Category: Academic Reportage

Posted on

La causa de los pélets de Galicia se ha archivado, pero el problema de fondo continúa

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Carmen Morales Caselles, Profesora e investigadora del área de Ecología, Universidad de Cádiz

Zyabich family/Shutterstock

A principios de 2024, nos llamaron la atención las imágenes de las playas gallegas cubiertas de pequeñas bolitas de plástico blanco. Los llamados pélets procedían de un vertido en aguas portuguesas ocurrido a finales de 2023. Desde entonces, el incidente ha ido desapareciendo del debate público. Las últimas decisiones judiciales, que archivan la búsqueda de responsabilidades legales tras establecer que la caída por la borda de seis contenedores fue consecuencia “de un golpe al buque por el oleaje”, sugieren que el caso podría darse por cerrado.

Sin embargo, ¿qué ha pasado con los pélets desde entonces? Algunos fueron recogidos en las playas, pero muchos probablemente se dispersaron, enterraron o quedaron a merced de las corrientes en el mar, perpetuando su impacto.

Desde una perspectiva científica, la historia puede estar lejos de haber terminado. Nuevas investigaciones, como nuestro reciente estudio, están volviendo a poner el foco en los impactos de la contaminación por pélets, no como un accidente aislado, sino como parte de un problema global más amplio y persistente.

Vertidos crónicos

Los pélets de plástico son pequeñas esferas utilizadas para fabricar la mayoría de los objetos plásticos, son los llamados microplásticos primarios, y se transportan por todo el mundo antes de convertirse en objetos de consumo cotidiano. Y en ese proceso, algunos se pierden.

A veces ocurre de forma accidental, como en el caso del buque Toconao en Galicia. Pero más a menudo se debe a vertidos crónicos, poco documentados, que rara vez llegan a los titulares.

El incidente que afectó al norte de España ha sido uno de los episodios de contaminación por pélets más visibles en Europa en los últimos años. Pero dista mucho de ser único a escala global.

Una huella ecológica persistente

Nuestro trabajo aporta nuevas evidencias sobre el comportamiento ambiental y los impactos de los pélets de plástico, reforzando la preocupación de que estos materiales no son ni inocuos ni fáciles de contener.

Los pélets pueden contener mezclas complejas de sustancias químicas, incluidos aditivos y compuestos no añadidos intencionadamente que no siempre están declarados ni regulados. Algunos de estos compuestos pueden liberarse al medio natural y suponer riesgos para los organismos marinos.

Esto significa que el impacto de la contaminación por pélets no se limita a la ingestión o al daño físico. También implica vías químicas a priori invisibles.

Nuestra investigación refuerza lo que la comunidad científica ya sospechaba: incluso cuando los vertidos parecen temporales, su huella ecológica puede persistir mucho más allá de los titulares.



Leer más:
Por qué es tan difícil evaluar la toxicidad de los microplásticos

Un problema sistémico

La contaminación por pélets no es un fenómeno nuevo, sino un problema bien documentado a escala global. La evidencia científica muestra que estos materiales son persistentes, se dispersan ampliamente y pueden causar daños físicos y químicos en los ecosistemas marinos. Son ingeridos por la fauna, transportan sustancias tóxicas y pueden desplazarse a grandes distancias, lo que confirma que no se trata de episodios aislados, sino de un problema sistémico.

Incidentes como el vertido de pélets del Toconao siguen reapareciendo en el debate público porque los factores que los provocan no han cambiado. La producción global de plásticos continúa en aumento, lo que implica que cada vez se transportan más pélets a lo largo de cadenas de suministro y océanos. Cuanto mayor es el volumen en circulación, mayor es también la probabilidad de pérdidas, ya sea por accidentes puntuales, fallos en la manipulación o vertidos crónicos que rara vez se documentan.

Episodios como el desastre del X-Press Pearl en Sri Lanka en 2021, cuya huella tóxica todavía sigue presente, han mostrado la magnitud que pueden alcanzar estos eventos. Sin embargo, muchos científicos advierten de que las pérdidas acumuladas de incidentes a menor escala podrían representar una fuente igualmente relevante, y mucho menos visible, de contaminación marina.

Desde 2010 se han documentado al menos 14 derrames importantes de pélets provocados por accidentes marítimos, aunque es probable que la cifra real sea mayor debido a la falta de obligación de notificarlos. Solo en 2022, se calcula que se perdieron 230 000 toneladas de gránulos a nivel mundial.



Leer más:
Muchas caídas al mar de contenedores de pélets son evitables

Un buque cargado de contenedores en el mar del que se desprende un humo amarillo
El buque X-Press Pearl en 2021, del que emanan vapores procedentes de una fuga de ácido nítrico.
Isuruhetti/Wikimedia Commons, CC BY-SA

Nuevas normativas para reducir las pérdidas de pélets

El aparente cierre legal de casos como el del buque Toconao en Galicia puede generar una falsa sensación de resolución. Mientras que los procesos judiciales se centran en la responsabilidad de incidentes concretos, la ciencia analiza patrones, persistencia y efectos acumulativos a largo plazo. Desde esta perspectiva, los vertidos de pélets no son episodios aislados, sino síntomas recurrentes de un problema estructural: un sistema global que sigue liberando plástico al medio ambiente.

Afortunadamente, la evidencia científica está empezando a influir en los debates regulatorios. En Europa, se están desarrollando normativas para reducir las pérdidas de pélets en las cadenas de suministro, mientras que a nivel internacional crece el debate sobre su posible clasificación como sustancias peligrosas en el transporte marítimo. Esta medida podría implicar requisitos más estrictos de envasado, etiquetado y respuesta ante vertidos.

La ciencia no cierra el caso

La investigación sigue avanzando. Los estudios muestran que los pélets no solo actúan como contaminantes físicos, sino también como portadores y fuentes de sustancias químicas potencialmente peligrosas.

La contaminación que provocan estas pequeñas piezas de plástico no termina cuando se cierra un caso judicial. La cuestión ya no es si estos episodios volverán a ocurrir, sino si estamos dispuestos a frenar esta tendencia y regularlos a escala global.

Andy M. Booth, científico jefe en la organización noruega de investigación SINTEF Ocean, ha participado en la elaboración de este artículo.

The Conversation

BCA es miembro del comité directivo de la Coalición de Científicos para un Tratado sobre Plásticos Eficaz, un grupo de científicos que garantiza la disponibilidad de la mejor ciencia para respaldar la toma de decisiones basada en evidencia en las negociaciones de tratados mundiales sobre plásticos de la ONU.

Carmen Morales Caselles no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. La causa de los pélets de Galicia se ha archivado, pero el problema de fondo continúa – https://theconversation.com/la-causa-de-los-pelets-de-galicia-se-ha-archivado-pero-el-problema-de-fondo-continua-278850

Posted on

¿Qué comieron Jesús y sus apóstoles en la Última Cena? Lo que revelan los Evangelios y la ciencia

Source: The Conversation – (in Spanish) – By José Miguel Soriano del Castillo, Catedrático de Nutrición y Bromatología del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universitat de València

Probablemente, las representaciones artísticas de la Última Cena (como el famoso fresco de Leonardo da Vinci, en la imagen) no reflejan con fidelidad cómo habría sido la comida narrada por los Evangelios. Wikimedia Commons

Los cuatro Evangelios y la primera carta de san Pablo a los corintios coinciden en narrar una última comida de Jesús con sus discípulos antes de ser crucificado, celebrada en los días de Pascua y con pormenores muy similares. Es algo inusual en otros episodios evangélicos de su vida, donde los relatos divergen más en detalles y énfasis.

Pero la Última Cena no solo es posiblemente la comida más famosa de la historia, sino también una de las peor imaginadas. Durante siglos la hemos visto a través de un filtro renacentista: una mesa larga, trece hombres en fila y una escena solemne que poco tiene que ver con la Judea del siglo I. La realidad debió de ser otra, tanto en la forma de sentarse como en el menú.

Preguntarse qué comieron Jesús y sus discípulos no es un detalle menor: permite volver a los Evangelios, la Pascua judía y la arqueología para entender cómo una comida real, en un contexto histórico concreto, se convirtió en símbolo central del cristianismo.

Una cena entre la Pascua y la controversia

Lo único seguro es también lo más conocido: en la Última Cena habría habido pan y vino. Son los únicos alimentos mencionados explícitamente por los Evangelios, y sobre ellos recae el gesto decisivo de Jesús: partir el pan, ofrecer la copa y darles un significado nuevo. De ahí nace la eucaristía cristiana.

Sin embargo, en cuanto se intenta ir más allá del pan y el vino, aparece la gran discusión: ¿fue una auténtica cena de Pascua? Los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas dicen que sí. Marcos, concretamente, la sitúa en “el primer día de los Ácimos”, es decir, en el marco de la Pascua judía.

