Vivir rodeado de caras desconocidas: qué es la prosopagnosia

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Oliver Serrano León, Director y profesor del Máster de Psicología General Sanitaria, Universidad Europea

Stokkete/Shutterstock

Reconocer un rostro es una de las habilidades más automáticas y socialmente relevantes del ser humano. Lo hacemos sin esfuerzo consciente: identificamos a familiares, amistades y colegas incluso cuando cambian la iluminación, la edad o la expresión emocional. Sin embargo, para algunas personas este proceso falla de forma sistemática. Ven perfectamente una cara, distinguen ojos, nariz y boca, pero no saben a quién pertenece. Este trastorno se conoce como “prosopagnosia”.

La prosopagnosia (“incapacidad para reconocer rostros”) es un tipo específico de agnosia visual en la que el problema no está en la visión ni en la memoria general, sino en el reconocimiento facial. Las personas que la presentan no han olvidado a quienes les rodean ni tienen dificultades intelectuales. Lo que falla es el acceso automático a la identidad a partir del rostro.

Esta disociación ha convertido a la prosopagnosia en un modelo clave para estudiar cómo el cerebro construye el reconocimiento social.

Ver una cara no es reconocer a una persona

Desde la neurociencia cognitiva sabemos que el reconocimiento facial no es una extensión del reconocimiento de objetos. Existen sistemas cerebrales especializados en procesar rostros, distintos de los que se activan al identificar otros estímulos visuales.

Uno de los hallazgos más influyentes en este campo fue la identificación en el cerebro, a finales de los años 90 del siglo pasado, de la llamada “área fusiforme de las caras”. Se trata de una región que responde de forma selectiva a los rostros humanos.

Investigaciones posteriores demostraron que el reconocimiento de caras no depende de un único centro, sino de una red distribuida que integra información perceptiva, emocional y biográfica. Este modelo explica por qué una lesión en puntos concretos de esa red puede afectar de manera muy específica al reconocimiento facial sin alterar otras capacidades visuales.

En la prosopagnosia el rostro se percibe correctamente, pero no activa la sensación de familiaridad ni la identidad personal. La cara está ahí, pero la persona no aparece.

¿Adquirida tras una lesión o presente desde el nacimiento?

Desde el punto de vista clínico se distinguen dos grandes formas de prosopagnosia.

  • La modalidad adquirida aparece tras una lesión cerebral, como un ictus, un traumatismo craneoencefálico o una infección del sistema nervioso central. En estos casos, la persona pierde una habilidad previamente intacta. Los estudios clínicos sobre este tipo de prosopagnosia muestran que las lesiones en regiones occipitotemporales, especialmente del hemisferio derecho, son críticas para este déficit.

  • La prosopagnosia del desarrollo, en cambio, está presente desde la infancia y no se asocia a una lesión cerebral identificable. Se ha descrito este trastorno como un déficit específico y estable del procesamiento facial, que puede aparecer en personas con inteligencia normal y visión intacta. Las estimaciones muestran que se trata de un trastorno bastante raro. Estudios sobre la prevalencia de la prosopagnosia hereditaria no sindrómica han sugerido que alrededor del 2 % de la población podría presentar formas del trastorno, pero que muchas personas viven con esta dificultad sin un diagnóstico formal.

Consecuencias sociales y emocionales

El impacto de la prosopagnosia va más allá de la percepción visual. El reconocimiento facial cumple una función central en la interacción social. Su alteración puede generar malentendidos y ansiedad social hasta el punto de evitar situaciones interpersonales.

Estudios centrados en la experiencia subjetiva de las personas con prosopagnosia documentan consecuencias emocionales y sociales significativas. Estas no se explican por problemas de personalidad ni por falta de habilidades sociales, sino por la imposibilidad de reconocer a los demás de forma automática.

Para adaptarse, muchas personas desarrollan estrategias compensatorias. Por ejemplo, apoyarse en la voz, el contexto, la ropa y la forma de moverse.

Estas estrategias han sido analizadas en estudios sobre cómo se vive cotidianamente con prosopagnosia. Gracias a ellas es posible funcionar socialmente, aunque con un coste cognitivo y emocional añadido.

Lecciones sobre el cerebro

Desde un punto de vista teórico, la prosopagnosia ha sido fundamental para comprender cómo el cerebro organiza el reconocimiento de las caras.

Este trastorno demuestra que reconocer a una persona no es una función unitaria, sino el resultado de la interacción entre sistemas perceptivos especializados y mecanismos de acceso al significado.

Esa idea se enmarca en el conocimiento más amplio sobre las agnosias visuales, que muestra cómo el cerebro puede perder el acceso al significado sin que la percepción básica esté dañada.

La prosopagnosia es uno de los ejemplos más claros y mejor documentados de esta disociación.

Comprender para no juzgar

No existe un tratamiento curativo específico para la prosopagnosia, pero la psicoeducación y el reconocimiento del trastorno reducen significativamente su impacto. Comprender qué es evita interpretaciones erróneas, como atribuir el problema al desinterés o a la falta de atención. Además, favorece entornos más comprensivos en el ámbito educativo, laboral y social.

En última instancia, la prosopagnosia nos recuerda algo esencial: ver no es reconocer. Reconocer a los demás depende de una compleja arquitectura cerebral que solemos dar por sentada. Cuando falla, no desaparecen las personas, pero sí el acceso inmediato a quienes son. Entenderlo nos ayuda a comprender mejor no solo este trastorno, sino cómo el cerebro construye la vida social.

The Conversation

Oliver Serrano León no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Vivir rodeado de caras desconocidas: qué es la prosopagnosia – https://theconversation.com/vivir-rodeado-de-caras-desconocidas-que-es-la-prosopagnosia-275183

Guía práctica de ahorro e inversión para jóvenes profesionales

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Gustavo Porporato Daher, Profesor de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad Autónoma de Madrid

MaxZolotukhin/Shutterstock

Tradicionalmente, las familias han optado por depósitos a plazo fijo y la compra de vivienda como métodos principales de ahorro. Sin embargo, la combinación de bajos intereses y los elevados precios de la vivienda dificulta hoy día la creación de patrimonio, especialmente para los jóvenes profesionales, quienes deben reconsiderar sus planes financieros. Este artículo brinda una guía práctica para comprender los conceptos clave sobre inversión y comportamiento financiero, establecer estrategias de ahorro sostenibles y elegir alternativas accesibles para invertir con montos reducidos.

Ahorro frente a inversión y el ciclo vital

Para un joven profesional la primera decisión no es qué activo comprar, sino para qué y cuándo va a necesitar el dinero ahorrado. El ahorro busca estabilidad y disponibilidad del dinero, mientras que la inversión pretende alcanzar crecimiento, lo cual implica asumir riesgos y soportar volatilidades. Definir el horizonte temporal (corto, medio o largo plazo) y la tolerancia al riesgo reducen las decisiones impulsivas y los errores típicos de principiante.

La teoría del ciclo vital, enunciada en 1963 por los economistas italianos Albert Ando y Franco Modigliani, sostiene que las personas tienden a distribuir consumo y ahorro a lo largo de su vida: se ahorra más cuando aumenta la renta laboral y se consume en etapas posteriores.

El pensamiento práctico que los jóvenes pueden aplicar es que, siempre que la liquidez de corto plazo esté cubierta, un horizonte largo permite asumir más riesgo diversificado. Así, podrán beneficiarse del crecimiento acumulado de las inversiones realizadas, teniendo en cuenta el concepto de interés compuesto.

Un error común es creer que invertir equivale a encontrar la oportunidad que nadie más ve. La evidencia académica sobre la eficiencia de los mercados sugiere que, incluso para los profesionales, es difícil ganarle consistentemente al mercado. Por ello, la estrategia del inversor joven debe centrarse sobre todo en los costes.

Estrategias de ahorro: primero estabilidad, luego rentabilidad

El ahorro de las familias y de los jóvenes presentan rasgos de fragilidad financiera: una parte relevante de los hogares no puede cubrir un shock o una crisis moderada de liquidez a corto plazo. Para los jóvenes, esto se traduce en una regla operativa: antes de invertir agresivamente es recomendable construir un colchón de liquidez que reduzca la probabilidad de endeudamiento con altos costes o la venta forzada de activos durante las caídas de mercado.

La decisión de ahorrar está definida por los objetivos establecidos y está sujeta a la fuerza de voluntad de los jóvenes. Las prácticas de ahorro suelen fallar por sesgos de conducta (presente frente a futuro, procrastinación, exceso de confianza…). Los enfoques conductuales proponen mecanismos de compromiso que aumentan las tasas de ahorro sin demandar una motivación constante. Por ejemplo, aumentar la cantidad ahorrada cuando sube el salario o se reciben ingresos extras, o automatizar las aportaciones mensuales.




