Source: The Conversation – (in Spanish) – By Olga Jubany, Catedrática en Antropologia Social, Universitat de Barcelona
La Comisión Europea avanza con su propuesta de un Sistema Común Europeo de Retornos que haría los procedimientos de retorno de inmigrantes más rápidos, pero también más punitivos –con detenciones más largas, condiciones más estrictas, e incluso la creación de return hubs (centros de retorno) en terceros países–.
Ante esa iniciativa, surge una pregunta clave: ¿refleja esto realmente lo que piensan las personas implicadas en poner en práctica estas medidas –policías, jueces, fiscales y trabajadores sociales– o estamos insistiendo en medidas que, como muestra nuestra investigación, no solo no funcionan, sino que agravan la situación de las personas afectadas y vulneran sus derechos?
La Comisión Europea y el discurso de la eficacia
El argumento de la Comisión Europea es que solo el 20 % de las órdenes de deportación se cumplen, por lo que el sistema es “ineficaz”, según la presidenta de esa institución, Úrsula von der Leyen. Pero esta definición de eficacia es problemática: al reducirla a una simple cuestión de números de deportaciones ejecutadas, se prioriza la coerción sobre la protección, favoreciendo los retornos forzados e ignorando tanto los derechos humanos como las alternativas más sostenibles.
Partiendo de esta visión limitada de lo que significa “eficacia”, la respuesta de la UE a dicha ineficacia ha consistido en endurecer el sistema a través de reglas aún más restrictivas y punitivas, como:
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Aumentar los retornos forzados con un sistema común europeo.
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Ampliar el uso de la detención.
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Establecer zonas de deportación en terceros países.
Pero falta algo crucial: antes de proponer una legislación con tanto potencial de impacto social, económico y político, la Comisión Europea no ha presentado pruebas concretas basadas en la investigación que justifiquen ni la urgencia con la que quiere aprobar la legislación, ni la eficacia de las medidas punitivas y restrictivas propuestas para alcanzar los objetivos declarados.
¿Qué piensan los agentes implicados?
Así, nuestra investigación llega en un momento clave porque se centra en algo ausente en muchos debates sobre la creación de políticas: las perspectivas y experiencias de quienes las implementan, como la Policía Nacional, los jueces, los fiscales y los trabajadores sociales.
Si bien el estudio se realizó en siete Estados de la Unión Europea (Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Grecia, Italia y Suecia) y en el Reino Unido, los hallazgos que presentamos se centran en España. Estos revelan no solo por qué las deportaciones, sino también las detenciones, resultan redundantes e ineficaces, incluso para quienes las ejecutan.
En España, el porcentaje de órdenes de expulsión ejecutadas es similar al promedio europeo. Y, siguiendo la dinámica del avance de la extrema derecha y la radicalización de partidos de derecha, algunos partidos promueven un control migratorio más restrictivo limitando las regularizaciones y poniendo énfasis en la deportación de migrantes.
Pero lo que muestra el terreno es muy distinto. Nuestra investigación revela la gran frustración de los agentes al saberse ignorados por la esfera política, que ni en su debate ni en sus estrategias refleja las experiencias o las perspectivas de aquellos que trabajan con las personas migrantes en situación de irregularidad:
“Creo que todo esto podría resolverse preguntando a quienes están haciendo el trabajo, pero nunca se les consulta. Nunca se les pregunta: ¿Esto se puede hacer? ¿Es viable?” (Policía: ES-FG1-P4).
El análisis revela el descontento de todos los agentes con el enfoque de las políticas de detención y deportación como principal respuesta a la irregularidad, aunque sus motivaciones difieren entre los distintos grupos.
Las entrevistas muestran que muchos no ven la deportación como un instrumento de control migratorio, sino penal:
“Por eso nuestro trabajo no es deportar a extranjeros. Nos enfocamos en delincuentes extranjeros. Delincuentes. No tenemos problema con los extranjeros” (Policía: ES-FG1-P1).
Esta visión sugiere que la deportación se utiliza principalmente en casos penales y no como respuesta general a la irregularidad administrativa. Además, incluso en los casos excepcionales, se considera una medida excesiva porque ya existe un sistema de penalización adecuado para abordar la criminalidad, lo que cuestiona la necesidad y proporcionalidad de la detención y la deportación.
Finalmente, los agentes resaltan que una mayor inversión en medidas de detención y deportación no resolverá los problemas estructurales. Consideran la burocracia excesiva y hablan de las contradicciones entre la deportación y los derechos de los migrantes garantizados por el Estado y por los acuerdos internacionales:
“Las expulsiones funcionan como si tuviera que hacer un trabajo, pero me atan las manos y los pies” (Policía: ES-FG1-P5).
Alternativas desde el terreno
¿Cuál es, entonces, la alternativa para una adecuada gestión de la migración? Una respuesta, ausente en la propuesta de la Comisión Europea, sería reducir las órdenes de deportación y crear vías legales para las personas migrantes en situación de irregularidad.
Contrariamente a los discursos políticos dominantes, los propios agentes plantean la regularización como la opción más efectiva para abordar la irregularidad administrativa. Incluso algunos policías nacionales reconocen que la irregularidad es un asunto político más que policial:
“Hablando del problema que tenemos aquí, no se puede resolver; debemos regularizarlos, esa es la clave” (Policía: ES-FG1-1).
En la práctica, los agentes prefieren no ordenar la expulsión como respuesta a la irregularidad. Nuestro trabajo de campo con migrantes en situación de riesgo confirma esta dinámica: aunque temen enfrentarse con las autoridades, el miedo a ser deportados a menudo se ve superado por otras incertidumbres, como el acceso a vivienda y empleo.
Hoy, muchas personas con órdenes de expulsión terminan viviendo durante años en un limbo legal, con acceso limitado a derechos y servicios. Nuestra investigación señala alternativas como la regularización por arraigo en España, que permite acceder a derechos si la persona demuestra vínculos sociales, económicos o familiares.
Lejos de ser un “factor de atracción”, como repiten los partidos conservadores, estas medidas benefician tanto a los migrantes como a la sociedad en su conjunto, reduciendo la economía sumergida y fortaleciendo la cohesión social.
La evidencia es clara: las deportaciones a los países de origen o terceros son costosas, ineficaces y, a menudo, incompatibles con los derechos humanos. Experiencias como los acuerdos UE-Turquía, Italia-Libia y, más recientemente, Italia-Albania o Reino Unido-Ruanda lo confirman.
Como resumió un juez entrevistado:
“Desde una perspectiva judicial y con un enfoque basado en los derechos humanos, […] la deportación sólo se justifica materialmente en casos de delitos graves o muy graves. La irregularidad no debería gestionarse judicialmente, sino mediante políticas de regularización y auténticas políticas migratorias, no a través de la criminalización de la inmigración” (Juez: ES-IA-7).
Olga Jubany recibe fondos del programa Horizon Europe de la Unión Europea a través del proyecto MORE: Motivations, experiences and consequences of returns and readmissions policy: revealing and developing effective alternatives (GA101094107)
Sevda Tunaboylu recibió fondos de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cofinanciado por la Unión Europea, como investigadora postdoctoral de Juan de la Cierva.
– ref. Las deportaciones de inmigrantes frente a la regularización: hablan jueces, policías y fiscales – https://theconversation.com/las-deportaciones-de-inmigrantes-frente-a-la-regularizacion-hablan-jueces-policias-y-fiscales-259766
