecuencias prácticas: afecta a los regímenes de custodia en casos de divorcio, a la responsabilidad por daños, a la protección penal frente al maltrato y a la posibilidad de establecer derechos de visita o cuidado compartido. En algunos países, incluso se ha planteado la posibilidad de reconocer derechos fundamentales a ciertos animales.

¿Un nuevo paradigma jurídico?

La pregunta que se plantea hoy es si estamos ante un cambio de paradigma. ¿Podemos seguir pensando el derecho desde la dicotomía persona/cosa? ¿O necesitamos nuevas categorías que reconozcan la complejidad de los seres vivos?

Algunos juristas proponen hablar de sujetos no humanos de derecho, una noción que permitiría integrar a los animales en el sistema jurídico sin equipararlos a las personas, pero sin reducirlos a objetos. Esta idea, aún en construcción, plantea desafíos teóricos y prácticos: ¿qué derechos podrían tener? ¿quién los representaría? ¿cómo se articularía su protección?

Lo que está claro es que el derecho ya no puede ignorar la cuestión animal. La sensibilidad social, el avance de la ciencia y el desarrollo de nuevas corrientes éticas han puesto sobre la mesa una realidad que exige respuestas jurídicas sólidas.

El tránsito desde la categoría de cosa hacia formas de subjetividad jurídica animal es un proceso normativo complejo que interpela al derecho en sus fundamentos. En ese contexto, volver la mirada al derecho romano permite identificar los límites de la tradición jurídica y los desafíos que implica construir un marco legal capaz de integrar a los animales como titulares de protección efectiva.

The Conversation

María José Bravo Bosch no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Cuando un perro era una cosa: el viaje legal de los animales desde la antigua Roma hasta la actualidad – https://theconversation.com/cuando-un-perro-era-una-cosa-el-viaje-legal-de-los-animales-desde-la-antigua-roma-hasta-la-actualidad-265647

Dick Cheney’s expansive vision of presidential power lives on in Trump’s agenda

Source: The Conversation – USA – By Graham G. Dodds, Professor of Political Science, Concordia University

Vice President Dick Cheney appears at a Washington D.C., event in 2007. AP Photo/Charles Dharapak

This is an updated version of a story that first published on Oct. 7, 2025.

Former Vice President Dick Cheney will be remembered for many things. He was arguably the most powerful vice president in American history. He was a paragon of conservatism. He was the
architect of many of the more extreme measures in President George W. Bush’s “war on terror.”

But Cheney’s legacy, after his death on Nov. 3, 2025, will also include a crucial development that dates back a half-century, when he served as President Gerald Ford’s chief of staff. Based on his experience in the Ford administration, Cheney felt that Congress had overreacted in its efforts to rein in the presidency after the abuses of President Richard Nixon. He thought that the assertive Congress of the 1970s had gone too far and had emasculated the presidency, making it nearly impossible for the president to get things done.

As Cheney told an interviewer in 2005: “I do have the view that over the years there had been an erosion of presidential power and authority, that it’s reflected in a number of developments – the War Powers Act. … I am one of those who believe that was an infringement upon the authority of the President. … A lot of the things around Watergate and Vietnam, both, in the ’70s served to erode the authority, I think, the President needs to be effective especially in a national security area.”

Cheney’s experience in the Ford years set in place a decades-long effort to enhance presidential power, to reinvigorate an office that he believed Congress had wrongly diminished. When Bush surprisingly picked Cheney to be his vice president in July 2000, Cheney finally had a chance to right that perceived wrong.

Bush was happy to expand his own power, and the Bush administration made bold assertions of presidential power in a variety of areas. In many instances, Bush and others sought to justify his actions by invoking the unitary executive theory, a conservative thesis that calls for total presidential control over the entire executive branch.

Now, nearly two decades later, President Donald Trump is using this theory to push his agenda. He set the tone for his second term by issuing 26 executive orders, four proclamations and 12 memorandums on his first day back in office. The barrage of unilateral presidential actions has not yet let up.

These have included Trump’s efforts to remove thousands of government workers and fire several prominent officials, such as members of the Corporation for Public Broadcasting and the chair of the Commission on Civil Rights. He has also attempted to shut down entire agencies, such as the Department of Education and the U.S. Agency for International Development.

For some scholars, these actions appear rooted in the psychology of an unrestrained politician with an overdeveloped ego.

But it’s more than that.

As a political science scholar who studies presidential power, I believe Trump’s recent actions mark the culmination of the unitary executive theory, which is perhaps the most contentious and consequential constitutional theory of the past several decades.

A prescription for a potent presidency

In 2017, Trump complained that the scope of his power as president was limited: “You know, the saddest thing is that because I’m the president of the United States, I am not supposed to be involved with the Justice Department. I am not supposed to be involved with the FBI, I’m not supposed to be doing the kind of things that I would love to be doing. And I’m very frustrated by it.”

The unitary executive theory suggests that such limits wrongly curtail the powers of the chief executive.

Formed by conservative legal theorists in the 1980s to help President Ronald Reagan roll back liberal policies, the unitary executive theory promises to radically expand presidential power.

