Source: The Conversation – (in Spanish) – By Josep M. Trigo Rodríguez, Investigador Principal del Grupo de Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias, Instituto de Ciencias del Espacio (ICE – CSIC)
El desconocimiento y la superstición siguen siendo un caballo de batalla en nuestra sociedad. En torno al cometa 3I/ATLAS se han publicado numerosos titulares sensacionalistas, pero de nuevo la evidencia científica, la interpretación rigurosa y la corroboración de los datos pueden abrirse paso entre todo el ruido generado. En un artículo anterior recogimos su descubrimiento y campaña internacional de estudio, en esta ocasión revisamos su naturaleza y composición.
Composicionalmente similar a los objetos transneptunianos
Desde mi equipo de investigación lidero un reciente artículo que muestra nueva evidencia sobre la naturaleza cometaria de 3I/ATLAS. Este visitante interestelar se muestra como un cuerpo similar a objetos transneptunianos conocidos en el sistema solar, de los que pensamos que proceden ciertas condritas carbonáceas –los meteoritos más antiguos conocidos–. Nuestro estudio, prepublicado por su posible interés para la comunidad científica en la plataforma ArXiv de la Universidad de Cornell, corrobora la similitud del visitante interestelar con cuerpos helados transneptunianos.
Nuestro conocimiento sobre meteoritos nos permite ahora ir más allá, revelando su naturaleza prístina, es decir, su estado más puro, original e intacto, sin haber sido alterado. Encontramos presencia significativa de hielo de agua y un contenido en granos metálicos que tampoco es demasiado común en los materiales formativos de esos objetos transneptunianos en la actualidad, tras miles de millones de años de exposición a colisiones y otros procesos.
Estas características han sorprendido a la comunidad científica, y explican su capacidad de desarrollar criovulcanismo –expulsión energética de gases y partículas– conforme se aproxima al Sol.
Incluso si este primitivo cometa tuvo su origen en un sistema planetario distante, los materiales formativos no fueron tan diferentes a los de nuestra vecindad. Una corroboración de que la química que da origen a los planetas, y que empezamos a comprender, suele reproducirse.
Su peculiar envoltura gaseosa
Uno de los aspectos que han sorprendido más a la comunidad científica es que la componente gaseosa que forma la envoltura exterior del cometa 3I/ATLAS es significativamente diferente a la de buena parte de los cometas. sa evidencia?
En las observaciones realizadas a mayor distancia, obtenidas por los grandes telescopios que lograron captarlo espectroscópicamente, se detectó la presencia de monóxido y dióxido de carbono. Se interpretaron como productos de la sublimación de los primeros hielos, a temperaturas inferiores a las requeridas para la sublimación de hielo de agua. Generalmente, estos compuestos no son comunes en la mayoría de cometas, que suelen mostrar una química más reductora –moléculas en estado reductor–, y están caracterizados por otras especies químicas como el metano o amoníaco.
Una pista clave en la cambiante luminosidad del cometa
Nuestro análisis de la luminosidad del cometa en función de su distancia al Sol muestra que, cuando se acercó a unos 378 millones de kilómetros, se produjo una transición hacia una etapa de sublimación más intensa. En ese punto, la temperatura, cercana a los –71 ⁰ C, había superado el umbral necesario para sublimar el dióxido de carbono sólido –hielo seco–. Como consecuencia, un material líquido de carácter oxidante comenzó a penetrar en el interior del objeto y a interactuar con sus componentes más reactivos: granos metálicos y sulfuros de hierro.
En ese momento, diversas regiones de la superficie se activaron y multiplicaron la producción de gas y polvo micrométrico, incrementando la luminosidad de la coma en varias magnitudes de brillo. A aquella distancia del Sol, el cometa salió de su letargo definitivamente para experimentar lo que denominamos criovulcanismo.
La sublimación de los hielos condujo a una potente desgasificación del núcleo cometario, generando chorros desde las regiones activas, que rotan. El núcleo de 31/ATLAS gira sobre sí mismo en unas 16 horas, como concluyó un estudio de reciente.
La explicación a la abundacia de niquel
Tras nuestra investigación, también podemos explicar la sobreabundancia observada de niquel en la coma del 3I/ATLAS: es consecuencia de los procesos que tienen lugar en la superficie y el subsuelo del cometa. Concretamente de procesos conocidos como reacciones Fischer-Tropsch. En ellas, el agua caliente interacciona con los granos metálicos y genera la catálisis de compuestos orgánicos complejos. Estas reacciones tienden a favorecer la emisión a la coma de compuestos de níquel frente a los de hierro.
Es decir, la fuente del criovulcanismo de 3I/ATLAS debe ser consecuencia de esos procesos de corrosión extensiva de los materiales prístinos preservados en el interior del visitante interestelar. De hecho, hemos calculado que el pasado 29 de octubre, durante su punto más próximo al Sol alcanzó una temperatura media de 4 ⁰ C, permitiendo la extensa participación del agua líquida y promoviendo la aparición de nuevos criovolcanes, como corroboran nuestras imágenes.
Para interpretar los procesos que ocurren en el cometa 3I/ATLAS han resultado fundamentales nuestros estudios sobre los procesos de alteración acuosa que experimentaron los llamados asteroides transicionales hace 4 550 millones de años, de donde proceden las condritas carbonáceas, trabajo que venimos realizamos desde la Sala Blanca de Meteorítica y Muestras Retornadas y otros laboratorios del ICE-CSIC.
Si asumimos un diámetro kilométrico y una composición condrítica para el cometa interestelar 3I/ATLAS, la masa estimada sería superior a seiscientos millones de toneladas. Por tanto, este interesante vagabundo celeste, con su contenido en hielos, materia orgánica, metales y una gran capacidad catalítica para generar compuestos orgánicos complejos, parece buscar un entorno propicio para promover la aparición de vida en otros mundos. Afortunadamente, en nuestro caso pasará de largo.
Josep M. Trigo Rodríguez recibe fondos del proyecto del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica PID2021-128062NB-I00 financiado por el MICINN y la Agencia Estatal de Investigación.
Croire que l’on n’a pas d’accent ou que l’on a un accent « neutre » revient bien souvent à ne pas s’apercevoir que l’on en effectivement a un. Pixabay, CC BY
À en croire un sondage récent, les accents régionaux seraient en train de s’effacer. Derrière cette inquiétude largement relayée se cachent deux réalités que nous connaissons tous mais que nous préférons souvent oublier : la prononciation, par nature éphémère, change constamment et le nivellement actuel des accents n’a rien d’exceptionnel. Quant à l’« accent neutre » auquel nous comparons ces accents régionaux, il n’a jamais existé ailleurs que dans nos imaginaires linguistiques.
Chaque année ou presque, un sondage annonce que les accents seraient « en voie de disparition ». La dernière étude en date, publiée en septembre 2025 par la plateforme Preply et largement propagée par le biais des réseaux sociaux, va dans ce sens : plus d’un Français sur deux (55 %) estimerait que les accents régionaux disparaissent. De manière assez remarquable, cette inquiétude serait surtout portée par les jeunes : près de 60 % des participants de 16 à 28 ans disent constater cette disparition. Cette crainte occulte pourtant deux réalités essentielles : un accent n’est jamais figé, et l’idée d’un accent « neutre » relève davantage du mythe que de la réalité.
L’accent « neutre » est une illusion
Dans les représentations de bon nombre de francophones, il existe une prononciation « neutre » sans marque régionale ou sociale que beaucoup considèrent aussi comme la « bonne prononciation ». Mais cette vision ne résiste pas à l’analyse. Tous les modèles de prononciation avancés jusqu’à aujourd’hui (par exemple, le roi et sa cour au XVIIe siècle, plus tard la bourgeoisie parisienne, et récemment les professionnels de la parole publique, notamment dans les médias audiovisuels) ont en commun un ancrage géographique bien précis : Paris et ses environs, et parfois aussi la Touraine où les rois de France avaient leurs résidences d’été.
L’accent dit « neutre » est donc avant tout un accent parisien. Et la plupart des locuteurs non parisiens le reconnaîtront comme tel. Il n’est pas dépourvu de traits caractéristiques qui nous permettent de le reconnaître, mais il est simplement l’accent du groupe social dominant. D’ailleurs, une enquête menée auprès de différentes communautés parisiennes dans les années 2000 le montrait déjà : les représentations de l’accent parisien varient fortement selon la perspective du locuteur, interne ou externe à la communauté parisienne.
