Por qué el hantavirus Andes puede transmitirse entre personas (y otros no)

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Isidoro Martínez González, Científico Titular de OPIs, Instituto de Salud Carlos III

Pereslavtseva Katerina/Shutterstock

Imagínese limpiando una casa de campo cerrada durante meses. Barre el polvo, respira profundamente y, sin saberlo, inhala partículas virales microscópicas provenientes de excrementos de ratón (heces, orina, saliva). Semanas después, desarrolla una fiebre elevada y sus pulmones comienzan a llenarse de líquido.

Este es el escenario clásico del síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), una enfermedad grave y a menudo letal. La regla de oro en virología durante décadas fue que el ser humano era un “hospedador terminal” (un callejón sin salida) para los hantavirus: el ratón infecta al humano, pero este no puede transmitir el virus a otro humano.

Pero hay una excepción capaz de transmitirse entre personas: el hantavirus Andes, presente en Chile y Argentina, y recientemente responsable del brote detectado en el crucero MV Hondius. Aunque esta transmisión es poco frecuente y requiere un contacto estrecho, su existencia plantea una pregunta clave: ¿qué hace diferente al virus Andes?

La historia de un descubrimiento inquietante

El virus Andes es endémico de la Patagonia, una región repartida entre Argentina y Chile. Su portador natural es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus).

La comunidad científica descubrió la inusual capacidad de este virus en 1996 durante un brote en Epuyén, Argentina. Los epidemiólogos notaron algo preocupante: los médicos que atendían a los pacientes y los familiares que los cuidaban estaban enfermando. No habían estado en contacto con ratones ni limpiando cobertizos. El virus estaba pasando de persona a persona. Esto se confirmó de manera trágica en otro gran brote en la misma localidad entre 2018 y 2019, que dejó decenas de contagiados y una alta tasa de mortalidad (cercana al 30 %).

Investigaciones publicadas en el New England Journal of Medicine demostraron que varios pacientes estaban infectados con virus genéticamente idénticos, lo que solo se explica por transmisión directa entre humanos. Incluso se identificaron “supercontagiadores”: personas que infectaron a varios contactos cercanos, un fenómeno muy inusual en los hantavirus.

Tras años de investigación en laboratorios de alta bioseguridad, por fin estamos empezando a comprender los mecanismos biológicos que hacen al virus Andes tan excepcionalmente peligroso.




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Un virus que circula por la sangre… y más allá

La mayoría de los hantavirus apenas alcanzan niveles detectables de virus en la sangre (viremia). En cambio, estudios clínicos recientes han demostrado que el virus Andes provoca una viremia intensa y prolongada durante la fase aguda de la enfermedad.

Esto significa que el virus está presente en grandes cantidades en la sangre del paciente, lo que facilita que llegue a otros fluidos corporales.

Un estudio publicado en The Lancet Infectious Diseases analizó muestras de pacientes infectados y encontró ARN viral y partículas infecciosas en la saliva, las secreciones respiratorias y el fluido gingival. En algunos casos, estas muestras fueron capaces de infectar células en el laboratorio.

Andes, además, tiene la capacidad de infectar células del tracto respiratorio. Esto significa que las nuevas partículas virales que se producen se liberan directamente hacia el interior de los pulmones y la garganta del paciente, listas para viajar en microgotas a través de la tos, los estornudos o la saliva hacia un nuevo huésped.




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Retraso de la respuesta inmunitaria inicial

El hantavirus Andes es especialmente eficaz bloqueando la respuesta antiviral temprana, en particular el sistema del interferón tipo I, que normalmente frena la replicación viral.

Este “silencio inmunológico” permite que el virus se replique más tiempo sin ser detectado.

Un tiempo prolongado de incubación

El periodo entre la infección y la aparición de los síntomas (incubación) suele ser de dos a tres semanas, aunque puede superar incluso los 40 días. Esto permite que una persona infectada alcance picos muy altos de carga viral en sus vías respiratorias antes de que comiencen los síntomas respiratorios graves. En esta fase, la persona solo siente un malestar similar a una gripe leve.

Dado que el paciente aún no se siente gravemente enfermo, sigue haciendo su vida normal: besa a su pareja, abraza a sus hijos o, en el contexto cultural sudamericano, comparte el mate. Es en estos momentos de intimidad y contacto estrecho donde el virus Andes aprovecha para transmitirse a nuevos individuos.

Esquema sobre las particularidades del hantavirus Andes.
Esquema sobre las particularidades del hantavirus Andes.
Isidoro Martínez

¿Debemos preocuparnos?

La respuesta corta es que no, pero con matices.

El virus Andes no se transmite por aerosoles a larga distancia con la facilidad de la gripe o el SARS‑CoV‑2. Para que ocurra el contagio suele ser necesario un contacto estrecho y prolongado, exposición a saliva o secreciones respiratorias, convivencia en espacios cerrados o cuidados directos a un paciente en fase aguda.

Por eso, aunque la transmisión entre personas es real, el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

Las medidas de salud pública (aislamiento de casos, rastreo de contactos y protección del personal sanitario) han demostrado ser muy eficaces para cortar las cadenas de transmisión.




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La importancia de vigilar los virus emergentes

El virus Andes ofrece una oportunidad única para entender cómo un virus transmitido por roedores puede adaptarse parcialmente a la transmisión humana. Comprender sus mecanismos podría ayudar a anticipar riesgos futuros, mejorar la vigilancia epidemiológica y desarrollar mejores herramientas diagnósticas y terapéuticas.

En un mundo donde los virus zoonóticos emergentes son cada vez más frecuentes, el hantavirus Andes es un recordatorio de que la frontera entre animales y humanos es más permeable de lo que parece.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. Por qué el hantavirus Andes puede transmitirse entre personas (y otros no) – https://theconversation.com/por-que-el-hantavirus-andes-puede-transmitirse-entre-personas-y-otros-no-282596

¿Está TikTok empeorando la ortografía de los adolescentes?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By África Presol Herrero, Director del Grado en Publicidad Creativa, Universidad Camilo José Cela

Juan Alejandro Bernal/Shutterstock

TikTok es la red social social preferida por los adolescentes, por delante de Instagram o YouTube. La generación Alfa (entre los 12 y los 17 años) la usan para informarse, entretenerse y seguir a sus creadores de referencia. La influencia que los contenidos consumidos tiene en sus creencias, gustos y costumbres es en ocasiones tan intensa que hasta puede cambiar la forma en la que algunos de ellos comen.

Tiene sentido que nos planteemos, por tanto, en qué medida el uso del lenguaje y la ortografía en esta red social puede también estar influyendo en cómo los chicos y chicas de estas edades escriben. Es lo que hemos querido investigar en nuestro reciente estudio.

Tras analizar los 700 vídeos más vistos en TikTok España durante cinco meses desde el punto de vista gramatical, hemos descubierto uno de cada cuatro tiene faltas de ortografía o gramaticales en sus textos superpuestos (subtítulos o rótulos sobre la imagen) o en sus textos descriptivos (el equivalente al pie de foto).

Los errores más comunes

En los 167 vídeos con faltas encontramos un total de 312 errores, la mayor parte de ellos de tipo ortográfico (tildes) en el texto descriptivo. También se detectaron faltas en los rótulos en el 19,2 % de los casos.

Las faltas ortográficas repetidas con más frecuencia fueron “mas” o “que” sin tildes, mientras que los errores gramaticales respondieron más a fallos de concordancia como “tú quiere”, “es para tu” o “me gustan mucho”.

En cuanto al lenguaje urbano digital (expresiones o términos no reconocidos por la RAE), destacó el uso de “tkm” en lugar de “te quiero mucho” o “darle mg” (en lugar de “dadle me gusta”).




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También observamos que algunos usuarios modifican de manera intencionada las palabras relacionadas con violencia o sexo para evitar que los vídeos sean penalizados por la normativa de la red social (como, por ejemplo, el uso de “s3xo” por “sexo”, “p3dof1lo” en lugar de “pedófilo” o “c4chetadas” por “cachetadas”).

Sin corrector automático y en pantalla

TikTok es una aplicación nacida para ser usada a través de dispositivos móviles, por lo que los usuarios escriben con el teclado táctil (esto puede invitar a relajar el rigor del uso de la lengua o confiar en exceso del autocorrector). Además, no ofrece la posibilidad, por el momento, de generar o supervisar el texto escrito con inteligencia artificial (algo que sí hace X con su IA Grok para mejorar la calidad de los posts).

