Las organizaciones benéficas de la Cádiz de la Ilustración ya practicaban la transparencia informativa

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Pedro Araújo Pinzón, Profesor de Contabilidad de Gestión, Universidad de Cádiz

Vista de Cádiz desde el puerto dibujada por Alfred Guesdon en el siglo XIX. Biblioteca Digital Hispánica, CC BY

Existe gran interés por parte de la sociedad y de los organismos públicos por el buen empleo de fondos por parte de organizaciones no lucrativas (como las caritativas). Al revelar información a las partes interesadas en su actividad, estas organizaciones exponen sus motivaciones y objetivos sociales, éticos y basados en valores, detallando sus esfuerzos por alcanzarlos y el grado en que se han logrado.

Esto no es nuevo: entre 1798 y 1801, una organización caritativa católica gaditana rendía cuentas a las partes interesadas en su actividad. Investigamos los factores que influyeron en la divulgación de esta información.

Portada del Libro de Actas de la Junta de Socorro.
Archivo Histórico Municipal de Cádiz, Libro 7967

La rendición de cuentas bajo una perspectiva histórica

Históricamente, la transparencia informativa y la rendición de cuentas han sido cruciales para:

  1. Mostrar que las organizaciones de caridad utilizaban los recursos recibidos de forma eficiente y los aplicaban a los fines previstos.

  2. Atraer más fondos para su actividad.

  3. Legitimar la actividad de la organización y las actuaciones de sus fundadores, sus gestores e incluso sus financiadores.

En los siglos XVIII y XIX, la revelación de información se realizaba principalmente de forma voluntaria y por diversos medios.

Además de los factores económicos y funcionales, las creencias, valores, normas y reglas imperantes –incluyendo las religiosas y sociales– en la comunidad en la que operaba una organización afectaban al desarrollo de su contabilidad, a su proceso de rendición de cuentas y a la divulgación de información.

De ahí nuestro interés en investigar los factores que impidieron o promovieron la revelación de información contable de la organización caritativa católica Junta de Socorro, en una época (finales del XVIII, principios del XIX) y un lugar (Cádiz, España) en donde la Iglesia católica era un poder omnipresente en la sociedad a la vez que las ideas de la Ilustración ganaban adeptos entre los gaditanos.




Leer más:
De cómo la contabilidad fue una pieza esencial en el seguimiento de la epidemia de fiebre amarilla de 1800 en Cádiz


Cádiz: finales del XVIII, principios del XIX

El XVIII fue el siglo de oro para Cádiz, puerto principal en el comercio español con las colonias americanas. Que fuese una ciudad eminentemente comercial contribuyó a que sus habitantes estuvieran familiarizados con las prácticas contables y la rendición de cuentas.

Geográficamente, era una pequeña ciudad peninsular fortificada, de no más de 150 hectáreas y unos 70 000 habitantes distribuidos en 18 barrios. Estos factores intensificaban la interacción entre sus habitantes, de modo que las noticias de cualquier tipo se difundían fácilmente entre la población.

La Junta de Socorro se creó en 1798 para ayudar a las familias de los jornaleros, las costureras y los artesanos de Cádiz, que se vieron empobrecidos por el estrangulamiento del comercio de ultramar a causa del bloqueo militar de la Armada británica. La institución fue fundada por Antonio Martínez de la Plaza, obispo de la ciudad, y estuvo respaldada por gaditanos laicos e ilustrados.

En ausencia de regulación y bajo la formidable influencia social de la Iglesia católica, la Junta de Socorro gestionó las peticiones de los diferentes grupos de interés (miembros de su junta de gobierno, gestores, fundadores, beneficiarios de las ayudas, autoridades públicas, donantes institucionales, otros donantes).

Divulgación de información en la Junta de Socorro

Los fundadores, los gestores y los miembros de la junta de gobierno incorporaron a la gestión de la Junta de Socorro el sentido de la responsabilidad y la visión contable que imperaba en la Cádiz mercantil de la época.

Internamente, los gestores rendían cuentas ante la junta, cada miembro de la junta rendía cuentas ante sus compañeros y la propia junta rendía cuentas ante los fundadores de la institución.

Externamente, la junta rendía cuentas principalmente ante los donantes y las autoridades publicando un informe sobre el total de ingresos recibidos y el importe de los diferentes gastos realizados. Pero también ante los beneficiarios de la ayuda, a través de actuaciones observables por la población: por ejemplo, en la repartición diaria de pan o al emplearles en obras públicas de la ciudad, y algunas veces mediante los sermones en las iglesias.

Informe sobre ingresos y gastos publicado en 1800.
Informe sobre ingresos y gastos publicado en 1800.
Archivo Diocesano de Cádiz, Caja 923

El impacto de las normas religiosas y sociales en la rendición de cuentas

Las normas religiosas –firmemente arraigadas en la sociedad católica de finales del siglo XVIII– restringieron la información revelada por la Junta de Socorro. Por un lado, se inhibieron de divulgar información sobre los benefactores debido a la idea cristiana del anonimato en las donaciones: “Cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará” (Mateo, 3:3-4).

Así la cantidad donada era confidencial, evitando al donante la posible vergüenza de aportar limosnas de escaso importe. También se preservaba la identidad de los pobres receptores de alguna forma de socorro, asegurándose de este modo de que los posibles beneficiarios legítimos no se vieran disuadidos –también por vergüenza– de pedir ayuda.

En el caso de una pequeña ciudad como Cádiz –con una gran proximidad física entre sus habitantes y fuertes lazos sociales–, esta falta de información sobre donantes y receptores de ayuda pudo haberse visto contrarrestada por las acciones observables de la Junta de Socorro (entrega de alimentos, empleos a los necesitados) y por las relaciones entre los miembros de la junta, los donantes y los propios beneficiarios.

The Conversation

Este trabajo ha sido financiado por los fondos FEDER UNC315-EE-3636 y UPO-1380724, y por el proyecto de investigación ECO2017-87514-P.

PID2021-126617NB-I00, funded by MCIN/AEI/10.13039/501100011033

ref. Las organizaciones benéficas de la Cádiz de la Ilustración ya practicaban la transparencia informativa – https://theconversation.com/las-organizaciones-beneficas-de-la-cadiz-de-la-ilustracion-ya-practicaban-la-transparencia-informativa-247280

¿Por qué han callado históricamente los países árabes sobre Gaza y siguen sin darle apoyo?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Armando Alvares Garcia Júnior, Professor de Direito Internacional, Relações Internacionais e Geopolítica/Geoeconomia, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

Abdul Fatah al-Sisi, presidente de Egipto, interviene en la cumbre árabe-islámica convocada de urgencia en Doha tras la acción militar de Israel en Catar el pasado 9 de septiembre. Yusron Motret/Shutterstock

El 16 de septiembre de 2025, la Comisión Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados publicó un informe histórico que acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza. El documento, elaborado durante más de dos años, concluye que el gobierno israelí ha incurrido en cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948:

  • Asesinatos masivos.

  • Daños físicos y psicológicos graves.

  • Imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a destruir parcial o totalmente a un grupo.

  • Medidas para impedir nacimientos.

La comisión atribuye responsabilidad directa a figuras como el primer ministro Benjamin Netanyahu, el presidente Isaac Herzog y el exministro de Defensa Yoav Gallant, a quienes acusa de incitación y dirección política de estas acciones.

El informe documenta la magnitud de la tragedia humanitaria. En menos de dos años de ofensiva israelí, más de 64 000 palestinos han muerto, según algunas estimaciones, la mayoría civiles (siendo de estos una gran proporción constituida por mujeres y menores de edad). Mientras, cientos de miles se enfrentan a una hambruna provocada por el bloqueo total impuesto sobre el enclave.