Ainsi, hors de la capitale, de nombreux locuteurs associent Paris à un accent non pas « neutre », mais « dominant » et qu’ils associent implicitement au parler des couches sociales favorisées de la capitale. À Paris même, les perceptions du parler parisien sont beaucoup plus hétérogènes. Certains locuteurs affirment ne pas avoir d’accent, d’autres en reconnaissent plusieurs, comme l’« accent du 16e » (arrondissement) associé aux classes favorisées, « l’accent parigot » des anciens quartiers populaires, ou encore l’« accent des banlieues » socialement défavorisées. Cette pluralité confirme donc une chose : même à Paris, il n’existe pas de prononciation uniforme, encore moins neutre.
Les différentes formes de prestige d’un accent
Dans une large enquête sur la perception des accents du français menée avec mes collègues Elissa Pustka (Université de Vienne), Jean-David Bellonie (Université des Antilles) et Luise Jansen (Université de Vienne), nous avons étudié différents types de prestige des accents régionaux en France méridionale, au Québec et dans les Antilles. Nos résultats montrent tout d’abord à quel point cette domination de la région parisienne reste vivace dans nos représentations du « bon usage ». Dans les trois régions francophones, les scores liés à ce que l’on appelle le « prestige manifeste » de la prononciation parisienne sont particulièrement élevés. Il s’agit de ce prestige que l’on attribue implicitement aux positions d’autorité et que les locuteurs interrogés associent souvent à un usage « correct » ou « sérieux ». Mais les résultats montrent également l’existence d’un « prestige latent » tout aussi marqué. Il s’agit là d’un prestige que les accents locaux tirent de leur ancrage identitaire. Ce sont souvent les variétés régionales qui sont ainsi caractérisées comme étant « chaleureuses » ou « agréables à entendre », et elles semblent inspirer la sympathie, la confiance, voire une certaine fierté.
Ces deux axes expliquent aussi qu’on puisse, dans la même conversation, dire d’un accent qu’il « n’est pas très correct » tout en le trouvant « agréable à entendre ». Ce jeu de perceptions montre bien que la prétendue neutralité du français « standard » n’existe pas : elle est simplement le reflet d’un équilibre de pouvoirs symboliques continuellement renégocié au sein de la francophonie.
L’émancipation des accents « périphériques »
Notre étude montre également que cette association de l’accent parisien au prestige manifeste et des accents dits « périphériques » au prestige latent n’est pas fixée à tout jamais. Dans les trois espaces francophones étudiés, les accents autrefois perçus comme des écarts à la norme deviennent peu à peu porteurs d’un prestige plus manifeste. Ils commencent donc à s’imposer comme des modèles légitimes de prononciation dans de plus en plus de contextes institutionnels ou médiatiques autrefois réservés à la prononciation parisienne.
Ce mouvement s’observe notamment dans les médias audiovisuels. Au Québec, par exemple, les journalistes de Radio-Canada assument et revendiquent aujourd’hui une prononciation québécoise, alors qu’elle aurait été perçue comme trop locale il y a encore quelques décennies. Cette prononciation n’imite plus le français utilisé dans les médias audiovisuels parisiens comme elle l’aurait fait dans les années 1960-1970, mais elle intègre désormais ces traits de prononciation propres au français québécois qui étaient autrefois considérés comme des signes de relâchement ou de mauvaise diction.
Ces changements montrent que la hiérarchie traditionnelle des accents du français se redéfinit. L’accent parisien conserve une position largement dominante, mais son monopole symbolique s’effrite. D’autres formes de français acquièrent à leur tour des fonctions de prestige manifeste : elles deviennent acceptables, voire valorisées, dans des usages publics de plus en plus variés. Ce processus relève d’une lente réévaluation collective des modèles de légitimité linguistique.
Une dynamique normale du changement
Revenons à la question des changements perçus dans les accents régionaux évoquée en introduction. La langue est, par nature, en perpétuel mouvement, et la prononciation n’y échappe pas : certains traits s’atténuent, d’autres se diffusent sous l’effet de facteurs notamment sociaux. La mobilité des locuteurs, par exemple, favorise le contact entre des variétés de français autrefois plus isolées les unes des autres. Ce phénomène est particulièrement visible dans des métropoles comme Paris, Marseille ou Montréal, où se côtoient quotidiennement des profils linguistiques hétérogènes. À cela s’ajoute l’influence des médias, amorcée avec la radio et la télévision au début du XXe siècle et aujourd’hui démultipliée par les réseaux sociaux. Ces dynamiques expliquent en partie le nivellement actuel de certains accents, avec la raréfaction de certains traits locaux. Mais cela ne signifie pas pour autant la disparition de toute variation. Des mouvements parallèles de différenciation continuent d’exister et font émerger de nouveaux accents, qu’ils soient liés à l’origine géographique des locuteurs ou à leur appartenance à un groupe social.
À côté de ces changements « internes à la langue », les valeurs sociales que l’on associe à ces variétés évoluent elles aussi. Les frontières de ce qui paraît « correct », « populaire », « légitime » se déplacent avec les représentations collectives. Ainsi, aussi bien les accents que les hiérarchies qui les encadrent se reconfigurent régulièrement. Une observation qui distingue notre époque, cependant, c’est le fait que les normes langagières ne se redéfinissent plus seulement « par le haut » sous l’influence « normative » d’institutions comme l’Académie française, mais aussi « par le bas » sous l’effet des usages de la langue quotidienne qui s’imposent simplement par la pratique.
En somme, même si l’on redoute la disparition des accents, la variation continuera toujours de suivre son cours. Nul ne peut la figer. Et l’accent prétendument « neutre » n’a jamais existé autrement que dans nos représentations fantasmées. Ainsi, la prochaine fois que vous entendez quelqu’un vous dire qu’il ou elle ne pense pas avoir d’accent, souvenez-vous que ce n’est pas qu’il n’en a pas, mais que c’est simplement le sien qui (jusqu’ici) a dominé – pour reprendre les propos de Louis-Jean Calvet – dans la Guerre des langues et les politiques linguistiques (1987).
Marc Chalier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
La plupart des calculateurs d’empreinte carbone de l’aérien livrent des chiffres largement sous-estimés.Vladimir Sukhachev/Shutterstock
D’un outil à l’autre, l’empreinte carbone évaluée pour un vol en avion peut varier considérablement. Cela tient aux hypothèses de calcul, au périmètre exact de celui-ci et à la source des données, qui peuvent être à l’origine de nombreuses incertitudes. Pour un usage éclairé de ces calculateurs, utiles mais approximatifs, par les voyageurs aériens, il est indispensable de mieux en cerner les limites.
Lorsque deux personnes réservent le même vol, elles peuvent penser avoir une empreinte carbone très différente, si elles sont passées par deux calculateurs en ligne différents. En effet, de nombreux calculateurs d’empreinte carbone passent sous silence une large partie de l’impact climatique du transport aérien – ou encore, s’appuient sur des hypothèses trop simplifiées.
Le point sur leurs limites et pourquoi elles sont importantes. Malgré tout, quelques précautions de bon sens peuvent vous aider à évaluer les estimations fournies.
Le CO₂ ne suffit pas
Si un outil en ligne ne rend compte d’un résultat qu’en kilogramme de dioxyde de carbone (CO2), il omet deux autres groupes d’émissions importants.
En effet, l’équivalent CO2 est une unité de mesure qui convertit l’impact des autres gaz à effet de serre, tels que le méthane, en équivalent dioxyde de carbone à l’aide de données scientifiques qui montrent leur potentiel de réchauffement climatique. Si un calculateur n’affiche que le CO2, il sous-estime donc l’empreinte carbone.
Un calculateur qui fait référence à des émissions équivalent CO2 inclut ainsi le CO2 ainsi que les autres émissions de gaz à effet de serre, ce qui le rend plus complet. Les bonnes pratiques citent le chiffre utilisé et renvoient au tableau des métriques utilisées pour le calcul. (par exemple, la valeur retenue pour le potentiel de réchauffement global du gaz considéré, ou PRG, ndlr).