Leer más:
Ahorro e inversión ‘con cabeza’ en cada momento de la vida


Más allá de la automatización, existen otras herramientas que ayudan a cumplir los objetivos de ahorro autoimpuestos: tener cuentas diferenciadas, fijar penalizaciones personales, hacer públicos los objetivos de ahorro, etc. La idea para los jóvenes es diseñar un sistema que reduzca la tentación de no ahorrar cada mes en lugar de diseñar un sistema perfecto.

Invertir sin adivinar

Muchos jóvenes suelen optar por gestionar personalmente sus inversiones para intentar identificar las alternativas más rentables, a pesar de su limitada capacidad financiera para asumir errores. Además, la gestión activa tiene su coste: los inversores afrontan elevados gastos en comisiones y transacciones al intentar superar el rendimiento del mercado. Por ello, la gestión pasiva, mediante el uso de productos de inversión indexados de bajo coste, que replican el comportamiento de un índice bursátil determinado, es una alternativa adecuada para quienes se inician en el ámbito de la inversión.

En cualquier caso, se debe invertir de forma disciplinada y diversificada, más como una carrera de fondo que como un sprint, evitando la rotación constante de los valores en cartera.

Para concluir

En resumen, es factible iniciar inversiones con un capital limitado si se otorga prioridad a la liquidez, la disciplina, la diversificación y la gestión eficiente de los costes. Para los jóvenes, el enfoque debe centrarse en la construcción de un sistema sólido que les permita:

  • Comprender conceptos clave como horizonte temporal, gestión del riesgo y establecimiento de expectativas.

  • Garantizar la estabilidad financiera a través del ahorro constante y la constitución de un fondo de emergencia.

  • Invertir sistemáticamente en alternativas diversificadas y de bajo coste, evitando cambios impulsivos en la cartera.

Con recursos iniciales reducidos, los principales factores diferenciadores son el aprovechamiento del tiempo, la optimización de los costes y la adecuada gestión del comportamiento financiero.

The Conversation

Gustavo Porporato Daher no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Guía práctica de ahorro e inversión para jóvenes profesionales – https://theconversation.com/guia-practica-de-ahorro-e-inversion-para-jovenes-profesionales-274232

Ni estudian ni trabajan: por qué este fenómeno es más complejo de lo que pensamos

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Gabriel Lozano Reina, Profesor del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas, Universidad de Murcia

Durante la última década, el término nini (jóvenes que ni estudian, ni trabajan) se ha instalado en el debate público para describir una de las situaciones más preocupantes de las sociedades actuales. En 2023, más de 280 millones de jóvenes en el mundo se encontraban en esta situación, según la Organización Internacional del Trabajo.

En Europa, aunque las cifras varían mucho entre países y regiones, el fenómeno afecta a millones de jóvenes, con especial intensidad en aquellos territorios que combinan mercados laborales frágiles y sistemas educativos poco conectados con el empleo.

A menudo, el debate público presenta a estos jóvenes como desmotivados, poco esforzados o responsables de su propia exclusión. Sin embargo, la evidencia a la que llega nuestro estudio muestra una realidad mucho más compleja. Lejos de tratarse de una decisión puramente individual, el fenómeno nini es el resultado de una combinación de factores estructurales, familiares e individuales, profundamente condicionados por el territorio en el que se vive. Esta mirada permite entender por qué políticas centradas únicamente en “activar” a los jóvenes, sin atender a su contexto, suelen fracasar.

Un fenómeno diverso, no un grupo homogéneo

Uno de los principales errores que cometemos al hablar de jóvenes ninis es asumir que forman un grupo homogéneo. Los resultados a los que llegamos muestran que bajo esta etiqueta conviven realidades muy distintas. Algunos jóvenes están desempleados y buscan activamente trabajo. Otros están fuera del mercado laboral porque cuidan de familiares, han perdido la esperanza de encontrar empleo o atraviesan problemas de salud. Y existe también un grupo minoritario que se encuentra fuera del sistema de forma voluntaria y temporal.

Esta heterogeneidad es clave porque implica necesidades, trayectorias y riesgos muy diferentes. No es lo mismo un joven que busca empleo sin éxito durante meses que una joven que abandona el mercado laboral por responsabilidades de cuidado, o que alguien que se retira temporalmente del sistema educativo por falta de recursos.

Esta diversidad es clave para entender por qué muchas políticas públicas no logran los resultados esperados. Tratar a todos los ninis como si compartieran los mismos problemas conduce a intervenciones poco eficaces y, en algunos casos, injustas, al invisibilizar situaciones de vulnerabilidad muy distintas bajo una misma etiqueta estadística.

Factores estructurales: cuando el mercado laboral expulsa

El primer nivel de explicación se encuentra en los factores estructurales (o de nivel macro). Los países y regiones con altas tasas de desempleo juvenil, mercados laborales precarios y transiciones de la educación al empleo más débiles presentan mayores tasas de jóvenes ninis.

Las crisis económicas agravan esta situación. Tras la crisis financiera de 2008 y, más recientemente, durante la pandemia de covid-19, muchos jóvenes quedaron atrapados en trayectorias laborales inestables, encadenando contratos temporales o directamente excluidos del empleo. En este contexto, el problema no es solo la falta de trabajo sino la precariedad: empleos mal pagados, inseguros y con escasas oportunidades de aprendizaje que no facilitan una integración duradera.

Además, el lugar importa. Las regiones rurales o periféricas, con economías poco diversificadas y menor acceso a servicios públicos, concentran mayores riesgos de exclusión juvenil que las áreas metropolitanas, con mercados laborales más dinámicos. Las diferencias territoriales no solo afectan a la disponibilidad de empleo, también a la calidad de las instituciones, al acceso al transporte, a la oferta educativa y a los servicios de apoyo a la juventud.




Leer más:
Formación y empleo para jóvenes: las asignaturas pendientes de las zonas rurales europeas


El papel de la familia, el sistema educativo y el entorno cercano

Un segundo nivel de factores tiene que ver con el entorno familiar, social y educativo. El nivel educativo de los padres, la estabilidad económica del hogar y el acceso a redes de apoyo influyen de manera decisiva en las trayectorias juveniles.

El sistema educativo también desempeña un papel central. El abandono escolar temprano, la escasa conexión entre formación y mercado laboral, o la debilidad de la formación profesional aumentan significativamente el riesgo de convertirse en nini. Por el contrario, los países y regiones con sistemas de formación profesional sólidos y buenas políticas de transición al empleo logran reducir este riesgo. Destaca especialmente la importancia de los programas que combinan formación y experiencia laboral, facilitando una transición menos abrupta entre estudiar y trabajar.

La conciliación es otro elemento clave. Muchas jóvenes, especialmente mujeres, abandonan el empleo o la formación por responsabilidades de cuidado. Allí donde existen servicios de atención infantil accesibles y políticas de apoyo a las familias, la probabilidad de que estas jóvenes queden atrapadas en la inactividad es mucho menor. Esto explica, buena parte de las diferencias de género observadas en las tasas de inactividad entre jóvenes.

Factores individuales: edad, género y educación

A nivel individual existen características que influyen en la probabilidad de convertirse en nini. La probabilidad de quedar atrapado en esta situación aumenta cuando la salida del sistema educativo no va acompañada de mecanismos eficaces de inserción laboral y los jóvenes se enfrentan a mercados caracterizados por la inestabilidad y la precariedad. El género también importa: en muchos países, las mujeres presentan tasas más altas de inactividad debido a los roles tradicionales de cuidado.

Aunque generalmente el nivel educativo de cada persona protege frente a la exclusión, no actúa de forma automática. Los jóvenes con baja cualificación tienen más dificultades para acceder al empleo, pero también existen jóvenes con estudios superiores que permanecen como ninis debido a la sobrecualificación y a la falta de oportunidades acordes a su formación. Este fenómeno cuestiona la idea de que más educación, por sí sola, garantice una integración laboral exitosa.

Por qué el territorio es clave para entender el fenómeno

Uno de los elementos menos visibles en el debate público es el papel del territorio. Nuestro estudio muestra que los factores que explican el fenómeno nini no actúan igual en todos los lugares. Las oportunidades educativas, el tipo de empleo disponible, la calidad de las instituciones y el acceso a servicios públicos varían enormemente entre regiones.

Esto explica por qué dos jóvenes con perfiles similares pueden tener trayectorias muy distintas según vivan en una gran ciudad o en una región periférica. Entender esta dimensión territorial es esencial para diseñar políticas eficaces y evitar soluciones uniformes que ignoran las desigualdades locales. La evidencia sugiere que las políticas más exitosas son aquellas que se adaptan a las condiciones económicas y sociales de cada territorio.

Soluciones poliédricas

La investigación acumulada apunta a una conclusión clara: no existen soluciones simples. Las políticas más eficaces son aquellas que combinan medidas económicas, educativas y sociales, adaptadas al contexto territorial.