Además, una de las características de TikTok es que su algoritmo viraliza contenidos sin que sea determinante el número de seguidores de la persona que los publica. Esta democratización supone que, al contrario que en los medios de comunicación, los contenidos de personas sin una formación especial y sin filtros de calidad puedan ser vistos por miles de usuarios.

La relajación del uso en redes sociales

¿Qué importancia tiene esto? Mucha si tenemos en cuenta que la corrección ortográfica y gramatical es importante para un desempeño eficaz en la vida, especialmente en el ámbito profesional. Además, las normas gramaticales y ortográficas quedan fijadas en nuestros cerebros a través de la reproducción de lo que estamos acostumbrados a ver escrito, ya que cuanto más vemos una palabra escrita de una determinada forma, más probabilidades hay de que la interioricemos y la reproduzcamos, aunque sea incorrecta.

Las redes sociales, y especialmente TikTok, son hoy uno de los principales canales de comunicación entre jóvenes. Si se relaja el uso de la lengua en entornos en los que cada vez pasan más tiempo, estos errores se trasladan al rendimiento y ámbito académico.




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Pese a los datos optimistas sobre el hábito lector entre los jóvenes (el 75,3 % de la población entre 14 y 24 años lee libros en su tiempo libre), cabe preguntarse si en cuestión de tiempo de exposición las redes sociales superan con mucho a los libros.

El reto, además, no pasa únicamente por fomentar la lectura, sino por integrar en la educación formal una formación lingüística adaptada al ecosistema digital en el que se comunican los jóvenes. Por ejemplo, integrando el uso de redes sociales y de internet en el aula con las mismas exigencias ortográficas y gramaticales de cualquier trabajo académico.

The Conversation

Jorge Gallardo-Camacho trabaja en Atresmedia

África Presol Herrero no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. ¿Está TikTok empeorando la ortografía de los adolescentes? – https://theconversation.com/esta-tiktok-empeorando-la-ortografia-de-los-adolescentes-281068

Your local storm forecast is likely based on weather miles away – mesonets can help bridge that gap

Source: The Conversation – USA (2) – By Chris Vagasky, Meteorologist and Research Program Manager, University of Wisconsin-Madison

Weather apps might see that a storm is coming, but mesonets capture what’s happening as it arrives with local real-time data. Patrick Emerson/Flickr, CC BY-SA

Whether you’re planning a weekend hike, deciding what to wear to work or preparing your home for severe storms, the weather forecast is essential. You might instinctively grab your smartphone and check an app for an instant weather update.

But how many times have you looked at your app, only to step outside and see the sky painting a different picture than what’s on your screen?

As a meteorologist who operates a weather station network in Wisconsin, I’ve heard many of the same cliches time and again: “The weatherman is always wrong!” “Just wait five minutes and the weather will be different!”

Before you blame the local forecasters, let’s talk about where the data in your weather app comes from, and why it might not always show what you expect. It’s why my colleagues and I are working to bring forecast data closer to home.

The nuts and bolts of weather forecasting

Earth is huge. It has a diameter of 7,926 miles (12,756 kilometers) at the equator and has 62 miles (100 kilometers) of atmosphere overhead.

If you want a perfect weather forecast, you will have to precisely measure every molecule of the atmosphere, land and water, and perfectly predict how they will interact with each other for the next minute, day or week. This is, of course, physically impossible.

Instead, scientists run computer models. These models take the observations we do have and simulate the weather on a large scale to a remarkable degree of accuracy. In fact, storm track forecasts from the National Hurricane Center were among its best ever in 2025, and forecasts using machine learning are starting to improve those forecasts even further.

These models are hungry for data. Supercomputers ingest measurements from satellites, weather balloons, Doppler radar, lightning detection networks, buoys, surface weather stations and other measurement platforms to solve the equations that provide weather predictions.

When you open your phone, your weather app isn’t doing the meteorology – it’s just showing the output of the model’s calculations. Even though they generally aren’t tailored by a local meteorologist, these short-term forecasts are usually pretty good. But they could be better.

All weather is local

You’ve probably seen it before: It’s raining on one side of the street and not on the other. You flip on the news to see the nearest airport received an inch of rain, but your garden is dry.

There are more than 2,500 airports in the United States with weather stations, which is where much of the weather data shared on TV and online is collected. But for many people, the closest airport is more than 20 miles (32 kilometers) away. This is especially true in rural areas.

A map shows large gaps in many states, particularly across the West but also in large parts of Mississippi, Alabama, Missouri and Arkansas, as well as regions of the Northeast.
All of the areas in green are more than 20 miles from an airport weather station. In many cases, that means they’re 20 miles or farther from the weather observations feeding their local forecasts.
Chris Vagasky

Because of the chaotic nature of weather, the only way to truly know what’s happening in your yard is to measure the weather in your yard. But not everyone is interested in installing a rain gauge or personal weather station.

Filling the gaps

To bridge this gap, many states and universities have established local weather station networks called mesonets – short for mesoscale networks, meaning intermediate scale. These weather stations are installed in locations to ensure everyone in the state is within 20 miles of the nearest station.

Nationally, there are nearly 3,000 mesonet stations installed in 38 states, with more networks planned.

Like the weather stations at airports, mesonets measure things like air temperature and relative humidity, air pressure, rainfall or melted snow, and wind speed and direction – often every five minutes.

Many mesonets collect additional data such as soil moisture levels to help farmers. Some even have camera images updated every five minutes to show current weather conditions. Mesonet data is then shared through websites or direct data transmission so that the public, weather forecasters and researchers can easily access it.

I lead the team at Wisconet, a new mesonet that just finished installing 78 weather stations across Wisconsin. Our stations are installed on 10-foot-tall (3-meter) tripods in open areas near orchards and cranberry marshes, farms and airfields, schools and other educational centers, and on city, state and federally owned lands.

A tall tripod with various weather equipment and a solar panel for power.
Wisconet weather stations, like this one in Amery, Wisc., provide local weather data for areas where forecasts used to be based on what was happening many miles away.
Caitlin Wienkes, Wisconet

These added weather stations are already proving useful. On Aug. 18, 2025, slow-moving thunderstorms moved over a Wisconet station, with more than 3 inches of rain falling in just a couple of hours. The National Weather Service was able to issue a flash flood warning for the area because of the data provided by that station.

In addition to providing a near-real-time snapshot of the local weather, mesonets help farmers decide when to run irrigation systems, spray pesticides or plant crops. They also help provide better weather warnings, particularly when tornadoes and other storms intensify over small areas that farther-away weather stations would miss.

A nationwide network of networks

Because of the immense value of high-frequency weather and soil measurements, the National Oceanic and Atmospheric Administration leads a National Mesonet Program. The program collects weather data from public, private and academic sources, validates the quality of the data, and ensures it flows to users, including the National Weather Service. National Weather Service forecasters use that data to make more timely and accurate severe weather warnings.

Congress is considering expanding that program, with legislation proposed in the House and the Senate. The bills aim to authorize $50 million to $70 million annually to the National Mesonet Program between 2026 and 2030 to improve and expand mesonets across the country. An expansion would mean more weather stations and new capabilities, like real-time snowfall, fire weather and air quality measurements, closer to the people who rely on them.

So the next time you check your smartphone and grumble because the app doesn’t match the weather in your backyard, remember that all weather is local. If you don’t have a nearby mesonet station, the nearest measurements may be many miles away.

The Conversation

This work is supported by the Institute for Rural Partnerships, project award no. 2023-70500-38915, from the U.S. Department of Agriculture’s National Institute of Food and Agriculture. Any opinions, findings, conclusions, or recommendations expressed in this publication are those of the author and should not be construed to represent any official USDA or U.S. Government determination or policy.

Wisconet receives monthly payments for their data from the National Mesonet Program.

ref. Your local storm forecast is likely based on weather miles away – mesonets can help bridge that gap – https://theconversation.com/your-local-storm-forecast-is-likely-based-on-weather-miles-away-mesonets-can-help-bridge-that-gap-280985

École à trois vitesses : les garçons issus de milieux défavorisés en paient le prix fort

Source: The Conversation – in French – By Simon Bilodeau-Carrier, Étudiant au doctorat en sciences de l’éducation, Université de Montréal

Le système scolaire québécois nourrit les inégalités. Avec ses trois filières distinctes, il répartit les élèves, notamment en fonction de leur réalité socioéconomique. Ce sont les garçons des milieux défavorisés qui en paient le prix le plus fort.


