Category: Academic Analysis

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Lo que era una operación contra el narcotráfico en el Caribe acaba con la captura de Maduro

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Juan Diego Molina Méndez, Investigador del Instituto Cultura y Sociedad, Universidad de las Hespérides

Imagen del ataque estadounidense a Caracas esta madrugada. RTVE

Desde que a finales del mes de octubre pasado el Gobierno estadounidense anunciara la Operación Lanza del Sur había gran expectativa sobre su resultado final. En teoría, el objetivo era detectar y acabar con las redes de tráfico de drogas por vía marítima; en la práctica, esto se traducía en la intervención contra lo que se conoce como el Cártel de los Soles en Venezuela.

Esto significaba tomar acciones directas contra líderes políticos y militares del régimen venezolano, quienes desde las instituciones han colaborado activamente en el tráfico de estupefacientes desde Venezuela y en colaboración con grupos criminales colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Un Nobel a la oposición

A lo largo de estos dos últimos meses se movieron de manera simultánea diversas piezas que hacían presagiar un movimiento cuidadosamente orquestado. Uno de los eventos más llamativos fue el otorgamiento a María Corina Machado del Premio Nobel de la Paz, luego de su lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela.



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La historia de la líder opositora llegó a su culmen el 10 de diciembre pasado, cuando gracias a una cuidadosa extracción, consiguió escapar de la persecución y presentarse en Oslo para recoger el galardón. Esta jugada contribuyó a demostrar ante el mundo que la oposición estaba viva y contaba con numerosos apoyos internacionales, alejando los fantasmas de intentos pasados de liberación, como el dirigido por Juan Guaidó (2019-2023).

Acusado de narcoterrorismo

Ante la creciente presión internacional, Nicolás Maduro buscó comprar tiempo ofreciendo una salida pactada. Sin embargo, esta opción fue desechada por la diplomacia estadounidense ante la posibilidad de que el dictador violara el acuerdo, como ya ocurrió con los Acuerdos de Barbados de 2023. Después de que fallara la vía diplomática, el Gobierno estadounidense debió diseñar una operación que no recordara a las invasiones de Irak y Afganistán en 2003 y que derivaron en guerras interminables y de gran costo humano y económico.



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El ataque lanzado en la madrugada del 3 de enero de 2026 por Estados Unidos contra los principales centros de poder del ejército venezolano se caracterizó por realizarse con la participación de funcionarios policiales estadounidenses, además de las fuerzas especiales, con el objetivo de hacer cumplir una orden de captura que pesaba sobre Nicolás Maduro desde 2020 por conspiración narcoterrorista. De esta manera, el gobierno de Estados Unidos evitó tener que hacer una declaración de guerra formal, para la que habría necesitado la aprobación del Congreso. Además, así pudo justificar la operación como la forma de hacer cumplir el mandato de las instituciones federales y no como un acto de guerra.

También hay que tener en cuenta la declaración lanzada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien, tras la operación, señaló que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, subrayando así la acusación de narcotráfico y buscando aplacar las reacciones de la comunidad internacional.

Fotografía de Nicolás Maduro capturado, a bordo del buque estadounidense USS Iwo Jima.

Ahora que el dictador venezolano ha sido trasladado a Estados Unidos deberá hacer frente a un juicio en donde uno de los testigos más importantes puede ser Hugo el Pollo Carvajal, antiguo director de la inteligencia militar del régimen y quien desde su deserción ha venido colaborando con las investigaciones de la justicia estadounidense sobre el régimen bolivariano.

Las implicaciones de la caída de Maduro van más allá de las fronteras venezolanas. Venezuela era un socio clave para el sostenimiento de Cuba, Nicaragua e Irán (a cuyo régimen el régimen chavista ha financiado con casi 8 000 millones de dólares, contribuyendo al financiamiento de su controvertido programa nuclear), y una profusa red de aliados a lo largo y ancho de Europa y América Latina.



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Aunque Maduro haya sido arrestado, la transición democrática de Venezuela no está asegurada. Ahora llega el momento crítico en el que se debe pacificar un país en shock. A estas alturas es innegable que Edmundo González y María Corina Machado tienen los apoyos internacionales necesarios para reconstruir la democracia venezolana, y gozan también el apoyo de los ciudadanos que votaron mayoritariamente por su plataforma en las elecciones del 28 de julio de 2024.

No obstante, ahora deberán resolver rápidamente el vacío de poder que hay en el país, y llegar a consensos con los funcionarios, militares y ciudadanos que habían aprendido a vivir bajo la protección del régimen chavista.

De vuelta el patio trasero

En lo que a Estados Unidos se refiere, esta operación significa la aplicación sin paliativos de esa Doctrina Monroe que parecía una cosa del pasado y que, en la recién publicada Estrategia de Seguridad Nacional, el Gobierno de Trump prometió fortalecer. Washington retoma así su viejo interés en mantener su área vital fuera de la influencia de otras potencias y fomentar la colaboración estrecha con aquellos gobiernos que se alineen con las políticas estadounidenses, tal como ha dejado claro con el Gobierno de Javier Milei, en Argentina. De esta manera, Washington busca asegurar su supervivencia en términos políticos y de recursos naturales y energéticos.

Son muchas las piezas que quedan por encajar, y de momento no está claro el resultado del rompecabezas geopolítico y son más preguntas que respuestas las que hay sobre el tablero. Lo que sí está claro es que la caída de Maduro y el eclipse del Cártel de Los Soles traerá una nueva era en la geopolítica en donde Estados Unidos busca de nuevo un rol protagónico que garantice su estabilidad en un mundo cada vez más inestable

The Conversation

Juan Diego Molina Méndez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Lo que era una operación contra el narcotráfico en el Caribe acaba con la captura de Maduro – https://theconversation.com/lo-que-era-una-operacion-contra-el-narcotrafico-en-el-caribe-acaba-con-la-captura-de-maduro-272665

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I wrote a book on the politics of war powers, and Trump’s attack on Venezuela reflects Congress surrendering its decision-making powers

Source: The Conversation – USA – By Sarah Burns, Associate Professor of Political Science, Rochester Institute of Technology

Explosions were seen across Caracas after the U.S. launched large-scale attacks on Venezuela and captured its leader and his wife.
 AFP via Getty Images

Americans woke up on Jan. 3, 2025, to blaring headlines: “US CAPTURES MADURO, TRUMP SAYS,” declared The New York Times, using all capital letters. The U.S. had mounted an overnight military raid in Venezuela that immediately raised questions of procedure and legality. Prime among them was what role Congress had – or should have had – in the operation.

Politics editor Naomi Schalit interviewed political scientist Sarah Burns, author of the book “The Politics of War Powers” and an expert at Rochester Institute of Technology on the historical struggle between Congress and U.S. presidents over who has the power to authorize military action.

Is this a war?

I wouldn’t call it a war. This is regime change, and whether or not it has a positive impact on the United States, whether or not it has a positive impact on Venezuela, I think the likelihood is very low for both of those things being true.

How does Congress see its role in terms of military action initiated by the United States?

Congress has been, in my view, incredibly supine. But that’s not just my word. Having said that, it is true that Congress – in the House, predominantly – tried to pass a war powers act recently, saying that President Donald Trump was not allowed to do any action against Venezuela, and that failed on very close votes.

So you see some effort on the part of Congress to assert itself in the realm of war. But it failed predominantly on party lines, with Democrats saying we really don’t want to go into Venezuela. We really don’t want to have this action. Republicans predominantly were supporting the president and whatever it happens to be that he would like to do. Moderate Republicans and Republicans who are in less safe districts were and are more likely to at least stand up a little bit to the president, but there’s a very small number of them.

The Congress building in mid-December
Congress has been largely absent as President Donald Trump has escalated his verbal and military attacks on Venezuela.
AP Photo/J. Scott Applewhite

So there may be an institutional role for Congress, a constitutional role, a role that has been confirmed by legal opinion, but politics takes over in Congress when it comes to asserting its power in this realm?

That’s a perfect way of putting it. They have a legal, constitutional, one might even say moral, responsibility to assert themselves as a branch, right? This is from Federalist 51 where James Madison says “Ambition must be made to counteract ambition.” So it should be that as a branch, they assert themselves against the president and say, “We have a role here.”

In the 1940s, presidential scholar Edward Corwin said that in the realm of foreign policy, it is an invitation for Congress and the president to struggle. So it should be that Congress and the president are struggling against each other to assert, “I’m in charge.” “No, I’m in charge.” “No, I’m in charge,” in an effort to create a balance between the two branches and between the two things that each of the branches does well. What you want from Congress is slow deliberation and a variety of opinions. What you want from the president is energy and dispatch.

So certainly, if we have an attack like 9/11, you would want the president to be able to act quickly. And you know, conversely, in situations like the questions around what the U.S. is doing in Venezuela, you want slow deliberation because there is no emergency that requires energy and dispatch and speed. So the president shouldn’t be entirely in the driver’s seat here, and Congress should very much be trying very hard to restrain him.

What power does Congress have to restrain him?

They have to pass legislation. They aren’t particularly well suited right now to passing legislation, so effectively there is not a very clear way for them to restrain the president.