Los programas que integran formación, experiencia laboral remunerada, acompañamiento personalizado y apoyo social muestran mejores resultados que las intervenciones aisladas. También resulta clave distinguir entre jóvenes desempleados y jóvenes inactivos, ya que sus necesidades son distintas. Ignorar esta distinción reduce la eficacia de las políticas y refuerza estigmas injustificados.

En definitiva, lejos de ser un problema de actitud individual, el fenómeno nini refleja fallos estructurales en los sistemas educativos, los mercados laborales y las políticas sociales. Comprender esta complejidad es el primer paso para abandonar los estigmas y avanzar hacia respuestas más justas y eficaces.


Una versión de este articulo se publicó en la revista Telos, de la Fundación Telefónica.

The Conversation

Gabriel Lozano Reina recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación (proyecto PID2024-159036NA-I00) y de la Fundación Cajamurcia.

Gregorio Sánchez Marín recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación (proyecto PID2024-159036NA-I00).

ref. Ni estudian ni trabajan: por qué este fenómeno es más complejo de lo que pensamos – https://theconversation.com/ni-estudian-ni-trabajan-por-que-este-fenomeno-es-mas-complejo-de-lo-que-pensamos-274487

En defensa de las clases ‘incómodas’

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Juan-Antonio Moreno-Murcia, Catedrático de Universidad, Universidad Miguel Hernández

Lucas, universitario de segundo curso, entra al aula con el gesto tranquilo de quien espera una clase sin sobresaltos. Se sienta, abre el portátil y aguarda a que la profesora inicie la presentación. Las diapositivas avanzan, la explicación fluye, él toma apuntes, mira el móvil de vez en cuando, mientras alterna la mirada entre el móvil y una pestaña del navegador que no tiene nada que ver con la asignatura. Sale con la sensación de que “así da gusto estudiar”: todo claro, ordenado, sin preguntas incómodas ni necesidad de debatir o resolver problemas.

Días después, en otra asignatura, el escenario cambia. La profesora reparte un caso real, pero esta vez sin solución incluida. “Trabajad en grupos, analizad el problema y proponed una estrategia”, les dice. Lucas frunce el ceño. No hay una única respuesta correcta, hay que leer, discutir, tomar decisiones. El ritmo es más lento y más incómodo. “Esto debería explicarlo la profesora”, piensa. Le cuesta arrancar porque no está acostumbrado a ser quien construye el camino.

Esa incomodidad es, justamente, el punto de partida del verdadero aprendizaje. Aprender no es recibir, es transformar, no es consumir respuestas, sino formular preguntas y justificar decisiones. Las investigaciones en educación superior muestran que, aunque el alumnado siente que aprende más con clases magistrales fluidas, obtiene mejores resultados y retiene mejor cuando participa en actividades dinámicas y exigentes.

Comodidad no es aprendizaje

Como director de un máster de formación del profesorado, año tras año observo que muchos futuros docentes siguen prefiriendo la clase transmisiva de toda la vida. Suelen decir que se sienten “más seguros” cuando el profesor explica y ellos escuchan en silencio, aun cuando reconocen que olvidan gran parte de lo visto poco después del examen. Esa preferencia no es casual: es el reflejo de su propia biografía académica, construida durante años en aulas donde casi nunca se les pidió decidir, debatir o equivocarse en público.

Aquí aparece una confusión peligrosa: se confunde sentirse cómodo con estar aprendiendo. Si la explicación fluye, parece que el conocimiento entra sin esfuerzo; si la dinámica exige pensar, discutir o defender argumentos, aparece la sensación de “no me entero”.

Sin embargo, los estudios que comparan clases tradicionales y metodologías activas muestran que esa sensación engaña: los estudiantes suelen creer que aprenden más con la lección clásica, pero rinden mejor y recuerdan durante más tiempo cuando se les hace trabajar de forma activa con los contenidos.

Es decir, la sensación subjetiva de aprender no siempre coincide con el aprendizaje real. Y si como docentes nos guiamos únicamente por la comodidad del aula, podemos estar reforzando prácticas que tranquilizan, pero no transforman.

Superar la inmediatez

A la resistencia al esfuerzo se suma un factor cultural y tecnológico. Vivimos rodeados de pantallas que ofrecen respuestas inmediatas, contenidos resumidos en segundos y soluciones preelaboradas para casi cualquier duda. El uso cotidiano del móvil, de buscadores o de redes como TikTok ha modelado el hábito de obtener información rápida, fragmentada y sin fricción.

Cuando ese hábito entra en el aula, algunos estudiantes esperan que la experiencia educativa funcione igual: una explicación clara, breve, fácilmente consumible y, a ser posible, sin incertidumbre. Si se les propone leer un caso largo, analizar datos ambiguos o sostener un debate sin una respuesta única, aparece la frustración. Sin embargo, el aprendizaje profundo es, por naturaleza, más lento, más activo y más incómodo que deslizar el dedo por una pantalla. Enseñar hoy también implica ayudar a desaprender esa urgencia por la gratificación inmediata y recuperar el valor de la paciencia intelectual: dedicar tiempo a comprender, no solo a pasar de actividad en actividad.




Leer más:
‘Tecnoestrés’ en la universidad: ser hábil con la tecnología no lo es todo


Mayor exigencia docente

A veces, cuando se introduce una dinámica participativa, se escucha en los pasillos frases como “la clase la damos nosotros” o “el profesor ya no explica”. Se da a entender que, si el alumnado trabaja más, el docente trabaja menos. Ocurre justo lo contrario.

Diseñar actividades retadoras, acompañar procesos, ofrecer retroalimentación útil y evaluar con criterios competenciales requiere más preparación, más pensamiento estratégico y más implicación profesional que repetir una lección ya conocida.

Metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, las simulaciones, las prácticas guiadas o la clase invertida no son atajos ni juegos para “entretener” al alumnado. Son formas de que el estudiante se vea obligado a aplicar, argumentar, decidir y revisar lo que hace. La evidencia disponible indica que, cuando estas estrategias se implementan con rigor, aumentan la motivación, el compromiso y el rendimiento académico, precisamente porque devuelven al estudiante un papel activo en su propio aprendizaje.

Un reto compartido

Nada de esto significa que la exposición clara deje de ser necesaria. Una buena explicación sigue siendo una herramienta valiosa, pero no puede ser la única. Si se quiere formar profesionales capaces de actuar en contextos reales y complejos, no basta con que “se lo sepan”, hace falta que sean capaces de analizar, decidir, cooperar y aprender de sus errores.

El reto es compartido. El profesorado ha de asumir que su tarea es provocar pensamiento con sentido pedagógico. El alumnado, por su parte, ha de aceptar que aprender implica esfuerzo, asumir incertidumbre y tolerar la incomodidad de no tener la respuesta desde el primer minuto. Cuando ambos lo entienden, se abre espacio para una relación educativa más honesta y para resultados más profundos: mayor autonomía, pensamiento crítico y una preparación más realista para el mundo profesional.




Leer más:
¿Cómo lograr que las clases universitarias sean imprescindibles?


Pequeños cambios

Para el profesorado, esto puede empezar con cambios pequeños: pedir al estudiantado que explique un concepto con sus propias palabras, que resuelva un problema en grupo antes de ver la solución o que conecte la teoría con un caso real antes de presentarles el “modelo correcto”. Para el alumnado, el cambio pasa por interpretar la incomodidad no como un fallo del docente, sino como una señal de que se le está sacando de la zona de confort.

Intentar que existan menos brazos cruzados y más cerebros en marcha es asumir que comprender de verdad casi nunca es algo pasivo. Y que el oficio docente, lejos de buscar la comodidad constante, tiene como misión acompañar ese esfuerzo y darle sentido.

The Conversation

Juan-Antonio Moreno-Murcia no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. En defensa de las clases ‘incómodas’ – https://theconversation.com/en-defensa-de-las-clases-incomodas-271862

¿Puede ser injusta la salud digital?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Oriol Yuguero, Médico de Urgencias e Investigador del IRBLLEIDA en el área de Urgencias y Emergencias. Profesor Asociado UOC y ULL, Universitat de Lleida

khunkornStudio/Shutterstock

Imagínese que usted vive en un pueblo del Pirineo de Lleida. La única forma que tiene de conectar con el médico más cercano que pasa visita diariamente en la capital de la comarca es por teléfono o mediante una consulta online. Sin embargo, la centralita del centro de salud está colapsada. Dispone de un móvil que le permite hacer videollamadas con sus familiares pero desconoce cómo conectar con su médico. No le queda otra que coger el coche y desplazarse.

Ahora imagine que usted es una médica especialista en Endocrinología con más de 35 años de experiencia, una excelente profesional que ha mejorado la vida de muchas personas. La digitalización de la historia clínica se ha convertido para ella en un arma de doble filo. Entiende las ventajas de disponer en un momento todo el historial del paciente, pero está tan pendiente de registrar los datos y de revisarlo todo, que ha dejado de atender debidamente a los pacientes.