There is no widely agreed upon definition of the theory. And even its proponents disagree about what it says and what it might justify. But in its most basic version, the unitary executive theory claims that whatever the federal government does that is executive in nature – from implementing and enforcing laws to managing most of what the federal government does – the president alone should personally control it.

This means the president should have total control over the executive branch, with its dozens of major governmental institutions and millions of employees. Put simply, the theory says the president should be able to issue orders to subordinates and to fire them at will.

President Donal Trump appears seated in the oval office.
President Donald Trump signs executive orders in the Oval Office next to a poster displaying the Trump Gold Card on Sept. 19, 2025.
AP Photo/Alex Brandon

The president could boss around the FBI or order the U.S. attorney general to investigate his political opponents, as Trump has done. The president could issue signing statements – a written pronouncement – that reinterpret or ignore parts of the laws, like George W. Bush did in 2006 to circumvent a ban on torture. The president could control independent agencies such as the Securities and Exchange Commission and the Consumer Product Safety Commission. The president might be able to force the Federal Reserve to change interest rates, as Trump has suggested. And the president might possess inherent power to wage war as he sees fit without a formal authorization from Congress, as officials argued during Bush’s presidency.

A constitutionally questionable doctrine

A theory is one thing. But if it gains the official endorsement of the Supreme Court, it can become governing orthodoxy. It appears to many observers and scholars that Trump’s actions have intentionally invited court cases by which he hopes the judiciary will embrace the theory and thus permit him to do even more. And the current Supreme Court appears ready to grant that wish.

Until recently, the judiciary tended to indirectly address the claims that now appear more formally as the unitary executive theory.

During the country’s first two centuries, courts touched on aspects of the theory in cases such as Kendall v. U.S. in 1838, which limited presidential control of the postmaster general, and Myers v. U.S. in 1926, which held that the president could remove a postmaster in Oregon.

In 1935, in Humphrey’s Executor v. U.S., the high court unanimously held that Congress could limit the president’s ability to fire a commissioner of the Federal Trade Commission. And in Morrison v. Olson the court in 1988 upheld the ability of Congress to limit the president’s ability to fire an independent counsel.

Some of those decisions aligned with some unitary executive claims, but others directly repudiated them.

Warming up to a unitary executive

In a series of cases over the past 15 years, the Supreme Court has moved in an unambiguously unitarian, pro-presidential direction. In these cases, the court has struck down statutory limits on the president’s ability to remove federal officials, enabling much greater presidential control.

These decisions clearly suggest that long-standing, anti-unitarian landmark decisions such as Humphrey’s are on increasingly thin ice. In fact, in Justice Clarence Thomas’ 2019 concurring opinion in Seila Law LLC v. CFPB, where the court ruled the Consumer Financial Protection Bureau’s leadership structure was unconstitutional, he articulated his desire to “repudiate” the “erroneous precedent” of Humphrey’s.

Several cases from the court’s emergency docket, or shadow docket, in recent months indicate that other justices share that desire. Such cases do not require full arguments but can indicate where the court is headed.

In Trump v. Wilcox, Trump v. Boyle and Trump v. Slaughter, all from 2025, the court upheld Trump’s firing of officials from the National Labor Relations Board, the Merit Systems Protection Board, the Consumer Product Safety Commission and the Federal Trade Commission.

Previously, these officials had appeared to be protected from political interference.

President George W. Bush appears with several soldiers.
President George W. Bush signed statements in 2006 to bypass a ban on torture.
AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File

Total control

Remarks by conservative justices in those cases indicated that the court will soon reassess anti-unitary precedents.

In Trump v. Boyle, Justice Brett Kavanaugh wrote, “whether this Court will narrow or overrule a precedent … there is at least a fair prospect (not certainty, but at least a reasonable prospect) that we will do so.” And in her dissent in Trump v. Slaughter, Justice Elena Kagan said the conservative majority was “raring” to overturn Humphrey’s and finally officially embrace the unitary executive.

In short, the writing is on the wall, and Humphrey’s may soon go the way of Roe v. Wade and other landmark decisions that had guided American life for decades.

As for what judicial endorsement of the unitary executive theory could mean in practice, Trump seems to hope it will mean total control and hence the ability to eradicate the so-called “deep state.” Other conservatives hope it will diminish the government’s regulatory role.

Kagan recently warned it could mean the end of administrative governance – the ways that the federal government provides services, oversees businesses and enforces the law – as we know it:

“Humphrey’s undergirds a significant feature of American governance: bipartisan administrative bodies carrying out expertise-based functions with a measure of independence from presidential control. Congress created them … out of one basic vision. It thought that in certain spheres of government, a group of knowledgeable people from both parties – none of whom a President could remove without cause – would make decisions likely to advance the long-term public good.”

If the Supreme Court officially makes the chief executive a unitary executive, the advancement of the public good may depend on little more than the whims of the president, a state of affairs normally more characteristic of dictatorship than democracy.

Judicial approval of the unitary executive theory might well have pleased Cheney by enshrining a significant means of enhancing presidential power. But ironically, the former vice president would be displeased for such power to be accessible to the current president, whom Cheney criticized, calling Trump a “threat to our republic.”

