Zelandia, lo que el continente oculto puede decirnos sobre el cambio climático

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Laia Alegret, Professor in Paleontology, Universidad de Zaragoza

Pirámide de Ball, en las islas Lord Howe, una de las pocas tierras emergidas de Zelandia, aparte de Nueva Zelanda. Wikimedia Commons., CC BY

Hace 80 millones de años, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, una masa continental equivalente a la mitad de Estados Unidos (o algo superior a toda la extensión de la Unión Europea) se separó de Australia y de la Antártida y permaneció separada del resto de continentes durante tantos millones de años que su flora y fauna evolucionaron de manera independiente, con miles de especies endémicas.

Así nació Zelandia, un continente de 4,9 millones de kilómetros cuadrados, protagonista de una larga historia de separación, rotación, elevación y hundimiento, hasta alcanzar su posición actual.

En la actualidad, se encuentra sumergida a miles de metros de profundidad en el océano Pacífico, y solo aflora por encima de las aguas un 6 % de su superficie, que corresponde a sus montañas más altas: las islas de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia.

Una región crítica para los estudios climáticos

La historia climática de un continente queda grabada en sus rocas pero, en el caso de Zelandia, solo podemos ver las de sus montañas más altas, que asoman por encima del nivel del mar. El resto del continente está sumergido; por eso, para conseguir muestras de los fondos oceánicos, se necesitan tecnología y muchos recursos. Este es uno de los motivos por los que fue un continente prácticamente desconocido durante décadas.

Además, se trata de una región crítica donde los modelos climáticos presentan deficiencias en sus predicciones. Si no son capaces de reproducir el clima del pasado, que conocemos a través de estudios geológicos, ¿cómo van a predecir el clima del futuro?

El estudio del clima pretérito fue uno de los principales objetivos de una expedición internacional que exploró Zelandia en 2017.

Núcleos de sondeo extraídos del fondo oceánico durante la Expedición 371 (Integrated Ocean Discovery Program) a Zelandia.
Laia Alegret

En ella, se perforó el fondo marino con cilindros huecos para extraer rocas a miles de metros de profundidad. Un material de valor incalculable, que está siendo estudiado por equipos científicos internacionales.

Las muestras recuperadas han permitido reconstruir la historia del continente desde que se separó de Australia y la Antártida hace 80 millones de años. Ahora sabemos que hubo momentos en los que Zelandia emergió de las aguas y hubo tierra firme, cubierta por vegetación. Y otros en los que se hundió a miles de metros de profundidad.

Como si fuera una montaña rusa, estos grandes movimientos verticales se han relacionado con la tectónica de placas. Las mismas fuerzas modelaron el anillo de fuego del Pacífico, sobre el que se sitúa Zelandia. Se trata de la zona del planeta con más volcanes y terremotos, y han afectado al clima global a largo plazo.

Las muestras de Zelandia siguen aportando, además, una gran cantidad de datos sobre el clima del pasado que permitirán mejorar los modelos climáticos.

Bibliotecas rocosas bajo el agua

Las rocas extraídas de los fondos oceánicos son una biblioteca de la historia climática de Zelandia a lo largo de millones de años: el clima existente en un momento concreto se puede deducir a partir del tipo de sedimento, su estructura, su composición y los fósiles que contiene.

Los isótopos de algunos elementos que forman las rocas y los fósiles, como el oxígeno, el carbono o el neodimio, también dan información sobre aspectos relacionados con el clima. Así se puede deducir, por ejemplo, la temperatura de las aguas, la productividad biológica o las corrientes oceánicas.

Finalmente, los cambios climáticos se estudian analizando los estratos que se han ido depositando de manera sucesiva a lo largo del tiempo. Además de transformaciones graduales, en Zelandia se observan varios ejemplos de calentamiento que se consideran rápidos desde el punto de vista geológico. Estos cambios más bruscos dejan huella, por ejemplo, en el tipo de sedimento que se deposita en los fondos marinos y también provocan cambios en los ecosistemas marinos.

La importancia científica de Zelandia

La investigación de Zelandia ha revelado que hace entre 41 y 53 millones de años, durante el Eoceno, se produjeron varios eventos de calentamiento de distinta rapidez y magnitud. La respuesta de los ecosistemas marinos fue diferente, en función del aumento de la temperatura. Estos datos permiten mejorar los modelos y predecir las consecuencias de los distintos escenarios de cambio climático previstos para un futuro cercano.

El calentamiento observado hace 52 millones de años resulta especialmente interesante porque revela cambios inesperados en las corrientes oceánicas. Por ejemplo, la llegada de una nueva masa de agua profunda erosionó los fondos oceánicos y favoreció a organismos marinos que se benefician de corrientes intensas. Así, la composición química de fósiles de peces revela que esta nueva masa de agua profunda se originó cerca de la Antártida.

Se trata de un hecho difícil de explicar en un “planeta invernadero”, sin hielo permanente, porque las aguas necesitan enfriarse en la superficie para volverse lo suficientemente densas como para hundirse. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de la circulación oceánica en un mundo invernadero, hacia el que nos dirigimos en la actualidad.

Entender estos mecanismos del pasado es crucial para anticipar y mitigar los efectos del cambio climático futuro, ya que el océano juega un papel fundamental en la distribución del calor en nuestro planeta.

La investigación de este continente hundido en el Pacífico abre nuevos interrogantes sobre cómo funcionaban los océanos en un mundo más cálido y nos invita a reconsiderar nuestros modelos climáticos actuales.

The Conversation

Laia Alegret recibe fondos de MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y FEDER, UE (proyectos PID2023-149894OB-I00, PID2019-
105537RB-I00 y CGL2017-84693-R). Su participación en la Expedición International Ocean Discovery Program 371 y la investigación relacionada fueron también financiadas por ECORD (European Consortium for Ocean Research Drilling), y por una una Beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2017, Fundación BBVA. Esta investigación utiliza muestras proporcionadas por International Ocean Discovery Program.
Laia Alegret es Académica Numeraria de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España.

Gabriela J. Arreguín-Rodríguez recibe fondos del proyecto de I+D+i PID2023-149894OB-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y FEDER/UE.

Guido Ernesto Mantilla Lucero recibe fondos del proyecto de I+D+i PID2023-149894OB-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y FEDER/UE bajo el contrato de Formación de Personal Investigador (FPI) PRE2024-UZ-01

Irene Peñalver Clavel recibe fondos del proyecto de I+D+i PID2023-149894OB-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y FEDER/UE bajo el contrato de Formación de Personal Investigador (FPI) PRE2020-092638.

Martina Caratelli recibe fondos del proyecto de I+D+i PID2023-149894OB-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y FEDER/UE; y ayuda Juan de la Cierva JDC2023-051289-I financiada por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por el FSE+

ref. Zelandia, lo que el continente oculto puede decirnos sobre el cambio climático – https://theconversation.com/zelandia-lo-que-el-continente-oculto-puede-decirnos-sobre-el-cambio-climatico-272598

¿Quién manda en alta mar? El tratado que cambia las reglas del juego en el océano

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Paula Lamo, Profesora e investigadora, Universidad de Cantabria

Oleksandr Matsibura/Shutterstock

El 17 de enero entró en vigor un acuerdo internacional que afecta a más de la mitad del planeta: el Tratado de Alta Mar, conocido también como el Acuerdo sobre la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional. El manuscrito intenta regular quién puede pescar, los trayectos de los grandes buques, el tipo de proyectos que se pueden hacer en el océano profundo y quién se beneficia de los recursos marinos del futuro.

Territorio de nadie y de todos

La alta mar empieza más allá de las 200 millas náuticas de cada país, es decir, a 370,4 kilómetros de la costa. Ocupa alrededor del 64 % de la superficie oceánica, lo que la convierte en la mayor “zona sin dueño” de la Tierra. Cada año la cruzan decenas de miles de buques mercantes y militares. Solo la ruta Asia–Europa mueve millones de contenedores atravesando durante semanas aguas que no pertenecen a ningún Estado. Y buena parte de la pesca industrial a gran escala se hace también allí, lejos de cualquier costa y con un control muy limitado.

Durante décadas, la tecnología aplicada al mar ha corrido más rápido que las normas. Los barcos son hoy auténticas fábricas flotantes. Los arrastreros congelan y procesan el pescado a bordo. Algunos buques portacontenedores miden más de 400 metros y transportan más de 20 000 contenedores en un solo viaje. Y los científicos trabajan con robots a seis mil metros de profundidad. Pero las reglas para proteger esos espacios seguían siendo débiles y fragmentarias.

El Tratado de Alta Mar nace para cambiar eso. No crea un gobierno mundial del océano, pero sí un marco común para conservar y usar de forma sostenible los ecosistemas marinos fuera de las aguas nacionales. La medida más visible es la posibilidad de crear áreas marinas protegidas en alta mar. Hasta ahora, más del 90 % de las áreas protegidas estaban dentro de aguas nacionales y cada país protegía la suya propia. En alta mar apenas había ejemplos, porque nadie tenía autoridad clara para decidir.