Naciones Unidas describe la situación como “catastrófica”, subrayando que hospitales, escuelas y otras infraestructuras esenciales han sido destruidas de manera sistemática.

Doha: el bombardeo contra líderes de Hamás

En paralelo a la publicación del informe, el 9 de septiembre de 2025 se produjo un bombardeo israelí en Doha, capital de Catar, dirigido contra la cúpula política de Hamás. Según confirmaron fuentes militares israelíes, el ataque se realizó para eliminar a líderes de la organización que se encontraban reunidos para debatir una propuesta de alto el fuego. Al menos seis personas murieron, entre ellas un policía catarí, y varios edificios diplomáticos resultaron dañados. Catar denunció el hecho como una violación grave de su soberanía y lo calificó como “terrorismo de Estado”.

El ataque desencadenó la convocatoria urgente de una cumbre árabe-islámica en Doha con la participación de más de 50 países, incluidos los 22 miembros de la Liga Árabe y los 57 de la Organización de Cooperación Islámica.

Durante tres días, los ministros de Exteriores y jefes de Estado debatieron una respuesta coordinada. El resultado fue una declaración conjunta que condena el bombardeo, acusa a Israel de genocidio, limpieza étnica y uso del hambre como arma de guerra y alerta sobre la expansión de asentamientos en Cisjordania. El texto también reafirma la necesidad de una “seguridad compartida” en la región.

Pese a la contundencia de la retórica, la declaración no incluyó sanciones concretas ni medidas coercitivas. Propuestas como el cierre del espacio aéreo a aviones israelíes, la suspensión de acuerdos militares o la ruptura diplomática con Tel Aviv fueron discutidas, pero no prosperaron.

Analistas presentes en Doha destacaron que esta falta de acciones efectivas refleja el peso de las alianzas estratégicas y comerciales que varios países árabes han desarrollado con Israel en los últimos años.

En las ofensivas posteriores –desde la Primera y Segunda Intifada hasta los bombardeos de 2009, 2014 y 2021–, la respuesta se limitó a condenas diplomáticas sin sanciones regionales estructuradas.

Una inacción repetida muchas veces

Esta inacción, de hecho, se ha repetido a lo largo de las últimas décadas en momentos críticos para Gaza y la causa palestina. Durante la Guerra de Gaza de 2008-2009, conocida como “Operación Plomo Fundido”, las divisiones internas entre los Estados árabes impidieron una respuesta coordinada, limitándose a declaraciones de condena y a cumbres que terminaron sin resultados concretos.

En 2014, tras la ofensiva israelí que dejó miles de muertos, la Comisión de Investigación de la ONU documentó graves violaciones de derechos humanos, mientras que la Liga Árabe se limitó nuevamente a pedir el fin de las hostilidades sin adoptar sanciones o medidas de presión.

Incluso en 2021, cuando la violencia escaló en Jerusalén y Gaza, las reuniones de emergencia convocadas por la Liga Árabe no pasaron de comunicados formales, evidenciando un patrón estructural de dependencia política y económica que ha reducido la capacidad de acción colectiva de la región frente a Israel.

Esta trayectoria histórica demuestra que, más allá de la retórica, la falta de mecanismos vinculantes ha perpetuado la ineficacia de las instituciones árabes a la hora de defender a Gaza.

El contexto actual refuerza esta parálisis. Desde mediados de la década de 2000, países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han emergido como líderes regionales, desplazando a actores históricos como Egipto, Siria o Irak. Estos nuevos liderazgos priorizan la estabilidad interna y las alianzas estratégicas con Estados Unidos frente a la confrontación directa con Israel.

Los Acuerdos de Abraham, firmados entre 2020 y 2021 por Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán, consolidaron una red de cooperación militar y comercial con Tel Aviv, reduciendo el margen para medidas colectivas de presión.

Egipto ha profundizado su dependencia energética mediante contratos multimillonarios de importación de gas israelí, como el firmado en 2019 y ampliado este año, mientras controla estrictamente el paso fronterizo de Rafah para impedir el ingreso masivo de refugiados palestinos.

Arabia Saudí, aunque no ha formalizado relaciones, mantiene contactos discretos en materia de seguridad, especialmente vinculados a la contención de Irán.

La Convención de 1948 establece que todos los Estados parte tienen la obligación de prevenir y sancionar el genocidio, incluso cuando no estén directamente involucrados, lo que incluye adoptar medidas diplomáticas, económicas y judiciales para detener crímenes de esta magnitud cuando exista capacidad de influencia.

La Corte Internacional de Justicia, en su fallo de 2007 sobre el caso Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, estableció que la inacción puede generar responsabilidad legal internacional si un Estado pudo actuar y no lo hizo.

El bombardeo de Doha representa un punto de inflexión. Nunca antes Israel había atacado la capital de un país del Golfo protegido por un acuerdo de defensa con Estados Unidos desde 1972. Este hecho pone en duda el papel de Washington como garante de seguridad en la región y genera temores de que, sin una respuesta contundente, se establezca un precedente que permita futuras agresiones sin consecuencias diplomáticas o militares.

Palabras, pero no acciones

La cumbre de Doha se inscribe así –al menos hasta ahora– en una larga cadena de momentos en los que la solidaridad árabe con Palestina se expresó en palabras, pero no en acciones. El informe de la ONU plantea una prueba moral y política para las capitales árabes.

Si la inercia persiste, la tragedia de Gaza quedará como una herida abierta tanto para el pueblo palestino como para la legitimidad de los regímenes que, teniendo poder para actuar, eligieron el silencio. Este es el caso de la actual Unión Europea, salvo cuando se mueve tímidamente para salvar el pellejo político de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

The Conversation

Armando Alvares Garcia Júnior no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. ¿Por qué han callado históricamente los países árabes sobre Gaza y siguen sin darle apoyo? – https://theconversation.com/por-que-han-callado-historicamente-los-paises-arabes-sobre-gaza-y-siguen-sin-darle-apoyo-265435

Carla Simón: un canto de amor contra la muerte

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Shaila García Catalán, Profesora Titular de Comunicación Audiovisual, Universitat Jaume I

Fotograma de _Romería_, de Carla Simón. FilmAffinity

La obra de la cineasta española Carla Simón es un dolor iluminado. Su cámara recoge el tiempo del verano, huele a melocotones y a mar. En su cine se mece el viento, acampa el sonido de las cigarras, los rezos de los padrenuestros, las verbenas de las fiestas populares y el tintineo de los móviles de alabastro. Huyen los gatos y las liebres. Sorprenden los delfines o las risas improvisadas de sus actores naturales.

Las muertes del padre y la madre de la cineasta por el sida cuando era pequeña parecen haberle dejado un ovillo de preguntas que va deshilvanando a lo largo de su filmografía. Carla Simón lamenta haber heredado muy poco archivo familiar: de su padre conserva algunos súper 8; de su madre un vídeo, fotos y cartas.

Por ello, dice, imagina alto. Cortometraje a cortometraje, película a película, va atravesando un proceso de duelo a través del amor a la familia y al cine. En su travesía, trata de reconstruir la historia de sus padres para preguntarse por su lugar en el mundo y situar en el origen el deseo vivo en ellos. Realiza una investigación poética rodeándose de grandes familias alrededor de una mesa entre malentendidos, canciones y secretos. Su obra es un imposible ejercicio de memoria, un trabajo contra la muerte.

Después del fallecimiento de su abuelo filmó Lipstick (2013), un corto sobre dos niños que asisten, sin saberlo, a la muerte de su abuela. En 2015 rodó Llacunes, en el que la cineasta lee las cartas de su madre mientras filma los lugares donde ella los escribió. El propio título sugiere las lagunas que ella encuentra en el saber pues, en su búsqueda de la verdad, esta hace aguas.