One of the things that members of Congress have attempted to do several times, with very little positive impact, is go to the courts and say, “Can you restrain the president?” And political scientist Jasmine Farrier has written that the courts have regularly said to members of Congress: “You have the power to stop the president, and you are ineffective at that. And so if you want to stop the president, you shouldn’t turn to us. You should work together to create legislation that would restrain the president.”

What would such legislation do? Cut off money for troops? Is it finger-wagging, or is it something really concrete?

There are a few different tiers. Joint resolutions are finger-wagging. They just say, “Bad, Mr. President, don’t do that.” But they have no effect in law.

The War Powers Resolution, first passed in 1973, is a legitimate way of trying to restrain the president. Congress intended to say to presidents, “You cannot start a war and continue a war without our authorization.” But what they said instead was “You could have a small war or a short war – of 60 to 90 days – without our authorization, and then you have to tell us about it.” That just sort of said to presidents the opposite of what they intended. So President Barack Obama took advantage of that with the military engagement in Libya, as well as Trump in his first administration.

This is not a partisan issue. It’s not Republican presidents who do it. It’s not Democratic presidents who do it. It’s every president since the War Powers Resolution was passed, and the only time that Congress has drawn down troops or drawn down money was the Vietnam War.

Other than that disastrous war, we have not seen Congress willing to put themselves on the politically negative side, which is taking money away from the troops. Because if you take away money right now, they’re going to be harmed.

a white man in a suit stands at a podium with the presidential seal, while several other men stand behind him
President Donald Trump and his national security team discuss the U.S. strikes on Venezuela at his Mar-a-Lago club in Palm Beach, Fla., on Jan. 3, 2026.
AP Photo/Alex Brandon)

What is the War Powers Resolution?

The War Powers Resolution from 1973, also known as the War Powers Act, was Congress – during the Vietnam War – saying definitively to President Richard Nixon, “You have overstepped your bounds.” They had explicitly said in law, you cannot go into Cambodia. And Nixon went into Cambodia.

So that was their way of trying to reassert themselves very aggressively; as I mentioned before, it didn’t work effectively. It worked insofar as presidents don’t unilaterally start wars that are large scale, the way that World War II was large scale. But they do have these smaller actions at varying levels.

Then we get to 9/11 and we see the 2001 authorization for the use of military force, and the 2002 authorization for the use of military force. The 2001 law authorized going after anyone in al-Qaida and associated with 9/11. The 2002 authorization was directly related to Iraq, saying “There is a problem with Iraq, we have to do something.” Both of them were extremely vague and broad, and that’s why we’ve seen four presidents, including Trump, using the 2001 and 2002 authorizations to carry out all sorts of operations that had very little to do with Saddam Hussein or al-Qaida.

In 2021, senators Mike Lee, Bernie Sanders and Chris Murphy collectively got together and tried to create a national security document that would restrain presidential unilateralism. It was a good effort on the part of members of Congress from a variety of different ideological views to attempt to restrain the president. It did not even sort-of pass – it barely got out on the floor.

Since that time, we haven’t seen a lot of efforts from members of Congress. They haven’t really reasserted themselves since the war in Korea, which began in 1950. It’s very clear that ambition is no longer checking ambition the way that it was meant to by the founders.

When you woke up this morning and saw the news, what was your first thought?

Here we go again. This is not a Republican or a Democratic issue. Lots of presidents have made this error, which is that they think if you do this smaller-scale action, you are going to get a positive result for the nation, for the region, for international stability. And very rarely is that the case.

The Conversation

Sarah Burns does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. I wrote a book on the politics of war powers, and Trump’s attack on Venezuela reflects Congress surrendering its decision-making powers – https://theconversation.com/i-wrote-a-book-on-the-politics-of-war-powers-and-trumps-attack-on-venezuela-reflects-congress-surrendering-its-decision-making-powers-272668

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El nuevo orden mundial trumpista comienza a tomar forma en Venezuela

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Juan Luis Manfredi, Prince of Asturias Distinguished Professor @Georgetown, Universidad de Castilla-La Mancha

En el reverso del billete de dólar, la frase Novus Ordo Seclorum (nuevo orden secular) anticipa la clave de la nueva doctrina de seguridad estadounidense. El ataque contra Venezuela y la incierta captura del presidente Nicolás Maduro confirman el final del orden liberal, si es que alguna vez existió, y el desanclaje de los Estados Unidos de Trump del orden internacional basado en las normas.

El amanecer del nuevo orden internacional se construye hoy sobre el uso de la fuerza, el revisionismo y la seguridad en el continente. Apunto cinco consecuencias de la intervención militar, cinco dimensiones de análisis del nuevo orden.

1. Un poder presidencial expansivo

El ataque corona la nueva doctrina de un presidente imperial, que ejecuta órdenes sin esperar la aprobación del Congreso, la validación jurídica o la opinión de los medios. El double-check se diluye por el expansionismo del poder presidencial. La segunda administración Trump entiende el nuevo orden bajo una óptica de seguridad: una nación en guerra contra el narco (o las migraciones) y amenazada por las nuevas potencias, eufemismo de China, que no respeta los procedimientos ni los tiempos.

Trump se autoidentifica con presidentes estadounidenses históricos y fundacionales: George Washington (1789), Abraham Lincoln (1861) y Franklin Delano Roosevelt (1940). Los tres fueron presidentes carismáticos y el 250 aniversario de la república cuadra con esta narrativa cesarista.

La erosión del sistema político y jurídico es un hecho. El presidente ha aprobado un paquete extenso y variado de normas que abonan las ideas de poder de emergencia, estado de crisis permanente y ahogo de la oposición y el sistema judicial. El ataque a Venezuela es otro hito más en la reconfiguración de las relaciones de la presidencia con los brazos legislativo y judicial del poder, en línea con la tradición hamiltoniana de un poder ejecutivo fuerte y unificador.

2. ¿América para los estadounidenses?

En la esfera internacional, el ataque a Venezuela avanza un modo diplomático basado en la defensa del interés nacional en el hemisferio. Ha vuelto con fuerza la concepción de “América para los americanos(estadounidenses)”: Panamá, México o Canadá empujados a plegarse al mandato trumpista. Y EE. UU. reclamando la soberanía sobre Groenlandia.

En la región, mientras que Brasil y Colombia lideran la oposición regional, el nuevo Chile de Kast y la Argentina de Milei son aliados ideológicos. En el continente se anuncia un viraje hacia las derechas nacionalistas, identitarias y contrarias a la migración.

En Caracas, si la transición se alinea con estos valores, desaparecerá cualquier esperanza de unidad nacional y transición pacífica hacia una democracia plena.



Leer más:
Doctrina Monroe: más de dos siglos de “América para los americanos”

3. Dominar los recursos

El petróleo. Otra vez, pero por distintas causas. Las infraestructuras, los puertos o los minerales reflejan el cambio de la globalización hacia la geoeconomía. Estados Unidos quiere proyectar su poder en los mercados y la regulación de la energía.

El control del petróleo venezolano, más que suministrar recursos al mercado doméstico, tiene como objetivo imponer precios y dominar la oferta. Los nuevos Estados Unidos alinean soberanía energética, desarrollo tecnológico, comercio y seguridad.

El modelo de Pax Silica, la alianza internacional firmada a finales de 2025 y liderada por Estados Unidos para asegurar las cadenas de suministro de tecnologías críticas como los semiconductores y la IA, inaugura la era de la diplomacia transaccional, chips a cambio de minerales. A la nueva Venezuela, utilizar sus reservas de hidrocarburos le permitirá participar en el nuevo juego de poder.

4. Reacomodo geopolítico

La mirada estadounidense sobre los territorios alimenta una política exterior soberanista y revisionista como la de China, Israel o Rusia. Se impone el nomos schmittiano, propuesto a mediados del siglo pasado por el filósofo alemán Carl Schmitt y basado en la distinción país amigo-país enemigo y no en el pensamiento liberal, en el que prevalecen la cooperación, el derecho internacional, la democracia y el libre mercado.

Así, aparecen zonas de influencia, se reparten los recursos y se equilibran los bloques de poder. Sin oposición, China dominaría el escenario en el Sudeste asiático; Rusia enfriaría la guerra para ocupar el 20 % de Ucrania y controlar los recursos materiales y la energía; e Israel rediseñaría Oriente Medio y, más pronto que tarde, llegaría a acuerdos comerciales con los países vecinos.

5. Europa, democracia y Hobbes

Los valores democráticos, el Estado de derecho o el libre comercio se desvanecen. Sin capacidad efectiva, la Unión Europea sufre en este escenario. Como antes en Gaza, el proyecto europeo tiene un fuerte desacuerdo ideológico con las grandes potencias, pero no consigue hacerse respetar. El efecto de la intervención militar recupera a los hobbesianos y su realismo político, por el que se cede la libertad a un soberano absoluto a cambio de paz y seguridad. En el orden trumpista es la autoridad presidencial, no la verdad, la ley o los valores democráticos, la que hace la ley.

¿Qué dirán las urnas?

