Fotografía del rodaje de ‘El cautivo’ de Alejandro Amenábar.Disney
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A veces tengo la sensación de que, como hispanoparlantes, no somos conscientes de la relevancia e importancia que tiene la figura de Cervantes –alguien que forma parte de nuestro patrimonio– en todo el planeta. Recuerdo entonces ese capítulo de El Ministerio del Tiempo en el que don Miguel visualizaba, en un “sueño premonitorio”, la trascendencia que iba a tener su obra en todo el mundo. Menos mal que no era realmente consciente de ello, que eso solo pasó en esta ficción televisiva, porque… ¿cómo habría podido llevar en vida el peso de saberse el autor de la obra más importante de la literatura universal?
Por eso, en su última película, Alejandro Amenábar decidió despojar al escritor de su aura divina y tratarlo como la persona que fue. Es decir, un ser humano más. En este caso, incluso, un cautivo más. La película homónima del director español imagina cómo Cervantes pasó los cinco años que estuvo retenido en Argel y cómo desarrolló ahí su talento para contar historias. Para situar la acción consultó con uno de los mayores expertos de Cervantes, José Manuel Lucía Megías, que sirvió de asesor aunque, como dijo el propio cineasta, el filme plantea hipótesis que chocan con los argumentos del estudioso porque, después de todo, una ficción es una ficción.
Por cierto, no me cansaré de recomendar, ahora que hablamos de Alejandro Amenábar, el pódcast Delirios de España y su última temporada, en la que se repasa el loco rodaje de Los otros. Ahí queda dicho.
El arte agota
No sé si alguna vez han ido al Museo del Prado intentando descifrar las caras de los asistentes, pero muchas veces, sobre todo entre los turistas, se alternan rostros de agotamiento con otros de desesperación. Los locales estamos más acostumbrados a abordar la colección de la pinacoteca de poco en poco, pero los visitantes ocasionales sienten que tienen que verlo todo en un día y acaban con la cabeza del revés.
Esto no es una percepción nuestra. Alberto Pérez-López e Irene Pérez López explican qué es la fatiga museal y cómo debemos prepararnos, mental pero también físicamente, para un maratón artístico. ¿La máxima principal? Quien mucho abarca poco aprieta.
Yo quiero bailar…
Recuerdo que, en un artículo escrito durante la pandemia en el que se hablaba de cómo habíamos perdido la oportunidad de socializar en masa durante aquellos meses –o años–, un chico comentaba: “Es que yo no me puedo creer que no hayamos podido bailar todavía el ‘Physical’ de Dua Lipa”. Para quien no conozca la música de la cantante, el pop que propone es, sobre cualquier otra cosa, bailongo y divertido. Cuando leí eso recordé que, efectivamente, yo solo había podido dar saltos con sus canciones a solas en el salón de mi casa.
Por eso me quedé fascinada –y algo preocupada– cuando asistí al concierto de Dua Lipa este año y toda la pista estaba quieta, grabando, sin moverse ante algunos de los temas más discotequeros de nuestro tiempo. ¿Por qué ha pasado esto? Se lo pregunté a Cristina Pérez Ordoñez, que ha investigado sobre este tema, y escribió un artículo en el que explica las posibles causas de este cambio de hábitos. Es certero y objetivo, pero también algo triste.
Gaza
Mucho antes de leer la reseña sobre este libro en The Conversation Australia, su título, que ya lo decía todo, había captado mi atención en las librerías: “Algún día –cuando no entrañe riesgo alguno, cuando podamos llamar a las cosas por su nombre, cuando sea demasiado tarde para exigir responsabilidades– todo el mundo habrá querido estar siempre en contra”.
En él, Omar El Akkad lanza un reflexivo grito de socorro por el pueblo palestino que confronta a Occidente con la realidad de su inmovilidad. En el futuro se dirán otras cosas, pero él defiende que lo que cuenta es lo que hacemos ahora, en el presente.
Más cine por favor
Vuelve el cole y vuelve también la agenda cargada de estrenos de cine (ver el inicio de este boletín). Pero antes de tener nada más en cuenta, repasemos lo que ha sucedido en las salas en los últimos meses.
Para hablar de eso, precisamente, conviene analizar uno de los últimos géneros en auge: el true crime. Y plantearse a quién se le da voz a la hora de divulgar los casos. Porque si bien convertirse en portavoz de personas injustamente acusadas puede ayudar a su defensa, ponerle un micrófono a quienes han cometido actos terribles provoca más dolor del ya infligido.
Y, para cerrar, hablemos de Elvis. O de Lilo & Stitch, el gran taquillazo de 2025 (con permiso de Ne Zha 2). A los niños que acudieron en masa a su visionado les acompañaban padres que, en muchos casos, disfrutaron de los guiños que la cinta hacía a la música del roquero. No es un caso aislado. Las películas cada vez buscan más referencias sonoras para contentar a los adultos que acuden a ver cine infantil.
¿Recuerda cuando era estudiante universitario? ¿Son recuerdos borrosos de cañas en la cafetería y fiestas en el colegio mayor, debates encendidos hasta altas horas de la noche “arreglando el mundo”? ¿O más bien de horas de estudio en la biblioteca, madrugones o noches sin dormir para preparar exámenes? Quizá pertenece al grupo afortunado que combina ambas opciones.
Empezamos la universidad siendo adolescentes, y terminamos, o al menos ese es el objetivo, como jóvenes preparados para la vida adulta. Es un salto importante en el desarrollo mental. Y mientras muchos jóvenes disfrutan y prosperan durante este proceso de maduración, algunos sufren. Mucho. En ocasiones, se sienten tan angustiados o perdidos que recurren a las autolesiones: es decir, se hacen daño físico deliberadamente.
Lorena Gutiérrez, de la Universidad Rey Juan Carlos nos ha explicado esta semana qué factores influyen en la aparición de este tipo de conductas, denominadas “autolíticas”, que están aumentando entre la población universitaria. Entre un 15 % y un 25 % de universitarios españoles recurren a las autolesiones, según datos recientes que cita esta experta, que ofrece algunas claves sobre cómo podemos intervenir ante estos comportamientos y prevenirlos.
No es ninguna sorpresa que la hiperconexión digital sea uno de los factores que influye en el malestar mental de los universitarios. El impacto de las redes sociales nos afecta a todos, pero especialmente a las nuevas generaciones, como hemos analizado y documentado exhaustivamente en nuestra campaña de Bienestar digital y menores.
Y una de sus consecuencias es el estar sometido a una “violencia insidiosa” o “violencia de baja intensidad”: un goteo continuo de imágenes y agresiones en el que viven inmersos no ya los jóvenes, sino los adolescentes y preadolescentes en cuanto comienzan a interactuar en línea. Así lo describen los expertos de la Universidad del País Vasco que han publicado recientemente el artículo “Los adolescentes viven inmersos en violencia digital: ¿cómo les afecta?”.
Pero en The Conversation no estamos solo para alertar y documentar con evidencias estas tendencias. Muchos expertos trabajan en proyectos y métodos para encontrar soluciones. Aquí he recopilado varios de ellos, porque también es responsabilidad de la comunidad educativa conocer los retos a los que se enfrentan los estudiantes, que a menudo comienzan mucho antes de que se manifiesten los síntomas, y ayudarles en ese camino de superación.
Source: The Conversation – Canada – By Sura Alwan, Clinical Instructor in Medical Genetics (Teratology & Birth Defects Epidemiology); Co-Director, TERIS (The Teratogen Information System), University of British Columbia
Over the past couple of months, headlines have warned expectant parents that something as ordinary as a pain reliever or an antidepressant taken during pregnancy could “cause autism.”
The stories have focused on acetaminophen (also known as paracetamol or the brand name Tylenol) and selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), such as Prozac (fluoxetine) and Zoloft (sertraline).
But here is what the headlines leave out: acetaminophen is commonly used during pregnancy to manage fever, pain or stress, all of which can themselves affect fetal development. Similarly, SSRIs are prescribed for depression or anxiety, conditions that also influence pregnancy outcomes. In many cases, it may well be the illness, not the treatment, that shapes child development.
Both classes of medications have been studied extensively for decades. Yet despite what the headlines suggest, the evidence that acetaminophen or SSRIs cause autism is weak, inconsistent and easily misinterpreted.
With a background in genetics and clinical teratology — the scientific study of birth defects — my research examines how maternal exposures in pregnancy interact with genetic and environmental factors to influence child development. From this perspective, I want to explain why the research on acetaminophen and SSRIs is often misunderstood, and why reducing complex science to alarming headlines does more harm than good.
With the recent U.S. Food and Drug Administration (FDA) panel on SSRIs in pregnancy, and the public claims made by United States Secretary of Health and Human Services Robert F. Kennedy Jr. regarding acetaminophen and autism, there is a need for evidence-based information. While my focus will be on autism, the same issues apply to media coverage linking pregnancy exposures to attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD).
