50 años de las últimas ejecuciones del franquismo: ¿por qué fue “inútil” la sangre derramada?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Gaizka Fernández Soldevilla, Responsable del Área de Archivo, Investigación y Documentación, Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo

Acampada ante el consulado español en Ámsterdam el 2 de septiembre de 1975 en protesta por el consejo de guerra contra José Antonio Garmendia Artola y Angel Otaegi, integrantes de ETA. Mientras que al primero se le conmutó la condena de muerte, Otaegi fue fusilado el 27 de septiembre de ese mismo año. Fotograaf Onbekend/Anefo/Wikimedia Commons, CC BY

El 27 de septiembre de 1975, hace 50 años, la dictadura llevó a cabo sus cinco últimas ejecuciones, también las últimas de la historia de España. En Madrid fueron fusilados tres miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota): José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. En Burgos y Barcelona, dos integrantes de ETApm (ETA político-militar): Ángel Otaegi Etxeberria y Juan Paredes Manot o Manotas (Txiki).

Habían sido condenados a muerte por el asesinato de los agentes de la Policía Armada Lucio Rodríguez Martín y Ovidio Díaz López y de los guardias civiles Gregorio Posada Zurrón y Antonio Pose Rodríguez.

68 víctimas mortales entre 1968 y 1975

A finales de la década de los sesenta, organizaciones de extrema izquierda, ultraderecha y nacionalistas radicales habían comenzado a cometer atentados en todo el planeta. En España, ese ciclo de violencia coincidió con la etapa final del régimen. Entre 1968 y 1975 bandas terroristas como ETA, el FRAP y los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) causaron 68 víctimas mortales.

La mayoría llevaban la firma de ETA, que había apostado por la estrategia de acción-reacción-acción: cometer atentados para provocar una represión salvaje hasta que estallara una “guerra revolucionaria”. En efecto, la dictadura respondió con leyes, estados de excepción, detenciones masivas, malos tratos y torturas.

Ahora bien, la espiral de acción-reacción no llegó hasta sus últimas consecuencias. La represión era un pilar fundamental del régimen y jamás desapareció, pero se había ido aminorando con el tiempo. Fue importante el papel de Tomás Garicano Goñi, ministro de Gobernación entre 1969 y 1973, quien intentó modernizar las Fuerzas de Orden Público (FOP) para minimizar su faceta más brutal, aunque sus efectos no se vieron a corto plazo.

Indultos pragmáticos

A pesar de que los tribunales siguieron dictando sentencias de muerte desde septiembre de 1963 hasta febrero de 1974, todos los condenados por delitos de sangre con connotaciones políticas fueron indultados por el Gobierno franquista. Ese perdón, más que a consideraciones morales, respondía a dos motivos pragmáticos. El primero, sortear un obstáculo al acercamiento del régimen a Europa occidental. Y el segundo, en palabras del vicepresidente (1967-1973) y luego presidente (1973) Luis Carrero Blanco, no caer en la “trampa” de los terroristas: “hacer mártires”.

En 1973 hubo un punto de inflexión. A consecuencia del creciente malestar de las FOP y de las presiones de la ultraderecha, que lo acusaba de ser un blando, Garicano se vio obligado a dimitir en junio. Y el 20 de diciembre ETA mató a Carrero Blanco, a su escolta y a su chofer.

El nuevo presidente, Carlos Arias Navarro, anunció un proyecto de “democratización del régimen” conocido como “Espíritu del 12 de febrero”. Cosechó el apoyo del sector aperturista del franquismo, pero también el rechazo tanto de la oposición antifranquista como de la extrema derecha. En cualquier caso, a consecuencia del miedo al contagio de la Revolución de los Claveles portuguesa, a la conflictividad laboral, estudiantil y vecinal, así como a las presiones internas, solo logró cambios legislativos menores.

Ejecución de Puig Antich

Pese a su supuesto reformismo, el Gobierno respondió al aumento de la “subversión” con mano dura. Así confirmó la pena máxima impuesta a Salvador Puig Antich, integrante del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación), que había matado al subinspector Francisco Anguas Barragán. Fue ejecutado mediante garrote vil el 2 de marzo de 1974. Ese mismo día fue ajusticiado un hombre que había asesinado a un guardia civil.

La ejecución de Puig Antich no originó una gran campaña de protesta, por lo que se dedujo que el coste de la medida era asumible. Sin embargo, no sirvió para detener la ofensiva terrorista.

Tampoco fue suficiente como para aplacar a la ultraderecha, que rompió públicamente con el Gobierno tras el atentado indiscriminado de ETA en la cafetería Rolando, perpetrado el 13 de septiembre de 1974. En esta acción terrorista murieron 13 personas y unas 70 resultaron heridas.

En octubre, el sector más liberal abandonó el Gobierno Arias, con lo que el proyecto “democratizador” desapareció. No obstante, su salida fue insuficiente para los inmovilistas, que siguieron a la contra. El presidente conservaba el respaldo de Franco, que era el más importante, pero su posición era cada vez más débil. Necesitaba un golpe de efecto.

Durante 1975, los terroristas causaron un total de 33 víctimas mortales. El 25 de abril de ese año, el Gobierno decretó el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa para potenciar la actuación policial contra ETA. En una de las publicaciones de la banda se podía leer: “La acción de [el pueblo de] Euskadi ha sido clave en el proceso que ha llevado al Régimen del Espíritu del 12 de febrero a las mayores brutalidades de signo ultra”.

En agosto y septiembre se celebraron cuatro consejos de guerra (dos ordinarios y dos sumarísimos). Se ajustaron a la legislación vigente en aquel momento, pero estamos hablando de una dictadura: no contaban con las garantías exigibles en un Estado de derecho, por lo que no pueden ser considerados juicios justos desde la perspectiva actual.

Con todo, no debemos olvidar que los procesados eran miembros activos de organizaciones terroristas. Había algunos indicios sobre su responsabilidad en los cargos que se les imputaban. Por ejemplo, Txiki fue reconocido por seis testigos. Uno de ellos aseguró que “la cara del asaltante que le encañonó no la olvidaría en mucho tiempo”.

A la postre se condenó a la pena capital a ocho miembros del FRAP y a tres de ETApm por su participación en el asesinato de cuatro funcionarios.

Presión internacional sin efecto

Ni las movilizaciones en España, ni las presiones internacionales de entidades como la ONU, la Comunidad Europea y el Vaticano, influyeron en el ánimo de Arias Navarro. Tampoco las voces críticas que, dentro del propio régimen, recomendaron clemencia. El 26 de septiembre de 1975 el Gobierno conmutó seis de las sentencias de muerte, pero dio el “enterado” a las cinco restantes. Los fusilamientos se produjeron al día siguiente.

La imagen de prosperidad, normalidad institucional y modernidad occidental que el régimen había pretendido proyectar al mundo se evaporó. Era evidente que fue una dictadura hasta el final.

Las ejecuciones no neutralizaron el terrorismo: la semana después se produjeron 9 asesinatos. Tampoco sirvieron para traer de vuelta al redil a la ultraderecha, ni para fortalecer la posición de Arias Navarro, ni para dar un balón de oxígeno a la moribunda dictadura, que no sobreviviría al fallecimiento de Franco el 20 de noviembre. En palabras del abogado Marc Palmés Giró, se trató de “sangre inútil”.

También fue inútil la sangre derramada por los terroristas, que no consiguieron sustituir una dictadura por otra. Causaron casi 500 víctimas mortales entre 1976 y 1982. A pesar de la violencia de uno u otro signo, la transición democrática saldría adelante.

The Conversation

Gaizka Fernández Soldevilla no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. 50 años de las últimas ejecuciones del franquismo: ¿por qué fue “inútil” la sangre derramada? – https://theconversation.com/50-anos-de-las-ultimas-ejecuciones-del-franquismo-por-que-fue-inutil-la-sangre-derramada-264648

A Paramount–Warner Bros. Discovery merger could give Trump even more influence over US media – shaping the news and culture Americans watch and stream

Source: The Conversation – USA – By Pawel Popiel, Assistant Professor of Journalism, Washington State University

A fundamental restructuring of U.S. media is underway, with potentially huge consequences. Giuliano Benzin, iStock/Getty Images Plus

Following unprecedented threats from Federal Communications Commission Chairman Brendan Carr, major affiliate station owners Nexstar and Sinclair Broadcasting pressured Disney’s ABC to pull Jimmy Kimmel’s show off the air over his comments related to Charlie Kirk’s killing.

The cancellation is a harbinger of what could happen under a fundamental restructuring of U.S. media that will take place if the proposed Paramount Skydance and Warner Bros. Discovery merger is approved by the Trump administration.