Dans son récent livre blanc « Ceux qu’on échappe », Gabriel Nadeau-Dubois détaille les effets de ce système selon plusieurs angles, soit le retard scolaire, le décrochage, la maîtrise du français et l’accès aux études supérieures.

Pour pallier ces problèmes, le député met de l’avant une réforme ambitieuse, visant à rassembler toutes les filières de l’école. Est-ce que cette réforme peut réellement réduire à la fois les inégalités scolaires et atténuer les tensions sociales émergentes ?

Je suis doctorant en sociologie de l’éducation, spécialisé dans l’étude des parcours scolaires et des inégalités qui les traversent. À ce titre, les débats entourant la ségrégation scolaire au Québec et les solutions proposées pour y remédier s’inscrivent directement dans mon champ d’expertise.

La ségrégation scolaire au Québec

Les écoles secondaires québécoises sont divisées en différentes filières. On les rassemble souvent en trois catégories, qui sont parfois appelées les « trois vitesses » du système : 1) les programmes « réguliers » des écoles publiques, 2) les programmes pédagogiques particuliers des écoles publiques (ex. sports-études) et 3) tous les programmes dispensés dans les écoles privées.

Seule la première catégorie accueille tous les types d’élèves, alors que les deux autres mobilisent des processus de sélection. En outre, plusieurs programmes particuliers et l’ensemble des écoles privées exigent que les parents paient certains frais pour que leurs enfants puissent s’inscrire. C’est ce qu’on appelle un quasi-marché scolaire.




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En théorie, tous les élèves peuvent s’inscrire dans toutes les filières, alors qu’en pratique, les opportunités réelles varient fortement. Par exemple, les critères de sélection comme les résultats scolaires et les examens d’entrée excluent un bon nombre d’élèves, y compris plusieurs vivant des situations de handicap. D’autre part, certains programmes de sports-études demandent aux parents de payer du matériel supplémentaire, ce qui exclut d’emblée plusieurs élèves provenant de familles moins bien nanties.

Ainsi, les diverses filières d’enseignement sélectives sont souvent inaccessibles pour les élèves provenant de milieux socioéconomiques défavorisés. Il s’agit donc d’un système inéquitable et ségrégatif, notamment sur le plan socioéconomique.

En outre, bien que la reproduction des inégalités sociales dépende également de facteurs externes au système scolaire, comme le quartier ou le niveau d’éducation des parents, ce système contribue à les prolonger à long terme, dans la mesure où les élèves issus des programmes réguliers du secondaire s’inscrivent moins souvent au cégep et à l’université que les autres

Le livre blanc

L’ouvrage de Nadeau-Dubois explore l’effet de l’exclusion des filières sélectives sur les garçons provenant de milieux socioéconomiques défavorisés. L’auteur explique s’y intéresser afin d’éviter que ces frustrations n’alimentent la polarisation, la haine et l’exclusion envers les femmes.

En s’appuyant sur de nombreuses recherches et statistiques, le député solidaire met en lumière les inégalités vécues par les garçons de milieux plus modestes dans le programme « général » du système public. En moyenne, selon les données consultées, les garçons sont moins performants à l’école que les filles.




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Toutefois, les écarts observés entre les genres, par exemple dans les résultats scolaires ou par rapport à la littératie, sont systématiquement plus grands dans les milieux moins sélectifs. La conclusion est donc que la ségrégation scolaire est particulièrement nocive pour la réussite scolaire des garçons.

Devant ce constat, l’auteur met de l’avant la solution du mouvement citoyen École ensemble, voulant que le système scolaire soit unifié en une seule voie. L’idée est d’offrir à l’ensemble des élèves des programmes particuliers en lien avec leurs intérêts, sans frais et sans sélection. On abolirait ainsi le cheminement « régulier » et les écoles privées subventionnées telles qu’elles existent aujourd’hui. L’initiative prévoit que les établissements privés qui souhaiteraient maintenir leur financement gouvernemental devraient se joindre au réseau commun et donc cesser de faire de la sélection d’élèves.

Pour la suite de cet article, j’explorerai la portée de la solution proposée sous deux angles. Je détaillerai d’abord son effet sur les inégalités dans les parcours scolaires et ensuite sur les préjugés et la polarisation entre les genres.

Une solution aux opportunités d’études inégalitaires

Le chercheur en administration publique Étienne-Alexandre Beauregard critique l’approche proposée par Nadeau-Dubois. Selon lui, retirer le financement aux écoles privées refusant de se joindre au réseau réduirait la liberté de choix des élèves, tant en ce qui concerne les programmes que les établissements.

À l’opposé, certains soutiennent que la perte d’accessibilité dans quelques écoles privées serait largement compensée par un accès accru pour la majorité des élèves québécois, grâce à un réseau scolaire plus équitable.

Au-delà de ce débat de fond, comme le décrit la chercheuse en sociologie de l’éducation Véronique Grenier, la réforme proposée pourrait être contournée. Par exemple, si une école privée intègre le réseau public tout en conservant des infrastructures et des équipements supérieurs, des parents mieux nantis pourraient choisir de déménager à proximité afin d’y inscrire leurs enfants.

Ainsi, la suppression des mécanismes officiels de sélection ne constitue pas une solution complète. Des mécanismes informels risquent d’émerger et de produire des effets similaires.


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Favoriser la mixité socioéconomique des élèves

Pour éviter que la réforme ne soit contournée, elle devrait s’accompagner d’investissements importants dans les infrastructures publiques afin de les rendre aussi attrayantes que celles du secteur privé.

Cette limite renvoie plus largement au caractère structurel des inégalités scolaires. Comme le montrent plusieurs travaux en sociologie de l’éducation, celles-ci ne découlent pas uniquement des ressources matérielles des établissements, mais aussi des politiques publiques encadrant les parcours scolaires.




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Concrètement, lorsque certains établissements et programmes regroupent majoritairement des élèves de milieux favorisés tandis que d’autres accueillent majoritairement des élèves de milieux défavorisés, les écarts de réussite ont tendance à se creuser. À l’inverse, des structures plus intégrées, où des élèves de différents milieux sociaux fréquentent les mêmes écoles et les mêmes classes, favorisent davantage la mixité et contribuent à atténuer ces disparités.

Dans cette perspective, investir dans les infrastructures publiques demeure nécessaire, mais insuffisant. Sans transformation des mécanismes de répartition des élèves, les dynamiques de ségrégation risquent de se maintenir.

Une solution pour éviter la polarisation

Comme le souligne la professeure de sociologie Maryse Potvin, le fonctionnement même des systèmes scolaires et des écoles peut avoir des impacts sur la polarisation, l’exclusion et même parfois la radicalisation.

Les marchés scolaires, incluant les quasi-marchés scolaires comme le système québécois, sont notamment identifiés comme des vecteurs d’inégalité et de discrimination. Dans cette perspective, la solution proposée par Nadeau-Dubois paraît pertinente pour réduire la polarisation, mais il est possible d’aller plus loin.

En effet, d’autres pratiques scolaires peuvent également favoriser l’exclusion. Par exemple, certaines normes implicites, comme les façons de s’exprimer ou de participer en classe, avantagent les élèves pour qui les habitudes correspondent aux attentes de l’école. Tel que cela est présenté dans le livre blanc de Nadeau-Dubois, la socialisation des filles est souvent plus en phase avec le monde scolaire que celle des garçons. À l’inverse, les garçons peuvent être perçus comme moins engagés, ce qui peut alimenter des incompréhensions et des sentiments d’injustice. Ces attentes implicites participent donc à l’exclusion et aux problèmes scolaires des garçons.

Dans cette optique, la mise en place de l’enseignement inclusif constitue une autre piste pertinente. En valorisant la diversité des expériences, en reconnaissant différentes formes de réussites et en adaptant les pratiques pédagogiques aux besoins de l’ensemble des élèves, cet enseignement vise à réduire ces décalages et à favoriser des interactions plus équitables, contribuant à limiter les dynamiques d’exclusion.

Un bon point de départ

En somme, le livre blanc de Nadeau-Dubois produit un discours pertinent par rapport aux enjeux liés à la ségrégation scolaire dans le système québécois, particulièrement par rapport aux garçons issus de milieux défavorisés. La proposition d’un réseau unifié apparaît comme une piste prometteuse pour réduire ces écarts et limiter la ségrégation scolaire.