Imagen de la ría de Vigo.
Carla Simón lee las cartas de su madre en Llacunes (2015) sobre el mar de Vigo.
Inicia Films

Investigar, llorar

En Verano 1993 (Estiu 1993, 2017), su primer largometraje, despliega las preguntas sobre la muerte de su madre. La historia narra el primer verano tras la adopción de una niña, Frida, por parte de sus tíos después del fallecimiento de sus padres. La pequeña se sitúa debajo de la mesa para escuchar qué dicen los adultos, trata de cazar frases sueltas. Pregunta a su tía por qué no estuvo presente cuando su madre murió, y la busca en la noche, pero solo encuentra silencio. El cielo de Verano 1993 solo devuelve truenos y oscuridad. Sin embargo, Frida se refugia en la luz.

El deseo de Carla Simón como cineasta parece condensarse en la escena en la que Frida entretiene su soledad regulando la luz del butano. Jugar a controlar la luz le permite ensayar la ausencia, hacerla soportable. Así, poco a poco, Frida va elaborando su duelo y, puede, por fin, llorar.

Una mujer joven le indica algo a una niña sentada en un banco.
Carla Simón dirige a Laia Artigas, que interpreta a Frida, en Verano 1993.
FilmAffinity

Dos años más tarde, en el corto Después también (2019) Carla Simón trata de desestigmatizar el sida mostrando cómo el diagnóstico del VIH puede llevar a un primer tiempo de perplejidad y silencio pero, con información, conversación y amor, no es obstáculo para que dos cuerpos puedan encontrarse.

Tras la muerte de su última abuela, Carla Simón firma junto a Dominga Sotomayor Correspondencia (2020), cortometraje en el que filma el vaciamiento de la casa de la anciana mientras habla sobre su deseo de maternidad y se busca entre dos madres: “Mi madre biológica me dio la genética. Mi madre adoptiva me dio la educación. No sé qué partes de mí son de una o de la otra”.

Esto la lleva a querer filmar a su familia materna en Alcarràs (2022), película que comienza a escribir después de que fallezca su abuelo, en gratitud hacia el valor de su legado.

Cantar

Alcarràs, la historia de la última cosecha de un campo de melocotoneros, es una obra coral sobre la familia, la herencia y un sistema de vida en desaparición. Sin embargo, entre todos los puntos de vista del relato, destaca el brillo de la mirada de la joven Mariona, que escucha desde los umbrales retratando la curiosidad de la propia Simón.

En Correspondencia la familia materna de Carla le decía: “Cantar, cantaremos. Siempre cantaremos”. En Alcarràs, aunque un viejo contrato de palabra entre dos familias no sirve y obliga a los protagonistas a abandonar su modo de ganarse la vida, las canciones aparecen una y otra vez en el relato para recordar el valor de la transmisión y los vínculos, la presencia de la memoria hacia los muertos en la guerra civil española y un amor a la tierra que todavía no está perdido.

Una adolescente y un anciano observan algo fuera de cambo.
Mariona en Alcarràs junto a su abuelo.
FilmAffinity

Tras el estreno de Alcarràs, Carla Simón se convirtió en madre por primera vez. En el cortometraje Carta a mi madre para mi hijo (2022) visita la tumba de su progenitora e imagina un encuentro con ella. Carla le confiesa: “Creo que hago cine para poder inventarte e inventarme”. Recoge imágenes de su parto –un dolor ligado a la vida– y presenta a su hijo Manel.

Inventar, registrar

El verano de 2024 Carla Simón rodó Romería (2025), película en la que retrata a su última familia a propósito del viaje en el que Marina –véase el parecido del nombre con Mariona– va a Vigo tras cumplir 18 años a conocer a su familia paterna. Las cartas de la madre que Carla leía en Llacunes se convierten aquí en su diario, un documento al que la joven va poniendo imágenes.

Una chica en una barca en medio de una ría.
Marina lee los diarios de su madre en Romería (2025) sobre el mar de Vigo.
FilmAffinity

La protagonista parece continuar las preguntas de Frida, pero siempre se encuentra con un baile de fechas como respuesta y queda frustrada. Ante la imposibilidad de conocer la verdad sobre la historia de sus padres, los revive en su imaginación, pues ese es el material con el que se teje la memoria.

Pero Marina no se queda en las fantasías, sino que sabe salir de ellas para reclamar el reconocimiento de su linaje, algo íntimamente ligado a su deseo. Así, pide que se rectifique el registro civil de la defunción de su padre para poder nombrar el sida como la causa de su muerte, para quedar inscrita como su hija y para, así, poder obtener una beca para estudiar cine. Es decir, para registrar, inventar, hacer de su mirada curiosa un oficio. Tras espigar hermosas imágenes y poner justas palabras que nombran los misterios de su historia ella puede enunciar, en la última secuencia, un vivaz “yo grabo”.

Antes de su estreno en cines, Carla Simón presentó Romería en el Festival de Cannes embarazada de 8 meses de su segunda hija y abrazada por los aplausos de reconocimiento hacia su singularidad. Su obra es un salto de la investigación a la invención y de la invención a la inscripción de su nombre propio como cineasta.

The Conversation

Shaila García Catalán no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Carla Simón: un canto de amor contra la muerte – https://theconversation.com/carla-simon-un-canto-de-amor-contra-la-muerte-265332

Prueba de fluidez verbal: lo que revela nuestro cerebro en un solo minuto

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Loles Villalobos Tornero, Facultad de Psicología. Departamento de psicología experimental procesos cognitivos y logopedia, Universidad Complutense de Madrid

Mix and Match Studio/Shutterstock

¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando intentamos concentrarnos, recordar un nombre o tomar una decisión rápida? La evaluación neuropsicológica es una de las formas que tenemos de explorar estas funciones. Gracias a ella, los profesionales pueden conocer cómo funcionan la atención, la memoria, el lenguaje o las llamadas funciones ejecutivas, que nos ayudan en aspectos tan importantes como planificar, tomar decisiones o inhibir impulsos.

La prueba de los sesenta segundos

Entre las pruebas más conocidas hay una que parece un juego: la prueba de fluidez verbal. Consiste en pedirle a la persona que diga, en un minuto, todas las palabras que pueda que empiecen por una letra concreta o que pertenezcan a una categoría, como por ejemplo, animales. Su simplicidad y la ausencia de materiales específicos la han convertido en una tarea universal: se usa en diferentes idiomas y culturas, y cuenta con abundantes datos normativos.

Tradicionalmente, lo que se analiza es el número total de palabras pronunciadas durante ese minuto. Esa simple cifra ya ofrece información relevante sobre procesos que subyacen a esta actividad como la velocidad de acceso al léxico o la agilidad de pensamiento. Sin embargo, en los últimos años se ha descubierto que la prueba encierra muchos más matices de lo que parece a simple vista.

Imaginemos un ejemplo. Le pedimos a una persona de 30 años, con estudios de bachillerato, que nombre animales durante un minuto. A continuación ésta nos dice: “perro, gato, tortuga, gallina, oveja, cabra, vaca, toro, elefante, jirafa, león, tigre, mono, tucán, pelícano, gorrión, golondrina, búho, cuervo, murciélago, delfín, tiburón, ballena, calamar, sardina”.

En total, ha nombrado 25 animales. Si comparamos este resultado con los baremos existentes para su grupo de edad y educación, obtiene un percentil 10, es decir, justo lo esperado.

Mucho más que contar palabras

Hasta aquí, tenemos un dato interesante. Pero si observamos con más detalle, descubrimos algo aún más revelador. ¿Se ha fijado en cómo se han ordenado los animales? La persona no ha ido diciendo palabras al azar: ha generado pequeños grupos, casi sin darse cuenta. Primero las mascotas, luego animales de granja, después los africanos, más tarde aves y, finalmente, animales marinos.