Una nota final en clave interna estadounidense. 2026 es año electoral. Desde marzo a noviembre, habrá 39 elecciones a gobernador y renovación de las cámaras. El trumpismo debate en Venezuela su modelo sucesorio. El capitaneado por J. D. Vance no quiere problemas en el exterior y quiere renovar el modelo económico industrial, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio apuesta por la recomposición del orden internacional con unos EE. UU. fuertes y dominadores. El resultado de la operación venezolana puede ayudar a decantar la balanza y definir al favorito para suceder a Trump en las presidenciales de 2028.

En síntesis, el ataque a Venezuela no es solo una intervención en la región: también representa el cambio de era en el que vivimos. La narrativa trumpista, antes dislocada en lemas y eslóganes vacíos, parece haber encontrado el primer paso de su estrategia. Atrás quedan el poder blando, las relaciones transatlánticas o la zona de paz de la comunidad iberoamericana. Comienza el nuevo orden.

The Conversation

Juan Luis Manfredi no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. El nuevo orden mundial trumpista comienza a tomar forma en Venezuela – https://theconversation.com/el-nuevo-orden-mundial-trumpista-comienza-a-tomar-forma-en-venezuela-272663

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Un score pour noter les produits ménagers en fonction de leur impact sur la santé et l’environnement

Source: The Conversation – France in French (3) – By Pauline Guillou, Chargée de projet scientifique, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

À la maison, les nettoyants en tout genre nous exposent à des substances potentiellement toxiques. Dans la lignée notamment du Nutri-Score -cette échelle qui évalue les aliments en fonction de leur valeur nutritionnelle-, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), propose de noter les produits ménagers en fonction des dangers qu’ils font courir sur la santé humaine et sur l’environnement et de l’afficher sur les emballages. Les ministères concernés doivent désormais se prononcer sur la mise en place d’un tel score, la méthode à retenir et le type d’affichage à apposer.

Les produits ménagers que nous utilisons au quotidien peuvent contenir des substances toxiques pour la santé et l’environnement. Les consommateurs sont d’ailleurs en demande d’informations toujours plus précises sur les impacts des produits qui les entourent, afin d’acheter en toute conscience les produits les moins toxiques.

Pour autant, l’ensemble des substances qui entrent dans la composition de ces produits n’est pas systématiquement affiché sur les emballages. Les obligations en matière d’étiquetage varient en fonction des types de produits et de leurs usages.

(Les emballages des détergents – c’est-à-dire les produits chimiques destinés au lavage et au nettoyage des surfaces, du linge, de la vaisselle, etc.- doivent par exemple indiquer les substances parfumantes et les agents conservateurs qu’ils contiennent, conformément à la réglementation, ndlr).

Enfin, les informations sur les étiquettes sont souvent peu compréhensibles pour les consommateurs. Comment savoir alors quels produits acheter pour limiter les effets nocifs sur sa santé ou l’environnement ?

L’exemple du Nutri-Score appliqué aux produits ménagers

De nombreux scores relatifs aux propriétés de nos produits du quotidien ont vu le jour ces dernières années, le plus connu d’entre eux étant probablement le Nutri-Score, le système d’étiquetage nutritionnel développé pour faciliter la compréhension des informations nutritionnelles par les consommateurs et ainsi les aider à faire des choix éclairés.

Dans ce contexte, un des objectifs du Plan national santé environnement (PNSE 4) était de renforcer la lisibilité de l’étiquetage des produits ménagers, afin de mieux informer les consommateurs de leurs dangers sur la santé et l’environnement.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a donc proposé un référentiel d’étiquetage pour les produits ménagers afin de guider les consommateurs dans leur acte d’achat.

Différents types de produits ont été considérés dans ces travaux : ceux destinés à l’entretien du linge, des surfaces, des sanitaires et de la vaisselle, ainsi que les insecticides, les répulsifs, les rodenticides (produits biocides utilisés contre les souris, les rats et autres rongeurs, ndlr) et les désodorisants d’atmosphère.

Molécules cancérogènes, reprotoxiques, persistantes dans l’environnement et autres substances nocives

Deux méthodes différentes ont été élaborées afin de catégoriser ces produits selon leur niveau de danger pour la santé et l’environnement. À l’instar du Nutri-Score, un objectif était l’élaboration d’un score facilement calculable par les acteurs industriels afin de leur permettre une meilleure appropriation de l’outil et les encourager à améliorer la composition de leurs produits.

La première méthode se fonde principalement sur les dangers sanitaires et environnementaux de l’ensemble des substances entrant dans la composition des produits. La seconde sur la classification des produits eux-mêmes, selon le règlement européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage (CLP).

Ces méthodes s’appuient principalement sur des bases de données d’organismes reconnus, par exemple les classifications établies dans le cadre du règlement européen CLP ou la classification du Centre international de recherche sur le cancer (Circ).

L’accent a été mis sur la présence de substances ayant des propriétés particulièrement préoccupantes : cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR), allergisantes respiratoires, perturbation endocrinienne (PE), persistantes, bioaccumulables, mobiles et toxiques. Parmi les molécules qui peuvent être citées, on peut nommer le butylhydroxytoluène (BHT), potentiel perturbateur endocrinien, la famille des salicylates, susceptibles d’effets sur la reproduction ou certains détergents à base d’enzymes qui sont des allergisants respiratoires.

Il est important de savoir que les substances classées comme cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) selon le règlement européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage (CLP) sont interdites dans les produits ménagers. Cependant, cette interdiction ne s’applique qu’au-delà d’une certaine concentration, ce qui signifie qu’il est donc malgré tout possible de les retrouver en faible quantité dans ces produits.

Sprays, « effet cocktail »… ces usages et compositions qui augmentent le danger

En plus de ces critères de danger, l’Anses propose de tenir compte dans le calcul du score d’autres critères en lien avec le mode d’utilisation et la composition du produit. Par exemple, un produit sous forme de spray, ou qui génère des aérosols, expose davantage son utilisateur qu’un produit sous forme de gel. En effet, du fait de la mise en suspension de particules dans l’air intérieur, ces produits peuvent exposer l’utilisateur par voies respiratoire, cutanée ou oculaire et sont incriminés dans la survenue de pathologies respiratoires notamment l’asthme chez les jeunes enfants.

La présence d’un grand nombre de substances dans un produit peut également constituer un risque supplémentaire puisqu’il augmente la probabilité d’un « effet cocktail » dû à l’interaction des substances. En effet, l’augmentation du nombre de substances accroît la probabilité d’interactions entre celles-ci, et donc l’apparition de nouveaux dangers au-delà même de ceux relevant des substances présentes dans la composition considérée individuellement.

Ceci est également vrai lorsque le produit contient des mélanges inclus, c’est-à-dire préfabriqués. Les responsables de la mise sur le marché du produit final ne connaissent pas nécessairement la composition exhaustive de ces mélanges.

Enfin, la présence de substances considérées comme d’intérêt limité pour l’efficacité du produit, comme les parfums ou les colorants, peut également augmenter la toxicité de certains produits.

Deux scores – environnement et santé – pour des notes de « A » à « E »

À partir de ces différents critères, chaque méthode propose donc le calcul d’un score de « A » à « E » permettant de catégoriser les produits selon leur niveau de danger. Le score « E » correspond au plus haut niveau de préoccupation. Le score « A », associé au plus faible niveau de préoccupation, ne correspond pas pour autant à une absence de danger. Un produit de score « A » se révélera toujours une meilleure option pour le consommateur qu’un produit moins bien classé présentant un danger plus important.

Pour une information claire du consommateur, l’Anses a recommandé que chaque méthode conserve deux scores distincts pour chaque produit, l’un reflétant son impact sur la santé humaine et l’autre celui sur l’environnement. Le choix de maintenir deux scores distincts permet de rendre l’information au consommateur plus transparente. De plus, le choix de ne pas « moyenner » ces deux scores évite une possible compensation, par exemple d’un score défavorable pour la santé par un score favorable pour l’environnement.

Ces méthodes pourront également permettre aux fabricants d’améliorer la composition de leurs produits ménagers. Plusieurs leviers peuvent être envisagés tels que : limiter voire supprimer les substances les plus préoccupantes, diminuer le nombre de substances dans le produit ou encore retirer les substances considérées comme d’intérêt limité.

Une première phase de test sur un panel de produits

L’Agence a testé ces méthodes sur un panel de produits, sélectionnés afin de présenter des caractéristiques différentes les unes des autres : formes (poudres, liquides, sprays…), fonction (désodorisant d’ambiance, nettoyant spécifique ou multi-usage), etc.

Les deux méthodes présentent entre elles des résultats très comparables. Environ 80 % des produits obtiennent un score « E » pour le volet sanitaire contre 15 % pour le volet environnement.

Cette forte disparité entre le volet sanitaire et le volet environnement est frappante mais a une explication : il y a encore trop peu d’évaluations des effets des substances sur l’environnement, jugés moins prioritaires par rapport aux effets sur la santé humaine. Ainsi, de nombreuses substances ne sont pas présentes dans les sources de données consultées, faute d’avoir été évaluées.

À quand un score sur les produits ménagers vendus en magasins ?