Toutefois, ses effets dépendront fortement des moyens qui l’accompagnent et des pratiques pédagogiques mises en place. Sans investissements et sans transformation plus large du système, les inégalités risquent simplement de se déplacer plutôt que de disparaître.

La Conversation Canada

Simon Bilodeau-Carrier est doctorant en sciences de l’éducation à l’Université de Montréal. Il est récipiendaire d’une bourse de recherche octroyée par les Fonds de recherche du Québec. Enfin, il possède une carte de membre pour le parti politique Québec Solidaire, sans toutefois y occuper un poste.

ref. École à trois vitesses : les garçons issus de milieux défavorisés en paient le prix fort – https://theconversation.com/ecole-a-trois-vitesses-les-garcons-issus-de-milieux-defavorises-en-paient-le-prix-fort-281693

Bilingualism and sex hormones may provide a new link to brain resilience and dementia risk

Source: The Conversation – Canada – By Noelia Calvo, Research Associate, Neuroscience, University of Toronto

Why do some people maintain good memories and have healthy brains even as they age?

Research that my colleagues and I recently published in Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, explored the effects and interactions of social, linguistic and endocrinological factors on cognitive health.

With Canada’s aging population, the question of brain health is a relevant one. The most recent census in 2021 indicated that one in eight Canadians is aged 70 or over, and there are 1.7 million who are age 80 or older. These numbers show a growing population of older adults at increased risk of cognitive decline, highlighting the need to examine protective factors.

Previous research indicates that bilingualism may be a possible protective factor. Notably, the 2021 census indicated that bilingualism is also increasing among Canadians, with four in 10 (41 per cent) speaking more than one language.

While bilingualism may be one piece of the puzzle, other cognitive or biological factors also influence brain health. Verbal memory — the ability to remember words — has been linked to cognitive resilience. The presence of sex hormones such as estrogen and testosterone, which are present in both men and women, may also influence how the brain ages.

Studying a trio of factors

The relationship between these three factors — bilingualism, verbal memory and sex hormones — has not been studied before. To address this gap, my colleagues and I conducted a new study in Canada. We found that bilingualism may interact with verbal memory and sex hormones to influence dementia risk in unexpected ways.

Our study included data from 335 older adults with mild cognitive impairment and 170 patients with Alzheimer’s disease drawn from the Comprehensive Assessment of Neurodegeneration and Dementia (COMPASS-ND) cohort, which is part of the Canadian Consortium on Neurodegeneration and Aging.

COMPASS-ND includes more than 1,200 Canadian adults aged 50–90 years recruited across more than 30 sites nationwide. Using this rich and current database, we examined how sex hormones, verbal memory and bilingualism jointly influence cognitive resilience, brain structure and blood-based markers of Alzheimer’s disease.


This article is part of our ongoing series The Grey Revolution. The Conversation Canada and La Conversation are exploring the impact of the aging boomer generation on Canadian society, including housing, working, culture, nutrition, travelling and health care. The series explores the upheavals already underway and those looming ahead.


We created a resilience index for each participant that incorporated sex hormones, verbal memory, bilingual proficiency, education, age and immigration status. Age, education, and immigration status were included as covariates because they may influence cognitive resilience through differences in language experiences, educational opportunities and sociocultural adaptation across the lifespan.

Each unit increase in the resilience index was associated with a significant reduction in the odds of dementia-related pathology. Higher resilience index scores were also linked to better performance on clinical diagnostic tools such as the Montreal Cognitive Assessment (MoCA), as well as lower levels of key markers associated with neurodegeneration and glial activation, a process in which the brain’s support cells become reactive in response to injury or disease.

Overall, bilingual participants showed the highest resilience index scores, but with notable differences in how these effects manifested across biological sex.

Our findings challenge the idea that risk and resilience can be understood by looking at biological or social factors in isolation. By studying bilingualism and sex hormones together, we reveal how these factors may interact to shape brain resilience.

Bilingualism and verbal memory

Another important finding of our study was related to verbal memory. Consistent with previous research, women showed better performance in verbal memory. This sex difference is clinically important because verbal memory is often used as a proxy for general cognitive function, meaning it can influence how dementia is diagnosed in women.

One might expect that bilingual women would be especially protected, since they have both the bilingualism benefit and strong verbal memory.

Surprisingly, our study found the opposite: bilingual men showed greater brain protection. Our findings suggested that a combination of two factors may be a mechanism behind enhanced verbal memory and cognitive resilience in aging men: aromatization — the conversion of testosterone into estradiol — and bilingual language experience.

In people with mild cognitive impairment, higher estradiol levels produced through aromatization, together with bilingualism, may work synergistically to protect verbal memory, making older bilingual men more resilient to cognitive decline and neurodegenerative pathology.

Overall, our study suggests that bilingual men may have greater resilience to neuropathology and that sex hormones could influence dementia risk in aging women. These findings underscore the need for more research on how sex hormones affect brain health, as well as the importance of using measures beyond verbal memory to improve the accuracy of cognitive decline diagnoses in Canada.

The Conversation

The research discussed in this article was supported by external funding from the Synapse Challenge award, Canadian Consortium on Neurodegeneration (CCNA). The funding period has now concluded.

ref. Bilingualism and sex hormones may provide a new link to brain resilience and dementia risk – https://theconversation.com/bilingualism-and-sex-hormones-may-provide-a-new-link-to-brain-resilience-and-dementia-risk-279490

Conflit Inde-Pakistan : la médiation impromptue de Trump embarrasse New Delhi

Source: The Conversation – in French – By Amélie Chalivet, Candidate au doctorat et chargée de cours en Relations internationales, Université du Québec à Montréal (UQAM)

En mai 2025, une brève flambée de violence entre l’Inde et le Pakistan ramène le Cachemire au centre de l’attention internationale.

Le président américain Donald Trump s’en saisit pour annoncer un cessez-le-feu qu’il présente comme « médié » par Washington. Pour New Delhi, c’est un revers diplomatique.

Pour comprendre cette réaction, il importe de tenir compte à la fois de l’histoire du conflit indo-pakistanais et des spécificités de l’approche américaine sous Donald Trump.

Le Cachemire et l’enjeu de l’internationalisation

Depuis la Partition des Indes britanniques en 1947, qui a créé deux États autonomes, l’Inde et le Pakistan, le Cachemire (région himalayenne à la jonction des deux pays) est un enjeu central source de tensions. Les deux pays se sont livré une guerre à ce sujet dès 1947. Une médiation de l’ONU, à la demande de l’Inde, avait alors permis d’aboutir à un cessez-le-feu en 1948.

En 1972, les accords de Simla marquent une rupture avec cette politique de médiation externe, en précisant que les différends seront désormais résolus par des négociations bilatérales directes. Le gouvernement indien a donc cherché, à partir de cette date, et encore davantage depuis 2019, à rejeter l’idée qu’un acteur tiers, qu’il s’agisse d’un État ou des Nations unies, puisse intervenir dans les négociations autour du Cachemire. Les accords de Simla ont depuis été utilisés comme un bouclier contre l’ingérence des grandes puissances.

Le 5 août 2019, le gouvernement indien de Narendra Modi abroge néanmoins l’Article 370 de la Constitution. Cet Article conférait à l’ancien État du Jammu-et-Cachemire un statut spécial et un certain niveau d’autonomie, ancrés dans la Constitution depuis son adhésion à l’Inde en 1947. L’abrogation de l’Article a pour conséquence de transformer le Jammu-et-Cachemire en deux territoires (Jammu-et-Cachemire d’un côté, et Ladakh de l’autre) directement administrés par le pouvoir central, dans un contexte de durcissement du contrôle étatique.

Le Cachemire a longtemps été traité comme un conflit international, ce qui légitimait par exemple l’implication de l’ONU. En supprimant le statut spécial du Jammu-et-Cachemire, New Delhi souhaitait le recadrer comme une affaire relevant strictement de l’autorité indienne.

Le Pakistan a opéré le mouvement inverse et a cherché à internationaliser encore davantage cet enjeu en faisant régulièrement référence au Cachemire dans ses discours aux Nations unies et en menaçant de suspendre les accords de Simla. C’est dans ce contexte d’opposition fondamentale sur la question de la médiation extérieure qu’entrent en jeu les événements de mai 2025.




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La guerre des quatre jours et la médiation américaine

À la suite d’un violent conflit de quatre jours qui s’est déroulé dans un épais brouillard médiatique, les hostilités entre les deux États prennent fin le 10 mai 2025 avec l’annonce d’un cessez-le-feu par le président américain. Celui-ci attribue cette réussite à sa propre intervention et à son talent diplomatique.

