Source: The Conversation – (in Spanish) – By Estefanía Díaz del Cerro, Investigadora Postdoctoral IDISCAM en el Grupo Mixto de Fragilidad y Envejecimiento Exitoso UCLM-SESCAM, Universidad Complutense de Madrid
Hoy cada vez más niños sobreviven al cáncer, y la mayoría alcanza la edad adulta. Sin embargo, para muchos de ellos la historia no termina con la remisión del tumor. Años e incluso décadas después del tratamiento, una proporción significativa de supervivientes presenta dificultades persistentes de atención, memoria y velocidad de procesamiento.
Estos problemas pueden afectar al rendimiento académico, al empleo y a la vida independiente. Son secuelas a menudo invisibles, pero especialmente llamativas porque aparecen en personas jóvenes. ¿Se trata solo de efectos tardíos del tratamiento o de algo más profundo?
Jóvenes con un cerebro que envejece antes
Más del 40 % de los adultos que superaron un cáncer infantil presenta alguna alteración neurocognitiva. Durante años estas dificultades se atribuyeron al efecto directo de la quimioterapia o de la radioterapia, sobre todo cuando el tratamiento afectó al sistema nervioso central.
Sin embargo, esta explicación puede ser incompleta. Estudios recientes sugieren que muchos supervivientes siguen un proceso de envejecimiento biológico más rápido de lo esperado. En otras palabras, su organismo podría envejecer antes que el de otras personas de la misma edad.
El envejecimiento no consiste solo en cumplir años. Implica una acumulación de daño molecular, inflamación persistente y cambios en el sistema inmunitario. También aparecen alteraciones en la regulación del ADN. En este contexto cobra importancia la epigenética.
Cuando el ADN guarda memoria
La epigenética estudia cambios químicos que regulan la actividad de los genes sin modificar la secuencia del ADN. Una de las modificaciones más conocidas es la metilación del ADN: pequeñas marcas que actúan como interruptores y pueden activar o silenciar genes.
Estas marcas cambian con el tiempo y también bajo la influencia de factores como el estrés, la enfermedad y algunos tratamientos médicos. A partir de estos patrones se han desarrollado los llamados relojes epigenéticos.
Los relojes epigenéticos estiman la edad biológica de una persona mediante el análisis de la metilación del ADN. Cuando la edad biológica supera a la edad cronológica se habla de aceleración de la edad epigenética, un posible indicador de envejecimiento prematuro.
Más de 1400 supervivientes analizados
Para investigar la relación entre envejecimiento biológico y dificultades cognitivas, investigadores del Hospital de Investigación Infantil St. Jude, en Estados Unidos, analizaron datos de 1 413 adultos que habían superado un cáncer en la infancia.
Los participantes completaron pruebas para evaluar atención, memoria, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas. Además, se analizaron muestras de sangre para estimar la edad biológica mediante varios relojes epigenéticos.
También se estudió la longitud media de los telómeros, estructuras situadas en los extremos de los cromosomas que se acortan con el envejecimiento celular y que durante años se han considerado un marcador clásico del envejecimiento.
No son los telómeros sino la epigenética
Los resultados mostraron un patrón claro. Los supervivientes con mayor aceleración de la edad epigenética obtenían peores resultados en distintos dominios cognitivos, especialmente en atención, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas.
En cambio, la longitud de los telómeros no mostró una relación significativa con el rendimiento cognitivo. Esto sugiere que no todos los marcadores de envejecimiento reflejan los mismos procesos biológicos. En este caso, la epigenética parece captar cambios más relacionados con el funcionamiento cerebral.
Las asociaciones también variaban según el tratamiento recibido. Los supervivientes que habían recibido terapias dirigidas al sistema nervioso central mostraban relaciones más marcadas en memoria. Sin embargo, incluso quienes no recibieron tratamientos cerebrales presentaban vínculos entre envejecimiento epigenético y peor rendimiento cognitivo.
Un cambio de paradigma
Estos hallazgos sugieren un cambio en la forma de entender las secuelas del cáncer infantil. Los problemas cognitivos podrían no ser solo consecuencia de un daño puntual causado por el tratamiento décadas atrás. También podrían formar parte de un proceso dinámico de envejecimiento biológico acelerado que se mantiene con el paso del tiempo y que podría contribuir al deterioro cognitivo prematuro.
Esta idea conecta con un fenómeno más amplio. Muchos supervivientes de cáncer infantil desarrollan antes de lo esperado enfermedades cardiovasculares, fragilidad física o alteraciones metabólicas. El envejecimiento acelerado podría ser el mecanismo común que une estas complicaciones.
¿Se puede intervenir?
La epigenética no es un destino inmutable. A diferencia de la secuencia genética, las marcas epigenéticas pueden modificarse.
Diversos estudios en población general sugieren que la actividad física regular, una alimentación equilibrada y la reducción del estrés pueden influir en la edad biológica. En el futuro, identificar a los supervivientes con mayor aceleración epigenética podría permitir intervenciones tempranas para proteger la salud cognitiva.
Los resultados deben interpretarse con cautela. El estudio es transversal, por lo que muestra asociaciones pero no permite establecer relaciones de causa y efecto.
No se puede afirmar con certeza que el envejecimiento epigenético cause el deterioro cognitivo. Serán necesarios estudios longitudinales que sigan a los supervivientes a lo largo del tiempo para confirmar esta relación y comprender mejor los mecanismos implicados.
Sobrevivir mejor, no solo más tiempo
El éxito de la oncología pediátrica ha transformado el pronóstico de miles de niños. Hoy la supervivencia ya no es la única meta: el desafío es garantizar que quienes superaron un cáncer en la infancia puedan envejecer con la mejor calidad de vida posible.
Comprender cómo el tratamiento deja huella en el reloj biológico del organismo es un paso importante para lograrlo. Porque sobrevivir al cáncer debería ser solo el comienzo de una vida larga y cognitivamente saludable.
Estefanía Díaz del Cerro recibe fondos en forma de beca postdoctoral de IDISCAM (Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha)
¿Puede una decisión libre convertirse con el tiempo en una condena identitaria permanente? La pregunta no es meramente teórica. En el entorno digital, determinadas actividades –como la creación de contenido sexual– generan una huella persistente que puede reactivarse con facilidad incluso cuando la persona ha abandonado esa etapa.
En los últimos años, especialmente desde la pandemia, se ha producido un aumento significativo de perfiles que, en el entorno digital, generan contenido erótico o sexual con fines económicos, tal como recogen diversos estudios recientes.
Plataformas como OnlyFans han contribuido a consolidar este modelo bajo lógicas propias de la economía digital –suscripción, acceso exclusivo y consumo privado–, apoyadas en redes sociales que funcionan como escaparate y canal de captación de audiencia.
Se trata, en la mayoría de los casos, de actividades lícitas y voluntarias. Sin embargo, lo relevante no es tanto la naturaleza de la actividad como sus efectos en el tiempo. La digitalización no solo amplía el alcance, sino que altera la duración y la intensidad de la exposición: lo que antes era limitado y contextual pasa a ser potencialmente permanente y global.
La exposición y sus efectos
El entorno digital multiplica las oportunidades de difusión, pero también amplía los riesgos. La visibilidad deja de estar acotada y el contenido puede alcanzar audiencias muy diversas, incluyendo entornos personales, profesionales o públicos no deseados.
Desde la criminología y la victimología digital se ha señalado que una mayor exposición pública incrementa la probabilidad de sufrir distintas formas de victimización en línea, especialmente en contextos de alta autoexposición (self-disclosure) y uso intensivo de redes sociales.
No obstante, el problema no se limita a los riesgos durante la etapa de actividad. Existe una segunda dimensión, más persistente, vinculada a la identidad digital que se construye a partir de esa exposición. A diferencia de otros contextos, esta identidad no se desvanece fácilmente sino que queda fijada en sistemas de indexación, archivos y copias que permiten su reaparición constante.
Incluso cuando la persona ha abandonado esa actividad, su pasado puede seguir siendo accesible mediante búsquedas asociadas a su nombre o imagen, configurando lo que algunos trabajos han descrito como una memoria técnica difícilmente reversible.
Identidad digital y cambio vital
El caso de la ciclista y creadora de contenido Cecilia Sopeña ilustra este problema. Tras alcanzar notoriedad y beneficios económicos en plataformas de contenido para adultos, anunció su intención de iniciar una nueva etapa y reivindicó el denominado “derecho al olvido”, con el objetivo de dejar de ser identificada públicamente por esa actividad pasada.
La reacción social ha sido desigual. Parte de la opinión pública ha cuestionado esta pretensión, apelando a la idea de que la obtención de beneficios económicos debería conllevar una exposición permanente. Este tipo de respuestas pone de relieve la persistencia de valoraciones morales que exceden el plano jurídico.