Confounding is a good example. Pregnant women may take acetaminophen because they have a fever, but fever itself has been linked to higher risks of neurodevelopmental outcomes such as neural tube defects. Similarly, someone prescribed SSRIs may be experiencing depression or anxiety, which on their own are associated with differences in pregnancy outcomes and child development. Here, the medication may appear to be the cause, when in reality it is the condition being treated.
Another problem is misclassification. Most studies rely on mothers recalling how often they used acetaminophen during pregnancy. Memory is imperfect: some under-report, others over-report, and details about dose or timing are often missing.
With SSRIs, misclassification can arise when prescriptions are used as a proxy for exposure. A woman may fill a prescription in early pregnancy but stop taking the medication later, while records still count her as continuously exposed. Both scenarios distort results.
Even the outcomes themselves are not always measured consistently. Diagnoses like autism spectrum disorder vary across countries and over time. Some studies use parental questionnaires instead of medical diagnoses, which can be subjective. Two children with the same traits might be classified differently depending on who reports them.
Beyond these challenges, research in this area has other limitations: timing and dose are often recorded crudely; use of other medications taken at the same time is not systematically assessed; results are inconsistently replicated; and while biobank and biomarker studies — which analyze measurable biological signals, such as blood levels of a substance, to indicate exposure — hold promise, they are uncommon and usually capture exposure only once.
This cycle amplifies fear, leaving parents confused and anxious.
The real dangers of untreated conditions
It also matters what happens when pain, fever, depression or anxiety go untreated.
High fever in pregnancy is known to increase the risk of neural tube defects and other complications. Untreated maternal depression and anxiety can lead to poor prenatal care, substance use, preeclampsia, premature birth, impaired bonding and even suicide — one of the leading causes of maternal death.
In these cases, acetaminophen and SSRIs are not just helpful. They can be lifesaving.
Understanding autism
Autism is not caused by a single medication or choice. It is a complex neurodevelopmental difference with a strong genetic basis. Heritability estimates are around 70–80 per cent, meaning much of the variation in risk is tied to parental traits and shared family environments.
If the medication were truly causing autism, clear differences would appear. But often they shrink or disappear, pointing instead to shared genetics and environment.
Of course, environmental factors can still play a role. But to suggest that a common medication like acetaminophen “causes” autism oversimplifies the picture and risks stigmatizing families, while fuelling guilt among mothers who already face intense scrutiny during pregnancy.
Communicating risk responsibly
One of the greatest challenges is not the research itself, but how its results are communicated. Studies often report risks using relative measures. For example, a study might report that acetaminophen use is associated with a 30 per cent increase in autism risk. That sounds alarming. But in absolute terms, the difference is much smaller.
Autism affects about three in every 100 children. Even taking the highest reported increase in studies — a 30 per cent relative rise — that number only goes up to about four in 100. In other words, instead of 97 children without autism, you’d have 96. So while the increase is real, the absolute change in risk remains small.
Therefore, balanced communication matters. When parents hear only the alarming side, some may stop taking needed medications abruptly, which can be dangerous. Others may endure untreated illness out of fear. Clinicians and researchers should emphasize absolute risks, acknowledge limits, and aim to inform, not frighten.
Informed, not alarmed
The lesson isn’t that acetaminophen or SSRIs are risk-free. No medication is. But decades of research show that, when clinically indicated, they are generally safe in pregnancy. The risks of untreated illness are often greater.
Autism is a condition caused by many factors, including genetics, not something to blame on common medications — or mothers.
Expectant parents deserve clear, compassionate, evidence-based information, not fear-driven headlines. Association is not causation, absolute risks are small, and informed choice should never be replaced by alarm.
Sura Alwan is the founder and executive director of PEAR-Net Society, a Canadian nonprofit that advocates for maternal fetal health and safety of medications and other environmental exposures during pregnancy.
Source: The Conversation – in French – By Elizabeth Sheppard Sellam, Responsable du programme « Politiques et relations internationales » à la faculté de langues étrangères, Université de Tours
Depuis la fondation de l’État d’Israël en 1948, les personnes qui consacrent leur vie à l’étude des textes religieux sont exemptées de l’obligation de servir sous les drapeaux. Mais la non-participation à l’effort de guerre de cette communauté, de plus en plus nombreuse (près de 13 % de la population aujourd’hui), suscite de plus en plus de tensions.
Alors que la majorité des familles – y compris les femmes et les réservistes, dont la mobilisation ne cesse de s’intensifier – participent directement à l’effort de guerre dans lequel le pays est engagé, une minorité en pleine croissance démographique continue de bénéficier d’une exemption qui fait de plus en plus polémique. Le défi est à la fois social, politique et économique.
Un défi social : la cohésion nationale mise à l’épreuve
Depuis le massacre perpétré par le Hamas, le 7 octobre 2023, Israël est plongé dans la guerre la plus longue et la plus coûteuse de son histoire récente. Vingt-trois mois plus tard, les dépenses cumulées atteignent environ 253 milliards de shekels (67 milliards de dollars). Pour 2024 seulement, les dépenses militaires représentaient déjà 8,4 % du PIB, contre 5,2 % en 2023.
Des centaines de milliers de réservistes ont été rappelés, certains plusieurs fois, imposant un poids inédit aux familles et à l’économie. Cet effort repose sur le modèle israélien de conscription universelle : hommes et femmes sont appelés à servir. La mobilisation est telle que sur certaines lignes de front, près de 25 % des effectifs sont désormais des femmes.
Dans ce contexte, l’exemption dont bénéficient les haredim apparaît comme une fracture majeure. Rappelons que les haredim sont des Juifs ultra-orthodoxes, centrés sur l’étude de la Torah et une vie religieuse séparée du monde séculier. Seule une minorité d’entre eux est antisioniste ; la majorité reconnaît l’État d’Israël et participe à sa vie politique, tout en refusant le service militaire pour préserver l’étude religieuse.
Le contraste est frappant avec le cas des minorités non juives : les hommes druzes sont soumis à la conscription depuis 1956 et servent massivement ; les Bédouins et certains Arabes israéliens, bien que non obligés, choisissent volontairement de s’engager, notamment dans les patrouilles de pisteurs. Autrement dit, des groupes minoritaires, parfois marginalisés, participent activement à cet acte fondateur de cohésion et de défense collective, tandis qu’une minorité juive croissante, pour des raisons religieuses, s’en abstient.
À cette dimension morale s’ajoute une dynamique démographique préoccupante. Avec une croissance annuelle de 4 %, les haredim représentaient 13,6 % de la population en 2023 et devraient atteindre 16 % en 2030. Cette évolution rend l’exemption toujours plus insoutenable, au point de menacer le pacte social israélien.
Un nœud politique : entre impératif sécuritaire et survie gouvernementale
Ce décalage entre l’effort de guerre de la majorité et l’exemption persistante des haredim ne se limite pas à une fracture sociale : il alimente aussi une dynamique politique.
La croissance démographique de la communauté ultra-orthodoxe s’est traduite par la consolidation de partis religieux puissants comme Shas (séfarade) et Judaïsme unifié de la Torah (UTJ, ashkénaze), devenus des acteurs incontournables de la Knesset (respectivement 11 et 7 sièges sur 120 à l’issue des dernières législatives, en 2022). Leur poids politique permet de bloquer toute réforme, plaçant la conscription haredie au cœur d’un affrontement où se mêlent impératifs sécuritaires, équité sociale et survie gouvernementale.
La fracture sociale autour de la question de la conscription des haredim s’est ainsi transformée en crise politique et institutionnelle. En juin 2024, la Cour suprême israélienne a rendu un arrêt historique, mettant fin à l’exemption de facto et obligeant le gouvernement à appliquer la conscription, sous peine de couper les financements publics aux yeshivot (écoles d’enseignement religieux supérieur) accueillant des étudiants en âge de servir.
Cette décision s’est aussitôt heurtée à un blocage parlementaire. La coalition de Benyamin Nétanyahou dépend du soutien de Shas et de l’UTJ, et perdre ces alliés reviendrait à perdre sa majorité, au moment même où la guerre devient de plus en plus impopulaire parmi les familles d’otages et une large partie de l’opinion. Shas et l’UTJ ont soutenu la guerre à Gaza, en insistant tout particulièrement sur l’obligation religieuse de tout faire pour obtenir la libération des otages. Ils ont affirmé qu’aucune mitsva (prescription) n’était plus importante que le « rachat des captifs » et ont appuyé les propositions de trêve ou d’accord allant dans ce sens.