The Conversation

Graham G. Dodds does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Dick Cheney’s expansive vision of presidential power lives on in Trump’s agenda – https://theconversation.com/dick-cheneys-expansive-vision-of-presidential-power-lives-on-in-trumps-agenda-269071

Crimes contre l’environnement dans la guerre en Ukraine : que dit le droit ?

Source: The Conversation – in French – By Nicolas Ligneul, Maitre de Conférences en Droit Public (HDR) à la Faculté de Droit, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Les atteintes à l’environnement sont multiples dans le cadre de la guerre en Ukraine. Peuvent-elles susciter des poursuites – et des indemnisations – en tant que telles ? Le droit international comporte de nombreuses dispositions qui permettent de répondre à cette question.


Dès l’été 2022, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) ont mis en évidence les dommages considérables subis par l’Ukraine du fait de l’invasion à grande échelle de son territoire par la Russie qui avait été lancée quelques mois plus tôt.

Les dommages infligés à l’environnement étaient alors déjà très nombreux et ont encore nettement augmenté depuis. Ces rapports pointaient notamment les nombreuses contaminations aux produits chimiques en raison du pilonnage par l’armée russe des installations industrielles ; les dommages causés aux infrastructures de fourniture d’eau ; la destruction des forêts en raison des opérations ; la production de déchets militaires lourds ; ou encore la pollution de l’air, de l’eau et du sol.

Comme tous les conflits de haute intensité, la guerre en Ukraine a donc produit d’importants dommages environnementaux.

Dommages intentionnels causés à l’environnement

Lors de sa 62e session plénière en mars 2025, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du Climat (Giec) a rappelé le principe selon lequel l’émetteur du carbone doit être tenu pour responsable des dommages qu’il cause.

Appliqué à la guerre en Ukraine, ce principe, qui est reconnu par de nombreux États et par le Giec, devrait conduire à une indemnisation par la Russie des dommages environnementaux observés en Ukraine du fait de la guerre.

Les dommages collatéraux provoqués à l’environnement en Ukraine à la suite de l’invasion russe sont donc des dommages de guerre et devraient être indemnisés à ce titre (pour une analyse générale des rapports entre le droit de la guerre et le développement durable, cf. Nicolas Ligneul, « Guerre et développement durable, la perspective du juriste », in le Développement durable, J.-L. Bischoff et C. Vivier Le Got (dir.), Connaissances et Savoirs, Paris, 2025).

Depuis 2022, ces dommages environnementaux ont changé de nature. Aujourd’hui, il ne s’agit plus de dégâts collatéraux accidentels. De nombreux dommages environnementaux constatés en Ukraine ont été délibérément infligés par la Russie. Mais bien qu’intentionnels, certains de ces dommages ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de crimes de guerre, alors que d’autres peuvent donner lieu à des poursuites au nom du droit des conflits armés.

En conduisant des opérations militaires sur le territoire de zones protégées pour la défense de l’environnement, l’armée russe a intentionnellement causé des dommages environnementaux. À droit constant, si ces dommages sont justifiés par une opération militaire, ils ne sont pas constitutifs de crimes de guerre du point de vue du statut de Rome ou des conventions de Genève.

Par exemple, transformer la centrale nucléaire de Zaporijia en camp militaire comme l’a fait la Russie, et plus généralement miner ou bombarder des centrales nucléaires ne constituent pas des crimes de guerre, même si ces attitudes sont gravement irresponsables et dangereuses.

Les dommages environnementaux engendrés par ces comportements ne seront probablement jamais indemnisés.

Les instruments internationaux d’indemnisation des dommages environnementaux à l’occasion des conflits armés sont très insuffisants. Ainsi, la convention du 10 décembre 1976 relative à l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles prévoit la possibilité de déposer une plainte devant le Conseil de Sécurité de l’ONU si un État a commis une atteinte à l’environnement à des fins militaires. Bien qu’elle ait été ratifiée par l’Union soviétique (et est donc censée être appliquée par la Russie, qui a repris les engagements juridiques de l’URSS) puis par l’Ukraine une fois celle-ci devenue indépendante, sa portée est si limitée qu’elle ne risque pas d’avoir une influence quelconque sur les atteintes environnementales constatées en Ukraine.

C’est donc le droit commun des dommages de guerre ou le droit ukrainien, lequel reconnaît la qualification d’écocide, qu’il faut mobiliser pour une telle indemnisation. Or, le droit ukrainien ne risque pas d’être imposé aux autorités russes.

Quant au régime des dommages de guerre, face à l’ampleur des dégâts, il ne permettra probablement pas de financer une reconstruction verte pourtant promue par les organisations internationales. C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ukrainiens et de nombreuses organisations non gouvernementales ont tenté de faire reconnaître un « écocide » en droit international et de créer un régime juridique spécifique d’indemnisation. À ce jour, ce projet n’a pas abouti.

Pour qu’il y ait une justice environnementale lors du règlement de la guerre en Ukraine, il faudra donc avoir recours aux qualifications de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. C’est donc vers les dommages environnementaux causés intentionnellement par la Russie susceptibles d’être qualifiés de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité qu’il faut se tourner.