Siente que se está deshumanizando, lo que la lleva al agotamiento emocional y a sufrir el síndrome de estar quemada (burnout) en las últimas etapas de su vida laboral. Eso le genera ansiedad.

Estos dos ejemplos sirven para ilustrar cómo la digitalización del sistema sanitario tiene elementos que a veces no se muestran de forma clara y transparente. Son innegables sus ventajas: han surgido herramientas de telemonitorización, asistentes diagnósticos, consultas virtuales, acercamiento de profesionales expertos a regiones recónditas…. Pero como todos los desarrollos tecnológicos y científicos del último siglo, siempre hay que prestar atención a sus efectos colaterales. No se trata de frenar este desarrollo, sino de humanizarlo e intentar pensar en sus posibles consecuencias.

¿Y quién se queda atrás en esa carrera digital? Es fácil responder a esa pregunta: los colectivos vulnerables habituales con las nuevas tecnologías se vuelven aún más vulnerables en la mayoría de los casos.

De brechas y sesgos

La brecha digital ha sido descrita en múltiples ocasiones. Por ejemplo, el equipo de salud digital de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar (CAMFIC) ha reivindicado la importancia abordar los determinantes digitales de la salud para garantizar que todas las personas tengan acceso a los beneficios de la tecnología.

Más allá del sedentarismo tecnológico o el miedo al uso de los miles de datos que se generan en el ámbito de salud, la poca capacidad técnica y de conocimientos digitales sigue siendo, hoy por hoy, uno de de los determinantes digitales de salud más prevalentes, como muestra un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud.

Cabe añadir que también nos enfrentamos a una brecha de género, un problema estructural en la medicina tradicional que tiene su equivalente en el ámbito digital. El problema va más allá del acceso a los servicios de salud: los sesgos algorítmicos, derivados de conjuntos de datos de entrenamiento desequilibrados pueden no solo replicar, sino incluso amplificar las desigualdades existentes, tal y como demuestra informe de la UNESCO I’d Blush if I Could.

Si los sistemas de inteligencia artificial se entrenan principalmente con datos de hombres –debido a la infrarrepresentación histórica de las mujeres en la investigación–, sus diagnósticos y recomendaciones de tratamiento pueden ser menos precisos para ellas. Por ejemplo, los síntomas de un infarto o de una enfermedad cerebrovascular pueden ser diferentes en las pacientes femeninas, y un algoritmo no entrenado para reconocerlos podría pasarlos por alto. Así, herramientas diseñadas para ser objetivas podrían acabar perpetuando el “síndrome de Yentl”, según el cual las mujeres reciben menos pruebas diagnósticas y tratamientos oportunos.

Alfabetización digital para pacientes y profesionales

Frente a estos desafíos, la alfabetización digital es una herramienta básica. Dicha alfabetización se define como las habilidades y conocimientos que son fundamentales para el uso de las tecnologías, entendiendo como tales la utilización de internet, aplicaciones informáticas y móviles.

Pero este concepto no es aplicable solo a los ciudadanos, sino también a los profesionales sanitarios. El fenómeno del tecnoestrés está descrito y afecta a aquellos profesionales que a pesar de reconocer la importancia de las nuevas tecnologías en la práctica asistencial, ven cómo se quedan atrás. Y esa sensación de impotencia y de falta de control de la consulta acaba generando estrés, ansiedad y burnout profesional.

Por eso es fundamental promover la formación. La transformación digital no será completa si todos los profesionales no consiguen sentirse cómodos con ella. Hay que tener en cuenta que el cambio de la historia clínica en papel al formato electrónico ha sido rápida e imparable.

Qué es justicia digital

Hablar de justicia en el ámbito de la salud digital consiste en intentar tener esa visión realista y que va más allá de políticas igualitarias o de equidad. No podemos limitarnos a facilitar móviles a todos los ciudadanos para que puedan conectarse. O facilitar dispositivos con teclas grandes. Hay que realizar tareas educativas para que las personas ciudadanos puedan ejercer su autonomía digital con calidad y dignidad.

No es es una cuestión de edadismo. El grupo poblacional de 65 a 75 años ya domina muchas herramientas digitales. Pero en 10 años se prevé una evolución tal que deberemos aprender a marchas forzadas, porque las generaciones más jóvenes también habrán quedado obsoletas. La digitalización debe facilitar un empoderamiento del paciente que le permita gestionar mejor su salud y sus datos relativos con la misma.

En esta evolución constante debe implicarse a los ciudadanos en el diseño de nuevas aplicaciones y plataformas, desde el punto de vista de la bioética. De hecho, hemos propuesto el término ciberbioética para afrontar todos los dilemas éticos vinculados con la salud digital y la inteligencia artificial.

En definitiva, debemos tener claro que la pregunta fundamental no és el qué, el cómo o el porqué, sino el para qué y el para quién.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. ¿Puede ser injusta la salud digital? – https://theconversation.com/puede-ser-injusta-la-salud-digital-266094

Why is violence pathologized for trans people but individualized for cis men?

Source: The Conversation – Canada – By Kimberly A. Williams, Professor of Women’s and Gender Studies, Mount Royal University

When a trans person commits violence, their gender identity is often framed as evidence of the collective threat of transgender people, while the more prevalent pattern of cisgender male-perpetrated violence is attributed to individual factors.

This double standard redirects attention away from masculinity as a driver of violence.

Masculinity refers to the socially produced set of norms that define what being a man requires. In Canada’s settler-colonial culture, these traits include dominance, heterosexual prowess, independence, competitiveness and the suppression of vulnerability. Masculinity is a rules system cis boys encounter early and repeatedly, and that cis men are expected to enact and reinforce.

Far-right influencers, partisan media figures and some politicians routinely blame mass shootings on the transgender community long before any information about the suspect is released, even though fewer than one per cent of mass shooters are transgender.

In the rare cases when a transgender person does commit an act of violence, the perpetrator’s gender identity is treated as the cause of the violence, and trans people are framed as a threat. This dynamic surfaced recently after 18-year-old Jesse Van Rootselaar shot and killed eight people in Tumbler Ridge, B.C., before turning the gun on herself.

Why does one rare act of violence by a trans person quickly become a referendum on all trans people? Yet the well-documented, ongoing violence of cisgender boys and men — who commit the vast majority of violence against women, children, gender-diverse people and each other — prompts little scrutiny of men and masculinity.

Lone wolves and structural invisibility

If we consistently generalized from behaviour to gender, masculinity’s role in violence would be obvious. But it is not. We don’t ask what role cis men’s gender identity plays in their violence. Men’s violence is often explained by individual concepts like the “lone wolf,” personal grievance or mental illness. This holds true across recent history.

Canadian data offers repeated consistently missed opportunities to highlight masculinity as a driver of violence.

The 2019 National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, for example, documented ongoing violence against Indigenous women, girls and Two-Spirit people. The report identified cis men as the majority of perpetrators along with colonialism, racism and institutional failures as the cause of that violence. Yet this did not trigger a moral panic about white settler men.

When Alek Minassian invoked incel ideology before killing 10 people in Toronto in 2018, public debate focused on online radicalization and mental health. Far less attention was paid to the gendered entitlement at the core of that ideology: the belief that men are owed sexual access to women’s bodies. Even when masculinity was named by the perpetrator himself, scrutiny shifted to technology.

A 2022 CBC News Fifth Estate investigation found that since 1989, police have investigated at least 15 alleged group sexual assaults involving men’s junior hockey players. These revelations have sparked debate about consent and hockey culture but no blanket condemnation of men as a category.

Another CBC News analysis recently revealed that more than 600 RCMP officers have been disciplined for gender-based violence since 2014. Settlements have been paid and reforms promised, but the issue has been framed as workplace culture and accountability. Masculinity remains largely unexamined.

The pattern appears consistent: when a member of a marginalized community (such as transgender people) is violent, the entire group becomes suspect. But when members of dominant groups are violent, the violence is normalized or explained away as an exception.

If prevention matters, the questions must change

If violence prevention is the goal, we need different questions. And the pattern, not the exceptions, must guide our analysis.

Just as living under a political system does not make every citizen equally responsible for its injustices, being socialized into masculinity does not make every man violent. But it does mean masculinity operates as a widespread framework that shapes boys’ and men’s responses to shame and rejection, their definitions of worth and the social meaning of power.

Since violence repeatedly comes from white cisgender men, we must ask what that pattern reveals.




Read more:
Let’s call the Nova Scotia mass shooting what it is: White male terrorism


How do boys learn anger, shame and power? What emotional skills are discouraged? How are dominance, aggression and sexual conquest rewarded in teams, fraternities, online spaces and workplaces? What counts as “weakness,” and what are boys taught to do with their vulnerability?