Este fenómeno se llama clustering, y se refiere a la tendencia a agrupar elementos relacionados. Y el momento en el que la persona deja un grupo y pasa a otro se denomina switching.

Analizar cuántos grupos se forman y cuántos cambios se hacen nos aporta una información mucho más rica. No solo nos habla del acceso al vocabulario, sino también de funciones como la inhibición de respuestas, la flexibilidad cognitiva o la capacidad de actualizar la información mental. En otras palabras, de nuestras funciones ejecutivas.

Un valor especial en los pacientes

Este tipo de análisis resulta especialmente valioso en población clínica. En un estudio realizado por investigadores españoles, los autores vieron que las personas con deterioro cognitivo leve generan clústeres similares a los de personas mayores sanas, pero realizan más cambios entre categorías. Esto indica que su red semántica (las conexiones entre conceptos) se conserva, pero que la utilizan de forma menos eficiente durante la búsqueda en la memoria a largo plazo, probablemente por dificultades en las funciones ejecutivas.

Además, observar otros aspectos como los errores producidos o las palabras repetidas aporta aún más valor. De hecho, se ha visto que este tipo de análisis puede incluso diferenciar entre deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer.

Además de resultar útil en el envejecimiento, esta prueba también se aplica de forma sistemática a personas que han sufrido un daño cerebral sobrevenido, como un traumatismo craneoencefálico. Aunque se trate de pacientes jóvenes, después de un accidente dicen menos palabras en un minuto, forman clústeres más pequeños y realizar menos cambios entre ellos que las personas sanas. Estos resultados permiten comprobar, de manera rápida y sencilla, cómo un golpe en la cabeza puede afectar a procesos cognitivos tan complejos como la velocidad de procesamiento o la flexibilidad mental.

Conocer cómo funciona nuestro cerebro no es para nada una tarea fácil. La evaluación neuropsicológica nos da herramientas muy útiles para aproximarnos a ello. A veces pensamos que hacen falta técnicas muy sofisticadas, pero lo cierto es que una prueba sencilla como nombrar animales durante un minuto puede revelar muchísimo sobre nuestros procesos cognitivos.

Quién diría que sesenta segundos encierran tanta información.

The Conversation

Loles Villalobos Tornero no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Prueba de fluidez verbal: lo que revela nuestro cerebro en un solo minuto – https://theconversation.com/prueba-de-fluidez-verbal-lo-que-revela-nuestro-cerebro-en-un-solo-minuto-264462

Los nitazenos, el peligroso relevo del fentanilo en la crisis de los opioides sintéticos

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Elena Escubedo Rafa, Chair professor, Universitat de Barcelona

MOLEQL/Shutterstock

Si a finales de 2023 saltaban todas las alarmas ante la crisis sanitaria causada en Estados Unidos por el consumo abusivo de fentanilo, el escenario podría empeorar aún más con la irrupción de otra familia de opioides sintéticos: los nitazenos.

No nos coge del todo por sorpresa. En la década de los 70, el químico Alexander Shulgin ya advertía sobre el potencial abuso de una familia de compuestos conocida como benzimidazoles. Medio siglo después, sus palabras han demostrado ser proféticas: los nitazenos, opioides sintéticos con un núcleo benzimidazol, han emergido como una de las clases de nuevas sustancias psicoactivas más peligrosas, causando un número creciente de intoxicaciones y muertes.

Aunque algunas fuentes hablan de 400 intoxicaciones mortales relacionadas con estas sustancias en Reino Unido, la falta de un método analítico específico en los primeros tiempos de su aparición hace que esta cifra sea simplemente una especulación.




Leer más:
La crisis del fentanilo y por qué sus consumidores parecen zombis


La rápida infiltración de estas sustancias en los mercados de drogas recreativas se debe a su síntesis relativamente sencilla y sin precursores controlados, una elevada potencia (que facilita su transporte), su estado legal inicial y su atractivo económico.

Del laboratorio a la calle

La historia de los nitazenos empieza en los años 1950-1960, cuando la compañía farmacéutica Ciba-Geigy los desarrolló como posibles analgésicos opioides sintéticos. En la investigación sobre dichos opioides, estas moléculas representaron la primera gran desviación de la estructura química característica de la morfina, incluso antes de que Paul Janssen sintetizara el fentanilo en 1960.

Aunque muchos nitazenos mostraron entonces una potencia analgésica superior a la morfina en animales, nunca llegaron a comercializarse como medicamentos, debido al estrecho margen de seguridad que supone una molécula tan potente.

Sin embargo, a partir de 2019, y coincidiendo con las medidas de control contra la producción de fentanilo y análogos en China y Estados Unidos, los análogos nitazénicos irrumpieron en el mercado de las drogas recreativas. El isotonitazeno fue el primero en aparecer, seguido rápidamente por otros como el metonitazeno, el etodesnitazeno y diversos derivados.

Una potencia extraordinaria

La investigación farmacológica ha revelado que muchos nitazenos muestran un efecto excepcional. Aunque se unen y activan selectivamente la misma diana sobre la que actúan el fentanilo y la morfina (receptor Mu), lo hacen con una afinidad 60 veces mayor que el fentanilo. Y lo activan con una potencia bastante mayor.

Tanto es así que algunos análogos son hasta 10 veces más potentes que el fentanilo, o 100 más que la morfina. Esta elevada potencia puede tener implicaciones dramáticas para la salud pública, ya que pequeñísimas cantidades (nanogramos por mililitro) pueden resultar letales.

Drogas que llegan directamente a Europa

Los nitazenos están apareciendo cada vez más en la calle. Las últimas cifras oficiales indican que, hasta 2024, se habían detectado en Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía y Sudamérica, siendo Europa la región más afectada hasta el momento. A diferencia del fentanilo, que siguió la ruta México–Estados Unidos, los nitazenos están llegando directamente desde Asia a Europa, mediante canales de distribución más diversos. Y se anticipa una expansión significativa e inminente en el continente europeo.

Además de los diversos efectos en la salud que puede generar su consumo, estas moléculas son especialmente nocivas cuando sustituyen fraudulentamente el principio activo de un medicamento o droga de efectos parecidos sin conocimiento del consumidor.

Así, en enero de este año, LM, de 22 años, murió tras tomar un falso Xanax (alprazolam). Tres meses después, su amigo HC, de 21 años, le siguió tras consumir un falso Percocet (oxicodona). En ambos casos, las pastillas contenían, fundamentalmente, un nitazeno.

La dificultad de revertir las sobredosis

El problema es que no es fácil revertir la sobredosis de estos opiáceos. La naloxona, un medicamento antagonista de los opioides que se usa para revertir y bloquear los efectos de heroína, la morfina y el fentanilo, no es tan efectiva en el caso de los nitazenos.

Estudios recientes sugieren que algunos nitazenos se disocian muy lentamente del receptor Mu, lo que podría suponer que se necesiten dosis mucho más altas de naloxona para revertir estas sobredosis.

Un desafío analítico y forense

La detección de nitazenos presenta múltiples desafíos para la toxicología forense. Estas moléculas no dan positivo en los ensayos rutinarios que existen para detectar morfina, heroína o fentanilo.

Al ser muy potentes y utilizarse concentraciones muy bajas, se requiere un método analítico de alta sensibilidad. Y dado que surgen constantemente muchos derivados de gran similitud estructural, se complica la identificación de una molécula concreta. De ahí que se precise una actualización continua del método analítico.