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Nuevas reglas de juego

Con el nuevo tratado, los países pueden proponer zonas basándose en criterios científicos. Si se aprueban, se fijarán normas de uso, lo que puede afectar a rutas marítimas, a la pesca o a actividades industriales. El objetivo político es proteger el 30 % del océano antes de 2030. Hoy, menos del 8 % del océano está protegido de alguna forma, y solo una pequeña parte de esa protección es realmente estricta.

Pongamos un ejemplo con una ruta típica entre Shanghái y Rotterdam, caracterizada por una travesía de más de 10 000 millas náuticas (18 520 kilómetros), la mayor parte de ella en alta mar. Si un tramo de ese trayecto atraviesa en el futuro una zona protegida sensible, la naviera podría tener que modificar ligeramente la ruta, reducir velocidad o demostrar que su paso no daña un ecosistema concreto. No es un cambio dramático, pero sí una nueva variable en la planificación, junto al combustible, el tiempo y los costes.

Como novedad, el tratado introduce la evaluación de impacto ambiental en alta mar. Hasta ahora, un proyecto podía ejecutarse en aguas internacionales con requisitos ambientales muy desiguales. Pero con el nuevo marco, cualquier actividad que pueda tener efectos significativos deberá estudiarse antes.

Un buen ejemplo de lo que supone este nuevo requisito se evidencia con los tendidos de los cables submarinos. Hoy existen más de 500 cables que cruzan los océanos y transportan más del 95 % del tráfico mundial de datos. Muchos pasan por zonas profundas poco estudiadas. Con el tratado, antes de colocar un nuevo cable habrá que analizar su impacto sobre fondos marinos, especies sensibles o áreas ecológicas relevantes y justificar las decisiones técnicas.

Lo mismo ocurrirá con campañas pesqueras intensivas o con investigaciones que alteren físicamente el entorno. Ya no bastará con que algo sea posible. Habrá que demostrar que se han considerado alternativas y que los daños se reducen al mínimo.

Este aspecto es de gran relevancia porque está directamente relacionado con los recursos genéticos marinos, de lo que existe muy poco conocimiento.

En el océano existen bacterias de fuentes hidrotermales, algas o organismos de profundidad con propiedades únicas. Algunos compuestos ya se usan en medicamentos contra el cáncer o en cosméticos. Una sola molécula descubierta en el mar puede generar millones de euros.

Hasta ahora, quienes tenía capacidad tecnológica para encontrar esos organismos podía explotarlos casi sin restricciones. Pero el tratado introduce la idea de reparto de beneficios: si esos recursos generan valor comercial, parte de los beneficios deberá compartirse, especialmente con países que no tienen medios para explorar el océano por sí mismos. Eso no frena la investigación, pero sí obliga a documentar mejor el origen de los datos y las muestras.




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Un acuerdo histórico que nos afecta a todos

El tratado también apuesta por la transferencia de tecnología. Vigilar la alta mar no es barato: hacen faltan satélite, sensores, drones, buques patrulla y análisis masivo de datos. En la actualidad, pocos países concentran esa capacidad.

El fin del nuevo acuerdo es que, con cooperación y formación, más Estados puedan participar en la vigilancia y protección del océano, lo que tendrá un impacto directo sobre el transporte marítimo. El 90 % del comercio mundial se mueve por mar, por donde cada día navegan más de 50 000 buques mercantes. La alta mar es su gran autopista.

El tratado no quiere bloquearla, pero sí hacerla compatible con la protección ambiental. ¿Por qué? A medio plazo, algunas rutas podrían atravesar zonas protegidas con normas especiales, obligando a integrar criterios ambientales en la planificación de trayectos, en la velocidad, en el consumo y en las decisiones operativas. También aumentará la importancia de demostrar cumplimiento: no bastará con declarar que se cumplen las normas.




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¿Hay algo que quede exento de regulación con el tratado? Sí: la minería de los fondos marinos, que seguirá siendo competencia de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA). Sin embargo, las evaluaciones de impacto y las áreas protegidas pueden limitar dónde y cómo se podrán hacer esas explotaciones. El mensaje implícito es que ya no todo vale en cualquier parte del océano.

Tras su entrada en vigor, ahora se deben crear órganos de gobierno, comités científicos y sistemas de control. La eficacia dependerá de si se destinan recursos reales a vigilar y hacer cumplir las normas. Sin barcos, satélites y datos, las reglas no trascenderán del papel.

No obstante, con este acuerdo histórico, la alta mar deja de ser el “Lejano Oeste” del planeta. No pasa a tener dueño, pero sí reglas claras para asegurarnos de que el océano sigue existiendo tal y como lo conocemos. Aunque el asunto parece ajeno a nuestro día a día, afecta a lo que comemos, a lo que compramos y a cómo se mueve el mundo. Más de la mitad de la Tierra empieza a tener normas pensadas para durar, no para agotarse. Y eso, aunque ocurra lejos de la costa, nos toca mucho más de cerca de lo que creemos.

The Conversation

Paula Lamo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. ¿Quién manda en alta mar? El tratado que cambia las reglas del juego en el océano – https://theconversation.com/quien-manda-en-alta-mar-el-tratado-que-cambia-las-reglas-del-juego-en-el-oceano-273969

Limpia, fija… y se pone al día: la actualización del ‘Diccionario de la lengua española’

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Iván Ramírez Sánchez, Doctorando en Lenguas y Culturas, Universidad de Jaén

Salón de plenos de la Real Academia Española. RAE, CC BY-NC-ND

El Diccionario de la lengua española es la obra insignia de la Real Academia Española. En 2026 verá la luz su 24.ª edición, coincidiendo con el 300 aniversario del Diccionario de autoridades, el primer diccionario académico, publicado entre 1726 y 1739 y precursor del actual.

Sin embargo, entre 2017 y 2025 se realizaron varias modificaciones en la vigesimotercera edición: enmiendas, adiciones de palabras y acepciones, además de algunas supresiones. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las actualizaciones y una nueva edición?

Cómo se actualiza la 23.ª edición (en línea)

Una nueva edición de un diccionario general de lengua, como es el caso del diccionario académico (o DLE), implica una revisión profunda de lo que se conoce como macroestructura –la lista de palabras que se definen– y la microestructura –la información que se proporciona de una determinada palabra–. Podría decirse que la obra se revisa de arriba a abajo y de izquierda a derecha. En el caso de la RAE, este trabajo suele ocupar no menos de ocho o diez años.

Gracias a los avances tecnológicos y, en particular, el desarrollo de la informática e internet, es posible actualizar parcialmente los diccionarios. Es lo que hacen, por ejemplo, el Oxford English Dictionary, gestionado en Reino Unido, o el Merriam-Webster, editado en Estados Unidos.

La RAE, con el apoyo de la Asociación de Academias de la Lengua Española –que integra todas las academias que estudian y regulan el uso del español en distintos países hispanohablantes–, empezó a realizar estas actualizaciones en 2017. Desde entonces, entre noviembre y diciembre se han dado a conocer algunos de los principales cambios realizados sobre las versiones en línea del DLE, tanto en web como en aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas.

Estos cambios afectan a las palabras (se añaden o se eliminan), las acepciones (aumentan o disminuyen) y las formas complejas, que es el nombre técnico que reciben estructuras del tipo mano izquierda o con la mano en el corazón, que encontraríamos en la entrada mano¹. Todas estas informaciones se amplían –lo que se conoce como adición–, modifican, –denominado en lexicografía como enmienda– o suprimen.

La mayor parte de las adiciones responde a nuevas realidades en la sociedad que se reflejan en el lenguaje y, en particular, en el léxico. Un caso claro es el de la tecnología, pues desde 2017 se han añadido al DLE palabras como clic, mensajear, videollamada, bitcóin, vapeador, cookie o gif, entre otras.

Todos los cambios que se producen en la obra académica están respaldados por datos lingüísticos de diversa procedencia. La documentación de una palabra o un uso concreto se analiza y estudia desde el punto de vista lexicográfico. Esto se hace no solo para describir su utilización, sino también para integrarla en la obra. Hay palabras que en un determinado sentido coinciden con otras, de manera que garantizar la coherencia es fundamental y, a la vez, complejo en una obra que contiene aproximadamente 95 000 entradas y cerca de 200 000 acepciones.

Cambios y novedades: hacia la 24.ª edición

Ese es el estado actual de la 23.ª edición, que se publicó en soporte físico y digital en 2014. Doce años después, la RAE y la ASALE publicarán la 24.ª edición en formato digital, si bien es posible que, con la demanda suficiente, se publique también en papel. Esto quiere decir que, a diferencia de la metodología tradicional, en la que se digitalizaba la obra física terminada, esta edición nace a partir de una base de datos y una estructura electrónica que se visualiza en una página web o en una aplicación. La razón de este cambio viene dada por la tendencia de los usuarios a consultar las versiones electrónicas de los diccionarios.