Institutional questions matter too. Who knew about past behaviour? How are complaints handled? What reputational or financial incentives protect insiders? What systems allow men to retain power after repeated misconduct?

These are structural questions, not ones of blame.

Some may contend that cis men’s violence is hardwired, a result of testosterone, evolution or sex-based brain differences. These arguments are not supported by research. And if they were accurate, there should be more consideration of men as a public health hazard.

The call to follow patterns, not exceptions

Cisgender men commit the overwhelming majority of violence, legitimating the examination of masculinity as a cause of that violence.

No comparable pattern exists for trans people. They do not commit violence at disproportionate rates. By contrast, because cis men do, masculinity is part of the pattern, so it must also be part of the analysis.

A call to examine masculinity as a structural factor in cis men’s violence is not an argument that we are facing a “crisis” of masculinity. The issue is that dominant, settler-colonial models of masculinity encourage violence by being organized around control, entitlement and hierarchy.

The Conversation

Kimberly A. Williams is a registered social worker and a member of the Social Workers Association of Alberta, the Ontario Association of Social Workers, and the Canadian Association of Social Workers. She has previously received SSHRC funding for her current project documenting the people, places, and politics of Calgary’s historic sex industry. Williams is a member of the NDP and the Board of Directors for Amethyst Centre in Ottawa.

ref. Why is violence pathologized for trans people but individualized for cis men? – https://theconversation.com/why-is-violence-pathologized-for-trans-people-but-individualized-for-cis-men-275882

Why people say they care about ethical shopping but often buy differently

Source: The Conversation – Canada – By Mehak Bharti, Assistant Professor of Marketing, Toronto Metropolitan University

Many Canadians say they care about ethical products. They want coffee that supports farmers, chocolate made without child labour and everyday goods that are better for the environment.

Many also say they are willing to pay more for ethically produced goods. Yet those values often fade once people are standing in front of a shelf of seemingly identical products.

This gap between what consumers say they value and what they actually buy is often described as hypocrisy. That explanation is tempting, but it misses something important. In most shopping situations, people are not choosing between right and wrong — they are choosing between prices.

That tension has become harder to ignore as food prices in Canada have risen sharply, squeezing household budgets and making cost the dominant concern in everyday decisions.

At the same time, Canadians continue to express concern for sustainability and ethical production. Caring has not disappeared. Acting on it simply feels harder now.

When good intentions meet the checkout

Consumer research has long documented a gap between stated preferences and actual behaviour. In surveys, people tend to express stronger ethical intentions than they act on in real shopping situations. That does not mean those values are insincere, but that values are pushed aside when everyday constraints take over.

This gap shows up most clearly in routine purchases like groceries, coffee and chocolate. These are items people buy often, and even small price differences add up quickly. In those moments, price becomes the easiest decision shortcut, especially as food costs continue to rise in Canada.

Ethical products usually cost more because they support higher wages, safer working conditions and lower environmental harm. While those benefits matter socially, they don’t directly benefit the person paying at the checkout.

As household budgets tighten, choosing the ethical option can start to feel less like a moral decision and more like a financial burden.

Rethinking the ethical premium

Much of the debate around ethical consumption assumes that supporting better practices necessarily requires paying more. Ethical products are often framed as “premium” goods, with higher prices justified by their social or environmental benefits.

In our recent research study, we asked whether the ethical premium always had to be paid in money. Instead of focusing on higher prices, we examined whether consumers would respond differently if ethical products were offered at the same price as conventional ones, but in smaller quantities.

To explore this, we ran a series of experiments with more than 2,300 participants in Canada, the United States and Europe. Participants were asked to choose between ethical options (such as Fair Trade or sustainably produced goods) and conventional alternatives for everyday products like coffee and soap.

Participants were then randomly assigned to conditions that framed the ethical premium either through price or quantity. In the price-premium condition, participants chose between a higher-priced ethical option and a conventional alternative of the same quantity. In the quantity-premium condition, the ethical option was offered at the same price as the conventional alternative, but in a smaller quantity.

Across our experiments, consumers were consistently more likely to choose ethical products when the premium was framed as giving up quantity rather than paying a higher price.

Choosing less instead of paying more

Across our experiments, people reacted more strongly to price increases than to size changes. Consumers are more sensitive to price information than quantity information.

When ethical products cost the same as conventional ones, consumers no longer feel financially penalized for acting on their values. Rather, paying the premium with quantity makes the ethical product feels more affordable.

Importantly, this approach is not the same as shrinkflation, where companies quietly reduce package sizes over time without informing consumers. In our studies, the smaller size was explicitly visible, and consumers knew exactly what they were choosing.

Making ethical choices affordable

With grocery prices remaining high in Canada, expecting consumers to close the ethical gap by paying more money may be unrealistic. Ethical consumption does not fail because consumers are indifferent or hypocrites.

It fails because ethical choices are often presented in ways that make them feel financially out of reach.

Rethinking how the ethical premium is paid will not solve the problem overnight. Structural issues, such as supply chains, corporate practices and regulation, still matter deeply. But our findings suggest that design choices and pricing strategies can make a meaningful difference in whether consumers are able to act on their values.

If ethical consumption is to become more than an aspiration, it may need to be integrated into everyday affordability rather than positioned as an added cost. How we ask consumers to support ethical practices matters more than we often assume.

The Conversation

Jing Wan received funding from The Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) of Canada.

Mehak Bharti does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Why people say they care about ethical shopping but often buy differently – https://theconversation.com/why-people-say-they-care-about-ethical-shopping-but-often-buy-differently-273893

Sixth year of drought in Texas and Oklahoma leaves ranchers facing wildfires and bracing for another tough year

Source: The Conversation – USA (2) – By Joel Lisonbee, Senior Associate Scientist, Cooperative Institute for Research in the Environmental Sciences, University of Colorado Boulder

Cattle auctions aren’t often all-night affairs. But in Texas Lake Country in June 2022, ranchers facing dwindling water supplies and dried out pastures amid a worsening drought sold off more than 4,000 animals in an auction that lasted nearly 24 hours – about 200 cows an hour.

It was the height of a drought that has gripped the Southern Plains for the past six years – a drought that is still holding on in much of the region in 2026.

The drought cost the agriculture industry across Kansas, Oklahoma and Texas an estimated US$23.6 billion in lost crops, higher feed costs and selling off cattle from 2020 through 2024 alone. As rangeland dried out, it has also fueled wildfires, including several in Texas in early 2026.

Historically, droughts of this magnitude happen in the Southern Plains about once a decade, but the severe droughts of this century have been lasting longer, leaving water supplies, native rangelands and farms with little time to recover before the next one hits.

Many cattle producers and rangelands were still recovering from a severe 2010-2015 drought when a flash drought hit western Texas in spring 2020, marking the beginning of the current multibillion-dollar, multiyear and multistate drought. Ample spring rainfall in 2025 and severe flooding in central Texas that year weren’t enough to end the drought, and a powerful winter storm in late January 2026 missed the driest parts of the region.

A map shows heavy precipitation across a large part of the country, but it mostly missed the areas facing the worse drought in the Southern Plains.
Precipitation from a severe winter storm in late January 2026, shown in blue and measured in inches, largely missed the areas with the worst drought conditions, indicated by red contour lines.
UC Merced, NDMC

In a recent study with colleagues at the Southern Regional Climate Center and the National Integrated Drought Information System, we assessed the causes and damage from the ongoing drought in the Southern Plains.

We found three key reasons for the enduring drought and its damage: rising temperatures and a La Niña climate pattern; water supply shortages; and lingering economic impacts from the previous drought.

Weather and climate helped drive the drought

The Southern Plains is known to be a hot spot for rapid drought development, and the ongoing drought that started in 2020 is no exception.

Documented “flash droughts” – defined as periods of rapid drought onset or intensification of existing droughts – occurred at least five times in the region from 2020 to 2025. As global temperatures rise and climates warm, research warns that the frequency and severity of flash drought events will increase.

Maps show how the current drought progressed and moved around the region. It was at its height in 2022.
The U.S. Drought Monitor’s monthly updates from January 2020 through January 2026 show how drought moved around in the Southern Plains over those years but never let go. Darker colors reflect the intensity of drought in each location.
Joel Lisonbee; compiled from U.S. Drought Monitor

For the southern part of the Southern Plains, winter precipitation is closely linked to the El Niño–Southern Oscillation, a climate pattern that affects weather around the world. Five of the past six years exhibited a La Niña pattern, which typically means the region sees winters that are warmer and drier than normal.

La Niña was likely the primary driver – although not the only driver – of the drought for Texas and southwest Oklahoma, and one of the reasons drought conditions have continued into 2026.