Pour rester pertinentes, les méthodes devront évoluer avec les connaissances scientifiques et ainsi améliorer la connaissance du danger réel des produits. Au même titre que les données écotoxicologiques doivent être renforcées, d’autres paramètres pourraient être inclus dans ces méthodes si les sources de données le permettent, par exemple la présence de substances à l’état de nanoparticules ou ayant d’autres effets sur la santé (par exemple une neurotoxicité, c’est-à-dire une toxicité qui affecte le système nerveux).

Les ministères doivent désormais se prononcer sur la mise en place d’un tel score, la méthode à retenir et le type d’affichage à apposer.

En attendant de voir de tels scores sur les étiquettes de nos produits, quelques conseils peuvent d’ores et déjà être suivis par les consommateurs.

Comment limiter son exposition aux substances potentiellement toxiques des produits ménagers

  • Adoptez une attitude raisonnée. Par exemple, l’utilisation d’un désinfectant pour nettoyer une surface n’est pas toujours nécessaire, un détergent peut être suffisant;
  • Lisez bien les étiquettes des produits et respectez les conditions d’emploi: quantités à appliquer, dilution nécessaire, port de gants ou de lunettes, rinçage, etc. qui limiteront l’impact possible sur votre santé mais aussi sur l’environnement;.
  • Favorisez des produits sans parfums et sans colorants: cela garantit un nombre de composants plus réduit dans le produit et, notamment, moins de substances irritantes ou allergisantes;
  • Évitez le recours aux produits ménagers sous forme de sprays ou générateurs d’aérosols;
  • Aérez votre logement après nettoyage ou après utilisation d’un désodorisant d’intérieur, afin de disperser les substances émises par les produits appliqués;
  • Ne mélangez jamais plusieurs produits et ne déconditionnez jamais de produit dans un emballage alimentaire;
  • Enfin, gardez toujours tous ces produits hors de portée des enfants.

Cet article s’appuie sur un rapport d’expertise de l’Anses publié en 2025 auquel ont contribué des agents de l’Anses et les experts suivants : Luc Belzunces (INRAE), Alain Aymard (retraité DGCCRF), Nathalie Bonvallot (EHESP), George De Sousa (INRAE), Guillaume Karr (INERIS), Jean-Pierre Lepoittevin (Université de Strasbourg), Christophe Minier (Université Le Havre), Mélanie Nicolas (CSTB), Emmanuel Puskarczyk (CAP Nancy).

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

– ref. Un score pour noter les produits ménagers en fonction de leur impact sur la santé et l’environnement – https://theconversation.com/un-score-pour-noter-les-produits-menagers-en-fonction-de-leur-impact-sur-la-sante-et-lenvironnement-271650

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Erasmus + et le retour du Royaume-Uni : choix politique ou décision pragmatique ?

Source: The Conversation – in French – By Alessia Lefébure, Sociologue, membre de l’UMR Arènes (CNRS, EHESP), École des hautes études en santé publique (EHESP)

Cinq ans après avoir quitté Erasmus +, le Royaume-Uni s’apprête à réintégrer le programme d’échanges européen, à l’horizon 2027. Au-delà du signal politique, cette décision résulte de réajustements pragmatiques qui éclairent les conditions de possibilité de coopérations universitaires stable à l’échelle internationale.

Depuis sa création en 1987, le programme d’échanges Erasmus s’est imposé comme l’un des piliers de la mobilité étudiante européenne. Plus de 16 millions de personnes – étudiants, apprentis, enseignants et personnels – ont effectué un séjour dans un autre pays européen, contribuant à structurer des coopérations durables entre universités.

Annoncée en décembre 2025, la réintégration par le Royaume-Uni d’Erasmus + à l’horizon 2027 « ne mettra pas fin au repli nationaliste – mais il constitue un pas dans la bonne direction », écrivait récemment dans The Guardian Julian Baggini, philosophe et chroniqueur.

Dans la presse européenne, ce retour a été lu comme un signal politique, modeste mais lisible, dans une relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne encore marquée par les séquelles du Brexit. Mais au-delà de cette lecture symbolique, il faut replacer la décision dans une séquence plus longue de choix éducatifs et institutionnels.

Quitter Eramus +, une décision coûteuse pour les universités britanniques ?

Après la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne, le retrait d’Erasmus+ en 2021 avait été perçu par la presse britannique et internationale comme une rupture nette dans les échanges éducatifs et culturels. Le gouvernement britannique avait alors justifié cette décision par une lecture principalement économique du programme, fondée sur une évaluation du rapport coûts-bénéfices, le Royaume-Uni étant présenté comme contributeur net à Erasmus+, c’est-à-dire recevant plus d’étudiants qu’il n’en envoie.



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Pour compenser cette rupture, le gouvernement britannique a lancé le Turing Scheme. Doté d’environ £100 millions par an à son lancement, réduits à £78 millions pour 2025-2026, le programme finance la mobilité sortante d’environ 40 000 étudiants par an, un chiffre fréquemment invoqué pour attester du maintien de l’internationalisation des parcours.

Alors que la mobilité sortante a été globalement maintenue, la mobilité entrante en provenance de l’Union européenne s’est considérablement contractée. Rappelons qu’avant le Brexit, le Royaume-Uni figurait parmi les destinations les plus attractives d’Eramus, accueillant environ 22 000 étudiants du programme par an et en envoyant près de 16 400 vers d’autres pays européens. Selon l’Oxford Migration Observatory, la part des étudiants européens parmi les nouveaux inscrits internationaux est passée de 27 % en 2016-2017 à 7 % en 2023-2024.

Cette baisse n’a pas été compensée par l’augmentation des étudiants hors Union européenne, plus volatile et moins compatible avec l’exigence de planification académique de long terme (ouverture de diplômes conjoints, développement de collaborations scientifiques internationales, anticipation des recrutements enseignants dans la durée…).

Un rapport de 2024 souligne que ces évolutions se sont ajoutées à un contexte économique déjà dégradé – inflation des coûts, stagnation des frais d’inscription nationaux, dépendance accrue aux recettes internationales – accentuant les tensions structurelles pesant sur les universités britanniques. Si la baisse du nombre d’étudiants européens n’a pas affecté directement les recettes de frais d’inscription, elle a en revanche fragilisé l’accès à des financements européens pluriannuels, récurrents et prévisibles, contribuant à la mise sous tension des universités.

Les cadres multilatéraux, facteurs de stabilité pour la coopération universitaire

Le retour dans Erasmus+ répond à un décalage désormais manifeste entre les instruments mis en place depuis 2021 et leurs effets. Le maintien de la mobilité sortante n’a pas empêché l’affaiblissement des échanges avec les universités européennes. Et la hausse des étudiants hors UE – passés de 23 % à 38 % des entrants en 4 ans – repose sur des flux plus incertains, tributaires des politiques de visa et des capacités de financement individuelles.

Dans ce contexte, le retour à Erasmus+ apparaît moins comme un symbole politique que comme une réponse fonctionnelle à des déséquilibres désormais identifiés : réintroduire des échanges stabilisés là où les dispositifs unilatéraux ont montré leurs limites. Il contribue également à rétablir la perspective de la participation britannique aux coopérations universitaires européennes de long terme, notamment aux alliances universitaires européennes lancées par la Commission européenne en 2019.

Le Royaume-Uni va réintégrer Erasmus en 2027 (Euronews, décembre 2025).

Ce déplacement du cadrage politique est perceptible dans la presse britannique, qui souligne que la valeur d’Erasmus ne se réduit pas à un solde financier, mais tient à la circulation des savoirs, aux compétences acquises et au maintien de liens durables avec l’espace universitaire européen.

Dans une perspective comparative, le cas britannique n’est pas isolé. Aux États-Unis, la mobilité étudiante internationale est elle aussi liée à la politique d’immigration, rendant l’internationalisation universitaire vulnérable aux cycles politiques. Les données de l’Institute of International Education (IIE) montrent que les flux d’étudiants internationaux ont significativement varié au gré des restrictions et assouplissements de visas, renforçant l’intérêt de cadres multilatéraux plus stables.

Réintégrer Erasmus +, une décision pragmatique

Enfin, les évaluations européennes rappellent que la mobilité étudiante repose moins sur le seul niveau des financements que sur l’existence de cadres juridiques communs, de procédures bien établies et de partenariats durables. Lorsque ces cadres sont interrompus, les coopérations se délitent rapidement et se reconstituent lentement.

Dans un contexte de tensions économiques et d’incertitudes prolongées pour l’enseignement supérieur, le retour du Royaume-Uni dans Erasmus+ relève moins d’un choix idéologique que d’un réajustement pragmatique. Il ne résout ni les inégalités d’accès à la mobilité ni les fragilités financières d’un secteur déjà éprouvé. Mais il réintroduit des éléments essentiels au fonctionnement des universités : des règles communes, des procédures partagées et une prévisibilité minimale, sans lesquelles la gestion académique et budgétaire devient fragile.

Au-delà du cas britannique, cet épisode rappelle une évidence souvent négligée. Plus l’enseignement supérieur est exposé aux décisions politiques nationales, y compris lorsqu’elles touchent aux conditions d’exercice de l’autonomie académique, moins les cadres multilatéraux apparaissent comme des contraintes. Ils deviennent, au contraire, des conditions de possibilité.



