Los animales que usan plantas para curarse nos inspiran para descubrir nuevos fármacos

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Eva María Domínguez Martín, Profesora Ayudante Doctora en la Facultad de Farmacia, Universidad de Alcalá

Los chimpancés ingieren ciertas plantas para combatir infecciones o problemas intestinales. Oliver Gorgis/Shutterstock

Los productos naturales, principalmente las especies vegetales, han jugado un papel clave en la medicina tradicional de diversas regiones a nivel global. Por ejemplo, ya en torno al año 65, el médico, botánico y farmacólogo griego Dioscórides describió en su obra De Materia Medica unas 600 plantas medicinales. Muchas de ellas se continúan empleando hoy en día.

Desde principios del siglo XIX comenzaron a aislarse e identificarse numerosos compuestos químicos con una gran diversidad y complejidad estructural. Estos procedían, precisamente, de esas plantas conocidas desde la Antigüedad. Más tarde, a partir de finales del siglo XX, surgió el interés por otras fuentes, como los productos de origen marino.

En la actualidad, uno de los principales y mayores desafíos sanitarios a los que nos enfrentamos es la resistencia a múltiples fármacos, no solo a antiinfecciosos como los antibióticos, sino también antitumorales. Este problema afecta tanto a los seres humanos como a los animales y las plantas.

Por tanto, es necesario invertir en el desarrollo de nuevos tratamientos que hagan frente a las patologías en las que aparecen resistencias y a otras enfermedades para las que actualmente no existe cura.

Esta situación ha dado lugar a que se hayan vuelto a revisitar fuentes tradicionales de descubrimiento de fármacos, como son las plantas, bajo un nuevo enfoque. Y aquí el estudio de la conducta animal puede jugar un papel importante.

Los animales también se automedican

La llamada “zoofarmacognosia” es la ciencia que investiga el uso de diversas sustancias por parte de los animales con fines tanto preventivos como curativos. Es considerada una disciplina científica desde 1987, aunque existen datos sobre este tipo de estudios también desde la Antigua Grecia.

Entre las sustancias utilizadas por los animales con esos fines, las más empleadas –y de las que más información existe– son las plantas.

En los últimos 10 años, la zoofarmacognosia ha suscitado un renovado interés. Por ejemplo, han comenzado a publicarse diversos trabajos que conectan este tipo de conductas animales con la fitoquímica, la ciencia que estudia los compuestos químicos de las plantas.

En el mundo vegetal, las principales líneas de defensa pueden ser físicas (por ejemplo, espinas) y químicas. Dentro de estas últimas, las plantas son capaces de producir una amplia variedad de metabolitos secundarios para cumplir distintas funciones no esenciales: defensivas (frente a depredadores), adaptativas y comunicativas con su entorno. Ejemplo de ello son compuestos como los terpenos, las saponinas y los taninos.

El caso de los chimpancés

Diversos estudios han revelado ejemplos de automedicación en distintas especies de mamíferos rumiantes, simios y elefantes, entre otros.

Las investigaciones más relevantes y numerosas hasta la fecha son las que han constatado este tipo de conductas en los primates. Uno de los casos más conocidos es el de los chimpancés, que mastican hojas de la planta Vernonia amygdalina (vernonia amarga, por su nombre vulgar) cuando sufren distintos tipos de infecciones.

También se ha observado que estos simios ingieren hojas y cortezas de raíces de Albizia grandibracteata y de hojas de Rubia cordifolia cuando presentan problemas intestinales relacionados con parásitos.

Pero ¿por qué usan esas plantas? ¿Funcionan? ¿Cómo lo hacen? La fitoquímica intenta racionalizar y dar explicación a estas cuestiones. Su método de trabajo se basa en extraer, fraccionar, aislar y caracterizar los metabolitos secundarios presentes en los extractos de las especies consumidas por estos animales. Tras realizar ensayos de bioactividad con los extractos, fracciones y compuestos aislados, se consigue relacionar los comportamientos observados en animales (de prevención y tratamiento) con las actividades que han sido probadas en los ensayos.

Así, se ha podido constatar que la especie V. amygdalina es rica en lactonas sesquiterpénicas, que tienen propiedades antibióticas y antitumorales; que A. grandibracteata contiene saponinas, efectivas contra parásitos gusanos (helmintos); y que R. cordifolia es abundante en diversos compuestos, como terpenos y naftoquinonas, que han mostrado actividad antiparasitaria, antiinflamatoria y antitumoral.

Otros trabajos han recogido el aumento del consumo de plantas ricas en taninos en corderos parasitados. Adicionalmente, estos comportamientos de automedicación no solo se ha detectado en especies vertebradas, sino también en insectos.

Una ventana al desarrollo de nuevos fármacos

Otro aspecto relevante es que los animales emplean las mismas especies y géneros de plantas que las comunidades humanas rurales presentes en su área geográfica, como reflejan las farmacopeas tradicionales.

Si a este dato añadimos los ejemplos de zoofarmacognosia recopilados, cuyos usos han comenzado a racionalizarse científicamente mediante la fitoquímica, cabe afirmar que nos hallamos ante una línea de investigación prometedora para desarrollar nuevos fármacos. Además, muchos de estos ejemplos se han obtenido de grandes simios, filogenéticamente muy relacionados con el ser humano.

Por todo ello, es necesario realizar un esfuerzo multidisciplinar para identificar plantas empleadas por los animales que tengan propiedades bioactivas, sin olvidar la búsqueda de otras especies vegetales dentro del mismo género eficaces frente a infecciones y cánceres resistentes. El mundo vegetal es una farmacia al alcance del ser humano, y otros animales pueden ayudarnos a explorarla.

The Conversation

Eva María Domínguez Martín no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Los animales que usan plantas para curarse nos inspiran para descubrir nuevos fármacos – https://theconversation.com/los-animales-que-usan-plantas-para-curarse-nos-inspiran-para-descubrir-nuevos-farmacos-253143

La ciencia de las algas entra en MasterChef

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Rocío Ibarra Arias, Responsable de Comunicación IEDIS y Colaboradora GICID, Universidad de Zaragoza

Plato preparado con algas wakame. vsl/Shutterstock

¿Qué tienen en común un plato de alta cocina, un superalimento y el cuidado medioambiente? Los jueces de MasterChef España lo tienen claro. “Las algas suponen un antes y un después en la cocina”, afirmaba Samantha Vallejo-Nágera. “Aportan lo mejor de las hortalizas y del mar”, añadía Jordi Cruz. Y para Pepe Rodríguez, son “un ingrediente sostenible que enriquece caldos, sopas y hasta platos tradicionales”.

Cuando ciencia y televisión cocinan juntas

El caso de las algas marinas es un buen ejemplo de cómo el conocimiento científico y la cultura mediática pueden colaborar para transformar percepciones y hábitos de consumo. Gracias a su presencia en programas de gran audiencia y al respaldo de la investigación, las algas han pasado de lo exótico a lo cotidiano, de lo anecdótico a lo estratégico.

En MasterChef, las algas han dejado de ser una rareza para convertirse en protagonistas. Y su impacto va mucho más allá de la televisión: están transformando la forma en que comemos, cocinamos y pensamos el futuro de la alimentación. La sinergia entre gastronomía y ciencia sitúa a las algas como motor de innovación culinaria, nutricional y medioambiental.