El Evangelio de Juan, en cambio, sugiere que la cena ocurrió la noche anterior, de modo que Jesús murió antes de que comenzara formalmente la comida pascual. Ese desacuerdo ha sido uno de los grandes debates de la exégesis bíblica moderna.

El investigador Joel Marcus, de la Universidad de Boston, propone una salida intermedia que resulta especialmente útil. En su análisis sostiene que la comida histórica probablemente ocurrió la noche anterior a la Pascua, como sugiere Juan, pero que eso no impide reconocer que estuvo muy marcada por elementos del seder y de la haggadah judíos, es decir, por una comida ritual en la que ciertos alimentos eran explicados y vinculados a la memoria del éxodo.

En otras palabras: quizá no fue una cena pascual en sentido estricto, pero sí una cena modelada por la lógica de la Pascua.

Ese detalle cambia mucho la lectura. Marcus explica que los alimentos rituales eran objeto de explicación. El pan, por tanto, no era solo pan: era un alimento capaz de condensar memoria, liberación y pertenencia. Y lo mismo ocurría, aunque con una historia litúrgica más compleja, con el vino.

Lo que pudo haber en la mesa: del pan ácimo al cordero

Si se acepta que la Última Cena estuvo vinculada a la Pascua, aunque sea de modo flexible, las posibilidades del menú se amplían. El primer candidato es el pan sin levadura, o matzá, que simbolizaba la partida apresurada de los israelitas de Egipto, sin tiempo para que la masa subiera.

También el cordero asado aparece enseguida como posibilidad, ya que la Pascua judía del período del Segundo Templo estaba ligada al sacrificio del cordero en Jerusalén, y su consumo asado en el hogar. A eso se sumarían las hierbas amargas, otra pieza clásica de la memoria pascual.

La investigación arqueológica y la historia de la alimentación añaden más matices. En 2016, dos arqueólogos italianos publicaron un estudio sobre lo que se pudo haber comido en la Última Cena que incluía un menú reconstruido, a partir de versículos bíblicos, textos judíos, literatura romana antigua y datos arqueológicos, durante el siglo I. La mesa que propusieron para esa noche los investigadores incluye pan ácimo, cordero, estofado de lentejas o legumbres, aceitunas con hisopo (una hierba con sabor a menta), dátiles, frutos secos, alguna salsa de pescado similar al garum romano y vino aromatizado o diluido.

No es un menú comprobado plato por plato, pero sí una hipótesis históricamente razonable respaldada por la arqueología y la etnografía, puesto que los hallazgos realizados en yacimientos como Qumrán, Masada y el Barrio Herodiano de Jerusalén apuntan a la presencia de trigo, lentejas, aceite de oliva, frutas secas y hierbas en las dietas judías de la época.

En tiempos de Jesús, la base alimentaria era el pan, las aceitunas, el aceite, las legumbres, las frutas secas y, en algunos contextos, el pescado. La carne existía, pero se consumía sobre todo en circunstancias festivas o ceremoniales. Por eso el cordero resulta plausible en una cena solemne, pero no en una comida ordinaria.

Una comida lenta, ritualizada y conversada

Tampoco la forma de comer se parecía a la imagen popular. Los comensales probablemente no estaban sentados erguidos en sillas altas, sino reclinados sobre cojines o divanes bajos, al modo mediterráneo. Esta postura era una característica definitoria de las comidas formales en el mundo grecorromano y helenístico de la época.

La Última Cena, así imaginada, se parece menos a una pintura congelada y más a una comida lenta, ritualizada y conversada. Los participantes compartían cuencos y platos mientras se reclinaban en cojines, participando en un ceremonial profundamente enraizado en la tradición judía antigua.

La ingesta energética en tiempos de Jesús

Hay una dimensión menos obvia, pero muy reveladora, en todo este asunto: la nutrición. Sabemos más o menos qué alimentos podían circular por una mesa judía del siglo I, pero sabemos mucho menos sobre cuánta energía aportaba realmente la dieta de aquella época. Un estudio realizado en 2018 aplicó modelos matemáticos para estimar la ingesta energética probable en tiempos de la Última Cena.

Su punto de partida es muy sencillo: los registros antiguos de alimentos son útiles, pero incompletos. Los autores compararon descripciones históricas de dieta con estimaciones de altura de reclutas romanos, esperanza de vida, peso corporal probable y niveles de actividad física similares a los de sociedades agrarias modernas. El resultado fue llamativo: mientras ciertos registros de la Mishná (ley oral judía) apenas permitían calcular unas 1 176 kilocalorías diarias, los modelos fisiológicos elevan la ingesta probable a una franja de entre 2 319 y 3 973 kilocalorías al día. Mientras que hoy en día se establece que los requerimientos energéticos medidos en adultos modernos son unas 2 266 kcal/día mujeres y 2 850 kcal/día hombres, con variaciones por sexo, edad y actividad física,

La conclusión no resuelve el menú exacto, pero sí obliga a corregir una intuición frecuente: la de imaginar las comidas antiguas como mesas casi vacías, puramente simbólicas.

La Última Cena fue una cena sagrada, sí, pero también una cena humana. Y quizá siga fascinando precisamente por eso: porque en ella se cruzan la fe, la historia y algo tan humano como sentarse a la mesa.

The Conversation

José Miguel Soriano del Castillo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ¿Qué comieron Jesús y sus apóstoles en la Última Cena? Lo que revelan los Evangelios y la ciencia – https://theconversation.com/que-comieron-jesus-y-sus-apostoles-en-la-ultima-cena-lo-que-revelan-los-evangelios-y-la-ciencia-278573

Posted on

How do Israel and Iran’s nuclear status differ under international law?

Source: The Conversation – France – By Catherine Maia, Professeure de droit international à l’Université Lusófona (Portugal) et professeure invitée à Sciences Po Paris (France), Sciences Po

At a time when military tensions in the Middle East have further intensified in recent weeks, in the context of operations conducted by the United States and Israel and renewed concerns surrounding Iran’s nuclear programme, a recurring question has re-emerged in public debate: why does Israel possess nuclear weapons while Iran is legally prohibited from acquiring them?

Often framed in terms of unequal treatment or “double standards,” this question actually relates to the very structure of the international legal regime governing nuclear weapons.

International law is a legal order created by states and for states. As such, it is grounded in the consent of states, which derives from their sovereignty. This fundamental principle also applies to the legal regime governing nuclear weapons: the possession of nuclear weapons – or the decision to renounce them – is a matter of sovereign choice. In other words, only a state may consent to limiting its military capabilities by renouncing possession of such weapons of mass destruction.

This state voluntarism is clearly reflected in the 1968 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT).

What’s the NPT?

This treaty constitutes one of the pillars of collective security in international law. Its purpose is to prevent the proliferation of nuclear weapons – in particular to additional states – in order to promote nuclear disarmament, and encourage safe and peaceful use of nuclear energy.

The NPT distinguishes between nuclear-weapon states (United States, Russia, the United Kingdom, France, and China) and non-nuclear-weapon states. More specifically, it defines nuclear-weapon states as those that had manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device before 1 January 1967, while the other parties are classified as non-nuclear-weapon states and have agreed to forswear the possession of nuclear weapons.

Nuclear power: different rules for the haves and the have nots

This fundamental distinction structures the entire legal regime of the treaty and entails differentiated but complementary obligations among the 191 States parties. While non-nuclear-weapon states agree not to acquire nuclear weapons, nuclear-weapon states agree not to transfer such weapons or assist other states in acquiring them. The treaty also stipulates an obligation to pursue negotiations in good faith towards nuclear disarmament.

In a context marked by Cold War tensions and fears of an uncontrolled proliferation of nuclear powers, the spread of nuclear weapons to an increasing number of states was perceived in 1968 as a major factor of international instability and a heightened risk of nuclear conflict. Against this backdrop, the compromise at the heart of the NPT was accepted, based on a differentiated allocation of obligations between nuclear-weapon states and non-nuclear-weapon states.

Although this asymmetrical compromise may, at first glance, appear unequal, it was designed as an instrument of strategic stability and collective security, while also constituting a direct expression of state sovereignty. A state may indeed decide to limit its own prerogatives. In return, breaches of these commitments entail legal consequences. This is where the debate over the different treatment of Iran and Israel arises.

If Israel has a nuclear arsenal, why can’t Iran?

Iran has been a party to the NPT since 1970 and is legally bound, as a non-nuclear-weapon state, not to acquire nuclear weapons, while also being subject to the safeguards mechanisms of the International Atomic Energy Agency (IAEA). Its nuclear programme is therefore assessed within a treaty framework that imposes specific legal obligations and international verification requirements.