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Erasmus+ n’est ni une solution universelle ni un héritage à préserver par nostalgie ; son retour indique simplement le prix à payer lorsque des systèmes universitaires ouverts rompent avec les règles et la confiance qui rendent la coopération possible.

The Conversation

Alessia Lefébure ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Erasmus + et le retour du Royaume-Uni : choix politique ou décision pragmatique ? – https://theconversation.com/erasmus-et-le-retour-du-royaume-uni-choix-politique-ou-decision-pragmatique-272515

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US snatches Maduro in raid on Caracas: what we know so far

Source: The Conversation – Global Perspectives – By Andrew Gawthorpe, Lecturer in History and International Studies, Leiden University

Venezuela’s president, Nicolás Maduro, has been apprehended and flown to the US where the US attorney-general has announced he will face charges of drug trafficking and narco-terrorism. The US military’s operation to snatch Maduro was carried out in the early hours of January 3 and follows months of steadily mounting pressure on the Venezuelan government.

Now it appears that the US operation to remove a leader it has designated as a “narco-terrorist” has come to fruition. But whether the capture and removal of Maduro will lead to regime change in the oil-rich Latin American country remains unclear at present.

The US campaign against Venezuela is the product of two distinct policy impulses within the Trump administration. The first is the long held desire of many Republican hawks, including the US secretary of state, Marco Rubio, to force regime change in Caracas. They detest Venezuela’s socialist government and see overturning it as an opportunity to appeal to conservative Hispanic voters in the US.



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The second impulse is more complex. Trump campaigned for election in 2024 on the idea that his administration would not become involved in foreign conflicts. But his administration claims that Venezuela’s government and military are involved in drug trafficking, which in Washington’s thinking makes them terrorist organisations that are harming the American people. As head of the country’s government, Maduro, according to the Trump administration’s logic is responsible for that.


TruthSocial

During Trump’s first administration, his Department of Justice indicted Maduro on charges of “narco-terrorism”. Now Bondi says there might be a new indictment which also covers Maduro’s wife, who was taken into detention with him. The fact that US law enforcement was involved in their capture reinforces the idea that they will now face those charges in a New York court, despite an early claim by opposition sources in Venezuela that Maduro’s departure may have been negotiated with the US government.

What comes next?

The big question is what comes next in Venezuela, and whether either the Republican hawks or the “America first” crowd will get the outcome that they want: ongoing US military presence to “finish the job” or simply a show of US strength to punish its adversary which doesn’t involve a lengthy American involvement.

The US has discovered time and again in recent decades that it is extremely difficult to dictate the political futures of foreign countries with military force. The White House might want to see the emergence of a non-socialist government in Caracas, as well as one which cracks down on the drug trade. But simply removing Maduro and dropping some bombs is unlikely to achieve that goal after nearly three decades of bulding up the regime under Maduro and his predecessor Hugo Chavez.

The Trump administration could have learned this lesson from Libya, whose dictatorial government the US and its allies overthrew in 2011. The country collapsed into chaos soon after, inflicting widespread suffering on its own citizens and creating problems for its neighbours.

In the case of Venezuela, it is unlikely that American military’s strikes alone will be enough to fatally undermine its government. Maduro may be gone, but the vast majority of the country’s governmental and military apparatus remains intact. Power will likely pass to a new figure in the regime.

The White House may dream that popular protests will break out against the government following Maduro’s ousting. But history shows that people usually react to being bombed by a foreign power by rallying around the flag, not turning against their leaders.

Nor would Venezuela’s descent into chaos be likely to help the Trump administration achieve its goals. Conflict in Venezuela could generate new refugee flows which would eventually reach America’s southern border. The collapse of central government authority would be likely to create a more conducive environment for drug trafficking. Widespread internal violence and human rights violations could hardly be portrayed as a victory to the crucial conservative Hispanic voting bloc.

If the Trump administration dreams of establishing a stable, pro-American government in Caracas, it is going to have to do more than just arrest Maduro. Bringing about durable regime change typically involves occupying a country with ground troops and engaging in “nation building”. The US tried this with decidedly mixed results in Iraq and Afghanistan.

Trump has pledged to avoid such entanglements and Rubio has said that, for now at least, the US has no plans for further military action against Venezuela. Trump has a penchant for flashy, quick wins, particularly in foreign policy. He may hope to tout Maduro’s capture as a victory and move on to other matters.

Nation-building failures

In almost no recent US military intervention did the American government set out to engage in nation-building right from the beginning. The perceived need to shepherd a new government into existence has typically only come to be felt when the limits of what can be accomplished by military force alone become apparent.

The war in Afghanistan, for instance, started as a war of revenge for the terrorist attacks on the US on September 11 2001 before transforming into a 20-year nation-building commitment. In Iraq, the Bush administration thought that it could depose Saddam Hussein and leave within a few months. The US ended up staying for nearly a decade.

It’s hard to imagine Trump walking down the same path, if only because he has always portrayed nation-building as a waste of American lives and treasure. But that still leaves him with no plausible way to achieve the divergent political outcomes he, his supporters and America’s foreign policy establishment want with the tools that he has at his disposal.

Meanwhile the US president will face pressure from a range of constituencies from Republican hawks to conservative Hispanic voters to force wholesale regime change in Venezuela. How Trump responds to that pressure will determine the future course of US policy towards the country.

The Conversation

Andrew Gawthorpe is affiliated with the Foreign Policy Centre in London.

– ref. US snatches Maduro in raid on Caracas: what we know so far – https://theconversation.com/us-snatches-maduro-in-raid-on-caracas-what-we-know-so-far-272660

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En France, presque tout le monde est fonctionnaire sans le savoir

Source: The Conversation – in French – By Jérôme Baray, Professeur des universités en sciences de gestion, Le Mans Université

Les professionnels de santé, y compris les professions libérales, sont prestataires d’un service public puisqu’ils fournissent une mission reconnue comme d’intérêt général, financée et régulée par l’État. DBrownPhotos/Shutterstock

Une grande partie des activités économiques dépendent de financements publics en France. La frontière entre public et privé s’efface. 25 et 30 millions de personnes ont un revenu qui dépend directement de l’État. Alors, les Français et Françaises seraient-ils tous fonctionnaires ?

On continue volontiers d’opposer les fonctionnaires, censés vivre de l’impôt, et les salariés du privé, qui relèveraient de l’économie réelle.

Pourtant, si l’on parle non plus des statuts, mais des flux d’argent public, le paysage change nettement. Une proportion importante des revenus considérés comme privés dépend en réalité de décisions publiques : remboursements d’assurance maladie, aides agricoles, marchés publics, subventions culturelles, crédits d’impôt, garanties accordées au secteur financier, contrats financés par l’État ou par les collectivités.

Selon définition classique retenue par les administrations, 30,9 millions d’actifs travaillent pour le privé.

La fonction publique, au sens strict, rassemble environ 5,8 millions d’agents en 2023, soit près d’un emploi sur cinq. Si l’on ajoute les salariés du monde associatif, les professions libérales de santé, certains salariés du bâtiment et des travaux publics (BTP), les agriculteurs financés par la Politique agricole commune (PAC), les secteurs régulés comme l’énergie ou encore les services financiers adossés à la dette publique, on arrive rapidement à plusieurs dizaines de millions de personnes dont les revenus dépendent, directement ou plus indirectement, de financements publics.

L’objectif ici n’est pas d’être exhaustif. Presque tous les secteurs, à des degrés divers, s’appuient sur des mécanismes publics. Mais certains offrent des exemples particulièrement documentés. Cet article se concentre sur quelques cas emblématiques.

Secteurs dépendants de l’État

Il est utile de visualiser l’ensemble du paysage économique français à travers un tableau synthétique. Celui-ci montre comment se répartissent, secteur par secteur, les personnes vivant (directement ou indirectement) de fonds publics – et celles dont l’activité relève réellement d’un marché privé pur.

Nous avons utilisé les données de l’Insee – Fonction publique et emploi, l’Insee – Population active, l’INJEP – Emploi associatif, du ministère de la Culture – Chiffres clés culture, de la direction de l’Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (DARES) – Chômage indemnisé, de France Travail, du ministère de l’Économie – Commande publique, MSA, du ministère de l’Agriculture et de la PAC, de la Fédération bancaire française, de France Assureurs, de l’UNÉDIC – Assurance chômage, de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) – Retraites et France Digitale.

Le tableau ci-dessus n’inclut pas les 6 à 7 millions d’adultes inactifs non répertoriés dans ces catégories (personnes vivant du revenu du ménage, du patrimoine, ou en inactivité hors dispositifs sociaux). Cela explique l’écart avec la population adulte totale.

L’État structure le marché privé

L’idée d’un secteur autonome, évoluant hors de l’État, ne résiste pas longtemps à l’analyse. Dans de nombreux métiers, les revenus dépendent de tarifs publics, de mécanismes de remboursement, de subventions, de régulations ou encore de commandes publiques.

Plusieurs travaux d’économie publique de Mariana Mazzucato, de Michel Aglietta ou encore de Pierre-Noël Giraud ont montré combien les États structurent les marchés, souvent davantage qu’on ne le reconnaît dans le débat public.