Les impacts non liés au CO2 doivent également être pris en compte. Concrètement, il s’agit de l’effet sur le climat des oxydes d’azote, de la vapeur d’eau et des traînées de condensation émis par les avions. Ceux-ci emprisonnent la chaleur et agissent comme une couverture qui réfléchit la chaleur de la Terre vers le sol. Des recherches montrent que ces effets non liés au CO2 peuvent être comparables, voire supérieurs à ceux du CO2 seul, sur des horizons temporels moyens.
Cela signifie qu’un calcul basé uniquement sur les émissions de CO2 sous-estime l’impact climatique total du transport aérien, car il ne tient pas compte de l’effet des oxydes d’azote, de la vapeur d’eau et des traînées de condensation. L’ampleur des impacts non liés au CO2 varie en fonction de l’altitude, de la latitude, des conditions météorologiques et de l’heure de la journée, mais elle est trop importante pour être ignorée.
Les calculateurs devraient les quantifier de manière plus transparente, quitte à fournir un résultat avec un niveau d’incertitude chiffré. Les meilleurs calculateurs réalisent à la fois un calcul en équivalent CO2, puis prennent en compte les effets non liés au CO2.
Une autre source de sous-estimation de l’empreinte carbone de l’aérien est le calcul des distances. De nombreux outils supposent un trajet dit « orthodromique » (c’est-à-dire, la distance la plus courte entre les aéroports de départ et d’arrivée compte tenu de la courbure de la Terre), auquel s’ajoute une petite distance fixe. Or, les vols réels sont influencés par les vents, les tempêtes, la congestion aérienne, les zones militaires à éviter et les fermetures d’espace aérien qui obligent à faire de longs détours. Même les itinéraires réguliers entre une ville A et une ville B peuvent changer quotidiennement en raison de ces variables.
Des études montrent que ces détours peuvent, en moyenne, atteindre un allongement de plus de 7,5 % de la distance totale, même en temps « normal » et sans parler de la situation géopolitique actuelle dans le monde. Or, une distance plus longue implique une consommation de carburant et des émissions plus importantes. Ainsi, si une calculatrice ne tient pas compte des déviations d’itinéraire, elle sous-estimera la consommation de carburant.
En utilisant les données historiques récentes observées sur un itinéraire donné, on peut ajuster ces estimations. De quoi mieux refléter la façon dont cet itinéraire est vraiment parcouru dans la pratique, et non pas dans des conditions idéales.
Quel périmètre les compagnies aériennes doivent-elles prendre en compte ?
Même lorsque la distance et les émissions de gaz à effet de serre sont correctement prises en compte, de nombreux outils éludent d’indiquer clairement le périmètre du calcul et ses limites, sans préciser ce qui est inclus ou exclus. Ainsi, de nombreux outils ne tiennent pas compte des émissions liées à l’extraction des matériaux pour construire les avions et aux activités pétrolières permettant de produire du carburant.
Une empreinte carbone complète et conforme aux normes en vigueur comprendrait les émissions « du puits au réservoir » (well-to-tank, ce qui intègre les étapes d’extraction, de raffinage et de transport du carburant), les services en vol et le cycle de vie des avions et même des aéroports.
Certains calculateurs d’empreinte carbone pour le transport aérien se basent sur des hypothèses de calcul trop généreuses. EamesBot/Shutterstock
La norme internationale ISO 14083 de 2023, qui porte sur la quantification et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre provenant des chaînes de transport, établit pourtant des règles communes. Les bons calculateurs s’alignent sur cette norme afin de rendre leur champ d’application explicite et comparable.
Mais les meilleurs calculateurs vont au-delà de ces exigences et couvrent l’ensemble des émissions liées au vol. Si un calcul d’empreinte carbone exclut les émissions en amont ou celles liées aux infrastructures aériennes, on peut s’attendre à ce que le résultat soit inférieur à celui qu’une analyse complète du cycle de vie livrerait.
L’allocation des émissions de l’appareil au passager
Le calcul des émissions par passager consiste à répartir l’impact climatique de l’avion entre les sièges occupés par les passagers et le fret (transport en soute). Or, la classe de cabine et la densité des sièges modifient l’espace disponible par passager. Les sièges en classe affaires ou en première classe peuvent donc avoir un impact par passager plusieurs fois supérieur à celui de la classe économique dans le même avion.
Les coefficients de remplissage (c’est-à-dire, le taux d’occupation d’un avion) modifient également ce calcul. Les passagers d’un avion à moitié plein devraient se voir attribuer deux fois plus d’émissions.
Les bonnes méthodes de calcul devraient utiliser des coefficients de remplissage et les plans de sièges spécifiques à chaque trajet, en fonction de la compagnie aérienne et de la saison, plutôt que des hypothèses globales généralisées.
Bagages en soute et transport de fret
Du point de vue du voyageur, il semble injuste qu’un passager voyageant uniquement avec un bagage à main bénéficie se voit allouer la même empreinte carbone qu’une personne ayant enregistré 30 kg de bagages. De fait, la plupart des calculateurs se basent sur un poids moyen unique pour les bagages. Le calcul est donc surestimé pour les voyageurs légers et sous-estimé pour les voyageurs lourds.
De meilleures approches permettraient aux utilisateurs de déclarer leurs bagages lors du calcul, ou d’appliquer des facteurs spécifiques à leur itinéraire.
De plus, la plupart des vols passagers transportent également du fret en soute. Si un calculateur attribue toutes les émissions de l’avion aux passagers, il surestime les chiffres par passager. Une pratique plus équitable consisterait à répartir les émissions entre les passagers et le fret aérien.
La prochaine fois que vous lirez une estimation de l’empreinte carbone de votre vol, demandez-vous si elle est :
complète : inclut-elle uniquement le CO2, un équivalent CO2 et les émissions hors CO2 ? Est-elle conforme à la norme ISO 14083 ou supérieure et couvre-t-elle l’ensemble des émissions générées par un passager aérien ?
précise : utilise-t-elle des méthodes modernes basées sur des données réelles régulièrement actualisées pour prédire la trajectoire de vol et la consommation de carburant ? Prend-elle en compte toutes les variables, y compris les facteurs de charge de l’appareil et les configurations des sièges à bord ?
transparente : les méthodes et les sources de données utilisées sont-elles indiquées avec leurs limites ? Ont-elles fait l’objet d’une évaluation par des pairs ?
communiquée efficacement : fournit-elle une ventilation claire des sources d’émissions de votre vol ? Est-elle facile à comprendre et à utiliser pour prendre des décisions ciblées en matière de climat ?
Lorsque les calculateurs cochent toutes ces cases, on peut faire passer le débat de l’examen d’un seul chiffre à l’action sur les principales causes. C’est à cette condition que le calcul de l’empreinte carbone, plutôt que de simples chiffres sur un écran, peut devenir un outil de changement.
Finn McFall travaille sur un partenariat de transfert de connaissances entre Therme Group et l’université du Surrey, cofinancé par UKRI via Innovate UK.
Xavier Font travaille pour l’université du Surrey. Il fait partie de l’équipe universitaire qui travaille sur un partenariat de transfert de connaissances entre Therme Group et l’université du Surrey, cofinancé par UKRI via Innovate UK.
Une disposition passée inaperçue dans le budget fédéral des États-Unis signé par le président Trump pourrait bouleverser une industrie florissante : celle des boissons au THC.
Le 12 novembre 2025, le Congrès américain a voté une loi limitant les produits à base de chanvre à 0,4 mg de delta-9-tétrahydrocannabinol, autrement dit THC, par contenant. Cette mesure, après une période de grâce d’un an, interdit de facto la plupart des nombreuses boissons, gommes et cigarettes électroniques (« vapes ») au THC actuellement vendues dans les stations-service, supermarchés et bars américains. Pour comprendre l’importance de cette nouvelle, il faut d’abord expliquer comment ce marché fonctionne, et pourquoi cette interdiction pourrait être appliquée… ou ignorée.
Cannabis, chanvre et THC : un peu d’histoire
La plante de cannabis contient plus de cent « cannabinoïdes », des composés chimiques qui interagissent avec le système endocannabinoïde humain. Le THC (tétrahydrocannabinol) est considéré principal responsable des effets psychoactifs. Légal aux États-Unis au XIXe siècle, le cannabis est progressivement interdit à partir de 1937, puis classé en 1970 comme narcotique de catégorie I – la plus strictement prohibée.