Au-delà de cette annonce, Donald Trump se propose d’agir en tant que médiateur entre les deux pays dans le cadre de négociations sur le sujet précis du Cachemire, en invoquant un conflit « vieux d’un millier d’années » qu’il serait capable de résoudre. Or, dans la perspective indienne, cette mention de négociations internationales au sujet du Cachemire brise un tabou complet et remet en cause sa souveraineté sur ce territoire.

La médiation a fréquemment servi de voie de sortie pour des gouvernants qui ne parvenaient pas à désescalader un conflit. L’attitude du président américain, qui insiste sur son rôle personnel et multiplie les déclarations publiques, a néanmoins contribué à créer un important sentiment de malaise à New Delhi. En effet, cette médiation a été particulièrement mal reçue en Inde, perçue comme imposée et comme relevant d’une tentative d’internationalisation.

Dans les discours officiels, New Delhi a insisté sur le fait que la désescalade avait été décidée bilatéralement, que « la date, l’heure et la formulation précises de l’accord » avaient été déterminées par les directeurs généraux des opérations militaires des deux pays. Les dirigeants indiens ont continué à nier l’implication américaine tout au long de l’année, tandis que Trump aurait mentionné son rôle de « faiseur de paix » en Asie du Sud plus de soixante fois. De son côté, le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a ouvertement remercié le président américain pour son implication et son « rôle proactif » dans la région.


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Parallèlement à cette divergence complète des narratifs, un rapprochement entre les États-Unis et le Pakistan s’est opéré, comme l’a illustré l’invitation du chef d’État-major pakistanais, Asim Munir, à la Maison-Blanche en juin 2025. Cette visite s’est accompagnée d’un soutien pakistanais à la candidature de Trump au prix Nobel de la paix, puis, plus récemment, de la mise en avant du rôle du Pakistan dans les négociations relatives au conflit au Moyen-Orient.




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La question de la médiation remise en perspective

La comparaison historique révèle une constante : la médiation internationale n’est jamais neutre. En 1966 (avant les accords de Simla), la médiation soviétique à Tachkent a permis de rétablir le statu quo ante bellum à la suite de la guerre indopakistanaise de 1965 et a donné l’opportunité à l’URSS « d’affirmer son rôle de leader dans la région ».

À la suite de la guerre de Kargil en 1999, les États-Unis ont exigé le retrait pakistanais sans se positionner en tant que médiateurs officiels, une posture alors perçue positivement par New Delhi.

Depuis, la conception qu’a l’Inde de son propre statut sur la scène internationale a évolué. Pour New Delhi, la médiation de 2025 implique une « rehyphenation » (rassemblement par un trait d’union) qui la place sur un pied d’égalité avec Islamabad. Cette évolution est ainsi perçue par l’Inde comme une remise en question de son statut, qui se perçoit plutôt comme la rivale à l’échelle de la Chine dans la région.

Par ailleurs, la forme de la médiation a compté : une médiation discrète peut permettre aux parties de « sauver la face », mais une médiation performative et médiatisée, comme celle que l’administration Trump s’est félicitée d’avoir menée en 2025, réduit l’Inde à un acteur passif. En proposant une négociation autour d’un conflit « de mille ans » et en revendiquant le prix Nobel de la paix pour ce rôle de médiateur, les États-Unis, par la voix de Trump, ont été perçus par New Delhi comme niant la capacité du pays à gérer ses propres crises.

Cette médiation n’est donc pas neutre et révèle une asymétrie structurelle ainsi qu’une compréhension mutuelle limitée entre les deux partenaires. Si le partenariat indo-américain est loin d’être rompu, cet inconfort lié à la médiation de 2025 pèse sur les relations entre les deux États, alors qu’ils tentent de conclure un accord commercial dans la foulée des tarifs imposés par Washington. Cela incite l’Inde à poursuivre la diversification de ses partenariats, aux premiers rangs desquels figurent l’Union européenne et le Canada.

La Conversation Canada

Amélie Chalivet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Conflit Inde-Pakistan : la médiation impromptue de Trump embarrasse New Delhi – https://theconversation.com/conflit-inde-pakistan-la-mediation-impromptue-de-trump-embarrasse-new-delhi-278286

École à trois vitesses : les garçons défavorisés en paient le prix fort

Source: The Conversation – in French – By Simon Bilodeau-Carrier, Étudiant au doctorat en sciences de l’éducation, Université de Montréal

Le système scolaire québécois nourrit les inégalités. Avec ses trois filières distinctes, il répartit les élèves, notamment en fonction de leur réalité socioéconomique. Ce sont les garçons des milieux défavorisés qui en paient le prix le plus fort.


Dans son récent livre blanc « Ceux qu’on échappe », Gabriel Nadeau-Dubois détaille les effets de ce système selon plusieurs angles, soit le retard scolaire, le décrochage, la maîtrise du français et l’accès aux études supérieures.

Pour pallier ces problèmes, le député met de l’avant une réforme ambitieuse, visant à rassembler toutes les filières de l’école. Est-ce que cette réforme peut réellement réduire à la fois les inégalités scolaires et atténuer les tensions sociales émergentes ?

Je suis doctorant en sociologie de l’éducation, spécialisé dans l’étude des parcours scolaires et des inégalités qui les traversent. À ce titre, les débats entourant la ségrégation scolaire au Québec et les solutions proposées pour y remédier s’inscrivent directement dans mon champ d’expertise.

La ségrégation scolaire au Québec

Les écoles secondaires québécoises sont divisées en différentes filières. On les rassemble souvent en trois catégories, qui sont parfois appelées les « trois vitesses » du système : 1) les programmes « réguliers » des écoles publiques, 2) les programmes pédagogiques particuliers des écoles publiques (ex. sports-études) et 3) tous les programmes dispensés dans les écoles privées.

Seule la première catégorie accueille tous les types d’élèves, alors que les deux autres mobilisent des processus de sélection. En outre, plusieurs programmes particuliers et l’ensemble des écoles privées exigent que les parents paient certains frais pour que leurs enfants puissent s’inscrire. C’est ce qu’on appelle un quasi-marché scolaire.




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En théorie, tous les élèves peuvent s’inscrire dans toutes les filières, alors qu’en pratique, les opportunités réelles varient fortement. Par exemple, les critères de sélection comme les résultats scolaires et les examens d’entrée excluent un bon nombre d’élèves, y compris plusieurs vivant des situations de handicap. D’autre part, certains programmes de sports-études demandent aux parents de payer du matériel supplémentaire, ce qui exclut d’emblée plusieurs élèves provenant de familles moins bien nanties.

Ainsi, les diverses filières d’enseignement sélectives sont souvent inaccessibles pour les élèves provenant de milieux socioéconomiques défavorisés. Il s’agit donc d’un système inéquitable et ségrégatif, notamment sur le plan socioéconomique.

En outre, bien que la reproduction des inégalités sociales dépende également de facteurs externes au système scolaire, comme le quartier ou le niveau d’éducation des parents, ce système contribue à les prolonger à long terme, dans la mesure où les élèves issus des programmes réguliers du secondaire s’inscrivent moins souvent au cégep et à l’université que les autres

Le livre blanc

L’ouvrage de Nadeau-Dubois explore l’effet de l’exclusion des filières sélectives sur les garçons provenant de milieux socioéconomiques défavorisés. L’auteur explique s’y intéresser afin d’éviter que ces frustrations n’alimentent la polarisation, la haine et l’exclusion envers les femmes.

En s’appuyant sur de nombreuses recherches et statistiques, le député solidaire met en lumière les inégalités vécues par les garçons de milieux plus modestes dans le programme « général » du système public. En moyenne, selon les données consultées, les garçons sont moins performants à l’école que les filles.




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Toutefois, les écarts observés entre les genres, par exemple dans les résultats scolaires ou par rapport à la littératie, sont systématiquement plus grands dans les milieux moins sélectifs. La conclusion est donc que la ségrégation scolaire est particulièrement nocive pour la réussite scolaire des garçons.

Devant ce constat, l’auteur met de l’avant la solution du mouvement citoyen École ensemble, voulant que le système scolaire soit unifié en une seule voie. L’idée est d’offrir à l’ensemble des élèves des programmes particuliers en lien avec leurs intérêts, sans frais et sans sélection. On abolirait ainsi le cheminement « régulier » et les écoles privées subventionnées telles qu’elles existent aujourd’hui. L’initiative prévoit que les établissements privés qui souhaiteraient maintenir leur financement gouvernemental devraient se joindre au réseau commun et donc cesser de faire de la sélection d’élèves.