Cette question de l’imbrication entre décisions publiques et activités privées traverse également mes propres travaux sur la figure de l’entrepreneur, qu’il s’agisse d’analyser comment les politiques publiques structurent les comportements de marché ou d’examiner l’effet des cadres réglementaires sur l’allocation des ressources.

L’État, premier client du pays

Une façon d’être dépendant de l’État, c’est tout simplement la commande publique. Autrement dit, tous les contrats payés par l’État, les mairies, les départements, les hôpitaux, les boîtes publiques comme la SNCF ou la RATP, et même par l’Union européenne.

Selon les données officielles du ministère de l’Économie, ces marchés pèsent presque 8 % du PIB. Ce poids est significatif à l’échelle de l’économie nationale. Concrètement, les marchés publics pèsent 80 milliards d’euros par an, les concessions, comme celle des autoroutes, représentent 120 milliards d’euros par an.

Historiquement, cette dépendance s’explique par le rôle central de l’État, depuis les années 1960, dans le financement et la planification des grands équipements collectifs comme les autoroutes, les chemins de fer, les hôpitaux ou les infrastructures énergétiques.

Ces projets nécessitent des investissements lourds et peu compatibles avec un financement purement privé. Dans les travaux publics, la dépendance à la commande publique est bien documentée. Selon la Fédération nationale des Travaux publics, les maîtres d’ouvrage privés ne représentent qu’un peu plus de 14 milliards d’euros, soit environ un tiers du chiffre d’affaires du secteur. Le reste provenant principalement de clients publics.

Les professionnels de santé, prestataires de service public

Plusieurs professions libérales exercent dans des cadres où l’État intervient fortement : tarifs, remboursements, implantation… Le cœur de leur activité est façonné par des décisions publiques. Ces professionnels sont prestataires d’un service public puisqu’ils fournissent une mission reconnue comme d’intérêt général, financée et régulée par l’État.

C’est particulièrement visible dans le domaine de la santé. Les médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pharmaciens, tirent l’essentiel de leurs revenus de l’assurance maladie obligatoire. Les tarifs sont fixés ou négociés au niveau national et les revalorisations dépendent de décisions gouvernementales.

Certaines rémunérations supplémentaires sont liées à des objectifs de santé publique. Par exemple, le dispositif Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) valorise la prévention, le suivi des pathologies chroniques ou la vaccination.

La justice, une mission de service public

Les acteurs de justice, comme les notaires, les huissiers, les avocats ou les greffiers, travaillent eux aussi dans un cadre largement défini par la puissance publique.

Les tarifs qu’ils appliquent sont fixés par arrêté ministériel. Par exemple, l’acte authentique des notaires leur donne un monopole prévu par la loi. L’installation n’est pas totalement libre non plus. L’État encadre l’ouverture des offices, après l’avis de l’Autorité de la concurrence, ce qui crée une forme de numerus clausus sans le nommer.



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Ces professions libérales exercent une mission de service public régulé, plutôt qu’un métier purement concurrentiel.

La start-up nation n’existe pas sans l’État

Même les start-up, qu’on présente souvent comme très indépendantes, bénéficient de nombreux dispositifs publics. Le crédit d’impôt recherche (CIR) réduit le coût des dépenses de recherche et développement (R&D). Il constitue l’un des leviers fiscaux les plus utilisés par les jeunes entreprises technologiques.

De son côté, Bpifrance intervient sous plusieurs formes, comme les garanties de prêts, les co-financements ou les avances remboursables. Elles permettent aux entreprises de lever des fonds ou d’amorcer leur activité dans des conditions qu’elles n’auraient pas obtenues seules.

Les programmes comme France 2030 ou les appels à projets sectoriels complètent cet ensemble, en orientant des financements vers des secteurs jugés stratégiques : petits réacteurs modulaires (SMR), hydrogène vert, véhicules électriques, etc.

Ces soutiens jouent un rôle stabilisateur évident.

Les exploitations agricoles subventionnées

Dans beaucoup d’exploitations agricoles, les aides publiques, qu’elles viennent de la politique agricole commune (PAC) ou de dispositifs nationaux, pèsent lourd dans l’équilibre économique. Les chiffres de l’Insee l’attestent : en 2021, les subventions d’exploitation représentaient en moyenne 38 % de l’excédent brut d’exploitation des fermes qui en bénéficient.

De 2010 à 2022, les aides directes ont couvert jusqu’à 74 % du revenu moyen des exploitations, toutes spécialités confondues.

Certaines filières, comme les grandes cultures ou l’élevage bovin, sont encore plus sensibles à ces soutiens. Sans cet argent, elles seraient dans une situation économique très fragile, comme le confirment plusieurs analyses de l’Insee. L’agriculture française avance donc, selon les années et les filières, quelque part entre marché et subvention, avec des équilibres qui ne reposent jamais entièrement sur les prix de vente.

La culture cofinancée par la puissance publique

D’après le ministère de la Culture, on parle d’environ 739 800 emplois dans le secteur. Une bonne partie de ces emplois existe grâce aux financements publics : théâtres, opéras, musées, festivals, institutions patrimoniales, écoles d’art, associations subventionnées, etc.

Par exemple, le cinéma français fonctionne en grande partie dans un cadre financé ou cofinancé par la puissance publique. Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) publie chaque année le montant des aides versées. En 2023, elles atteindraient 715 millions d’euros pour l’ensemble du secteur – production, distribution, exploitation. À cela s’ajoutent les crédits d’impôt cinéma, les financements des régions, et les obligations imposées aux diffuseurs (chaînes, plates-formes), devant consacrer une part de leur chiffre d’affaires à la création.

Dans les métiers du spectacle – un ensemble qui inclut le spectacle vivant mais aussi le cinéma et l’audiovisuel –, le mécanisme central est celui de l’intermittence. Il s’agit d’un régime d’assurance-chômage adapté aux artistes et techniciens qui alternent périodes d’emploi et de non-emploi. Ce système permet de lisser les revenus et, en pratique, mutualise le risque financier lié à l’irrégularité des projets artistiques – ce que rappelle régulièrement l’Unédic dans ses rapports.

La presse aidée

La presse écrite bénéficie elle aussi d’un ensemble d’aides publiques : subventions directes, TVA réduite à 2,1 %, et dispositifs spécifiques pour soutenir la diffusion. Depuis la loi Bichet de 1947, l’État veille à ce que la diffusion de la presse reste pluraliste et accessible sur tout le territoire. L’objectif est simple : éviter qu’un marché trop étroit ou trop concentré ne fragilise l’indépendance des titres. Les rapports publics consacrés aux aides à la presse rappellent régulièrement ce rôle structurant.

Selon le ministère de la Culture, ces aides à la presse représentent 21,4 % du chiffre d’affaires du secteur en 2021. Les rapports publics sur ces aides soulignent que, sans ce soutien, la situation financière de ces journaux serait encore plus dégradée, avec un risque accru de disparition de certains titres.

25 millions de Français et Françaises ont un revenu dépendant de l’État

Si on regarde uniquement les actifs et qu’on additionne tous les métiers qui dépendent peu ou beaucoup de décisions publiques – fonctionnaires, professions conventionnées, agriculture aidée, secteurs régulés, marchés publics, culture subventionnée, associations, start-up soutenues –, 25 et 30 millions de personnes ont un revenu qui dépend directement de l’État, d’une façon ou d’une autre.

The Conversation

Jérôme Baray ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. En France, presque tout le monde est fonctionnaire sans le savoir – https://theconversation.com/en-france-presque-tout-le-monde-est-fonctionnaire-sans-le-savoir-270231

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Requalifier ou réguler ? Les controverses du dialogue social des travailleurs des plates-formes

Source: The Conversation – in French – By Maxime Cornet, Post doctorant, CY Cergy Paris Université

Livreur travaillant pour une plateforme sortant du métro Châtelet, Paris (2021). Cynthia Srnec Cynthia Srnec, CC BY-NC-ND

Les travailleurs des plates-formes numériques sont réputés être des travailleurs indépendants. Dès lors, à quel dialogue social peuvent-ils prétendre, celui-ci étant l’apanage du salariat ? Pour dépasser la contradiction, le gouvernement français a créé un organisme adhoc, l’Arpe. Pour quels résultats ? La requalification en contrat de travail du contrat de prestation reste-t-elle un horizon au vu des résultats obtenus par la négociation ?

Trois ans après les Uber files, la requalification d’un livreur en salarié de Deliveroo et de 5 livreurs de Frichti a ravivé l’espoir des travailleurs dont leurs dossiers ont été déposés auprès du Conseil des prud’hommes dans Paris, Bordeaux, Lyon et Toulouse, au sein d’un secteur où le statut des travailleurs est toujours l’objet d’intenses débats.

Si les plates-formes numériques de livraison de repas – telles qu’Uber Eats ou Deliveroo – et de mise en relation avec des chauffeurs – comme Uber ou Bolt – ont profondément transformé le marché des services en France et à l’échelle mondiale, elles n’ont pas échappé à l’attention des instances de régulation du travail, des services et du transport.