By contrast, Israel is not a party to the NPT. Under the principle of the relative effect of treaties, Israel, not being a party to the NPT, cannot be legally bound by obligations arising from that treaty.

A legal framework producing differentiated outcomes

The difference in treatment between the two countries thus stems less from a legal inconsistency than from the very logic of international law. It illustrates the coexistence within the international order of de jure nuclear-weapon states and de facto nuclear-weapon states, such as Israel.

Several states currently possess nuclear weapons outside the framework of the NPT. In addition to Israel, this is also the case for India, Pakistan and North Korea (since its withdrawal from the treaty in 2003). Their situation does not, in itself, constitute a violation of the NPT, since they are not (or are no longer) parties to it. They therefore operate within a legal framework distinct from that applicable to states bound by the treaty.

This situation reflects a fundamental feature of the international legal order: the coexistence of treaty regimes to which not all states necessarily adhere. One example is the 2017 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), to which 74 states are currently parties, and which prohibits the acquisition, possession and use of such weapons. This legal regime coexists alongside that of the NPT.

Accordingly, the question of why Israel possesses nuclear weapons, while Iran is denied that possibility is less a reflection of a contradiction in international law than a consequence of its structure.

In the absence of a treaty commitment, general international law does not currently establish a comprehensive and absolute prohibition on the possession of nuclear weapons as such. Only those states that have consented to specific obligations – notably within the framework of the NPT or the TPNW – are legally bound.

This analysis is supported by the jurisprudence of the International Court of Justice. In its 1986 judgement in Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, the Court stated:

“In international law there are no rules, other than such rules as may be accepted by the state concerned, by treaty or otherwise, whereby the level of armaments of a sovereign state can be limited, and this principle is valid for all states without exception.”

Thus, in accordance with the principle of sovereign equality, limitations on military capabilities derive solely from state consent. In the absence of such a commitment, no state may legally impose on another an obligation of renunciation.

International law governing nuclear weapons therefore does not establish any general right to possess such weapons.

Rather, it reflects the existence of sovereign commitments through which some states have chosen to renounce them, while others have decided not to subject themselves to such constraints.

This article was co-authored with Débora Surreco Carrilho, PhD candidate in international law, University of Orléans (France).

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

The Conversation

Catherine Maia ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. How do Israel and Iran’s nuclear status differ under international law? – https://theconversation.com/how-do-israel-and-irans-nuclear-status-differ-under-international-law-278916

Posted on

IA et métacognition : savoir quand on peut faire confiance, ou non, à la machine n’est pas toujours évident

Source: The Conversation – France in French (2) – By Ikram Chraibi Kaadoud, Chercheuse XAI & sciences cognitives, Inria

Cet article est publié en collaboration avec Binaire, le blog pour comprendre les enjeux du numérique.

Un système d’IA doit toujours être supervisé par un humain, mais encore faut-il que cette personne soit en mesure de distinguer quand elle comprend ce que propose la machine et quand elle peut être influencée.

Les cadres contemporains de gouvernance de l’intelligence artificielle (IA) reposent sur un présupposé rarement rendu explicite : lorsqu’un opérateur humain reçoit l’output d’un système d’IA, il doit être en mesure de l’évaluer de manière significative. Les dispositions de l’AI Act européen relatives aux systèmes à haut risque exigent transparence, explicabilité et supervision humaine.

Sont explicitement visés les systèmes utilisés dans le recrutement et l’évaluation des travailleurs, l’accès aux prestations sociales, les décisions d’octroi de crédit, le contrôle aux frontières, l’administration de la justice, et les soins de santé critiques.

Le plan d’action des États-Unis sur l’IA appelle au maintien d’un contrôle humain significatif sur les décisions IA à conséquences importantes. Les principes de l’OCDE sur l’IA inscrivent le centrage sur l’humain au cœur de ses engagements.

Ces engagements sont nécessaires mais insuffisants. Ils portent sur ce que les systèmes d’IA doivent fournir aux opérateurs humains et laissent entièrement sans réponse la question de ce que ces derniers doivent être capables de faire pour agir sur ce qu’ils reçoivent. Cette lacune n’est pas accidentelle. C’est un angle mort structurel dans l’architecture actuelle de la gouvernance de l’IA.

Le modèle implicite du superviseur humain dans la plupart des textes réglementaires est celui d’un professionnel compétent et attentif qui, face à des outputs précis et lisibles, formule des jugements éclairés. C’est une hypothèse plausible dans des environnements stables, à faibles enjeux et bien maîtrisés, mais une hypothèse fragile dans des contextes à forts enjeux, soumis à la pression temporelle, et techniquement opaques – précisément les contextes dans lesquels les systèmes d’IA sont de plus en plus déployés.

Par exemple, l’infirmier aux urgences en charge du triage aux urgences qui reçoit un score de triage produit par un système IA ne dispose pas systématiquement des explications qui l’ont généré. Le conseiller bancaire qui doit décider en quelques minutes de bloquer un compte sur la base d’une alerte de fraude automatisée travaille potentiellement avec un modèle propriétaire qu’il ne peut pas interroger. L’agent administratif qui valide l’attribution d’un logement social ou d’une prestation algorithmiquement priorisée ne peut généralement pas expliquer pourquoi un dossier a été classé avant un autre. L’enseignant qui contresigne une notation automatisée d’examen n’a pas accès aux critères qui ont produit le score. Dans chacun de ces cas, la supervision humaine est formellement présente – et substantiellement impossible.

Des opérateurs métacognitivements avertis

La métacognition – la capacité à monitorer et réguler ses propres processus cognitifs – est le substrat psychologique d’une supervision efficace. Un opérateur métacognitivement averti sait quand il comprend quelque chose, quand il conjecture, et quand son jugement est façonné par des facteurs qu’il n’a pas consciemment enregistrés. Cette capacité ne peut pas être présumée ; elle varie significativement selon les individus, les formations et les pressions situationnelles.

La recherche en interaction humain-automatisme a documenté un ensemble de modes de défaillance qui émergent spécifiquement lorsque des humains supervisent des systèmes automatisés ou alimentés par l’IA. Le biais d’automatisation – la tendance à surpondérer les recommandations générées par la machine par rapport à son propre jugement – est l’un des résultats les plus robustes du domaine. Dans une étude fréquemment citée, les chercheurs Parasuraman et Riley ont montré en 1997 que les humains mésusent (c’est-à-dire font un mauvais usage ou utilisent de manière inadéquate ou inappropriée) systématiquement de l’automatisation en l’appliquant là où elle est peu fiable, et la délaissent là où elle serait bénéfique – deux types d’erreurs qui reflètent un défaut d’étalonnage métacognitif plutôt qu’un défaut de provision d’information. Par exemple, dans des expériences en simulateur de vol citées par ces auteurs, des pilotes équipés d’un système d’alerte automatique ont éteint un moteur en réponse à une fausse alerte – une décision qu’ils avaient eux-mêmes déclaré, avant l’expérience, ne jamais prendre sur la seule foi d’une alerte automatisée.

Le défi est aggravé par les caractéristiques propres aux systèmes d’IA contemporains. Les travaux de Kahneman sur une cognition à double processus – connu aussi sous le nom de Système 1/Système 2, les deux vitesses de pensées – éclairent ce mécanisme. Face à un système IA qui produit un output avec fluidité et assurance, l’esprit humain tend à activer un traitement rapide et intuitif (celui qu’on mobilise pour des tâches familières et peu risquées), plutôt que de réaliser une analyse profonde de la situation, plus longue, plus réfléchi, plus logique, et donc plus gourmande cognitivement.

Plus concrètement, une explication qui paraît plausible déclenche des réponses cognitives différentes d’une explication qui l’est vraiment. Lorsque les explications des systèmes d’IA sont synthétiquement fluides, numériquement précises et visuellement formatées comme des outputs faisant autorité, elles suppriment précisément le scepticisme que nécessite une supervision significative.

Peut-être de manière contre-intuitive, fournir davantage d’explications n’améliore pas de manière fiable le jugement humain des résultats d’IA. Une équipe de recherche, dans une étude expérimentale rigoureuse, a constaté que les explications produites par l’IA n’amélioraient pas systématiquement les performances de l’équipe humain-IA, et les dégradaient dans plusieurs conditions – notamment lorsque les explications étaient techniquement exactes mais cognitivement incompatibles avec la manière dont les opérateurs formaient leurs propres jugements.