La contestation s’est aussi déplacée sur le terrain religieux. Fin juillet 2025, le rabbin Dov Lando, figure du courant lituanien (une branche haredi non hassidique centrée sur l’étude intensive de la Torah et du Talmud dans les yeshivot), a dénoncé « une guerre de l’État contre les étudiants de yeshivot », promettant « une lutte mondiale sans précédent ». Certains de ses proches ont même évoqué une désobéissance civile silencieuse – boycotts économiques, retraits bancaires massifs…
Cette impasse illustre une crispation institutionnelle sans précédent : exécutif paralysé, pouvoir judiciaire exigeant l’égalité et opinion publique de plus en plus hostile au statu quo. Les sondages montrent un soutien massif, dans toutes les composantes du public non-haredi, à l’imposition de sanctions économiques sévères à l’encontre des réfractaires.
Le prix économique de l’exemption
L’exemption haredie représente aussi un coût économique majeur pour l’État. Le taux d’emploi des hommes haredim stagne à 54 %, contre plus de 85 % chez les non-haredim. Les femmes haredies sont plus actives (environ 80 %), mais souvent dans des secteurs peu productifs. Cette disparité réduit l’assiette fiscale, accroît la dépendance aux transferts sociaux et freine la croissance.
L’absence de service militaire aggrave encore la situation. L’armée est, pour la majorité des Israéliens, un sas d’intégration vers le marché du travail, en offrant des compétences et des réseaux professionnels dont les haredim restent exclus, ce qui pèse sur la compétitivité nationale
À cela s’ajoutent les subventions directes aux yeshivot, qui se chiffrent en milliards chaque année et renforcent un modèle de dépendance : une partie significative des hommes haredim passent leur vie à étudier la Torah au lieu de rejoindre le marché du travail. Dans un contexte de guerre prolongée, ce double coût – budgétaire et économique – devient de plus en plus intenable.
Une réforme inévitable
En temps de guerre, l’exception haredie n’est plus seulement un compromis politique : elle fragilise la cohésion nationale, creuse l’injustice sociale et pèse lourdement sur l’économie. Israël se trouve face à l’obligation de prendre une décision inévitable : réformer la conscription, conformément à l’arrêt rendu par la Cour suprême en 2024, pour réintégrer une communauté en pleine expansion dans l’effort collectif.
Plusieurs pistes existent. L’extension de brigades adaptées comme Netzah Yehuda est une possibilité, même si ce modèle a vocation à rester relativement marginal. Cette unité d’infanterie de l’armée, créée pour permettre aux jeunes haredim de servir tout en observant strictement les prescriptions religieuses, est impliquée dans plusieurs controverses. Des enquêtes ont souligné des violations des droits humains au sein du bataillon. Mais en août 2024, le département d’État américain a conclu que ces abus avaient été « efficacement réglés » et a rétabli l’éligibilité du bataillon à l’aide militaire des États-Unis, qui lui avait, un temps, suspendue.
Le service civil obligatoire – dans la santé, l’éducation ou l’aide sociale – constituerait une option alternative crédible.
Enfin, le levier économique – conditionner le financement des yeshivot à la participation au service – apparaît comme l’outil le plus puissant, car il touche directement le cœur du modèle de vie des haredim.
Le statu quo est de moins en moins viable alors que les mobilisations de réservistes se multiplient et que la société exige un partage équitable de la responsabilité. L’avenir dépendra de la capacité d’Israël à concilier sécurité nationale, justice sociale et stabilité politique. Faute de réforme, l’exception haredie risque de miner durablement le contrat civique sur lequel repose l’État.
Elizabeth Sheppard Sellam ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Un nombre important de détenus de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) sont en grève de la faim depuis cet été, dénonçant leurs conditions d’incarcération. Ce nouveau dispositif, visant en particulier les narcotrafiquants, interroge les défenseurs des droits humains et les spécialistes des politiques carcérales. Que nous enseigne l’histoire des quartiers de haute sécurité, voulus par l’État dans les années 1970, puis abandonnés en 1982 ? Les dispositifs similaires – aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Italie – ont-ils fait leurs preuves dans la lutte contre la criminalité organisée opérant depuis la prison ?
Le ministre de la justice Gérald Darmanin déclarait, fin 2024, vouloir « couper du monde les 100 narcotrafiquants les plus dangereux » en les enfermant dans des « prisons de haute sécurité ». Cet été, il annonçait ainsi un « changement pénitentiaire radical » depuis la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais.
Le 1er septembre, un nombre important des détenus transférés dans les nouveaux dispositifs de haute sécurité à Vendin-le-Vieil ont entamé une grève de la faim. Mouvement solidaire, la manifestation a été décrite comme une « manifestation de désespoir » par l’avocate Delphine Boesel. Une seconde centaine de détenus doit être incarcérée, d’ici mi-octobre 2025, au sein du nouveau quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe (Orne), dont le régime sécuritaire hors norme est déjà largement documenté]. Ces évènements relancent le débat sur la justification et sur l’efficacité de la prison de haute sécurité face au crime organisé.
« Vingt-et-une heures par jour dans une cellule, seul »
Les quartiers de haute sécurité (QHS), également appelés quartiers de sécurité renforcée (QSR), ont été [créés en 1975] par décret le 23 mai 1975 sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, dans un contexte d’inquiétude sécuritaire marqué par une série d’évasions spectaculaires et par la montée des violences en détention].
Le garde des sceaux Alain Peyrefitte adopte une ligne résolument sécuritaire et consolide l’usage des QHS comme dispositifs de répression accrue. Ces unités visent notamment à contenir les détenus insubordonnés, réaffirmant la position d’un gouvernement fort pour lequel la sécurité est une priorité absolue. Sont éligibles au placement en QHS les détenus « caractériellement dangereux » et ceux qui, par leur comportement, visent à troubler gravement le bon fonctionnement des établissements.
Ces espaces opèrent alors sur un régime punitif extrême. Le recours a l’isolement est fréquent, notamment contre les détenus ayant tenté de s’évader. Lors du procès de Lisieux (Calvados) de 1978, quatre accusés, qui avaient tenté de s’évader, décrivent la violence des QHS. Georges Ségard témoigne qu’il est enfermé depuis trente-cinq mois consécutifs en QHS, dont onze mois complètement isolé. Daniel Debrielle ajoute :
« Le quartier de sécurité renforcée, c’est vingt-et-une heures par jour dans une cellule, seul. C’est une heure de promenade par jour dans une cour en béton avec deux grillages au-dessus de la tête. La nuit, un projecteur donne sur les barreaux et les renvoie partout. Vous ouvrez l’œil et vous ne voyez que des barreaux. »
« Les QHS sont la forme futuriste de la peine capitale. On y assassine le mental en mettant en place le système de l’oppression carcérale à outrance, conduisant à la mort par misère psychologique. »
Rapidement, ces quartiers deviennent donc le symbole d’une violence institutionnelle injustifiée. Les QHS sont officiellement abandonnés en 1982 après l’arrivée de la gauche au pouvoir.
Le recours aux prisons de haute sécurité pour narcotrafiquants
Quarante ans plus tard, Gérald Darmanin réouvre donc des prisons de haute sécurité pour narcotrafiquants, désormais appelés « quartier de longue peine et de contrôle opérationnel » (QLCO). Certes, il ne s’agit plus de quartiers isolés dans l’espace carcéral existant, mais de la création de prisons de haute sécurité en tant que telles. La logique reste la même : séparer et neutraliser certains profils de criminels. Surtout, il s’agit de signaler, comme cela avait été le cas en 1975, la fermeté du gouvernement face au crime organisé dans le cadre du trafic de drogues.
Cette approche ne vise pas la réhabilitation et la réinsertion des détenus. Il s’agit d’exclure fermement et totalement, ce que certains chercheurs en criminologie aux États-Unis appellent « the total incarceration ». Ce terme désigne un modèle pénal dans lequel l’enfermement devient une fin en soi, un outil de neutralisation permanente, qui repose sur la rupture de tout lien social, familial, professionnel et culturel, plutôt qu’un passage temporaire avant une éventuelle réinsertion. Le chercheur Jonathan Simon, en analysant la montée de l’incarcération de masse aux États-Unis, décrit ce paradigme comme l’étirement de la prison à des fonctions qui dépassent la logique de la peine d’emprisonnement elle-même : l’expression d’une force étatique priorisant la sécurité avant tout.
La création de prisons de haute sécurité, et non plus de simple quartiers, rappelle également le modèle du Royaume-Uni qui a institutionnalisé depuis longtemps des établissements de type « high security ». Si, à l’origine, elles étaient aussi destinées aux détenus dont l’évasion était jugée dangereuse pour le public, la police ou la sécurité de l’État, elles sont devenues le lieu de détention des personnes jugées potentiellement dangereuses pour l’institution carcérale, ses agents et l’État de manière plus vaste. Typiquement, les prisonniers condamnés aux peines les plus lourdes, comme la prison à perpétuité, et ceux ayant commis des crimes sexuels y sont détenus et y vieillissent, soulevant de nombreux problèmes de gestion.