Más allá del caso concreto, la cuestión de fondo es si el entorno digital debe fijar de manera indefinida una identidad vinculada a una etapa ya superada o si es posible limitar esa asociación cuando deja de responder a un interés actual.
En este contexto se sitúa el denominado derecho al olvido, que permite solicitar que determinados datos personales dejen de ser accesibles a través de motores de búsqueda cuando su difusión resulta inadecuada, irrelevante o desproporcionada con el paso del tiempo.
No implica borrar el pasado ni eliminar necesariamente el contenido original, sino limitar su visibilidad mediante la desindexación. Se trata de una manifestación del derecho a la protección de datos personales, en conexión con el honor, la intimidad y la propia imagen.
Como todo derecho fundamental, no es absoluto. En caso de conflicto con la libertad de información o expresión debe realizarse una ponderación atendiendo a factores como la relevancia pública de la información, el interés general y la proporcionalidad.
El papel del consentimiento
En el caso de las creadoras de contenido sexual, el análisis presenta una particularidad: el contenido fue producido y difundido voluntariamente y con finalidad económica.
Este elemento es relevante, pero no determinante. El consentimiento no supone una renuncia definitiva a los derechos fundamentales. El marco jurídico europeo reconoce su carácter revocable, especialmente cuando están en juego la dignidad y la proyección futura de la persona.
El problema no radica tanto en la existencia del contenido como en su asociación persistente a la identidad actual. Cuando una persona abandona esa actividad y el contenido continúa reapareciendo de forma sistemática en búsquedas vinculadas a su nombre, los motores de búsqueda dejan de actuar como intermediarios neutrales para convertirse en mecanismos de reactivación constante del pasado.
En la práctica, el derecho al olvido permite reducir esa visibilidad mediante la desindexación y limitar la asociación automática entre la identidad presente y contenidos antiguos, aunque no garantiza la desaparición total del material en internet.
Una cuestión más amplia
El debate, en última instancia, trasciende el ámbito del contenido sexual. Plantea una cuestión más general: si una persona puede quedar indefinidamente definida por decisiones pasadas en un entorno que tiende a conservar y reactivar toda información.
En otros ámbitos jurídicos, como el derecho penal, se han desarrollado mecanismos orientados a evitar efectos perpetuos y facilitar la reintegración social. La persistencia digital introduce una tensión similar en el ámbito de la identidad.
El derecho al olvido no pretende negar el pasado ni cuestionar decisiones previas. Su función es, más bien, permitir que una etapa vital no se convierta necesariamente en una marca permanente cuando su mantenimiento deja de responder a un interés público actual.
Mariana N. Solari Merlo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ayoze González Padilla, Investigador predoctoral en Filosofía y Bioética, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS – CSIC)
El 1 de abril, la misión Artemis II volverá a adentrarse en el llamado espacio exterior, tras más de cinco décadas de ausencia humana en él. Artemis II busca iniciar una nueva era de exploraciones y descubrimientos.
Por ello, mientras la tecnología avanza y posibilita que nuestra especie visite la cara oscura de la Luna, no está de más reflexionar sobre qué significa dar ese salto y qué debemos tener en cuenta desde la Tierra.
La bioética del espacio es una filosofía de la vida, del espacio y, por consecuencia, del tiempo. Son estas tres dimensiones de la realidad las que, siendo independientes, al mismo tiempo convergen en una misma cosa: el cosmos. Así lo analizo en un libro de próxima publicación.
Fotografía tomada desde Estación Espacial Internacional mientras sobrevolaba el océano Pacífico, al noreste de Papúa Nueva Guinea. NASA, CC BY
Pensar más allá
La vida tal y como la conocemos ocupa un espacio. Y este espacio no solo permite la extensión del movimiento sino que constituye el ser. Es decir, el individuo se relaciona a través de su contexto, desde su cultura, su sociedad y, además, su medio ambiente natural.
Sin embargo, concebir el cosmos es acercarnos a una noción del espacio inaprensible. Tenemos intuición de los espacios cercanos, terrestres, pero cuando se extienden más allá de nuestra capacidad de visión nos encontramos ante un abismo.
La bioética del espacio observa el mundo –del presente y del futuro– desde una dimensión ética. Se rige por cuatro fundamentos mínimos: el valor vida, la relación entre la tierra y el espacio, la posición biocéntrica y la regulación ético-jurídica.
Solo porque existimos
No hay reflexión filosófica sin una mínima consideración de lo que es la vida, una vida que no solo necesita ser vivida, sino que debe desarrollarse bajo unos mínimos de dignidad y autonomía. Cuando hablamos del valor vida nos referimos a una concepción que da sentido a las relaciones entre humanos y otras especies, en un ecosistema global en donde el individuo es un sujeto que necesita ser tomado en consideración más allá de su utilidad comunitaria, sin jerarquías imperantes.
La fotografía original de la famosa imagen ‘Blue Marble’, que muestra la Tierra tomada desde una distancia aproximada de 29 400 km, el 7 de diciembre de 1972, desde el Apolo 17. NASA/Wikimedia Commons
El valor vida general considera a todo individuo como valioso por el mero hecho de existir. Su valor radica en sí mismo, en primer lugar, y luego en su posición en favor de la salud del medio ambiente. Precisamente, la variedad en las expresiones de la vida –que existan bacterias y también secuoyas, leones y hormigas, seres humanos y tardígrados– rinde fuerza a este valor. El valor vida específico, es decir, operativo, nos ayuda a convivir de tal forma que podamos seguir las lógicas de la naturaleza sin abusos ni soberanías.
Comprendiendo el valor general podemos articular el valor operativo siendo responsables y sostenibles. De este modo, nuestra relación con, por ejemplo, un jaguar podrá ser cautelosa si hay amenaza de un enfrentamiento entre ambos, pero no concebirá al animal como un objeto fetiche al que podemos enjaular y despellejar. Será, en resumen, un individuo al que tenemos que respetar, igual que lo hacemos con los miembros de nuestra propia especie.
Así, imaginar qué hay fuera de nuestro huevo cósmico implica repensar nuestra relación con lo ultraterrestre. La existencia de vida inteligente más allá de los confines de nuestra posibilidad es un síntoma de su valor inherente y su fuerza intrínseca. La viabilidad de vida simple es una esperanza que nos ayuda a comprender qué somos en realidad.
El espacio es constante
La relación respecto a los espacios implica entender que tanto lo que está dentro de nuestro planeta Tierra como lo que está fuera son realidades de una misma cosa, parte de lo que somos. De este modo, tanto el terrestre como el exterior son espacios continuos: la evolución cultural de la Tierra influye en la evolución cultural del cosmos.
El Tratado de 1967, instrumento jurídico clave en la regulación del espacio ultraterrestre, contiene en su artículo II el principio de no apropiación nacional por reivindicación de soberanía. Esto busca asegurar que no se continúen las lógicas expansionistas y extractivistas propias de nuestro planeta más allá de él.
Por ello, la relación entre Tierra y espacio no debe de ser de posesión ni solo de uso, sino de valor, responsabilidad y copertenencia.
Posición biocéntrica
La bioética del espacio se fundamenta en la teoría pero puede ir más allá e intervenir en la conducta. Colocar la vida en el centro nos permite tomar partido en una visión del mundo en donde somos parte y todo con la misma fuerza e importancia.
Ocupar este lugar implica abrazar una posición fuerte, equilibrada y garantista que no pretende ser juez y parte, solo parte. El juez de la vida es inconcebible, porque no existe valorador en un mundo que entiende la vida como un valor inherente.
El borde de una región cercana y joven de formación estelar, NGC 3324, situada en la Nebulosa Carina. Captada en luz infrarroja por la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) del Telescopio Espacial James Webb de la NASA, esta imagen revela zonas de nacimiento estelar que antes estaban ocultas. NASA, CC BY
Regular los derechos naturales
La referencia a la regulación ético-jurídica busca comprender el derecho sin someterse a las lógicas antropocéntricas. De este modo, con independencia de la especie, podemos llevar a cabo una ordenación justa, responsable, armoniosa y, sobre todo, centrada en la vida.
Esto ayuda a estar en el mundo de una manera ordenada y protegida, con garantías. Así, solo queda ir más allá del pacto social hacia un pacto ecológico, donde se tengan en cuenta la función y utilidad de la naturaleza pero también –y sobre todo– su valor.
La bioética del espacio ayuda a pensar en un futuro alejado del antropocentrismo, el colonialismo y las dualidades. Y así, proporciona una idea de mundo que no solo necesita ser imaginado sino también habitado. De esta manera, podemos adentrarnos nuevamente en lo ultraterrestre desde la comprensión de que vida y ética son una misma cosa.
Esta nueva etapa de la exploración espacial debe servir no solo para preguntarnos hacia dónde queremos ir, sino también quiénes somos y desde que posición deseamos partir.
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Ayoze González Padilla recibe fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.