Plus concrètement, sur la tâche d’analyse de sentiment, l’IA expliquait son jugement en surlignant les mots qu’elle avait identifiés comme positifs ou négatifs. Or les participants humains évaluaient le ton d’un texte de manière globale, en tenant compte du contexte et de la cohérence d’ensemble – un processus que la mise en évidence de mots individuels ne peut pas restituer. Ici, l’IA et l’humain n’arrivent pas à leur jugement par le même chemin : L’IA identifie des élements locaux (un mot, une phrase), là ou l’humain construit un jugement holiste (l’ensemble du texte, le contexte, la cohérence interne). Quand l’explication fournie reflète la logique de la machine plutôt que celle du raisonnement humain, elle ne donne pas à l’opérateur les outils pour évaluer si la recommandation est fiable – elle le convainc simplement de la suivre.

L’explicabilité est ainsi une condition nécessaire mais insuffisante d’une supervision efficace. Ce qui réduit l’écart entre les deux, c’est la maturité métacognitive.

Trois implications pour la gouvernance de l’IA

Si la maturité métacognitive est une propriété réelle et variable des opérateurs humains, alors les cadres de gouvernance qui imposent l’explicabilité sans s’intéresser à la métacognition des opérateurs sont tout simplement incomplets. Selon les travaux de la littérature scientifique – parmi lesquels ceux de l’IA explicable, de l’interaction humain-automatisme, des sciences cognitives, de la psychologie, des sciences humaines et sociales –, trois implications peuvent être énoncées :

  • La transparence centrée sur la documentation est insuffisante. Ce n’est pas une intuition : c’est ce que la recherche montre depuis trente ans. Ainsi, documenter et expliquer le comportement d’un système ne suffit pas à garantir de bonnes décisions humaines sans impliquer les individus dans les processus de conception de ces explications et de cette documentation et prendre en compte le contexte du besoin métier à l’instant t. Des études contrôlées ont même montré que « trop d’explications » peuvent dégrader la performance de l’équipe humain-IA en noyant l’information pertinente dans le bruit.

  • La qualification métacognitive des opérateurs devrait être considérée comme une composante de la gouvernance IA. Il s’agit ici d’un gap que la recherche a commencé à nommer, sans qu’aucun référentiel n’ait encore été formalisé.

Plus concrètement, les textes réglementaires comme l’AI Act exigent que les superviseurs humains soient « compétents », mais sans jamais définir ce que cela signifie – et en particulier, aucun référentiel n’évalue ce que les chercheurs appellent la compétence métacognitive, soit la capacité à détecter les défaillances de son propre raisonnement face à un système opaque, compétence qui relève de la formation et du contexte, pas de l’intelligence brute. Une précision importante s’impose ici. Parler de la qualification métacognitive des opérateurs ne revient pas à questionner la valeur ou l’intelligence des personnes qui supervisent des systèmes d’IA. Il ne s’agit pas non plus de classer les humains selon leur capacité à « bien penser ». La métacognition n’est ni un trait de personnalité ni un indicateur de valeur. C’est une compétence situationnelle, sensible au contexte, à la formation, à la charge cognitive et aux conditions de travail. Par exemple, un chirurgien expérimenté peut présenter un excellent étalonnage métacognitif dans son domaine et être tout aussi vulnérable au biais d’automatisation qu’un débutant face à un système d’IA opaque dans un contexte pour lequel il n’a reçu aucune formation spécifique.

  • Les compétences métacognitives – savoir ce qu’on comprend, détecter ses propres erreurs de raisonnement, réguler ses stratégies cognitives – varie selon les individus et n’est pas uniformément répartie au sein de la population, ce qui crée un risque structurel pour la sécurité. Il s’agit d’une hypothèse, formulée à partir de travaux menés en psychologie de l’éducation, qui n’a pas encore été étudiée dans le contexte de la gouvernance de l’IA. C’est peut-être le prochain axe de recherche que les gouvernements devraient activement encourager. En effet, si les organisations les mieux dotées en moyens matériels et en ressources humaines peuvent satisfaire aux exigences de supervision réelle, celles qui n’en n’ont pas – non pas parce que leurs personnels seraient moins capables, mais parce que les conditions permettant le développement de cette compétence situationnelle n’ont pas été réunies – produiront une conformité de façade, insuffisante, générant une fausse sécurité particulièrement dangereuse dans les domaines critiques.

The Conversation

Ikram Chraibi Kaadoud ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. IA et métacognition : savoir quand on peut faire confiance, ou non, à la machine n’est pas toujours évident – https://theconversation.com/ia-et-metacognition-savoir-quand-on-peut-faire-confiance-ou-non-a-la-machine-nest-pas-toujours-evident-279348

Posted on

« Fluxuat » nec mergitur : géopolitique des flux et conflits maritimes contemporains

Source: The Conversation – France in French (3) – By Xavier Carpentier-Tanguy, Indopacifique, Géopolitique des mondes marins, réseaux et acteurs de l’influence, diplomatie publique, Sciences Po

Les mers et les océans du monde entier sont avant tout des lieux de passage pour navires commerciaux et militaires, et à ce titre deviennent des lieux de conflictualité dont le contrôle est essentiel du point de vue stratégique comme économique.

Alors que l’Iran a restreint l’accès au détroit d’Ormuz, provoquant une envolée des primes d’assurance et un ralentissement brutal des flux de pétrole et de gaz, la vulnérabilité de l’économie-monde apparaît au grand jour. Les frappes croisées, les menaces d’« escortes armées » et la militarisation accélérée du golfe Persique font de ce passage un laboratoire des conflits du XXIᵉ siècle.

Cette crise ne surgit pas ex nihilo : elle prolonge une longue histoire de bras de fer autour des détroits, canaux et mers intérieures. De Panama à Ormuz, en passant par la mer Rouge et l’espace arctique, ce sont les mêmes logiques de contrôle des flux qui sont à l’œuvre.

Du canal de Panama au détroit d’Ormuz

Depuis 2025, les États-Unis ont intensifié leur engagement stratégique pour le contrôle des espaces maritimes et des points de transit critiques, à travers une série d’opérations militaires et diplomatiques ciblées. En Amérique latine, cette posture s’est traduite par une intervention directe au Venezuela en janvier 2026, où une « attaque de grande envergure » a visé les infrastructures militaires et portuaires, notamment la base aérienne Generalissimo Francisco de Miranda et le port de La Guaira, principal accès maritime de Caracas. Cette opération, baptisée Absolute Resolve, a permis la capture du président Nicolás Maduro, accusé de trafic de drogue et de déstabilisation régionale, et a confirmé la volonté américaine de sécuriser les routes des Caraïbes et de contrer l’influence chinoise et russe dans la région.

Dès les années 1980, les États-Unis avaient déjà affirmé leur présence en Amérique centrale, avec des opérations comme Urgent Fury à Grenade en 1983, visant à protéger les ressortissants américains et à limiter l’influence cubaine. En décembre 1989, l’opération Just Cause au Panama a marqué un tournant : près de 27 000 soldats américains ont été déployés pour renverser le général Manuel Noriega, ancien allié devenu un obstacle à la stabilité régionale et à la maîtrise du canal de Panama, un point de passage stratégique pour le commerce mondial.

Plus récemment, les ambitions américaines se sont étendues à l’Arctique. Rappelons que l’administration Trump évoquait déjà sa volonté d’acquérir le Groenland en 2019, volonté réaffirmée avec force depuis un an. Cette initiative est révélatrice de l’importance croissante des routes maritimes polaires dans un contexte de fonte des glaces. Cette volonté de contrôle s’est poursuivie en 2025-2026 avec le renforcement des patrouilles et des infrastructures militaires dans la région, visant à sécuriser les accès au passage du Nord-Ouest et à contrer les ambitions russes et chinoises.

En février 2026, les États-Unis ont lancé l’opération « Epic Fury » contre l’Iran, une campagne militaire d’ampleur visant à neutraliser les capacités balistiques et navales iraniennes, ainsi qu’à empêcher toute reconstitution rapide de ces forces. Déclenchée le 28 février 2026, cette opération a mobilisé des frappes aériennes massives, des drones et une coordination interarmées, confirmant la volonté américaine de contrôler les espaces stratégiques du Moyen-Orient et de sécuriser les flux énergétiques et commerciaux — une volonté qu’a encore accrue la fermeture par Téhéran du détroit d’Ormuz.

L’implication européenne

Face à cette escalade, l’Europe a réagi avec détermination. Plusieurs États membres de l’UE ont déployé des moyens navals significatifs pour sécuriser Chypre et les axes maritimes stratégiques vers Suez et Ormuz. L’Italie a déployé la frégate Martinengo près de Chypre aux côtés de la frégate espagnole Cristobal Colon, tandis que les Pays-Bas ont préparé la frégate HNLMS Evertsen pour des opérations régionales. L’Allemagne a envoyé la frégate FGS Nordrhein-Westfalen dans la zone de Chypre, et la Grèce a mobilisé sa nouvelle frégate Kimon, équipée d’un système de défense aérienne longue portée, ainsi que la frégate de classe Hydra Psara. Le Royaume-Uni a annoncé l’envoi du destroyer de défense aérienne HMS Dragon à Chypre, équipé du système de missiles Sea Viper, ainsi que des hélicoptères dotés de capacités anti-drones. La France, enfin, a ordonné le déploiement de son porte-avions Charles-de-Gaulle, qui était encore en Baltique, ses moyens aériens embarqués et son escorte de frégates vers la Méditerranée.