Cependant, le modèle de haute sécurité britannique est, du moins en théorie, censé n’être que temporaire. Il est prévu que la personne détenue, au fur et à fur que son niveau de dangerosité décroît, progresse vers des prisons de niveau sécuritaire moins élevé. Il ne semble pas qu’un mécanisme de progression similaire en France soit envisagé.
Contrairement aux quartiers d’isolement classiques, souvent critiqués pour la vétusté des bâtiments, le manque de moyens humains et l’absence de formation spécialisée, les deux prisons de haute sécurité annoncées par Gérald Darmanin sont censées répondre à ces faiblesses. Les infrastructures sont neuves ou entièrement réaménagées afin d’être hermétiques aux communications illicites et adaptées au régime d’isolement renforcé.
Conçues sur le modèle italien du « carcere duro » luttant contre la mafia, elles sont dotées d’installations ultramodernes (détection antidrones, brouilleurs, miradors, hygiaphones, visioconférences généralisées). Chaque détenu sera encadré par trois ou quatre surveillants, une proportion inédite dans le système pénitentiaire français, et les agents suivront une formation spécifique de deux mois, centrée sur la gestion de la criminalité organisée et sur la prévention des risques de corruption. De plus, un dispositif d’anonymisation des surveillants et un recrutement ciblé visent à limiter le turnover et à renforcer la stabilité du personnel.
Bien que la loi de 2025 cible spécifiquement les narcotrafiquants, la critique de Michel Foucault, en 1978, quant au flou de la notion de dangerosité reste actuelle. En pratique, les critères prévus par la loi ont un spectre si large qu’ils autorisent de vastes classifications indifférenciées, potentiellement applicables à des détenus non liés au narcotrafic, comme le dénonce l’Observatoire international des prisons (OIP)). En effet, le décret confère au garde des sceaux le pouvoir de placer une personne en isolement administratif à titre préventif afin de « prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers », ce qui reste extrêmement vague. Le rôle du juge n’est que consultatif (en cas de condamnation) ou informatif (en cas de prévention), avec possibilité d’opposition sous huit jours seulement, ce qui limite fortement la force du contrôle judiciaire sur une décision à portée potentiellement arbitraire.
Il existe pourtant des alternatives à l’isolement et à la haute sécurité pour traiter les problèmes soulevés par le narcotrafic en prison. D’abord, couper les communications illicites sans forcément couper le détenu du monde est possible. Cela inclut un brouillage ciblé et une téléphonie légale et surveillée. Le lien social reste, en effet, central pour la réinsertion). Ensuite, des unités de renseignement en prison permettent de surveiller flux financiers et communications suspectes sans passer par l’isolement systématique. Des plans individualisés (suivi psychologique, accompagnement à la sortie, encadrement par binôme éducateur–surveillant) ont montré qu’ils réduisaient la récidive, y compris dans la criminalité organisée.
S’attaquer au problème de la surpopulation carcérale est évidemment clé dès lors qu’il nourrit le turnover du personnel et renforce les pouvoirs informels et l’augmentation de la violence (Baggio et al. 2020). L’ONU (2016) insiste ainsi sur la nécessité de réduire la densité carcérale et de fidéliser les équipes. Enfin, privilégier l’usage de sanctions alternatives (par ex., par des amendes ciblées, des saisies d’avoirs ou des peines substitutives pour les exécutants des trafics) pourrait désengorger les établissements et recentrer les moyens sur les véritables têtes de réseaux.
À peine lancée, la réouverture de prisons de haute sécurité en France soulève déjà des contestations, notamment autour des risques liés à l’isolement prolongé, à la santé mentale et au respect des droits fondamentaux. Les recherches menées sur des dispositifs comparables montrent des résultats incertains en matière de sécurité et de prévention de la récidive, laissant ouverte la question de l’efficacité réelle de ce choix politique face au narcotrafic.
Marion Vannier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Source: The Conversation – in French – By Laurent Muller, Maitre de Conférences en Sciences de l’éducation et de la formation, Université de Lorraine
Les micro-violences sont ces actes ou remarques du quotidien qui, sans être perçus comme des violences, portent atteinte à la dignité d’un élève et peuvent durablement le blesser. Pour les enrayer, il faut d’abord apprendre à les reconnaître.
La circulaire de rentrée 2025 réaffirme la volonté de « refuser toute forme violence » à l’école, avec comme ambition d’« engager et responsabiliser tous les acteurs de la communauté éducative ». Mais il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir : encore faut-il comprendre les raisons du symptôme, pour pouvoir vraiment les traiter.
Pour redonner vie à la responsabilité collective, celle des enseignants, éducateurs, parents… et élèves, il faut en passer par la conscientisation des discours qui autorisent les micro-violences dans les relations interpersonnelles. Il s’agit aussi de savoir reconnaître et mettre en pratique les micro-attentions qui contribuent à l’épanouissement des élèves.
Micro-violences et déni de responsabilité
Dans ses expériences sur la soumission à l’autorité, le psychologue Stanley Milgram se réfère au concept de « banalité du mal » cher à Hannah Arendt et note que l’essentiel du mal susceptible d’être fait dans le monde ne vient pas d’une volonté perverse ou diabolique, mais du simple déni de responsabilité. Devenir étranger à son « moi profond » pour devenir « un simple instrument destiné à exécuter les volontés d’autrui » : c’est ce genre de petite démission de la volonté qui constitue le premier pas, anodin, vers le mal qu’on peut faire à l’autre.
À cet égard, l’intention affichée ne saurait constituer une garantie d’innocuité. Il faut ici prêter l’oreille et identifier les poncifs, ces phrases toutes faites qui servent de prêt-à-penser, dont on peut s’autoriser pour se montrer (micro) violent :
« C’est à moi que ça fait mal » ou l’inversion accusatoire ;
« C’est pas la mer à boire » ou la minimisation ;
« C’est pour tout le monde la même chose » ou la banalisation ;
« Pauvre chou » ou l’ironie ; toutes les manières de renoncer à l’empathie, et même à l’auto-empathie en se disant à soi-même : « Je n’ai pas le choix. »
Le spectre des mécanismes de défense est large, et il faut engager un travail de clarification intérieur pour se (re)saisir de sa responsabilité. La réforme des automatismes de langage visant à se donner bonne conscience à peu de frais est indispensable pour sortir du statut quo. Mais si la conscientisation n’a rien à voir ici avec une quelconque « bonne conscience » qu’on se donne, elle n’a rien à voir non plus avec une quelconque « mauvaise conscience » qu’on devrait s’attribuer, cet ulcère de l’âme qui nourrit la culpabilité.
Bienveillance bien ordonnée commence par soi-même : oui, nous nous sommes (très) probablement montrés micro-violents, et il n’y a rien d’étonnant à être dans la « reproduction ». Mais l’essentiel n’est pas ce qui a été fait : c’est ce qui sera fait désormais. Il ne saurait être question d’être « parfait » (exigence étouffante et impossible à satisfaire) mais, plus modestement, d’accepter que l’être humain, certes imparfait, est « perfectible ». Il a besoin de progresser, conduisant à pouvoir autant s’améliorer que se dégrader.
Les micro-attentions nourrissent les missions éducatives
Ce travail à la responsabilisation ouvre un champ de possibles, déjà exploré par de nombreux éducateurs, à travers le développement de micro-attentions. Ces marques de reconnaissance contribuent à tisser des liens et soutiennent la confiance et l’estime de soi : elles valorisent non seulement l’élève, mais aussi (et surtout) la personne de l’élève.
À l’occasion d’une sortie scolaire, d’un temps de pause (la récréation), d’un projet ou dans le cours ordinaire d’une séance, une remarque, un sourire, un regard, une attention informelle vient nourrir un besoin de reconnaissance et introduit une forme de « jeu » dans le fonctionnement rigide de l’institution.
Au contraire des micro-violences, les micro-attentions sont ces gestes ou mots qui font la différence, et qui, dans la chaleur d’un regard ou d’un sourire, écoutent, soutiennent sans chercher à normaliser. Un étudiant de master témoigne :
« Au lycée, j’ai eu une enseignante de SVT qui a créé un lien formidable avec notre classe, elle s’intéressait à notre parcours, nos projets, elle nous a d’ailleurs beaucoup aidés pour notre choix d’étude. Encore aujourd’hui elle demande des nouvelles de ses élèves sur un groupe Discord. Cette enseignante a été un point d’attache et un repère pour beaucoup. Lorsqu’on avait une difficulté dans la vie lycéenne ou dans les cours nous pouvions lui parler librement, elle était à l’écoute et nous proposait des solutions ou des conseils. C’est une des personnes qui m’a donné envie d’enseigner et de créer une vraie relation avec sa classe. »
Sommes-nous dans l’anecdotique ? Peut-être… Mais l’essentiel surgit parfois à la marge, à la dérobée, de manière imprévisible. Ce sont les grands et heureux effets des petites causes, générées par une attitude qui permet (qui ose) la rencontre.