The deal, first revealed on September 11, 2025, would erase one of the five remaining movie studios and concentrate oversight of two of the country’s most prominent newsrooms – CNN and CBS, both targets of the Trump administration’s ire – under one owner with strong ties to Donald Trump.

Based on research from the Global Media & Internet Concentration Project, our analysis shows that Paramount Skydance-Warner Bros. Discovery would gain control of more than a quarter of the US$223 billion U.S. media market, along with influence over film, television, streaming and the cloud infrastructure upon which digital media increasingly depends.

The combined entity would acquire nearly half of the cable television market, including HBO and CNN. The merger would nearly double Paramount’s share of the video streaming market, uniting HBO Max, Paramount+ and Discovery.

By combining two major Hollywood film studios, it would also capture nearly one-third of the film production market.

This is exactly the type of merger that U.S. antitrust agencies have historically scrutinized because of concerns that excessive market concentration gives too much power to a few companies.

In media markets, such concerns are pronounced: Concentration threatens media diversity and increases the risk of media bias and ideological manipulation.

A mega-conglomerate like Paramount-Warner Bros. Discovery would control a vast share of U.S. viewership. Subject to pressure from or, worse, alignment with the Trump administration, the merged company could promote and protect the administration’s interests.

A social media post by Donald Trump saying 'Great News for America' that Jimmy Kimmel's show was 'cancelled,' which is not correct; it was suspended.
Donald Trump has made no secret of his distaste for Jimmy Kimmel.
Donald Trump account, Truth Social

Cloud control

By combining media production and valuable brands such as Harry Potter, DC Comics and Barbie, the merged giant would gain great negotiating power with competing streaming companies, advertisers and distributors. The merged companies could also secure more lucrative streaming deals, better licensing windows and higher per subscriber and ad rates with cable providers.

The 2023 Hollywood writers and actors strikes opposed the exploitative impact of streaming and AI on creative workers’ compensation. The new media giant would wield significant bargaining power over those media workers.

The merger’s potential detrimental impact extends beyond film and television industries.

Paramount is helmed by David Ellison, and the merger is backed by his father, Larry Ellison. Ellison senior owns the world’s fifth-largest cloud provider, Oracle.

Cloud providers are the critical infrastructure for streaming platforms, ferrying digital content from streamers to viewers. As streaming becomes the dominant mode of media consumption, the Ellison family’s control over this infrastructure could give Paramount-Warner Bros. Discovery another lever of power over its competitors.

Diversity denied

With potential size and reach to rival Disney and Comcast’s NBC Universal, Paramount-Warner Bros. Discovery could become another massive media outlet with right-wing ties.

The proposed deal follows the Trump administration’s $1.1 billion cuts in public media funding. These cuts – affecting PBS, NPR and more than 1,500 affiliated local news stations across the country, all accused by Trump of “partisan bias” – effectively accelerate the ongoing demise of local, independent news.

Concurrently, Rupert Murdoch’s Fox Corp. has settled its dynastic succession, ensuring Fox remains a core channel for the American right.

If the merger is approved, Fox Corporation, the conservative Sinclair Broadcasting and Paramount-Warner Bros. Discovery would control one-third of all U.S. media.

This consolidation would further cement the partisan media model driving deepening political polarization in the U.S., as public and local news media lose funding. The deal also would undermine already declining media independence, fundamental to holding the powerful – whether corporations or politicians – to account.

Wielding regulation

The Trump administration has not shied away from using antitrust law and communications regulation to exercise political control over media.

Before initiating its merger with Warner Bros. Discovery, Paramount was acquired by David Ellison’s Skydance Media. Ahead of the government’s merger review, amid regulatory signals it could affect the review process, Paramount-owned CBS paid $16.5 million dollars to Donald Trump to settle a lawsuit Trump filed based on allegations of “deceptive” editing of an interview with his political opponent Kamala Harris. Editing of interviews is a standard editorial practice.

Shortly after, the merger was approved by the FCC with strict political conditions: hiring an ombudsman to oversee CBS’s reporting and eliminating all of the network’s diversity, equity and inclusion initiatives.

David Ellison accepted these conditions, promising to eliminate all of Paramount’s U.S.-based DEI programs. For the ombudsman role, he hired Kenneth Weinstein, former CEO of the conservative Hudson Institute and ambassador to Japan under the first Trump administration.

Since then, the Paramount CEO also has pursued Bari Weiss, a prominent conservative voice, to guide “the editorial direction” of the CBS news division. Ellison’s moves signal that editorial independence at CBS, and soon perhaps CNN, may be subject to ideological oversight.

Two men, one with his arm around the shoulder of the other.
Oracle’s Larry Ellison and son David Ellison, head of Skydance, attend a Los Angeles film premiere on May 14, 2013.
Eric Charbonneau/Invision/AP

Meanwhile, Ellison’s father, Larry Ellison, has ties to Donald Trump going back to the first Trump administration. The New York Times in an April 2025 profile said that Ellison “may be closer to Mr. Trump than any mogul this side of” Elon Musk.

The senior Ellison has been playing a key role in negotiations over the future ownership of TikTok. His ties to Trump run deep enough to likely make him one of the main beneficiaries of the TikTok deal currently in negotiation between the United States and China.

Trump has shown an appetite for coercing media companies. For instance, ABC settled a Trump lawsuit in late 2024 with a $15 million donation to the as-yet-unbuilt Trump Library.

By placing two major news outlets in the hands of a family with ties to Trump, the Paramount-Warner Bros. Discovery merger would facilitate such control.




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ABC’s and CBS’s settlements with Trump are a dangerous step toward the commander in chief becoming the editor-in-chief


What Orbán did – but faster

This is the “Hungarian model” on speed.

Viktor Orbán, Hungary’s authoritarian leader, spent a decade asserting increasing control over that nation’s media.

The Trump administration is poised to accomplish the same in less than a year – and at greater scale.

In addition to helping allies buy a growing share of U.S. media, in his first eight months Trump also has managed to score conciliatory overtures from the nation’s tech billionaires, who fired fact-checkers at major social media platforms, curbed moderation of hateful content and asserted rigid editorial control over the op-ed pages at The Washington Post, one of the country’s most prominent newspapers.

If the Paramount-Warner Bros. Discovery merger is approved and Larry Ellison joins Andreessen Horowitz as part of the impending TikTok deal, a movie studio, CBS, CNN, Fox, 185 Sinclair-owned TV stations and a major social media platform will have owners with strong ties to Trump.

We believe the promised benefits of a Paramount-Warner Bros. Disovery merger, including lower streaming prices, pale next to the damage it would do to media diversity and pluralism.

By acquiring greater control over film production, TV and streaming, the merger would dramatically reconfigure the very media institutions that shape U.S. culture and politics.

The Trump administration’s review of this merger may further cement the administration’s political control over the U.S. media.

The Conversation

Pawel Popiel receives funding from funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada and the Department of Canadian Heritage.

Dwayne Winseck receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada and the Department of Canadian Heritage.

Hendrik Theine receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada and the Department of Canadian Heritage.

Sydney Forde receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada and the Department of Canadian Heritage.

ref. A Paramount–Warner Bros. Discovery merger could give Trump even more influence over US media – shaping the news and culture Americans watch and stream – https://theconversation.com/a-paramount-warner-bros-discovery-merger-could-give-trump-even-more-influence-over-us-media-shaping-the-news-and-culture-americans-watch-and-stream-265699

The Mediterranean: Both a graveyard and a bottomless money pit due to EU border policies

Source: The Conversation – Canada – By Luna Vives, Associate Professor of Geography and Migration, Université de Montréal

Over the last decade, European governments have invested heavily to militarize their sea borders and outsource control responsibilities to partners in Africa and the Middle East.

But despite exponentially growing border budgets, people continue to take to the sea to reach EU territory, encountering violence and death. It’s time to admit that this repressive strategy has failed and to ask what should come next.

In late 2013, shortly after the Lampedusa shipwrecks off the coast of Italy that claimed more than 400 lives, the Italian government deployed Operation Mare Nostrum in the central Mediterranean. More than 150,000 people were rescued in the following 12 months.

But with a monthly cost of nine million euros, the operation was deemed economically unsustainable.

A year later, in November 2015, Frontex (the EU’s Border and Coast Guard) deployed Operation Triton to replace Mare Nostrum. The shift in names reflected a parallel shift in logic. Mare Nostrum (“our sea” in Latin, a nod to its role in sustaining life and bringing people together) was designed as a search-and-rescue mission. Meanwhile, Operation Triton (named after the mighty Greek god) focused on dismantling smuggling networks.