La mayoría de la gente aprende a escribir sin hacerse demasiadas preguntas. Nos dicen que huevo lleva hache, que perro lleva dos erres y que baca y vaca no son lo mismo. Lo aceptamos, lo memorizamos y seguimos adelante con el aprendizaje.
Pero si uno se detiene un momento, surge la duda: ¿quién decidió todo eso? ¿Por qué escribimos así y no de otra forma? Y, sobre todo, ¿por qué parece tan difícil cambiarlo?
Algo más que una serie de reglas
Básicamente, porque la ortografía no es un simple conjunto de reglas para no cometer faltas. Es algo más profundo: un código compartido que permite que millones de personas escriban y se entiendan.
Gracias a ese código, un texto escrito en Cádiz puede ser leído en Buenos Aires o en Medellín sin grandes problemas. Pero hay algo más: la ortografía también es memoria histórica. Así, por ejemplo, nuestra hache muda está ahí, en ocasiones, porque hace siglos sí sonaba.
Es como una cicatriz lingüística: ya no cumple función práctica, pero nos recuerda de dónde venimos. Al mismo tiempo, atesora una escritura de tantos años que ya forma parte de nuestra propia identidad.
Dos formas de fijar una ortografía
A lo largo de la historia, las lenguas han seguido dos caminos principales para establecer su ortografía:
La vía institucional (la de “esto se escribe así y punto”). Viene determinada por alguien que fija las reglas y decide qué es correcto y qué no y, de manera subsidiaria, quién escribe bien y quién no. Aquí entran las academias, los gobiernos o, como en el caso del español, una institución como la Real Academia Española (RAE).
Fundada en 1713, tardó muy pocos años en publicar su “Discurso proemial de la orthographia de la Lengua Castellana” aparecido en el Diccionario de Autoridades (1726), que sirvió de base para la elaboración de su primer tratado ortográfico en 1741, así como del resto de textos que la convirtieron pronto en el principal órgano regulador de la escritura de nuestra lengua.
La vía del uso (la de “se escribe así porque todo el mundo lo hace así”). Se produce cuando las normas no las impone nadie desde arriba. Surgen poco a poco, por costumbre. El inglés es el mejor ejemplo: nadie decidió oficialmente cómo se escribe.
Por eso, algunas de sus palabras tienen una ortografía un tanto creativa, con grafías similares a las que les corresponden muy diferentes pronunciaciones (como sucede, por ejemplo, en through, though y tough). En este modelo, la norma nace del uso. Primero escribe la gente. Luego, si acaso, alguien lo regula.
El caso español: institucional, pero con debate
En el español triunfó claramente la vía institucional. La ortografía académica se consolidó poco a poco en el siglo XIX, tanto en España como en Hispanoamérica. A partir de 1844, su enseñanza en la escuela pública fue impuesta por el estado español y adoptada de manera general en la administración y la imprenta.
En un determinado momento, escribir bien (según las normas académicas) dejó de ser solo una cuestión lingüística para convertirse en algo más serio: requisito laboral, símbolo de educación y prestigio social y, finalmente, marca de identidad cultural. No escribir correctamente podía hacerte parecer ignorante.
Aunque con tímidos intentos anteriores, fue a lo largo del siglo XIX cuando se intensificaron las propuestas de reforma de la ortografía del español. Algunos querían simplificarla, escribir como se habla, eliminar letras inútiles, hacer el sistema más lógico. Los argumentos eran bastante sensatos: ¿para qué sirve la hache si no suena? ¿Por qué conservar be y uve si suenan igual? ¿Por qué ge y jota se usan a veces para el mismo sonido y otras no?
Preguntas e intentos razonables, pero en la práctica enarbolados por personas sin poder y sin un modelo consensuado de reforma. Simples maestros que buscaban facilitar su enseñanza en la escuela y disminuir así los altos índices de analfabetismo. Perseguidos por el gobierno, sus intentos se apagan pronto y se disuelven en el silencio del olvido.
En el caso concreto de alguna república hispanoamericana, como Chile, se llegó a impulsar desde las instituciones educativas una reforma que aspiraba a reconciliar la escritura con la voz. Sin embargo, como otras tentativas, también aquella acabó cediendo ante el peso de la norma y terminó perdiéndose en la fuerza obstinada de la costumbre.
La prensa, ring de boxeo lingüístico
En siglos anteriores, los debates sobre la ortografía no solo se daban en tratados lingüísticos. Se discutían en la prensa, que funcionaba como una especie de red social de la época, pero con más tinta y menos memes. En este espacio de debate público, se enfrentaban reformistas y conservadores en auténticas batallas y ciclos polémicos en los que unos querían simplificar la ortografía y hacerla más lógica. Otros defendían las costumbres y el poder institucionalizador de la RAE en esta tarea.
No eran discusiones menores: en ellas se dirimía quién tenía autoridad sobre la lengua y qué modelo debía enseñarse a generaciones enteras. Cada artículo, cada réplica, no solo defendía una forma de escribir, sino también una forma de entender la lengua y su transmisión. Lo mismo ocurre en nuestros tiempos, porque los cambios en la escritura, a diferencia de lo que sucede en otras disciplinas lingüísticas, importa mucho a la gente.
¿Por qué es tan difícil cambiar la ortografía?
La ortografía no es solo lógica, es costumbre, y cambiarla implica reeducar a millones de personas, modificar libros, sistemas educativos… Y, lo más difícil, convencer a la gente de que deje de hacer lo que lleva haciendo toda la vida. Por eso, la propia Academia viene repitiendo desde hace siglos que lo mejor es que el cambio sea introducido poco a poco por el uso. Y luego, ya veremos.
La ortografía siempre ha sido y es un tema de interés colectivo, capaz de generar opiniones y controversias. Pero hoy la pregunta ya no se formula con la urgencia de otros tiempos, aunque tampoco ha desaparecido del todo. En una época atravesada por la inmediatez digital y la escritura veloz, se debate entre su función normativa y su valor simbólico. Reformarla y hacerla más sencilla podría aliviar ciertas dificultades, pero también implicaría desprenderse de capas de historia, de matices etimológicos y de una tradición compartida.
Más que una reforma radical, hoy se impone una negociación silenciosa entre el uso y la norma, entre lo que cambia y lo que permanece. Porque la lengua, como todo organismo vivo, ya se transforma por sí sola, sin decretos ni rupturas bruscas. No se impone desde arriba, sino que va cediendo al pulso de quienes la hablan y la escriben cada día.
Tal vez en esa transformación lenta resida su verdadera capacidad de adaptación. Porque la ortografía con que escribimos es irregular, tiene incoherencias y conserva restos del pasado que no siempre tienen sentido hoy. Pero funciona. Y eso suele pesar más que la perfección.
En el fondo, hay que recordar que estamos ante una cuestión de identidad, de historia y de sentimiento comunitario: la ortografía no es solo un sistema de letras. Es también una forma de decir “así escribimos y somos nosotros”. Por eso, cuando alguien propone reformarla, no solo altera una práctica. Toca algo más profundo: la relación de una sociedad con su propia esencia. Y en ese punto las ideologías echan raíces.
Victoriano Gaviño Rodríguez ha sido investigador principal de los proyectos de investigación “Ideas lingüísticas y pedagógicas en la prensa española del siglo XIX. LinPePrensa” (ref. PGC2018-098509-B-I00) y “La lengua y su enseñanza en la prensa española: de la ley Moyano al fin de la II República (1857-1939). LinPePrensa II” (ref.: PID2021-126116NB-I00), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España (Proyectos de I+D de Generación del Conocimiento).
España es un país eminentemente árido, es decir, tiene condiciones climáticas caracterizadas por una importante escasez de humedad. Para ser más concretos, el 67 % del territorio tiene un índice de aridez –la relación entre la precipitación y la evapotranspiración de las plantas– inferior a 0,65, lo que se cataloga como tierras secas o zonas áridas. En este contexto, la demanda de recursos hídricos, lejos de ceñirse a su disponibilidad, no ha parado de crecer en los últimos cincuenta años.
Esa es la principal razón de la escasez de agua y la base de numerosos conflictos hídricos, y sitúa a España como unos de los países con mayor estrés hídrico (el 29 de 164). Esta escasez ya no es de índole natural, y se define como la brecha entre la oferta disponible y la demanda expresada de agua dulce en un ámbito determinado, bajo los marcos institucionales vigentes (incluidos tanto los mecanismos de fijación de precios del recurso como las tarifas de suministro), así como las condiciones de infraestructura, implicando siempre una dimensión humana en la reducción de la disponibilidad natural de agua.
Las numerosas infraestructuras para captar, acumular y distribuir agua, y la modernización de los sistemas de regadío, responden al mantra de que en España no se malgasta ni una sola gota de agua. Todos los caudales que van a parar al mar se perciben a veces como un desperdicio y cada vez que llueve a mares se lamenta no tener más embalses que acumulen toda esa agua.