À lire aussi :
Le déploiement français au large de la guerre en Iran : cadre juridique et modalités d’action

Cette mobilisation européenne coordonnée vise à protéger les bases britanniques à Chypre, frappées par des drones iraniens, et à sécuriser les routes énergétiques vitales alors que la circulation dans le détroit d’Ormuz demeure un enjeu capital, perturbant l’approvisionnement mondial en pétrole et gaz.

En mars 2026, la pression exercée sur l’Iran s’inscrit dans cette continuité stratégique : elle illustre une doctrine de sécurisation des flux énergétiques, commerciaux et numériques, désormais concentrés dans des zones pivots comme le golfe Persique, la mer Rouge, la Méditerranée occidentale et le Haut-Nord.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transitent entre 20 et 25 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux, reste le goulot d’étranglement central de l’économie globale. Sa géographie offre à Téhéran un levier structurel pour perturber la liberté de navigation. Les analyses de renseignement maritime de 2024 montrent que la contraction du trafic dans cette zone résulte de la dissuasion indirecte iranienne et de l’impact des primes d’assurance, même en l’absence de minage massif. Contrairement à Gibraltar ou à Suez, les navires traversant Ormuz atteignent directement les côtes du Golfe, où se concentrent des infrastructures pétrochimiques, des terminaux de GNL et des unités de dessalement, devenues des cibles stratégiques.



À lire aussi :
Du détroit d’Ormuz à l’Europe : comprendre la rapidité de la propagation de l’insécurité énergétique

L’évolution du combat naval au cours des dernières décennies

L’opération américaine « Praying Mantis » en 1988, déclenchée après le minage du USS Samuel B. Roberts, a marqué un tournant dans les tensions maritimes entre Washington et Téhéran.

Dans La confrontation en mer, Nicolas Mazzucchi démontre que l’océan est dorénavant autant un théâtre de confrontation qu’un simple espace de circulation. En réponse, l’Iran a développé des capacités asymétriques, déployant une « poussière navale » de centaines d’embarcations rapides, soutenues par des missiles côtiers et des drones. Cette architecture garantit une menace permanente sur les routes maritimes et assure une résilience face aux frappes conventionnelles, tout en permettant des ripostes ciblées ou massives contre les infrastructures régionales.

L’amiral Nicolas Vaujour, dans ses analyses sur la supériorité technologique – présentées dans son livre les Guerres en mer –, insiste sur l’impératif pour les marines modernes de s’adapter à ces nouvelles menaces. L’industrie européenne répond à ce défi avec des solutions souveraines, comme la solution Orange Drone Guardian lancée en 2026, qui renforce la détection des drones intrusifs et la protection des sites sensibles.

La vulnérabilité des routes alternatives confirme que l’évitement n’est pas une solution viable. L’attaque par drone contre le port saoudien de Yanbu et la campagne houthie en mer Rouge à l’automne 2023 ont démontré qu’un acteur lié à Téhéran peut paralyser jusqu’à 15 % du commerce mondial.



À lire aussi :
Le retour des blocus navals en mer Noire et en mer Rouge : vers le démembrement d’un espace commun ?

Dans [Vaincre en mer], Thibault Lavernhe et François-Olivier Corman décrivent l’ère actuelle comme le « cinquième âge » du combat naval, où la saturation des senseurs et la coordination des attaques en temps réel redéfinissent les conditions de survie des navires. La suspension des attaques des houthis en 2026 suggère une « patience stratégique » : les milices conservent ce levier pour une escalade future, en fonction des rapports de force régionaux.

Car Téhéran étend désormais ses cibles aux infrastructures numériques, avec des frappes signalées contre des centres de données aux Émirats arabes unis et à Bahreïn. Cette guerre hybride vise à paralyser l’économie numérique mondiale. Le flux, quelle que soit sa nature, possède une valeur stratégique. L’empêcher ou le réduire, c’est affaiblir l’opposant et peser sur des négociations possibles.

En Méditerranée occidentale, l’Algérie a renforcé sa flotte de sous-marins Kilo armés de missiles Kalibr, adressant le signal capacitaire d’un possible verrouillage du détroit de Gibraltar sous une bulle de déni d’accès (A2/AD). Cette diffusion des stratégies de contestation des espaces maritimes se confirme aussi dans le Haut-Nord, où l’exercice Cold Response 2026 de l’OTAN met l’accent sur la maîtrise du spectre électromagnétique pour neutraliser les capteurs adverses avant tout engagement cinétique.

Dénis d’accès (A2/AD) et bulles de souveraineté : enjeux juridiques et limites du droit international

Les stratégies de déni d’accès (A2/AD) et les bulles de souveraineté redéfinissent les équilibres géopolitiques en mer, mais soulèvent des questions juridiques majeures au regard de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS, 1982). Ce traité, ratifié par 169 États, consacre la liberté de navigation en haute mer (article 87) et encadre strictement les droits des États côtiers dans leurs eaux territoriales (article 2) et zones économiques exclusives (article 56).



À lire aussi :
La ZEE française, levier de puissance pour Paris dans le duel Washington-Pékin

Pourtant, les pratiques A2/AD, comme celles déployées par Pékin en mer de Chine méridionale ou par l’Iran dans le golfe Persique, exploitent les zones grises du droit international pour restreindre l’accès à des espaces stratégiques.

La Cour permanente d’arbitrage (CPA), dans l’affaire Philippines c. Chine (2016), a rappelé que les revendications maritimes doivent respecter les limites fixées par UNCLOS, notamment en matière de délimitation des ZEE et de passage inoffensif (articles 19 et 24). Les bulles A2/AD, en combinant missiles sol-mer, drones et guerre électronique, testent ces principes : elles peuvent être interprétées comme une violation du droit coutumier si elles restreignent arbitrairement la liberté de navigation, sauf en cas de menace avérée et proportionnée. Des juristes comme Myron H. Nordquist et Yu Minyou (Wuhan University) soulignent que ces stratégies révèlent les lacunes de UNCLOS face aux nouvelles technologies (drones, cyberattaques) et aux actions unilatérales, appelant à un renforcement des mécanismes de règlement des différends (Partie XV de UNCLOS) et à l’élaboration de normes coutumières complémentaires.

Dans ce contexte, où les flux maritimes – énergétiques, commerciaux et numériques – deviennent à la fois des enjeux et des armes, la capacité des États à garantir leur maîtrise continue s’impose comme un impératif stratégique. C’est cette exigence de maîtrise et de résilience des flux face aux perturbations qui trouve son écho dans la devise adaptée Fluxuat nec mergitur (qui pourrait se traduire par « Traversé par les flux, mais jamais entravé ») : nous sommes entrés de plain-pied dans l’ère de la polémorrhée – de polémos (la guerre) et rhéos (le flux).

The Conversation

Xavier Carpentier-Tanguy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. « Fluxuat » nec mergitur : géopolitique des flux et conflits maritimes contemporains – https://theconversation.com/fluxuat-nec-mergitur-geopolitique-des-flux-et-conflits-maritimes-contemporains-278964

Posted on

Instagram et YouTube reconnus responsables d’addiction dans un procès historique aux États-Unis

Source: The Conversation – in French – By Rob Nicholls, Senior Research Associate in Media and Communications, University of Sydney

Ce sont les choix de conception, notamment le défilement infini, qui ont convaincu le jury de condamner Meta et YouTube. Christian Wiediger/Unsplash

Le verdict rendu dans l’affaire KGM pourrait marquer un moment charnière pour l’industrie des réseaux sociaux. En reconnaissant l’addiction comme un dommage possible, la justice américaine ouvre la porte à de nombreuses autres poursuites.

Instagram et YouTube présentent un défaut de conception qui rend ces réseaux sociaux addictifs, a jugé un jury aux États-Unis. Le jury de Los Angeles a mis près de neuf jours à rendre son verdict dans cette affaire historique intentée par une femme identifiée sous les initiales KGM contre les plateformes de réseaux sociaux. Il a accordé 3 millions de dollars (2,6 millions d’euros) de dommages et intérêts, Meta (propriétaire d’Instagram) étant jugé responsable à 70 % et Google (propriétaire de YouTube) à 30 %. Le jury a ensuite accordé 3 millions de dollars supplémentaires de dommages punitifs.