Depuis 1996, certains États américains ont commencé à légaliser le cannabis, d’abord à usage médical, puis récréatif à partir de 2012. Aujourd’hui, plus de 40 États l’autorisent sous une forme ou une autre, mais il reste illégal au niveau fédéral.
Dans ce contexte de contradictions entre lois fédérales et étatiques, une nouvelle distinction va tout changer : celle entre « cannabis » et « chanvre ».
Une industrie née d’un vide juridique
Vous n’en avez probablement jamais entendu parler, pourtant selon Fortune Business Insight le marché des boissons au THC génère déjà plus de 3 milliards de dollars (plus de 2,6 milliards d’euros) aux États-Unis.
Tout commence en 2018, lorsque le Farm Bill américain légalise le « chanvre » – défini comme du cannabis contenant 0,3 % ou moins de THC. L’objectif initial était de relancer l’industrie du chanvre industriel pour produire des textiles et des matériaux. Mais la loi contient une ambiguïté cruciale : ce seuil de 0,3 % s’applique au poids à sec de la plante, sans préciser de norme pour les produits transformés.
Des industriels américains ont rapidement identifié une opportunité. Pour une gomme typique de 5 grammes contenant 10 milligrammes de THC, soit une dose standard, le THC ne représente que 0,2 % du poids total. Pour une boisson de 355 grammes (12 onces) la même dose, le THC ne représente que 0,003 % du poids total. Techniquement, ces produits sont du « chanvre » légal, même s’ils produisent des effets psychoactifs identiques au cannabis.
Résultat : dès 2021, des boissons et gommes au THC psychoactif ont commencé à apparaître dans les magasins et les bars des États où aucune loi sur le cannabis récréatif n’existait.
L’innovation qui change tout
Concernant les boissons, cette faille juridique n’aurait jamais créé une industrie de plusieurs milliards de dollars sans une percée technologique cruciale apparue au début des années 2020, la nano-émulsion.
Le THC est une molécule lipophile qui se sépare naturellement de l’eau. Pendant des années, les fabricants ont tenté de créer des boissons stables au THC. Les émulsions traditionnelles prenaient de soixante à cent vingt minutes pour produire leurs effets : vitesse bien trop lente pour concurrencer ceux de l’alcool.
La nano-émulsion change la donne. En réduisant les gouttelettes de THC à l’échelle nanométrique, cette technologie permet au THC de se dissoudre efficacement dans l’eau et d’être absorbé par l’organisme en vingt minutes environ : un délai comparable à celui d’une bière ou d’un cocktail.
Pour la première fois, les boissons au THC peuvent se positionner comme des substituts fonctionnels aux boissons alcoolisées.
Le paradoxe du marché
L’innovation technologique ne suffit pas à expliquer le succès commercial. Les mêmes boissons au THC affichent des résultats diamétralement opposés selon leur canal de distribution.
Dans les États où le cannabis récréatif est légal (en Californie ou à New York, par exemple), les boissons au THC ne sont vendues que dans des dispensaires (boutiques spécialisées dans la vente de cannabis), où elles représentent moins de 1 % des ventes totales de cannabis. En cause : les consommateurs habitués des dispensaires ne s’y rendent pas pour acheter leurs boissons quotidiennes comme ils achèteraient de la bière, par exemple, mais plutôt pour acquérir des produits plus forts comme la fleur de cannabis et les cigarettes électroniques. Une boisson au THC à 7 dollars (6 euros) offre une dose unique, alors qu’une recharge de cigarette électronique à 15 dollars (près de 13 euros) en fournit entre dix et vingt. De plus, les dispensaires doivent également composer avec des contraintes de réfrigération et d’espace qui pénalisent les produits volumineux comme les canettes.
Dans les États où le cannabis récréatif n’est pas légal comme le Texas, la Floride ou la Caroline du Nord par exemple, la situation est différente. Ces mêmes boissons au THC, étiquetées « chanvre », sont distribuées dans les supermarchés et les bars aux côtés des boissons alcoolisées. Elles sont proposées à un prix inférieur (4 ou 5 dollars, soit 3 ou 4 euros) que dans les dispensaires, en raison d’une réglementation plus souple et plus avantageuse fiscalement. Des enseignes, comme les stations-service Circle K, les grandes surfaces Target ou la chaîne de restaurants Applebee’s, ont intégré ces produits à leur offre. D’après des sources internes, les boissons au THC représenteraient 12 % du chiffre d’affaires texan de Total Wine la plus grande chaîne américaine de distribution de boissons alcoolisées.
Contexte concurrentiel
La différence réside dans le contexte concurrentiel. Dans les supermarchés et les bars, les boissons au THC se placent face à la bière, au vin et aux spiritueux, un marché en déclin aux États-Unis, notamment chez les jeunes consommateurs.
Mais certains acteurs de l’industrie des boissons alcoolisées y voient une opportunité commerciale pour la vente sur place et à emporter. Un client ne consommant pas d’alcool et qui commandait autrefois un verre d’eau au bar peut désormais acheter un cocktail au THC et générer du chiffre d’affaires pour l’établissement.
Slate, 2022.
L’interdiction sera-t-elle appliquée ?
L’interdiction votée le 12 novembre 2025 entrera en vigueur dans un an. Elle rendra illégaux au niveau fédéral la plupart des produits au chanvre psychoactif actuellement commercialisés. Mais le Texas et plusieurs autres États, souvent conservateurs, ont déjà légalisé ces produits en légiférant au niveau étatique.
Cette contradiction entre la loi fédérale et les lois étatiques n’a rien d’inédit. Plus de 40 États américains ont légalisé le cannabis médical ou récréatif alors qu’il reste interdit au niveau fédéral. Dans la pratique, les forces de l’ordre locales appliquent les lois étatiques, non les lois fédérales. Le Texas, dont l’industrie du chanvre pèse 4,5 milliards de dollars (soit 3,8 milliards d’euros), rejoint ainsi les nombreux États dont les législations entrent en conflit avec Washington.
Une distinction juridique technique (le seuil de 0,3 % de THC en poids sec établi par le Farm Bill de 2018) a créé en quelques années une industrie de plusieurs milliards de dollars qui concurrence directement le marché des boissons alcoolisées. Malgré la nouvelle tentative du Congrès pour l’empêcher, cette industrie pourrait suivre la trajectoire du cannabis récréatif : interdite au niveau fédéral, mais florissante dans les États qui choisissent de ne pas appliquer cette nouvelle mesure.
Robin Goldstein a reçu des financements de l’Université de Californie.
Magalie Dubois ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Alors qu’à Belém, la COP30 a échoué à accélérer la lutte contre le changement climatique, une question demeure, abyssale : peut-on lutter contre le changement climatique sans accroître les inégalités entre populations ? En d’autres termes, peut-on œuvrer à une transition juste ? Pour répondre à cette question, il faut tout à la fois revenir en arrière et ausculter les différentes dimensions de la justice climatique.
Peut-on légitimement demander au Mozambique ou au Sénégal de renoncer à leurs ressources fossiles alors qu’ils remboursent chaque année davantage en dette extérieure qu’ils ne reçoivent d’aide climatique ? Comment construire une transition mondiale juste tandis qu’une partie des pays les plus vulnérables doivent s’endetter pour financer leur propre adaptation ? Et comment imaginer une trajectoire commune alors que les responsabilités historiques liées à l’exploitation des ressources des Suds continuent d’être ignorées ?
Voici quelques-unes des interrogations qui émergent lorsqu’on pense à une réponse globale au changement climatique dans un monde profondément inégal. Elles ont pour toile de fond une tension de plus en plus visible au cœur des politiques climatiques : la transition vers des économies décarbonées peine encore à se déployer sans reproduire les déséquilibres historiques, tant à l’intérieur des pays qu’à l’échelle internationale.
Dans ce contexte, l’idée de « transitions justes » prend de l’ampleur. Elle propose d’articuler l’action climatique autour de principes de justice, d’équité et de responsabilité historique. Pour de nombreux pays, notamment dans les Suds, les récits qui s’y rattachent deviennent un horizon éthique et politique essentiel pour penser les transformations écologiques à partir des réalités locales, des vulnérabilités propres et des capacités d’action inégales.