Turning point

The operation marked a turning point in the EU’s approach to migration control at sea. Frontex’s legitimacy, mandate and resources expanded dramatically post-2015. At the same time, European governments ramped up militarization and accelerated the delegation of border control to countries of departure.

In the central Mediterranean, Italy transferred 270 million euros to Libya’s ruling elites by 2021, mainly to bolster the country’s capacity to intercept migrant boats — often detected by Frontex drones surveilling the disputed Libyan rescue zone.

Meanwhile, the EU allocated 465 million euros from its Emergency Trust Fund for Africa (also created in 2015) to bolster migration and border control efforts by the Libyan government.

To this day, those “rescued” by Libyan forces are put in EU-funded detention centres where abuses are well documented and African migrants are allegedly sold as slaves.

Leaving migrants adrift

To the east, the EU agreed to pay Turkey nine billion euros between 2016 and 2023 to prevent people from Syria, Afghanistan and other war-torn countries from crossing into Greece in search of safety.

Boats crowded with entire families were — and are, to this day — pushed back to Turkey or left adrift under the very eyes of Frontex.

The same tactics soon spread westward. In 2019, Spain and the EU transferred more than 460 million euros to Morocco, plus additional funds for training and assets. Much of these transfers were, again, earmarked to develop the country’s capacity to patrol the seas and intercept migrant boats. More recently, the EU and Spain reached similar agreements with Mauritania worth over 500 million euros.

Drastic cuts to public spending have become mainstream in the EU, yet governments do not hesitate to foot hefty bills for border enforcement. Frontex’s projected budget for the 2021-2027 period is a whopping 11 billion euros. Additionally, an unknown amount is allocated to contracts with private companies that provide border technology.

The European Commission has proposed tripling this level of investment for its 2028-2034 Migration, Borders and Security initiative for a total investment of 81 billion euros.

Deaths at sea on the rise

All evidence suggests that these investments over the course of the last decade have failed to result in a safer sea or a more secure border.

The main objective of post-2015 maritime border policy was to dismantle criminal networks and prevent drownings. Instead, it has pushed people into the hands of professional smugglers, who have seen their profits soar as they exploit the lives of people on the move. Death has increased as a direct result of externalization.

The EU’s efforts to manage maritime migration also sought to stop illegal border crossings. Yet safe and legal pathways to the EU remain extremely scarce. People fleeing persecution who have the right to seek international protection and workers responding to the labour demands of an aging Europe continue to leave their communities in search of a hope only the sea offers.

Deaths at sea, violence against migrants and government investment are increasing simultaneously along the EU’s external maritime border. Over the last decade, the Mediterranean has become not only a graveyard, but also a bottomless money pit.

Looking ahead

What are the options? The most obvious is to create a functioning system for the selection and recruitment of workers and refugees at origin.

There is also room for more ambitious programs: a recent study found that most people in the EU would favour large-scale regularization for people without status already in the territory.

The United Nations-endorsed Global Compact for Migration designed to improve co-operation on global migration issues offers an even more daring road map for a strategy that taps into the potential of government-managed mobility.

There are many possibilities. Whatever the choice, once thing is clear: militarization and delegation of border control are not only expensive but also ineffective.

The Conversation

Luna Vives receives funding from SSHRC.

ref. The Mediterranean: Both a graveyard and a bottomless money pit due to EU border policies – https://theconversation.com/the-mediterranean-both-a-graveyard-and-a-bottomless-money-pit-due-to-eu-border-policies-264756

Kids in child care need healthy movement — and guidelines can improve their health

Source: The Conversation – Canada – By Sophie M Phillips, Post-Doctoral Associate, School of Occupational Therapy, Western University

Healthy movement behaviours support young children’s physical, mental and social development, and shape lifelong habits. These habits include engaging in physical activity, reducing sedentary screen time and obtaining sufficient sleep, including naps.

National 24-hour movement guidelines for children exist in Canada, with recommendations on physical activity, sedentary and screen time and sleep.

Nevertheless, only 13 percent of young children in Canada are meeting these guidelines.

Over one million young children (aged birth to five years) in Canada attend child care, spending most of their weekday waking hours in these settings. The number of children enrolled in child care is projected to rise with the rollout of the national Early Learning and Child-Care Plan, which comes with reduced fees for parents.

Child-care settings play an influential role in healthy movement behaviours and early childhood development, offering a unique and primary environment for supporting these behaviours — and a prime location to enact movement guidelines. Despite this, discrepancies remain in the quality of child care across Canada, and only the Northwest Territories and British Columbia specify a duration of required physical activity in their regulations.

We are researchers in the Child Health and Physical Activity Lab at Western University. Our work is concerned with supporting child-care educators in providing healthy movement behaviour environments for the children in their care.




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Kids’ physical activity before age 5 matters so much because of the developing brain


Movement guidelines

Guidelines help to establish clear expectations for the operation of child-care centres, promoting consistent and high-quality care. They also provide direction and objectives for educators, supporting their understanding of responsibilities and effective practices. Research shows that children in centres with formal physical activity guidelines are more active, demonstrating the value of guidelines in promoting healthy behaviours in child-care settings.

Using the best available evidence and expert consensus, with partners, we have created the first ever Canadian Best Practice Guidelines for Healthy Movement Behaviour in Childcare.

Partners including national child-care organizations (Canadian Child Care Federation, Childcare Resource and Research Unit, Association of Early Childhood Educators Ontario); public health agencies (City of Hamilton Public Health, Grey Bruce Public Health, Ottawa Public Health); ParticipACTION; Métis Nation of Ontario Early Learning and Child Care; as well as other research experts and child-care educators.

The guidelines were developed using a rigorous and inclusive approach. Key steps in the development process included:

  • Hosting a national consensus meeting with child-care organizations, public health agencies, research experts and child-care educators to collaboratively determine direction, content and priorities;

  • Drafting guidelines based on the consensus meeting discussions, along with key national and international documents in this area: the World Health Organization’s standards for healthy eating, physical activity, sedentary behaviour and sleep in early childhood education and care settings; British Columbia’s active play standard; a similar Australian active play standard and our lab’s previously developed PLAY policy.

  • Distributing a survey among attendees of the consensus meeting, as well as broader experts and advocates in the field, to gather feedback and assess agreement on the draft guidelines; and,

  • Finalizing the guidelines based on expert feedback via the survey responses.

The resulting guidelines serve as a series of best practices for educators, program directors and child-care centres to promote healthy movement behaviours.

From guidelines to practice

While guidelines are important, simply introducing new guidelines may not be enough to effectively improve healthy movement behaviours in child care.

Rather, combining guidelines with professional development designed to enhance educators’ skills and confidence to provide movement opportunities may help effectively put guidelines into practice.

However, importantly, few educators across Canada receive training relating to healthy movement; many also report limited knowledge and confidence in their ability to lead physical activity in their roles.

To address this issue, our lab created the TEACH e-Learning course, focused on promoting physical activity, limiting sedentary screen time and supporting the development of children’s fundamental movement skills within child-care centres.




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Kids’ physical activity in child care is essential — how an online course equips educators to lead the way


The course, developed with educators and movement experts, has been tested across Canada. It’s led to significant improvements in educators’ knowledge, confidence, sense of control and intentions related to movement behaviour practices with the young children in their care.

The course, alongside the guidelines, may better equip educators to confidently implement movement opportunities for children.

Guidelines in action

The next steps for the best practice guidelines will involve testing them, with the TEACH e-Learning course, in participating child-care centres across Ontario.

Piloting and testing is required to assess the guidelines’ acceptability and feasibility, which could lead to modifications. This will also help to determine whether this approach leads to changes in child-care environments, educator practices and children’s movement.

Once the final stages of testing and evaluating the guidelines are completed, they will be made publicly available and freely accessible on our lab’s website. Our vision is that Canada-wide child-care centres can benefit from this resource.

Child care in Canada is at a pivotal point with implementation of the 2021 Canada-Wide Early Learning and Child Care Plan. This draws on the earlier (2017) Multilateral Early Learning and Child Care Framework’s principles: affordability, accessibility, quality and inclusivity. This government initiative works towards ensuring all children have access to high-quality early learning and child care that supports their development and lifelong well-being.

The best-practice guidelines support this vision as a critical aspect of creating more active and health-promoting child-care centres to best support the health and development of young children across the country.

This article was co-authored with Emily Sussex, an undergraduate summer research intern in the Child Health and Physical Activity Lab.

The Conversation

Sophie M Phillips is supported by the Canadian Institutes of Health Research (CIHR).