TikTok et Snap ont tous deux conclu un accord à l’amiable, dont les termes restent confidentiels, avant le début du procès de six semaines. Il s’agit de la deuxième lourde défaite de Meta devant les tribunaux américains la même semaine. Le 24 mars, un jury du Nouveau-Mexique a en effet jugé l’entreprise coupable d’avoir dissimulé des informations sur les risques d’exploitation sexuelle des enfants et sur les effets néfastes de ses plateformes sur la santé mentale des mineurs.

L’affaire portée par KGM est la première du genre, mais elle ne sera pas la dernière. Elle fait partie de plus de vingt procès dits « bellwether » qui doivent bientôt être jugés. Il s’agit en quelque sorte de procès tests, destinés à mesurer la réaction des jurys et à établir un précédent juridique.

Le verdict pourrait donc avoir des répercussions considérables. Il pourrait marquer pour la tech un moment comparable à celui qu’a connu l’industrie du tabac, avec des milliers d’affaires similaires prêtes à être portées devant les tribunaux.

Des machines conçues pour rendre dépendant

KGM — aujourd’hui âgée de 20 ans — affirme avoir commencé à utiliser YouTube à l’âge de six ans et Instagram à neuf ans, développant selon elle des usages compulsifs, pouvant aller jusqu’à 16 heures passées en une seule journée sur Instagram. Elle soutient que les caractéristiques de conception de ces plateformes ont contribué à son anxiété, à sa dépression, à sa dysmorphie corporelle et à des idées suicidaires.

Son action en justice affirme que Meta et YouTube ont fait des choix de conception délibérés — comme le « défilement infini » — pour rendre leurs plateformes plus addictives pour les enfants afin d’augmenter leurs profits. Elle soutient que les entreprises se sont largement inspirées des techniques comportementales et neurobiologiques utilisées par les machines à sous et exploitées par l’industrie du tabac afin de maximiser l’engagement des jeunes et d’augmenter les revenus publicitaires.

L’avocat de KGM, Mark Lanier, a déclaré aux jurés :

Ces entreprises ont construit des machines conçues pour rendre dépendants les cerveaux des enfants, et elles l’ont fait délibérément.

L’avocat a cité une étude interne de Meta appelée « Project Myst ». Celle-ci aurait montré que les enfants ayant déjà subi des « effets négatifs » étaient les plus susceptibles de devenir dépendants à Instagram, et que les parents étaient impuissants face à cette addiction.

Il a ajouté :

À partir du moment où [KGM] a été enfermée dans la machine, sa mère en a été exclue.

Les jurés ont également entendu que des communications internes de Meta comparaient les effets de la plateforme à ceux de la drogue et des jeux d’argent. Le jury a estimé que cette prise de conscience en interne constituait un niveau de connaissance susceptible d’engager la responsabilité de l’entreprise.

Par ailleurs, une note interne de YouTube décrivait apparemment « l’addiction des spectateurs » comme un objectif, et un employé d’Instagram a écrit que l’entreprise était composée de « véritables dealers ».

Mark Lanier a établi un parallèle direct avec les procès contre l’industrie du tabac, soutenant que lorsque l’on trouve une connaissance en interne du phénomène, un ciblage délibéré et un déni public, la responsabilité juridique s’ensuit.

Pointer la responsabilité de la famille

Meta a soutenu que KGM faisait face à d’importantes difficultés bien avant d’utiliser les réseaux sociaux et que les éléments présentés ne permettaient pas de réduire toute une vie d’épreuves à un seul facteur.

L’avocat de Meta a mis en avant la dynamique familiale de KGM comme cause de ses troubles de santé mentale et a affirmé que les réseaux sociaux avaient peut-être au contraire constitué pour elle un exutoire lorsqu’elle rencontrait des difficultés à la maison.

Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a témoigné pour la défense :

Je n’essaie pas de maximiser le temps que les gens passent chaque mois sur nos plateformes.

À propos des outils de sécurité que Meta a ajoutés ces dernières années, Zuckerberg a précisé :

J’aurais aimé que nous y arrivions plus tôt.

Dans leurs plaidoiries finales, les avocats de YouTube ont fait valoir qu’il n’existait pas une seule mention d’une addiction à YouTube dans le dossier médical de KGM.

Les deux entreprises ont fondé une partie de leur défense sur les protections prévues par la Section 230, soutenant qu’elles ne pouvaient pas être tenues responsables des contenus publiés sur leurs plateformes.

Le juge a toutefois indiqué aux jurés que la manière dont les contenus sont diffusés constitue une question distincte de leur nature. Cette distinction a limité la capacité de Meta et de Google à s’appuyer sur les protections offertes par la Section 230.

Contester la protection juridique

Il s’agit de l’une des premières affaires visant une grande entreprise technologique à être jugée par un jury — une situation que ces entreprises ont jusque-là cherché à éviter.

Ainsi, en juin 2024, quelques mois avant un procès devant jury dans l’affaire intentée par le Département de la justice contre le monopole de Google dans les technologies publicitaires, Google a versé plus de 2 millions de dollars (1,73 million d’euros) au Département de la justice. Cette somme représentait le triple des dommages réclamés, auxquels s’ajoutaient les intérêts.

Aux États-Unis, un procès devant jury n’est requis que lorsqu’il est question de dommages et intérêts. En payant d’avance l’intégralité de la somme réclamée dans cette affaire, Google avait supprimé la demande de dommages et intérêts — et, avec elle, le droit à un procès devant jury. Jusqu’à présent, les tribunaux américains ont largement rejeté les recours qui mettaient en cause la conception même des plateformes.

Cela concerne notamment le défilement infini et les systèmes de notifications. La distinction entre « conception de la plateforme » et « curation du contenu » a été centrale dans la manière dont les tribunaux ont analysé les arguments fondés sur le Premier amendement dans ces litiges.

Le verdict rendu par le jury dans l’affaire KGM met en lumière les limites de la protection offerte par la Section 230.

Le premier – mais pas le dernier

C’est la première grande affaire visant une entreprise de la tech, à l’échelle mondiale, à examiner l’addiction comme source de préjudice. Jusqu’ici, les procédures se concentraient surtout sur des violations de la loi.

Dans le procès intenté au Nouveau-Mexique contre Meta, par exemple, le jury a estimé que l’entreprise avait fait des déclarations fausses ou trompeuses et s’était livrée à des pratiques commerciales « abusives », exploitant la vulnérabilité et l’inexpérience des enfants. Des milliers d’infractions ont été retenues, pour une sanction totale de 375 millions de dollars (325 millions d’euros).

L’affaire KGM ouvre la voie aux nombreuses autres procédures visant à obtenir des dommages et intérêts auprès des plateformes de réseaux sociaux pour les effets de l’addiction. Aux États-Unis, ces affaires pourraient logiquement être examinées ensemble dans le cadre d’une action collective. Le verdict pourrait aussi servir de base à d’autres recours, collectifs ou individuels, dans le monde entier.

Meta et Google ont indiqué séparément qu’ils comptaient faire appel de la décision.

The Conversation

Rob Nicholls fait partie du Centre for AI, Trust, and Governance de l’Université de Sydney et reçoit des financements de l’Australian Research Council.

– ref. Instagram et YouTube reconnus responsables d’addiction dans un procès historique aux États-Unis – https://theconversation.com/instagram-et-youtube-reconnus-responsables-daddiction-dans-un-proces-historique-aux-etats-unis-279461

Posted on

The economics of war extend far beyond energy prices and stock markets

Source: The Conversation – Canada – By Junaid B. Jahangir, Associate Professor, Economics, MacEwan University

In the aftermath of the 2008 financial crisis, student groups pushed for curriculum change in economics. They wanted to learn about real-world economics beyond the stylized models that embroil students in mathematics.

As an economics professor, my own students have asked me about issues like Gaza and Iran, when textbooks aren’t much help. Based on their input, I’ve revamped the way I teach economics by complementing standard textbook economics with alternate perspectives.

The courses I now teach include the Economics of Racism, the Economics of Inequality and the Economics of Gaza, which has been translated to Arabic by the Iraqi Economists Network.

These new courses reveal that the economics of war go beyond the impact on energy, stock markets and inflation.

Democracies instigate war

It’s usually believed that dictators start wars to legitimize their rule. However, 2024 research suggests that democratically elected leaders often instigate war due to the right-wing populism and nationalism that arise because of inequality and precarity in advanced economies.

This helps shed light on why democratically elected leaders like Donald Trump and Benjamin Netanyahu have initiated wars against theocracies like Iran.

Such democratically elected leaders use propaganda to demonize the enemy and paint conflict as an existential threat, even when it could be solved through diplomacy.

Big Oil

The military-industrial complex is notably absent from economics textbooks. It’s a system based on the military establishment and arms industry, which wields power and influence over the government.