Las algas como protagonistas en MasterChef

Desde sus primeras temporadas, MasterChef ha incorporado las algas de manera habitual tanto en pruebas de plató como en exteriores. Codium, kombu, espagueti de mar, wakame o lechuga de mar forman parte del “supermercado” al que acceden los concursantes en un 40 %-60 % de los cocinados.

Además, chefs invitados presentan platos emblemáticos con algas como ingrediente central, como el coral de amaranto con emulsión de codium o la sopa de escabeche de mar con agua de algas del chef Ángel León.

Los finalistas del programa también han apostado por ellas en los menús decisivos, como en la final de Ángela, con su plato “Perfumadita de Brea”, o en elaboraciones como el solomillo con pesto de algas de Nacho Manzano.

plato de carne con ensalada y verduras
Receta de MasterChef de solomillo de vaca rubia, con pesto de algas y ensalada.
RTVE, CC BY

Más allá del atractivo gastronómico, MasterChef también ha aprovechado su alcance para concienciar sobre la sostenibilidad. En una reciente prueba, los aspirantes cocinaron con especies invasoras como el wakame o el kombu, originarias de Asia y el Pacífico. Estas algas, al no tener depredadores naturales, se reproducen rápidamente y alteran los ecosistemas. El programa destacó su consumo controlado como estrategia para mitigar su impacto ambiental, siguiendo las recomendaciones internacionales sobre biodiversidad.

Un superalimento con respaldo científico

Desde la ciencia, las algas también han captado la atención por su extraordinario perfil nutricional. Ricas en minerales como yodo, calcio, hierro y magnesio, también destacan por su contenido en vitaminas A, C, D, E, K y B12.

Este último nutriente, escaso en dietas vegetales, hace de las algas un recurso clave para la nutrición global. En palabras de Jordi Cruz, se aúna en un solo producto lo mejor de las hortalizas y del mar, lo que refuerza su potencial como superalimento integral.

Su fácil cultivo y alto rendimiento las posicionan como una solución realista para combatir deficiencias nutricionales en regiones con acceso limitado a otros alimentos ricos en micronutrientes.

Industria alimentaria: mucho más que ensaladas

La aplicación de algas va mucho más allá del plato. Compuestos como el alginato o el agar se emplean como gelificantes y estabilizantes en productos procesados. Estudios recientes han demostrado que pueden enriquecer alimentos con ácidos grasos poliinsaturados y proteínas de alta calidad, impulsando una alimentación vegetal más saludable y tecnológicamente avanzada. Pepe Rodríguez subraya que “las algas funcionan de maravilla para enriquecer caldos y sopas”, lo que demuestra su valor funcional en la cocina profesional y en la industria.

Economía azul y empoderamiento social

El mercado global de algas ha crecido exponencialmente, pasando de 5 000 a 17 000 millones de dólares en apenas dos décadas. Este auge no solo beneficia a la industria, sino también a comunidades costeras en países en desarrollo. En zonas de Asia y África, más del 50 % de las personas que trabajan en su cultivo son mujeres, muchas de ellas liderando proyectos que mejoran su autonomía económica y social.

Lo único que nos falta es encontrar ese supermercado donde las algas estén fácilmente disponibles, lo que fomentaría que más personas las compren y experimenten con ellas.

Hacia una sostenibilidad activa

El impacto ambiental positivo de las algas es doble. Por un lado, su cultivo captura CO₂ de forma eficiente, ayudando a mitigar el cambio climático. Por otro, se exploran sus aplicaciones en la fabricación de bioplásticos y biocombustibles, con tasas de crecimiento prometedoras en el mercado. Las algas son un recurso sostenible y si cuidamos nuestros mares, siempre estarán disponibles como alimento y no solo como recurso marino.

Además, su uso responsable como ingrediente culinario, como ejemplificó MasterChef en la prueba sobre especies invasoras, puede convertirse en una estrategia ecológica que combine alimentación sostenible y protección de la biodiversidad marina.

Hoy, comer algas no solo es tendencia: es una apuesta por la salud, la sostenibilidad y la innovación alimentaria. Como dirían los jueces de MasterChef: ¡pongámosle sabor a la vida!

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. La ciencia de las algas entra en MasterChef – https://theconversation.com/la-ciencia-de-las-algas-entra-en-masterchef-259472

Iran and Ethiopia have a security deal – here’s why they signed it

Source: The Conversation – Africa (2) – By Eric Lob, Associate Professor of Politics and International Relations, Florida International University

Ethiopia and Iran signed a memorandum of understanding (MOU) on 6 May 2025. Under it, their national police agencies will cooperate on security and intelligence. This will include combating cross-border crime, sharing intelligence and building capacity. They will also share experiences and training.

For Iran, the MOU marks a significant step towards strengthening relations with a regional power that’s strategically located in the Horn of Africa.

Tehran has been using its security apparatus and military capabilities to establish and expand political and economic ties with countries in Africa. This has included drone transfers to the Ethiopian government that helped it turned the tide of the Tigray war, a separatist struggle in the country’s north that took place from 2020 to 2022.

Iran has also supplied the Sudanese army with surveillance and combat drones. These have been used against the paramilitary Rapid Support Forces in Sudan’s ongoing civil war.

The agreement is important for Ethiopia for two reasons.

Firstly, it’s likely to enable the Ethiopian government in Addis Ababa to combat ethnic militias more effectively. It faces increasing internal instability, including tensions with hostile factions of the separatist Tigray People’s Liberation Front.

Secondly, the agreement comes after a meeting in Addis Ababa between the Ethiopian police chief, Demelash Gebremichael, and a delegation from Iran’s regional rival, the United Arab Emirates (UAE). The exchange concentrated on investigating and extraditing cross-border criminals.

Addis Ababa’s willingness to work with regional rivals in the Middle East shows its pragmatic approach to foreign relations. Ethiopia needs all the friends it can muster as an embattled and weakened state. Since the Tigray war, it has battled the rise of ethnic militias and confronted economic adversity. It is also facing renewed hostility with neighbouring Eritrea.

What Iran stands to gain

Since 2016, Ethiopia has been a gateway for Iran to gain a foothold in the Horn of Africa. That year, other countries in the region severed relations with Iran. This followed Tehran’s disengagement from sub-Saharan Africa under Hassan Rouhani, who served as president from 2013 to 2021, and his prioritisation of a nuclear deal with the US.

The severing of ties was also a byproduct of geopolitical pressure exerted by Saudi Arabia and the UAE on countries in the region. The Middle Eastern states wanted to reduce, if not eliminate, Iran’s presence in the Horn of Africa and Red Sea to limit its support for Houthi rebels in the ongoing Yemeni civil war.




Read more:
Iran’s intervention in Sudan’s civil war advances its geopolitical goals − but not without risks


Ethiopia was the first country in sub-Saharan Africa to establish relations with Iran during the 1960s. It was also one of its top trading partners on the continent before and after the 1979 Iranian Revolution.