Des luttes ouvrières à l’agenda climatique mondial
Cette idée d’une transition juste n’est pourtant pas nouvelle. Elle puise ses origines dans les mouvements syndicaux états-uniens des années 1970, au moment où l’écologie politique émerge. À cette époque, Tony Mazzocchi, alors vice-président du syndicat des travailleurs du pétrole, de la chimie et de l’atome (Oil, Chemical and Atomic Workers Union, OCAW) défend un principe simple : les protections environnementales sont nécessaires, certes, mais leurs coûts ne doivent pas être supportés exclusivement par les travailleurs dans les secteurs les plus exposés.
Il propose donc la création du Superfund for Workers, destiné à indemniser les travailleurs affectés par les nouvelles régulations environnementales. Le fonds voit le jour en 1993, puis est rebaptisé Just Transition Fund en 1995, faisant entrer l’expression dans le vocabulaire politique.
Par la suite, dans les années 1990, la Confédération syndicale internationale (CSI) internationalise le concept. En amont de la COP15 de Copenhague (2009), elle mobilise syndicats et ONG pour rappeler que la transition écologique ne peut se faire au détriment des plus vulnérables. La transition juste s’inscrit dès lors au croisement du développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Elle vise une reconnaissance claire de la nécessité de garantir la justice sociale dans les processus de transition et les stratégies de résilience climatique.
Mais à mesure qu’il circule entre institutions, gouvernements et organisations internationales, le concept se transforme. Avec son inscription subséquente dans le préambule de l’accord de Paris (2015), il glisse vers des cadres plus technocratiques, au risque de s’éloigner de sa dimension contestataire initiale.
Une même transition pour tous ?
Dans les Nords, les transitions justes sont généralement envisagées comme des mécanismes d’accompagnement social : reconversion professionnelle, soutien aux territoires dépendants des énergies fossiles, garanties sociales. L’enjeu est essentiellement domestique, le concept servant à limiter les effets sociaux de la décarbonation, sans remettre en question les fondements extractivistes et énergivores du modèle économique actuel.
Dans les Suds, la signification tend à être radicalement différente. En Amérique latine, en Afrique ou en Asie du Sud-Est, universitaires, mouvements sociaux et représentants gouvernementaux s’en saississent comme d’un objet de discours critique, parfois explicitement décolonial, pour questionner les règles du jeu global. Ici, les transitions justes incluent les dimensions internationales : les injonctions extérieures, la cohérence des politiques climatiques globales, les impacts socio-économiques transnationaux, les conditionnalités financières et la répartition mondiale des coûts et des opportunités.
Selon cette dynamique, les transitions justes apparaissent alors comme une rupture possible avec le paradigme dominant actuel. Là où depuis les années 1990 le développement durable s’est construit dans des cadres descendants, les propositions issues des Suds s’appuient plutôt sur des démarches ascendantes, portées par des syndicats, des mouvements sociaux ou des collectifs comme la Pan African Climate Justice Alliance ou Climate Strategies. Certaines coalitions comme Just Transition Africa, revendiquent, à titre d’exemple, une réappropriation souveraine des trajectoires de développement, fondée sur les besoins locaux et affranchie des conditionnalités financières internationales.
Ces voix posent, en creux, une interrogation essentielle : à qui profite réellement la transition, et qui en définit les règles ?
Les pays des Suds doivent-ils choisir entre développement et climat ?
Ce débat met également au jour un dilemme d’éthique climatique majeur : comment concilier le droit au développement des pays des Suds avec les contraintes globales de la décarbonation ? Les pays industrialisés ont bâti leur croissance sur l’exploitation massive des ressources naturelles, notamment dans les Suds, au prix d’une importante dette carbone. Les Suds, eux, sont aujourd’hui invités à limiter leur industrialisation, alors même que beaucoup n’ont pas encore atteint des niveaux de développement humain fondamentaux. Une situation inégale qui, encore aujourd’hui, demeure un facteur majeur de sous-développement et d’accroissement des inégalités à l’échelle mondiale.
Cela nous renvoie d’ailleurs au principe des « responsabilités communes mais différenciées », inscrit dans la déclaration de Rio (1992). Mais aussi, plus clairement, au bagage normatif de la notion même de développement. Réduire celui-ci à la seule croissance économique revient en effet à occulter sa dimension sociale, politique et environnementale, et crée des tensions avec d’autres droits essentiels.
Comme le rappelle le philosophe camerounais Thierry Ngosso, un « droit au développement » compris dans une perspective strictement productiviste peut devenir paradoxal dans la mesure où il risque de nuire précisément aux populations qu’il prétend protéger, en sacrifiant leurs conditions de vie ou leur environnement au nom de la croissance.
L’accord prévoit également de mobiliser jusqu’à 1 300 milliards de dollars (soit plus de 1 125 milliards d’euros) par an à la même échéance, en combinant ressources publiques et privées. En outre, l’absence d’engagements fermes, ainsi que l’élusion de la question des modalités d’application et de fonctionnement du Fonds de réponse aux pertes et préjudices (Fund for responding to Loss and Damage), élément pourtant central de la justice climatique, ont suscité de vives critiques, notamment de la part de négociateurs africains et d’organisations de la société civile.
Frise montrant l’évolution du concept de « transition juste ». Fourni par l’auteur
Cette logique entretient un cercle vicieux : en 2023, les pays en développement ont consacré plus de 1 400 milliards de dollars (soit plus de 1 210 milliards d’euros) au service de leur dette, bien davantage que les fonds reçus pour faire face à la crise climatique. Ainsi, loin de réduire les vulnérabilités, la finance climatique contribue souvent à les renforcer, limitant au passage leur marge de manœuvre pour investir dans des politiques écologiques transformatrices.
Dans la continuité, le Fund for responding to Loss and Damage créé à l’issue de la COP27, et temporairement géré par la Banque mondiale depuis 2024, est lui aussi illustratif de certaines tensions. Peut-on parler de justice climatique lorsque les créanciers, pour la plupart rattachés aux Nords, déterminent les modalités de financement des victimes du changement climatique ? Pour de nombreux acteurs des Suds, ces mécanismes perpétuent ainsi les logiques de dépendance et de domination, donnant lieu à des inégalités reproductives, tout en éludant les questions fondamentales d’équité et de responsabilité.
Penser les transitions à la lumière de quelques principes de justice
Au fil des dernières années, l’idée de transitions justes s’est progressivement élargie. Désormais pensée au pluriel, elle désigne moins un modèle clé en main qu’un ensemble de principes visant à garantir que les politiques climatiques engagent et protègent les personnes et les communautés les plus vulnérables.
Ainsi, mobiliser la notion de justice ne consiste pas à établir une norme singulière de ce que devrait être une « bonne » transition, mais plutôt à ouvrir une grille de lecture critique pour interroger les modalités concrètes du changement : les effets sociaux, économiques, territoriaux et politiques de la transition.
À ce titre, quatre dimensions de la justice permettent d’éclairer la profondeur, ou les limites, des transformations en cours :
La justice distributive : elle interroge la répartition équitable des coûts, opportunités et risques liés aux politiques climatiques et à leurs effets. Qui paie, qui bénéfice ? Dans de nombreux cas, les mesures climatiques produisent des impacts très inégaux, renforçant les déséquilibres existants.
La justice procédurale : elle concerne la capacité réelle des personnes affectées à participer aux décisions qui les touchent. Qui a voix au chapitre ? Qui décide, et selon quelles règles ? Dans la pratique, les politiques climatiques sont souvent élaborées par des experts ou des institutions éloignées du terrain, laissant de côté les communautés les plus concernées.
La justice corrective, restaurative ou réparatrice : elle met l’accent sur la reconnaissance et la réparation des dommages historiques liés au changement climatique et aux modèles de développement à l’origine de la crise écologique. Comment reconnaître et réparer les inégalités issues de l’exploitation, de la pollution, de la dette écologique ou de la dépossession foncière ?
La justice de reconnaissance : elle porte sur les formes de domination symbolique et sur la manière dont elles influencent les trajectoires de transition. Quels savoirs, quelles visions du monde sont prises en compte ? Lesquelles sont ignorées, minorées ou rendues invisibles ? Elle vise ainsi à ouvrir la voie à des transformations sociétales réellement inclusives.