But its very existence challenges the idea of consumer sovereignty — the military-industrial complex, after all, attempts to generate public support for war to maximize profits, captures the government (where private corporate interests influence government regulation to supersede public interest) and lobbies for large military budgets.

Companies like Lockheed Martin, Boeing, Raytheon and Northrop Grumman profit from conflict because they provide great investment opportunities during wars. Defence stocks soared in value, for example, during Israel’s assault on Gaza. Despite uncertainty, there have also been gains for defence contractors due to the ongoing war in Iran.

In terms of the Gaza situation, large oil companies don’t gain much by the production of oil; it’s the exercise of power and war that benefits them. Energy conflicts like the 1991 Gulf War or the ongoing war in Iran, which reflect control or disruption of resources, are followed by above-average returns of leading oil companies.

In other words, both the military industrial complex and Big Oil profit from war.

Unintended consequences

War also contributes to climate costs, post-war debt burden and refugee flows. It also increases the likelihood of terrorism.

This is reflective of the law of unintended consequences — in other words, bombing to curb terrorism instigates more terrorism. The economics of terrorism shows that the structural root causes of terrorism — like apartheid, occupation and the economic grievances of citizens — must be addressed to truly end terrorism.

The law of unintended consequences also holds in the case of sanctions. In the Russia-Ukraine war, economic sanctions have ended up helping Russia because Russian oligarchs who previously supported integration with the West were forced to invest their massive wealth at home.

Similarly, bombing and sanctions on Iran have only strengthened its resolve to push back. Instead of citizens turning on the Iranian regime, a surge in Iranian nationalism is reportedly taking hold.



Read more:
War in Iran: Why destroying cultural heritage is such a foolish strategic move in any conflict

The petro-dollar system

Students of economics learn that the American dollar serves as the world reserve currency. Its demand arises from the petro-dollar system, where U.S. dollars are required to buy oil. In return for this system, the U.S. supposedly provides the so-called GCC countries — Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Oman and Bahrain — with military protection.

These GCC countries then reinvest the petro-dollars in U.S. financial markets. This helps explain why the war on Iran goes beyond oil or uranium enrichment to the very viability of the petro-dollar system.

This petro-dollar system allows the U.S. to exercise economic power through access to cheap credit and the ability to sanction other countries. The rest of the world is dependent on this system because of its network effects. The analogy here is that of Facebook. Because of its size and scope, it would now be very difficult to replace it with another platform for social networking.

But the petro-dollar system is at risk if competing countries like China and Russia can shift other countries away from the U.S. dollar. Iran then becomes a focal point in this shifting multi-polar world order.

Demonizing dissenters

Conflict Economics defines genocide as acts committed or conditions generated with intent to destroy in whole or in part a racial or religious group.

It rejects the “mad Nazi thesis” that monsters cause evil, holding that bad acts are perpetrated by ordinary people because of obedience to authority. Malevolent attitudes and norms grow when leaders promote exclusionary ideas.

In the past, workers were labelled as “communists” for demanding labour rights. Today, Muslims are dehumanized as “terrorists” in democracies like the U.S. and India, even though imperial powers apply and withdraw that label based on their own interests at any given time.

War’s economic impact extend far beyond energy prices and stock markets. Studying the economics of war reveals that democracies can start wars and commit human rights abuses, corporations can profit, military force and sanctions can backfire and conflicts are tied to broader extractive systems — not just oil — as some privileged groups justify extreme violence without moral hesitation.

The Conversation

Junaid B. Jahangir does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. The economics of war extend far beyond energy prices and stock markets – https://theconversation.com/the-economics-of-war-extend-far-beyond-energy-prices-and-stock-markets-278718

Posted on

Truth, or misinformation? A statistician explains the challenge of assessing evidence

Source: The Conversation – Canada – By Mu Zhu, Professor & Associate Dean, Faculty of Mathematics, University of Waterloo

When United States Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. unveiled new dietary guidelines earlier this year to “Make America Healthy Again,” they received a mixed response.

Some organizations, including the American Heart Association, welcomed the renewed emphasis on vegetables, fruits and whole grains. Others were concerned about the promotion of red meat and whole-fat dairy or accused Kennedy of spreading “blatant misinformation that ‘healthy fats’ include butter and beef tallow.”

The word “misinformation” has become very common in media and popular discourse, sometimes for good reasons, because the lies that the word encapsulates can undermine democracy, impair health and fuel violence.

As associate dean of AI strategy in the faculty of mathematics at the University of Waterloo, I know many are especially worried that AI could worsen the spread of misinformation.

However, the word “misinformation” is also loaded. There seems to be a growing tendency for people to apply the label to just about anything that they may disagree with, rather than genuine lies.

As a professor of statistics, I think the inherent difficulty of assessing evidence may be partly to blame.

Is the die loaded?

Statements like “there is no evidence that eating red meat is harmful” or “there is evidence that full-fat dairy is bad for your health” are not so easy to substantiate.

This is partially because it’s often hard — though not impossible with advanced statistical techniques — to isolate the effect of a particular habit from a myriad of other entangled factors, whether genetic or lifestyle, that also affect health. This is why many research studies merely point to an “association” or a “correlation” between food consumption and health effect.

But even in clear-cut cases where no such entanglement exists, assessing evidence is still surprisingly difficult. For instance, suppose a die was rolled seven times and it showed an odd outcome (numbers one, three or five) on six of these occasions. In principle, odd and even outcomes are supposed to be equally likely.

Is the apparently skewed outcome evidence that the die may be loaded? Does this point to the possibility that someone may be cheating?

Using an evidential scale known as the p-value, one might argue “no,” since there is still a sizeable probability for a normal die to show an odd outcome from more than five of those seven rolls, so rolling six odd numbers is not as unexpected as it appears to be.

Using a different evidential scale known as the e-value, however, one could argue “yes,” since a die would be much more likely to show an odd outcome from six out of seven rolls if it were loaded than if it were not. So rolling six odd numbers is more consistent with the suspicion that the die may be loaded.



Read more:
Climate misinformation is becoming a national security threat. Canada isn’t ready for it

Scales of scientific evidence

Despite growing criticism, the p-value is still currently the most commonly used scale for judging scientific evidence. In other words, most scientists today have been taught in school that they should answer our question with “no, the die is not loaded.”

However, the opposite argument is not without merit. In fact, if I had made a fair bet that the die was loaded, the bookie would have had to reward me with a profit after observing the outcome of six odd numbers. This is what the e-value ultimately entails: a betting score. And if one can make a profit with such a bet, then the suspicion cannot be totally unreasonable.

But surely two opposite arguments cannot both be correct at the same time? Or can they? Both arguments require an implicit threshold to draw their respective yes, or no, conclusions. For the first argument, the threshold is: how big a probability — two per cent, five per cent or 10 per cent — is a “sizeable probability?” For the second, the threshold is: how much more likely — five times, 10 times or 25 times — is “much more likely?”

The two arguments are not fundamentally at odds with each other but, using different thresholds, one ends up saying “black” and the other “white” when reality is just a certain shade of grey. Indeed, their respective decision thresholds can be calibrated by statisticians so that they always reach the same conclusion.

A pile of variously iced donuts.
How do you weight the evidence, when deciding whether to eat a donut?
(Unsplash/Rod Long)

Let’s use ‘misinformation’ for genuine lies

But the average human being isn’t very good at performing this type of calibration psychologically. We are prone to reacting very differently when the underlying scale changes.

Would you continue to consume a delicacy if you were told that those who eat it regularly are 25 times as likely to develop cancer later in life as those who don’t? What if you were told that doing so will increase your probability of cancer from 0.01 per cent to 0.25 per cent?

You may decide to change your diet because you are fearful of the elevated risk. You may choose to continue with your existing diet because even the elevated risk is still not all that high.

Neither choice is strictly right or wrong. But today, I’m afraid to say: “I see no need to change my diet given the risks.” If I did, those who are enthusiastic about changing theirs might come together and accuse me of spreading “misinformation.” Such madness has to stop, before it completely destroys our social discourse.

The word “misinformation” should be reserved for genuine lies only, not conclusions decided by subjective thresholds, even if they are standard choices. Declaring there is or isn’t evidence simply because the p-value is below or above the conventional threshold has already generated far too many irreproducible findings.

To call something “misinformation” based on that kind of shaky evidence, or the lack thereof, will only obstruct true scientific progress.

The Conversation

Mu Zhu receives funding from the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada.