Portada de la última edición publicada del _Diccionario de la Lengua Española_.
Portada de la última edición publicada del Diccionario de la Lengua Española.
RAE, CC BY-NC-ND

Sin embargo, no solo en el plano técnico hay avances; también en el ámbito lexicográfico habrá cambios significativos. En lexicografía se emplean una serie de marcas para diferenciar palabras de distintos ámbitos, por ejemplo, la zona geográfica. Este tipo de marcas se denominan diatópicas.

Hasta ahora, en el DLE había una distinción entre aquellas palabras propias de los países hispanohablantes y aquellas características de España. En concreto, las primeras se marcaban con una abreviatura del país –Méx. por México, P. Rico por Puerto Rico o Am. para señalar que se usa en general en los países americanos–. Las palabras propias de España recibían marcas concretas por la comunidad autónoma, como And. por Andalucía, Sal. por Salamanca o Can. por Canarias, mientras que la marca Esp. indica que es un sentido general de España.

Esta distinción, fuertemente criticada durante décadas, es una herencia de la tradición en el trabajo lexicográfico de la Academia, que se remonta al siglo XVIII. Desde entonces han existido marcas específicas de regiones de España porque los primeros académicos eran todos españoles y los diccionarios de la RAE de este periodo se centraban en el español de España. No fue hasta el siglo XIX cuando empezó a estudiarse el léxico de los países americanos y las palabras se marcaron consecuentemente.

Banderas de los países hispanohablantes que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Banderas de los países hispanohablantes que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española.
ASALE

La próxima edición acabará con esta diferenciación por regiones españolas. La anterior directora del DLE, Paz Battaner, señaló que se revisará la marcación diatópica “como reflejo del espíritu de esta nueva edición: […] se garantizará un tratamiento en pie de igualdad de las palabras usadas en un país o en varios”. En este sentido, la incorporación de la lexicógrafa Dolores Corbella Díaz como académica en el año 2023 responde a la intención de la RAE de prestar más atención al léxico diferencial americano.

La Real Academia Española se fundó en 1713 con el objetivo fundamental de estudiar la lengua en todas sus dimensiones. Desde aquel Diccionario de autoridades han transcurrido tres siglos de avances metodológicos y tecnológicos. La 24.ª edición del Diccionario de la lengua española apunta a ser un hito para la lexicografía hispánica que redundará en el beneficio de todos los que hablamos la lengua española.

The Conversation

Iván Ramírez Sánchez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Limpia, fija… y se pone al día: la actualización del ‘Diccionario de la lengua española’ – https://theconversation.com/limpia-fija-y-se-pone-al-dia-la-actualizacion-del-diccionario-de-la-lengua-espanola-271446

Contaminación de datos digitales: cómo recuperar el control de la IA

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Pino Caballero Gil, Catedrática de Universidad en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Universidad de La Laguna

Los sistemas de IA generativa cada vez producen más errores, ya que se retroalimentan de ellos, contaminando cada vez más el entorno digital. Kathryn Conrad & Digit / https://betterimagesofai.org / , CC BY-SA

Donde hay petróleo, suele haber contaminación. También ocurre con lo que el matemático Clive Humby llamó el “nuevo petróleo”: los datos digitales.

El término inteligencia artificial (IA) actúa como un paraguas semántico que, intencionadamente, antropomorfiza la estadística para otorgarle una falsa cualidad orgánica. No estamos tratando con mentes digitales, sino con sistemas de probabilidad. Son matemáticas, no biología. Esa noción ambigua, en manos corporativas, diluye la responsabilidad, permitiendo a las empresas tecnológicas apropiarse del trabajo e información ajenos bajo la excusa de un progreso inevitable.

Al humanizar el software, olvidamos que los modelos de IA no aprenden ni crean. Simplemente ejercen una mímica probabilística de lo que ya hemos dicho nosotros. Además, al igual que una fábrica que vierte residuos, estos sistemas, al operar sin ética ni curaduría, están empezando a saturar su propio entorno con desechos digitales.

Esta foto real de un flamenco en el desierto de Aruba (2024) fue el tercer puesto y el voto popular en el apartado de IA de los 1849 Awards siendo luego descalificada al revelarse que no fue generada por IA.
Miles Astray.

Fotocopias de fotocopias

El problema de tratar los datos como un recurso infinito es que ignoramos la contaminación, y no solo en el ecosistema analógico. Los modelos generativos actuales están inundando la red de spam sintético. Esto genera un bucle de retroalimentación negativo: los nuevos modelos se entrenan con textos e imágenes generados por modelos anteriores.

Es como hacer una fotocopia de una fotocopia mil veces. La señal original se pierde. Se llega, así, a lo que se llama colapso del modelo. La maquinaria extractivista es defectuosa por diseño al priorizar la cantidad sobre la calidad y el contexto, destruye el mismo recurso que necesita para funcionar.

Movimiento neo-ludita

Ser ludita nunca significó odiar la tecnología, sino exigir que las máquinas no degradaran la calidad de vida de quienes las operaban. Hoy, esa idea resurge no como una resistencia organizada, sino como una respuesta lógica ante la automatización depredadora.

No debemos temer a una supuesta “superinteligencia” de ciencia ficción que nos domine. El peligro real no es la consciencia de la máquina, sino la concentración de poder de quienes manejan el interruptor.

Ante esto, surgen iniciativas como Nightshade o Glaze, que proponen una defensa técnica de los artistas frente al uso no autorizado de sus obras por parte de modelos de IA generativa.

La idea consiste en aplicar técnicas de esteganografía –ocultación de un mensaje dentro de otro– y de ataques adversarios –entrada al modelo que, de manera intencional, ha sido ligeramente modificada y que es capaz hacer que este modelo genere una salida incorrecta–.

Esto permite que, a ojos humanos, la imagen protegida es idéntica a la original. Sin embargo, a nivel de píxeles, incluye perturbaciones numéricas que impiden su uso por herramientas de IA. Esas alteraciones atacan directamente la fase de entrenamiento en la que el modelo de IA aprende del conjunto de datos. Modifican la forma en que la red neuronal extrae las características de la imagen.

Al “envenenar” la matriz de aprendizaje, se fuerza al modelo a realizar asociaciones erróneas (por ejemplo, asociar la imagen de un perro al concepto de un gato). Esta estrategia constituye un sabotaje a la fiabilidad estadística del sistema, demostrando que, sin datos limpios y consentidos, la maquinaria se vuelve inútil.

¿Se puede entrenar un modelo de manera ética?

La respuesta es sí. La ética no es un freno al avance tecnológico, sino la única garantía de su sostenibilidad a largo plazo. Primero, hay que diferenciar los términos. No es lo mismo “pesos abiertos” (Open Weights) que “código abierto” (Open Source). Liberar los pesos de la red neuronal entrenada es como regalar un pastel ya horneado, pero ocultar la receta y los ingredientes. Permite usar el modelo, pero impide auditarlo o saber si es seguro. La verdadera ética exige transparencia total sobre el conjunto de datos usado: saber exactamente con qué se entrenó el sistema.

Esto no es una utopía teórica. Iniciativas como el modelo de lenguaje abierto Olmo han roto la opacidad de la industria, al publicar el registro completo de entrenamiento y su conjunto de datos. Ello permite una trazabilidad real para auditar qué consume el modelo.

Sin embargo, la transparencia es solo el primer paso. El objetivo final es el consentimiento. Proyectos como The Stack demuestran que es posible entrenar modelos de lenguaje de programación respetando escrupulosamente la opción de auto-exclusión (opt-out) de los desarrolladores que eligen que su material no sea empleado para entrenar inteligencia artificial.

De igual forma, certificaciones como Fairly Trained están empezando a distinguir a aquellos modelos que respetan los derechos de autor frente a los que operan mediante una recopilación indiscriminada.

El futuro de la IA apunta hacia modelos más pequeños y especializados, donde se prioriza la calidad de los datos sobre la cantidad. Al final, no se trata de renunciar a la automatización, sino de elegir: herramientas transparentes basadas en el consenso o cajas negras cimentadas en el saqueo. El futuro será colaborativo, ético y humano, o no nos gustará estar en él.

The Conversation

Pino Caballero Gil reciben fondos de MCIN/AEI/10.13039/501100011033, Unión Europea NextGenerationEU/PRTR y Fundación CajaCanarias-La Caixa.

Marcos Rodríguez Vega no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Contaminación de datos digitales: cómo recuperar el control de la IA – https://theconversation.com/contaminacion-de-datos-digitales-como-recuperar-el-control-de-la-ia-270702

Faltan datos sobre salud mental infantil: una ‘app’ para llenar la laguna y mejorar la prevención

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Jordi Llabrés Bordoy, Profesor de Psicología, Universitat de les Illes Balears

Budimir Jevtic/Shutterstock

En los últimos años se habla mucho de salud mental, pero los datos siguen centrados casi exclusivamente en la población adulta. En 2025, uno de cada cinco españoles declara haber tenido algún problema emocional o de ansiedad, según el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, cuando preguntamos por los niños, el silencio estadístico es evidente: faltan datos.