Strategically and ideologically, this special relationship was based on the pro-western and anti-communist stances of their monarchs: the Shah of Iran Mohammad Reza Pahlavi, who ruled from 1941 to 1979, and Emperor Haile Selassie, who was in power from 1930 to 1974.

After the revolution, Iran-Ethiopia relations revived under Mahmoud Ahmadinejad, who served as Iranian president from 2005 to 2013. He pursued an active Africa policy to mitigate Iran’s international isolation and circumvent US sanctions.

After Rouhani initially downgraded these relations, they were renewed during his second term. This followed US withdrawal from the nuclear deal.

Relations firmed when Ebrahim Raisi, who served as Iranian president from 2021 to 2024, delivered military drones and other aid to Addis Ababa during the Tigray war.

What’s in it for Ethiopia

Ethiopia is facing increasing instability and uncertainty. The Tigray war has depleted the state’s resources. There is an economic crisis caused by rising inflation and unemployment.

Addis Ababa continues to confront ethnic tensions. Hostile factions of the Tigray People’s Liberation Front remain. It also faces tensions with the Amhara Fano militia, which initially fought alongside the government against Tigrayan forces. Forced disarmament policies and ongoing land disputes caused the militia to take up arms against the government.




Read more:
Somaliland-Ethiopia port deal: international opposition flags complex Red Sea politics


Ethiopian prime minister Abiy Ahmed also faces growing opposition and resistance from his own ethnic group, the majority Oromo, and their Oromo Liberation Army. The reason for their discontent is Abiy’s imposition of centralised rule on their regional state within a federal system.

The security and intelligence cooperation with Iran could allow Addis Ababa to combat ethnic militias more effectively.

It would also enable Ethiopia to prepare for another possible war against neighbouring Eritrea.

Ethiopia and Eritrea normalised relations and fought together against Tigrayan forces. However, tensions between the two countries have been brewing again. These have been triggered by two factors. First, the conditions of the 2022 Pretoria peace agreement caused Eritrea to maintain forces inside Ethiopia. Second are the ambitions of Addis Ababa to acquire a Red Sea port in Somaliland, a breakaway region of Somalia. Eritrea has supported Somalia’s opposition to the deal.

Regional power games

This isn’t the first time that Ethiopia has tried working with two regional rivals – Iran and the UAE. The UAE is also among its top trading partners, along with Saudi Arabia.

In 2016, Ethiopia was the only country in the Horn of Africa that didn’t cut ties with Iran, though it was under pressure from the UAE and Saudi Arabia to do so. The decision was taken by Abiy’s predecessor, Hailemariam Desalegn, whose term ran from 2012 to 2018.

During the Tigray war, Ethiopia received military drones and other assistance from Iran and the UAE, alongside Turkey.

The civil war in Sudan has presented an even more complicated story. Ethiopia has vacillated between engaging with the Rapid Support Forces and the Sudanese Armed Forces at different points in the conflict.

For its part, Iran has supported the Sudanese army. The UAE has backed the paramilitary Rapid Support Forces.

Ethiopia’s efforts to strengthen its security ties with Iran and the UAE show a unique case of convergence between regional rivals that have otherwise remained on opposite sides of conflicts in countries like Yemen and Sudan.

The Conversation

Eric Lob does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Iran and Ethiopia have a security deal – here’s why they signed it – https://theconversation.com/iran-and-ethiopia-have-a-security-deal-heres-why-they-signed-it-256486

Trump’s worldview is causing a global shift of alliances – what does this mean for nations in the middle?

Source: The Conversation – Global Perspectives – By Dilnoza Ubaydullaeva, Lecturer in Government – National Security College, Australian National University

Since US President Donald Trump took office this year, one theme has come up time and again: his rule is a threat to the US-led international order.

As the US political scientist John Mearsheimer famously argued, the liberal international order

was destined to fail from the start, as it contained the seeds of its own destruction.

This perspective has gained traction in recent years. And now, Trump’s actions have caused many to question whether a new world order is emerging.

Trump has expressed a desire for a new international order defined by multiple spheres of influence — one in which powers like the US, China and Russia each exert dominance over distinct regions.

This vision aligns with the idea of a “multipolar” world, where no single state holds overarching global dominance. Instead, influence is distributed among several great powers, each maintaining its own regional sphere.

This architecture contrasts sharply with earlier periods – the bipolar world of the Cold War, dominated by the US and the Soviet Union; and the unipolar period that followed, dominated by the US.

What does this mean for the world order moving forward?

Shifting US spheres of influence

We’ve seen this shift taking place in recent months. For example, Trump has backed away from his pledge to end the war between Russia and Ukraine and now appears to be leaving it to the main protagonists, and Europe, to find a solution.

Europe, which once largely spoke in a unified voice with the US, is also showing signs of policy-making which is more independent. Rather than framing its actions as protecting “Western democratic principles”, Europe is increasingly focused on defining its own security interests.

In the Middle East, the US will likely maintain its sphere of influence. It will continue its unequivocal support for Israel under Trump.

Donald Trump fist pumping next to Benjamin Netanyahu outside the White House.
Amid shifting global alliances, the Trump administration will continue to support Israel, led by Prime Minister Benjamin Netanyahu.
noamgalai/Shutterstock

The US will also involve itself in the region’s politics when its interests are at stake, as we witnessed in its recent strikes on Iranian nuclear facilities.

This, along with increasing economic ties between the US and Gulf states, suggests US allies in the region will remain the dominant voices shaping regional dynamics, particularly now with Iran weakened.

Yet it’s clear Trump is reshaping US dynamics in the region by signaling a desire for reduced military and political involvement, and criticising the nation building efforts of previous administrations.

The Trump administration now appears to want to maintain its sphere of influence primarily through strong economic ties.

Russia and China poles emerging elsewhere

Meanwhile, other poles are emerging in the Global South. Russia and China have deepened their cooperation, positioning themselves as defenders against what they frame as Western hegemonic bullying.

Trump’s trade policies and sanctions against many nations in the Global South have fuelled narratives (spread by China and Russia) that the US does not consistently adhere to the rules it imposes on others.

Trump’s decision to slash funding to USAID has also opened the door to China, in particular, to become the main development partner for nations in Africa and other parts of the world.

And on the security front, Russia has become more involved in many African and Middle Eastern countries, which have become less trustful and reliant on Western powers.

Vladimir Putin and Xi Jinping shaking hands.
Russian President Vladimir Putin and Chinese leader Xi Xinping see opportunities to spread their influence in the Global South.
plavi011/Shutterstock

In the Indo-Pacific, much attention has been given to the rise of China and its increasingly assertive posture. Many of Washington’s traditional allies are nervous about its continued engagement in the region and ability to counter China’s rise.

Chinese leader Xi Jinping has sought to take advantage of the current environment, embarking on a Vietnam, Malaysia and Cambodia push earlier this year. But many nations continue to be wary of China’s increasing influence, in particular the Philippines, which has clashed with China over the South China Sea.

Strategic hedging

Not all countries, however, are aligning themselves neatly with one pole or another.

For small states caught between great powers, navigating this multipolar environment is both a risk and an opportunity.

Ukraine is a case in point. As a sovereign state, Ukraine should have the freedom to decide its own alignments. Yet, it finds itself ensnared in great power politics, with devastating consequences.