Pour la suite de cet article, j’explorerai la portée de la solution proposée sous deux angles. Je détaillerai d’abord son effet sur les inégalités dans les parcours scolaires et ensuite sur les préjugés et la polarisation entre les genres.

Une solution aux opportunités d’études inégalitaires

Le chercheur en administration publique Étienne-Alexandre Beauregard critique l’approche proposée par Nadeau-Dubois. Selon lui, retirer le financement aux écoles privées refusant de se joindre au réseau réduirait la liberté de choix des élèves, tant en ce qui concerne les programmes que les établissements.

À l’opposé, certains soutiennent que la perte d’accessibilité dans quelques écoles privées serait largement compensée par un accès accru pour la majorité des élèves québécois, grâce à un réseau scolaire plus équitable.

Au-delà de ce débat de fond, comme le décrit la chercheuse en sociologie de l’éducation Véronique Grenier, la réforme proposée pourrait être contournée. Par exemple, si une école privée intègre le réseau public tout en conservant des infrastructures et des équipements supérieurs, des parents mieux nantis pourraient choisir de déménager à proximité afin d’y inscrire leurs enfants.

Ainsi, la suppression des mécanismes officiels de sélection ne constitue pas une solution complète. Des mécanismes informels risquent d’émerger et de produire des effets similaires.


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Favoriser la mixité socioéconomique des élèves

Pour éviter que la réforme ne soit contournée, elle devrait s’accompagner d’investissements importants dans les infrastructures publiques afin de les rendre aussi attrayantes que celles du secteur privé.

Cette limite renvoie plus largement au caractère structurel des inégalités scolaires. Comme le montrent plusieurs travaux en sociologie de l’éducation, celles-ci ne découlent pas uniquement des ressources matérielles des établissements, mais aussi des politiques publiques encadrant les parcours scolaires.




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Concrètement, lorsque certains établissements et programmes regroupent majoritairement des élèves de milieux favorisés tandis que d’autres accueillent majoritairement des élèves de milieux défavorisés, les écarts de réussite ont tendance à se creuser. À l’inverse, des structures plus intégrées, où des élèves de différents milieux sociaux fréquentent les mêmes écoles et les mêmes classes, favorisent davantage la mixité et contribuent à atténuer ces disparités.

Dans cette perspective, investir dans les infrastructures publiques demeure nécessaire, mais insuffisant. Sans transformation des mécanismes de répartition des élèves, les dynamiques de ségrégation risquent de se maintenir.

Une solution pour éviter la polarisation

Comme le souligne la professeure de sociologie Maryse Potvin, le fonctionnement même des systèmes scolaires et des écoles peut avoir des impacts sur la polarisation, l’exclusion et même parfois la radicalisation.

Les marchés scolaires, incluant les quasi-marchés scolaires comme le système québécois, sont notamment identifiés comme des vecteurs d’inégalité et de discrimination. Dans cette perspective, la solution proposée par Nadeau-Dubois paraît pertinente pour réduire la polarisation, mais il est possible d’aller plus loin.

En effet, d’autres pratiques scolaires peuvent également favoriser l’exclusion. Par exemple, certaines normes implicites, comme les façons de s’exprimer ou de participer en classe, avantagent les élèves pour qui les habitudes correspondent aux attentes de l’école. Tel que cela est présenté dans le livre blanc de Nadeau-Dubois, la socialisation des filles est souvent plus en phase avec le monde scolaire que celle des garçons. À l’inverse, les garçons peuvent être perçus comme moins engagés, ce qui peut alimenter des incompréhensions et des sentiments d’injustice. Ces attentes implicites participent donc à l’exclusion et aux problèmes scolaires des garçons.

Dans cette optique, la mise en place de l’enseignement inclusif constitue une autre piste pertinente. En valorisant la diversité des expériences, en reconnaissant différentes formes de réussites et en adaptant les pratiques pédagogiques aux besoins de l’ensemble des élèves, cet enseignement vise à réduire ces décalages et à favoriser des interactions plus équitables, contribuant à limiter les dynamiques d’exclusion.

Un bon point de départ

En somme, le livre blanc de Nadeau-Dubois produit un discours pertinent par rapport aux enjeux liés à la ségrégation scolaire dans le système québécois, particulièrement par rapport aux garçons issus de milieux défavorisés. La proposition d’un réseau unifié apparaît comme une piste prometteuse pour réduire ces écarts et limiter la ségrégation scolaire.

Toutefois, ses effets dépendront fortement des moyens qui l’accompagnent et des pratiques pédagogiques mises en place. Sans investissements et sans transformation plus large du système, les inégalités risquent simplement de se déplacer plutôt que de disparaître.

La Conversation Canada

Simon Bilodeau-Carrier est doctorant en sciences de l’éducation à l’Université de Montréal. Il est récipiendaire d’une bourse de recherche octroyée par les Fonds de recherche du Québec. Enfin, il possède une carte de membre pour le parti politique Québec Solidaire, sans toutefois y occuper un poste.

ref. École à trois vitesses : les garçons défavorisés en paient le prix fort – https://theconversation.com/ecole-a-trois-vitesses-les-garcons-defavorises-en-paient-le-prix-fort-281693

New Ontario water and sanitation law could pave the way for the financialization of public water

Source: The Conversation – Canada – By Meera Karunananthan, Assistant Professor, Human Geography, Carleton University

In November 2025, the Ontario government rushed through new legislation to dramatically restructure public drinking water and wastewater services without any public consultation.

The Water and Wastewater Public Corporations Act (WCA) authorizes the province’s minister of municipal affairs and housing to remove water and wastewater services from local governments and assign them to arms-length governance structures by classifying them as “water and wastewater public corporations (WCCs).”

Despite being buried among other controversial measures in the omnibus Bill 60, the WCA drew considerable public backlash. A broad-based coalition was formed, bringing together water workers, environmental organizations, physicians and anti-poverty activists to push back against what seemed like the stealth privatization of provincial water infrastructure.

In response, Premier Doug Ford’s government tabled amendments to restrict shareholders in WCCs to “a municipality, the Province of Ontario, the Government of Canada or an agent of any of them” under Bill 98, which is now in third reading.

But University of British Columbia law professor Joel Bakan has concluded these amendments don’t rule out privatization. The possibility of shares being held by the ambiguously termed “agent” of the state opens the door for any number of public-private configurations.

Financialization

While critical details might be clarified in upcoming regulations, a troubling picture emerges when connecting the dots. Whether the WCA leads to outright privatization, its proposed reforms are consistent with an insidious global push to make municipal water and sanitation systems more amenable to private investment. This essentially transforms them into tradeable assets.

This process, known as financialization, would erode the public health and social mandate of public water infrastructure, undermining the capacity of communities to cope with growing ecological and financial stresses.

Around the world, fierce public opposition has resulted in the termination or non-renewal of private contracts in hundreds of communities around the world. Even the staunchest proponents of privatization now view water as too politically risky and insufficiently profitable for private sector engagement.

At the same time, there has been a growing appetite for “bankable” water infrastructure projects in the face of growing economic uncertainty. In response, international financial institutions and other powerful entities are pushing for policy reforms to pave the way for the integration of water into global financial markets.

Extracting profit

Privatization is not a necessary precursor to financialization. Corporatized public utilities, argues British water researcher Kate Bayliss, can perform the same function of laying the groundwork and creating revenue streams that can eventually be captured by financial markets.

In fact the World Bank, the largest funder of water projects in the Global South, promotes reforms to publicly owned and operated utilities to improve their risk-return profiles for commercial investment. In other words, public institutions are restructured to absorb risk and shift costs to local communities in order to ensure greater extraction of private profit.

The Ontario legislation follows this model by dismantling municipal services and restructuring them into arm’s-length WCCs.

By removing water and sanitation services from local control, WCCs create a more streamlined system for profit generation. Key decisions — including finances, contracts and water rates — would be made by corporate boards with little direct accountability to communities.

Deepening existing inequities

Measures that generate value for shareholders will likely take precedence over public health and equity-related considerations.

As Brock University water management expert Lina Taing warns, the proposed consolidation of operations will ultimately undermine hard-won accountability provisions. It will also diminish the “site-specific knowledge” that is central to the multi-barrier approach developed in the aftermath of the Walkerton contaminated water crisis in May 2000.