La realidad es que en España no existen registros homogéneos sobre bienestar psicológico infantil, ni estudios que sigan a los mismos niños y niñas a lo largo del tiempo. Las encuestas nacionales apenas incluyen preguntas sobre emociones, relaciones o estrategias de afrontamiento. Y sin datos, es imposible prevenir.

La Organización Mundial de la Salud advierte que la mitad de los trastornos psicológicos aparecen antes de los 14 años, pero solo una minoría recibe atención temprana.

Una brecha invisible: infancia sin indicadores

A nivel autonómico, la comunidad de Illes Balears ha lanzado un plan para reforzar los servicios psicológicos en atención primaria y en centros educativos. Sin embargo, los propios informes oficiales reconocen que faltan indicadores sólidos sobre salud psicológica infantil. Ya lo contamos en la Memoria del Consejo Económico y Social del 2023.

Esa carencia no es solo un problema técnico. Sin información, no se pueden diseñar políticas basadas en la evidencia ni detectar desigualdades entre contextos sociales. Tampoco se podrán centrar nuestros esfuerzos en la prevención de los problemas psicológicos ni en la promoción del bienestar emocional.

Una respuesta desde la investigación: el proyecto GrowinApp

En la Universitat de les Illes Balears (UIB), varios expertos integrados en un equipo multidisciplinar estamos trabajando para llenar ese vacío con el proyecto GrowinApp. Tiene un objetivo claro: mejorar la comprensión y la prevención de los problemas de salud psicológica infantil a partir de datos reales obtenidos en contextos cotidianos.

Concretamente, estamos desarrollando una aplicación móvil que permite obtener esa información y volcarla, completamente anonimizada, a un portal de datos abiertos. A través de la app, familias y profesionales pueden participar en estudios longitudinales (realizados con un mismo grupo de personas a lo largo del tiempo) que ayudan a detectar factores de riesgo y a promover estrategias de regulación emocional adaptativas.

¿Qué hemos aprendido hasta ahora?

En un estudio piloto, realizamos una evaluación momentánea ecológica (EMA) con un grupo de niños y niñas de entre 6 y 12 años junto con sus familias. Los datos obtenidos con una EMA pueden ser más fiables que los obtenidos a través de cuestionarios tradicionales porque en vez de preguntar sobre el pasado (“¿Cómo te has sentido durante la última semana”) se hace, de forma repetida, sobre el presente (“¿Cómo te sientes ahora mismo?”). De este modo, durante una semana, cada familia registró en la aplicación todos los episodios emocionales significativos que vivieron: qué había pasado, cómo se sintieron y qué hicieron para manejarlo. Antes habían contestado cuestionarios sobre comportamiento y temperamento.

Los resultados fueron claros: las estrategias de planificación y revaluación positiva se asociaron con mayor bienestar, mientras que la rumia –dar vueltas una y otra vez a lo mismo– empeoraba el estado emocional, sobre todo en niños con temperamentos más inhibidos o sensibles.

En otra investigación transversal con 302 familias –sin publicar aún– hemos podido comprobar que la manera en que los niños y niñas gestionan sus emociones es clave para entender por qué las experiencias adversas o ciertos rasgos de temperamento pueden afectar a su salud psicológica. La dificultad para regular esas emociones es un mecanismo fundamental que explica la vulnerabilidad, lo que refuerza la necesidad de evaluar y entrenar competencias emocionales en la infancia como estrategia de prevención.

Estos hallazgos coinciden con los estudios recientes sobre flexibilidad emocional, lo cuales subrayan que no hay estrategias universalmente “buenas” o “malas”, sino respuestas más o menos adaptativas según el contexto.

Una plataforma abierta asistida por inteligencia artificial

Sabemos que la retroalimentación, el feedback, es el mejor incentivo para fidelizar a los participantes en este tipo de estudios, así que ya estamos trabajando en la nueva versión de la aplicación.

GrowinApp2 permitirá recoger, analizar y compartir datos sobre salud psicológica infantil con las máximas garantías éticas y de privacidad. En una misma app se podrán recibir informes automáticos y personalizados, comparando sus resultados con los del conjunto de participantes, así como recoger respuestas a cuestionarios tradicionales y realizar evaluaciones momentáneas ecológicas como la que hemos explicado más arriba.

En la misma línea, se integrará un asistente conversacional con inteligencia artificial –entrenado solo con información científica validada– que ofrecerá orientación general y detectará palabras sensibles (por ejemplo, relacionadas con riesgo de daño o violencia), activando protocolos de alerta supervisados por profesionales humanos.

Como en la versión actual, GrowinApp2 facilitará la publicación de los resultados anonimizados de los estudios que se lleven a cabo en un portal de ciencia abierta, siguiendo los principios FAIR (datos “encontrables”, “accesibles”, “interoperables” y “reutilizables”, por sus siglas en inglés).

En definitiva, avanzar hacia una verdadera protección de la salud psicológica infantil exige un compromiso colectivo. Se debería invertir en sistemas estables de recogida de datos y facilitar que las familias pudieran participar en estudios longitudinales. Con el proyecto GrowinApp, pretendemos pasar de hablar de salud psicológica infantil a medirla, entenderla y actuar sobre ella.

The Conversation

Este artículo es parte del proyecto PID2021-126704OB-I00 financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / AEI /10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa.

Alfonso Morillas Romero, Maria Balle Cabot y Maria Àngels Ollers Adrover no reciben salarios, ni ejercen labores de consultoría, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del puesto académico citado.

ref. Faltan datos sobre salud mental infantil: una ‘app’ para llenar la laguna y mejorar la prevención – https://theconversation.com/faltan-datos-sobre-salud-mental-infantil-una-app-para-llenar-la-laguna-y-mejorar-la-prevencion-271215

Irán en su laberinto: conceptos básicos para entender el descontento de la población y el origen de las protestas

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Alberto Priego, Profesor Agregado de la Facultad de Derecho- ICADE, Departamento de Dep. Público. Área DIP y RRII, Universidad Pontificia Comillas

Protestas en Irán durante los primeros días de 2026. RTVE

La caída del Muro de Berlín supuso no solo el fin de un sistema político, el comunismo, sino también el colapso de una forma de entender las relaciones internacionales. La intervención del entonces presidente de la URSS, Mijail Gorbachov, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (1988), unida a la retirada de Afganistán, hizo ver a los ciudadanos de Europa del Este que Rusia nunca vendría a ayudar a sus gobernantes cuando hubiera protestas.

Eso significaba que ya no habría más otoños húngaros, primaveras de Praga ni leyes marciales en Polonia. Y, sobre todo, que el sistema podría colapsar si se elevaba la presión en las calles.

Lo vivido en los ochenta en Europa nos recuerda mucho a lo que vemos en Irán en los últimos años. Por un lado, el régimen es incapaz de hacer prosperar la economía y, por otro, su apoyo exterior se desvanece poco a poco. Analicemos estos dos asuntos:

La economía, uno de los grandes problemas del país

La economía iraní está lejos de ser próspera. A pesar de ser un país rico en recursos naturales, la República Islámica de Irán no ha logrado elevar el nivel de vida de sus ciudadanos.

Mientras que la renta per cápita de Irán apenas llega a los 5 000 dólares, sus vecinos ganan entre ocho (Arabia Saudí: 38 000 dólares) y quince veces más (Catar: 70 000 dólares). Además, la economía lleva años estancada y la inflación se ha convertido en el principal problema económico para los iraníes.

En el año 2025 los precios subieron un 42,2 % y los alimentos, un 72 %. Uno de los sectores más afectados por la inflación ha sido el de los comerciantes, quienes han visto reducidos sus ingresos como consecuencia de la pérdida generalizada del poder adquisitivo de los iraníes.

Por ello, a nadie sorprende que las revueltas de diciembre tuvieran su origen en el Bazar Jomeh, una especie de rastro que ocupa cinco plantas de un aparcamiento todos los viernes y al que acuden los habitantes de Teherán.

Fueron precisamente los comerciantes de este bazar quienes protestaron al ver cómo llegaban cada vez menos clientes a sus puestos. La respuesta del gobierno de Teherán no fue muy útil, ya que solo se le ocurrió aumentar en 7 dólares el exiguo subsidio que reciben sus ciudadanos para comprar en tiendas determinadas.

La caída del apoyo desde el exterior

El segundo gran pilar del Irán revolucionario es su apoyo exterior, un sector que también se ha tambaleado en el último año. Si bien es cierto que en 2009, 2014 o 2017 los ayatolás se sentían seguros al reprimir con el apoyo que les brindaba Moscú, desde que Putin se ha embarrado en Ucrania, ese apoyo se siente cada vez más lejano.

Además, en el último año, Irán ha asistido a la caída de regímenes como el sirio, a la captura de Maduro o a la exterminación de Hezbolá y Hamás ante la atónita mirada de un Putin que no puede más que contemplar cómo pierde cada vez más influencia.