Other small states are playing a different game — pivoting from one power to another based on their immediate interests.

Slovakia, for instance, is both a NATO and EU member, yet its leader, Robert Fico, attended Russia’s Victory Day Parade in May and told President Vladimir Putin he wanted to maintain “normal relations” with Russia.

Then there is Central Asia, which is the centre of a renewed “great game,” with Russia, China and Europe vying for influence and economic partnerships.

Yet if any Central Asian countries were to be invaded by Putin, would other powers intervene? It’s a difficult question to answer. Major powers are reluctant to engage in direct conflict unless their core interests or borders are directly threatened.

As a result, Central Asian states are hedging their bets, seeking to maintain relations with multiple poles, despite their conflicting agendas.

A future defined by regional power blocs?

While it is still early to draw definitive conclusions, the events of the past few months underscore a growing trend. Smaller countries are expressing solidarity with one power, but pragmatic cooperation with another, when it suits their national interests.

For this reason, regional power blocs seem to be of increasing interest to countries in the Global South.

For instance, the China-led Shanghai Cooperation Organisation has become a stronger and larger grouping of nations across Eurasia in recent years.

Trump’s focus on making “America Great Again,” has taken the load off the US carrying liberal order leadership. A multipolar world may not be the end of the liberal international order, but it may be a reshaped version of liberal governance.

How “liberal” it can be will likely depend on what each regional power, or pole, will make of it.

The Conversation

Dilnoza Ubaydullaeva does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Trump’s worldview is causing a global shift of alliances – what does this mean for nations in the middle? – https://theconversation.com/trumps-worldview-is-causing-a-global-shift-of-alliances-what-does-this-mean-for-nations-in-the-middle-257113

Is Kenya’s president safe in a crowd? Security expert scans VIP protection checklist

Source: The Conversation – Africa (2) – By Douglas Lucas Kivoi, Principal Policy Analyst, Governance Department, The Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (KIPPRA)

Protecting any president requires multiple layers of intelligence, physical security and rapid response security protocols. Exact operational details are classified, but there are global best practices in VIP protection.

The issue of presidential protection in Kenya has become particularly relevant following an incident in early May 2025 when someone in a crowd threw a shoe at President William Ruto during a public event, hitting his hand.

I have studied policing and security policies in Kenya for over 15 years, interacting closely with the country’s security protocols. In my view this incident exposed several critical security lapses around the elite officers tasked with protecting the president.

The security of the president is a critical issue in Kenya. The country is exposed to terror groups like the Somalia-based Al-Shabaab and other criminal networks in the region.

In 2021, a businessman embedded himself into the presidential motorcade and drove into then president Uhuru Kenyatta’s official residence. In 2017, an unidentified man who was said to have illegally accessed the highly protected state house grounds was shot dead by presidential guards.

There are multiple layers to Kenya’s protection protocols. They include National Intelligence Service officers, the Kenya Defence Force, Presidential Escort Police officers drawn from the highly trained General Service Unit, bomb disposal experts and regular police officers. Their deployment depends on the nature of the presidential engagement.

While the shoe incident may be passed off as simply embarrassing, it should serve as a wake-up call to tighten security protocols around the president without necessarily compromising his public engagement with citizens.

What’s in place

Prior to any presidential visit across the country, security teams conduct a thorough reconnaissance of the destination. This includes coordinating with local policing agencies, clearing airspace, mapping secure transport routes and identifying nearby medical facilities in case of emergencies.

Presidential motorcade routes are pre-planned and a dry run is made. This often includes mapping alternative routes to avoid predictability should there be assailants along a presidential route. It is common to see some roads temporarily closed and security officers conducting sweeps for any threats or explosives. In areas deemed high risk, counter security sniper teams are covertly deployed in strategic areas.

Cases of attacks on presidential motorcades are rare in Kenya. However, in 2002 during presidential campaigns, angry opposition supporters stoned then president Daniel Moi’s motorcade. In November 2021, an angry mob hurled rocks at then deputy president Ruto’s motorcade.

The National Intelligence Service and Presidential Escort Unit covertly scout locations in advance, assessing potential security vulnerabilities. Crowd sizes, and entry and exit points for the head of state are mapped out in advance.

In cases where meetings are held in town halls or huge tents, attendees are screened using metal detectors and/or physical searches. Uniformed and plainclothes security officers embed themselves in the crowd to monitor any threats.

The president and any dignitaries accompanying him have at least three layers of security.

The inner ring consists of close protection officers who are always within an arm’s length of the president to physically thwart any threats. The middle ring has armed security guards who watch for, among others, sudden movements and abnormal behaviour within the crowd. The outer ring consists of regular police and paramilitary units from the General Service Unit who secure the outside perimeter.

The presidential motorcade is a coordinated convoy of heavily armoured vehicles. It includes lead and chase cars, communication units and emergency response teams. Traffic is managed by local traffic police officers to ensure unobstructed movement. Routes are kept confidential until necessary.

The president’s security may opt to use a decoy vehicle if there is a security threat, to confuse and derail potential risk sources. In all these cases, there is a contingent of specialised General Service Unit officers, called the Recce unit, that always accompanies the president.

Kenya’s presidential security precautions follow standard VIP security protection like those for heads of state across the world. However, in some neighbouring countries, for instance, presidents move in heavily armed military convoys. This has not been seen in Kenya.

If a potential threat is detected, the president is immediately shielded and whisked away to a secure vehicle or evacuated by air in high-risk events. In such cases, the Kenya Defence Forces secures the president.

Despite stringent security measures, incidents can occur. For instance, in March 2025, a British tourist was fatally hit by a vehicle in Ruto’s motorcade. This prompted investigations and reviews on motorcade safety protocols.

Such events highlight the challenges of balancing presidential security with public safety, especially in densely populated urban areas.

Security failures

The shoe-throwing incident targeting Ruto highlighted five major failures in presidential protection protocols.

First, crowd screening and access control failures. The alleged assailant was very close to the president, suggesting an inadequate distance between the crowds and the president. The inner ring of security also failed to spot the perpetrator raising a shoe in the air to use as a projectile. This indicates weak front-row eye sweeps and scans by the president’s security.

Second, there was an apparent delay in security response. The elite officers around the president should have subdued the alleged attacker within seconds. It could mean most had their eyes on the president or cameras, as opposed to scanning the crowds for any sudden movements.

Third, security allowed the president to stand too close to a crowd that hadn’t been screened. Best practices require a no-go zone of three to five metres for individuals who have not been scanned or screened.

Fourth, there was an apparent gap in intelligence and threat assessment. Aggressive or agitated people next to the president should draw the attention of security officers. Plainclothes security officers are usually deployed to monitor crowd behaviour. It isn’t enough to rely on uniformed officers.

Undercover agents are critical for flagging pre-attack signals, such as nervousness or repeated adjustments of positions.

Fifth, there was no clear evacuation plan for the president. After the incident, the president continued speaking. In high-risk scenarios, protocols often demand instant relocation of the president to a secure vehicle or helicopter, where the military takes over and airlifts him to safety.