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Après plusieurs années de luttes et de résistances de la part des travailleurs, des militants et d’élus, l’établissement d’une présomption de salariat par la directive européenne du 23 octobre 2024 devrait permettre de clarifier les incertitudes liées au statut des travailleurs et de renforcer leur protection. Entre-temps, plusieurs travailleurs ont poursuivi les entreprises en justice pour salariat déguisé.

Des indépendants avec des protections supplémentaires

Le gouvernement d’Emmanuel Macron avait en 2021 adopté une approche singulière en modifiant le droit du travail afin de maintenir le statut d’indépendant des livreurs et chauffeurs, tout en leur octroyant certains droits et protections supplémentaires. L’expérience française à travers la création de l’Autorité des Relations Sociales des Plateformes d’Emploi (Arpe) a illustré de fortes ambitions politiques, en instituant un espace de dialogue social entre des représentants élus des travailleurs et les associations représentatives des plates-formes.

Cette position s’est accompagnée d’un ensemble de polémiques. En premier lieu, l’organisation des premières élections des représentants des livreurs et VTC a été contestée par plusieurs syndicats et organisations collectives associatives et suscité un débat autour du faible taux de participation, en 2022 et 2024.

En deuxième lieu, cette mise en place d’une négociation entre les travailleurs indépendants en reproduisant les normes de la négociation collective classique a suscité des interrogations auprès des syndicats traditionnels qui ont pu y voir une promotion de ces nouvelles formes d’emploi, plus précaire, et en dehors du Code du travail.

Quelles procédures de désactivation ?

Malgré le débat, les rencontres entre acteurs ont permis, en deux ans, la signature de plusieurs accords sectoriels concernant notamment la rémunération des courses, la discrimination, ou encore les procédures de désactivation de comptes. Néanmoins, depuis les dernières élections en 2024, aucun nouvel accord n’a été signé, montrant la difficulté à négocier des accords porteurs de véritables droits sans évoluer dans le cadre protecteur du droit du travail classique.

De plus, le manque de données disponibles rend l’évaluation de l’efficacité des accords difficile, pour le régulateur comme pour les représentants des travailleurs. Dans le cadre du projet de recherche européen GDPoweR, nous avons examiné le potentiel des droits relatifs aux données personnelles (RGPD) comme levier pour renforcer le dialogue social et la protection des travailleurs de plates-formes.

Notre enquête de terrain a visé à évaluer la mise en œuvre et le respect des accords signés dans le cadre de l’ARPE, ainsi que leur portée effective. Nous avons mené des entretiens individuels et collectifs avec des syndicats, des travailleurs, des associations de travailleurs, des entreprises de plates-formes et des fonctionnaires publics. Nous avons également analysé les fichiers de données personnelles retraçant l’activité de 61 chauffeurs opérant sur Uber, 6 chauffeurs opérant sur Bolt, 4 livreurs opérant sur Uber Eat et 2 livreurs opérant sur Deliveroo. Les données collectées totalisent plus de 5 millions de courses pour les chauffeurs, et 17 000 courses pour les livreurs. Ces datas couvrent la période allant de 2016 à la fin de 2024, permettant d’évaluer l’effet des accords sur la rémunération des travailleurs.

Des engagements imprécis

Nos résultats montrent que les accords n’ont pas significativement amélioré les conditions de travail des travailleurs. Cette situation s’explique notamment par un manque de précision dans les engagements pris, ainsi que par les limites des ambitions politiques et des compromis économiques consentis par les plates-formes. D’ailleurs, des thèmes jugés cruciaux par les syndicats ne sont pas abordés dans les accords signés, comme la santé et la sécurité au travail, fortement dégradées – plus de la moitié des livreurs a souffert un accident de travail – ou le fonctionnement de l’algorithme.

Chez les VTCs, les accords signés instituent un minimum de rémunération d’un euro par kilomètre, de 7,65 euros par course (puis 9 euros à partir du 2 avril 2024), et de 30 euros par heure de conduite avec un client. Or les données montrent qu’en 2023 (soit un an avant l’entrée en vigueur des accords), pour Uber, le tarif moyen versé par course est de 18,51 euros, le tarif par kilomètre est en moyenne de 1,83 euros, et le tarif moyen par heure en course est de 52,8 euros.

Kombini 2024.

En réalité, les versements compensatoires liés à l’application des accords n’entrent en jeu que pour très peu de courses, et ne représentent que 0,10 % des revenus des chauffeurs. Chez les livreurs, on peut faire le même constat. Un accord fixe la rémunération minimale par heure en activité (entre l’acceptation de la commande et la livraison) à 11,75 euros à partir du 28 novembre 2023. Or, la rémunération moyenne de l’heure d’activité était pour les livreurs Uber Eats de 14,33 euros en 2022 (soit un an avant l’entrée en vigueur de l’accord). Comme pour les chauffeurs, la compensation liée à l’accord concerne un nombre très restreint de courses.

Stagnation des rémunérations

Si on observe l’évolution globale de la rémunération sur l’ensemble de la période, on note une stagnation, voire une diminution des revenus horaires moyens pour les chauffeurs comme pour les livreurs, malgré une légère augmentation du tarif par heure en course, due à l’augmentation significative du temps d’attente entre deux courses ou livraison.

Par ailleurs, les accords relatifs aux désactivations s’inspirent du droit disciplinaire en reprenant une gradation des différents types de « fautes ». Ces accords, signés dans les deux secteurs, consistent surtout en des lignes directrices, laissant une grande marge de manœuvre aux plates-formes pour établir la procédure de désactivation. Bien que l’Arpe ait été conçue pour améliorer les conditions de travail des livreurs et des chauffeurs VTC, il semble que les accords signés ne soient pas capables d’enrayer la dégradation des conditions de travail des travailleurs des plates-formes.

BFM Buiness 2021.

Certains représentants des travailleurs soupçonnent un usage politique de cette dernière, visant à éviter une régulation descendante plus contraignante portée par des partis politiques d’opposition. Malgré l’élection de représentants des travailleurs affiliés à des syndicats et les efforts déployés par l’ARPE, aucun acteur institutionnel (à l’image de l’inspection du travail pour les travailleurs salariés) ne dispose du pouvoir d’imposer une mise en œuvre équitable et cohérente des accords collectifs.

Une forte concurrence entre les plates-formes

En pratique, l’application de ces accords dépend largement de la volonté, de la capacité et de la réactivité des entreprises de plate-forme. Celles-ci, en forte concurrence entre-elles en France et dans le marché international, n’hésitent pas à proposer de bonus temporaires, de petits tarifs de manière unilatérale et sans concertation collective ou à tester une tarification encore plus basse.

Notre étude met ainsi en lumière les limites structurelles de la régulation du travail numérique par le biais d’une gouvernance souple qui ne reprend que partiellement le Code du travail, et démontre la nécessité d’une transposition forte de la directive européenne, pour assurer une meilleure protection aux travailleurs.

The Conversation

Maxime Cornet a reçu des financements de la DG Emploi de la Commission Européenne, dans le cadre du projet de recherche GDPOWER.

Cynthia Srnec a reçu des financements de la DG Emploi de la Commission européenne, dans le cadre du projet de recherche GDPoweR.

Pauline Moreau Avila a reçu des financements de la DG Emploi de la Commission européenne, dans le cadre du projet de recherche GDPoweR

– ref. Requalifier ou réguler ? Les controverses du dialogue social des travailleurs des plates-formes – https://theconversation.com/requalifier-ou-reguler-les-controverses-du-dialogue-social-des-travailleurs-des-plates-formes-271327

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Que reste-t-il de nos argots ?

Source: The Conversation – in French – By Anne Gensane, Enseignante chercheuse en sciences du langage, Université d’Artois

Lorsque l’on parle d’argot français, on imagine souvent un langage secret. Mais qu’entend-on réellement par ce mot aujourd’hui ? Entre héritage historique et usages modernes, l’argot demeure un phénomène complexe, tant pour les linguistes que pour les locuteurs du français.

Pour désigner l’argot, on parle parfois de « langue verte », expression liée au tapis vert du jeu ou de l’adverbe « vertement »… Curieusement, cette couleur rappelle la comparaison de l’argot à la végétation produite par « une greffe malsaine » que décrit Victor Hugo, et qui trouve ses racines « dans le vieux tronc gaulois ». Bien que cette image puisse refléter une forme d’« argotophobie », l’argot suscite aussi fascination et nostalgie : certains parlent même d’« un blues » de l’âge d’or argotique. Alors, que nous en reste-t-il ?

Une histoire ancienne

Dans l’imaginaire collectif, l’argot est en partie associé à la littérature du XIXe siècle et au cinéma du XXe. Cependant, il est évident que l’argot ne se limite pas à ces périodes. Au XIIe siècle, chez Jehan Bodel, on trouve la première trace écrite d’un dialogue produit entre deux brigands dans une taverne. Cet acte montre déjà une volonté de permettre l’identification d’un groupe social (les voyous) par un usage non standard. L’argot a toujours véhiculé une dimension identitaire souvent associée aux malfaiteurs, bien avant l’urbanisation qui a façonné son évolution moderne (on pense aussi au fameux Vidocq – arrageois tout comme Jehan Bodel). Mais l’argot est surtout connu pour sa fonction cryptique : il permet de reconnaître l’appartenance d’un locuteur, tout en cachant des informations aux non-initiés.