Todos estos actores se mantenían en el poder porque gozaban del favor de Moscú, y ese hecho ha sido irrelevante cuando han tenido que hacer frente a su supervivencia.

No podemos olvidarnos de la cada vez más notable debilidad iraní en el exterior. A pesar de los esfuerzos de Teherán, estamos asistiendo al desmontaje del llamado “eje de la resistencia”, con la consiguiente pérdida de aliados tan importantes como Al Assad, Hezbolá o Hamás.

Esta reducción de la carga, lejos de ayudar a estabilizar sus problemas internos, está mostrándonos un Irán incapaz de protegerse de los golpes que Washington y Jerusalén le asestan al unísono y de forma coordinada. En general, los iraníes consideran que su régimen es débil e incapaz de resolver sus problemas internos y externos, por lo que ven en las protestas una forma de hacer que caiga.

Si todo esto fuera poco, el régimen de los ayatolás parece noqueado y la única forma que ha encontrado de responder a los manifestantes es mediante la represión. En las últimas semanas, los Guardianes de la Revolución han segado la vida de más de 3 000 personas, según la televisión estatal, lo que no ha hecho más que radicalizar las demandas de la población.

Posibles escenarios futuros

Los escenarios a corto y medio plazo no parecen halagüeños. Los Guardianes de la Revolución –una rama de las fuerzas armadas iraníes– siguen teniendo un poder muy elevado en las estructuras del Estado y la represión sigue siendo su principal herramienta.

Al igual que en Venezuela, Estados Unidos no parece muy partidario de intervenciones que impliquen un cambio de régimen. La sombra de Irak, Afganistán y Libia sigue siendo muy alargada para Trump, y sus votantes no quieren oír hablar de nuevas aventuras que supongan un gasto extra para el tesoro americano.

Tampoco se prevé una alternativa basada en el Shah, ya que una parte de la población nunca ha vivido fuera del paraguas de los ayatolás y la otra todavía recuerda que episodios como la masacre de plaza Jaleh o el incendio del Cinema Rex fueron la alfombra para la llegada de Jomeinei.

Los dos escenarios más probables son el colapso del régimen o un escenario a la venezolana. El colapso se traduciría en un empecinamiento en la represión y en el empeoramiento de los problemas económicos del país. Si estos dos elementos se mantienen, podríamos ver colapsar la República Islámica de Irán y extender el caos por todo Oriente Medio.

El otro escenario implicaría un pacto con sectores pragmáticos del régimen, que permitiría a Estados Unidos acceder a las reservas de petróleo a cambio de una relajación de las sanciones. Si esto ocurriera, podría llegar una mejora en el nivel de vida de los iraníes lo que, en el fondo, apuntalaría el régimen.

En todo caso, habrá que ver el interés de un Estados Unidos gobernado por alguien que cambia de prioridades cada 24 horas.

Al igual que ocurrió en 1979, Irán necesita un cambio y ese cambio debe suponer una mejora en las condiciones de vida de los iraníes, tanto en lo político como en lo económico.

Hay un proverbio persa que dice “quien conoce la salida, no se pierde en el laberinto”. El problema de Irán es que nadie parece conocer la salida, lo que condena a la población a estar en el laberinto.

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Alberto Priego no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Irán en su laberinto: conceptos básicos para entender el descontento de la población y el origen de las protestas – https://theconversation.com/iran-en-su-laberinto-conceptos-basicos-para-entender-el-descontento-de-la-poblacion-y-el-origen-de-las-protestas-273874

Ce que les consultations citoyennes et le jet de soupe sur « la Joconde » ont en commun

Source: The Conversation – France in French (3) – By Chiara Armeni, Professeure de droit de l’environnement, Université Libre de Bruxelles (ULB)

Les manifestations et actions de désobéissance civile pour le climat sont de plus en plus réprimées, et souvent perçues comme incompatibles avec les consultations publiques, le mode classique de participation aux décisions environnementales. Pourtant, les deux relèvent du même édifice juridique environnemental.


Au cours des dernières années, les manifestations exigeant – souvent de façon créative – que les États et les entreprises agissent contre le changement climatique se sont multipliées dans de nombreux pays européens, suscitant souvent une forte répression.

À première vue, il n’y a pas nécessairement de lien direct entre, d’une part, ces actions de protestation et, d’autre part, la pratique moins médiatisée, plus routinière – et certainement moins risquée – de la consultation publique sur des sujets tels que la mise en place d’un parc d’énergie renouvelable ou la destruction d’un espace vert local. Et pourtant, ces consultations publiques, les manifestations et la désobéissance civile sont plus liées qu’on pourrait le croire. De fait, les unes comme les autres font partie du même édifice juridique environnemental.

La participation publique aux questions environnementales, un salon parisien du XVIIIᵉ siècle

Dans notre dernier article, nous explorons les liens entre consultation, protestation et désobéissance civile en matière environnementale. Nous suggérons que la participation politique se constitue comme un continuum de trois pratiques interdépendantes : la participation à des processus juridiques formels, tels que les consultations publiques sur les décisions d’aménagement du territoire (concernant des projets très divers, ayant trait aussi bien à l’énergie renouvelable qu’au logement ou au traitement des déchets) ; les manifestations de rue, telles que les marches « Friday for Future » ; et les pratiques de désobéissance civile conçues pour maximiser les perturbations ou attirer l’attention en enfreignant les règles, telles que les barrages routiers des militants pour le climat ou la dégradation du verre protégeant le tableau le plus célèbre du monde.

Ces trois types d’activités coexistent dans l’espace civique, c’est-à-dire « la couche entre l’État, les entreprises et la famille dans laquelle les citoyens s’organisent, débattent et agissent ». Et lorsque les organisations, les débats et les actions concernent l’environnement, notre espace civique devient un espace civique environnemental.

Nous pouvons appréhender la participation comme un salon parisien du XVIIIe siècle, caractérisé par une enfilade, « une succession de pièces dont les portes sont alignées le long d’un axe où [« l »]es invités découvraient une série d’espaces soigneusement aménagés par les propriétaires et conçus comme une composition en plusieurs mouvements ».

À l’instar d’un salon parisien, les différentes formes de participation au sein de l’espace civique environnemental sont reliées au sein d’un même espace, mais les différentes pièces ont des caractéristiques juridiques et des implications différentes pour les visiteurs.

Les trois salles de participation et le rôle du droit

S’appuyant sur les travaux de Brian Wynne relatifs à la participation « invitée » et « non invitée » et les développant, nos trois salles de participation comprennent la participation invitée, la participation non invitée et – ajoutons-nous – la participation interdite.

Les citoyens peuvent être invités dans une salle ; ils peuvent explorer légalement une autre salle sans invitation formelle ; et ils peuvent décider d’entrer illégalement dans la salle suivante, même si l’entrée leur est interdite.

Dans la première salle, les citoyens sont invités à participer, exerçant pleinement leur droit de débattre et d’exprimer leurs opinions sur une décision. Ce droit est juridiquement protégé, conformément notamment à la Convention d’Aarhus (1998), un traité international clé qui protège l’accès des citoyens et des ONG à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement. L’Union européenne et ses États membres, ainsi que le Royaume-Uni, sont parties à la Convention d’Aarhus et sont donc légalement tenus à s’y conformer. La participation au sein de cette chambre peut consister à être consultés (« invités ») sur une décision relative à une activité spécifique (par exemple, l’octroi d’un permis d’environnement pour l’extension d’un aéroport, ou sur un plan, un programme ou une politique en matière environnementale, notamment en ce qui concerne les activités pouvant être autorisées dans une certaine zone).

Les citoyens ne sont pas expressément invités à entrer dans la deuxième pièce de l’enfilade, mais le droit protège la participation non invitée – à savoir, en l’occurrence, la protestation – en tant qu’exercice légitime des droits humains, en particulier les droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique protégés par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme ; ainsi que par d’autres accords internationaux.

La troisième salle est fermée par le droit, qui interdit certaines formes de participation, rendant les manifestations illégales et les actions civiles désobéissantes. On y retrouve un éventail de pratiques allant de l’organisation de manifestations spontanées, non déclarées à l’avance, devant des lieux de prise de décision politique pour protester contre le report et le détricotage d’une loi environnementale (comme la loi européenne contre la déforestation), jusqu’à des actions spectaculaires de désobéissance civile telles que l’interruption d’une étape du Tour de France ou le jet de soupe sur la Joconde.

Le continuum de la participation en Europe

En tant que spécialistes du droit de l’environnement, nous avons travaillé ensemble et séparément pendant plusieurs années, principalement sur la participation sur invitation, sur ce qui se passe dans la première salle. Même si cela ne se traduisait pas toujours par une véritable inclusion, la valeur de la participation du public dans la prise de décision environnementale était plus ou moins admise, et il n’était certainement pas nécessaire de défendre la prise de décision démocratique à partir des principes fondamentaux.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les droits et les protections procédurales nécessaires à la participation sur invitation sont remis en cause par des mouvements populistes situés aux deux extrémités du spectre politique qui pensent déjà connaître la bonne réponse : d’un côté, ceux qui contestent l’existence ou la gravité du changement climatique, de l’autre, le populisme climatique qui estime que l’urgence climatique justifie de s’affranchir des temporalités et des procédures démocratiques.