La Cour pénale internationale peut-elle agir ?

Certaines atteintes à l’environnement pourraient correspondre à la définition des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

Le plus souvent, les accords environnementaux ne contiennent pas de réserves relatives à la guerre. Or, l’environnement naturel bénéficie d’une protection générale, comme tous les biens civils. Il bénéficie aussi d’une protection spéciale (Cf. articles 54 à 56 du Protocole additionnel n°1 aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux). Le droit international protège ainsi les ouvrages et installations contenant des « forces dangereuses », à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique – des installations dont la destruction causerait un préjudice important à la population civile.

Lorsque des installations ou ouvrages contenant des forces dangereuses sont présentes sur les théâtres d’opérations ou à proximité, elles bénéficient d’une protection prévue par le droit international conventionnel et coutumier. Elles ne peuvent pas être détruites. Cela causerait trop de risques pour la population et pour l’environnement. La protection de ces installations est toutefois limitée à l’hypothèse où ces ouvrages ne sont pas utilisés à des fins militaires. Dans le cas contraire, leur attaque devient conforme au droit de la guerre, à condition d’être strictement nécessaire et proportionnée.

Ainsi, lorsque l’armée russe a détruit le barrage de Kakhovka, ou bombardé la centrale nucléaire de Tchernobyl, elle a porté atteinte à la protection spéciale reconnue par le droit international.

La violation de la protection spéciale est susceptible d’être qualifiée de crime de guerre. De même, si les autorités d’un pays belligérant décident de bombarder les infrastructures énergétiques de son ennemi dans un plan d’ensemble pour faire mourir de froid une population entière, l’attaque peut être constitutive d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité.

C’est la raison pour laquelle une procédure a été introduite à l’encontre de plusieurs responsables russes sur ce fondement à la Cour pénale internationale (CPI). La CPI permettra peut-être de condamner les auteurs de ces crimes, mais la pratique de l’indemnisation des victimes des crimes de guerre et l’absence évidente de prise de conscience de ces phénomènes par les États occidentaux font craindre que l’indemnisation du dommage environnemental soit très insuffisante.

The Conversation

Nicolas Ligneul ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Crimes contre l’environnement dans la guerre en Ukraine : que dit le droit ? – https://theconversation.com/crimes-contre-lenvironnement-dans-la-guerre-en-ukraine-que-dit-le-droit-267066

How AI is challenging the credibility of some online courses

Source: The Conversation – Canada – By Mohammed Estaiteyeh, Assistant Professor of Digital Pedagogies and Technology Literacies, Faculty of Education, Brock University

Distance learning far precedes the digital age. Before online courses, people relied on print materials (and later radio and other technologies) to support formal education when the teacher and learner were physically separated.

Today, there are varied ways of supporting distance learning with digital communication. With “asynchronous” online courses, teaching does not occur live. Students access course materials on the learning management system and complete assignments at their own pace. This allows flexibility across time zones and work schedules and affords accessible learning.




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Nevertheless, some researchers have raised concerns regarding the quality and student outcomes associated with asynchronous online courses. As well, generative artificial intelligence (GenAI) has exposed fundamental challenges to this mode of delivery.

While GenAI poses serious challenges to academic integrity in many formats of learning, including synchronous online and in-person learning, asynchronous courses face the most acute risk. Without real-time interaction or time constraints, students can use AI undetected while instructors never observe their thinking processes.

Compromised learning models

Asynchronous courses have long relied on conventional assessments: discussion board posts, written reflections, essay assignments and pre-recorded videos. These models in asynchronous assessment are now compromised. Distinguishing AI-generated content from human-written text has become increasingly difficult.

Text discussions and reflections present the highest substitution risk. GenAI can generate personalized reflective posts and discussion replies rapidly, complete with a polished academic tone. An instructor may spend hours responding to these contributions yet gain little evidence about who actually learned and produced the material.

AI agents like ChatGPT’s Atlas browser can now navigate course sites, consume materials and complete some assignments with minimal student intervention — if any.

In written assignments, requiring precise citations from assigned course materials may seem like a safeguard. However, AI-enhanced tools can easily meet such requirements. This approach provides false security and fails to address underlying problems, including authorship with integrity in an AI world.




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Students can be asked to provide time-stamped drafts, version history and checkpoints to document their process. But these can be easily fabricated — while instructors become overloaded with policing rather than focusing on students’ learning and progress.

AI-generated infographics and videos are also becoming hard to distinguish from human-made ones.

Detectors, remote proctoring not solutions

AI detectors cannot solve the problem. Research suggests detection tools produce false positive rates far higher than advertised, with disproportionate harm to neurodivergent and second-language learners. Several universities now explicitly advise against using detection software as evidence of academic misconduct.

Remote proctoring is intrusive and raises serious ethical, equity, privacy and reliability concerns. Students requiring accommodations, whether for disabilities, inadequate technology or lack of private space, must be granted leniency that undermines the system’s purpose, rendering it unsustainable while diverting instructors away from their educational mission.