Estrés hídrico en España. World Resources Institute, Aqueduct (2024), CC BY-SA
Miles de toneladas de fruta y hortalizas sin salida comercial
El supuesto fervor por acaparar cada gota de agua y transformarla en riqueza choca con la delirante imagen de campos cubiertos de frutas y hortalizas que se pudren al sol. Los bajos precios en origen existentes en determinados momentos del año hacen que a los agricultores no les merezca la pena invertir más recursos en recolectar la cosecha. Así, cada año, tras los enormes esfuerzos que supone regar, fertilizar y cuidar miles de hectáreas de cultivo, el producto final ni siquiera entra en los circuitos comerciales.
A lo largo de este periodo se descartaron 483 624 toneladas de producto excedente, lo que equivale a una huella hídrica de casi 36 hm³ anuales y a una huella de carbono de 36.694 toneladas de CO₂ equivalente (t CO₂-eq) al año. Estos descartes no se destinan directamente a residuos. Una parte de los alimentos descartados (32,9 %) se utiliza para alimentación animal, otra se dona a bancos de alimentos (55,4 %) y, finalmente, el 11,7 % se destruye.
El tomate es el cultivo con mayor volumen de descartes, seguido por la naranja y el caqui. En términos de huella hídrica, el cultivo con mayor impacto es la ciruela, con 3 759 miles de m³ año⁻¹. Le siguen los caquis y las naranjas. En cuanto a la huella de carbono anual, el tomate vuelve a destacar claramente, alcanzando 3 100 t CO₂-eq año⁻¹. A continuación, se sitúa el melón (2 356 t CO₂-eq año⁻¹) y la nectarina (2 209 t CO₂-eq año⁻¹).
A escala regional, el mayor volumen de descartes se registra en la Región de Murcia, con 20,2 kt toneladas al año, y un total de 141,4 kt en el periodo 2018–2024. Le siguen Andalucía (17,9 kt año⁻¹ y 125,9 kt acumuladas) y la Comunidad Valenciana (16,7 kt año⁻¹ y 119,6 kt).
En términos de huella hídrica, el mayor desperdicio corresponde a la Comunidad Valenciana, con 8,78 hm³ año⁻¹ y una huella hídrica total de 61,5 hm³ durante el periodo de estudio.
El tomate es el cultivo más descartado. Jaime Martínez Valderrama, CC BY-SA
Producir a gran escala para bajar costes
Los bajos precios explican el abandono de cosechas en perfecto estado para el consumo. Pero ¿qué origina esos precios reducidos? En gran medida, la lógica de la eficiencia económica. Para ser competitivos, los productores buscan reducir sus costes de producción, lo que les lleva a adoptar modelos de producción a gran escala, no exentos de importantes implicaciones sociales y ambientales.
El objetivo es generar grandes volúmenes de producción para minimizar el precio por unidad. Para ello, se recortan costes allí donde es posible –especialmente costes laborales u obviando las obligaciones con el medioambiente– con el fin de compensar las inversiones necesarias en tecnología, infraestructuras e insumos agrarios, que permiten incrementar los rendimientos por explotación.
Esta dinámica genera una espiral de inversión, endeudamiento, sobreproducción y caída de precios que termina atrapando al agricultor en un sistema perverso, en el que solo aquellos con mayor capacidad financiera logran sostenerse.
El descarte de cosechas en perfecto estado no es más que un síntoma de este modelo agrario que favorece la concentración de la producción en un número cada vez menor de agentes y genera numerosas externalidades negativas. Estas acaban siendo asumidas por la sociedad en su conjunto –y no por quienes se benefician de la producción a gran escala–, como ocurre, por ejemplo, con la necesidad de construir desaladoras tras la sobreexplotación de las aguas subterráneas.
Estas cifras son solo la punta del iceberg
El recuento del FEGA responde a la subvención (hasta el 5 % de la cosecha) que reciben los agricultores para paliar esos bajos precios. Por encima de ese porcentaje no hay cobertura, aunque los descartes de cosechas pueden seguir produciéndose.
Una simple comprobación revela la verdadera magnitud del desperdicio. En marzo de 2024 apareció en la prensa la noticia del abandono de 300 000 toneladas de limones, el 30 % de la cosecha, en Alicante. Las cifras del FEGA muestran que, para todo el año 2024, en toda la Comunidad Valenciana, se habían descartado 132 toneladas.
Sandías abandonadas en el Campo de Níjar, Almería. El acuífero sobre el que crecen ha sido sobreexplotado y la intrusión marina lo ha arruinado. Para seguir regando se ha construido una enorme desaladora en Carboneras. Jaime Martínez Valderrama, CC BY-SA
Atendiendo a esta comparación, a la nutrida partida de noticias que reseñan estos descartes y a las imágenes de campos donde la fruta se pudre, parece evidente que este tipo de desperdicio no es algo puntual ni anecdótico, sino que supone un despilfarro inaceptable en un contexto de creciente escasez hídrica. Por aquellas fechas del desperdicio limonero, se planteaba llevar agua en barco a Barcelona debido a la pertinaz sequía. Está en juego nuestra seguridad hídrica mientras las reglas del mercado y la eficiencia a la que no se deja de aludir siguen desperdiciando agua.
Jaime Martínez Valderrama ha recibido fondos del proyecto ATLAS financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
Emilio Guirado ha recibido fondos del proyecto ATLAS financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
Fernando Tomás Maestre Gil recibe fondos de la King Abdullah University of Science and Technology.
Javier Martí Talavera ha recibido fondos del proyecto ATLAS financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
Jorge Olcina Cantos ha recibido fondos para la elaboración del proyecto Atlas d3 la Desertificacion en España de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transicion Ecológica y del Reto Demográfico, con financ8acion del programa europeo para la Recuperacion y Resiliencia.
Juanma Cintas recibe fondos del “Plan Complementario de I + D + i en el área de Biodiversidad (PCBIO)” financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU) y del gobierno de Andalucía.
Durante décadas, se ha aceptado que el dolor de espalda y de pelvis es un “peaje” inevitable de la gestación. Las cifras parecen respaldar esa creencia: más de la mitad de las mujeres embarazadas lo experimentan. Aunque para algunas es una molestia leve, en otros casos supone una limitación real que afecta al sueño, al trabajo y, en definitiva, a la calidad de vida.
La evidencia más reciente no solo muestra que puede tratarse, sino también que el éxito del abordaje depende de un factor que a menudo pasamos por alto: además de mover el cuerpo, es fundamental comprender cómo funciona el dolor.
Un metaanálisis publicado en 2023 analizó 13 ensayos clínicos en mujeres embarazadas con dolor lumbar y/o pélvico. Los resultados mostraron que la combinación de ejercicio y educación en salud redujo tanto el dolor como la discapacidad de forma significativamente mayor que la educación sola. En otras palabras, la combinación de ambas estrategias obtiene mejores resultados que por separado.
Comprender el dolor para moverse sin miedo
¿Y qué tipo de educación marca la diferencia? No se trata únicamente de dar consejos posturales básicos o recomendar evitar ciertas actividades: en los últimos años ha cobrado protagonismo la educación en neurociencia del dolor.
Este enfoque explica cómo funciona el sistema nervioso y por qué el dolor no siempre equivale a un daño estructural grave. Es una señal de alarma que puede volverse más sensible cuando intervienen factores como el estrés, el miedo o determinadas creencias.
En un estudio reciente llevado a cabo por nuestro grupo de investigación y publicado en Pain Medicine, analizamos el efecto de añadir educación en neurociencia del dolor a la educación prenatal estándar en mujeres con dolor lumbopélvico asociado al embarazo. Observamos que las gestantes que recibieron esta información adicional experimentaron una reducción significativa de sus molestias y, especialmente, del miedo al movimiento en comparación con quienes solo recibieron la educación prenatal.
Este punto es crucial. Si una mujer interpreta su dolor como señal de “inestabilidad peligrosa”, es más probable que evite moverse, actitud que puede contribuir a perpetuar el problema. Cuando comprende que su cuerpo es resistente y que moverse de forma progresiva y segura es beneficioso, aumenta su confianza y su participación activa en el tratamiento.
Entender el dolor no lo hace menos real, pero sí lo hace menos amenazante.
El mensaje para el sistema nervioso
El beneficio de combinar instrucción y ejercicio no es exclusivo del embarazo. En un artículo publicado en Frontiers in Neuroscience analizamos múltiples revisiones sistemáticas sobre educación en neurociencia enfocada al dolor musculoesquelético crónico. La conclusión principal fue que dicha educación aplicada de forma aislada muestra efectos limitados en dolor y discapacidad. Sin embargo, cuando se combina con ejercicio u otras intervenciones activas, los resultados mejoran, especialmente en variables como la “catastrofización” y el miedo al movimiento.
En conjunto, la dirección de la evidencia es consistente: los enfoques que integran intervenciones activas y educativas obtienen mejores resultados que las estrategias aisladas.