En même temps, l’urgence de nos diverses crises environnementales peut détourner les anciens partisans de la participation citoyenne vers des processus dirigés par des experts qui voient les réponses dans des solutions techniques plutôt que dans le débat démocratique. Prise entre les populistes et les technocrates, la valeur de l’engagement citoyen – des décisions mieux informés et plus solides sur le plan politique – est oubliée.

L’espace réservé à la participation invitée, ouvert à tous et à toutes les opinions, est de moins en moins bien entretenu et protégé. Mais le salon de l’espace civique va au-delà de ces occasions ordinaires, bien qu’importantes, pour les citoyens de s’engager auprès du pouvoir.

Nos recherches ouvrent les portes de l’enfilade et explorent le continuum entre la participation invitée, non invitée et interdite à travers l’Europe. Nous examinons le rôle joué par le droit (par exemple le droit environnemental, public, routier, pénal) dans la détermination de la possibilité pour les citoyens d’entrer dans l’une des salles de participation et de quelle manière. Nous avons constaté, conformément aux signaux d’alarme internationaux et européens, que l’évolution des règles juridiques qui façonne l’espace civique environnemental en Europe démontre une « tendance répressive » croissante.

Cette répression se manifeste par une combinaison de réformes législatives qui criminalisent les pratiques des manifestants, telles que les barrages routiers ou le verrouillage (« lock-in »), ainsi que par un durcissement des pratiques policières, judiciaires et pénales, telles que le recours accru à la force, augmentation des arrestations et alourdissement des peines.

Ces réformes sont accompagnées par une multitude d’autres pratiques intimidantes allant des poursuites stratégiques des grandes compagnies pétrolières contre les ONG environnementales, comme dans le cas de Energy Transfer contre Greenpeace (souvent appelées « poursuites-bâillons ») à la surveillance des manifestants.

La répression pousse les citoyens vers la troisième salle. Ici, le droit punit très sévèrement ceux qui ont réussi à y entrer et à exprimer leur désaccord, comme les condamnations à des peines d’emprisonnement inédites pour les activistes de Just Stop Oil au Royaume-Uni. Le droit restreint simultanément la portée de la participation invitée, interdit ce qui était auparavant non invité mais légal, et augmente le coût personnel de la désobéissance civile interdite (mais pacifique).

Toute la maison compte

Nous ne sommes pas les premières à affirmer que la consultation des citoyens et les manifestations de rue peuvent constituer une forme de participation politique, ou que l’espace public se réduit dans toute l’Europe.

Nous sommes convaincues que l’espace civique se trouve dans la routine quotidienne et banale qui consiste à s’adresser au pouvoir, ainsi que dans des moments clés telles que les élections. Et qu’il se trouve aussi dans la théâtralité des pratiques de protestation, même si elles sont criminalisées, ainsi que dans les institutions sobres de la délibération démocratique, comme la Convention citoyenne pour le climat en France. Mais la tendance transnationale à limiter simultanément ces approches très différentes de la participation politique souligne la profondeur du rétrécissement de l’espace public environnemental.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

ref. Ce que les consultations citoyennes et le jet de soupe sur « la Joconde » ont en commun – https://theconversation.com/ce-que-les-consultations-citoyennes-et-le-jet-de-soupe-sur-la-joconde-ont-en-commun-272203

Qu’est-ce qui remplit les salles de concerts ? La nostalgie, pardi !

Source: The Conversation – France (in French) – By Joan Le Goff, Professeur des universités en sciences de gestion, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Le spectacle « One night of Queen » vise à faire revivre au public le mythique concert de Queen à Wembley, en 1986. Youtube/capture d’écran.

Sur les scènes françaises, les tournées « best of » ou les « tribute bands » occupent le terrain, remplissent les salles et structurent un véritable marché de la « nostalgie live ». Portés par une demande de réconfort émotionnel et de communion mémorielle, ces spectacles du passé remixés au présent interrogent. Comment comprendre un tel engouement pour ces pastiches et jusqu’où cette économie de la copie peut-elle prospérer sans trop étouffer la création ?


Une semaine ordinaire en France permet d’aller voir « One Night of Queen » (le plus célèbre tribute band de Queen) le 20 janvier à Paris, « Covertramp » (hommage à Supertramp), le 24 janvier à Reims et « Cloudbusting » (tribute à Kate Bush) le même jour à Paris. D’autres préféreront « Génération Céline » (Céline Dion) à Aix-en-Provence, le 21 janvier, « Balavoine, ma bataille » à Nantes (23 janvier) ou « Soul Cages Trio » (un hommage jazzy à Sting), le 28 janvier à Paris. Il y en a pour tous les goûts ! Le défilé de ces groupes qui rendent hommage à un artiste est ininterrompu sur les scènes françaises et les salles ne désemplissent pas.

Notre recherche sur cette tendance nostalgique du spectacle vivant a conduit à distinguer trois registres différents, tout aussi couronnés de succès.

D’abord, les tournées « best of » où les artistes rejouent leur propre catalogue : les Rolling Stones (tournée Sixty, 2022) enchaînent 14 concerts en Europe devant plus de 750 000 spectateurs pour environ 120 millions de dollars (102,2 millions d’euros) de revenus, complétés par un merchandising intensif qui donne lieu, en moyenne, à deux achats à 40 euros par spectateur. La célébration d’albums iconiques renforce le mécanisme à l’image de U2 et de son LP emblématique The Joshua Tree avec ses 2,7 millions de spectateurs sur une cinquantaine de dates. En France, les chiffres illustrent la robustesse et le caractère massif de cette demande, qu’incarne par exemple Étienne Daho porté par ses 50 concerts pour environ 300 000 billets vendus. Dans cet ensemble, on peut inclure des groupes qui persévèrent à jouer leur catalogue et à se produire sur scène, alors même qu’aucun des membres fondateurs n’est encore présent, à l’instar de Dr Feelgood !

Ensuite, les concerts de reprises réalisés par des artistes déjà identifiés, qui utilisent des standards pour élargir l’audience et sécuriser la billetterie. L’exemple central est la tournée associée à l’album Imposteur de Julien Doré daté de 2024, fondée sur des reprises et présentée comme un succès majeur correspondant à plus de 500 000 billets sur environ 60 dates, dont la majorité vendue avant le lancement.

Poussée à son paroxysme, cette logique mène des artistes à s’approprier non pas quelques chansons, mais tout le répertoire d’un autre, plus connu et suffisamment fédérateur pour remplir des salles. C’est le cas de la chanteuse américaine minimaliste Cat Power qui, en 2022, a sorti un album reprenant un concert entier de Bob Dylan, celui de 1966 à Manchester. Elle ne se contente pas de chanter ses chansons : elle recrée l’ambiance, l’ordre des morceaux, l’intensité de l’époque. C’est une façon de rendre hommage, mais aussi d’augmenter sensiblement son audience personnelle, alors que la carrière de Cat Power connaissait un creux. Le succès est tel que la chanteuse a élargi le répertoire, en se focalisant toujours sur le Dylan première période et les titres qu’il refuse obstinément de jouer sur scène.

Enfin, il apparaît que le phénomène le plus structurant est celui des « groupes hommage » (tribute bands), qui reproduisent le répertoire
– et souvent l’esthétique – d’un groupe mythique. Il met en lumière la professionnalisation des artistes via des tourneurs spécialisés. En France, une entreprise, comme Richard Walter Productions, revendique à elle seule environ 700 000 entrées payantes en 2025 aux hommages à plusieurs artistes ou groupes qualifiés souvent de « mythiques », tels que Queen, ABBA, Pink Floyd, Genesis, etc. Sur ce segment spécifique des tribute bands, le marché mondial était évalué en 2018 entre 500 millions et 750 millions de dollars (soit entre 425 millions et 638,9 millions d’euros) et reste en forte croissance.

Alors que les tournées best of sont appelées à disparaître avec la mise à la retraite inévitable des groupes phares de la fin du XXᵉ siècle et qu’un artiste qui ne fait que des reprises risque d’y perdre son identité, les tribute bands constituent la tendance majeure de l’expression de la nostalgie sur scène.

Une salle, deux ambiances : un atout majeur pour tous les artistes

Le public qui se rend aux concerts de simili-Queen ou de faux Beatles correspond à deux catégories de consommateurs, aux logiques d’achat assez différentes. La première est constituée de fans « historiques », plus âgés et plus aisés, recherchant l’authenticité (musicale, visuelle, narrative) et dépensant davantage en produits dérivés. Les tribute bands qui s’adressent à cette frange fanatique du public font dans le haut de gamme, avec des shows à la qualité musicale très travaillée, aux costumes, décors et effets visuels reproduisant scrupuleusement les spectacles connus des adeptes présents dans la salle.