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These mounting challenges are neither hypothetical nor distant. Without meaningful intervention, institutions risk credentialing students who have not demonstrably engaged with course content, thereby undermining the integrity of academic credentials.

Two less-than-ideal strategies

Genuine protection against AI substitution requires approaches that fundamentally alter how instructors deliver asynchronous courses. Two strategies that somewhat meet this threshold are:

1) Short oral examinations can be scheduled for major assignments or throughout a term. While not without limitations, these conversations verify authorship and assess the depth of understanding.

2) Experiential learning components with external verification: Students can apply course concepts to real-world settings and include brief attestations from workplace supervisors, community partners or other external stakeholders in their capstone assignments that will be graded by course instructors. Combined with short oral examinations, this approach would deter offloading all learning to AI and augment asynchronous coursework with practical components.

However, assessment strategies alone cannot solve the authenticity crisis.

Rethinking program design

The Community of Inquiry framework, a tool for conceptualizing online learning, identifies three essential elements for effective online learning: social presence (students engage authentically), cognitive presence (students construct understanding through inquiry) and teaching presence (instructors facilitate learning).

GenAI threatens all three of these elements: it can simulate social engagement through generated posts, substitute for cognitive work and force instructors to focus on policing rather than teaching.

Institutions must evaluate whether their asynchronous programs can maintain these elements given GenAI capabilities.

Confronting an uncomfortable reality

Institutions and educators must be honest about limitations. Few strategies provide genuine protection against AI substitution; most merely create friction that determined students can overcome. The recommended approaches named above require synchronous elements or external verification that fundamentally alter asynchronous delivery.

Implementation of these imperfect solutions requires genuine institutional commitment, resources and policy support. Institutions now face a choice: invest substantially in what is required to restore some degree of assessment authenticity or acknowledge that asynchronous programs (as currently structured) cannot credibly assure learning outcomes.

Band-aid solutions and deflection of responsibility to instructors will only deepen the credentialing crisis. In the absence of robust institutional efforts, asynchronous programs risk becoming credential mills in all but name. The question is not whether institutions can afford to act, but whether they can afford not to.

The Conversation

Rahul Kumar received funding from SSHRC in the past.

Mohammed Estaiteyeh does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. How AI is challenging the credibility of some online courses – https://theconversation.com/how-ai-is-challenging-the-credibility-of-some-online-courses-264851

Taylor Swift and the performative ambiguity of ‘The Life of a Showgirl’

Source: The Conversation – Canada – By Jessalynn Keller, Associate Professor in Critical Media Studies, University of Calgary

On Oct. 3, pop superstar and cultural icon Taylor Swift released her 12th studio album, The Life of a Showgirl, to much public anticipation. But when the reviews came in, they were mixed.

While Rolling Stone feted the album as featuring “new, exciting sonic turns,” The Guardian slammed it as “dull razzle-dazzle from a star who seems frazzled.”

Likewise, Swifties had varied reactions. While some danced to the catchy chorus of “Opalite,” others criticized the songwriting as lacking the depth and nuance of Swift’s previous albums.

But perhaps what drew the most controversy from fans and critics alike was the politics of the album.

From feminist icon to political enigma

Unlike Swift’s recent recordings, which were punctuated with popular feminist messaging, The Life of a Showgirl seems to rest on conservative ideals, with fantasies of marriage, children and quiet suburban life emerging on several tracks.

As an artist known for leaving hidden messages, or “Easter eggs,” in her songs and encouraging her fans to find and decode them, Swifties jumped on the possible meanings of Swift’s new music: is she endorsing a “trad wife” lifestyle? Was that a racist dog whistle? Isn’t the “showgirl” a feminist figure? Or is it all just satire?

As cultural studies scholars, we are less interested in the musical quality of the album or determining the “true” meaning behind the songs. Instead, we regard The Life of a Showgirl as a cultural barometer that makes visible the social trends and tensions through both the album itself and the meanings fans derive from it.

With ambiguous lyrics and imagery, Swift invites her fan base to find their own meanings in the album. In this sense, The Life of a Showgirl is a perfect album for our time — a masterpiece of performative ambiguity that allows Swift to transcend polarized political discourse and avoid taking a stand in this hostile political moment.

Swift is no stranger to performing political ambiguity as a celebrity figure. While she avoided politics early in her career, Swift eventually began voicing her views, aligning with progressive social movements of the late 2010s, like feminism and queer rights, denouncing white supremacy and anti-choice rhetoric and endorsing Democratic candidates in both the 2020 and 2024 U.S. presidential elections.

Swift became understood as a feminist icon in an era of popular feminism, where mediated feminism is accessible and highly visible in the cultural zeitgeist.

With the release of The Life of a Showgirl, however, Swift positions herself within today’s political context: rising conservatism.

In endorsing Kamala Harris but then attending the U.S. Open with Trump-supporting friends Brittany and Patrick Mahomes, Swift enables some fans to derive traditional, conservative meanings from this album that align with current leadership and others to defend her as the “Miss Americana” idol they once knew.