– ref. Truth, or misinformation? A statistician explains the challenge of assessing evidence – https://theconversation.com/truth-or-misinformation-a-statistician-explains-the-challenge-of-assessing-evidence-278161

Posted on

Can countries replace SWIFT? Evidence from Russia suggests not easily

Source: The Conversation – Canada – By Mesbah Sharaf, Professor of Economics, University of Alberta

When Russian banks were cut off from the SWIFT messaging system in 2022, the move was seen as one of the strongest financial sanctions imposed after the invasion of Ukraine.

The measure, taken by the European Union and its allies, targeted major Russian banks and aimed to disrupt the country’s ability to conduct international transactions.

SWIFT — the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication — allows more than 11,000 financial institutions in over 200 countries to send secure, standardized payment instructions to one another. Without it, cross-border transactions become slower, more difficult and more expensive.

But what happens if a country is pushed out of the world’s main financial messaging network? Can it simply build an alternative? Our recent research suggests the answer is no — or at least not nearly as easily as some claims suggest.

Russia’s workaround

Russia had been preparing for the risk of being cut off from global financial infrastructure for years. After earlier sanctions in 2014, it developed its own domestic system, known as the System for Transfer of Financial Messages (SPFS), to reduce its reliance on foreign financial infrastructure and make itself less vulnerable to future sanctions.

While SPFS was built mainly for the Russian market, the Bank of Russia says foreign users can also connect either directly or through a service bureau. This suggests an effort to extend its use beyond Russia, even if its international reach has remained limited.

When Russian banks were cut off from SWIFT in 2022, SPFS was presented as part of that fallback strategy. Other workarounds included capital controls, rules requiring exporters to sell part of their foreign-currency earnings and greater reliance on domestic payments infrastructure such as Mir.

At first glance, the strategy appeared to work. Russian exports remained high in the months after the sanctions, leading some observers to argue that the shock had been contained and that financial workarounds were doing their job. The Financial Times, for example, noted the surprising resilience of the Russian economy.

But our findings point to a more complicated reality.

What the data shows

Using monthly data from March 2020 to February 2024, we examined what happened to two key indicators after Russia’s exclusion from SWIFT: merchandise exports and international reserves.

The results showed a clear split between trade and finance. Export revenues stayed high for a time, but much of that was tied to the global surge in oil prices rather than to the strength of SPFS itself. Once oil prices were taken into account, the apparent export resilience became much weaker.

In other words, Russia benefited from unusually favourable market conditions. High energy prices helped keep export earnings afloat at exactly the moment when the country was facing major financial disruption. That is not the same thing as showing that a domestic payment system had replaced the role SWIFT normally plays in international finance.

The deeper strain showed up in Russia’s international reserves. Reserves are one of the clearest signs of a country’s external financial strength. They support currency stability, underpin investor confidence and provide a buffer against economic shocks.

Russia’s reserves fell sharply and stayed under pressure after the SWIFT exclusion, suggesting the financial damage ran deeper than the export numbers alone might imply.

Alternatives to SWIFT have limits

This helps explain why alternatives like SPFS have limits.
A domestic system may help preserve some continuity and allow certain transactions to keep moving inside the country or with a limited group of foreign partners.

But it does not automatically recreate the wider ecosystem that makes SWIFT powerful: global reach, liquidity, institutional trust and the network effects that come from being used almost everywhere.

The more institutions that use a system, the more valuable it becomes. Replicating that scale requires broad international participation and confidence, which are difficult to build quickly.

The future of global payments

Around the world, governments are paying much closer attention to financial sovereignty, sanctions risk and dependence on payment systems they do not control.

Countries such as Russia and China have tried to build alternatives, and debates about payment fragmentation are becoming more common.

In simple terms, payment fragmentation means the global financial system breaking into separate networks that do not fully connect with each other, making cross-border transactions more complex, costly and less predictable.

Yet building a domestic alternative is not the same as reproducing a global network built on decades of legal standards, co-ordination and trust.

Sanctions are still effective

The broader lesson is that payment technologies derive their value not simply from their design, but from who uses them, how widely they are accepted and whether people trust them in practice.

That is why Russia’s experience should be interpreted carefully. It does not demonstrate that countries can easily escape the economic force of sanctions by building local substitutes.

Instead, it shows that while some adjustment is possible — especially when helped by high commodity prices — the advantages of a global network are much harder to replace.

So can countries build alternatives to SWIFT? Yes.

Can they quickly build alternatives with the same reach, trust and financial weight? Russia’s experience shows that while a country may be able to keep some payments moving for a time, that is very different from preserving full financial resilience.

The Conversation

The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. Can countries replace SWIFT? Evidence from Russia suggests not easily – https://theconversation.com/can-countries-replace-swift-evidence-from-russia-suggests-not-easily-278944

Posted on

Why forest loss is making our watersheds leak rain

Source: The Conversation – Canada – By Adam Wei, Professor, Department of Earth, Environmental and Geographic Sciences, University of British Columbia

It’s a well-established fact that forests and water are deeply connected. For decades, paired-watershed experiments — a scientific method for evaluating land-use impacts on water quantity or quality — have shown that when we lose forests, the total amount of water flowing through our rivers tends to rise.

But a critical question has remained unanswered: does this extra water come from previous reserves, or is it simply “new” rain that the land is failing to hold?

In other words, is forest loss causing our watersheds to lose their internal integrity and leak like a sifter?

Our recent study at the University of British Columbia analyzed 657 watersheds across the globe. By using a tool called the Young Water Fraction, we found that forest loss significantly accelerates how fast precipitation travels through a landscape.

We estimate that for every one per cent of forest lost, the “young water” in our streams increases by about 0.17 per cent.

Crucially, our research reveals that it isn’t just about how many trees are cut down — it is also about the spatial patterns left behind. The way we arrange forest patches can either aggravate or mitigate this leakage.

Why watersheds are leaking

Young Water Fraction tells us what proportion of a stream is made up of rain that fell recently — typically within the last two to three months. Ideally, we want a low percentage of young water.

A low amount means the landscape is acting like a sponge, filtering rain through the soil and into groundwater, which sustains the river during dry seasons. A high amount of young water, however, suggests a “leaky” watershed that sheds new rain almost immediately.

a stream flowing through a forest
It isn’t just about how many trees are cut down — it is also about the spatial patterns left behind.
(Unsplash/Jachan Devol)

The reasons for this leakage are tied to how we treat the land. When a forest canopy is removed, raindrops hit the ground with full force instead of being intercepted by leaves. Furthermore, heavy machinery and logging roads pack the soil tight, making it harder for water to sink in.

Lastly, without trees to breathe water back into the atmosphere through transpiration, the soil stays saturated. When the next rain comes, there is no room left to store it, forcing the water to run off quickly into the stream.

This loss of retention capacity is especially potent in watersheds with shallow groundwater. In these areas, the soil layers are thin, limiting how much rain can be stored. Any disturbance to the land cover lacks a buffer, immediately translating into altered, younger streamflow.

Forest edges

The most striking finding of our work is that the landscape pattern — the spatial configuration of the trees — matters just as much as the total area lost.

Imagine two scenarios: one large, solid block of harvested timber versus many small, scattered patches. Our work confirmed that even if the total area cut is the same, the hydrological impact is different.

We looked specifically at forest edges, the boundary where trees meet open clearings. Interestingly, as the density of these edges increases, the amount of young water tends to decrease.

This happens because these edges are more exposed to sunlight and wind. These “edge effects” can enhance the process of evapotranspiration, driving more soil water to leave the watershed as vapour rather than becoming quick runoff.

This regulative impact is especially powerful in sparsely forested watersheds with less than 40 per cent forest cover. This is because boosting evaporation requires openings large enough to allow sunlight to penetrate from the side and drive microclimatic changes.

In densely forested areas, increasing edge density fragments the remaining open space too much, resulting in smaller gaps that actually attenuate these edge effects.

Rethinking forest management

Our research reinforces the critical role of forests in water management. Beyond the obvious connection between forests and water, we now know more about how forest loss compromises a watershed’s hydrological integrity. The connection between our forests and our water is even closer than we previously expected.

This research also challenges the idea of binary forest management that focuses on either keeping or losing trees. This is particularly vital for regions where the timber industry is integral to the economy.

The direct lesson for the industry is that we should avoid uniform, regularly shaped clearcuts, which result in low edge density. Instead, we advocate for replicating the complex, irregular patterns found in nature. This can be achieved through silvicultural techniques such as variable retention harvesting, selective logging and continuous cover forestry.

Taking into account a forest’s landscape pattern provides a way to balance forest conservation with development: by optimizing how forests are managed, it’s possible to mitigate the negative hydrological impacts caused by logging.

By designing with the landscape in mind, we can help ensure our watersheds continue to function as sponges rather than sifters.

The Conversation

Adam Wei does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. Why forest loss is making our watersheds leak rain – https://theconversation.com/why-forest-loss-is-making-our-watersheds-leak-rain-276867