La seconde est plus orientée « grand public ». Elle est attirée par la dimension festive et intergénérationnelle, et par des prix plus accessibles : des tribute bands proposent des billets autour de 30–40 €, quand certains concerts de stars atteignent des niveaux nettement supérieurs. C’est le cas pour U2 (autour de 300 euros, contre 30 euros pour son cover band 4U2) comme ce le fut pour Beyoncé au Stade de France… avec des places à plus de 600 euros !

L’inflation du prix des places de concert alimente mécaniquement la demande de substituts crédibles. Cela s’est avéré flagrant lors de la reformation du groupe Oasis : le manque de billets et la spéculation à la hausse des enchères (officielles ou non) ont entraîné un report du public vers des groupes comme Definitely Oasis, à moins de 20 livres sterling (23 euros environ) l’entrée.

Si les tarifs des tribute bands augmentent d’environ 15 % lorsque l’artiste original est décédé, il y a aussi des effets d’entraînement avec les artistes toujours en activité : quand l’original repart en tournée, la promotion bénéficie indirectement aux copies tandis que la rareté et la concentration des dates dans les grandes villes laissent des territoires entiers accessibles aux tribute bands, sans cannibaliser frontalement les tournées des stars dont ils s’inspirent.

La nostalgie musicale, un réconfort émotionnel attesté

Pourquoi cette tristesse douce-amère qui se mêle à la quête d’expériences révolues est-elle tant recherchée par les fans qui communient lors de shows passéistes ? L’explication n’est pas seulement économique.

La nostalgie est un mécanisme de réconfort émotionnel, de réduction du stress et de renforcement du sentiment d’appartenance, particulièrement recherché en périodes d’incertitude (crises sanitaires, géopolitiques, climatiques). Ces résultats scientifiques qui attestent des effets positifs du sentiment de nostalgie montrent aussi que la musique s’avère justement le meilleur moyen de générer ces réactions analgésiques et apaisantes.

En outre, le concert nostalgique fonctionne comme une « communion mémorielle » : on y revit une époque, on y transmet (parents/enfants), et l’on y partage une identité culturelle. Cet aspect positif de la nostalgie n’a pas échappé au marketing, qui s’en est largement emparé : packaging rétro, rééditions, retours de marques et d’objets…

La lassitude peut-elle gagner le public ?

Cette exploitation intensive de la nostalgie live n’est pas sans risque. D’une part, si les tribute bands se calquent sur les logiques inflationnistes des concerts originaux, le public acceptera-t-il de payer très cher pour une copie, même (presque) parfaite ? C’est loin d’être acquis et pourtant c’est le mouvement constaté par les professionnels. D’autre part, la saturation est de plus en plus probable. Les gains potentiels attirent de nouveaux entrants, au risque d’une baisse de qualité et d’une fatigue du public. Sans compter qu’une industrie trop centrée sur l’hommage peut freiner la création et la rupture, alors même que la musique est aussi un laboratoire d’innovation.

À l’heure où le numéro 1 des ventes d’album en Angleterre est Wish You Were Here des Pink Floyd, sorti en septembre 1975, la nostalgie musicale live en tant que spectacle vivant innovant apparaît comme un marché robuste, structuré et technologiquement dopé (notamment par les hologrammes et par l’intelligence artificielle). Il est tiré par une demande de réconfort et par des modèles économiques efficaces fondés sur une billetterie et un merchandising habile. Toutefois, sa durabilité dépendra de sa capacité à éviter l’inflation mimétique, la saturation qualitative et le basculement vers une « nostalgie de substitution » qui étoufferait l’émergence des nouveautés.

À moins que le « mashup 100 % live » vienne au contraire réinventer la nostalgie et la marier avec le présent comme le proposent des groupes, comme Analog Society dont le succès récent est tout à fait rafraîchissant.

The Conversation

Pour cette recherche, Joan Le Goff a bénéficié d’un financement du Centre national de la musique.

Marc Bidan a reçu, pour cette recherche, un financement en provenance du centre national de la musique (CNM Lab)

Pour cette recherche, Sylvie Michel a bénéficié d’un financement en provenance du Centre national de la musique.

ref. Qu’est-ce qui remplit les salles de concerts ?
La nostalgie, pardi ! – https://theconversation.com/quest-ce-qui-remplit-les-salles-de-concerts-la-nostalgie-pardi-272744

Les secrets des entreprises japonaises pour embarquer leurs salariés grâce au principe du « ba » (場)

Source: The Conversation – France (in French) – By Mélia Arras-Djabi, Maîtresse de conférences en management et GRH, IAE Paris – Sorbonne Business School

Les nouveaux salariés sont encouragés à apprendre en observant et en imitant leurs aînés. Une expression décrit cette réalité : « Apprendre en regardant le dos des _senpai_. » Metamorworks/Shutterstock

La réussite de l’intégration au Japon n’apparaît dans aucun manuel de gestion en ressources humaines. Tout se joue dans le ba, un espace-temps relationnel où la nouvelle recrue apprend l’implicite, où l’apprentissage se fait au contact direct des équipes dans et en dehors du lieu de travail. Plongée dans les coulisses de cette immersion pas comme les autres.


Dans de nombreuses organisations, le processus d’intégration est structuré par des dispositifs d’onboarding mettant principalement l’accent sur la formation formelle, la transmission explicite des règles du métier et la diffusion d’informations relatives au fonctionnement des différents services.

Cette manière de concevoir l’intégration n’a rien d’évident ni de généralisable. Elle reflète des choix organisationnels et culturels particuliers. Les entreprises japonaises offrent, à cet égard, un contrepoint éclairant, en s’appuyant sur des formes de socialisation plus informelles, relationnelles et situées.

Notre étude récente met en lumière trois caractéristiques clés pour comprendre les pratiques d’intégration japonaises : leur nature tacite, leur déploiement hors situation de travail et leur organisation au plus près des équipes, sans pilotage centralisé. Bien que distinctes, ces pratiques s’articulent autour du ba, cet espace-temps relationnel au sein duquel les nouveaux arrivants apprennent progressivement leur métier à travers les interactions, l’observation et le partage du quotidien.

Le ba (場), l’espace-temps de relations émergentes

Pour une nouvelle recrue dans une entreprise japonaise, s’intégrer ne signifie pas seulement apprendre un poste ou acquérir des compétences. Il s’agit avant tout de trouver sa place au sein d’une équipe, avec ses habitudes, ses relations et ses contraintes propres. Cette manière de concevoir l’intégration repose sur un concept culturel japonais central, le ba (場), défini comme un « espace-temps de relations émergentes ».

Dans l’entreprise, le ba le plus important est le genba (現場), le lieu réel où le travail se fait. C’est là que se construit la compréhension du travail réel et que se transmettent les manières de faire. Le genba est l’unité de base où se déroule la socialisation. Cela explique pourquoi l’intégration au Japon est si décentralisée. Plutôt que de suivre un programme en ressources humaines unique et standardisé, l’intégration se fait au sein de la microculture de l’équipe. Pour une nouvelle recrue, l’objectif est de « se fondre dans le lieu » (genba ni tokekomu).

« Se fondre dans le lieu (littéralement “se dissoudre dans le ba”). […] Se fondre dans l’équipe de travail, oui, et être proactif, je pense que c’est la meilleure façon de progresser », rappelle une manager interviewée.

Cet accent mis sur l’harmonie entre l’individu et le contexte collectif est peut-être la différence la plus fondamentale avec les approches occidentales. Ces dernières tendent davantage à se concentrer sur le rôle, les objectifs et les compétences de l’individu, souvent détachés de son environnement immédiat. Cette forte décentralisation permet un ajustement fin aux réalités locales du travail, mais peut aussi conduire à des expériences d’intégration très contrastées selon les équipes.

« Apprendre en regardant le dos des senpai (先輩) »

Dans les grandes entreprises en Occident, l’apprentissage d’un nouveau poste passe souvent par des formations structurées et une documentation détaillée. A contrario, au cœur de l’approche japonaise se trouve la relation senpai–kohai (senior-junior), où le senpai (先輩), qu’il soit officiellement désigné comme tuteur ou non, sert de repère au quotidien pour le nouveau venu.

L’apprentissage auprès du senpai est avant tout tacite. Les nouvelles recrues sont encouragées à apprendre en observant attentivement et en imitant leurs aînés. Cette philosophie est résumée par l’expression « apprendre en regardant le dos des senpai », ou senpai no senaka wo mite oboeru.

Cette méthode repose sur l’idée d’une appropriation des savoir-faire par immersion et par observation, désignée par l’expression japonaise shigoto wo nusumu – littéralement, « voler le travail ». Ici, le terme « voler » décrit une démarche proactive où le nouvel employé s’approprie les connaissances par l’observation active.

« J’ai appris le travail en le suivant, en regardant comment il (le « senpai ») faisait », témoigne un salarié qualité junior.