Ces dimensions invitent à se pencher sur les conflits de valeurs, les asymétries de pouvoir, et les rapports de domination enracinés dans l’histoire coloniale et postcoloniale du capitalisme. Comme le montre une partie croissante de la recherche issue des Suds, ignorer ces registres de justice revient à passer sous silence les rapports de force qui structurent les transitions, au risque, parfois même, de reproduire des dynamiques extractivistes sous couvert d’écologie.
Plus clairement, appréhender les transitions à l’aune de ces quatre modalités relève moins d’une prescription normative que d’une invitation à questionner les conditions mêmes du changement.
Une transition est-elle possible sans justice ?
Dans les pays des Suds, les [transitions justes demeurent largement expérimentales]. Si le concept s’est installé dans les discours, il peine encore à se traduire en politiques publiques du fait de certaines réalités structurelles, comme l’informalité des marchés du travail, l’insécurité foncière, la précarité énergétique ou la dépendance aux financements extérieurs.
Des initiatives existent, mais elles rappellent surtout combien la justice reste une condition centrale de toute transformation durable dans l’espace et le temps. Qu’il s’agisse de partenariats Nords-Suds ou de coopérations Sud-Sud, leur réussite dépend moins des montants mobilisés que de leur capacité à renforcer la souveraineté des pays concernés et à inscrire les décisions dans les besoins sociaux et écologiques réels.
En définitive, les transitions justes ouvrent un espace où se confrontent tensions, contradictions et aspiration autour de la justice climatique. D’un côté, elles ont le mérite de mettre au jour les conflits entre impératifs climatiques, justice sociale et rapports de pouvoir internationaux. De l’autre, elles interrogent en profondeur notre conception même du développement, des responsabilités et des éthiques censées orienter les transformations à venir.
Reste alors une question ouverte, celle de savoir si la transition sera un projet réellement collectif, pensé aussi depuis les Suds, ou bien une nouvelle déclinaison des logiques qui ont façonné les inégalités passées ?
Rihi Yanis ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
School violence is a global public health phenomenon. This is when learners and teachers are the victims of physical and psychological abuse, cyber threats and bullying, fights, gangsterism, and the use of weapons at school.
The consequences of school violence are dire. There are implications for learners, teachers, the school and the community. Violence undermines the learners’ and teachers’ safety. It causes stress, academic decline and behavioural problems. It can contribute to a broader cycle of violence in communities.
But there has been limited research unpacking factors that contribute to school violence. We recently undertook a review project to identify and understand those contextual factors.
Our research stems from our shared scholarly interest in issues of violence in educational settings. Our professional backgrounds include school social work, health promotion, social services with children and adolescents, and teaching general education modules at a South African university.
The review of studies of violence suggests that a range of factors contribute to school violence. These include: exposure to domestic violence, socio-economic status, poor family communication, lack of appropriate disciplinary processes at school, intolerance of individual and social differences, and exposure to alcohol and substance use in the community.
What’s needed are clear school policies, teacher training and deployment of school social workers.
The scope
Our project reviewed 24 studies of violence in Southern African Development Community schools. Most of the studies were done in South Africa but some were in Eswatini, Zambia, Malawi and Angola.
We focused on this region for the following reasons.
The region comprises low- and low-middle-income countries. Learners experience various socio-economic challenges and structural disparities within their communities and schools.
Previous research suggests that communities in the region face crime and violence, gangsterism, high unemployment rates and poverty.
The Care and Support for Teaching and Learning framework, which is intended to support learners’ enrolment, retention, performance and progression, has not prevented school violence. The limited evidence suggests a need to better understand the specific contextual factors that contribute to this violence.
Our findings from the papers we reviewed indicate that factors contributing to school violence are present in learners’ home environments, communities and schools.
Family environment
Disrespect towards teachers and physical fights are linked to witnessing domestic violence. The family unit’s socio-economic standing is significant. Compared to better-off learners, those from less privileged environments are more likely to violate school rules, steal other learners’ belongings, and bully others for their lunch meals. Learners from food-insecure families enter into transactional relationships with teachers for financial support and “free” groceries.
Research shows that the inability of parents to support and talk to their children results in children succumbing to peer pressure and becoming involved in gangs and fights. Parents sometimes incite school violence by defending their children’s misconduct and blaming teachers for their children’s behaviour.
We also observed that in schools with children who have disabilities, some parents arrange intimate relationships for their children with other learners, to shield them from exploitation by community members. However, this exposes them to unintended sexual violence in those relationships, as sexual boundaries and consent are not adequately explained to the young couples.
The studies we reviewed indicate that the surrounding community has a role in school violence. Learners’ exposure to alcohol and substance use can lead to violence. Specifically, community members sell substances to learners, who then return to school intoxicated, disrupting teaching and learning. In some instances, fights among the boys that start outside school continue in the school premises.
Different types of bullying occur among learners. Research shows that most of the perpetrators are boys, ridiculing girls for their achievements and using violence to “prove masculinity” and gain popularity. Boys are ridiculed for not having romantic partners, which often leads to aggression. Peer pressure also causes boys to verbally abuse girls who refuse their advances, and resort to behaviours such as taking pictures of their underwear in class or through toilet windows. Gangs are common and contribute to violence, serving as venues for violent interactions among boys.
Another factor fuelling school violence is lack of understanding and intolerance of demographic and individual diverse identities – like nationality, gender and sexual orientation, physical appearance, culture and religion. Migrant learners are subjected to xenophobic attitudes where they are body shamed and insulted. Learners are the target of homophobic statements because of their gender and sexual identities. Dark-skinned and slender learners are often targeted, with teasing guised as humour.
The purpose of this review project was to map the literature on factors contributing to school violence in the Southern African Development Community region. It could be useful in other similar regions too.
We suggest education ministries and schools countries could consider:
implementing clear school policies on how to report and respond to incidents of school violence
training teachers and school administrators on national and school policies for addressing school violence and promoting professionalism
documenting incidents of school violence and developing strategies to create safe environments
collaboration among schools, parents and psychosocial support personnel, such as school social workers, to reduce violence in schools.
We argue that different intervention programmes and services need to be adopted to address the root causes of violence. Deploying more school social workers would be part of this effort.
The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
Ivorians went to the polls on 25 October 2025 to choose between incumbent president Alassane Ouattara – seeking a fourth five-year term – and one of four candidates who didn’t have the backing of the largest opposition parties.
There was not much of a choice, as the three main opposition candidates were banned from standing. Ouattara claimed another first-round landslide victory with 89.77% of votes cast.
As a researcher, I have followed political developments in Côte d’Ivoire over the past 15 years, and I’m currently involved in a project on boycott movements which uses Côte d’Ivoire as a country case.
This informs my view of the 2025 presidential elections and the democratic outlook for Côte d’Ivoire.
While the country tends to be seen as a regional front runner in terms of its economic performance, the 2025 elections continue a worrying trend of democratic backsliding and political polarisation.
The 27 December legislative elections will be a test of the country’s democratic resilience.
The build-up
In the months leading up to the presidential elections, major opposition candidates were excluded and political apathy took hold in a shrinking space for democratic expression.
Ouattara announced his candidacy in August, despite the widespread objections to his third-term candidacy in 2020 at home and abroad.
As in 2020, critics insisted that Ouattara was overstepping his constitutional mandate of one presidential term, renewable once. He has argued that a 2016 revision gave him the right to run twice.
As election day approached, Côte d’Ivoire’s political landscape was marked by polarisation, repression and uncertainty.
Tensions deepened in early September when the Constitutional Council disqualified five prominent opposition candidates from the race. Former president Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé and Guillaume Soro were excluded due to prior criminal convictions. The two main challengers, Tidjane Thiam and Pascal Affi N’Guessan, were barred on procedural grounds.
Their exclusion more or less handed victory to Ouattara, and his campaign comfortably turned towards ensuring an absolute majority.
In early October, the National Security Council banned public gatherings, except those organised by official candidates, on the grounds of “maintaining public order”. It also imposed additional restrictions on civic mobilisation. It used the letter of the law to serve Ouattara’s interests in limiting protests against his candidacy.
Going against the ban, opposition parties called for daily protests, but the gatherings were generally small and promptly broken up by security forces.
Three days before the elections, Gbagbo denounced what he called a “civil coup” and expressed his support for those “protesting against this electoral robbery”.