Trish Tucker receives funding from the Canada Foundation of Innovation, Canadian Institutes of Health Research, Social Sciences and Humanities Research Council, and the Children’s Health Research Institute.

ref. Kids in child care need healthy movement — and guidelines can improve their health – https://theconversation.com/kids-in-child-care-need-healthy-movement-and-guidelines-can-improve-their-health-264826

Economic sanctions need a rethink: evidence shows they raise food prices and hurt the poor most

Source: The Conversation – Africa – By Sylvanus Kwaku Afesorgbor, Associate Professor of Agri-Food Trade and Policy, University of Guelph

Economic sanctions are widely viewed by academics and policymakers as a better alternative to military interventions to pressure governments to change objectionable policies. The idea is simple: instead of using weapons, squeeze the ruling elite economically until they change their behaviour.

The use of economic sanctions has been rising steadily. According to recent data from the Global Sanctions Database, the number of active sanctions grew by 31% in 2021 compared to 2020, and this upward trend continued through 2022 and 2023.

In Africa, several countries are currently subject to sanctions imposed by the United States, the United Nations or the European Union. These African states include the Central African Republic, the Democratic Republic of Congo, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Libya, Somalia, South Sudan and Zimbabwe. It’s not mere coincidence that most of these countries are listed in the World Food Programme’s hunger hotspots.

Sanctions could have unintended consequences for citizens and they are usually the ones who pay the price. When sanctions hit food systems, the impact can be devastating.

I study economic sanctions and their unintended adverse effects on developing countries. In a recent study conducted with my colleagues, we looked at how economic sanctions affected food security across 90 developing countries between 2000 and 2022. We wanted to explore potential links between sanctions and starvation amid growing global concerns about food insecurity .

We focused on two key indicators: food prices and undernourishment (meaning the share of people who don’t get enough calories to live a healthy life).

We measured food prices using the Food and Agriculture Organization’s food consumer price index. This index captures changes in the overall cost of food and non-alcoholic beverages typically purchased by households.

We also used the organisation’s prevalence of undernourishment computation. This is a key indicator under Sustainable Development Goal 2.1, which tracks progress toward ending hunger by 2030.

Our results are sobering. When sanctions are in place, food prices rise by about 1.2 percentage points compared to periods without sanctions. That might sound small, but in low-income countries where families spend half their income on food, even tiny increases make life harder. This is outside other external factors that may lead to price hikes, such as demand and supply patterns.

We also found that undernourishment goes up by 2 percentage points during sanction periods. For countries with millions already living on the edge of hunger, that’s a huge additional burden.

Why sanctions raise food insecurity

Sanctions ripple through economies in several ways, and food is often caught in the middle.

First, sanctions disrupt food imports. This is a critical concern for many developing countries that rely heavily on international markets to feed their populations. Between 2021 and 2023, Africa’s food imports totalled about US$97 billion. At the country level, for example, Ethiopia and Libya imported food worth US$3 billion, Sudan US$2.3 billion and the Democratic Republic of Congo US$1.2 billion. Sanctions can further restrict trade or increase transportation costs, making food both scarcer and more expensive.

Second, sanctions restrict access to essential agricultural inputs, such as fertilisers, pesticides and machinery. They also impede technology transfers. For instance, farmers in sub-Saharan Africa apply on average only 9kg of fertiliser per hectare of arable land, compared with 73kg in Latin America and 100kg in South Asia. These constraints reduce yields, increase production costs and make it harder for farmers to sustain output.

Third, sanctions shake financial systems, reduce people’s incomes and encourage hoarding. Households already on tight budgets are forced to cut back or switch to cheaper, less nutritious food.

Finally, sanctions often result in cuts to food assistance, as targeted countries lose access to international aid. For example, the recent suspension of US humanitarian assistance to Sudan forced the closure of 80% of the country’s emergency food kitchens. This impact is particularly severe given that some of the largest food donors, such as the United States and the European Union, are also among the most frequent users of sanctions.

The end result is simple: higher food prices, less food on the table and more hunger.

Not all sanctions are equal

We also found that the type of sanction matters.

Food as a weapon of warfare

The UN has warned for years against using food as a weapon. In 2018, Resolution 2417 explicitly condemned starvation as a tool of war or political pressure. Yet in practice, sanctions often restrict food, medicine and agricultural inputs even when “humanitarian exemptions” exist on paper.

Food insecurity in Africa is worsening. According to the World Health Organization, one in five people on the continent faces hunger, and the number of undernourished continues to grow. Sanctions add to this crisis.

And the moral dilemma is clear. The people most harmed – poor families, small farmers and children – are the ones least responsible for the behaviour that triggers sanctions.

While sanctions aim to punish regimes, they often punish ordinary people instead.

What needs to change

Sanctions are unlikely to disappear from global politics. But their design and humanitarian fallout need rethinking. There are three steps that could reduce the damage.

  • First, stronger humanitarian exemptions: make sure food, fertilisers and aid can move freely, without being blocked.

  • Second, track the impact of sanctions: international agencies like the Food and Agriculture Organization and the World Food Programme should monitor how sanctions affect food systems and sound the alarm quickly.

  • Third, rethink the strategy: if sanctions end up fuelling hunger, instability and migration, they may do more harm than good in the long run.

If the world is serious about ending hunger by 2030, then the unintended consequences of sanctions cannot be ignored. Sanctions must be redesigned to protect the most vulnerable, otherwise they risk becoming not just a diplomatic tool, but a driver of food crises.

The Conversation

Sylvanus Kwaku Afesorgbor receives funding from the Ontario Ministry of Agriculture, Food and Agribusiness (OMAFA). Kwaku also consults occasionally for the African Development Bank and the African Economic Research Consortium. He is the Executive Founder of the international think tank, Centre for Trade Analysis and Development (CeTAD Africa), based in Accra, Ghana.

ref. Economic sanctions need a rethink: evidence shows they raise food prices and hurt the poor most – https://theconversation.com/economic-sanctions-need-a-rethink-evidence-shows-they-raise-food-prices-and-hurt-the-poor-most-265296

Montréal’s bike infrastructure hardly takes up any space from cars on city roads

Source: The Conversation – Canada – By Daniel Romm, PhD Candidate, Geography, McGill University

Montréal is often hailed as the most “biking-friendly” city in North America. But our research has found that only 2.3 per cent of the city’s roadways are allocated to bike infrastructure, with car infrastructure occupying the remaining 97.7 per cent of road space.

We measured the street space allocated to transport infrastructures across Montréal, and contrasted it with traveller counts by travel mode. We found a wide discrepancy: comparing bike travellers with car travellers, bikes represent 4.9 per cent of trips to 95.1 per cent for cars.

Proposals for new or expanded bike lanes are often met with fierce backlash, in a phenomenon dubbed “bikelash,” with car drivers reluctant to lose any street space.

Yet our study finds that the current imbalance of spatial allocation is so overwhelmingly in favour of cars that it’s possible to make substantial improvements to bike infrastructure without significantly decreasing the space allocated per driver.

After all, a key advantage of bicycles is their incredible space-efficiency. Even if all the bike infrastructure space in the city were to double, the proportion of roadway given to cars would not fall below 90 per cent in any borough.

Sharing space

Our research, with a focus on improving communication about street space use, presents several measures of spatial allocation. The first, and simplest measure, is the space allocated to a specific transport infrastructure.

We found that 97.7 per cent of road space was dedicated to cars, and 2.3 per cent to bicycles. When we included sidewalks, 79.6 per cent of space was taken up by cars, 18.8 per cent to sidewalks and just 1.6 per cent for bikes.

Boroughs typically associated with cycling tended to have the greatest proportion of space given to bike infrastructure. In Montréal, Le Plateau-Mont-Royal, a neighbourhood viewed as trendy and bike-friendly, leads with 4.7 per cent.

Proportions allocated

The second measure we used in our research is space per traveller per mode of travel.

In Le Plateau Mont-Royal, where 21.9 per cent of trips started in that borough are by bicycle, we find that drivers are given 3.4 square metres per traveller, while bike travellers are allocated 1.5 square metres per traveller. This measure can be used to understand the relationship between infrastructure space and traveller counts.

We can also present this as the difference between the space allocated to bike infrastructure and the percentage of cyclists, which shows the discrepancy between space and travel across the city.

We developed the Equal Infrastructure Allocation (EIA) score to understand how the space per traveller for one mode compares to that for another. We used the EIA to compare the bike space per traveller to the space per traveller for those in cars: when the EIA is zero, car and bike travellers are allocated the same amount of space per traveller. When the EIA falls below zero, space is biased in favour of the automobile.

Using the EIA, we found that nine of Montréal’s 19 boroughs present spatial inequality in favour of cars; Le Plateau had the worst score at -0.55.