El juego del gato y el ratón

Hasta marzo de 2025, se habían controlado en el mundo sólo diez nitazenos, aunque varios países empiezan a implementar ya legislaciones específicas. China, el país productor clave, añadió los análogos nitazénicos a su lista de sustancias controladas en julio de 2024. Sin embargo, el control de sustancias específicas a menudo genera la aparición de nuevos análogos no controlados, creando un ciclo continuo.

Cuando se aplican legislaciones genéricas, éstas son más efectivas, ya que permiten fiscalizar un gran número de sustancias estrechamente vinculadas entre sí (análogos químicos) de una sola vez, sin necesidad de nombrarlas individualmente en la legislación. Pero esta medida aumenta el riesgo de impulsar el desarrollo, por parte de los fabricantes, de clases químicas completamente nuevas y desconocidas, que quedan fuera de las medidas de fiscalización genérica.

Necesitamos un enfoque multidisciplinar

La crisis de los nitazenos es un problema complejo, sin soluciones simples. Y ofrece un ejemplo paradigmático de cómo las innovaciones farmacológicas del pasado pueden transformarse en amenazas de salud pública contemporáneas.

La prohibición del cultivo de opio por los talibanes en Afganistán podría acelerar aún más el cambio hacia opioides sintéticos en Europa, haciendo que la situación de los nitazenos se vuelva más crítica. No existe un enfoque único para abordar esta situación polifacética: se requiere una respuesta coordinada, y la colaboración sin precedentes entre químicos, farmacólogos, toxicólogos forenses, profesionales de la salud pública, legisladores y comunidades afectadas.

Sólo el tiempo dirá si la sociedad es capaz de adaptarse con la rapidez necesaria para hacer frente a esta amenaza emergente, o si los nitazenos seguirán el camino de otros opioides sintéticos, provocando graves consecuencia antes de que se implementen medidas de control y prevención eficaces.

The Conversation

Elena Escubedo Rafa no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Los nitazenos, el peligroso relevo del fentanilo en la crisis de los opioides sintéticos – https://theconversation.com/los-nitazenos-el-peligroso-relevo-del-fentanilo-en-la-crisis-de-los-opioides-sinteticos-264522

The Canadian government must take action following future of sport commission

Source: The Conversation – Canada – By Kyle Rich, Associate Professor of Sport Management, Brock University

We are at a pivotal time for sport in Canada.

In August, Sport Canada released a National Sport Policy to guide sport in the country for the next decade. Through language such as “barrier-free sport” and recognition of “spaces and places” required to participate, the federal government signalled a broader approach to addressing sport participation that will impact more than just the sport clubs that have traditionally delivered sport programs.

Since 2020, a series of high-profile cases of harassment and abuse in hockey, swimming, gymnastics and other sports raised questions about safety. This was epitomized by Hockey Canada’s sexual assault scandal.

In 2023, advocates called on the federal government to launch a public inquiry into sport. Instead, the government chose to investigate through a Future of Sport in Canada Commission.

That commission recently released preliminary findings and recommendations. Importantly, the commission took a broad scope, considering not only abuse and harassment but also the broader structures and politics that shape the Canadian sport delivery system. Last week, the commission held a summit in Ottawa to discuss its findings and recommendations with survivors and stakeholders from across the country.

The decisions made by policymakers in the coming months and years could change the landscape of sport in important ways. But the sport system is shaped by long-standing rules, traditions and organizations that are deeply entrenched, making meaningful change difficult.

Collectively, our research has examined sport policy and governance in different parts of Canada since the formalization of federal sport policy in 2002. Some of us were also consulted by the Future of Sport Commission and participated in the summit.

In our current work, we are mapping the role of provincial and territorial governments in sport policy. Through this work, we’ve observed changes in sport policy across Canada, and we have thought a lot about what works and what doesn’t in different jurisdictions.

Key challenges in sport

a person swimming in a pool
A series of high-profile cases of harassment and abuse in Canadian sports have raised questions about safety.
(Unsplash)

The Future of Sport Commission highlighted some key issues within Canadian sport and made sweeping recommendations. These include a need for a new funding model for sport, alignment of policy across all levels of government, amalgamating sport organizations and the creation of a new centralized sport entity to oversee sport governance.

Many of these, however, have been noted by scholars and advocates for some time. While the goal of changing the sport system for the better is well-intentioned, it will not be an easy task. Here are a few reasons why.

Amateur sport programs and organizations in Canada remain largely volunteer run. These organizations have ingrained social and political practices and low capacity for change. In this context, governments and national and provincial/territorial sport organizations can lay out an amazing suite of policies and programs, but those delivering sport in communities may not take them up.

Simultaneously, public infrastructure for sport is aging, and municipalities and school boards are unable or unwilling to support increased demand. This has a negative impact on sport clubs that rely on this support.

Without meaningful changes to the environments that support clubs, they simply won’t be able to adapt initiatives to create safe environments or more welcoming spaces for new and existing members. In order to improve access to safe and healthy sport participation opportunities, provincial and municipal governments also need to be invested in these policy goals.

A rise of private equity investment is also impacting the Canadian sport landscape. We are in danger of losing youth sport to large commercial conglomerates, which could change how sports are accessed.

While commercial clubs can excel at offering high-performance training experiences, they are costly for participants and can segregate access to training and facilities based on an athlete’s income rather than their talent or potential.

Furthermore, commercial clubs can be unsanctioned and operate outside of established governance systems. If sport continues to be commercialized, it will only be accessible for those who can afford to pay, which will exacerbate existing inequities. And a rise in unsanctioned clubs will prevent attempts to foster safe sport environments through governance reforms from working.

Why change is difficult

As highlighted by the commission, change will be difficult, and requires time, investment and concerted effort. Change is particularly complicated in sport, as organizations at all levels work under the auspices of international organizations that operate with an unusual amount of autonomy.

This means that sport organizations in Canada may be faced with multiple and competing ideas about how they should operate, and what they can afford, now and in the future.

Change will not be easy. It will require buy-in and alignment of policy from all orders of government. Change will be particularly difficult for organizations that are struggling to recruit and retain volunteer coaches and board members. In those cases, it’s easier to focus on the status quo than to change.

Furthermore, public opinion and social norms about sport needs to keep pace with change. Canadians across the country need to think about what they want sport to do for their communities and themselves, and how they want sport to achieve those goals.

The Canadian government has repeatedly used sports imagery like “elbows up” recently in light of tariffs from the United States. Based on the commission’s recommendations, the federal government has an opportunity to show that kind of leadership by investing in change so the sport system works for all Canadians.

The Conversation

Kyle Rich receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

Audrey R. Giles receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

Jonathon Edwards receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

Larena Hoeber receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

ref. The Canadian government must take action following future of sport commission – https://theconversation.com/the-canadian-government-must-take-action-following-future-of-sport-commission-264103

From tattoos to plastic bottles, here’s how society assigns moral values to everyday things

Source: The Conversation – Canada – By Aya Aboelenien, Associate Professor of Marketing, HEC Montréal

When we think about morality, we usually focus on actions: is this act morally right or wrong? But increasingly, these kinds of debates involve the morality of everyday objects, like plastic bottles, smartphones or even the the food on our plates.

Our research shows that objects themselves can not only carry moral weight, but that these judgments can change over time. Take tattoos, for instance. Have you ever considered if having tattoos is considered moral, immoral or simply amoral?

In our recent research, we demonstrate how mainstream societal sentiments for tattoos have changed throughout history. We conducted a meta-synthesis of existing studies to develop a framework for understanding how moral attributions in markets are shaped.

Our findings show that shared moral sentiments toward objects, products or services are neither fixed nor are universally shared. By “objects,” we mean products and services that people might use, consume or embody due to moral associations, like plastic bags, tattoos, fur clothing or diamond jewellery.