The Southern Plains have a long history with severe droughts. The Dust Bowl of the early 1930s may be the best-known example. But a history with drought doesn’t make it any easier to manage when crops and water supplies dry up.

Deeply rooted water shortages

The heat and dryness since 2020 have left many of the region’s rivers, reservoirs and even groundwater reserves well below average.

San Antonio’s reservoirs all reached record-low levels in 2024 and 2025, as did the Edwards Aquifer, which provides water for roughly 2.5 million people. They were still low as 2026 began. Surface water and groundwater resources across central and western Texas have been depleted to the point that even a few big storms can’t replenish them.

A few major rivers flow into the Southern Plains from other drought-affected regions. Consider the Rio Grande, which begins in Colorado and winds through New Mexico and along Texas’ southern border: Not only has the Lower Rio Grande valley in southern Texas missed out on needed precipitation this winter, so did the Rio Grande headwaters in southern Colorado.

Colorado is facing a snow drought in winter 2026, as is much of the western U.S. If it continues, there will be less snowmelt come summer to feed rivers, such as the Rio Grande, or fill reservoirs. In early February, the Elephant Butte, Amistad and Falcon reservoirs, along the Rio Grande, were only 11%, 34%, and 20% full, respectively.

Lingering economic impacts

Like water supplies, the economy doesn’t just recover when the rains return.

One of the reasons the current drought has been so costly is that parts of the region had not fully recovered from the 2010-2015 drought when the latest one began in 2020. With only a five-year break between droughts, the landscape behaved like someone with an already weakened immune system who caught a cold.

Severe droughts over time in the Southern Plains
The percentage of land in different levels of drought or wetness for each month based on the nine-month Standardized Precipitation Index leading up to the selected date. Reds indicate drier conditions; blues indicate wetter conditions.
National Integrated Drought Information System, NOAA Drought.gov

During the 2010-2015 drought, cattle producers in Texas sold off about 20% of the statewide herd as water became scarce and rangeland dried up. Rebuilding a herd after a drought is a slow process. Pasture recovery can take a year or more, and a newborn heifer will take two years to mature and produce her own first calf.

Cattle herds had still not returned to pre-2010 levels when the 2022 drought peak forced another mass sell-off. From 2020 through 2024, Texas’s herd size declined from 13.1 million to 12 million; Oklahoma’s declined from 5.3 million to 4.7 million; and Kansas’ declined from 6.5 million to 6.15 million.

Looking beyond livestock, a large percentage of the Southern Plains’ crops failed in 2022, the peak year of the drought. In Texas, 25% of the corn crop was planted but never harvested, and 45% of the soybean crop was similarly abandoned. A normal season would have yielded a $2.4 billion cotton crop in Texas, but 74% of that crop was abandoned, slashing its value to roughly $640 million.

Ending the Southern Plains drought

Is the end in sight? With La Niña fading in early 2026 and its opposite, El Niño, potentially on the horizon, there’s a chance for wetter conditions that could reduce the drought in the fall and winter months of 2026.

But the Southern Plains still have to get through spring and summer first. Ending a drought like this requires consistent precipitation over several months, and drought conditions are likely to get worse before they get better.

This article, originally published Feb. 9, 2026, has been updated with new wildfires in Texas.

The Conversation

The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Sixth year of drought in Texas and Oklahoma leaves ranchers facing wildfires and bracing for another tough year – https://theconversation.com/sixth-year-of-drought-in-texas-and-oklahoma-leaves-ranchers-facing-wildfires-and-bracing-for-another-tough-year-275219

La Cour suprême des États-Unis est-elle « trumpiste » ?

Source: The Conversation – in French – By Michael Nafi, Enseignant-chercheur, philosophie, droit, science politique, Université Paris Cité

La Cour suprême, dont le jugement sur la légalité des tarifs douaniers imposés par l’actuel président des États-Unis est très attendu, est souvent vue comme étant pleinement acquise au trumpisme (parce que six des neuf juges nommés à vie qui la composent sont conservateurs et parce que trois d’entre eux ont été personnellement nommés par Trump durant son premier mandat). Pourtant, cette lecture largement politique fait abstraction des contraintes institutionnelles et procédurales qui encadrent les décisions de la Cour – des contraintes fondées sur des arguments et des doctrines juridiques bien éloignés des controverses.


Depuis le début du second mandat de Trump, l’administration américaine a déposé des requêtes d’urgence auprès de la Cour suprême bien plus fréquemment que celles qui l’ont précédée. Selon un décompte effectué en juin dernier, l’administration Trump 2 avait alors, en quelques mois, déjà déposé autant de requêtes (19) que l’administration Biden en quatre ans et largement dépassé les chiffres cumulés des administrations Obama et George W. Bush sur seize ans (8 au total).

L’urgence devant la Cour suprême : un problème structurel, pas un biais trumpiste

Contrairement aux affaires jugées au fond, les requêtes d’urgence ne nécessitent généralement ni dossiers exhaustifs ni plaidoiries. Lorsqu’elles portent sur la suspension d’une décision d’une juridiction inférieure, elles sont adressées au juge chargé du circuit fédéral concerné (région relevant d’une cour d’appel donnée), qui peut statuer seul ou saisir la formation collégiale. La Cour n’accompagne généralement pas ses décisions d’une opinion motivée ; lorsqu’elle le fait, les motivations sont brèves et les positions dissidentes rarement explicitées, même si certains juges signalent parfois leur désaccord.

Ainsi, lors de la paralysie du gouvernement fédéral entre le 1er octobre et le 12 novembre 2025, une cour du district de Rhode Island avait enjoint à l’administration de verser les subventions promises au programme d’aide alimentaire fédéral Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), destiné aux ménages à faibles revenus. C’est la juge « progressiste » Ketanji Brown Jackson, en charge du district, qui a accordé une suspension administrative temporaire à cette décision, donc favorable à l’administration Trump, en attendant l’avis de la cour d’appel. Cet exemple montre bien que les réponses de la Cour aux requêtes d’urgence traduisent moins une orientation idéologique qu’une logique conservatoire conforme aux règles de procédure.

Cependant, ces requêtes suscitent des inquiétudes légitimes. En 2015, l’éminent constitutionnaliste William Baude a forgé l’expression « rôle de l’ombre » (shadow docket) pour désigner collectivement ces dossiers, même s’ils ne sont pas consignés dans un rôle ou registre distinct. Il mettait ainsi en lumière une part occultée mais structurante de l’activité de la Cour, indispensable pour comprendre sa pratique réelle au-delà des seuls arrêts au fond. Depuis 2020, Stephen Vladeck a prolongé cette critique. Selon lui, à travers ces requêtes, la Cour n’agirait plus comme une juridiction de dernier ressort statuant après maturation des litiges, mais souvent comme un arbitre d’urgence. Plus récemment, Erwin Chemerinsky a souligné qu’un contrôle insuffisamment exigeant des critères du sursis fait courir le risque de transformer des décisions provisoires en précédents.

Mais ce phénomène n’est pas nouveau. En 2006, dans l’affaire Purcell vs Gonzalez, par un arrêt de suspension à l’unanimité – incluant la juge progressiste Ruth Bader Ginsburg – dans le cadre d’une procédure d’urgence, la Cour a posé un principe contre la modification des règles électorales à l’approche d’un scrutin. Ce principe, dit « de Purcell », fait jurisprudence auprès des cours inférieures. À titre d’exemple, il a été récemment appliqué au Texas au bénéfice des républicains, mais également, en août 2020, pour refuser la suspension de l’assouplissement des conditions du vote par correspondance dans le Rhode Island, au détriment du Parti républicain.

De nombreuses requêtes en urgence sont aujourd’hui traitées par le biais de la règle 22 des règles et procédures de la Cour suprême. Cette règle, remontant aux réformes de 1925, comporte deux zones de fragilité : d’une part, une appréciation élastique des « chances de succès au fond », souvent réduites à la simple existence d’une question juridique « non dénuée de sérieux » ; d’autre part, une tendance à confondre l’intérêt public avec l’intérêt de l’exécutif lorsque celui-ci est partie au litige, ce qui incline structurellement la balance en sa faveur.




À lire aussi :
Vers la fin du droit à l’avortement aux États-Unis ?


Dernièrement, la Cour suprême a peut-être réagi aux critiques visant le contentieux d’urgence en ajustant ses pratiques. Dans Trump vs Wilcox (2025), elle a autorisé provisoirement la mise à l’écart de responsables d’agences indépendantes (Conseil national des relations du travail, NLRB ; Conseil de protection du système de mérite, MSPB), tout en prenant soin de préciser, dans l’opinion accompagnant cette décision, que la Réserve fédérale constitue un cas institutionnel distinct.