Doubling lanes

These measures can also be modelled for prospective changes to infrastructure, such as installing a new series of bike lanes, to better communicate about how such projects would affect the space.

In April 2024, Montréal’s BIXI bikeshare system had more than 11,000 bikes at over 900 stations. That’s a lot of bikes, but because they’re so space-efficient, the total space used by BIXI in Montréal is just 0.021 square kilometres. If BIXI were to double the number of bikes and stations, the amount of car space per traveller would decrease by 0.003 square metres.

We modelled what would happen if we were to double all the bike infrastructure in Montréal. We found that space would increase for bikes by 4.4 square metres per traveller; meanwhile, the space for someone travelling by car would decrease by 0.2 square metres.

In Le Plateau, drivers would lose just 0.15 square metres per traveller, and across the city, all but two boroughs would have positive EIA scores.

Maps of the effect of double all bike infrastructure space in Montréal on indicators, per borough.
Maps of the effect of doubling all bike infrastructure space in Montréal on indicators, per borough.
(D. Romm), CC BY

The current imbalance of space per traveller is so far in favour of cars that bike infrastructure projects improve the spatial picture for cyclists to a far greater extent than they worsen spatial allocation for drivers.

There are many well-established reasons for improving bike infrastructure and encouraging sustainable travel modes, including reducing reducing car fatalities.

Our findings corroborate this, finding a strong correlation between more bike infrastructure with decreased collision rates of cars with bikes.

Addressing opposition

Bike infrastructure projects often face intense, entrenched opposition. Our research provides tools for planners, policymakers, advocates and researchers to evaluate the current spatial picture, and to illustrate what the effects of alternative infrastructure would look like.

In our study of Montréal’s streets, we found that even with bike infrastructure improvements at a scale dramatically larger than anything proposed today, street space still remains biased in favour of cars.

The Conversation

Daniel Romm receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC).

ref. Montréal’s bike infrastructure hardly takes up any space from cars on city roads – https://theconversation.com/montreals-bike-infrastructure-hardly-takes-up-any-space-from-cars-on-city-roads-264675

À Montréal, même en doublant les pistes cyclables, les voitures conserveraient 90 % de la chaussée

Source: The Conversation – in French – By Daniel Romm, PhD Candidate, Geography, McGill University

Montréal est souvent considérée comme la ville la plus « favorable au vélo » en Amérique du Nord. Pourtant, nos recherches montrent que seulement 2,3 % de la chaussée est dédiée aux vélos, alors que les voitures occupent les 97,7 % restants de l’espace.

Nous avons mesuré l’espace routier par type d’infrastructure et comparé aux modes de déplacement. Résultat : les vélos représentent 4,9 % des déplacements, contre 95,1 % pour les voitures.

Les propositions de création ou d’extension de pistes cyclables se heurtent souvent à une vive opposition ou à des réactions négatives, dans un phénomène appelé « bikelash », les automobilistes étant réticents à céder de l’espace sur la chaussée.

Pourtant, notre étude révèle que l’espace est tellement biaisé en faveur des voitures qu’on peut doubler les pistes cyclables sans réduire de façon significative l’espace pour les automobilistes.

Après tout, le vélo est incroyablement efficace en termes d’espace. Même si toutes les infrastructures cyclables étaient doublées, les voitures conserveraient toujours au moins 90 % de la chaussée dans tous les arrondissements.

Partager l’espace

Nos recherches présentent plusieurs mesures d’allocation spatiale. La première, et la plus simple est l’espace consacré à une infrastructure de transport spécifique.

Nous avons constaté que 97,7 % de l’espace routier était consacré aux voitures et 2,3 % aux vélos. Lorsque nous avons inclus les trottoirs, 79,6 % de l’espace était occupé par les voitures, 18,8 % par les trottoirs et seulement 1,6 % par les vélos.

Les arrondissements les plus associés au cyclisme ont tendance à consacrer davantage d’espace aux infrastructures cyclables. À Montréal, Le Plateau-Mont-Royal, un quartier considéré comme branché et favorable au vélo, arrive en tête avec 4,7 %.

Proportions allouées

La deuxième mesure que nous utilisons est l’espace par voyageur et par mode de transport.

Dans le Plateau-Mont-Royal, où 21,9 % des trajets se font à vélo, nous constatons que les automobilistes disposent de 3,4 m2 par voyageur, tandis que les cyclistes n’ont que 1,5 m2 par voyageur. Cette mesure permet de comprendre la relation entre l’espace disponible et le nombre de voyageurs par mode de transport.

Nous pouvons également présenter cela comme l’écart entre l’espace alloué aux infrastructures cyclables et la proportion de cyclistes, ce qui illustre les déséquilibres entre infrastructure et pratique réelle dans chaque arrondissement.

Nous avons développé le score d’allocation équitable des infrastructures (EIA) afin de comprendre comment l’espace par voyageur pour un mode de transport se compare à celui d’un autre. Nous avons utilisé l’EIA pour comparer l’espace par cycliste à l’espace par automobiliste : lorsque l’EIA est égal à zéro, les automobilistes et les cyclistes se voient attribuer le même espace par voyageur. Lorsque l’EIA est inférieur à zéro, l’espace est biaisé en faveur de l’automobile.

Grâce à l’EIA, nous avons constaté que neuf des 19 arrondissements de Montréal présentent une inégalité spatiale en faveur des voitures ; Le Plateau a obtenu le pire score, avec -0,55.

Doubler les voies

Ces mesures peuvent également être modélisées pour des changements potentiels d’infrastructure, tels que l’installation d’une nouvelle série de pistes cyclables, afin de mieux communiquer sur l’impact de tels projets sur l’espace.

En avril 2024, le système de vélos en libre-service BIXI de Montréal comptait plus de 11 000 vélos répartis dans 900 stations. Cela représente beaucoup de vélos, mais comme ils sont très peu encombrants, l’espace total utilisé par BIXI à Montréal n’est que de 0,021 km2. Si BIXI doublait le nombre de vélos et de stations, l’espace occupé par les voitures par voyageur diminuerait de 0,003 m2.

Nous avons modélisé ce qui se passerait si nous doublions toutes les infrastructures cyclables à Montréal. Nous avons constaté que l’espace pour les vélos augmenterait de 4,4 m2 par voyageur, tandis que l’espace pour les automobilistes diminuerait de 0,2 m2.

Dans le Plateau, les automobilistes ne perdraient que 0,15 m2 par voyageur, et dans toute la ville, tous les arrondissements sauf deux auraient des scores EIA positifs.

Le déséquilibre actuel de l’espace par voyageur est tellement favorable aux voitures que les projets d’infrastructures cyclables améliorent la situation spatiale des cyclistes dans une bien plus grande mesure qu’ils ne détériorent l’allocation spatiale pour les automobilistes.

Il existe de nombreuses raisons bien établies pour améliorer les infrastructures cyclables et encourager les modes de transport durables, notamment la réduction du nombre de décès liés aux accidents de voiture.

Nos conclusions corroborent cette affirmation, en mettant en évidence une forte corrélation entre l’augmentation des infrastructures cyclables et la diminution du nombre de collisions entre voitures et vélos.

Faire face à l’opposition

Les projets d’infrastructures cyclables se heurtent souvent à une opposition farouche et bien ancrée. Nos recherches fournissent aux urbanistes, décideurs, défenseurs et chercheurs des outils pour évaluer la situation spatiale actuelle et illustrer l’effet de scénarios alternatifs.

Dans notre étude sur les rues de Montréal, nous avons constaté que même avec des améliorations des infrastructures cyclables à une échelle bien plus importante que tout ce qui est proposé aujourd’hui, l’espace routier reste favorable aux voitures.

La Conversation Canada

Daniel Romm reçoit un financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)

ref. À Montréal, même en doublant les pistes cyclables, les voitures conserveraient 90 % de la chaussée – https://theconversation.com/a-montreal-meme-en-doublant-les-pistes-cyclables-les-voitures-conserveraient-90-de-la-chaussee-265541

Microplastiques, grossesse et placenta : ce que nous savons et ce que nous ignorons encore

Source: The Conversation – in French – By Priya Bhide, Clinical Reader Women’s Health Research Unit, Centre for Public Health and Policy, Queen Mary University of London

Les données manquent pour comprendre comment se déplacent les microplastiques dans l’organisme et déterminer s’ils peuvent s’accumuler dans le placenta et le fœtus. alphaspirit.it/Shutterstock

Microplastiques, nanoplastiques… ces déchets plastiques de tailles et de caractéristiques variables s’accumulent dans l’environnement… aussi dans nos organismes. Concernant la femme enceinte, des expériences en laboratoire suggèrent que certains de ces fragments microscopiques seraient susceptibles de traverser le placenta. Mais les données manquent pour évaluer les risques pour le fœtus.