Ambiguity as a brand

The ambiguous narratives present in The Life of a Showgirl seem purposeful. Imagery of Swift bedazzled in feathers, Portofino-orange rhinestones and “sweat and vanilla perfume,” while giving her best attempt at lobotomy chic, suggests an album that would champion the feminist potential of the independent showgirl.

Instead, The Life of a Showgirl’s release generated a wave of interrogative discourse among listeners, arguing its lyrics seemingly have patriarchal, homophobic and white supremacist connotations, and, more poignantly, seem to contradict Swift herself.

In contrast to her previous objection to the use of the word “bitch” for its “strong misogynistic message,” she now waxes poetic about how “all the headshots on the walls / of the dance hall are of the bitches / who wish I’d hurry up and die” in the titular song.

“Actually Romantic” further highlights the album’s conflicting messaging and “outdated misogyny repackaged for the boss girl era,” not only by placing two women in rivalry with one another, but by suggesting that the only explanation for a woman not liking Swift is that she must be in love with her.

Such criticisms extend so far as to argue that the conservative messaging is so entrenched in the album that it should instead be titled The Life of a Tradwife, while others consider this a hypersensitive, leftist overreaction that misses the point and is “genuinely unfair.”

Yet dismissing these critiques feels irresponsible — especially when some of Swift’s most conservative lyrics are being celebrated by influential people. Alexis Wilkins, ambassador for Turning Point USA and girlfriend of FBI Director Kash Patel, interprets the album as Swift “choosing what matters most — a life of family and stability … choosing a home at the end of a cul-de-sac, a basketball hoop in the driveway, and kids who look like both of them.”

What Swift’s album says about us

In a moment of entrenched conservatism, it is not surprising that fans may read white supremacy, patriarchy and homophobia into The Life of a Showgirl — our cultural context makes all of those readings legible and possible, regardless of Swift’s true intention.

Performative ambiguity gives Swift access to both political sides of her devoted fan base, allowing them to interpret the album according to their own beliefs, concerns and values.

And Swift herself seems content to stoke the fire, stating in a recent interview: “If it’s the first week of my album release and you’re saying either my name or my album title, you’re helping.”

She also reminds her fans that her goal as an entertainer is “to be a mirror.”

The Conversation

The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Taylor Swift and the performative ambiguity of ‘The Life of a Showgirl’ – https://theconversation.com/taylor-swift-and-the-performative-ambiguity-of-the-life-of-a-showgirl-267061

I’m a criminologist and grieving aunt. Here’s why Ottawa’s bail reform won’t make Canada safer

Source: The Conversation – Canada – By Amy Fitzgerald, Professor, Department of Sociology, Anthropology and Criminology, University of Windsor

The federal government has announced it’s introducing legislation to make bail more difficult to secure, along with lengthening sentences for certain offences.

These actions are intended to make Canadians feel safer, which makes sense politically. But does it make sense practically?




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Invoking the term “bail reform” has been politically strategic for politicians at both provincial and federal levels.

As I explain to my criminology students, “tough on crime” rhetoric has long been useful for garnering political support, while more nuanced examinations of the realities of crime and what could and should be done to reduce it struggle to gain traction.

The federal government’s new bail reform legislation would ensure that more people are incarcerated and for longer periods of time. As someone who lost a close relative to the prison system while he was awaiting a court appearance, I know how problematic this approach will be.

There’s also been no mention of corresponding investments in federal and provincial corrections systems that would enable them to keep up with this looming increase in prison populations.

In a news release, the federal government said:

“[The proposed changes] will only be effective if provincial and territorial governments do their part in supporting their implementation. This includes properly managing and resourcing the administration of justice, including police and Crown attorneys under their jurisdiction, bail courts, bail supervision programs, provincial courts, jails and victim services. The federal government looks forward to continuing to work with provincial and territorial governments to ensure the proper functioning of the criminal justice system.”

If meaningful plans are not in place, then the likely default will be reactionary responses, at best, at the provincial/territorial level.

Two risk areas

I am most concerned that failure to rectify the correctional status quo will compromise safety, both inside and outside of these facilities, in two critical ways.

First, larger prison populations without increases in programming will result in reduced access to the programming that does exist. This can be expected to increase the risk of recidivism, which is when people reoffend after they’re released.

Most people who are incarcerated will be released eventually. Therefore, the conditions inside these facilities in effect spill over into the community. With this in mind, correctional programming that helps inmates deal with trauma, addiction and provides meaningful vocational training should be enhanced.

Investing in such programming may not be as attractive as the rhetoric of bail reform, lengthening sentences and hiring more RCMP officers, but it’s essential if reducing the risk of reoffending — in other words, keeping Canadians safe — is truly an objective.

Second, there are significant risks associated with incarceration, particularly among those on remand — people not convicted and awaiting trial, mostly for non-violent charges. People on remand currently comprise approximately two-thirds of the population in provincial jails; that number is nearly 80 per cent in Ontario. The proposed bail reform would undoubtedly increase those numbers.

In 2021, my 21-year-old nephew was criminally charged and spent nine days on remand awaiting his day in court to explain why he was not guilty. He never got his day in court because he died in jail of drug toxicity caused by fentanyl. Sadly, what happened to him wasn’t an anomaly.