Chacun a fait l’expérience de ces éducateurs solaires, faisant d’eux des « tuteurs de résilience » qui permettent aux plus fragilisés de « tenir ». Leur agentivité se transfère, et fait de l’école davantage qu’un lieu de (sur) vie : un lieu où il est permis de s’épanouir.
Le paradoxe est que cette agentivité n’est guère soutenue dans cette institution hautement normalisatrice qu’est l’école française. Ne serait-il pas temps, pour autant qu’on souhaite donner corps à la prévention de toutes les formes de violence à l’école (et ailleurs), d’institutionnaliser autant qu’il est possible, les micro-attentions, afin d’en faire non plus l’exception, mais la règle ? De faire de la qualité des relations interpersonnelles un enjeu central de la formation des enseignants, jusqu’à présent centrée sur les contenus à enseigner ?
Sans doute s’agit-il là d’un changement de paradigme, celui-là même qui est censé faire vivre les valeurs inclusives, en en faisant tout autre chose que des normes quantitatives à respecter. Pour l’initier, il faut libérer la parole, non à des fins d’accusation, mais pour engager le dialogue, remettre au centre l’intelligence collective et la responsabilité partagée.
Une enquête sur les micro-violences à l’école et à l’université est en cours, et le questionnaire sur les souvenirs scolaires est toujours accessible ici.
Laurent Muller est fondateur de l’association à but non lucratif Stop Micro-Violences (http://www.stopmv.fr/)
Grand remplacement, migrants qui coûtent cher au pays d’accueil, théories de l’« appel d’air », efficacité des frontières fermées… Les stéréotypes sur l’immigration alimentent un débat confus et souvent mal étayé. L’autrice d’Idées reçues sur les migrations (Le Cavalier bleu, avril 2025) les passe en revue.
Dans son Dictionnaire des idées reçues, Gustave Flaubert dénonçait les conventions, les préjugés, les formules toutes faites, ce que l’on appellerait aujourd’hui les stéréotypes. Sur l’immigration, ces idées reçues sont nombreuses, à droite et à l’extrême droite, mais aussi à gauche : elles alimentent un débat politique peu soucieux de la réalité, et encore moins des données scientifiques. Examinons les plus courantes.
Le « grand remplacement »
La plus médiatisée des idées reçues sur les migrations est sans doute celle du « grand remplacement », un thème déjà exprimé dès le début du XXe siècle par des nationalistes comme Maurras. La thèse du « choc des civilisations » de Samuel Huntington (1996) remet cette idée au goût du jour en décrivant un monde où l’islam aurait pris la place de l’ancien ennemi soviétique pour l’Occident, et où l’identité deviendrait un enjeu essentiel.
En France, le Club de l’Horloge, organe de réflexion de l’extrême droite, a, depuis le milieu des années 1980, développé l’idée que la conquête de l’Europe par l’islam serait une menace, face à laquelle il faudrait opérer une « reconquista ». Le même Club de l’Horloge a commis en 1985 un ouvrage, Être français, cela se mérite, fustigeant « les Français de papier » voire les « Français malgré eux », et plaidant déjà pour l’abolition du droit du sol.
Le thème du grand remplacement est aussi issu d’un contresens sur un scénario démographique calculé par le responsable du Département de la population et de la mortalité des Nations unies Joseph Grinblat, en 2000. Dans ses conclusions, Grinblat estime que :
« En Europe, dans un contexte de faible fécondité conduisant à une diminution et à un vieillissement rapide de la population, l’immigration pourrait être, dans certains cas, une solution, au moins partielle, au déclin de la population totale et de la population d’âge actif. »
Au constat démographique, et aux angoisses liées à un « changement de peuple et de civilisation » en faveur de l’islam sur le sol européen, introduites notamment par l’écrivain Renaud Camus, s’ajoute l’idée, reprise à l’extrême droite, d’un complot fomenté par les « élites mondialisées » et les institutions internationales. Les partisans de cette thèse projettent un désir de revanche sur l’Occident chez les nouveaux arrivants, supposément fondé sur leurs passés de colonisés ou d’esclaves.
Qu’en est-il dans la réalité ? Le démographe François Héran rappelle que l’immigration constitue 10,2 % de la population vivant en France, contre 5 % en 1946 et 7,4 % en 1975. Par immigration, on entend ici les personnes nées à l’étranger et vivant depuis au moins un an en France. Selon les rapports annuels du Département des affaires économiques et sociales (DESA) de l’ONU), ce pourcentage de 10,2 % est en moyenne celui des autres pays européens.
François Héran rappelle que « la France n’a jamais été en première ligne tout au long de la crise migratoire » de l’accueil des Syriens ou des Ukrainiens, que le métissage est la tendance générale en France ou dans tous les pays avec une immigration, et que l’on observe une convergence des comportements démographiques des immigrés et des nationaux sur le plan des naissances au fil du temps.
L’Afrique et sa démographie « galopante »
Le thème a été développé par le journaliste Stephen Smith qui part d’un constat multiple : la démographie de l’Afrique subsaharienne n’est pas encore entrée dans l’ère de la transition démographique ; le continent africain va ainsi atteindre deux puis trois milliards d’habitants entre 2050 et la fin du XXIe siècle. Par ailleurs, la moitié de la population de ce continent a moins de 20 ans dans sa partie subsaharienne. Cette population jeune, de plus en plus active sur les réseaux sociaux, est mise en relation avec un ailleurs l’orientant vers un imaginaire migratoire.
Lampedusa, Agrigento, Italie, 15 septembre 2023, où plusieurs milliers personnes sont arrivées sur l’île en quelques jours. Alec Tassi
Pourtant, les comportements démographiques de familles avec un grand nombre d’enfants, y compris africaines, sont amenés à changer. Aucune région de monde ne fait, en effet, exception à la tendance mondiale à la diminution des naissances, comme l’analysent les démographes Gilles Pison et Youssef Courbage.
D’autre part, le lien entre croissance de la population et migration vers l’Europe reste à démontrer : la moitié des Africains en migrations se dirigent vers d’autres espaces de leur continent, une autre partie se dirige vers le Golfe arabo-persique, une autre encore vers les États-Unis ou la Chine. L’idée que les Africains (et les autres migrants) viendraient chercher en Europe un État-providence développé n’est pas démontrée, car ce ne sont pas les pays qui offrent le plus de prestations sociales qui attirent le plus, mais ceux qui proposent un imaginaire de réussite ou une proximité linguistique avec les personnes migrantes, à l’image des États-Unis ou du Royaume-Uni.
« L’immigration est coûteuse et remplace les travailleurs locaux »
Les analyses économiques montrent que le marché du travail national est très segmenté et que les migrants sont rarement en situation de concurrence avec les nationaux. Ceux-ci bénéficient de surcroît de certains emplois protégés, réservés aux nationaux ou aux citoyens européens (notamment dans la fonction publique et dans certaines professions régies par les ordres professionnels).
Les derniers venus occupent ainsi les métiers pénibles, dangereux, sales, mal payés, soumis aux intempéries ou travaux périodiques, surtout s’ils sont en situation irrégulière. Même en temps de crise, le marché du travail n’atteint pas le niveau de flexibilité qui amènerait les nationaux à occuper les emplois des migrants. Restent, par ailleurs, des métiers, qualifiés et non qualifiés, non pourvus par les nationaux comme dans le cas des médecins de campagne, des métiers spécialisés de la construction, de la maintenance informatique, de l’hôtellerie, de la garde des personnes âgées et des jeunes enfants, ou encore de l’agriculture.
Les immigrés contribuent également à accroître le nombre des actifs dans l’ensemble de la population : il y a parmi eux moins de très jeunes et de retraités. Arrivant dans leur pays d’accueil à l’âge adulte, ils ne lui ont ainsi rien coûté quant à leur éducation et leur formation jusqu’à l’âge de leur majorité. Une partie d’entre eux repart, par ailleurs, au pays à l’âge de la retraite, ce qui diminue fortement le coût de leur grand âge.
Si les personnes immigrées reçoivent des prestations sociales, elles versent aussi des impôts, directs et indirects. Une fois passés les effets de court terme de la migration, liés à l’adaptation et à la langue, les nouveaux entrants stimulent l’activité économique et créent à leur tour de nouvelles activités, élargissant à la fois le marché de l’emploi et celui de la consommation. Dans l’ensemble, la hausse des recettes publiques liée à l’arrivée des immigrés est plus importante que celle des dépenses publiques.
Enfin, il est bon de rappeler que les flux migratoires vers la France sont principalement constitués d’étudiants, suivis par les demandeurs d’asile, les personnes bénéficiant du regroupement familial et, enfin seulement, les travailleurs. C’est également le cas pour l’Europe.
« Générosité » du système social français et « appel d’air »
En France, les étrangers sont davantage représentés parmi les bénéficiaires de la protection sociale (RMI, RSA, allocations familiales, aide médicale d’État [AME], aide au logement) que les nationaux. Ils sont en revanche moins souvent bénéficiaires des allocations d’assurance maladie et d’assurance vieillesse. Leurs retraites sont, par ailleurs, souvent plus modestes en raison de parcours professionnels plus courts et moins linéaires que les nationaux.