The shifting moral landscape of tattoos

In early societies, tattoos were not stigmatized, but they were used to mark identity, social belonging or spiritual protection. This is still an ongoing sentiment in some cultures, including Kurds, Inuit and some Indigenous groups in the Philippines.

In the 19th century, tattoos started to have divergent moral meanings, including negative ones, depending on the context. For sailors, they were a mark of their sea adventures or the lands they conquered. For people in the periphery of the Global North, they were symbols of non-conformity.

Since then, the moral judgments of tattoos have fluctuated between being seen moral or immoral across time and place. Tattoos were seen as signs of bravery and remembrance for Second World War soldiers, yet in other contexts, they were associated with criminality or gang affiliation.

These changes happen through complex social processes that involve social entities with differing capacities: individuals, groups (like unions or consumer collectives) and organizations (like churches or governments). We call this process “marketplace moralization,” which produces what we call “marketplace moral sentiments.”

Not always black-and-white

Marketplace moral sentiments are not always black-and-white, but also can be in-between, debated and negotiated, such as in the case of meat consumption. While vegans consider it immoral to consume meat, other groups might consider it morally neutral or even necessary for cultural or health reasons.

To understand how these moral debates unfold, we used actor-network-theory — which involves the translation stages of problematization, enrolment, interessement and mobilization — to map the stages of marketplace moralization. In plain terms, these stages include raising an issue, persuading others and organizing support.

If successful, a new collective moral sentiment forms. For example, a new consensus about the necessity of eating animal protein can shift nutrition guidelines to advocate for more plant-based protein.

If unsuccessful, however, the old sentiment remains dominant. This means the object’s moral status remains contested and subject to further negotiation.

Outcomes of marketplace moralization

Our research found marketplace moralization can produce one of four outcomes. Sometimes an object can achieve “harmonized moral sentiment,” where nearly everyone agrees it is moral or immoral. Donating to charity, for example, is widely recognized as morally good. It is supported by your social network, and rewarded by government policies such as tax deductions.

Other times, an object can have a “divided moral sentiment,” with different groups holding opposing views. Some Hummer owners, for instance, moralize the purchase of their vehicles by arguing that it is an expression of individual freedom and rights or that it is a necessity for safer trips, while others condemn them as wasteful or environmentally harmful.

In some cases, moral sentiments are dispersed: a few people may challenge a widely held view but lack broad support. Early critics of bullfighting in Spain, for instance, spoke out against a deeply cherished cultural practice.

Finally, organizations can impose moral views on people through regulations or policies. In this case, individuals and groups are forced to conform even if they privately disagree, such as mask and vaccine mandates during COVID-19.

Why does this matter?

Markets are not just settings for economic exchange; they are also about values and moralized emotions. Large-scale issues like climate change, racism, animal rights or gender equality show how morality and markets are tied together.

Brands often leverage existing moral sentiments by supporting social movements or by promoting eco-friendly products. By doing this, they are also inserting themselves into moralized debates and negotiations.

For example, cosmetics retailer Lush closed its United Kingdom stores on Sept. 3, and shops in the Republic of Ireland on Sept. 4, as a gesture of solidarity with Palestine. The company is also selling watermelon-shaped soap to raise money for medical services in Gaza as part of its Giving Products collection.

More recently, concerns about environmental, cognitive and other ethical issues surrounding generative artificial intelligence have prompted criticism of companies seeking to integrate AI into their products or processes.

These examples illustrate why it is crucial to understand the fluidity of moral judgments about objects, rather than assuming objects have inherent or immutable moral value.

For individuals, this understanding can help contextualize moral disputes and allow them to see that disagreements over objects are not always rooted in absolute moral truths, but often in differing cultural, social and historical perspectives.

For managers and business leaders, it allows a more deliberate application of moral claims — like sustainable, green or cruelty-free — to their products or services while contextualizing them.

And lastly, for policymakers, it allows them to create better policies by monitoring public sentiments on complex issues such as gun ownership, food policy and technology.

The Conversation

Aya Aboelenien receives funding from the Social Science and Humanities Research Council (SSHRC) of Canada.

Zeynep Arsel receives funding from Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC)

ref. From tattoos to plastic bottles, here’s how society assigns moral values to everyday things – https://theconversation.com/from-tattoos-to-plastic-bottles-heres-how-society-assigns-moral-values-to-everyday-things-264657

Rapport sur l’avenir de l’audiovisuel québécois : un bon point de départ, en attendant une métamorphose en profondeur du milieu

Source: The Conversation – in French – By Catalina Briceno, Professeure, École des médias de l’UQAM, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Reconduit à la Culture et aux Communications le 10 septembre, le ministre Mathieu Lacombe se retrouve aussitôt face à un dossier urgent : le rapport Souffler les braises, qui lui a été remis cinq jours plus tôt par le Groupe de travail sur l’avenir de l’audiovisuel québécois (GTAAQ).

Co-présidé par Monique Simard (productrice, ex-présidente de la SODEC) et Philippe Lamarre (fondateur d’Urbania), ce groupe rassemblait aussi quatre personnes issues de la production, de la diffusion et de la création audiovisuelle. En plus de 200 pages, le rapport formule 20 recommandations et 76 mesures regroupées sous six lignes directrices : renforcer les institutions publiques, mieux arrimer éducation et culture, reconquérir le public, stimuler l’exportation, accélérer la transition numérique et encourager la concertation sectorielle.

Bien en amont de la rédaction du rapport par le groupe de travail, j’ai encadré à l’UQAM l’équipe chargée du dépouillement des études et synthèses des mémoires. Mon commentaire s’appuie sur ce travail, sur mon expérience d’analyste du secteur de l’audiovisuel et sur ma pratique en prospective.

Dépasser la connaissance ancienne des enjeux

Il importe d’abord de rappeler que les problèmes structurels de l’audiovisuel québécois ne sont pas nouveaux. Depuis au moins une décennie, chercheurs, experts et praticiens identifient les fragilités qui pèsent sur l’industrie : déclin des ressources financières, transfert des écoutes vers le « tout-numérique », dépendance grandissante aux plates-formes étrangères, difficultés de mise en valeur des contenus locaux, fragmentation des publics et déficit de littératie numérique.

De ce point de vue, le rapport révèle peu de choses nouvelles, mais a le grand mérite de remettre à l’avant-plan les manques connus et des pistes de solutions souvent ignorées.

Souffler les braises arrive donc in extremis : alors que le secteur paye le prix d’années de négligence et de demi-mesures face aux mutations mondiales des industries de la création.

Tension entre inventaire et invention

L’exhaustivité et la profondeur du rapport, qui compile l’essentiel de 114 mémoires déposés, d’une trentaine d’études dépouillées et de centaines d’heures de rencontres, sont remarquables. C’est aussi ce qui en fait un document consensuel, accueilli avec enthousiasme par le milieu.


Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.


Toutefois, cette même exhaustivité fait courir un risque de dilution des priorités : chacun peut y trouver une mesure favorable à ses intérêts, fournissant de quoi alimenter les agendas particuliers. C’est aussi ce qui rend la longue liste de recommandations vulnérable aux changements de gouvernement, à l’influence des lobbys et aux priorités politiques changeantes.

C’est là que se révèle la tension fondamentale qui traverse l’exercice : d’un côté, le rapport joue un rôle stabilisateur en apportant un inventaire de solutions pragmatiques et attendues à court terme. De l’autre, il laisse en suspens la nécessité de redessiner en profondeur le modèle de l’audiovisuel québécois pour se préparer aux prochaines mutations de l’économie numérique des contenus.

Une question centrale à approfondir

À travers cette tension, le rapport pose néanmoins une interrogation qui mérite toute notre attention : souhaitons-nous être propriétaires de notre culture, ou rester sous-traitants et consommateurs invisibles des grandes industries culturelles étrangères ?