The problem is so acute that Ontario’s Chief Coroner initiated a formal death review to examine the 192 deaths in Ontario custodial facilities from 2014 through 2021. In their report, An Obligation to Prevent, the expert panel noted a dramatic increase in deaths across those years, and in each year, the vast majority of deaths were among those on remand — most attributable to accidental drug toxicity.

Dying in custody

Fentanyl has made the pervasive problem of contraband entering custodial facilities particularly hazardous, both for those in prison and staff. This hazard is illustrated by the finding in the report that people in Ontario jails have a greater chance of dying while there than in the community.

The increased likelihood is significant; for instance, those who are 25 to 34 years of age are approximately seven times more likely to die while in custody than in the community. People like my nephew, who were not using fentanyl prior to incarceration, are at greatest risk of dying from the drug because they do not have a built-up tolerance.

This troubling situation was summed up by the Chief Coroner’s expert panel as follows:

“The panel has determined that over recent years, these conditions have significantly decreased the safety for persons-in-custody. They have also led to alarming deteriorations in the safety, wellness and career satisfaction for the dedicated individuals who work within the current environment of custodial corrections.”

The panel accordingly made 18 recommendations to improve the safety inside Ontario jails. Yet it was evident during the inquest into my nephew’s death, held in September, that acting on these recommendations is very much a work in progress, to put it generously.

The jury at the inquest into my nephew’s death issued 23 additional recommendations. These recommendations will be added to the many others that have resulted from inquests into inmate deaths.

Investments are essential

Canadians should therefore be aware that there are real risks to the federal government’s legislative proposals. To mitigate these risks, there must be significant investments by the federal and provincial/territorial governments to ensure:

  1. Access to effective, evidence-based correctional programs that address the causes of reoffending and keep up with the growing prison population;
  2. Improved safety in custodial facilities, with a particular focus on addressing increasingly lethal contraband that poses serious threats not only to those who are serving sentences, but also to those on remand and prison staff;
  3. Urgent action to address the many unresolved recommendations to improve conditions and safety. Failure to do so will result in even less access to programming than currently exists, which will actually make it more challenging to reduce the risk of reoffending, and more people, like my nephew, will die while in custody.

Without these investments, the federal government’s proposed legislation can be expected to shift the correctional status quo in the country into a state of crisis, if it is not there already. In short, the legislation would reduce, not enhance, safety and justice.

The Conversation

Amy Fitzgerald receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

ref. I’m a criminologist and grieving aunt. Here’s why Ottawa’s bail reform won’t make Canada safer – https://theconversation.com/im-a-criminologist-and-grieving-aunt-heres-why-ottawas-bail-reform-wont-make-canada-safer-268639

Savoir nager en piscine, se noyer en mer : faut-il réinventer l’apprentissage de la natation ?

Source: The Conversation – France (in French) – By Sarah Pochon, Maîtresse de conférences en STAPS, Université d’Artois

En France, on apprend majoritairement à nager en piscine… mais on se noie le plus souvent en mer, en lac ou en rivière. Entre l’eau chlorée et les vagues, un fossé demeure : comment préparer réellement les nageurs aux imprévus du milieu naturel ?


Les derniers chiffres de l’enquête Santé publique France soulignent qu’en 2025, chez les enfants et adolescents (0-17 ans), plus de 80 % des noyades ayant entraîné un décès ont été recensées hors piscine, en milieu naturel : 56 % en cours d’eau, 15 % dans des plans d’eau, 7 % en mer et 4 % d’autres lieux tels que bases de loisirs, bassins, carrières ou puits. Le reste des noyades (18 %) ont lieu dans des piscines privées familiales. Chez les adultes, le nombre de noyades suivies de décès en mer a augmenté de 40 % en 2025 par rapport à 2024.

Une question se pose alors : et si l’on repensait notre manière d’enseigner le « savoir nager » ? Et si l’on intégrait les milieux naturels (mers, lacs, rivières) dans les enseignements de natation ? Cette démarche, ambitieuse, paraît nécessaire face aux enjeux de sécurité, de santé et d’éducation des jeunes et futures générations.

Apprendre à nager « à ciel ouvert » constitue un atout éducatif majeur pour les élèves, car cela leur permet de consolider les compétences fondamentales du savoir nager en sécurité dans des conditions proches de celles qu’ils rencontreront ensuite dans leurs pratiques personnelles de loisirs.

Ces expériences d’apprentissage en milieu naturel renforcent également leur autonomie et leurs compétences aquatiques, qui englobent non seulement les compétences en natation, mais aussi les connaissances, attitudes et capacités d’évaluation des risques nécessaires pour évoluer en sécurité dans et autour de l’eau.

Les résultats d’une expérience menée en Martinique

Diverses enquêtes menées sur les compétences aquatiques des enfants en milieu scolaire montrent que l’exposition à différents milieux aquatiques et dispositifs pédagogiques contribue à la prévention des noyades mais qu’enseigner en milieu naturel ne se résume pas à transposer les contenus habituels « à l’extérieur ».