Le débat sur l’aide médicale d’État, destinée à offrir des soins d’urgence aux sans-papiers, a eu le mérite de mettre en évidence l’importance sanitaire de cette mesure, qu’il n’est pas sans risque pour la santé publique de supprimer. Le montant de cette dernière n’a, d’autre part, progressé que très modérément depuis quinze ans, en proportion du nombre des demandeurs (de 800 000 à un milliard d’euros).
Une fois ces chiffres donnés, l’attrait des prestations sociales, médicales et des services publics est-il décisif pour les migrants ? Ceux-ci sont souvent relativement jeunes et ne viennent ni pour la sécurité sociale ni pour la retraite, mais pour travailler ou pour fuir la guerre et l’absence d’espoir qui minent leurs pays, comme le montrent toutes les enquêtes de terrain. La plupart d’entre eux acceptent plus volontiers des métiers déqualifiés sans lien avec leur formation initiale pour gagner plus rapidement de l’argent, rembourser leur voyage et envoyer des fonds à leurs familles.
L’histoire a déjà donné tort aux responsables politiques qui persistent à croire que plus on accueille mal les migrants, moins ceux-ci choisissent de se rendre en un lieu donné. Malgré les conditions de vie dramatiques des occupants de la « jungle » de Calais – démantelée en 2016 – et des autres campements sur la côte du Pas-de-Calais, ces lieux restent attractifs en raison de leur proximité avec le Royaume-Uni.
Selon Josep Borrell, ancien responsable de la politique étrangère de l’Union européenne, la crainte de l’« effet d’appel » est infondée « car ce ne sont pas les conditions d’arrivée, souvent mauvaises qui attirent – le facteur pull –, mais la situation dans les pays de départ – le facteur push ».
Face au phénomène migratoire, l’Union européenne a mis la priorité sur le contrôle de ses frontières extérieures : le budget de l’agence Frontex est passé de 6 millions d’euros en 2004 à près d’un milliard annuel aujourd’hui. Les politiques de retour et de reconduction à la frontière mobilisent, en outre, des pratiques aux confins du respect des droits, tout en étant peu efficaces comme le montre le rapport annuel de la défenseure des droits.
L’aide publique au développement, parfois dépeinte en alternative aux politiques répressives, n’a jamais empêché les migrations. Elle a surtout pour but d’offrir une contrepartie à l’acceptation des politiques de reconduction dans les pays d’émigration. Face à ces politiques de plus de trente ans d’âge et sans résultats réels, l’Union européenne développe, depuis les années 1990, des partenariats d’externalisation de ses frontières. Ceux-ci conditionnent les actions financées à la réadmission de ressortissants, comme on le voit avec l’ensemble des pays du pourtour sud-méditerranéen et au-delà, en Afrique subsaharienne, par exemple au Niger.
Face à ces besoins et à ces obligations, la guerre aux migrants fait davantage figure de recette électoraliste que de véritable politique s’appuyant sur la réalité des données.
Cet article est rédigé dans le cadre du Festival des sciences sociales et des arts d’Aix-Marseille Université. L’édition 2025 « Science & croyances » se tient du 16 au 20 septembre. Catherine Wihtol de Wenden participe, le mardi 16 septembre, à une table ronde autour de son ouvrage Idées reçues sur les migrations, publié dans la collection « Idées reçues », aux éditions du Cavalier bleu, 2025.
Catherine Wihtol de Wenden ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Source: The Conversation – in French – By Christian de Perthuis, Professeur d’économie, fondateur de la chaire « Économie du climat », Université Paris Dauphine – PSL
Déjà dans les années 1920, des expérimentations ont été menées en matière de propulsion vélique (ici, par rotor, sur le _Buckau_ en 1925).Library of Congress
Le transport maritime émet autant de CO2 que l’aviation, mais la décarbonation de ce secteur a longtemps été négligée, la priorité étant mise sur les enjeux sanitaires liés aux marées noires et à la pollution de l’air. Le vent, énergie gratuite et renouvelable, pourrait cependant souffler sur le fret maritime pour l’aider à faire face aux enjeux climatiques.
En 2024, pourtant, les bateaux parcourant le monde (hors navires militaires) ont rejeté un milliard de tonnes (gigatonne ou Gt) de CO2 dans l’atmosphère. Un chiffre équivalent aux rejets de l’aviation civile, avec un rythme de croissance comparable – à l’exception des évènements exceptionnels comme la pandémie de Covid-19 en 2020.
Pour atténuer le réchauffement planétaire, la décarbonation du transport maritime est donc tout aussi stratégique que celle de l’aviation civile. L’utilisation du vent – à travers le transport à voile – devrait y jouer un rôle bien plus structurant qu’on ne l’imagine.
Les retards à l’allumage de l’Organisation maritime internationale
Les liaisons internationales génèrent un peu plus de 85 % des émissions du secteur maritime, le reste provenant des lignes intérieures et de la pêche. De ce fait, les régulations adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI) jouent un rôle crucial en matière de décarbonation.
Les enjeux climatiques n’ont été intégrés que tardivement aux régulations environnementales de l’OMI. Celles-ci ont historiquement été conçues pour limiter les risques de marées noires, puis de pollutions atmosphériques locales provoquées par l’usage des fiouls lourds dans les moteurs.
Jusqu’en 2023, la baisse des émissions de gaz à effet de serre n’était visée qu’à travers des régulations sur l’efficacité énergétique, limitant la quantité de carburants utilisée pour propulser les navires, avec des règles plus sévères pour les rejets d’oxydes de soufre et les autres polluants locaux (oxydes d’azote et particules fines à titre principal) que pour le CO2.
Ces régulations n’ont pas permis de limiter l’empreinte climatique du transport maritime. Les deux principaux leviers utilisés par les armateurs pour améliorer l’efficacité énergétique ont consisté à réduire la vitesse des navires et à augmenter leur taille. Ces gains ont permis de baisser les coûts d’exploitation du fret maritime, mais pas les émissions de CO2, du fait de la croissance des trafics.
Les contraintes spécifiques sur les polluants locaux ont même alourdi l’empreinte climatique du transport maritime.
La substitution du GNL au fioul, par exemple, réduit drastiquement les émissions de polluants locaux, mais génère des fuites de méthane dont l’impact sur le réchauffement dépasse la plupart du temps les gains obtenus par l’économie de CO2.
Surtout, la réduction des rejets de SO2 du diesel maritime opérée en 2020 pour se conformer à la réglementation de l’OMI, de l’ordre de 80 %, a brusquement réduit la quantité d’aérosols présents dans l’atmosphère. Les chercheurs y voient l’une des causes majeures de l’accélération du réchauffement planétaire observée depuis 2020.
Des régulations climatiques tardives mais ambitieuses
La progression des émissions de CO2 du transport maritime n’a toutefois rien d’inéluctable. Elle reflète les arbitrages passés de l’OMI, si lente à intégrer les enjeux climatiques. Mais le vent est en train de tourner.
En juillet 2023, les membres de l’OMI se sont accordés sur une stratégie de décarbonation visant la neutralité d’ici 2050, avec des cibles intermédiaires ambitieuses en 2030 et 2040.
Pour les atteindre, l’OMI projette d’introduire en 2028 un mécanisme de tarification des émissions de CO₂ pénalisant les armateurs qui ne se conformeraient pas à ces nouvelles exigences et rémunérant ceux décarbonant plus rapidement.
Dans ce nouveau contexte, on ne peut plus compter sur des progrès incrémentaux du type amélioration de l’efficacité énergétique. Le transport maritime devra opérer une mue bien plus radicale, tant sur le plan technique que socioéconomique.
Comme on compte environ 100 000 navires parcourant l’océan, cette mue concerne à la fois la flotte existante et la construction des bateaux du futur. Or, le vent, énergie gratuite et renouvelable, peut être mobilisé dans les deux cas.
Savoir-faire ancestraux et innovations techniques
En simplifiant, on peut distinguer quatre grandes familles de techniques permettant de capter l’énergie éolienne pour déplacer les navires :
Le E-ship 1, lancé en 2010, est équipé de quatre rotors verticaux. C’est le premier cargo de l’ère moderne à propulsion vélique assistée. Piet Sinke, CC BY-NC-SA
Les deux premières se matérialisent par d’immenses colonnes de forme cylindrique sur le pont des navires : rotors ou voiles aspirantes, comme le montre l’image du E-ship 1 ci-dessus.
Le WindSurf est une goélette dotée de deux moteurs électriques et d’une assistance vélique à la propulsion. EcoVictor, CC BY-SA
L’utilisation de voiles ou ailes portées par des mâts représente la troisième famille qui se décline suivant leur épaisseur, leur rigidité et les matériaux les constituant.