¿Por qué es especialmente importante durante la gestación?
El embarazo tiene características propias que hacen que esta perspectiva mixta sea especialmente relevante.
Limitación de medicamentos. Muchas mujeres evitan analgésicos por precaución o por recomendación médica, lo que convierte a las intervenciones no farmacológicas en herramientas clave.
Factores amplificantes. El dolor no depende únicamente de cambios biomecánicos como el aumento de peso, la laxitud ligamentosa (aumento de la elasticidad de los ligamentos por los cambios hormonales) o la mayor activación de la musculatura extensora del tronco descrita en el tercer trimestre. El sistema nervioso integra información tanto física como emocional o contextual, y si el dolor se interpreta como señal de peligro, puede amplificarse.
El ejercicio proporciona una experiencia física de seguridad: movimiento progresivo, adaptado y tolerable; mientras que la educación aporta seguridad cognitiva: entender qué ocurre y por qué moverse es seguro. Juntos, envían un mensaje coherente al sistema nervioso: el cuerpo es capaz y el movimiento no es una amenaza.
Un cambio de paradigma
En conclusión, las investigaciones actuales invitan a desterrar algunos mitos. La evidencia no respalda el reposo prolongado ni los tratamientos donde la mujer adopta un papel poco activo en su recuperación. Tampoco sostiene que la sobrecarga mecánica sea la única explicación del dolor.
Para las mujeres embarazadas, el mensaje es esperanzador: el dolor es frecuente, pero no tiene por qué ser inevitable ni permanente. Combinar ejercicio adaptado con una comprensión adecuada del dolor es una de las estrategias con mayor respaldo científico disponible para recuperar el bienestar.
Gemma Biviá recibió financiación de la Generalitat Valenciana para el desarrollo del proyecto “Eficacia de una intervención online basada en educación en neurociencia del dolor sobre mujeres embarazadas con dolor lumbopélvico asociado al embarazo y la experiencia de dolor durante el parto” (CIGE/178).
Celia García Lucas no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
La transition énergétique s’accélère. Mais sur les territoires où s’extraient les minéraux qui la rendent possible, une autre question s’impose : celle du consentement des peuples autochtones.
Dans les discours politiques, médiatiques et même scientifiques, la transition énergétique est souvent présentée comme une trajectoire évidente et linéaire : il suffirait de remplacer les énergies fossiles par des renouvelables, d’électrifier les usages et d’innover technologiquement pour décarboner nos économies.
La décarbonation apparaît ainsi comme un impératif essentiellement technique, inscrit dans la continuité rassurante du progrès énergétique.
Mais cette représentation masque une dimension essentielle : la transition n’est pas seulement énergétique. Elle est aussi matérielle, territoriale et politique.
Une transition n’est pas un simple remplacement
Cette mise en récit de la transition comme succession ordonnée de substitutions s’appuie sur une représentation particulière de l’histoire énergétique. Or, le charbon n’a pas fait disparaître le bois ; le pétrole n’a pas remplacé le charbon.
Comme l’a montré l’historien Jean-Baptiste Fressoz dans Sans transition (2024), les transformations énergétiques passées n’ont jamais été de simples remplacements. Chaque nouvelle source d’énergie s’est ajoutée au contraire aux précédentes, contribuant à une expansion globale de la consommation de matières et d’énergie.
Cette lecture linéaire du passé rend pensable l’idée d’une transition « douce » compatible avec la poursuite de la croissance économique. Elle transforme la décarbonation en horizon rassurant. Mais elle invisibilise les tensions matérielles que cette transformation engendre aujourd’hui.
Le cœur matériel de la décarbonation : les minéraux
Car la transition énergétique repose sur une infrastructure lourde : batteries, éoliennes, panneaux solaires, réseaux électriques, véhicules électriques.
Tout cela nécessite des minéraux critiques et stratégiques — lithium, nickel, cobalt, cuivre, terres rares — dont l’extraction se fait dans des lieux précis et soulève des enjeux politiques différents selon les territoires.
Au Canada, cette dynamique est particulièrement visible. Le gouvernement fédéral a fait des minéraux critiques un pilier de sa politique industrielle en lançant en 2022 la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui identifie 31 ressources jugées essentielles à la transition énergétique et prévoit plusieurs milliards de dollars d’investissements pour soutenir leur développement.
Plusieurs de ces minéraux — lithium, nickel, graphite ou niobium — sont présents en quantité importante au Québec. La province compte aujourd’hui plus d’une trentaine de mines actives et plusieurs dizaines de projets d’exploration ou de développement liés à ces ressources, principalement dans le Nord-du-Québec, en Eeyou Istchee ou sur la Côte-Nord. Or, ces régions correspondent largement à des territoires autochtones reconnus ou revendiqués.
À l’échelle mondiale, une analyse portant sur plus de 5000 projets liés aux minéraux de la transition énergétique montre que plus de 50 % des projets extractifs se situent sur ou à proximité de territoires occupés ou utilisés par des peuples autochtones et des communautés rurales dépendantes de la terre.
Ce n’est pas un simple hasard géographique. C’est un fait politique majeur.
Quand la transition devient une question territoriale
Cette concentration territoriale signifie que les coûts matériels de la transition sont distribués de manière inégale.
Le Forum permanent des Nations unies sur les questions autochtones souligne que les impacts de l’exploitation des minéraux nécessaires à la transition énergétique « s’accumulent et se transforment en violations systémiques des droits des peuples autochtones, notamment du consentement préalable, libre et éclairé et de l’autodétermination sur leurs terres et ressources ».
La transition ne concerne donc pas seulement le climat. Elle redéfinit les conditions politiques d’accès aux terres et aux ressources. Autrement dit : la décarbonation transforme une question énergétique en question territoriale.
Rendre structurante la question du consentement
Dans ce contexte, la question du consentement autochtone ne peut plus être traitée comme une formalité procédurale.
Le Consentement préalable, libre et éclairé (CPLÉ), reconnu par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, devient un axe central de la transition elle-même. Car l’impératif climatique accélère les projets extractifs, raccourcit les délais, mobilise des arguments d’urgence.
Or, l’urgence peut entrer en tension avec le temps long de la délibération collective et de l’autodétermination. La décarbonation ne supprime donc pas les conflits : elle les déplace. Elle reconfigure les rapports entre États, entreprises et communautés autochtones, en faisant du consentement non plus une périphérie du débat, mais l’un de ses enjeux centraux.
Une transition sous condition politique
Interroger cette dynamique ne revient pas à nier l’urgence climatique. Il s’agit plutôt de reconnaître que la transition énergétique n’est pas uniquement un projet technique. C’est aussi un projet de reconfiguration des rapports de pouvoir sur l’espace et les ressources.
Si la transition se veut réellement juste et durable, elle ne peut se limiter à un calcul carbone. Elle doit intégrer la question du consentement et de l’autodétermination des peuples concernés. Car la transition énergétique ne sera pas seulement verte – elle sera politique.
Une transition déjà juridiquement reconfigurée au Québec
Au Québec et au Canada, cette reconfiguration n’est pas théorique. Elle est déjà visible dans des décisions judiciaires et des accords industriels concrets.
En 2017, la Cour d’appel du Québec a confirmé la décision du gouvernement de refuser un projet d’exploration d’uranium dans le Nord-du-Québec, dans l’affaire Ressources Strateco. L’entreprise minière soutenait que son projet respectait toutes les exigences techniques et environnementales. La Cour a néanmoins reconnu que l’autorisation d’un projet extractif ne dépend pas uniquement de critères géologiques ou économiques : elle comporte aussi une dimension politique, dans laquelle l’acceptabilité sociale – notamment du point de vue des communautés autochtones concernées – peut être déterminante.
Sans consacrer explicitement le consentement préalable, libre et éclairé, la décision a ainsi contribué à déplacer la focale vers la question du rapport au territoire.
En 2020, Rio Tinto et la communauté innue d’Uashat mak Mani-utenam ont conclu l’entente Ussiniun (« renouveau » en innu-aimun), mettant fin à une poursuite de 900 millions de dollars. Cette entente illustre une autre dimension de cette transformation : elle reconnaît que les conflits extractifs peuvent engager des responsabilités historiques et ouvrir des processus de réparation.
À l’échelle fédérale, l’adoption en 2021 de la Loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (souvent appelée Loi C-15), qui vise à harmoniser les lois canadiennes avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, inscrit désormais le principe du consentement dans l’architecture normative du pays. Si sa mise en œuvre demeure débattue, elle renforce l’idée que l’accès aux ressources ne peut plus être pensé indépendamment de l’autodétermination des peuples concernés.
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Dans ce contexte, la transition énergétique ne peut être réduite à une stratégie de décarbonation. Elle devient un test politique : celui de la capacité des institutions à concilier impératif climatique, exploitation minière accrue et respect effectif du consentement autochtone.
La transition ne sera pas seulement une affaire de carbone. Elle sera aussi une affaire de droit, de territoire et de pouvoir.