Pendant la grossesse, le placenta représente un lien vital entre la mère et le bébé. Il fournit au fœtus l’oxygène et les nutriments nécessaires, élimine les déchets et agit comme un bouclier partiel contre les substances nocives. Mais cette barrière est loin d’être infranchissable.

Une revue systématique datant de 2023 suggérait que les microplastiques – de minuscules particules de plastique dont la taille est inférieure à cinq millimètres – pourraient passer du sang de la mère au fœtus. Si cette hypothèse se confirme, ses conséquences sur le développement pendant la grossesse et sur la santé à long terme des générations futures seraient majeures.

Les déchets plastiques ne disparaissent pas aisément. Au fil du temps, la lumière du soleil, les conditions environnementales et l’usure mécanique les décomposent en fragments de plus en plus petits, d’abord sous la forme de gros morceaux appelés macroplastiques en passant par les mésoplastiques, puis les microplastiques et éventuellement les nanoplastiques. Ces derniers correspondent à des particules de moins de 100 nanomètres de diamètre, suffisamment petites pour être mesurées à l’échelle moléculaire.

Ces particules proviennent de la dégradation des composants en plastique d’objets du quotidien : polyéthylène des sacs et bouteilles en plastique, polypropylène des récipients alimentaires et des pailles, polystyrène des gobelets et emballages à emporter, polyéthylène téréphtalate (PET) des bouteilles de boissons, ainsi que polychlorure de vinyle (PVC) des tuyaux, des jouets et des vêtements.

Une étude publiée en 2025, qui portait sur des recherches menées sur des animaux, des cellules cultivées en laboratoire et des échantillons de tissus humains, a montré que les microplastiques et les nanoplastiques peuvent traverser la barrière placentaire. Une fois à l’intérieur, ils sont susceptibles de perturber le fonctionnement délicat de l’unité fœto-placentaire – le système combiné du placenta et du fœtus – et ce, de plusieurs façons.

Des études suggèrent que les microplastiques pourraient bloquer ou perturber les voies normales utilisées par les cellules pour communiquer, déclencher la mort cellulaire programmée (apoptose) et provoquer un stress oxydatif, c’est-à-dire une forme de dommage cellulaire qui survient quand des molécules nocives contenant de l’oxygène s’accumulent plus rapidement que le corps ne peut les neutraliser. Certains plastiques pourraient également perturber le système endocrinien qui contrôle la libération d’hormones essentielles à la croissance et au développement.

How to limit your exposure to microplastics (en français : Comment limiter votre exposition aux microplastiques) | BBC Global.

La capacité à traverser la barrière placentaire est une question particulièrement préoccupante car cette barrière agit normalement comme un filtre hautement sélectif, censé protéger le fœtus en développement de nombreuses substances nocives tout en laissant passer les nutriments essentiels et l’oxygène. Si les plastiques étaient en mesure de contourner ces défenses, ils pourraient interférer avec la formation des organes et agir sur la santé à long terme pendant l’une des étapes les plus vulnérables du développement humain.

La manière exacte dont ces particules traversent le placenta n’est pas encore entièrement comprise. Des facteurs tels que la taille des particules, leur poids et leur charge superficielle (la minuscule charge électrique qu’elles transportent) semblent jouer un rôle, tout comme l’environnement biologique dans lequel elles se déplacent.

Des expériences menées sur des modèles placentaires humains ont montré que les particules de polystyrène plus grosses (50 à 500 nanomètres) n’endommageaient pas les cellules placentaires et, dans certains cas, semblaient même améliorer leur survie. En revanche, des particules beaucoup plus petites (20 à 40 nanomètres) provoquaient la mort de certaines cellules et ralentissaient la croissance d’autres.

Les études menées sur des animaux ont donné des résultats mitigés. Dans certaines expériences, la plupart des nanoplastiques sont restés dans le placenta, seule une petite quantité a atteint le fœtus. Dans les études en laboratoire qui avaient recours à des placentas humains, les particules plus grosses étaient généralement piégées, tandis que les plus petites passaient en quantités limitées.

D’autres recherches ont montré que les nanoplastiques pouvaient se déplacer jusque dans les organes fœtaux, notamment dans le cerveau, les poumons, le foie, les reins et le cœur. Même lorsque ces organes semblaient normaux au microscope, les chercheurs ont parfois constaté que des placentas étaient plus petits et de poids à la naissance plus faibles, autant de changements qui peuvent affecter la santé du bébé.

Dans l’ensemble, cela suggère que tous les nanoplastiques ne sont pas dangereux, mais que selon leur taille et leur spécificité, ils peuvent présenter des risques réels pendant la grossesse.

Période critique pour les dommages causés par les microplastiques

Le développement fœtal est un processus finement réglé, durant lequel la croissance, le mouvement et la mort des cellules sont étroitement contrôlés. Cela le rend particulièrement vulnérable aux « agressions » environnementales pendant les périodes critiques du développement. Selon la théorie de la reprogrammation fœtale de Barker, également connue sous le nom d’hypothèse des « origines développementales de la santé et de la maladie », les conditions dans l’utérus pourraient « programmer » le développement des organes, des tissus et du métabolisme du bébé.

Les expositions nocives pendant la grossesse, telles qu’une alimentation trop pauvre, des toxines, du stress ou des polluants type microplastiques, peuvent modifier de façon permanente la formation et le fonctionnement des organes. Ces changements ne provoqueraient pas immédiatement des maladies. Mais ils pourraient augmenter le risque de développer plus tard des pathologies chroniques comme le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardiaques.

Si, par exemple, le placenta est endommagé ou si l’apport en nutriments est limité, le fœtus peut s’adapter en donnant la priorité à l’irrigation sanguine du cerveau au détriment des autres organes. Cela peut contribuer à la survie à court terme, mais également entraîner une réduction de la taille des reins, une altération du métabolisme ou des modifications de la structure des vaisseaux sanguins, tous ces évènements ayant des conséquences à long terme sur la santé.

Les microplastiques consommés par le biais de l’alimentation ou de l’eau peuvent également perturber le fragile équilibre microbien de l’intestin, endommager la muqueuse intestinale, nuire à l’absorption des nutriments et modifier la façon dont les graisses et les protéines sont transformées.

Des expériences en laboratoire suggèrent que les nanoparticules de polystyrène pourraient pénétrer dans les embryons, s’accumuler dans plusieurs organes et provoquer des effets tels qu’un ralentissement du rythme cardiaque et une diminution de l’activité, même à très faibles doses. Lorsqu’elles sont inhalées par la mère, ces particules peuvent se déplacer vers le placenta, puis vers le cerveau et le cœur du fœtus.

Il existe également des inquiétudes quant aux effets potentiels sur le cerveau en développement. Certaines études indiquent que les microplastiques sont susceptibles de s’accumuler dans des régions essentielles à l’apprentissage, à la mémoire et au comportement, notamment le cervelet, l’hippocampe et le cortex préfrontal. Elles pourraient ensuite causer des dommages oxydatifs, modifier les niveaux de neurotransmetteurs présents (les messagers chimiques du cerveau) et désactiver certains gènes nécessaires au développement normal du cerveau.

Chez les animaux, l’exposition prénatale aux microplastiques est associée à des comportements de type anxieux, à des troubles de l’apprentissage, à des schémas anormaux de croissance des cellules nerveuses, à un amincissement du tissu cérébral ainsi qu’ à une perturbation des connexions entre neurones.

Lacunes dans les connaissances

Malgré ces signaux inquiétants, il reste encore beaucoup à découvrir. La recherche dans ce domaine est entravée par le fait que la plupart des études sont menées sur des animaux ou dans des conditions de laboratoire contrôlées. Peu de données proviennent directement de femmes enceintes.

Nous ne comprenons toujours pas de manière précise comment les microplastiques se déplacent dans l’organisme, dans quelle mesure ils peuvent s’accumuler dans le placenta et dans le fœtus, ni avec quelle facilité ils peuvent être éliminés.

Il est clair que des recherches supplémentaires sont nécessaires et ce, de toute urgence. Comprendre si, oui ou non, les microplastiques constituent une menace réelle pour la santé reproductive et le développement fœtal pourrait aider à élaborer des politiques dédiées à la production, à la consommation et à l’élimination des plastiques, aussi à éclairer les conseils à prodiguer aux femmes pendant leur grossesse.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

ref. Microplastiques, grossesse et placenta : ce que nous savons et ce que nous ignorons encore – https://theconversation.com/microplastiques-grossesse-et-placenta-ce-que-nous-savons-et-ce-que-nous-ignorons-encore-264602

Notation au bac : pourquoi tant de difficultés à trouver la bonne formule d’examen ?