Dernière famille : les kites arrimés au navire capturant des vents plus réguliers et plus puissants en hauteur. Ces derniers ont l’avantage de ne pas prendre de place sur le pont des navires, mais leur efficacité diminue sitôt qu’il faut remonter au vent.
L’utilisation du vent pour déplacer les navires combine ainsi des méthodes low tech, parfois ancestrales, avec de l’ingénierie de pointe se basant par exemple sur l’aérodynamisme, des modélisations numériques, l’automatisation des tâches, l’intelligence artificielle…
Le vent comme propulseur d’appoint
Début 2025, une cinquantaine de navires en opération disposaient déjà d’assistance vélique. Pour les trois quarts, il s’agissait de navires anciens « rétrofités », principalement par adjonction de rotors ou de voiles aspirantes. Une minuscule goûte d’eau, au regard du nombre total de navires sur les océans !
Mais le marché naissant de l’assistance vélique est en forte accélération. Les organismes certificateurs de référence, comme DNV ou Lloyd’s Register anticipent un changement d’échelle du marché, avec une proportion croissante d’opérations concernant les navires neufs.
Sur les navires anciens, le rétrofit permet de réduire les émissions de l’ordre de 5 à 15 % suivant les cas. Les gains sont toutefois nettement plus élevés sur les navires neufs. Le Canopée, lancé en 2022, permet ainsi de transporter les éléments des fusées Ariane d’Europe vers la Guyane en économisant de l’ordre du tiers des émissions relativement à un cargo standard.
Le Canopée est le premier cargo moderne à utiliser des voiles comme propulseurs secondaires. Ce navire pionnier est un démonstrateur du potentiel de l’énergie du vent pour réduire rapidement l’intensité carbone du transport maritime.
De nouveaux modèles économiques stimulés par la tarification carbone
Le vent est une énergie de flux présente dans la nature. Contrairement aux carburants alternatifs au fioul comme le méthanol, l’ammoniac ou l’hydrogène, on n’a pas besoin de le produire, il suffit de le capter.
Cela engendre certes un surcoût d’investissement, encore élevé du fait de la jeunesse des industries véliques, mais qui s’amortit d’autant plus facilement que la tarification carbone renchérit les carburants les plus émetteurs. Cet atout de la disponibilité du vent joue encore plus lorsqu’il devient la source d’énergie principale.
Dans la propulsion vélique principale, le moteur du navire n’est utilisé que pour les manœuvres dans les ports ou pour raison de sécurité ou de ponctualité. Les réductions de CO2 changent alors d’échelle, atteignant de 80 à 90 %. La neutralité peut alors être atteinte si le moteur annexe utilise une énergie décarbonée.
La propulsion vélique rend alors la décarbonation complète du transport maritime envisageable. Sans compter qu’elle réduit ou élimine également d’autres nuisances, comme le bruit sous-marin et les dégâts provoqués par le mouvement des hélices. Son développement peut dès lors contribuer à une mue en profondeur du transport maritime, comme l’analysera un prochain article.
Christian de Perthuis ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Source: The Conversation – in French – By Stephan Blum, Research associate, Institute for Prehistory and Early History and Medieval Archaeology, University of Tübingen
Au début de l’âge du bronze (2500-2300 avant notre ère), Troie est passée d’un village à une cité prospère, grâce à l’innovation et au commerce. Mais derrière cette réussite se cachait une exploitation effrénée de la nature : forêts rasées, sols épuisés, érosion galopante. La cité légendaire a payé le prix d’une croissance sans limites : une mise en garde d’une grande résonance aujourd’hui.
Parfois, les germes de l’effondrement sont semés dans le sol même de la prospérité. Sous les murs brillants de l’ancienne ville de Troie, en Asie Mineure (actuelle Turquie), la terre se fissurait silencieusement sous le poids de son ambition.
Lorsque nous pensons à la destruction de l’environnement de nos jours, des images de plateformes pétrolières, de centrales à charbon ou d’îles de plastique nous viennent à l’esprit. Mais, bien avant l’industrie, les sociétés anciennes poussaient déjà leurs écosystèmes à bout.
Troie au début de l’âge du bronze nous en livre un exemple frappant : une histoire de brillante réussite économique assombrie par un coût écologique durable. Il ne s’agit pas seulement d’un récit d’innovation et de succès, mais d’une mise en garde contre la surenchère, l’épuisement et les coûts cachés d’une croissance incontrôlée.
Entre 2500 et 2300 avant notre ère, Troie est devenue un centre de pouvoir et d’expérimentation dans le nord-ouest de l’actuelle Anatolie (la partie asiatique de la Turquie), plusieurs siècles avant que l’Iliade d’Homère ne la rende légendaire. À son apogée, la ville aurait compté une population estimée à 10 000 habitants.
Grâce à des années de fouilles menées dans le cadre du projet Troie de l’Université de Tübingen, j’ai compris comment des choix délibérés en matière de production, de planification et d’organisation ont progressivement transformé un modeste village de l’âge du bronze en une communauté dynamique présentant les premiers traits d’une ville. Les bâtiments monumentaux en pierre, les rues ordonnées et les quartiers résidentiels distincts de Troie reflétaient une société en transition.
Au cœur de cette transformation se trouvait l’essor de la production de masse. S’inspirant des modèles mésopotamiens, le tour de potier a révolutionné la céramique troyenne, permettant une production plus rapide, plus uniforme et à plus grande échelle. Les poteries tournées au tour de potier ont rapidement dominé la production. Elles se caractérisaient par des rainures profondes et des finitions simplifiées qui privilégient l’efficacité plutôt que l’art.
Exemples d’assiettes tournées, produites en série à Troie entre 2500 et 2000 avant notre ère. Institute of Classical Archaeology at the University of Tübingen/Valentin Marquardt, CC BY-SA
À mesure que la production augmentait, le besoin d’une main-d’œuvre plus structurée et spécialisée s’est également accru. L’artisanat est passé des maisons aux ateliers, et le travail est devenu de plus en plus spécialisé et segmenté. Le commerce a prospéré, s’étendant bien au-delà de la Troade (la région de Troie) et dépassant la portée locale de la colonie.
Pour gérer cette complexité croissante, les Troyens ont introduit des mesures de poids standardisées et des sceaux administratifs, outils de coordination et de contrôle dans un monde qui se tournait de plus en plus vers le commerce.
Mais le progrès, à l’époque comme de nos jours, avait un coût. Les innovations mêmes qui ont alimenté l’ascension de Troie ont libéré des forces qui se sont avérées de plus en plus difficiles à contenir.
La prospérité grâce à l’exploitation
La richesse de Troie reposait sur une exploitation incessante. Les bâtiments monumentaux nécessitaient des tonnes de calcaire provenant des carrières voisines. L’argile était extraite des berges autrefois fertiles pour alimenter les fours et la fabrication de briques. Les forêts ont été déboisées pour fournir du bois d’œuvre et du bois de chauffage, éléments vitaux d’une industrie céramique en plein essor, qui fonctionnait jour et nuit.
L’agriculture a également connut une intensification radicale. Les générations précédentes pratiquaient la rotation des cultures et laissaient leurs champs en jachère. Les agriculteurs de Troie, en revanche, cherchaient à obtenir des rendements maximaux grâce à une culture continue. L’amidonnier et l’engrain, d’anciennes variétés de blé bien adaptées aux sols pauvres mais à faible rendement et à faible teneur en protéines, dominaient. Ils étaient résistants et faciles à stocker, mais pauvres en nutriments.
À mesure que les terres agricoles s’étendaient sur des pentes raides et fragiles, l’érosion s’est installée. Les collines autrefois couvertes de forêts sont devenues stériles, comme le confirment les preuves archéobotaniques.
Le bétail a ajouté une pression supplémentaire. Des troupeaux de moutons et de chèvres paissaient de manière intensive dans les pâturages des hautes terres, arrachant la végétation et compactant le sol. Il en a résulté une réduction de la rétention d’eau, un effondrement de la couche arable et le déclin de la biodiversité. Peu à peu, l’équilibre écologique, qui avait soutenu la prospérité de Troie, commença à se désagréger.
Vers 2300 av.n. è., le système en vient donc à se fracturer. Un incendie massif a ravagé la colonie, peut-être déclenché par une révolte ou par un conflit. Les bâtiments monumentaux ont été abandonnés, remplacés par des habitations plus petites et des fermes modestes. Le centre du pouvoir s’est effondré.
Cet effondrement a probablement été causé par une combinaison de facteurs : tensions politiques, menaces extérieures et troubles sociaux. Mais il est impossible d’ignorer la pression environnementale. L’épuisement des sols, la déforestation et l’érosion ont certainement entraîné une pénurie d’eau, une raréfaction des ressources et, peut-être même, une famine. Chacun de ces facteurs a érodé les fondements de la stabilité de la cité.