Le rapport privilégie clairement la première option : une stratégie de souveraineté culturelle, présentée comme urgente et un devoir envers les futures générations.

Le rapport avance certaines pistes pour renforcer cet engagement envers la jeunesse : ouverture de studios de création et développement de marques à Télé-Québec, augmentation des budgets d’investissement en jeunesse, élargissement des genres admissibles à la SODEC. Il n’en reste pas moins que ces mesures demeurent enchâssées dans un système qui, jusqu’ici, n’a pas su renouveler ce « lien affectif » avec les nouvelles générations d’auditoires.

Et si « parler aux jeunes », c’était justement d’ouvrir la voie à l’invention de modèles inédits, au-delà de ce qui paraît aujourd’hui possible ?

Éviter le blocage structurel

En éclairant ce qui est déjà visible, mais peinant à préparer ce qui est encore à venir, le rapport touche à sa limite la plus importante : celle du maintien d’un statu quo structurel. Si des ajustements opérationnels et des réaménagements significatifs sont proposés, les fondements de l’architecture institutionnelle et économique du modèle audiovisuel québécois, ainsi que les logiques de gouvernance qui organisent rôles, pouvoirs et privilèges au sein de la chaîne de valeur, demeurent largement inchangés.

L’avenir de l’audiovisuel québécois ne pourra pas se jouer sur la seule capacité à répondre aux crises présentes (et permanentes) du secteur, mais sur l’audace de concevoir collectivement des futurs désirables, au-delà de la seule préservation du modèle existant. Mais cela suppose de créer un espace commun de réflexion et de coconstruction, où puisse se déployer une véritable pensée du devenir.

Le rapport Souffler les braises offre l’occasion d’amorcer ce momentum et d’engager le travail.

Une méthodologie à interroger

La démarche du groupe de travail reposait sur une vaste consultation des personnes travaillant dans le secteur qui, logiquement, ont exprimé des préoccupations liées à leur quotidien et aux menaces immédiates qui pèsent sur leur pratique. Une méthode classique, mais qui enferme le rapport dans un rôle de compromis destiné à rassurer les multiples segments de l’industrie.

Tout le monde a été entendu. La prochaine étape appartient maintenant à l’industrie. Transformer les recommandations en résultats exige de concentrer les efforts sur quelques fronts communs. Le rapport le souligne clairement dans sa conclusion : il faut apprendre à avancer ensemble, mais surtout dans la même direction. Or, viser des résultats différents suppose d’abord de changer nos façons de faire : développer des compétences collectives capables d’anticiper les ruptures, d’explorer des futurs multiples et de renforcer la capacité d’adaptation continue de l’écosystème.

Se réinventer exigera également d’élargir le cercle. Sur plus d’une centaine de mémoires, un seul provenait d’un autre secteur que l’audiovisuel. Les prochaines étapes gagneraient à mobiliser plus largement : population, autres filières culturelles, universités et milieux d’affaires. C’est à cette condition que le Québec pourra dépasser une posture défensive et s’engager dans une véritable coconstruction, afin d’imaginer et de bâtir collectivement les futurs de ses industries créatives.

Pour faire long feu…

Sous cet éclairage, le rapport Souffler les braises doit être compris non comme un aboutissement, mais comme un point de départ. Il propose un ensemble de mesures stabilisatrices susceptibles d’atténuer les tensions actuelles. Cet apaisement au sein de l’industrie audiovisuelle est nécessaire et désiré. Ça ne saurait cependant se substituer à une refonte en profondeur des systèmes qui régissent actuellement ce secteur.

En définitive, le défi n’est pas seulement de préserver l’existant, mais de cultiver une capacité collective à se projeter dans ce qui nous apparaît souhaitable. Pour ce faire, il faut développer une imagination institutionnelle et politique à la hauteur des transformations sociales, culturelles, climatiques et technologiques qui s’annoncent.

C’est important, parce que quiconque a déjà soufflé sur des braises sait qu’on peut augmenter temporairement leur incandescence. Mais que sans l’ajout de bois nouveau, le feu ne reprend pas longtemps.

La Conversation Canada

Catalina Briceno a reçu un financement de recherche partenariale de la part du Ministère de la culture et des communications dans le cadre de la revue de littérature destinée au groupe d’experts sur l’avenir de l’audiovisuel.

ref. Rapport sur l’avenir de l’audiovisuel québécois : un bon point de départ, en attendant une métamorphose en profondeur du milieu – https://theconversation.com/rapport-sur-lavenir-de-laudiovisuel-quebecois-un-bon-point-de-depart-en-attendant-une-metamorphose-en-profondeur-du-milieu-264943

Uganda has signed a deal with the US to take asylum seekers – what’s behind it and what’s at stake

Source: The Conversation – Africa (2) – By Franzisca Zanker, Senior researcher, Arnold Bergstraesser Institute

A new deal to deport asylum seekers from the US to Uganda was announced in August 2025. The full agreement, already signed by the ambassadors of the two countries at the end of July, set out the terms of the arrangements. Franzisca Zanker and Ronald Kalyango Sebba, who have studied refugee and migration policy in Uganda, unpack its significance.

What deal has Uganda signed with Washington on taking refugees?

Uganda has agreed to take on an unspecified number of third-country nationals who have a pending asylum claim in the US but cannot return home due to safety concerns. In other words, these are people who should likely be protected as refugees, but are no longer wanted in Donald Trump’s America.

Uganda is set to receive development funds in return. It also retains discretion on a case-by-case basis.

According to the official Ugandan statement, the deal, which entered into force with its signing on 29 July 2025, does not include people with a criminal background or unaccompanied minors. The written agreement, however, only mentions minors.

Once in Uganda, each person will go through individual refugee status determination processes.

How does this deal compare with others the US has reached on the continent?

It follows similar bilateral agreements with other African countries from recent weeks. For instance, eight people with a criminal background were deported in July to South Sudan. Five similar cases were deported to Eswatini. In mid-September, Ghana became the latest African country to crumble, taking in 14 deported migrants from the US.

A final example, Rwanda, has a long history of similar agreements. These agreements have usually been accompanied by much fanfare and followed by little in the way of receiving of actual refugees. Most recently Rwanda agreed to take in 250 people from the US. The first seven arrived in late August.

What are the issues with these arrangements?

The US is not alone in its attempts to send asylum seekers to countries in Africa.

Plans – with varying levels of concreteness – have been thrown around by politicians from the UK, Denmark and Germany.

Migration is being demonised by politicians all over the world. So externalising, which basically means moving the location of the problem, may seem like a solution.

But African countries have not always received such offers with open arms. While global asymmetries and aid dependencies mean that African officials may not overtly reject such deal attempts, countries are not keen to take on any deportees, let alone from third countries.

In fact, there is no international convention that provides a legal instrument for deporting people from another nationality to a different country. International agreements, most recently the Samoa Agreement between the European Union and Africa, Caribbean and Pacific states, have removed the potential to deport third nationals.

Deporting nationals from other countries to African countries is, therefore, legally questionable – and diplomatically unpopular. The African Union has condemned such arrangements as “xenophobic and completely unacceptable”.

What’s in it for Uganda?

The deal provides the groundwork for much-needed improvements in bilateral US-Ugandan relationship.

In response to the globally condemned 2023 Anti-Homosexuality Act, the Joe Biden administration terminated Uganda’s eligibility for US trade benefits under the African Growth and Opportunity Act. This policy gave Uganda duty-free access to the American market for a variety of goods.

More recently under the Trump administration, Uganda has suffered the effect of US funding cuts. This includes the loss of an estimated 66% of funding following cuts to the USAID development assistance programme. Uganda also faces a higher tariff of 15%, up from the previously announced 10% that will affect the cost of its agricultural products in the US market. This could potentially lower its sales in a key export market.