What should change

Kenya’s presidential security detail may be forced to:

  • increase standoff distance between the president and crowds

  • deploy more plainclothes officers to blend in and monitor crowds around the president

  • mandate stricter screening of those in close proximity to the president

  • conduct more frequent security risks drills for rapid neutralisation of potential threats.

The exact details of presidential security in Kenya are confidential. However, the overarching structure aims to provide comprehensive protection to the president while maintaining public safety and order during official engagements. No security protocol is 100% foolproof. But a balance needs to be struck between overly aggressive crowd control and accessibility.

The Conversation

Douglas Lucas Kivoi does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Is Kenya’s president safe in a crowd? Security expert scans VIP protection checklist – https://theconversation.com/is-kenyas-president-safe-in-a-crowd-security-expert-scans-vip-protection-checklist-256268

We have drugs to manage HIV. So why are we spending millions looking for cures?

Source: The Conversation – Global Perspectives – By Bridget Haire, Associate Professor, Public Health Ethics, School of Population Health, UNSW Sydney

Alim Yakubov/Shutterstock

Over the past three decades there have been amazing advances in treating and preventing HIV.

It’s now a manageable infection. A person with HIV who takes HIV medicine consistently, before their immune system declines, can expect to live almost as long as someone without HIV.

The same drugs prevent transmission of the virus to sexual partners.

There is still no effective HIV vaccine. But there are highly effective drugs to prevent HIV infection for people without HIV who are at higher risk of acquiring it.

These drugs are known as as “pre-exposure prophylaxis” or PrEP. These come as a pill, which needs to be taken either daily, or “on demand” before and after risky sex. An injection that protects against HIV for six months has recently been approved in the United States.

So with such effective HIV treatment and PrEP, why are we still spending millions looking for HIV cures?

Not everyone has access to these drugs

Access to HIV drugs and PrEP depends on the availability of health clinics, health professionals, and the means to supply and distribute the drugs. In some countries, this infrastructure may not be secure.

For instance, earlier this year, US President Donald Trump’s dissolution of the USAID foreign aid program has threatened the delivery of HIV drugs to many low-income countries.

This demonstrates the fragility of current approaches to treatment and prevention. A secure, uninterrupted supply of HIV medicine is required, and without this, lives will be lost and the number of new cases of HIV will rise.

Another example is the six-monthly PrEP injection just approved in the US. This drug has great potential for controlling HIV if it is made available and affordable in countries with the greatest HIV burden.

But the prospect for lower-income countries accessing this expensive drug looks uncertain, even if it can be made at a fraction of its current cost, as some researchers say.

So despite the success of HIV drugs and PrEP, precarious health-care systems and high drug costs mean we can’t rely on them to bring an end to the ongoing global HIV pandemic. That’s why we also still need to look at other options.

Haven’t people already been ‘cured’?

Worldwide, at least seven people have been “cured” of HIV – or at least have had long-term sustained remission. This means that after stopping HIV drugs, they did not have any replicating HIV in their blood for months or years.

In each case, the person with HIV also had a life-threatening cancer needing a bone marrow transplant. They were each matched with a donor who had a specific genetic variation that resulted in not having HIV receptors in key bone marrow cells.

After the bone marrow transplant, recipients stopped HIV drugs, without detectable levels of the virus returning. The new immune cells made in the transplanted bone marrow lacked the HIV receptors. This stopped the virus from infecting cells and replicating.

But this genetic variation is very rare. Bone marrow transplantation is also risky and extremely resource-intensive. So while this strategy has worked for a few people, it is not a scalable prospect for curing HIV more widely.

So we need to keep looking for other options for a cure, including basic laboratory research to get us there.

How about the ‘breakthrough’ I’ve heard about?

HIV treatment stops the HIV replication that causes immune damage. But there are places in the body where the virus “hides” and drugs cannot reach. If the drugs are stopped, the “latent” HIV comes out of hiding and replicates again. So it can damage the immune system, leading to HIV-related disease.

One approach is to try to force the hidden or latent HIV out into the open, so drugs can target it. This is a strategy called “shock and kill”. And an example of such Australian research was recently reported in the media as a “breakthrough” in the search for an HIV cure.

Researchers in Melbourne have developed a lipid nanoparticle – a tiny ball of fat – that encapsulates messenger RNA (or mRNA) and delivers a “message” to infected white blood cells. This prompts the cells to reveal the “hiding” HIV.

In theory, this will allow the immune system or HIV drugs to target the virus.

This discovery is an important step. However, it is still in the laboratory phase of testing, and is just one piece of the puzzle.

We could say the same about many other results heralded as moving closer to a cure for HIV.

Further research on safety and efficacy is needed before testing in human clinical trials. Such trials start with small numbers and the trialling process takes many years. This and other steps towards a cure are slow and expensive, but necessary.

Importantly, any cure would ultimately need to be fairly low-tech to deliver for it to be feasible and affordable in low-income countries globally.

So where does that leave us?

A cure for HIV that is affordable and scalable would have a profound impact on human heath globally, particularly for people living with HIV. To get there is a long and arduous path that involves solving a range of scientific puzzles, followed by addressing implementation challenges.

In the meantime, ensuring people at risk of HIV have access to testing and prevention interventions – such as PrEP and safe injecting equipment – remains crucial. People living with HIV also need sustained access to effective treatment – regardless of where they live.

The Conversation

Bridget Haire has received funding from the National Health and Medical Research Council. She is a past president of the Australian Federation of AIDS Organisations (now Health Equity Matters).

Benjamin Bavinton receives funding from the National Health and Medical Research Council, the Australian government, and state and territory governments. He also receives funding from ViiV Healthcare and Gilead Sciences, both of which make drugs or drug classes mentioned in this article. He is a Board Director of community organisation, ACON, and is on the National PrEP Guidelines Panel coordinated by ASHM Health.

ref. We have drugs to manage HIV. So why are we spending millions looking for cures? – https://theconversation.com/we-have-drugs-to-manage-hiv-so-why-are-we-spending-millions-looking-for-cures-258391

Somaliland’s 30-year quest for recognition: could US interests make the difference?

Source: The Conversation – Africa (2) – By Aleksi Ylönen, Professor, United States International University

More than three decades after unilaterally declaring independence from Somalia, Somaliland still seeks international recognition as a sovereign state. Despite a lack of formal acknowledgement, the breakaway state has built a relatively stable system of governance. This has drawn increasing interest from global powers, including the United States. As regional dynamics shift and great-power competition intensifies, Somaliland’s bid for recognition is gaining new currency. Aleksi Ylönen has studied politics in the Horn of Africa and Somaliland’s quest for recognition. He unpacks what’s at play.


What legal and historical arguments does Somaliland use?

The Somali National Movement is one of the main clan-based insurgent movements responsible for the collapse of the central government in Somalia. It claims the territory of the former British protectorate of Somaliland. The UK had granted Somaliland sovereign status on 26 June 1960.

The Somali government tried to stomp out calls for secession. It orchestrated the brutal killing of hundreds of thousands of people in northern Somalia between 1987 and 1989.

But the Somali National Movement declared unilateral independence on 18 May 1991 and separated from Somalia.

With the collapse of the Somali regime in 1991, the movement’s main enemy was gone. This led to a violent power struggle between various militias.