Une telle pratique est inhabituelle en procédure d’urgence. Elle a été lue comme un indice destiné à borner l’extension de la logique présidentielle de révocation, au-delà des seules agences en cause dans le litige. La Cour a également franchi un pas supplémentaire en organisant des audiences publiques dans des affaires relevant de la procédure d’urgence (notamment affaire Trump vs Cook, gouverneure de la Réserve fédérale), ou en faisant basculer une demande de sursis vers un examen au fond accéléré (affaire Trump vs Slaughter, commissaire au sein de la Commission fédérale du commerce, FTC).

Une Cour conservatrice : une convergence morale avec le trumpisme ?

La Cour suprême est aujourd’hui dominée, à six contre trois, par des juges qualifiés de conservateurs. Pour autant, est-elle acquise au président actuel du pays et le soutient-elles dans toutes ses initiatives ?

Rien ne permet de l’affirmer. Certes, les effets sociaux de Dobbs vs Jackson (2022), qui a renversé Roe vs Wade en jugeant que la Constitution fédérale ne protégeait pas un droit à l’avortement, sont considérables. Cependant, comme l’a rappelé le sociologue Éric Fassin, l’histoire de l’avortement aux États-Unis est complexe et ne saurait se réduire à un récit de progrès brutalement interrompu.

Même Ruth Bader Ginsburg, pourtant défenseure du droit à l’avortement, jugeait Roe juridiquement fragile, car la décision rattachait la protection de l’avortement à un droit implicite à la vie privée, faiblement ancré dans le texte constitutionnel. Elle regrettait que la Cour n’ait pas plutôt été conduite à se prononcer dans l’affaire Struck vs Secretary of Defense – Susan Struck était une militaire contrainte en 1970 de choisir entre sa grossesse et sa carrière – qui aurait permis de poser la question en termes d’égalité constitutionnelle et de contraintes disproportionnées pesant sur les femmes.

Inversement, la Cour n’a pas remis en cause le mariage homosexuel, protégé constitutionnellement depuis le cas Obergefell vs Hodges, 2015, malgré les attentes de certains milieux conservateurs du mouvement MAGA (Miller vs Davis du district de l’est du Kentucky, rejeté en appel). Il est plausible que le principe de reliance interest – la protection d’attentes durablement et contractuellement établies – ait joué ici un rôle déterminant.

Ces exemples rappellent que la Cour ne tranche pas des débats de société, mais des questions de compétence et de normes constitutionnelles encadrant l’action publique.

À titre d’illustration récente, la Cour a entendu, en janvier 2026, deux affaires distinctes relatives à la participation d’athlètes transgenres dans les équipes féminines (fondées sur le Titre IX, la loi fédérale relative à la non-discrimination dans l’éducation, et sur la clause constitutionnelle d’égalité de protection du 14ᵉ amendement) – des litiges dont l’issue devra être lue, là encore, non comme un arbitrage moral, mais comme une interprétation de normes constitutionnelles et législatives.

Pouvoir présidentiel : le test décisif des affaires en cours

La décision de juillet 2024 sur l’immunité dont peut jouir un président des États-Unis (Trump vs United States) a souvent été lue comme ayant consacré un privilège personnel. En réalité, elle formalise surtout une architecture déjà admise : distinction entre actes officiels (protégés par une immunité fonctionnelle) et actes privés (justiciables) ; poursuites possibles après le mandat ; centralité de l’impeachment. Comparée à d’autres systèmes constitutionnels, cette protection n’a rien d’exorbitant.

D’autres dossiers encore pendants, examinés seulement en audiences au fond, offrent toutefois un terrain d’observation plus révélateur.

Le plus emblématique concerne les droits de douane fondés sur l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale) (audience du 5 novembre 2025). L’enjeu n’est pas l’opportunité économique de ces droits de douane, mais la nature exacte de la délégation consentie par le Congrès : peut-on lire cette loi comme autorisant, sans mandat explicite, des mesures assimilables à des prélèvements fiscaux, domaine traditionnellement réservé au législateur ?

Une telle lecture entrerait en tension avec la lettre et l’histoire du texte, mais aussi avec des doctrines et méthodes revendiquées par la majorité conservatrice elle-même – major questions doctrine, textualisme, originalisme – qui constituent autant de contraintes que de leviers. La Cour devra ainsi arbitrer un équilibre classique entre pouvoirs exécutif et législatif, tel qu’il découle de la répartition constitutionnelle des compétences (article I et article II). Un rejet de cette interprétation n’épuiserait d’ailleurs pas les moyens juridiques du président en matière tarifaire.

Les échanges ont enfin porté sur le sort des droits déjà perçus : des solutions pragmatiques sont envisageables, mais sans pouvoir s’appuyer sur un reliance interest, inapplicable à l’État. Une option intermédiaire consisterait à limiter d’éventuels remboursements aux seules parties au litige.

Le second dossier porte sur la question de savoir si le président peut révoquer librement les dirigeants d’agences indépendantes (audience du 8 décembre 2025) ou si le Congrès peut subordonner de telles révocations à un motif valable. Lors des débats, les juges ont exprimé une inquiétude structurelle : la multiplication d’agences indépendantes dotées de pouvoirs normatifs, exécutifs et quasi juridictionnels pourrait permettre au Congrès de contourner l’exécutif, au risque d’une fragmentation administrative de l’exécutif fédéral.

Si, dans ces deux affaires, la Cour devait retenir l’argumentation du gouvernement, la question d’un renforcement excessif de l’exécutif se poserait. À défaut, l’image demeurerait celle d’une Cour conservatrice, mais encore arrimée à ses contraintes doctrinales et institutionnelles.

The Conversation

Michael Nafi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. La Cour suprême des États-Unis est-elle « trumpiste » ? – https://theconversation.com/la-cour-supreme-des-etats-unis-est-elle-trumpiste-273840

Quand la commémoration entre en piste : la neutralité olympique à l’épreuve

Source: The Conversation – in French – By Carine Duteil, Maître de Conférences en linguistique et sciences de l’information & de la communication, Université de Limoges

La libre expression est normalement garantie à chaque individu, mais le Comité international olympique (CIO) limite les manifestations d’idéologie politique par les sportifs durant les compétitions. Mais représenter des compatriotes tués durant une guerre en cours, comme l’a fait durant les Jeux olympiques actuels l’Ukrainien Vladyslav Heraskevych, ce qui lui a valu d’être disqualifié, relève-t-il d’une « démonstration ou propagande politique, religieuse ou raciale », comme l’a décidé le CIO ? Derrière ces questionnements casuistiques, il y a une interrogation constante, qui revient régulièrement dans le monde du sport : qu’est-ce que la neutralité dont se prévalent les institutions sportives internationales ?


Aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, l’un des épisodes les plus commentés n’a pas eu lieu sur la glace, mais autour d’un casque.

Le skeletoneur ukrainien Vladyslav Heraskevych, 27 ans, a été disqualifié après avoir refusé de concourir avec un autre équipement que son « helmet of remembrance », un casque portant les visages et noms de quelques-uns des nombreux sportifs et entraîneurs ukrainiens morts depuis l’invasion russe. Le Comité international olympique (CIO) a considéré que ce casque constituait une violation de la règle 50 de la Charte olympique, qui interdit toute « démonstration ou propagande politique, religieuse ou raciale » sur les lieux de compétition.

Le 11 février, le CIO propose un compromis : l’athlète peut montrer le casque avant ou après la course et porter un brassard noir pendant l’épreuve. Heraskevych refuse, déclarant qu’« une médaille ne vaut rien comparée aux vies et à la mémoire de ces athlètes ».

Le 12 février, la Fédération internationale de bobsleigh et skeleton (IBSF) le retire de la liste de départ.

Le 13 février, sa requête devant la chambre ad hoc du Tribunal arbitral du sport (CAS) est rejetée.

Le communiqué du CAS est central : il reconnaît la légitimité de l’hommage, mais rappelle que la liberté d’expression, bien que protégée, est limitée sur le field of play. D’autres espaces – zone mixte, conférences de presse, réseaux sociaux – restent davantage ouverts à l’expression des opinions personnelles des sportifs.

Cette phrase du porte-parole du CIO, Mark Adams résume la doctrine : « It’s not the message, it’s the place that counts. » : ce n’est pas le message qui est en cause, mais l’endroit où il apparaît.

Une neutralité territoriale

La version 2026 de la règle 50 consolide la logique interprétative issue des Athlete Expression Guidelines adoptées après les controverses de 2020–2021. La règle 50.2 avait déjà été assouplie avant les JO de Tokyo 2020 (organisés en 2021 pour cause de Covid), ouvrant une porte encadrée à l’expression hors podium.

Comme nous l’indiquions alors à FrancsJeux : « Nous ne sommes plus au temps de Pierre de Coubertin, où les athlètes devaient s’exprimer par leurs gestes sportifs. »

Cette territorialisation ne surgit pas ex nihilo. Aux Jeux de Tokyo 2020, le CIO avait déjà assoupli la règle 50, autorisant certaines formes d’expression sur le terrain, tout en maintenant l’interdiction stricte sur les podiums et lors des cérémonies protocolaires. Des genoux posés à terre, des gestes symboliques ou des signes portés par des athlètes avaient alors suscité un débat mondial.