Emmanuelle Champion a reçu des financements du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH).
Source: The Conversation – in French – By Arnaud Leveau, Docteur en science politique, professeur associé au Master Affaires internationales, Université Paris Dauphine – PSL
La visite d’Emmanuel Macron en Corée du Sud, les 2 et 3 avril 2026, invite à regarder en face ce que la relation franco-coréenne révèle et dissimule à la fois : le potentiel inexploité d’un partenariat entre deux démocraties industrielles avancées, qui ont en commun une même condition stratégique, mais peinent encore à en tirer toutes les conséquences.
Il existe une forme d’échec particulièrement difficile à diagnostiquer : celui que dissimule une réussite partielle. La relation franco-coréenne en est l’illustration. Elle fonctionne. Elle produit des résultats mesurables dans les échanges commerciaux, la coopération culturelle, les consultations diplomatiques. Précisément parce qu’elle fonctionne, personne ne juge vraiment urgent de la transformer. Les échanges commerciaux bilatéraux avoisinent aujourd’hui 15 milliards d’euros par an, et la Corée du Sud figure parmi les partenaires industriels les plus avancés de la France en Asie, notamment dans les secteurs de l’automobile, de l’énergie et des technologies critiques.
Ce confort est un piège. Dans un monde où les partenariats se hiérarchisent non plus par tradition ou proximité géographique, mais par capacité à répondre conjointement aux chocs systémiques, une relation « bien gérée » mais non structurante est une relation qui recule. Les agendas stratégiques se densifient ; si la France et la Corée du Sud n’y occupent pas une place centrale l’une pour l’autre, elles glisseront naturellement vers la périphérie des choix décisifs de chacune.
La question n’est donc pas : « Comment améliorer la coopération franco-coréenne ? » Elle est plus radicale : « Pourquoi deux démocraties industrielles avancées, aux intérêts stratégiques aussi convergents, n’ont-elles pas encore franchi le seuil d’une nécessité mutuelle reconnue ? »
Deux souverainetés sous contrainte : une grammaire commune
Pour comprendre pourquoi ce seuil n’a pas encore été franchi, il faut d’abord comprendre ce qui rapproche structurellement les deux pays, bien au-delà de la rhétorique des valeurs partagées.
La Corée du Sud et la France ont chacune, par des voies radicalement différentes, développé une philosophie d’État fondée sur la souveraineté sous contrainte. Pour la Corée, cette philosophie a été forgée dans le feu : colonisation, guerre fratricide, division permanente, voisins nucléaires ou révisionnistes. L’État coréen a appris, à force de vulnérabilité existentielle, à ne jamais confondre alliance et dépendance, à diversifier ses partenaires industriels comme d’autres diversifient leurs réserves militaires, à transformer la contrainte en moteur d’innovation.
Pour la France, la leçon a été plus lente à intégrer et plusieurs fois douloureuse. La décennie 2015–2025 aura été une décennie de désillusions successives : les illusions d’un partenariat stratégique avec la Russie, la brutalité du « America First » trumpien révélant la fragilité de la garantie atlantique, la guerre revenue en Europe, la coercition économique chinoise érigée en instrument géopolitique assumé. Ce que la Corée du Sud sait depuis 1953, la France l’apprend encore : aucune puissance moyenne, si capable soit-elle, n’est à l’abri de la pression des grands.
Cette convergence d’expériences produit une grammaire commune : l’autonomie ne se proclame pas, elle se construit. Elle s’incarne dans des bases industrielles souveraines, dans des chaînes de valeur résilientes, dans des partenariats choisis plutôt que subis. C’est sur ce socle, pas sur la similitude culturelle ni sur les coopérations sectorielles existantes, que pourrait reposer un véritable partenariat stratégique franco-coréen.
Ce que la géopolitique de 2026 rend possible et urgent
La visite du 2 au 3 avril 2026 du président Macron en Corée du Sud intervient dans un contexte inédit. Jamais depuis la fin de la guerre froide, les conditions objectives d’un rapprochement franco-coréen n’ont été aussi favorables… et les obstacles à ce rapprochement aussi visibles.
Côté opportunités : la recomposition des chaînes de valeur technologiques crée des espaces de complémentarité inédits. La France dispose d’un écosystème d’intelligence artificielle en structuration, soutenu par des investissements publics et européens croissants, d’une industrie nucléaire civile sans équivalent en Europe et d’une capacité de projection diplomatique que peu de démocraties de taille comparable peuvent revendiquer. La Corée du Sud, de son côté, maîtrise des segments critiques de l’économie mondiale – semi-conducteurs, batteries, construction navale – et a silencieusement transformé son industrie de défense en l’une des plus compétitives au monde. Ces deux profils ne sont pas en compétition : ils sont complémentaires. C’est précisément le type de complémentarité que la fragmentation de la mondialisation rend précieuse.
Côté obstacles, Paris subit désormais une double surcharge géopolitique. Le front oriental européen (réarmement, soutien à l’Ukraine, crédibilité de la dissuasion collective) absorbe une part croissante de la bande passante politique et budgétaire. Et la guerre déclenchée le 28 février 2026 contre l’Iran par Washington et Tel-Aviv ajoute une seconde zone de tension majeure que la France ne peut ignorer.
La position française dans ce conflit illustre précisément la complexité de sa situation : Emmanuel Macron a imputé la « responsabilité première » de la crise à Téhéran, tout en désapprouvant des frappes « conduites en dehors du droit international ». Une posture de double désapprobation – ni alignement sur les administrations Trump et Nétanyahou, ni condamnation franche de l’opération – qui place Paris dans un entre-deux diplomatique inconfortable. La fermeture partielle du détroit d’Ormuz, qui pèse déjà sur l’approvisionnement énergétique européen, ajoute une pression économique supplémentaire à cette équation déjà surchargée.
Du côté coréen, c’est une autre contrainte qui s’est durcie : l’axe russo-nord-coréen est désormais une réalité stratégique assumée. La Corée du Nord a fourni à la Russie missiles balistiques et troupes de combat, et selon l’Institut sud-coréen de stratégie de sécurité nationale, Pyongyang aurait engrangé entre 7,67 et 14,4 milliards de dollars (entre 6,7 et 12,5 milliards d’euros) en combinant déploiements de soldats et exportations d’équipements, une fourchette large qui reflète les incertitudes d’évaluation, mais dont l’ordre de grandeur suffit à mesurer l’impact : pour une économie d’environ 40 milliards de dollars (34,7 milliards d’euros) de PIB, même le scénario bas représente un afflux de devises considérable, qui renforce les capacités militaires du régime et réduit sensiblement l’efficacité des sanctions internationales.
À cela s’ajoute, côté français, un obstacle opérationnel trop rarement nommé : les coopérations de défense franco-coréennes restent structurellement entravées. Malgré des intérêts industriels convergents – la France dans le nucléaire naval et les systèmes d’armes, la Corée dans les plateformes terrestres et les munitions –, les deux pays n’ont pas encore trouvé le format d’une coproduction crédible, faute de cadre politique suffisamment ambitieux pour surmonter les réticences bureaucratiques et les contraintes de transfert technologique.
Ce contexte dual – surcharge occidentale d’un côté, menace nord-coréenne renforcée de l’autre – milite pour l’élaboration d’un agenda franco-coréen précis et ciblé, articulé autour de quelques convergences stratégiques concrètes, plutôt que pour une déclaration de partenariat global dont la mise en œuvre resterait suspendue aux urgences du moment.
Contrainte structurante supplémentaire : la Corée du Sud reste profondément ancrée dans son alliance avec les États-Unis, qui constitue le socle de sa sécurité nationale, tout en étant engagée dans une relation complexe avec le Japon. Cette double dépendance stratégique limite sa marge de manœuvre, tout en renforçant son intérêt pour des partenariats complémentaires avec des acteurs comme la France.
La récente visite du président Lee Jae-myung en Chine, marquée par un entretien avec Xi Jinping allant bien au-delà du protocole, illustre cette logique de diversification active : Séoul ne cherche pas à choisir entre Washington et Pékin, mais à élargir son espace de manœuvre en cultivant des partenariats avec des puissances tierces crédibles. La France, précisément parce qu’elle n’est ni américaine ni chinoise, et qu’elle porte une ambition d’autonomie stratégique que Séoul comprend intuitivement, occupe dans ce calcul une place potentiellement singulière à condition de la revendiquer.
L’Europe comme levier – à condition de s’en servir
L’une des pistes les moins exploitées du partenariat franco-coréen est précisément celle que Paris pourrait activer le mieux : la dimension européenne. La France n’est pas simplement un pays partenaire parmi d’autres pour la Corée du Sud. Elle est, potentiellement, la porte d’entrée dans un espace plus large, une coalition de démocraties industrielles avancées liées par des règles communes, un marché intégré et une ambition croissante de souveraineté technologique.