Along with other domestic and international observers, Amnesty International denounced the repression of demonstrations. At the same time, the government deployed 40,000 security personnel across the country.
France, the regional grouping Ecowas and the EU have remained largely silent. They have generally prioritised stability and strategic relations with the Ivorian government over democratic accountability. This passivity risks further eroding the credibility of these international actors while reinforcing narratives of western double standards in the region.
While the excluded opposition parties tried, and largely failed, to mobilise their supporters in the streets, the remaining candidates (all representing small and newly formed political parties and coalitions) chose a different strategy.
Capable Generations Movement leader Simone Ehivet Gbagbo (the former first lady, who was divorced from ex-president Gbagbo in 2023) deplored the elimination of her ex-husband. But in the final weeks of campaigning she insisted that it was too late to call people to the streets. She called for people to vote instead.
Election day
Election day was mostly peaceful across the country, but violent clashes did break out in several towns. The president of the Independent Electoral Commission, Ibrahim Kuibiert Coulibaly, described these incidents as “marginal” and “quickly contained”.
While the election result was never in doubt, the participation rate was less predictable. The confirmed participation rate of 50.1% shows that many voters stayed at home; many out of apathy but also out of concerns over the risk of violent clashes around polling stations.
Provisional results announced on 27 October gave Outtara 89.77% of the votes. Along with other opposition members, Thiam lamented a rigged and divisive electoral process with inadequate participation, and urged nonviolent resistance. He called for the government to engage in dialogue towards reconciliation.
Three days after election day, several leaders of the main opposition parties were summoned by police on the grounds that military-grade weapons had been found in the homes of individuals linked to the 11 October march.
So, while the elections may be said to have unfolded without major incidents, the lack of a genuine contest and the measures taken to restrict opposition cast a shadow over the poll, and over Outtara’s legacy.
What’s next, and what are the prospects for democracy?
In the short to medium term, the major opposition parties could salvage some of their influence in the parliamentary elections on 27 December. Or they may reignite protests.
In the long term, Ouattara would have to step towards outright authoritarianism to justify a fifth candidacy in 2030. It seems more likely that he will finally hand over to a successor from his inner circle.
Even if that happens, serious questions remain regarding the electoral framework. The opposition has long claimed that the independent electoral commission is biased in favour of the incumbent.
The Ouattara presidency is tainted by its record of one-sided electoral competitions, political violence and insecurity, and a shrinking space for public expression.
Given Côte d’Ivoire’s strategic importance to the global north, as a rare ally in the subregion, international actors won’t have much to say about its democratic performance.
Any prospects for reconciliation, political reform and a peaceful transition in 2030 will mainly be in the hands of the ruling party. It will have to encourage dialogue and political inclusion at municipal, provincial and regional levels.
The 27 December legislative elections will offer a better chance to understand the actual distribution of political leverage than the flawed presidential elections.
Amelie Stelter of the department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, Sweden contributed to this article
Jesper Bjarnesen receives funding from the Swedish Research Council (VR) through grant number VR2024-00989.
Source: The Conversation – Canada – By Jamaica Cass, Director, Queen’s-Weeneebayko Health Education Partnership, Queen’s University, Ontario
Canada’s latest auditor general’s report reveals an uncomfortable truth: billions of dollars and countless commitments later, the federal government still cannot demonstrate meaningful improvement in health services for First Nations.
As a family physician working in my First Nation, Tyendinaga Mohawk Territory in southern Ontario, I see the evidence of this failure not in spreadsheets but in people — patients navigating a health system that remains structurally unequal.
Nearly 10 years after the Truth and Reconciliation Commission’s (TRC) Calls to Action, it is clear that reconciliation without accountability delivers only rhetoric, not care.
The report states:
“Increasing First Nations’ capacity to deliver programs and services within their communities is critical to improving outcomes for First Nations people and supporting reconciliation.”
Yet the same report concludes that the department has taken a “passive and siloed approach” to supporting First Nations. It found unsatisfactory progress on five of 11 recommendations first issued in 2015 regarding access to health services for remote communities.
The auditor general’s report acknowledges some progress — more nurse practitioners and paramedics working in First Nations communities — but the average monthly vacancy rate remains 21 per cent. Constant turnover and short-term contracts erode trust, continuity and quality of care.
The auditor general also found no satisfactory progress on any previous recommendations to ensure that First Nations communities have ongoing access to safe drinking water. Clean water is the most basic determinant of health, yet its absence continues to expose the limits of Canada’s political will.
A decade later, inequity remains
The TRC Calls to Action related to health — numbers 18 through 24 — called for eliminating inequities, recognizing Indigenous healing practices, increasing Indigenous professionals in health care and ensuring Indigenous leadership in governance.
But the Yellowhead Institute’s September 2025 report, Braiding Accountability, shows that Canada remains mired in performative progress. Institutions have reached the “strengthen” phase — hiring Indigenous staff or creating advisory councils — but rarely the “change” phase, where Indigenous Nations co-develop priorities, indicators and accountability measures.
Under Call 19, the report notes, the goal of measurable progress toward health equity is undermined by the “absence of Indigenous data sovereignty.” Instead, “institutions report on activities, not results, using settler-defined metrics that obscure ongoing inequities.”
As a medical educator, I see this mirrored in our training systems. Under Call 23, governments were urged to increase Indigenous representation in health professions.
Yet, Braiding Accountability points to ongoing gaps in representation and a lack of meaningful data on whether Indigenous professionals are actually being retained or advancing into leadership. It notes that recruitment efforts often amount to a revolving door: institutions bring Indigenous staff into environments that remain unwelcoming, and then attribute their departures to supposed cultural issues rather than addressing the systemic problems that drove them away.
And perhaps the sharpest critique of all: Failing to shift authority and decision-making to Indigenous communities simply continues the very colonial dynamics that made the push for Indigenous health professionals necessary in the first place.
At Queen’s, through the Queen’s-Weeneebayko Health Education Program — which I lead — we are trying to do things differently by building pathways for Indigenous learners to study in their own regions, guided by Indigenous leadership and values.
The goal of this program is to transform who holds power in the health system.
A moment of possibility
There is, however, a reason for cautious optimism. With recent cabinet appointments, Canada now has its first Indigenous minister of Indigenous Services Canada (ISC). Mandy Gull-Masty’s appointment represents the first time an Indigenous woman leads the very department responsible for addressing these systemic failures.
Her lived experience as an Indigenous woman positions her to see what others have not: that reconciliation cannot be achieved through bureaucratic procedure, but through the transfer of decision-making power to Indigenous governments and communities.
Real progress will mean dismantling silos, resourcing First Nations to design and deliver their own health systems and holding all levels of government accountable to measurable outcomes.
It will mean embedding Indigenous data sovereignty and governance into every facet of health planning so Indigenous Peoples can finally define what success looks like on their own terms.
The human cost — and the hope
Every audit finding has a face. For me, it’s the patient who avoids seeking hospital care after a racist encounter, the Elder who still boils her water each morning and the young Indigenous medical student who tells me she wonders if she truly belongs.
These stories are a reminder that inequity does not end where the roads begin. Reconciliation will never be achieved through rhetoric or reports alone. It demands courage — the courage to transfer power, to embrace accountability and to care enough to change.
The appointment of an Indigenous minister offers a moment of possibility. If Gull-Masty can insist that reconciliation be measured in lives improved, systems restructured and trust rebuilt, then perhaps Canada will see real transformation.
Jamaica Cass works for Queen’s University. She receives funding from the National Circle on Indigenous Medical Education, the CPFC and the CMA. She is a board member of the Indigenous Physicians’ Association of Canada and the Medical Council of Canada.
Source: The Conversation – Canada – By Richard Bloomfield, Assistant Professor in Management and Organizational Studies at Huron University College, Western University
Staff members sharing their harvest at Urban Roots, an urban farm in London, Ontario. Urban agriculture can improve access to fresh food, especially for low-income communities, immigrants and seniors.(Urban Roots London)
Canadians are paying more for food than ever. Canada’s Food Price Report 2025 estimates that a family of four will spend up to $801 more on food this year, with overall prices expected to rise three to five per cent.
In response, more people are growing their own food. A 2022 national survey found that just over half of respondents were growing fruits or vegetables at home, and nearly one in five started during the first year of the COVID-19 pandemic.