Ce moment a marqué un tournant : la neutralité olympique n’apparaît plus comme une interdiction absolue, mais comme un équilibre délicat entre liberté d’expression et protection de la scène cérémonielle. La règle 50 s’est progressivement transformée, passant d’un régime disciplinaire à une logique d’encadrement différencié selon les espaces.

L’affaire Heraskevych s’inscrit dans cette évolution. Elle ne signale pas un retour à l’interdit total, mais révèle la persistance d’une frontière : celle qui sépare l’expression tolérée de la visibilité prohibée sur l’aire de compétition.

Le cœur normatif est désormais spatial : l’expression est possible, mais pas sur l’aire de compétition. La neutralité olympique ne se définit plus comme absence de politique, mais comme gestion organisée de la visibilité, reposant sur une distinction nette entre la scène compétitive et les espaces périphériques.

Lors de ces mêmes Jeux, le skieur Gus Kenworthy a publié sur Instagram une image formant le slogan « FUCK ICE », visant la politique migratoire des États-Unis. Aucun rappel à l’ordre n’a suivi, ni par son comité olympique britannique, ni par le CIO. Le message, clairement politique, et pourtant provocateur sur sa mise en forme, circulait hors de l’aire de compétition et avant le début des épreuves.

Cette territorialisation a été justifiée par le CIO au nom d’un possible « effet domino » : « Avec 130 conflits dans le monde, nous ne pouvons pas permettre à chaque athlète d’envoyer des messages politiques pendant leurs épreuves » (Mark Adams, cité dans FrancsJeux, 12 février 2026). La neutralité devient ainsi un dispositif de gouvernement des surfaces.

Mémoire, commémoration ou propagande ?

La controverse tient à la qualification même du geste. Un slogan revendicatif entre sans ambiguïté dans la catégorie de la protestation. Mais un hommage aux morts relève-t-il d’une propagande ?

Le casque d’Heraskevych ne formulait pas de demande politique explicite. Il présentait des visages, des noms. Il matérialisait une mémoire dans un espace conçu pour n’accueillir que la performance.

Or la règle 50 ne distingue pas entre revendication et commémoration. Toute inscription visible susceptible d’être interprétée comme politique relève de l’interdit. La neutralité protège la cohérence formelle du spectacle. Mais elle se heurte ici à l’irruption d’une vulnérabilité historique.

Une controverse internationale

L’épisode a suscité une vive polémique. La présidente du CIO, Kirsty Coventry, a tenté personnellement de convaincre l’athlète de changer de casque, s’expliquant ensuite devant les médias les larmes aux yeux.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publiquement soutenu Heraskevych, dénonçant une décision incompréhensible dans un contexte de guerre. Des voix critiques se sont fait entendre, soulignant que les Jeux excluent ou encadrent strictement la participation russe et biélorusse – décisions déjà éminemment politiques – tout en qualifiant un hommage mémoriel de geste politique interdit, mesure jugée incohérente.

Sur les réseaux sociaux, l’image du casque a massivement circulé, accompagnée de hashtags comme #RemembranceIsNotAViolation (#LaCommémorationN’EstPasUneViolation) ou #HelmetOfDignity (#CasqueDeLaDignité). Des athlètes ukrainiens ont réagi par des micro-gestes de solidarité : Olena Smaha (luge) montrant un gant portant l’inscription « remembrance is not a violation », Dmytro Shepiuk brandissant un message « UKR heroes with us ».

Olena Smaha montrant le message inscrit sur son gant.
Compte X de Unitedmedia24

Ces gestes épousent précisément la frontière tracée par le CIO : expression hors du field of play, sans inscription directe sur l’équipement en course. La neutralité est contournée, sans être frontalement violée.

L’illusion d’équivalence

Au-delà du cas individuel, la controverse met en lumière une asymétrie plus profonde. Les Jeux reposent sur une fiction d’équivalence : tous les athlètes entrent dans l’arène sous les mêmes règles. Mais la guerre introduit une dissymétrie radicale : certains concourent pendant que d’autres meurent.

Exiger que cette dissymétrie reste invisible revient à préserver l’eurythmie du spectacle – cette harmonie réglée des corps, des signes et des surfaces qui garantit la lisibilité de l’événement – au prix d’un lissage de la vulnérabilité. La neutralité olympique protège la continuité narrative de l’événement. Mais lorsque la mémoire entre sur la piste, elle révèle un angle mort normatif : l’olympisme sait encadrer la propagande ; il peine à penser le deuil.

En 2024, lors des Jeux olympiques de Paris 2024, deux athlètes afghanes ont connu des sorts différents après avoir exprimé leur soutien aux droits des femmes en référence à leur pays. Le 2 août, la sprinteuse Kimia Yousofi retourne son dossard pour laisser apparaître un message manuscrit : « Education, Sports, Our rights ». Aucune sanction n’est prononcée. Le 9 août, la danseuse Manizha Talash dévoile un tissu, une cape, portant l’inscription « Free Afghan Women » lors de la compétition de breaking : elle est disqualifiée le lendemain.

Comme dans l’affaire Heraskevych, la question ne porte pas tant sur la cause défendue que sur la visibilité qu’elle prend sur la scène compétitive.

La différence ne tient pas uniquement au contenu des messages, mais à leur intensité et à leur scène d’apparition. Dans le cas des deux sportives afghanes, le premier message énonce des valeurs ; le second formule une injonction explicite. Dans les deux cas, la cause défendue est la même. Mais sur la scène compétitive, l’expression directe d’une revendication est considérée comme une rupture de la grammaire symbolique des Jeux.

La neutralité olympique ne supprime pas le politique. Elle en régule les formes, les degrés et les lieux d’apparition.

Une question qui dépasse le skeleton

L’affaire Heraskevych ne remet pas seulement en cause l’interprétation d’une règle. Elle interroge la capacité du modèle olympique à intégrer des vulnérabilités historiques dans un espace conçu comme harmonisé.

L’olympisme ne s’est pas seulement construit par des textes normatifs, mais aussi par des énoncés performatifs. Le serment olympique, dont la formulation a évolué au fil du XXe siècle, engage les athlètes dans une scène ritualisée où l’honneur, la loyauté et désormais l’inclusion sont proclamés collectivement. L’olympisme ne se contente pas d’interdire : il met en forme une parole et une visibilité communes.

La règle 50 participe de cette même logique. Elle ne vise pas uniquement à empêcher des messages politiques ; elle protège une cohérence symbolique, une continuité des signes sur l’aire de compétition. Elle contribue à préserver une scène centrée sur la performance, où les corps sont censés se rencontrer dans une forme d’équivalence symbolique.

L’apparition d’un « casque de la mémoire » ne rompt donc pas seulement une règle. Elle introduit un signe qui n’appartient pas à la grammaire cérémonielle habituelle des Jeux.

La règle 50 interdit toute « propagande » politique. Or le terme n’est pas neutre dans l’histoire olympique. Dans ses écrits fondateurs, Pierre de Coubertin revendiquait explicitement une « propagande pour l’idée de la paix » et concevait la diffusion du néo-olympisme comme une entreprise pédagogique destinée à transformer les mentalités. L’olympisme n’a jamais été indifférent : il a toujours été porteur d’un projet normatif.

La neutralité contemporaine ne correspond donc pas à une absence d’idéologie. Elle constitue une modalité particulière de cette ambition. Elle organise la visibilité afin de préserver une scène commune.

Mais cette équivalence est fragile. Lorsque des athlètes sont directement affectés par une guerre en cours, lorsque des noms et des visages de disparus entrent sur la piste, la séparation entre le sport et le monde devient plus difficile à maintenir.

L’affaire du casque de Milan-Cortina ne contredit pas l’idéal olympique ; elle en révèle la tension constitutive. L’olympisme cherche à produire une unité symbolique. Reste à savoir comment cette unité peut coexister avec la visibilité de fractures qui ne relèvent pas d’une opinion, mais d’une expérience vécue.

La question n’est plus simplement de savoir si le sport est politique.

Elle consiste à déterminer jusqu’où peut aller la neutralité lorsque la mémoire est rendue visible – et si l’eurythmie des surfaces peut intégrer la vulnérabilité des corps qui les traversent.

The Conversation

Carine Duteil est membre élue de l’Académie Nationale Olympique Française (ANOF) et du Comité Français Pierre de Coubertin.

Arnaud Richard est président de l’Association francophone des académies olympiques.

ref. Quand la commémoration entre en piste : la neutralité olympique à l’épreuve – https://theconversation.com/quand-la-commemoration-entre-en-piste-la-neutralite-olympique-a-lepreuve-276203