Or, cette dimension européenne reste sous-mobilisée. Les coopérations industrielles franco-coréennes existent, dans l’énergie, les transports, la défense, mais elles sont largement bilatérales. Elles ne s’articulent pas à une architecture européenne. Elles ne contribuent pas à construire les « chaînes de valeur de confiance » que l’UE cherche pourtant à développer pour réduire ses dépendances critiques. C’est un rendez-vous manqué.
L’invitation de la Corée du Sud au sommet du G7, que la France accueillera à Évian en juin 2026, pourrait changer l’échelle. Non comme signal protocolaire, mais comme affirmation que Séoul a sa place dans les enceintes où se redéfinissent les équilibres technologiques, les normes de l’intelligence artificielle, les règles du commerce des biens critiques. Pour Paris, faire de la Corée du Sud une partenaire structurante de l’agenda européen sur ces sujets, et non une simple observatrice bienveillante, serait un acte politique concret, pas seulement une intention.
Trois paris pour une relation qui change de régime
Plutôt que d’énumérer des domaines de coopération supplémentaires, exercice auquel les communiqués diplomatiques excellent déjà, il vaut mieux identifier ce qui permettrait à la relation de changer de dimension. Trois paris paraissent déterminants.
Premier pari : accepter l’asymétrie des urgences sans en faire un alibi
Paris a les yeux rivés sur l’est de l’Europe ; Séoul sur la péninsule coréenne. Cette asymétrie des urgences est réelle. Mais elle n’empêche pas de construire des réflexes communs sur les sujets où les intérêts se recoupent naturellement : gouvernance des technologies critiques, sécurité des espaces maritimes, résilience des chaînes d’approvisionnement. L’erreur serait d’attendre que les agendas s’alignent spontanément. Ils ne le feront pas.
Deuxième pari : faire de la Corée du Sud un partenaire de l’autonomie stratégique européenne
L’autonomie stratégique européenne n’a de sens que si elle s’appuie sur des partenaires extérieurs fiables. La Corée du Sud est l’un des rares pays au monde à réunir simultanément les critères nécessaires : résilience politique et institutionnelle, base industrielle et technologique de premier rang, capacité d’innovation dans les secteurs critiques, alignement avec les règles du commerce international et volonté de diversifier ses partenariats stratégiques.
Troisième pari : inventer des formats qui contournent les bureaucraties
Les appareils d’État des deux pays ne produiront pas spontanément la densité stratégique qui fait défaut. Les think tanks, les universités, les entreprises technologiques, les armées et les institutions financières de développement sont souvent mieux placés pour expérimenter des formes nouvelles de coconstruction. La diplomatie franco-coréenne gagnerait à déléguer davantage, à condition de fixer des caps politiques clairs. Un écosystème d’innovation partagé en intelligence artificielle, des exercices cyber communs, un fonds franco-coréen d’investissement dans les chaînes de valeur critiques : ces projets concrets valent plus, pour la relation, que dix déclarations d’intention.
Les visites d’État ont une valeur propre : elles obligent à formuler ce qu’on veut vraiment. Ce qu’Emmanuel Macron ira dire à Séoul dira autant sur la conception française de l’ordre international que sur la relation bilatérale elle-même. Viendra-t-il proposer un agenda de coconstruction industrielle et normative, ou simplement renouveler la promesse d’une relation « excellente » ?
Dans un monde où la fragmentation géopolitique pousse chaque État à hiérarchiser ses partenariats, l’entre-deux n’est plus tenable. Pour la France comme pour la Corée du Sud, le choix n’est pas entre coopération et non-coopération. Il est entre une relation qui reste à la périphérie des choix stratégiques décisifs, et une relation qui y entre résolument. Le moment est rare : les conditions de convergence sont objectives, les fenêtres diplomatiques s’ouvrent rarement deux fois au même endroit.
Il reste une condition implicite que ni les communiqués ni les accords sectoriels ne peuvent remplacer : une volonté politique partagée de se voir autrement qu’on ne s’est vus jusqu’ici, comme deux partenaires qui ont les mêmes contraintes, les mêmes vulnérabilités, et, concrètement, besoin l’un de l’autre pour peser dans un monde qui ne les attendra pas.
Arnaud Leveau ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
C’est avec une certaine surprise que plusieurs Canadiens ont vu émerger, ces dernières années, un mouvement sécessionniste en Alberta. Habitués aux revendications indépendantistes du Québec, ils ont pu être étonnés de voir une partie de la population albertaine envisager l’indépendance de la province.
Pourtant, malgré un historique de contestation du pouvoir fédéral et un sentiment persistant d’aliénation dans l’Ouest — souvent lié à la perception d’un Canada dominé par les intérêts de l’Ontario et du Québec —, aucune manifestation sécessionniste sérieuse n’avait jusque-là pris forme en Alberta. La province ne s’est jamais définie comme une nation distincte, et aucun acteur politique majeur n’a porté un projet indépendantiste structuré.
D’où vient donc ce mouvement, en apparence soudain, qui se traduit aujourd’hui par des démarches visant à tenir un référendum sur l’indépendance ? Trois éléments permettent d’en comprendre l’émergence.
Depuis sa création comme province en 1905, l’Alberta entretient un sentiment d’aliénation partagé, à divers degrés, par les provinces de l’Ouest, nourri par la perception d’un gouvernement fédéral défavorable à ses intérêts. Cette lecture s’appuie notamment sur les luttes pour le contrôle des ressources naturelles au début du XXe siècle et sur le Programme énergétique national de la première moitié des années 1980.
La montée du Parti réformiste dans le contexte des négociations constitutionnelles des années 1980 et du début des années 1990 reflétait bien ces sentiments : frustration face à l’influence jugée limitée de l’Ouest au sein de la fédération et exaspération devant la place centrale occupée par les revendications québécoises, notamment lors des négociations entourant l’Accord du lac Meech et la reconnaissance du Québec comme « société distincte ».
À cette époque, comme l’illustrait le slogan réformiste « the West wants in, », la solution proposée reposait sur une plus grande intégration de l’Ouest dans la gouvernance fédérale, notamment par une réforme du Sénat. À la suite de l’échec de ce projet, la position albertaine s’est déplacée vers une logique privilégiant l’autonomie provinciale plutôt qu’une influence accrue au sein de la fédération.
C’est dans ce contexte qu’a été publiée la célèbre lettre, signée par d’importantes personnalités conservatrices albertaines, préconisant l’élaboration d’un pare-feu (firewall) autour de la province.
Les années du gouvernement conservateur de Stephen Harper (2006-2015) ont atténué le sentiment régional d’aliénation dans l’Ouest, alors que les gouvernements libéraux de Justin Trudeau (2015-2025) ont favorisé sa réémergence. Leurs priorités, notamment en matière de climat et de réconciliation, ainsi que leurs réticences envers de nouveaux projets d’oléoducs et leur orientation plus progressiste, ont contribué à raviver les tensions entre l’Alberta et le fédéral.
La détérioration de l’économie albertaine à partir de 2014, liée à la chute des prix du pétrole, ainsi que la victoire du nouveau Parti démocratique (NPD) de Rachel Notley en 2015, ont accentué les frustrations économiques et politiques de la droite provinciale. Ce contexte, toutefois, ne suffit pas à lui seul à expliquer l’émergence de revendications sécessionnistes.
Le populisme trumpiste issu de la première présidence Trump (2017-2021) a contribué à transformer la nature de l’aliénation en Alberta, en accentuant la polarisation politique et la méfiance envers les institutions, les élites et les médias.
Les liens étroits entre l’Alberta et les États-Unis, combinés à la pandémie de Covid-19, ont facilité la diffusion de ce populisme au sein d’une partie de la droite albertaine. Bien que ce type de populisme existe dans d’autres provinces, son influence est particulièrement forte en Alberta, une situation particulièrement visible sur les médias sociaux.
En conséquence, les gouvernements libéraux fédéraux de Justin Trudeau sont venus à être dépeints comme des ennemis de l’Alberta, déterminés à détruire l’économie de la province par le biais de lois environnementales et à éliminer le droit à la liberté des Albertains par différentes mesures de santé publique adoptées durant de la pandémie.
Cette radicalisation s’est traduite par l’émergence de nouveaux mouvements, dont l’Alberta Prosperity Project, qui milite pour la tenue d’un référendum sur l’indépendance de la province. Dans cette logique, la réforme du fédéralisme cède le pas à une remise en cause plus fondamentale de l’ordre politique canadien.
Compétition politique au sein du Parti conservateur uni
Finalement, les dynamiques internes du Parti conservateur uni de l’Alberta ont également joué un rôle direct dans le processus d’inscription à l’agenda politique de la question de l’indépendance de la province.