Une enquête exploratoire ayant donné lieu à un court-métrage documentaire, conduite par l’Université d’Artois sur l’apprentissage du « savoir-nager en sécurité » auprès de classes de sixième en milieu marin, dans le sud de la Martinique, a mis en lumière plusieurs opportunités d’apprentissage offertes par le milieu naturel.

En évoluant dans un milieu instable, les élèves peuvent par exemple améliorer leur proprioception, c’est-à-dire la perception de leur corps dans l’espace. Ils peuvent aussi apprendre à ressentir des sensations qui leur permettent d’ajuster leur équilibre dans l’eau et maintenir une trajectoire efficace malgré l’absence de repères classiques comme les fanions ou les lignes d’eau des piscines. Sur le plan des capacités d’adaptation, les élèves doivent prendre en compte les vagues et les courants pour ajuster leur motricité en temps réel.

En Guadeloupe, une expérimentation a été menée sur l’apprentissage du « savoir-nager » en sécurité dans la mer.
Steward Masweneng/Unsplash, CC BY

Par ailleurs, la nage en milieu naturel constitue une véritable opportunité d’éducation à l’environnement. Les élèves sont au contact direct de la nature et du vivant. Dans ce contexte particulier de la Martinique, ces expériences prennent une dimension singulière : ils peuvent observer des étoiles de mer au fond de l’eau, apprendre à nommer les poissons qui frôlent leurs jambes et développer une sensibilité particulière pour le milieu marin. Mais plus largement, ces expériences peuvent contribuer à la construction d’un rapport sensible et attentif au vivant.

Mais ces premières observations ont aussi souligné des contraintes auxquelles sont confrontés les enseignants d’éducation physique et sportive (EPS).

Les difficultés liées à l’apprentissage en milieu naturel

Ces contraintes, principalement liées à la sécurité et à la gestion de l’espace aquatique, font que les élèves évoluent majoritairement en zone peu profonde, délimitée par un périmètre sécuritaire. Or, cette possibilité de reprendre appui au sol empêche les élèves d’explorer la grande profondeur : ils ne peuvent donc pas expérimenter la remontée longue et passive sans signe de panique. Ces expériences sont essentielles pour prévenir la noyade, car elles permettent aux élèves de prendre conscience de leurs limites, de gérer leur peur éventuelle et d’adapter leur comportement face aux situations imprévues dans l’eau.

De même, la lecture de la motricité des élèves se révèle complexe. La houle, les vagues et le sable remué au fond de l’eau rendent l’observation difficile. Les enseignants, dans l’eau pour certains, à distance pour d’autres, peinent à analyser avec précision les comportements moteurs des élèves : la réverbération du soleil empêche de distinguer si les corps sont totalement allongés, de suivre les mouvements de bras ou encore les battements de jambes. Comment, dans ces conditions, valider le franchissement des obstacles en immersion complète, comment lire la motricité des élèves et vérifier qu’ils réalisent des sur-place verticaux sans reprise d’appuis, alors qu’ils ont toujours pied ?

Ce type d’expérience, particulièrement favorable en Martinique grâce à la douceur du climat et à la proximité du littoral, se heurte de surcroit, dans d’autres contextes, à des contraintes plus fortes comme la température de l’eau ou des conditions météo particulières (qui permettent aussi d’expérimenter un certain « rapport au vivant »).

Une enfant dans la mer
S’entraîner en milieu naturel augmente l’aisance aquatique, mais n’est pas sans difficulté pour les enseignants.
Stas Ostrikov/Unsplash, CC BY

Ces situations mettent en évidence la nécessité de concevoir des contenus d’enseignement spécifiques, de les tester et les analyser, ce qui ouvre ainsi de nombreuses perspectives de recherche en didactique. Des expérimentations menées à l’étranger se multiplient et permettent de comparer les approches et d’enrichir les stratégies pédagogiques pour développer l’éducation au savoir nager en sécurité en milieu naturel. En France, à ce jour, le ministère de l’éducation nationale n’a pas communiqué d’exigences particulières sur le savoir nager en milieu naturel.

Sur le plan de l’éducation à l’environnement, offrir des occasions d’apprendre en milieu naturel pourrait favoriser un retour à une sensibilité écologique que beaucoup d’individus des sociétés modernes auraient perdu.

Le milieu naturel peut devenir une véritable ressource pour permettre aux élèves de s’approprier leur environnement, de découvrir et mieux connaître la nature, la faune, la flore, le milieu marin ou sous-marin, et d’y revenir. L’EPS peut constituer un espace privilégié où les élèves développent une nouvelle écologie corporelle : une pratique corporelle d’activité physique en relation avec des éléments naturels, avec l’environnement, avec la nature.

The Conversation

Sarah Pochon a reçu des financements de l’Université d’Artois.

Muriel Surrans ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Savoir nager en piscine, se noyer en mer : faut-il réinventer l’apprentissage de la natation ? – https://theconversation.com/savoir-nager-en-piscine-se-noyer-en-mer-faut-il-reinventer-lapprentissage-de-la-natation-265109