While the details of the US-Uganda asylum deal are shrouded in secrecy, as is common with such agreements it could provide Uganda with much needed development funds and lead to better tariff conditions.

Domestically, opposition politicians have criticised the new bilateral deal. However, Museveni has not shown much concern for these misgivings. Uganda is one of the few countries where refugees have not become a major political issue.

However, this may change. Attitudes towards migrants are slowly changing at a societal and political level.

As refugee numbers rise, conflicts between them and host communities over land and environmental damage are increasing. There is growing public apprehension about the government’s open-door policy.

What is Uganda’s history when it comes to refugees?

Uganda has a long history of refugee protection. It currently hosts 1.8 million refugees and asylum seekers, mainly from South Sudan and the Democratic Republic of Congo.

The country has a reputation as one of the most generous places towards refugees. Most people entering Uganda are given automatic refugee status. This was set up in the 1969 refugee convention from the then Organisation of African Unity.

The government provides refugees with a plot of land to farm. They have free access to schools and healthcare, and can work. As refugee numbers grow, however, the plots of land are getting smaller.

In practice, refugees are confined to dusty so-called refugee settlements, with few working and educational possibilities. Many refugees – just like the Ugandan host community – live under very high levels of poverty.

Some refugees have to go through individual refugee status determination processes where they face huge backlogs and access to justice issues.

Will the refugees from Washington get the same treatment?

We do not know at this stage. However, in August 2021, Uganda agreed to take on up to 2,000 refugees from Afghanistan on behalf of the US. While this was deemed only a temporary move before they were resettled elsewhere, many remain in Uganda to this day.

At the time, the Ugandan foreign minister wrote in an op-ed

our friend, partner and longstanding ally – the US – asked for our support …. when the US asks for our help and we are able to give it, we do.

In the same piece he also noted

Ugandans say refugees are our brothers and sisters. That is why our door will always be open to them.

What this means for the US deportees is unknown.

The agreement reveals no details about their temporary housing or refugee status determination process. Whether they will be sent to the remote settlements where most refugees in Uganda access free housing and humanitarian assistance, or stay in urban Kampala, remains to be determined.

With elections in Uganda scheduled for January 2026, such a deal certainly helps President Yoweri Museveni preempt any US criticism regarding electoral freedom. But it also raises deeper questions about the long-term effects of open-door policies.

The Conversation

Franzisca Zanker receives funding from the European Research Council for the project “The Political Lives of Migrants: Perspectives from Africa” (Grant no: 101161856).

Ronald Kalyango Sebba is affiliated with Kyambogo University, Kampala Uganda.

ref. Uganda has signed a deal with the US to take asylum seekers – what’s behind it and what’s at stake – https://theconversation.com/uganda-has-signed-a-deal-with-the-us-to-take-asylum-seekers-whats-behind-it-and-whats-at-stake-265545

Imagine a world without genocide

Source: The Conversation – Canada – By David Welch, Professor, Political Science; Research Chair, University of Waterloo

An independent international commission of inquiry appointed by the United Nations Human Rights Council has released a report saying that Israel is committing genocide in Gaza.

Daniel Meron, Israel’s ambassador to the UN in Geneva, immediately dismissed the report for “promot[ing] a narrative serving Hamas and its supporters in attempting to delegitimize and demonize the state of Israel.” The report, he said, “falsely accuses Israel of genocidal intent, an allegation it cannot substantiate.”

Let’s imagine that there was no such thing as the legal definition of the crime of genocide. What would be left of the report? A gruesome, horrifying, utterly damning catalogue of Israeli war crimes and crimes against humanity.

According to the 1948 UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide:

“Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (a) Killing members of the group; (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (d) Imposing measures intended to prevent births within the group; (e) Forcibly transferring children of the group to another group.”

The prohibition of genocide is what is known in public international law as a peremptory (jus cogens) norm, meaning that it allows for no exceptions. It is one of a handful of jus cogens norms that include prohibitions on slavery, torture, war crimes and crimes against humanity. These are the worst of the worst, legally speaking, none lesser or greater than another.

How genocide is distinct

The crime of genocide stands out from other jus cogens violations in two ways, however — one legal and one sociological.

The legal difference is that genocide is the only jus cogens violation that requires proof of intent (mens rea, “guilty mind”). All the rest require nothing more than proof of a deed (actus reus, “guilty act”).

The sociological difference is that public opinion has come to regard genocide as somehow particularly important. If a state commits atrocities, it is for some reason unsatisfying today to call them crimes against humanity. There is seemingly a palpable urge to label it genocide.

In addition, the public understanding of genocide is much less restrictive than the legal one. The public feels that intent can be presumed and need not be proven, and that members of almost any group can qualify as victims. Sexual and gender minorities are not a protected group under the 1948 convention, for example, and yet it is not unusual to hear about the “genocide of gay people.”

Inviting quibbles and deflection

The UN report will be welcomed by all who understand Israel as guilty of the sociological version of the crime of genocide, because it concludes that Israel is also guilty of the legal version.

But a careful reading of the report will show that it often leaps to conclusions about intentions, drawing from statements or actions that might actually have explanations other than genuinely genocidal intent.

Alternative possible explanations the report does not entertain include overly emotional language or rhetorical hyperbole by Israeli leaders in the immediate wake of Hamas’s attack on Oct. 7, 2023; actions undertaken in the fog of war; a misplaced sense of military necessity; or even callous or reckless indifference to Palestinian suffering.

Such explanations, if true, would not be excuses. But they are not the same as an intention to destroy the Palestinian people.

Does this mean that the report is wrong to conclude that Israel is guilty of the legal crime of genocide? Not necessarily. It means only that it left room to quibble and deflect attention from unquestionable crimes.

It also gave Meron an opportunity to try to change the channel and make the conversation about “a narrative serving Hamas” or an attempt to “delegitimize and demonize the state of Israel,” rather than children starving or being shot in the head.

A high bar

None of this would be the case if the crime of genocide had not been defined so narrowly in the first place.

To some extent, its narrowness was the result of its inspiration. The evidence of genocidal intent was clear and overwhelming in Nazi Germany. One reason why there have been so few convictions is that the specific case of the Holocaust both spurred the definition of the crime and set the evidentiary bar so high.




Read more:
Why have so few atrocities ever been recognised as genocide?


However, its narrowness is also the result of political manoeuvring during the negotiation of the convention itself.

Was there any good reason why sexual orientation or gender identity were not included as protected categories? None whatsoever, unless you just so happened to be a state that wanted to be left in peace to persecute sexual and gender minorities.

Why was the convention silent on cultural genocide, or on forced relocations of Indigenous Peoples to reservations? Perhaps because certain powerful countries had embarrassing histories that they did not want to see criminalized.




Read more:
Ignore debaters and denialists, Canada’s treatment of Indigenous Peoples fits the definition of genocide


Conduct vs. intent

Perhaps the biggest error was insisting upon “intent to destroy.” Why not simply go with targeting, or disproportionately impacting, members of a particular group?

As the UN report demonstrates, it’s easy to show conduct (actus reus), but typically very difficult to prove intent (mens rea). Removing intent would have made genocide a subset of crimes against humanity rather than a separate crime. But so what?

Ultimately, none of this should matter. We should not need the word “genocide” to galvanize action to stop the horrors unfolding in Gaza. They are crimes enough in and of themselves — as were the horrors in Cambodia, Bosnia, Rwanda and so many other places — and they should be the sole focus of our attention.

The Conversation

David Welch does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Imagine a world without genocide – https://theconversation.com/imagine-a-world-without-genocide-265535