The plan would take effect most immediately in Peel Region, one of the most racially diverse municipalities in the country. By 2029, jurisdiction over water and wastewater services will be transferred from Peel to its three lower-tier municipalities, which will then be required to deliver services exclusively through a newly created WCC.

The financial implications for Peel are deeply troubling. Water and wastewater infrastructure in Peel was built over decades with public funds. Under the new Ontario law, this infrastructure would be transferred to a WCC while Peel’s existing debt remains with the municipal government.

In other words, the assets are transferred while the liabilities stay behind. Peel will be left servicing legacy debt with no corresponding revenue stream, while revenues generated from water bills flow to WCC shareholders who bear no responsibility for that debt.

This is a textbook example of what scholars describe as risk socialization and profit privatization. Simply put, the public bears the burden while shareholders capture the reward.

Flint water crisis

In the words of American geographer Laura Pulido, racialized places often become the “testing ground for new forms of neoliberal practice.”

The Flint, Mich., water crisis also began with a state-level decision to place the city under emergency management.

The unelected city manager switched the city’s drinking water source to the highly contaminated Flint River as a cost-cutting measure, but failed to ensure the water was treated with corrosion inhibitors. This caused lead to leach from aging pipes and trihalomethanes (TTHMs) to form in tap water. TTHMs are a carcinogenic by-product formed when chlorine reacts with organic matter in water.

Likewise, ongoing challenges in First Nations communities underscore the inadequacies of top-down federal initiatives to resolve the drinking water crisis with blanket solutions that are inappropriate, inadequate or unacceptable to local communities.

A recent study found high concentrations of TTHMs in tap water samples from three Manitoba First Nations reserves as a result of treatment processes that weren’t suited to local environments and climate conditions.

Stripping communities of power

Both Bill 60 and Bill 98 align with broader efforts to expand the financialization of Ontario’s public infrastructure.

The Building Ontario Fund was established precisely for the purpose of including private capital in priority infrastructure projects. Unless challenged, the new legislation will strip communities of their power to shape services according to their needs, will make it easier to extract private wealth from public infrastructure and will erode the social mandates that make public water services central to building just, equitable and sustainable societies.

Experiences with water financialization in the United Kingdom and elsewhere show an intensified form of the harms associated with water privatization.

Water rates often rise sharply to generate returns for shareholders, while revenues are paid out as dividends instead of being reinvested in system maintenance and upgrades. Over time, this can erode environmental protections, social equity and labour rights.

The Ontario government is seeking public input on Bill 98 until this Thursday.

This is an opportunity for Ontario residents to join the Ontario Federation of Agriculture, the Canadian Union of Public Employees, the Canada Green Building Council, Environmental Defence Canada and many other organizations in demanding a better future for their water systems.

The Conversation

Meera Karunananthan sits on the boards of the Blue Planet Project and Peace Brigades International- Canada. They are both volunteer positions enabling her learn from and collaborate with water defenders, organizations and networks involved in frontline struggles for water justice around the world.

ref. New Ontario water and sanitation law could pave the way for the financialization of public water – https://theconversation.com/new-ontario-water-and-sanitation-law-could-pave-the-way-for-the-financialization-of-public-water-281685

How the U.S.‑Israel war against Iran is exposing the limits of the petrodollar system

Source: The Conversation – Canada – By Elliot Goodell Ugalde, PhD Candidate, Political Economy, Queen’s University, Ontario

For the first time since the Second World War, excluding the COVID-19 pandemic, public debt in the United States has surpassed the entire economy’s GDP. As of late March, debt held by the public reached US$31.27 trillion, just ahead of the GDP of US$31.22 trillion.

This threshold is often treated as a long-term fiscal issue, but the economic costs of this debt are now moving to the forefront. The most immediate pressure comes from the possibility that major foreign holders of American assets begin pulling capital out of U.S. markets.

Gulf states — whose confidence in U.S. fiscal and military protection has been shaken by the U.S.-Israel attacks on Iran — collectively hold roughly US$2 trillion in U.S. assets through their sovereign wealth funds.

Officials across the Gulf are already reassessing their positions. In March, one Gulf official said three of the four largest economies in the Gulf Cooperation Council were reviewing their sovereign wealth fund positions to offset the impact of the Iran war.

Why the U.S. cannot simply block a selloff

The U.S. has limited options to prevent foreign investors from selling. The freedom to enter and exit what the Federal Reserve Bank calls “the deepest and most liquid fixed-income market in the world” is exactly what makes U.S. assets attractive. That same openness creates a structural vulnerability.

The U.S. economy relies heavily on stretched asset valuationselevated prices in stocks, bonds and real estate — where market values far exceed their underlying fundamentals.

When holders lose confidence and these inflated markets correct, a run is triggered and prices fall sharply, as happened in the 2008 financial crisis. The real economy ends up paying the price.

The present situation carries similar risks. If Gulf states start selling U.S. assets amid ongoing regional instability, falling prices would reduce the value of collateral across the system.

As leveraged institutions see their balance sheets weaken, they cut borrowing and sell assets. This pushes prices down further, setting off a chain reaction that spreads financial stress internationally.

Swap lines as a stop-gap

As these pressures build, one tool has come back into focus: central bank swap lines. These are arrangements between central banks that let countries access U.S. dollars without selling their American assets. Forced selling would push prices down and spread financial stress.

During the 2008 crisis, the Fed used swap lines as an emergency backup to extend dollar liquidity to banks and governments that suddenly needed it.

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent recently said that several American allies in the Gulf region and Asia had requested swap lines, saying the arrangements would prevent the “disorderly” sale of U.S. assets.

But where does this dollar liquidity come from? For decades, the global role of the U.S. dollar allowed it to spend more than it earned, while other countries earned dollars through trade and invested them back into U.S. markets. Gulf states were central to this, using oil revenues to buy U.S. bonds, stocks, real estate and weapons.

This was part of a broader arrangement known as the petrodollar system, which traces back to a 1974 agreement between the U.S. and Saudi Arabia. Oil was priced in U.S. dollars, money flowed into the U.S. and in return Gulf countries received political and military backing.

This allowed the Federal Reserve to expand the money supply through quantitative easing at home and by extending liquidity into the global system through swap lines.

Though this can stabilize markets in the short term, it also deepens reliance on repeated intervention, buying time rather than resolving underlying pressures.

A fracturing arrangement

The petrodollar system only works as long as Gulf states keep sending money back into U.S. markets. Swap lines reverse that condition: dollars must now flow to the Gulf instead of from it.

Iran’s pressure campaign on Gulf states, including attacks on economic assets and leveraging the Strait of Hormuz, are creating uncertainty in oil markets, government budgets and regional stability.

Gulf sovereign wealth funds have responded by placing greater emphasis on liquidity and flexibility.

The United Arab Emirates’ exit from OPEC on May 1 shows how far the old energy-financial bargain has fractured. Gulf states now want more control over production, revenue and liquidity than the cartel system allows. The move also likely reflects U.S. pressure to bring oil prices down in the short term.




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That strategy cannot last. Lower oil prices may help the U.S. and other importers in the short run, but Gulf states still depend on strong revenues to fund budgets, sovereign wealth funds and diversification.

Gulf states are also signalling a willingness to expand the use of alternative currencies, including China’s yuan, for portions of their oil trade if regional instability disrupts dollar liquidity. The shift would merely accelerate the growing trend among emerging economies to move away from U.S. dollar dependence.

Extending swap lines to Gulf states may slow that process, but it may not be enough to reverse the currency diversification already underway.

A system under pressure

The global financial system was already moving toward greater fragmentation and weaker reliance on the U.S. dollar long before the Iran war.

U.S. President Donald Trump’s escalation with Iran has accelerated that process by shaking confidence in the political and military foundations that sustained the petrodollar system for decades.

Behind the scenes, policymakers are increasingly relying on swap lines, monetary expansion and emergency co-ordination measures to stabilize dollar liquidity and reassure allies. These tools were once reserved for acute crises, but are now becoming part of the normal functioning of the system and undermining U.S. asset credibility.

Underlying all of this is a global economy shaped by decades of financialization, growing dependence on inflated asset markets and mounting geopolitical rivalry, all of which are placing increasing strain on the old U.S. centred order.

The Conversation

Elliot Goodell Ugalde is affiliated with the Centre for International and Defence Policy.