Municipal governments have taken note, developing food and urban agriculture strategies that promise more green space, better access to fresh food, stronger communities and sometimes climate benefits. But do they actually change conditions on the ground?
That question sits at the centre of our new study published in the Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development.
London, Ont., adopted Canada’s first stand-alone Urban Agriculture Strategy in 2017. It was a hopeful signal that food and urban agriculture finally had a place on the municipal agenda. Yet, almost eight years later, many of the strategy’s goals remain unrealized.
Based on interviews and a workshop with 56 urban growers, community organizations and city staff in London, we found how a promising strategy can stall without clear leadership, resources and follow-through.
Urban agriculture encompasses everything from backyard and balcony gardens to community gardens, small commercial operations, rooftop farms and community projects that process and distribute food.
In London, demand for local food and garden space surged during the pandemic. The London Food Bank reported a 92 per cent increase in demand for food donations from 2021 to 2023. Community gardens across the city have long waiting lists. There is no shortage of interest or need for local food; the question is whether city policies support it.
What the strategy changed — and what it didn’t
We found that the city’s urban agriculture strategy helped advance urban agriculture in meaningful ways. Research participants told us it helped “put food on the agenda” at city hall, supporting updates to zoning and bylaws that make it easier to grow food in the city.
But when we asked urban growers and community organizations how much the strategy shaped their day-to-day work, the picture became more complicated. Roughly one-third of the people we spoke with had never heard of the strategy at all, despite actively participating in urban agriculture.
Others knew it existed but were unsure which actions had actually been implemented. Several described it as a “good starting point” that had not been backed by the staffing or funding needed for full implementation.
The strategy came with no dedicated position or budget. Responsibility was scattered across city departments, with no one tracking progress. Supportive staff helped where they could, but limited capacity meant they relied on the community to drive change.
Common challenges mentioned by urban growers and community organizations were unclear zoning and permitting processes, a lack of available land for long-term gardening and minimal financial support, leading to over-reliance on volunteers. The strategy helped normalize urban agriculture in London and opened some doors, but didn’t transform the system.
One of the strongest themes in our research was the strain on community capacity. Like many cities, London’s urban agriculture is powered by volunteers, small non-profit organizations and social enterprises. These groups are deeply committed but face rising demand, complex social needs and unstable funding. Asking them to carry a municipal strategy without matching support is unrealistic.
Strategies tend to celebrate urban agriculture’s potential but pay less attention to equitable land access, labour conditions and the economic realities of growing food in cities.
How cities can help urban agriculture
If other cities want to avoid London’s growing pains, our research points to several concrete steps they can take:
Assign clear responsibility. Task a specific department, name a lead staff person and allocate ongoing funding. Without this, actions are likely to be delayed, forgotten or handled piecemeal.
Simplify the rules and centralize information. Create accessible one-stop web pages and guidance documents that spell out what’s allowed, what permits are needed, how to access land and who to contact.
Secure space for growing. Map under-utilized land, integrate food production into parks and use long-term leases or land trusts to provide more security for community-led projects.
Treat community partners as co-planners. Develop strategies alongside practitioners, including those from under-represented and marginalized communities. Bring them into the process early and support their full participation, rather than seeking their feedback after decisions are set.
Urban agriculture won’t fix food insecurity — the biggest determinants remain income, housing, social supports and broader food-system policy. But our findings from London indicate that it can still deliver public value.
By committing to implementation and treating food growing as a key piece of urban infrastructure, municipalities can build healthier, better connected and more sustainable cities.
The research in this article was funded by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
Richard Bloomfield served as a board member before 2023 of Urban Roots, a participating organization in this study that did not benefit in any way from this research.
Kassie Miedema and Rebecca Ellis do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
The papal narrative that these belongings are “gifts” needs correction. The Vatican says the artifacts are “part of the patrimony received on the occasion of the Vatican Missionary Exhibition (VME) of 1925.” However, as I document in my book Eternal Sovereigns: Indigenous Artists, Activists, and Travelers Reframing Rome the majority of the Indigenous belongings in the Vatican Museums were stolen from Indigenous communities during the 1920s and displayed at this exhibition.
My research aims to unpack the sovereignty of Indigenous art and ancestors held at the Vatican Museums. Currently I am tracing the life of Anthony Martin Fernando, an Aboriginal protester with Dharug ancestry. As I document in the book, Fernando handed leaflets to visitors outside the VME in 1925 about the ongoing genocide of First Peoples and the need to recognize Indigenous sovereignty.
Indigenous belongings from nations including Cree, Lakota, Anishinaabe, Nipissing, Kanien’kehá:ka, Wolastoqiyik and Kwakwaka’wakw have remained in the Anima Mundi collection without Indigenous care for 100 years.
Now some of them will be returned home.
As I discuss in my book, thousands of Indigenous ancestors were stolen from Indigenous communities by the Catholic Church. Beyond what the Vatican has now committed to repatriating, many more belongings also need to be returned home and brought back into Indigenous care and hands.
I uncovered documents about the 1925 Vatican Missionary Exhibition through a lengthy process of research in archives across Rome and Turtle Island (North America).
This scholarship involved tracing the provenance of many Indigenous belongings and linking them with different missionary orders. It also probes religious imperialism that continues to this day in the form of the current museum display of Indigenous belongings.
The Vatican Museums now has an online database, not available even five years ago. This can be used to do research on Indigenous belongings held in its collections, in a step towards more transparency.
In December 1924, pope Pius XI opened the holy doors to the Vatican Missionary Exposition. Standing in the Hall of North America, one of the main exhibition spaces, he welcomed tourists and pilgrims to view First Nations, Métis and Inuit material, cultural and sacred belongings sent in especially for the exhibition.
The exhibition celebrated missionaries as noble and heroic labourers, but positioned Indigenous Peoples as needing redemption. The global exhibition, was unique in that it was the largest Catholic missionary exhibition of its time, competing with Protestant exhibitions in a race to convert souls.
Pope Pius XI decreed that everything that could be sent in from missions — including sacred and secular cultural belongings, Indigenous language materials and living human beings — should be included.
Before the exhibit, in 1923, The New York Times ran an Associated Press report that “one of the most attractive features would be ‘Natives brought specially to Rome, showing the customs and modes of living.’”
Not inadvertently, the 1925 exhibition was created like an adventure game where visitors could encounter wax models of Indigenous people, missionary children’s games, cultural belongings and touch materials. Missionary orders including the Jesuits, Verbites, Grey Nuns, Oblates and Cappucins all sent displays.
Indigenous ancestors put on display included beaded octopus bags, sacred masks, Cree moccasins, ledger art, photographs, potlatch regalia and an Inuvialuit sealskin kayak.
Parallel removal of children from communities
At the same time, missionaries acting under the Indian Act were forcibly removing Indigenous children from their communities across Canada and the United States.
Some missionaries sent materials made by these Indigenous children to the exhibit. Evidence of this includes photographs in the Indian Sentinel of Očhéthi Šakówiŋ (Sioux) children at residential schools, alongside missionaries’ own commentary about material.
For example, Rev. Florentin Digman of St. Francis Mission, Rosebud Reservation of South Dakota, wrote in May 1925 in the summary of the photograph of young Očhéthi Šakówiŋ girls:
“Dear Father, many thanks for informing us that Indian articles have been sent to the Vatican Mission Exposition. I hope that the articles will be as welcome as dessert at the feast.”
One of the most chilling finds in my archival research was uncovering drawings made by Indigenous children held in residential schools in British Columbia displayed at the 1925 VME. The language many missionaries used to describe these and other Indigenous belongings were “trophies of the pope.”
The 1925 exhibition created a visual reminder of the Vatican’s celebration of Catholic conquest.
Although the 1925 exhibition was a century ago, the same values of Indigenous erasure are present in current display techniques and the overall curatorial message.
In the Anima Mundi exhibit today, the curators don’t address the genocide of Indigenous children during the colonial era by missionaries in partnership with the state. Indigenous artists’ names, communities and languages are often not mentioned and Indigenous belongings are still described as gifts of the pope.
Pope Leo needs to acknowledge the harm caused by the patronizing and colonial narrative represented in Anima Mundi. The return of 62 Indigenous ancestors to Indigenous communities on Turtle Island is a first step, but much more needs to be done.
Gloria Bell receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