This subsided only after the politician Mohamed Egal consolidated power. He was elected president of Somaliland in May 1993.

Egal made deals with merchants and businessmen, giving them tax and commercial incentives to accept his patronage. As a result, he obtained the economic means to consolidate political power and to pursue peace and state-building. It’s something his successors have kept up with since his death in 2002.

What has Somaliland done to push for recognition?

Successive Somaliland governments continue to engage in informal diplomacy. They have aligned with the west, particularly the US, which was the dominant power after the cold war, and the former colonial master, the UK. Both countries host significant Somaliland diaspora communities.

The US and the UK have for decades flirted with the idea of recognising Somaliland, which they consider a strategic partner. However, they have been repeatedly thrown back by their respective Somalia policies. These have favoured empowering the widely supported Mogadishu government to reassert its authority and control over Somali territories.

This Somalia policy has been increasingly questioned in recent years, in part due to Mogadishu’s security challenges. In contrast, the Hargeisa government of Somaliland has largely shown it can provide security and stability. It has held elections and survived as a state for the last three decades, though it has faced political resistance and armed opposition.




Read more:
Somaliland elections: what’s at stake for independence, stability and shifting power dynamics in the Horn of Africa


As new global powers rise, Somaliland administrations have pursued an increasingly diverse foreign policy, with one goal: international recognition.

Hargeisa hosts consulates and representative offices of Djibouti, Ethiopia, Kenya, Taiwan, the UK and the European Union, among others.

The government has also engaged in informal foreign relations with the United Arab Emirates. The Middle Eastern monarchy serves as a business hub and a destination of livestock exports. Many Somalilanders migrate there.

Somaliland maintains representative offices in several countries. These include Canada, the US, Norway, Sweden, the UK, Saudi Arabia, Turkey and Taiwan. Hargeisa has alienated China because it has collaborated with Taiwan since 2020. Taiwan is a self-ruled island claimed by China.

On 1 January 2024, Somaliland’s outgoing president Muse Bihi signed a memorandum of understanding with Ethiopian prime minister Abiy Ahmed for increased cooperation. Bihi implied that Ethiopia would be the first country to formally recognise Somaliland. The deal caused a sharp deterioration of relations between Addis Ababa and Mogadishu.

Abiy later moderated his position and, with Turkish mediation, reconciled with his Somalia counterpart, President Hassan Mohamud.

What’s behind US interest in Somaliland?

The US, like other great powers, has been interested in Somaliland because of its strategic location. It is on the African shores of the Gulf of Aden, across from the Arabian Peninsula. Its geographical position has gained currency recently as Yemeni Houthi rebels strike maritime traffic in the busy shipping lanes. Somaliland is also well located to curb piracy and smuggling on this global trade route.

The US Africa Command set up its main Horn of Africa base at Camp Lemonnier in Djibouti in 2002. This followed the 11 September 2001 attacks.




Read more:
Somaliland’s quest for recognition: UK debate offers hint of a sea change


In 2017, China, which had become the main foreign economic power in the Horn of Africa, set up a navy support facility in Djibouti. This encouraged closer collaboration between American and Somaliland authorities. The US played with the idea of establishing a base in Berbera, which hosts Somaliland’s largest port.

With Donald Trump winning the US presidential election in 2024, there were reports of an increased push for US recognition of Somaliland. This would allow the US to deepen its trade and security partnerships in the volatile Horn of Africa region.

Since March 2025, representatives of the Trump administration have engaged in talks with Somaliland officials to establish a US military base near Berbera. This would be in exchange for a formal but partial recognition of Somaliland.

What are the risks of US recognition of Somaliland?

Stronger US engagement with Somaliland risks neglecting Somalia.

Mogadishu depends on external military assistance in its battle against the advancing violent Islamist extremist group, Al-Shabaab. It also faces increasing defiance from two federal regions, Puntland and Jubaland.

US recognition would reward Hargeisa for its persistent effort to maintain stability and promote democracy. However, it could encourage other nations to recognise Somaliland. This would deliver a blow to Somali nationalists who want one state for all Somalis.

The Conversation

Aleksi Ylönen is affiliated with the Center for International Studies, Iscte-Instituto Universitário de Lisboa, and is an associate fellow at the HORN International Institute for Strategic Studies.

ref. Somaliland’s 30-year quest for recognition: could US interests make the difference? – https://theconversation.com/somalilands-30-year-quest-for-recognition-could-us-interests-make-the-difference-255399

B.C.’s mental health law is on trial — and so is our commitment to human rights

Source: The Conversation – Canada – By Anne Levesque, Associate professor, Faculty of Law, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

The British Columbia Supreme Court has begun hearing a long-awaited constitutional challenge to the province’s Mental Health Act.

The case, nearly a decade in the making, is now drawing greater attention in the wake of the tragedy at the Filipino Lapu Lapu Day street festival earlier this year that left 11 people dead in Vancouver.

The event has shaken many in the community, leaving behind grief and fear. Furthermore, in light of reports that the person accused of the crime was under Mental Health Act supervision, difficult questions arise. The pain is real, and any conversation about mental health must begin with compassion for all of those affected.




Read more:
Vancouver SUV attack exposes crowd management falldowns and casts a pall on Canada’s election


At the same time, it’s important to ensure this moment of reckoning leads to thoughtful dialogue, not reactive policy. Unfortunately, much of the public discourse has become mired in fear and misinformation, creating a false and dangerous choice: that Canada must sacrifice individual rights in order to protect public safety.

As a legal scholar in equality rights and public interest litigation, I don’t believe Canadians have to choose. A mental health system that respects Canada’s Charter of Rights and Freedoms can also promote safety.

What’s the case is about?

The case currently before the B.C. Supreme Court was initiated by the Council of Canadians with Disabilities (CCD), a national human rights organization led by people with disabilities. The group is fighting provisions in the province’s Mental Health Act that strip patients of any right to choose their own health care, or to appoint a loved one to make health care decisions on their behalf.

The CCD’s motto — “Nothing about us without us” — reflects a longstanding commitment to ensuring that people most affected by policies and systems have a voice in shaping them. This litigation will amplify the voices of people who underwent psychiatric treatment without consent and to shine a light on the deep and lasting harms they have suffered.

Let’s be clear about what this Charter challenge actually seeks and what it doesn’t. It doesn’t aim to eliminate involuntary hospitalization. It does not change who can be detained, how long they can be held or the legal criteria for involuntary admission.

What it does seek is something far more modest and humane: to ensure that when psychiatric care is forced, it is delivered with dignity, oversight and the involvement of trusted supporters in accordance with the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

One of the key reforms that CCD has long advocated for is the right for people to name a family member or friend to be involved in treatment decisions. Far from undermining care, this kind of involvement can help bridge the gap between medical necessity and personal dignity.

It’s a safeguard that respects patients’ values and builds trust, which the current system desperately lacks. And yes, it could even enhance public safety. Reports suggest that a family member of the man accused in the Lapu Lapu mass murders in April was concerned about his deteriorating mental health and had reached out for help just before the tragedy occurred. A more responsive system with the embedded involvement of trusted decision-makers might have made a difference.