Natalie Braun does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. How the U.S.‑Israel war against Iran is exposing the limits of the petrodollar system – https://theconversation.com/how-the-u-s-israel-war-against-iran-is-exposing-the-limits-of-the-petrodollar-system-282226

Hacking the bomb? What Claude Mythos AI reveals about the gamble of nuclear deterrence

Source: The Conversation – France – By Thomas Fraise, Postdoctoral research fellow, University of Copenhagen; Sciences Po

Frontier AI-first cybersecurity platforms like OpenAI’s “Daybreak” and Anthropic’s newest Claude “Mythos” model are at the forefront of artificial intelligence but their advanced capabilities in offensive cybersecurity are a source of both fascination and concern.

Gguy/Shutterstock

In 1983, the film WarGames imagined a teenager who accidentally accessed a Pentagon computer system and triggered a simulation program, subsequently interpreted as the prelude to a nuclear war. The film made such an impression on Ronald Reagan that he asked his advisers whether such an intrusion into America’s most sensitive systems was possible. A week later, the answer came: “Mr. President, the problem is far worse than you think.”

Nuclear weapons policies are based on a series of bets, often far-reaching, on the future of nuclear deterrence. First, nuclear-armed countries gamble that the fear of retaliation will always be enough to prevent an adversary from striking first, and that they will always have the expertise and luck necessary to prevent accidental explosions. They bet that possessing nuclear weapons will remain a source of security rather than insecurity in decades to come.

However, as my colleagues Sterre van Buuren and Benoît Pelopidas and myself demonstrate, there are several plausible future scenarios in which possessing nuclear weapons will generate more real costs than potential benefits in a world that has warmed by several degrees. Maintaining a credible and safe arsenal will require budgetary choices at the expense of other urgent spending made necessary by the climate crisis.

The universe of existential risks that could justify the use of nuclear weapons may also be expanding. For example, experts worry that water shortages in Pakistan and India could become fertile ground for a conflict leading to nuclear escalation.

But there is another, more implicit bet involved here: that nuclear arsenals, which are complex, highly digitalised technological systems, offer no cyber vulnerabilities that could be exploited by an actor seeking to disrupt their normal functioning.

The recent breakthrough of Anthropic’s latest AI model Claude Mythos reveals just how much the conditions of that bet could change in the long term.

Mythos and the future of cybersecurity

“Mythos” was launched on April 7 2026 by the public benefit corporation Anthropic – which markets the Claude series of large language models (LLMs). This model, which has not been commercially released but made available to a restricted working group composed of around a dozen major American tech giants (Google, Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon Web Services, etc.), reportedly achieves an unprecedented success rate in detecting vulnerabilities in computer systems.

Mythos reportedly succeeded in detecting “zero-day” vulnerabilities in various web browsers, software, and operating systems with an impressive success rate.

A “zero-day” vulnerability is a critical security flaw in an information system for which no protection yet exists, making attacks possible with effectively “zero days” available to respond. According to Anthropic, Mythos managed to develop methods for exploiting these vulnerabilities in record time – likely in less than a day – with a success rate of 72.4%.

Although this information comes from the company itself – which has every incentive to exaggerate its results – some public evidence has been provided.

Sylvestre Ledru, Mozilla’s engineering director responsible for the Firefox browser, stated that Mythos helped uncover an “absolutely staggering” number of vulnerabilities in their software. For example, a nearly twenty-seven-year-old security flaw which had survived numerous audits was discovered in an open-source operating system widely used by cybersecurity services, OpenBSD.

Mythos sheds light on a larger phenomenon: that the increase in offensive capabilities – not only among states but also private actors such as cybercriminals – in the cyberspace could be accelerated by AI development, while uncertainty is emerging about whether defensive actors can react quickly enough to patch existing vulnerabilities.

Even if Mythos does not fully live up to the announced performance levels, the development of LLMs since the early 2020s has shown how rapidly their capabilities improve. We are therefore facing an acceleration in the development of offensive capabilities and their diffusion to a broader range of actors. This means a potentially rising probability of successful cyberattacks, as well as an increase in their absolute number.

The vulnerability of nuclear arsenals

To understand the vulnerability of nuclear weapons to cyberattacks, one must remember that a “nuclear arsenal” means far more than a stockpile of warheads. The normal operation of modern nuclear arsenals depends on a vast configuration of technologies: nuclear warheads, the missiles capable of delivering them, communication technologies ensuring that orders are transmitted from the President to the operator responsible for launching the weapons, as well as early warning systems designed to monitor the skies for signs of a potential enemy nuclear strike. These elements must communicate with one another to ensure control over the weapons.

And there are more of those than one might think. As Herbert Lin, a Stanford University researcher and author of a study on cyber threats and nuclear weapons, notes, the “nuclear button” metaphor is oversimplified: once the president presses it, a whole series of “cyber-buttons” must also be pressed to trigger and manage nuclear operations – each representing another point where cyberattacks could interfere, for example by preventing critical information from arriving.

The President might not receive enough information – or any at all – to determine that an attack is underway. Or he might be unable to communicate launch orders to submarine forces. Worse still, the nightmare scenario imagined since the 1950s could occur: a false launch order could be transmitted to missile operators.

The scenarios do not even need to be that extreme: the order might be transmitted with delays, or not transmitted to all forces, resulting in weaker retaliation than intended. The retaliation itself might be blocked: in 2010, an American command center lost communication with around fifty nuclear missiles for nearly an hour. An adversary could exploit such weaknesses.

Alternatively, a large-scale cyberattack carried out by non-state actors could create the impression that an adversary is targeting our nuclear arsenal, creating a risk of inadvertent escalation. Similarly, an attack on command-and-control systems related to conventional operations could be interpreted as endangering a state’s nuclear arsenal if those systems happened to be integrated.

One can also imagine cyber operations targeting the weapons themselves – the hardware rather than the software of the arsenal. Of course, nuclear security actors are not simply waiting for attacks to happen. They continuously develop and test defensive capabilities. The problem is that the complexity of existing systems makes it impossible to state with certainty that no vulnerabilities exist.

As James Gosler, formerly in charge of the security of American nuclear systems at Sandia National Laboratories, explains, beginning in the 1980s, the exponential increase in the complexity of components inside nuclear weapons meant that:

“you could no longer make the statement that any of these micro-controlled systems [used to ensure the functioning of the detonation mechanism] were vulnerability-free.”

That does not mean vulnerabilities necessarily exist. But it does mean that no actor can know for certain whether they do. So, should we fear that nuclear arsenals could one day be “hacked”?

In truth, we do not know. Such scenarios are possible: no large, complex information system can be guaranteed with total certainty to be completely reliable. The evolution of cyberattack tools, and their potential diffusion among a wide range of state and non-state actors, makes this kind of future scenario potentially more likely and, in any case, plausible.

A new bet on the future

Mythos highlights a new dimension to the nuclear gamble, born from the development of new technologies and their integration into nuclear arsenals.

First, we are betting on the absence of vulnerabilities within these systems – even though it is impossible to measure that probability with certainty. It changes over time as systems are updated, replaced, and connected to others. If vulnerabilities nevertheless exist, we then bet that advances in offensive cyber capabilities will always be matched, and matched in time, by advances in defensive capabilities – even in the age of artificial intelligence. Once again, that probability cannot be determined, because defensive capability development is often reactive: it depends on our knowledge of offensive capabilities and existing vulnerabilities, both of which are inherently uncertain.

We are therefore betting that our defences against cyberattacks – and those of other nuclear-armed states – will be enough. Otherwise, we are betting that luck will remain on our side and that existing vulnerabilities will not be discovered – like the one that existed for 27 years in OpenBSD’s code. It is a gamble on luck because, in this scenario, what saves us is the adversary’s inability or unwillingness, over which we have no control, to develop effective capabilities.

The ability of existing control practices to fulfil their role has become more uncertain with the arrival of large AI models capable of detecting vulnerabilities and designing cyberattacks on a massive and automated scale. Choosing a security policy based on nuclear weapons therefore amounts to betting that, in the future just as in the past, luck will always remain on our side.

The Conversation

This work has been supported by the European Research Council Consolidator Grant no. 101043468, RITUAL DETERRENCE. Views and opinions expressed are, however, those of the author only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council.

ref. Hacking the bomb? What Claude Mythos AI reveals about the gamble of nuclear deterrence – https://theconversation.com/hacking-the-bomb-what-claude-mythos-ai-reveals-about-the-gamble-of-nuclear-deterrence-282614