Pour comprendre ces dynamiques, il faut remonter aux origines du Parti conservateur uni. Fondé en 2017, il résulte de la fusion du Parti Wildrose et des progressistes-conservateurs, avec pour objectif explicite de réunifier une droite divisée, dont les tensions internes avaient contribué à la victoire du NPD en 2015, à l’image de la création du Parti conservateur du Canada une décennie plus tôt.
D’abord très populaire auprès des militants, Kenney a rapidement été confronté, durant la pandémie de Covid-19, à une faction populiste issue du Parti Wildrose devenue difficile à contrôler et de plus en plus opposée à son leadership, notamment en raison de son style jugé autoritaire et de sa gestion des mesures de santé publique. En mai 2022, il annonce sa démission après un vote de confiance où il avait reçu à peine 51 % d’appuis des membres de son parti.
Quelques mois plus tard, Danielle Smith, figure populiste issue à l’origine du Parti Wildrose, devient cheffe du parti et première ministre. En partie pour éviter le sort de Kenney, elle mise sur des politiques populistes axées sur la démocratie directe (notamment les référendums), ainsi que sur une réaction idéologique marquée contre le « wokisme » et les politiques environnementales fédérales, parfois présentées à tort par une partie de sa base comme un complot visant l’Alberta et son secteur pétrolier.
Politicienne aguerrie, Smith cherche à maintenir l’appui de l’aile populiste de son parti, qui avait contribué à la chute de Jason Kenney, notamment en facilitant les référendums d’initiative populaire, y compris sur l’indépendance, en abaissant les seuils requis.
Bien qu’environ les trois quarts des Albertains s’y opposent, le soutien à l’indépendance, autrefois marginal, est nettement plus élevé parmi les électeurs du Parti conservateur uni, en raison du poids de sa frange populiste.
Dans ce contexte, deux pétitions ont été lancées en vue de la tenue d’un référendum sur l’indépendance : l’une portée par ses partisans, l’autre par ses opposants, la première devant recueillir le nombre de signatures requis d’ici le début mai. En février, Danielle Smith a annoncé la tenue cet automne de neuf référendums en Alberta portant sur des enjeux constitutionnels ainsi que sur l’immigration, un thème central du populisme trumpiste. Aucun ne concerne toutefois l’indépendance, bien que la possibilité d’un tel scrutin demeure ouverte.
Si un référendum sur l’indépendance de l’Alberta a lieu cet automne, les chances de victoires du camp indépendantiste sont minces, du moins si on se fie aux sondages et au contexte international incertain qui semble renforcer l’idée qu’en ce moment l’indépendance est un pari particulièrement risqué, dans cette province, mais aussi au Québec.
Toutefois, dans le contexte géopolitique actuel, la simple tenue d’un tel référendum, peu importe le résultat, soulève des enjeux géopolitiques importants, notamment en matière d’ingérence étrangère. À cet égard, l’administration Trump suscite des inquiétudes, certains de ses représentants ayant déjà rencontré des indépendantistes albertains venus à Washington pour promouvoir leur cause.
Pour de nombreux conservateurs albertains, l’idée d’un référendum vise avant tout à « envoyer un message » au gouvernement fédéral, en s’appuyant sur la conviction que la menace référendaire a pu bénéficier politiquement au Québec.
Difficile à démontrer, cette croyance contribue néanmoins à maintenir la question référendaire à l’agenda, dans une province où le soutien réel à l’indépendance demeure encore relativement limité.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ander Portillo Bazaco, Doctor en Ingeniería Química en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
En las últimas semanas, el estrecho de Ormuz se ha convertido en protagonista informativo por circunstancias fatales, como ya ocurrió antes con la ciudad de Alepo (Siria) o la región del Donbás (Ucrania). Este accidente geográfico es la única puerta de acceso marítimo al Golfo Pérsico, donde se encuentran algunos de los países productores de gas y petróleo más relevantes del mundo: Irán, Irak, Catar, Emiratos Árabes Unidos, por mencionar algunos. De ahí que el precio del crudo se haya visto fuertemente alterado por la guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de este año.
Un aumento de los precios del crudo impacta casi inmediatamente en la economía global, pues es la base para generar energía y para el transporte.
En cuanto a la energía, el daño puede mitigarse, en mayor o menor medida, en función del peso de la energía fósil en el mix energético de cada país.
La petroquímica es clave para entender los diferentes combustibles
El porqué de esta diferencia, más allá de las oscilaciones del mercado, tiene una base técnica: el tipo de crudo y la petroquímica. Una vez obtenido y pretratado, el crudo o petróleo es una mezcla de muchos compuestos, la mayoría de ellos hidrocarburos (formados por hidrógeno y carbono). El resto, principalmente azufre y nitrógeno, se consideran impurezas. De esta manera, la calidad del petróleo suele determinarse en función de qué tipos de hidrocarburo y de cuántos compuestos indeseados tiene.
Para entender la relación entre ambas ideas es necesario profundizar en la diferencia que hay en la naturaleza química de los diferentes combustibles fósiles. Los combustibles se clasifican, principalmente, en función del número de carbonos que tienen los elementos que la componen. Hay que tener en cuenta que a mayor número de carbonos, más pesado (denso) será el compuesto. El GLP, por ejemplo, está compuesto por hidrocarburos muy ligeros, propano y butano (con 3 y 4 carbonos, respectivamente). Por ello, en la industria refinera se les conoce como corte C₃-C₄. En el caso de la gasolina, suelen ser hidrocarburos entre 5 y 11 carbonos, es decir, C₅-C₁₁.
En orden del número de carbonos, los grupos principales obtenidos del petróleo son: gas natural o metano (mayormente C₁-C₂ ), GLP (C₃-C₄), gasolina (C₅-C₁₁), queroseno (C₈-C₁₆), diésel ligero (A y B, químicamente idénticos, C₁₂-C₁₈), diésel C (gasóleo de calefacción, C₁₄ -C₃₀) y fuelóleos (>C₂₀).
Fracciones principales de petróleo por número de carbonos.
Para obtener cualquiera de estas fracciones, las refinerías emplean dos tipos principales de procesos: conversión de hidrocarburos y procesos de separación. Dentro de los procesos de conversión, las moléculas cortas pueden unirse para formar una más larga (reacciones de polimerización) o una molécula larga puede romperse para obtener varias más cortas (reacciones de craqueo).
Independientemente de las reacciones necesarias para tratar el crudo, la composición inicial de la mezcla determinará en gran medida el resultado final. Será mucho más rentable simplemente extraer un tipo de moléculas que tener que sintetizarlas para separarlas después.
A rasgos generales, un crudo ligero y con pocas impurezas será mucho más fácil y económico de tratar y dará lugar a una mayor fracción de compuestos ligeros (GLP o gasolina por ejemplo). Por el contrario, un crudo pesado y con impurezas será mucho más complejo de procesar y derivará en compuestos más pesados (diésel o fuelóleos, entre otros).
En Oriente Medio, solo el 23,4 % del crudo es considerado ligero, mientras que el 75,6 % del crudo estadounidense lo es. Por tanto, del crudo de Oriente Medio se obtienen en mayor medida productos pesados mientras que los ligeros se obtienen más sencillamente con el crudo estadounidense.
Con Ormuz cerrado, ¿cómo obtener crudo pesado?
El crudo pesado por excelencia es el venezolano. Denso, viscoso y rico en azufre, su extracción, transporte y refinación es difícil y se necesitan procesos complejos para convertirse en combustible.
Pese a ello, el bloqueo del estrecho de Ormuz hace especialmente valiosos los yacimientos venezolanos, que pueden ser una fuente alternativa de crudos pesados para las refinerías estadounidenses que antes usaban crudo procedente del Golfo Pérsico para la producción de materiales pesados como asfalto y lubricantes.
No toda la petroquímica son combustibles, los plásticos sufren
El crudo es la materia prima de otros compuestos, más allá de los combustibles. Los plásticos son un ejemplo de ello y aquí las fábricas asiáticas son las que más sufren por el bloqueo de Ormuz, pues su materia prima proviene principalmente de los países del golfo.
La urea es otro producto petroquímico fundamental al ser la base de la mayoría de los fertilizantes y, por tanto, esencial para la agricultura. Actualmente se produce mayormente con gas natural, por lo que su precio también se ve alterado por el conflicto en el Golfo Pérsico. Desde el inicio de la guerra, el precio de la urea ha aumentado un 39 %.
En estos momentos, la mejor opción para la mayoría de los países asiáticos es negociar con Rusia para proveerse de crudo. Tras años con fuertes sanciones internacionales, ahora se espera que sus ingresos procedentes del petróleo y el gas crezcan un 70 %.
Este escenario energético, con Ormuz cerrado y los precios del crudo subiendo, no implica solo que ahora salga más caro llenar el depósito del coche o que los precios de los vuelos se hayan disparado. Todos los productos derivados de la industria petroquímica (combustibles, fertilizantes o energía, entre otros) sufrirán las consecuencias. Habrá que ver el alcance de cada una de ellas.
Ander Portillo Bazaco no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
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