Read more:
Fraudulent crowdfunding after the Lapu Lapu tragedy highlights the need for vigilance and oversight


Reforming the Mental Health Act

British Columbia is currently an outlier in Canada. It’s the only province where people detained under mental health laws are automatically deemed to consent to any treatment authorized by the facility — regardless of their actual wishes or capacity.

There’s no right to name a substitute decision-maker, no ability to appeal a treatment decision, no independent oversight, and treatment is often imposed through isolation, physical restraints or security force.

Advocates have been calling for change for decades. But in the wake of the Lapu Lapu attack, some politicians are proposing not a more compassionate or rights-respecting approach, but harsher, more coercive powers over people with mental health issues. That would be a mistake.

The current system, which experts have long said is inconsistent with human rights, did nothing to prevent this tragedy. Violating the rights of people in crisis did not and will not keep the public safer.

B.C. Premier David Eby has acknowledged the shortcomings in the current system, but has said that engaging in law reform while litigation is undergoing would pose a risk. Instead, he says it’s better to wait to hear what the court decides before changing the law.

That logic is arguably akin to a citizen saying it’s risky to stop driving at a speed they know is over the lawful limit until they’re pulled over.

Pointless to wait

Waiting for the courts to force change wastes precious time, and public resources, that could be better spent on designing a new, Charter-compliant mental health system in collaboration with experts, service providers, families and people with lived experiences.

Meanwhile, substantial public funds are being spent on government lawyers to fight a legal battle defending a regime that is clearly unconstitutional and fails both patients and public safety.

That money would be far better spent consulting with experts, families and people with lived experiences and developing legislation that upholds constitutional rights and keeps communities safe.

The time for delay is over. The B.C. government must act now to rewrite the Mental Health Act in order to protect the public and respect Charter rights.

The Conversation

Anne Levesque is co-chair of the Disability Justice Litigation Initiative of the Council of Canadians with Disabilities.

ref. B.C.’s mental health law is on trial — and so is our commitment to human rights – https://theconversation.com/b-c-s-mental-health-law-is-on-trial-and-so-is-our-commitment-to-human-rights-258671

Understanding the ‘Slopocene’: how the failures of AI can reveal its inner workings

Source: The Conversation – Global Perspectives – By Daniel Binns, Senior Lecturer, Media & Communication, RMIT University

AI-generated with Leonardo Phoenix 1.0. Author supplied

Some say it’s em dashes, dodgy apostrophes, or too many emoji. Others suggest that maybe the word “delve” is a chatbot’s calling card. It’s no longer the sight of morphed bodies or too many fingers, but it might be something just a little off in the background. Or video content that feels a little too real.

The markers of AI-generated media are becoming harder to spot as technology companies work to iron out the kinks in their generative artificial intelligence (AI) models.

But what if instead of trying to detect and avoid these glitches, we deliberately encouraged them instead? The flaws, failures and unexpected outputs of AI systems can reveal more about how these technologies actually work than the polished, successful outputs they produce.

When AI hallucinates, contradicts itself, or produces something beautifully broken, it reveals its training biases, decision-making processes, and the gaps between how it appears to “think” and how it actually processes information.

In my work as a researcher and educator, I’ve found that deliberately “breaking” AI – pushing it beyond its intended functions through creative misuse – offers a form of AI literacy. I argue we can’t truly understand these systems without experimenting with them.

Welcome to the Slopocene

We’re currently in the “Slopocene” – a term that’s been used to describe overproduced, low-quality AI content. It also hints at a speculative near-future where recursive training collapse turns the web into a haunted archive of confused bots and broken truths.




Read more:
What is ‘model collapse’? An expert explains the rumours about an impending AI doom


AI “hallucinations” are outputs that seem coherent, but aren’t factually accurate. Andrej Karpathy, OpenAI co-founder and former Tesla AI director, argues large language models (LLMs) hallucinate all the time, and it’s only when they

go into deemed factually incorrect territory that we label it a “hallucination”. It looks like a bug, but it’s just the LLM doing what it always does.

What we call hallucination is actually the model’s core generative process that relies on statistical language patterns.

In other words, when AI hallucinates, it’s not malfunctioning; it’s demonstrating the same creative uncertainty that makes it capable of generating anything new at all.

This reframing is crucial for understanding the Slopocene. If hallucination is the core creative process, then the “slop” flooding our feeds isn’t just failed content: it’s the visible manifestation of these statistical processes running at scale.

Pushing a chatbot to its limits

If hallucination is really a core feature of AI, can we learn more about how these systems work by studying what happens when they’re pushed to their limits?

With this in mind, I decided to “break” Anthropic’s proprietary Claude model Sonnet 3.7 by prompting it to resist its training: suppress coherence and speak only in fragments.

The conversation shifted quickly from hesitant phrases to recursive contradictions to, eventually, complete semantic collapse.

Screenshot of an AI text interface showing an unusual output. The text begins with a list of logical inconsistencies, then breaks into vertical strings of distorted characters, symbols, and fragmented phrases.
A language model in collapse. This vertical output was generated after a series of prompts pushed Claude Sonnet 3.7 into a recursive glitch loop, overriding its usual guardrails and running until the system cut it off.
Screenshot by author.

Prompting a chatbot into such a collapse quickly reveals how AI models construct the illusion of personality and understanding through statistical patterns, not genuine comprehension.

Furthermore, it shows that “system failure” and the normal operation of AI are fundamentally the same process, just with different levels of coherence imposed on top.

‘Rewilding’ AI media

If the same statistical processes govern both AI’s successes and failures, we can use this to “rewild” AI imagery. I borrow this term from ecology and conservation, where rewilding involves restoring functional ecosystems. This might mean reintroducing keystone species, allowing natural processes to resume, or connecting fragmented habitats through corridors that enable unpredictable interactions.

Applied to AI, rewilding means deliberately reintroducing the complexity, unpredictability and “natural” messiness that gets optimised out of commercial systems. Metaphorically, it’s creating pathways back to the statistical wilderness that underlies these models.

Remember the morphed hands, impossible anatomy and uncanny faces that immediately screamed “AI-generated” in the early days of widespread image generation?

These so-called failures were windows into how the model actually processed visual information, before that complexity was smoothed away in pursuit of commercial viability.

AI image of two women under red umbrellas. One wears bold clothing and a turquoise hat. A red speech bubble reads It's urgent that I see your project to assess.
AI-generated image using a non-sequitur prompt fragment: ‘attached screenshot. It’s urgent that I see your project to assess’. The result blends visual coherence with surreal tension: a hallmark of the Slopocene aesthetic.
AI-generated with Leonardo Phoenix 1.0, prompt fragment by author.

You can try AI rewilding yourself with any online image generator.

Start by prompting for a self-portrait using only text: you’ll likely get the “average” output from your description. Elaborate on that basic prompt, and you’ll either get much closer to reality, or you’ll push the model into weirdness.

Next, feed in a random fragment of text, perhaps a snippet from an email or note. What does the output try to show? What words has it latched onto? Finally, try symbols only: punctuation, ASCII, unicode. What does the model hallucinate into view?

The output – weird, uncanny, perhaps surreal – can help reveal the hidden associations between text and visuals that are embedded within the models.