Cette approche repose sur l’idée que les savoirs du métier sont indissociables des situations de travail ; ils se construisent par l’immersion, l’observation et l’ajustement progressif au contexte, plutôt que par une transmission formalisée et détachée de l’activité. Si ce mode d’apprentissage favorise une compréhension fine du travail réel, il rend l’intégration dépendante de la qualité des relations et de la stabilité dans l’équipe, ainsi que de la disponibilité des senpai.

Se connaître en dehors du bureau

Les relations professionnelles prennent une dimension quasi institutionnelle au Japon avec la pratique de « nomunication ». Ce mot-valise, combinant le verbe japonais nomu (boire) et le mot anglais communication, désigne les réunions informelles autour d’un verre, appelées nomi-kai.

Ces réunions ne sont pas de simples sorties entre collègues, elles jouent un rôle important dans l’intégration, en permettant de construire une confiance mutuelle et une compréhension partagée des non-dits, indispensables dans une culture où la communication s’appuie sur l’implicite plutôt que sur des échanges explicites.

Dans ces contextes détendus, les barrières hiérarchiques et formelles s’abaissent. C’est l’occasion de construire des relations plus profondes, de comprendre l’histoire non officielle du service et, pour les kohai (le junior), de faire part des éventuelles difficultés qu’ils rencontrent.

« On parle de “nomunication”. On sympathise en parlant de tout et de rien en mangeant ; on développe de bonnes relations, et puis ça facilite le travail », rappelle une chargée de publicité senior interviewée.

Ces formes de sociabilité professionnelle témoignent d’une porosité historiquement marquée entre sphère professionnelle et sphère personnelle dans de nombreuses organisations japonaises.

Comprendre le contexte institutionnel japonais et ses évolutions

Les pratiques d’intégration observées dans les entreprises japonaises s’inscrivent dans un cadre institutionnel spécifique et… en évolution. La formation initiale des Japonais et Japonaises y est largement généraliste, et le lien entre diplôme et poste occupé reste relativement faible.




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Le modèle d’emploi de longue durée, longtemps dominant, a favorisé des carrières internes marquées par la mobilité et la polyvalence, plutôt que par une spécialisation immédiate. L’intégration n’est alors pas pensée comme une étape brève, mais comme un processus progressif, étalé dans le temps, au plus près du terrain.

Des enquêtes indiquent une évolution des attentes des travailleurs en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, pouvant venir entraver les pratiques de socialisation hors travail.

Repenser l’intégration au-delà des manuels

Selon le modèle japonais, intégrer durablement un nouveau collaborateur, c’est avant tout lui faire une place au sein d’un « nous ». Même évolutive, cette vision japonaise invite à interroger nos propres standards d’intégration.

Aller au-delà du « kit d’accueil »

L’intégration ne se joue pas seulement au niveau du siège, des modules en e-learning ou des journées d’onboarding. Elle dépend fortement de ce qui se passe dans l’équipe, dans le quotidien du travail, dans la manière dont on montre et laisse découvrir les coulisses du métier.

Reconnaître le rôle clé des situations informelles

Les moments informels jouent un rôle décisif sur le fonctionnement des collectifs, la prise de décision et la transmission des savoirs et savoir-faire clés. La question n’est pas de les multiplier à tout prix, mais de les penser comme des espaces de socialisation à part entière.

Travailler l’implicite

L’étude rappelle que beaucoup de règles du jeu sont implicites. Une bonne socialisation suppose, sinon de rendre explicite ces attendus, d’inviter des tuteurs/mentors à acculturer les nouvelles recrues à cette part invisible des kits d’intégration et des modules de formation formels.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

ref. Les secrets des entreprises japonaises pour embarquer leurs salariés grâce au principe du « ba » (場) – https://theconversation.com/les-secrets-des-entreprises-japonaises-pour-embarquer-leurs-salaries-grace-au-principe-du-ba-272521

DNA evidence: A double-edged sword that can actually deny justice for some wrongfully accused

Source: The Conversation – Canada – By Kent Roach, Professor of Law, University of Toronto

Jon-Adrian (JJ) Velazquez, a New York man who spent half his life in prison for a crime he didn’t commit, recently sued New York City and its police for US$100 million for his wrongful murder conviction. Velazquez may be known by film buffs for his role in the Oscar-nominated film Sing Sing.

Velazquez may be entitled to millions in compensation if he can prove his factual innocence, typically through DNA evidence at the crime scene. Alas, such evidence is often not available.

The United States has paid almost US$4 billion in damages and settlements to 901 people who have been exonerated of crimes since 1989. This history of wrongful convictions is a warped form of American exceptionalism that I document in my new book Justice for Some: A Comparative Examination of Miscarriages of Justice and Wrongful Convictions .

Proving innocence

Proven factual innocence is a powerful, populist idea. It’s easier to understand and more widely accepted than concepts such as miscarriages of justice, conviction safety or judicial error, which are used to address wrongful convictions in many other countries, including England, Canada and countries in continental Europe.

These more generous approaches used outside the United States better respect the fundamental principle of giving people the benefit of reasonable doubt about their guilt.

It’s very difficult to prove factual innocence. In 2016, a New York court held that Velazquez had failed to prove his innocence despite many weaknesses in the case that led to his 2000 murder conviction.

By 2016, two eyewitness who identifed Velazquez as the person who killed a retired New York police officer had recanted. Some witnesses had initially identified the perpetrator as a Black man with long braided hair; Velazquez is Hispanic and had very short hair. Some said the perpetrator used his right hand to shoot the victim; Velazquez is left-handed.

Consistent with the popular appeal of proven factual innocence, Velazquez was freed in 2021 not by the courts but by New York Gov. Andrew Cuomo, with President Joe Biden apologizing to him the following year. They were responding to investigative reporting and new DNA testing that excluded Velazquez from a betting slip that the killer touched.

The fact that politicians who may have been hoping for re-election were ahead of the American courts in exonerating Velazquez reveals a lot about the decline of the rule of law in the United States.

DNA exonerations

Prominent American lawyers Peter Neufeld and Barry Scheck, the founders of the Innocence Project, argued 26 years ago that DNA exonerations were largely a matter of luck. They predicted in a 2000 book that DNA exonerations would eventually dry up as police only use DNA testing in the small minority of crimes where the perpetrator leaves biological evidence at the crime scene.

Scheck and Neufeld may have been overly optimistic about the competence of American police and prosecutors in their book. Post-conviction, DNA-based exonerations, like Velazquez’s, continue to this day.

DNA is a double-edged sword: it offers compelling evidence of innocence while simultaneously raising the threshold for overturning wrongful convictions. In the U.S., the wrongfully convicted are often expected to prove their innocence through DNA, even though many crimes leave no biological evidence and existing samples are frequently mishandled or unavailable. DNA, in short, serves only a fraction of those wrongfully convicted.

Mass imprisonment in China and the U.S.

The country most closely resembling the U.S. in its insistence on proof of factual innocence is the People’s Republic of China.

Like the U.S., China typically remedies miscarriages of justice only after multiple court proceedings. Intervention by politicians also plays a critical role in obtaining justice for the wrongfully convicted, as it did in the Velazquez case. China has also begun providing more generous compensation to those who can prove their factual innocence.

In both countries, generous compensation for the few who can prove factual innocence risks legitimizing unjust systems that harshly punish the many, including those with wrongful convictions but no meaningful path to justice.

American legal reformers have proposed that a right to claim factual innocence should be added to international law. I argue in Justice for Some, however, that proof of factual innocence would have regressive implications in many other parts of the world that correct miscarriages of justice without such onerous proof. In short, factual innocence would provide justice for fewer people.




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Factual innocence spreads to England

Countries other than the U.S. and China are not immune from the populist appeal of factual innocence.

Since 2014, England has required proven innocence for compensation. This has drastically reduced compensation payments. It’s even resulted in the denial of compensation to people like Velazquez who have been exonerated by DNA.

Victor Nealon spent 17 years in a British prison after being convicted of attempted rape. His lawyers eventually discovered an unknown person’s DNA on clothing that had not been disclosed by investigators, and his conviction was quashed.

Nealon took his compensation claim to the European Court of Human Rights. It ruled in a divided decision that states can require proven innocence without breaching the presumption of innocence. In essence, this allows the wrongfully accused to be denied compensation without regard to the fundamental legal principle that people are presumed innocent until proven guilty. Factual innocence requirements can spread from compensation to appeals from convictions.




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Those who can prove their innocence deserve justice — but justice should not be limited to them alone. Proven innocence rations justice too narrowly.

It may be the best that mass-incarceration societies like the U.S. and China have to offer. But even though factual innocence is popular and easy to grasp, applying this standard broadly across liberal democracies would likely have regressive effects.

The Conversation

Kent Roach is affiliated with the Canadian Registry of Wrongful Conviction. His book received funding to assist in it being published in open access from the Jackman School of Law at the University of Toronto.

ref. DNA evidence: A double-edged sword that can actually deny justice for some wrongfully accused – https://theconversation.com/dna-evidence-a-double-edged-sword-that-can-actually-deny-justice-for-some-wrongfully-accused-273788