Source: The Conversation – in French – By Charles Hadji, Professeur honoraire (Sciences de l’éducation), Université Grenoble Alpes (UGA)

Le baccalauréat 2026 ressemblera-t-il tout à fait au baccalauréat 2025 ? Le ministère de l’éducation a annoncé en cette rentrée sa volonté d’ajuster les modalités actuelles de contrôle continu, provoquant de nouveaux débats autour d’un examen remanié à plusieurs reprises depuis 2018. Mais pourquoi peine-t-on tant à déterminer l’architecture idéale du bac ?


Faut-il repenser les modalités du contrôle continu au lycée ? Toutes les notes de première et de terminale n’auraient plus vocation à compter pour le bac, a-t-il été annoncé lors de la conférence de presse de rentrée du ministère de l’éducation. La déclaration a suscité de nombreuses interrogations, et même provoqué de l’exaspération, chez les acteurs de terrain.

On peut comprendre ces réactions, car les changements en matière d’évaluation du bac n’ont pas manqué ces dernières années. Après l’adoption, en 2018, de la réforme « Blanquer », qui prévoit 40 % de contrôle continu, l’architecture de l’examen a connu d’incessantes évolutions.

Les années 2018, 2019 et 2020 ont été des années de tâtonnement. L’introduction d’épreuves spécifiques de contrôle continu (les E3C) provoque de fortes turbulences en 2019 et 2020. Du fait d’une grève de correcteurs, le contrôle continu simple (au fil de l’activité d’enseignement) fait, en 2019, une irruption surprise, avec recours aux notes du livret scolaire. En 2020, la pandémie de Covid contraint même à accepter 100 % de contrôle continu simple !




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Les épreuves communes seront abandonnées en 2021. En 2022, on prend en compte les moyennes annuelles, et on supprime les épreuves finales pour les options. Depuis 2019, seules deux sessions se sont déroulées selon les mêmes modalités (2024, et 2025). Les acteurs ressentent un double besoin : de clarté, et de stabilité.

Pourquoi tant de fluctuations ? Dans un contexte où la notation devient une véritable obsession pour les élèves et leurs parents, et alors que le taux de réussite atteint 91,8 % en 2025, dont 96,4 % au bac général, une « réflexion d’ampleur » s’impose. Certes, s’agissant des détails, le « diable » s’en est mêlé. Il a fallu compter avec les pandémies, les jeux politiques, les mouvements sociaux. Mais sans doute l’essentiel se cache-t-il en profondeur.

Pour y voir clair, on peut recourir à un modèle de type « tectonique des plaques », en faisant l’hypothèse que se manifestent en surface les effets de frottements entre « plaques » souterraines, qui se confrontent du fait de dynamiques profondes qu’il s’agit d’identifier, au-delà des soubresauts et des crispations.

Une tension entre l’accompagnement et la certification

Sur le long terme, la scène évaluative est d’abord le lieu d’une coexistence conflictuelle entre deux exigences, s’inscrivant dans des desseins différents, bien que complémentaires. L’exigence d’accompagner et de faciliter un développement, dans un parcours de construction de connaissances et de compétences (exigence d’évaluation formative). Et l’exigence de certifier socialement la possession de ces connaissances et compétences (exigence d’évaluation certificative). Consolider les apprentissages vs attester socialement d’un niveau.

On pourrait dans le premier cas parler de fonction « GPS » (dire si l’on se tient bien sur la bonne route) ; et, dans le second, de la fonction « délivrance d’un permis » (attester socialement d’une capacité acquise à la fin d’un parcours de formation).

Le défi est ici d’articuler les deux fonctions de l’évaluation, en faisant en sorte que les nécessités de la certification ne viennent pas étouffer l’effort d’accompagnement. D’où l’idée, bienvenue de ce point de vue, d’introduire une part importante de contrôle continu. La première difficulté est alors de situer le bon niveau d’importance. La seconde, de trouver une forme pertinente de contrôle continu – contrôle continu simple, ou épreuves spécifiques ?

Une tension entre la localisation et la centralisation

Les deuxièmes « plaques » sont celles d’un mouvement de localisation, et d’un mouvement de centralisation. Leur confrontation prend le visage d’une lutte entre le désir de donner davantage de responsabilités aux acteurs locaux de l’évaluation, avec pour horizon le contrôle continu simple. Et celui d’imposer un cadre et un modèle centralisateurs, avec des épreuves nationales formalisées, et identiques dans tous les centres d’examen.

L’on pense souvent spontanément que la deuxième formule est préférable, car elle garantirait davantage l’objectivité de la notation. Pour ce qui concerne les évaluateurs, un conflit se déclare entre deux légitimités. Une légitimité locale : celle de l’enseignant professant une ou des disciplines au sein d’un établissement. Et une légitimité experte : celle d’un évaluateur extérieur, évaluant, selon des normes imposées, le travail effectué dans une épreuve officiellement définie, commune à tous, et respectant des garanties d’anonymat.

La confrontation entre ces deux « plaques » débouche sur la querelle du « biais local ». Si l’on admet la nécessité d’un contrôle continu, le problème est bien de savoir si, et comment, on peut échapper à la notation « à la tête du client ». Notons qu’à l’oral, quel que soit l’examinateur, le “client” sera toujours présent, avec sa « tête ». Et que les correcteurs du bac sont, par ailleurs, tous des enseignants, qui ne se libéreront pas, par magie, de ce qui peut biaiser leur agir de correcteur, et affecter leur manière de noter.

Cette deuxième tension place alors devant un deuxième défi : que le mouvement centralisateur vienne tempérer les effets contestables du localisme, sans toutefois imposer un formalisme rigide ; sans étouffer l’inventivité et le dynamisme du local.

Une tension entre une lutte pour des titres et une lutte pour des places

Les troisièmes « plaques » sont celles de l’examen, et du concours. Un conflit se produit entre deux enjeux. Un enjeu d’acquisition de titre scolaire/universitaire (logique d’examen : le bac est la porte d’entrée à l’enseignement supérieur). Et un enjeu d’occupation de place (logique de concours : le bac ouvre – ou n’ouvre pas – la porte pour accéder à des disciplines de formation en tension, où les places sont « chères », parce que quantitativement limitées et socialement désirées.




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La comparaison entre élèves pour les places dans le supérieur devient le véritable enjeu pour les candidats. C’est alors, en effet, Parcoursup qui devient prépondérant. Et l’on pourrait, à cet égard, parler d’une « parcoursupisation » du bac. Mais cela fait passer d’une problématique d’examen (avoir ou non un diplôme), à une problématique de concours (dans les filières en tension, obtenir, ou non, les places convoitées). À l’examen, il faut réussir, pour obtenir un titre. Dans un concours, il faut réussir mieux que les autres, pour obtenir une place que d’autres convoitent aussi.

Faut-il alors distinguer les notes évaluatives (à usage interne, pour évaluer et scander la progression des élèves) et les notes certificatives (à usage externe, pour certifier les acquis et les prendre en compte dans Parcoursup) ? Et aller jusqu’à imaginer deux bulletins différents, l’un, purement informatif, contenant tous les résultats ; l’autre, ne contenant que les résultats jugés représentatifs, et comptant seul pour la validation du bac et le dossier Parcoursup ?

La problématique de concours donne à l’évaluation une fonction dominante de tri. Telle est la tâche centrale de Parcoursup : faire coïncider, autant que possible, la demande et l’offre. Faire tenir ensemble une pluralité donnée de demandes individuelles de formation, et un ensemble de places différenciées dans des filières de formation à capacité d’accueil limitée.




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Le défi terminal est de créer les conditions d’un tri équitable. Il faudra pour cela que l’évaluation, qu’elle soit continue ou terminale, rende visible la réalité des compétences des candidats, et de leur niveau ! Toute la question est de savoir si, et comment, une évaluation peut apprécier (dire) objectivement une compétence, et se prononcer… sans trop se tromper !

Ainsi le bac, comme dispositif d’évaluation, doit-il faire face à trois défis, dont l’importance et la difficulté permettent de comprendre que, du fait de la persistance et du poids des « plaques » en frottement, les équilibres laborieusement mis en place seront toujours fragiles. Les formules d’examen retenues, toujours plus ou moins « bricolées » dans un contexte donné, seront toujours contestables. Ce qui promet encore bien des incompréhensions, des exaspérations, et des crispations…

The Conversation

Charles Hadji ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Notation au bac : pourquoi tant de difficultés à trouver la bonne formule d’examen ? – https://theconversation.com/notation-au-bac-pourquoi-tant-de-difficultes-a-trouver-la-bonne-formule-dexamen-265345

Le statut d’espèce protégée : une coquille qui se vide ?