Par la suite, l’adaptation a pris le pas sur l’ambition. Les paysans ont diversifié leurs cultures, abandonnant la monoculture à haut rendement au profit de stratégies plus variées et plus résilientes. Les risques ont été répartis, les sols se sont partiellement régénérés et les communautés ont commencé à se stabiliser.
Troie n’a pas disparu : elle s’est adaptée et a trouvé un nouvel équilibre pour un autre millénaire. Mais elle l’a fait dans l’ombre d’une crise qu’elle avait contribué à créer.
Les leçons d’un paysage usé
L’histoire de Troie est plus qu’une curiosité archéologique, c’est un miroir. Comme beaucoup de sociétés passées et présentes, ses ambitions économiques ont dépassé les limites écologiques de son milieu. Les signes avant-coureurs étaient là : baisse des rendements, appauvrissement des forêts, érosion des collines. Mais l’illusion d’une croissance infinie s’est révélée trop tentante pour y résister.
Les parallèles avec aujourd’hui sont frappants. L’épuisement des ressources, les gains à court terme et la négligence environnementale restent des caractéristiques centrales de notre économie mondiale. Les technologies ont peut-être évolué, mais les mentalités, elles, n’ont pas changé. Nous consommons, nous jetons, nous développons, et nous recommençons.
Mais Troie offre également une lueur d’espoir : la possibilité d’une adaptation après l’excès, d’une résilience après la rupture. Elle nous rappelle que la durabilité n’est pas un idéal moderne, mais une nécessité intemporelle.
Troie est la preuve qu’aucune société, aussi ingénieuse soit-elle, n’est à l’abri des conséquences d’un dépassement écologique. Les signes avant-coureurs d’un déséquilibre sont visibles, mais il est facile de détourner le regard. C’est à nous de décider si nous voulons les prendre en compte.
Stephan Blum ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Blue oak woodlands in California offer beauty and opportunities to sustain traditional knowledge and ecological resilience.Nina Fontana, CC BY-NC-ND
It took decades, stacks of legal paperwork and countless phone calls, but, in the spring of 2025, a California Chuckchansi Native American woman and her daughter walked onto a 5-acre parcel of land, shaded by oaks and pines, for the first time.
This land near the foothills of the Sierra National Forest is part of an unusual category of land that has been largely left alone for more than a century. The parcel, like roughly 400 other parcels across the state totaling 16,000 acres in area, is held in trust by the federal government for the benefit of specific Indigenous people – such as a family member of the woman visiting the land with her daughter.
Largely inaccessible for more than a century, and therefore so far of little actual benefit to those it is meant for, this land provides an opportunity for Indigenous people to not only have recognized land rights but also to care for their land in traditional ways that could help reduce the threat of intensifying wildfires as part of a changing climate.
In collaboration with families who have long been connected to this land, our research team at the University of California, Davis is working to clarify ownership records, document ecological conditions and share information to help allottees access and use their allotments.
California’s unique historical situation
As European nations colonized the area that became the United States, they entered into treaties with Native nations. These treaties established tribal reservations and secured some Indigenous rights to resources and land.
Just after California became a state in 1850, the federal government negotiated 18 treaties with 134 tribes, reserving about 7.5 million acres, roughly 7.5% of the state, for tribes’ exclusive use.
Then, in 1887, Congress passed the Dawes Act, which allowed Native people across the U.S. to be assigned or apply for land individually. Though it called the seized land – their former tribal homelands – the “public domain,” the Dawes Act presented a significant opportunity for the landless Native people in California to secure land rights that would be recognized by the government.
Allotments are in a wide range of ecosystems, though more are in blue oak woodlands than any other single type of habitat. Images created by James Thorne, Ryan Boynton, Allan Hollander and Dave Waetjan.
Many of these allotments were remote – ecologically rich, yet hard to access. They were carved out of ancestral territories but often lacked access to infrastructure like roads, water or electricity. In some cases, allotments were separated from traditional village sites, ceremonial areas or vital water resources, cutting them off from broader ecosystems and community networks.
Federal officials often drew rough or incorrect maps and even lost track of which parcels had been allotted and to whom, especially as original allottees passed away. As a result, many allotments were claimed and occupied by others, coming into private hands without the full knowledge or consent of the Native families they were held in trust for.
There were once 2,522 public domain allotments in California totaling 336,409 acres. In 2025, approximately 400 of these allotments remain, encompassing just over 16,000 acres. They are some of the only remaining, legally recognized tracts of land where California Native American families can maintain ties to place, which make them uniquely significant for cultural survival, sovereignty and ecological stewardship.
The allotments today
Because of their remoteness, many of these lands remained relatively undisturbed by human activity and are home to diverse habitats, native plants and traditional gathering places. And because they are held in trust for Native people, they present an opportunity to exercise Indigenous practices of land and resource management, which have sustained people and ecosystems through millennia of climate shifts.
We and our UC Davis research team partner with allottee families; legal advocates including California Indian Legal Services, a Native-led legal nonprofit; and California Public Domain Allottee Association, an allottee-led nonprofit that supports allottees to access and care for their lands. Together, we are studying various aspects of the remaining allotments, including seeking to understand how vulnerable they are to wildfire and drought, and identifying options for managing the land to reduce those vulnerabilities.
Allotments have a range of fire risk, though many are in very-high-risk areas. Images created by James Thorne, Ryan Boynton, Allan Hollander and Dave Waetjan.
Many of these parcels are located in remote, less-developed foothills or steep terrain where they have remained relatively intact, retaining more native species and diverse habitats than surrounding lands. Many of these parcels have elements like oak woodlands, meadows, brooks and rivers that create cooler, wetter areas that help plants and animals endure wildfires or periods of extreme heat or drought.
Allotment lands also offer the potential for the return of stewardship methods that – before European colonization – sustained and improved these lands for generations. For example, Indigenous communities have long used fire to tend plants, reduce overgrowth, restore water tables and generally keep ecosystems healthy.
Guided by Indigenous knowledge and rooted in the specific cultures and ecologies of place, this practice, often called cultural burning, reduces dry materials that could fuel future wildfires, making landscapes more fire-resilient and lowering both ecological and economic damage when wildfires occur. At the same time, it brings back plants for food, medicine, fiber and basketry for California Native communities.
Challenges on allotments
The Chuckchansi family who reached their land for the first time in the spring of 2025 would like to move onto the land. However, the parcel is surrounded by private property, and they need to seek permission from neighboring landowners to even walk onto their own parcel.
In addition, a small number of employees at the Bureau of Indian Affairs are responsible for allotments, and they must also deal with issues on larger reservations and other tribal lands.
Further, because the lands are held in federal trust, allottees’ ability to engage in traditional management practices like cultural burning often face more stringent federal permitting processes than state or private landowners – including restrictions under the Clean Air Act and the National Environmental Policy Act.
To our knowledge, no fire management plans have been approved by the Bureau of Indian Affairs on California Native American public domain allotments. Nonetheless, many families are interested in following traditional practices to manage their land. These efforts were a key topic at the most recent California Public Domain Allottees Conference, which included about 100 participants, including many allottee families.
People gather at the second annual California Public Domain Allottees Conference in May 2025. Nina Fontana, CC BY-NC-ND
One option could be to shift some of the regulatory authority from the Bureau of Indian Affairs to the allottees themselves. Shifting authority to Indigenous peoples has improved forest health elsewhere, as found in a collaborative study between University of California Extension foresters and Hoopa Tribal Forestry. That research found that when the Hoopa Tribe gained control of forestry on their reservation along the Klamath River basin in northern California, tribal members moved away from large-scale clear-cutting. They decreased allowable logging amounts, created buffers around streams and protected species that were culturally important, while still reducing the buildup of downed or dead wood that can fuel wildfires.
At a time when California faces record-breaking wildfires and intensifying climate extremes, allotments offer rare pockets of intact habitat with the potential to be managed with cultural knowledge and ecological care. They show that adapting to change is not just about infrastructure or technology, but also about relationships – between people and place, culture and ecology, past and future.
This research was funded by the California Climate Action Seed Grant (#R02CP7261: Planning Landscape Resilience for California Indian Allotment Lands) and the United States Geological Survey (G22AC00076-00, Indigenous-Led Climate Adaptation Strategies: Integrating Landscape Condition, Monitoring, and Cultural Fire with the North Fork Mono Tribe, and G23AC00682-00, Future of Fire Phase II: Learning by Doing with Cultural Fire Practitioners).
This research was funded by the Climate Action Grant (California Climate Action Seed Grant #R02CP7261: Planning Landscape Resilience for California Indian Allotment Lands) and the United States Geological Survey (G22AC00076-00, Indigenous-Led Climate Adaptation Strategies: Integrating Landscape Condition, Monitoring, and Cultural Fire with the North Fork Mono Tribe, and G23AC00682-00, Future of Fire Phase II: Learning by Doing with Cultural Fire Practitioners).