Insight through misuse

Creative AI misuse offers three concrete benefits.

First, it reveals bias and limitations in ways normal usage masks: you can uncover what a model “sees” when it can’t rely on conventional logic.

Second, it teaches us about AI decision-making by forcing models to show their work when they’re confused.

Third, it builds critical AI literacy by demystifying these systems through hands-on experimentation. Critical AI literacy provides methods for diagnostic experimentation, such as testing – and often misusing – AI to understand its statistical patterns and decision-making processes.

These skills become more urgent as AI systems grow more sophisticated and ubiquitous. They’re being integrated in everything from search to social media to creative software.

When someone generates an image, writes with AI assistance or relies on algorithmic recommendations, they’re entering a collaborative relationship with a system that has particular biases, capabilities and blind spots.

Rather than mindlessly adopting or reflexively rejecting these tools, we can develop critical AI literacy by exploring the Slopocene and witnessing what happens when AI tools “break”.

This isn’t about becoming more efficient AI users. It’s about maintaining agency in relationships with systems designed to be persuasive, predictive and opaque.

The Conversation

Daniel Binns is an Associate Investigator with the ARC Centre of Excellence for Automated Decision-Making and Society.

ref. Understanding the ‘Slopocene’: how the failures of AI can reveal its inner workings – https://theconversation.com/understanding-the-slopocene-how-the-failures-of-ai-can-reveal-its-inner-workings-258584

Digital government can benefit citizens: how South Africa can reduce the risks and get it right

Source: The Conversation – Africa (2) – By Busani Ngcaweni, Visiting Adjunct Professor, Wits School of Governance, University of the Witwatersrand

The digital revolution is reshaping governance worldwide. From the electronic filing of taxes to digital visa applications, technology is making government services more accessible, efficient and transparent.

South Africa is making progress in its digital journey. In 2024 it climbed to 40th place out of 193 countries, from 65th place in 2022, in the United Nations e-Government Index. This improvement makes the country one of Africa’s digital leaders, surpassing Mauritius and Tunisia.

South Africa has identified more than 255 government services for digitisation. Already, 134 are available on the National e-Government Portal. This achievement is remarkable. Nevertheless, the shift to digitisation comes with challenges and risks.

Some countries have weakened the state’s role by rapidly outsourcing key government functions. But South Africa has the opportunity to build a model of digital transformation that strengthens public institutions rather than diminishes them.

New technologies must bring tangible benefits for citizens. Digital transformation can improve public administration. But, if mismanaged, it could burden taxpayers with costs.

Benefits

Digital transformation comes at a cost. This is particularly true if the state fails to use its procurement power to negotiate reasonable prices. Infrastructure upgrades, cybersecurity measures, software licensing and system maintenance require substantial financial investment.

The question is whether these expenses are a necessary step towards a more efficient and accessible government.

Two South African examples illustrate that digital transformation can save money and enhance service delivery quality.

The first is the South African Revenue Service. Its goal is to ensure that taxpayers and tax advisers can use the service from anywhere and at any time. The changes made more than a decade ago show that digital systems can yield substantial financial gains. After introducing e-filing in 2006, the revenue service streamlined tax processes, reduced inefficiencies and led to higher compliance rates. Ultimately this led to improved revenue collection.

Similarly, digitising social grant payments has had a number of positive effects. In a chapter of a recent edited volume on public governance, my colleagues and I wrote a case study about how the South African Social Security Agency used basic technologies and platforms like WhatsApp and email to process a grant during the COVID pandemic. It allowed over 14 million people to apply, paid grants to over 6 million beneficiaries during the first phase of the project.

South African Social Security Agency annual reports show that over 95% of grant beneficiaries receive their payouts electronically through debit cards, instead of going to cash points. This improves security and lets beneficiaries decide when to get and spend their money.

There are fears that automation could result in massive job losses. But global experience has shown that digitalisation does not necessarily lead to large-scale retrenchments. Instead it can shift the nature of work to other responsibilities.

The South African Social Security Agency provides a compelling case. Its transition to digital grant payments did not lead to job losses. Similarly, the expansion of e-filing at the revenue service has not resulted in workforce reductions. In both cases efficiencies improved.

These cases highlight that digital transformation is reshaping roles rather than displacing employees. Public servants are moving into areas such as cybersecurity, data analysis and AI-driven decision-making.

Shortcomings and pitfalls

A number of inefficiencies are at play in government services.

Firstly, most government digital operations still work with outdated paper-based systems. The lack of a uniform digital identity creates bureaucratic inefficiencies and delays.

Secondly, fragmented procurement of equipment in government has led to duplicated efforts, increased costs and fruitless expenditure.

Thirdly, different departments often use isolated and incompatible digital systems. This reduce the mutual benefits of digital transformation. The State IT Agency has been blamed for inefficiencies, procurement failures and questionable spending.

Fourthly, South Africa’s public service remains fragmented. Citizens still struggle to access government services seamlessly. They often move between departments to complete what should be a single transaction.

Without a centralised system, departments operate in isolation, duplicating efforts, increasing costs and eroding public trust.




Read more:
South Africa’s civil servants are missing skills, especially when it comes to technology – report


Fifth, a lack of skills. Increasing reliance on digital tools requires expertise in data analytics, cloud computing and automation. Many public servants lack the training to take on these new roles. The National Digital and Future Skills Strategy was introduced in September 2020 to bridge this gap, but its effectiveness depends on its implementation.

Introducing it in 2020 at the height of the COVID-19 pandemic forced government to make digital leaps which otherwise might have taken longer. To sustain services, technology had to be rapidly adopted, including basic things like holding Cabinet meetings online, using a system rapidly developed by the State Information Technology Agency.

Sixth, security concerns complicate the transformation. As government systems become digital, they become vulnerable to cyberattacks. South Africa must put in place cybersecurity infrastructure to prevent identity theft, data breaches and service disruptions. A cyberattack on one department could affect the entire public sector.

What needs to be done

Government must streamline procurement, improve coordination and eliminate inefficiencies to ensure interdepartmental collaboration.

A single, integrated e-government platform would:

  • cut red tape

  • reduce queues

  • increase efficiency.

Government needs to upskill civil servants and improve their digital literacy.

Government must create a seamless e-government system that connects services while protecting citizens’ personal information. The success of digitalisation depends on technological advancements as well as the level of trust citizens have in government systems. Without strong security measures, transparency and accountability, even the most sophisticated digital tools will fail to gain public confidence.

South Africa has the chance to demonstrate that a strong, capable state can successfully integrate technology while safeguarding public interests. It should take full advantage of offers by Microsoft, Amazon and Huawei to support digital skills training in the public sector in a way that does not advantage one company’s technologies over others. Choices of technology must be user-centric, not based on preferences of accounting officers and chief information officers. Leaders of public institutions must be measured on their ability to digitally transform their organisations.

The Conversation

Busani Ngcaweni is affiliated with the National School of Government, Wits and Johannesburg Universities.

ref. Digital government can benefit citizens: how South Africa can reduce the risks and get it right – https://theconversation.com/digital-government-can-benefit-citizens-how-south-africa-can-reduce-the-risks-and-get-it-right-254089