Source: The Conversation – in French – By Brian Padilla, écologue, recherche-expertise "biodiversité et processus d’artificialisation", Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Grand gravelot (_Charadrius hiaticula_). Un oiseau nicheur de l’Hexagone, espèce protégée et menacée. Charles J. Sharp, CC BY-SA

Ces derniers mois, plusieurs propositions réglementaires sont venues fragiliser le statut d’espèce protégée. Les sanctions prévues en cas d’infraction s’allègent, tandis que les possibilités de dérogation s’élargissent, au risque de réduire ce dispositif central de protection de la biodiversité en une simple formalité administrative.


Fin février 2025, un jugement du tribunal administratif de Toulouse a annulé temporairement le projet d’autoroute A69, en indiquant qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour déroger au statut d’espèce protégée. En décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a, pour sa part, jugé illégales quatre retenues d’eau (ou, bassines) en l’absence de dérogation espèces protégées, notamment en raison de l’impact de ces projets sur l’outarde canepetière.

Le statut d’espèce protégée, inscrit dans la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, est considéré aujourd’hui comme un des outils du droit de l’environnement les plus efficaces pour atténuer certaines pressions sur la biodiversité.

Mais ces derniers mois, plusieurs évolutions l’affaiblissent considérablement.

Qu’est-ce qu’une espèce protégée ?

Selon l’article L411-1 du code de l’environnement, certaines plantes non cultivées et animaux non domestiques bénéficient d’une protection intégrale. Il est interdit de les détruire, les mutiler, et de les déplacer, à aucun stade de leur vie.

Les listes d’espèces protégées sont édictées par le biais d’arrêtés ministériels, signés par le ministère chargé de l’environnement et celui chargé de l’agriculture. Ces arrêtés couvrent d’une façon plus ou moins exhaustive des groupes d’espèces spécifiques, qui sont pour la plupart bien connus par les naturalistes (ex. : oiseaux, insectes, mammifères, reptiles, amphibiens, mollusques, etc.).

Mi-2025, une dizaine d’arrêtés de protection étaient en vigueur à l’échelle du territoire hexagonal (dont Corse), accompagnés d’une vingtaine d’arrêtés de protection régionaux (très majoritairement liés à la flore) et d’une quinzaine d’arrêtés de protection dans les territoires d’Outre-mer (en dehors des territoires qui disposent de leur propre code de l’environnement). En 2023, l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) estimait qu’environ 4 % de la faune, de la flore et de la fonge connues étaient protégées en France, soit un peu plus de 7200 espèces.

Il est important de noter que toute violation des interdictions prévues par l’article L411-1 peut être punie par le biais d’une sanction financière et d’une peine de prison, au titre de l’article L415-3 du code de l’environnement. Bien que de tels agissements soient parfois difficiles à contrôler, des personnes physiques ou morales sont régulièrement condamnées au titre de la destruction d’espèces protégées.

Ces dérogations qui rendent possible l’atteinte à une espèce protégée

L’article L411 -2 du code de l’environnement prévoit la possibilité de déroger à la protection d’une espèce. Ces dérogations sont notamment sollicitées dans le cadre de projets d’aménagement du territoire, par exemple lorsqu’une espèce protégée est présente sur un site sur lequel un chantier est prévu et que celui-ci menace de lui porter atteinte. Sous le contrôle de l’administration, les porteurs de projet peuvent déroger à la protection de l’espèce seulement à trois conditions :

  • Il n’existe pas de solution alternative satisfaisante ;

  • Le projet ne porte pas atteinte au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

  • Le projet répond à l’un des cinq motifs établis par l’article L411-2 (motif scientifique, écologique, agricole, sélectif ou pour des raisons impératives d’intérêt public majeur (ci-après RIIPM)).

L’application de l’article L411-2 a été largement précisée par la jurisprudence administrative. Le Conseil d’État a notamment rappelé, dans une décision du 9 octobre 2013, que les trois conditions permettant d’obtenir une dérogation étaient cumulatives ; autrement dit, un projet ne peut y prétendre que s’il satisfait simultanément à chacune d’entre elles.

Le 9 décembre 2022, le Conseil d’État a précisé que la question d’une dérogation se posait dès lors qu’une espèce protégée était présente dans la zone du projet, indépendamment du nombre d’individus ou de l’état de conservation des espèces.

Le même jugement a toutefois ouvert une possibilité particulière : un porteur de projet peut se passer d’une dérogation “dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé”.

Concrètement, il revient aux porteurs de projets, accompagnés par des bureaux d’étude spécialisés en écologie, d’établir si leurs projets vont porter atteinte à des espèces protégées et, le cas échéant, si des mesures d’évitement (ex. : déplacement de l’emprise du projet) ou de réduction (ex. : organisation du chantier dans le temps et dans l’espace) permettent de diminuer le risque pour les espèces. Si ces mesures sont considérées suffisantes, une dérogation n’est alors pas nécessaire.

Autrement dit, évaluer les incidences sur les espèces protégées est devenu un passage obligé pour tout porteur de projet. Mais les récentes interprétations jurisprudentielles interrogent : en assouplissant les conditions d’application, ne risquent-elles pas d’affaiblir un statut qui se voulait pourtant protecteur ? À cet assouplissement viennent s’ajouter de nouvelles atteintes à ce statut.

Trois récentes atteintes au statut d’espèce protégée

Plusieurs lois adoptées en 2025 fragilisent en effet le statut d’espèce protégée. Cette remise en cause s’opère à la fois au niveau des sanctions prévues en cas d’infraction, mais également au niveau des conditions d’obtention de dérogations.

I. Un affaiblissement du régime de sanctions en cas d’infractions

Tout d’abord, la récente loi d’orientation agricole, a affaibli le régime de sanctions associé aux espèces protégées. Son article 31 a modifié l’article L415-3 du code de l’environnement, qui prévoyait des sanctions allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende en cas de violations des interdictions associées au statut d’espèce protégée. Désormais, ces sanctions ne s’appliquent dorénavant que pour les faits commis de manière intentionnelle ou par négligence grave.

Un nouvel article introduit dans le code de l’environnement (L171-7-2), prévoit qu’en dehors de ces cas, seule une amende de 450 euros ou un stage de sensibilisation peuvent être exigés par l’autorité administrative, hors cas de récidive. Au-delà du faible montant, le principal affaiblissement provient de l’introduction d’une notion d’intentionnalité : difficile à établir, elle risque de limiter considérablement la portée du dispositif.

II. Des dérogations simplifiées, au titre de la RIIPM

Remarque

  • Cette section mentionne un texte de loi actuellement en cours d’examen par l’Assemblée nationale et le Sénat.

Certaines dispositions récentes visent également à faciliter l’obtention d’une dérogation espèce protégée pour certains types de projets, en élargissant les conditions d’application de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Ces évolutions s’inscrivent dans une tendance déjà amorcée : La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables avait introduit dans le droit le fait que certains projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique pouvaient répondre à une RIIPM, et le Conseil constitutionnel avait déjà validé en 2025 la possibilité d’accorder cette qualification de manière anticipée pour des projets d’intérêt national majeur.

À noter toutefois : même dans ce cas, les deux autres conditions prévues par l’article L411-2 demeurent nécessaires.

III. Vers une réduction du nombre de projets soumis à une dérogation

La troisième atteinte au statut d’espèce protégée provient de l’article 23 de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (également appelée loi DDADUE). Cet article ajoute un nouvel alinéa dans le code de l’environnement : une dérogation espèce protégée « n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces” et “lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures ».

Si cette disposition semble au premier abord retranscrire la décision du Conseil d’État du 9 décembre 2022, voire l’encadrer davantage en imposant un suivi, elle pourrait en réalité réduire le nombre de demandes de dérogation espèces protégées. En effet, elle inverse la charge de la preuve : une dérogation n’est désormais plus la règle, mais l’exception, dès lors qu’un dossier est construit avec des garanties d’effectivité jugées suffisantes. Autrement dit, les porteurs de projet peuvent considérer qu’ils échappent d’emblée à la case « dérogation », sans attendre l’interprétation de l’administration.

Une protection de plus en plus fragile

Ces différentes réformes affaiblissent discrètement le statut d’espèce protégée, en rognant à la fois les sanctions, les conditions et les procédures. Le risque est clair : faire glisser ce statut de rempart juridique fort à simple formalité administrative, laissant au juge le soin d’être le dernier recours.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

ref. Le statut d’espèce protégée : une coquille qui se vide ? – https://theconversation.com/le-statut-despece-protegee-une-coquille-qui-se-vide-265404