C’est là qu’il diffère du jargon dans son sens moderne, davantage lié à un usage professionnel sans volonté de dissimulation. Le mot « argot » lui-même ne prend son sens actuel qu’à partir du XVIIe siècle. Il désignait d’abord un « royaume », celui des marginaux de la célèbre Cour des Miracles, avant de renvoyer à leur façon de parler qu’on appelait alors à ce moment-ci… « jargon du Royaume d’Argot » !

Un outil pour dire le réel ?

Bref, depuis longtemps, l’argot est lié à l’idée de marginalité. François Villon, poète du XVe siècle, est un des anciens auteurs les plus connus à utiliser l’argot de manière littéraire pour signaler son appartenance sociale (cela démontre qu’il fréquentait la bande des « Coquillards »).

Au tournant des XIXe et XXe siècles, l’argot est aussi un outil littéraire critique : le poète Jehan-Rictus, dans Les Soliloques du Pauvre (1896), s’en sert pour dénoncer la misère et moquer les auteurs bourgeois qui prétendent la raconter en empruntant leurs mots, tel, selon lui, Aristide Bruant.

Aujourd’hui, des pratiques argotiques contemporaines artistiques existent toujours : avec de la littérature que certains appelleront « de banlieue » ou « urbaine », et, surtout, avec un rap français très présent dans la culture populaire. Celui-ci entretient en effet un rapport étroit avec ce qui peut parfois être appelé un parler « des cités » ou encore un « argot des jeunes ». Il ne s’agit pas d’un système homogène mais d’un ensemble de pratiques langagières mouvantes (on peut déjà le constater de par les appellations qu’on tente de lui donner… quelles cités ? quels jeunes ?).

Des néologismes argotiques contemporains

La pratique argotique contemporaine repose largement sur le français populaire. L’argot ne crée pas une langue à part entière : il fait naître des actualisations linguistiques diverses et trahit souvent l’habitus du locuteur.

Le linguiste Albert Dauzat notait en 1946 que « l’argot accélère le renouvellement du langage ». Cette créativité lexicale se poursuit bien aujourd’hui à travers ce que l’on peut appeler « la néologie argotique », c’est-à-dire la création de mots nouveaux mais aussi d’emplois nouveaux de mots existants.

La notion de « nouveauté » reste cependant relative : un mot peut être courant dans un groupe et inconnu ailleurs. Il faut souligner aussi que l’argot connaît une dimension diatopique : il n’est pas un patois, mais peut présenter des formes locales. On rencontre par exemple un argot à clef « en -zer », associé à la région de Grigny, ou l’ajout du suffixe « -stre » en fin de mot, propre à Marseille.

Enfin, on notera que certains mots traversent les siècles : c’est le cas de « daron », attesté dès le XVIIe siècle. C’est un mot-valise issu de « dam » (seigneur) et baron. Il signifiait « maître de maison », puis « patron », avant de prendre son sens actuel de « père ».

Les couleurs de l’argot

La néologie argotique contemporaine se manifeste par divers procédés dont la grande majorité existe depuis bien longtemps. Il est important de comprendre que n’est pas tant leur nature mais leur fréquence qui la caractérise et lui donne ses couleurs.

Ils sont variés : troncations (suppression de certaines syllabes, comme « déter » < « déterminé »), siglaisons (« BG » < « Beau Gosse »)… Les emprunts sont très nombreux, on pense principalement à l’anglais « stalker » (< « espionner »), à l’arabe « bélek (à) » (< « fais attention (à) ») ou le célèbre « wesh », au non moins célèbre « poucave » (< « mouchard) faisant partie des emprunts à la langue romani, mais aussi par exemple au nouchi, un argot ivoirien (par exemple : « tchoin » < « prostituée »). Le verlan est plus complexe à analyser qu’il n’y paraît : il suit des règles précises suivant le nombre de ses syllabes et peut impliquer notamment des troncations et réagencements complexes. Il existe même un verlan du verlan, dit « veul », c’est le cas du mot « feumeu » (de « femme », cela devient « meufeu », puis…). Enfin, il faudrait noter que le jargon du jeu vidéo influence fortement l’argot courant (par exemple : « GG » < « Good Game »), tout comme l’algospeak (avec notamment le fameux « Tanaland », s’il ne fallait en citer qu’un).

Parce que c’est aussi amusant !

Les réseaux sociaux (notamment, oui, pour cacher du contenu sur Internet) et le rap accélèrent la création mais aussi la circulation des mots. La culture hip-hop, fortement ancrée dans l’oralité, diffuse en effet largement des termes qui se propagent dans la « jeunesse » et au-delà. Si les artistes s’en emparent, c’est aussi qu’il y a une dimension poétique des pratiques argotiques. Le jeu est indissociable de l’usage de la langue, qu’il soit littéraire ou quotidien. Le linguiste Roman Jakobson, qui parle de « fonction poétique » pour désigner cela, rappelle que cette fonction « est présente dès la première enfance » et accompagne les locuteurs tout au long de leur vie, révélant un certain goût pour le jeu avec les mots. Cette dimension du jeu fait partie intégrante des dynamiques sociales et identitaires au sein des groupes.

Comme l’évoque une recherche menée auprès d’adolescents scolarisés, le recours à l’argot apparaît aussi comme une forme de relâchement face à la pression du langage institutionnel, qu’ils associent à un cadre contraignant.

Ainsi, lorsque des collégiens ou des lycéens utilisent des termes ou des expressions argotiques, leur intention va bien au-delà de la simple volonté de « cacher » leur propos. Ils s’amusent avant tout avec la structure même de la langue. Oui, les pratiques argotiques contemporaines peuvent encore répondre à un besoin de communication secrète ou marginale, mais, par sa fonction ludique, la pratique témoigne qu’elle n’est pas seulement un outil de subversion, mais aussi un moyen de s’amuser, de se libérer des contraintes sociales.

L’usage ludique de l’argot ne concerne évidemment pas que les jeunes : chaque locuteur possède son propre répertoire linguistique dans lequel puiser des styles, qu’il active selon le contexte de son interaction. L’argot devient une manière de dire le monde autrement, selon ses compétences, son désir poétique, sa recherche de connivence humaine et de sa volonté de s’affranchir de la convenance hégémonique.

The Conversation

Anne Gensane ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Que reste-t-il de nos argots ? – https://theconversation.com/que-reste-t-il-de-nos-argots-270994

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Pourquoi les consommateurs de la génération Z se sentent désabusés – et comment ils peuvent être les moteurs d’un véritable changement

Source: The Conversation – in French – By Eugene Y. Chan, Associate professor, Toronto Metropolitan University

Entrez dans n’importe quelle salle de classe, parcourez TikTok ou participez à un groupe de discussion de la génération Z, et vous entendrez un refrain familier : « Nous nous soucions de ces questions, mais rien ne change. »

Qu’il s’agisse de l’action climatique, de la justice raciale, ou de l’éthique des entreprises, de nombreux jeunes ont le sentiment que leurs valeurs ne correspondent pas aux systèmes qui les entourent. Ils doutent que leurs voix, leurs votes et leur argent puissent à eux seuls résoudre des problèmes systémiques profonds.

Si vous partagez ce sentiment, vous n’êtes pas seul. Mais les jeunes consommateurs sont-ils vraiment impuissants ? Ou sont-ils simplement confrontés à un nouveau type d’influence, plus diffuse, plus numérique et plus exigeante, que les générations précédentes n’ont pas connu ?

25-35 ans : vos enjeux, est une série produite par La Conversation/The Conversation.

Chacun vit sa vingtaine et sa trentaine à sa façon. Certains économisent pour contracter un prêt hypothécaire quand d’autres se démènent pour payer leur loyer. Certains passent tout leur temps sur les applications de rencontres quand d’autres essaient de comprendre comment élever un enfant. Notre série sur les 25-35 ans aborde vos défis et enjeux de tous les jours.

La montée du consumérisme politique

Le consumérisme politique, c’est-à-dire le fait d’acheter ou de boycotter des produits pour des raisons politiques ou éthiques, est en hausse parmi les jeunes générations.

Une étude réalisée en 2023 a révélé que 81 % des consommateurs de la génération Z déclarent modifier leurs décisions d’achat en fonction de la réputation ou des actions d’une marque, 53 % d’entre eux ayant déjà participé à des boycottages économiques.

Une méta-analyse de 66 études réalisée en 2022 a révélé que le consumérisme politique est fortement associé à l’idéologie libérale, à l’intérêt pour la politique et à l’utilisation des médias. En d’autres termes, les jeunes engagés politiquement utilisent de plus en plus leur portefeuille pour exprimer leurs valeurs.

Pour beaucoup de jeunes, la consommation est de plus en plus une expression de leur identité et de leurs convictions. L’essor de la « politique du mode de vie » implique un passage des formes traditionnelles de participation, comme le vote ou la manifestation, à des actes quotidiens. Pour de nombreux consommateurs de la génération Z et de la génération Y, ce que vous achetez reflète qui vous êtes.

Les limites de la consommation éthique

Pourtant, l’enthousiasme pour la consommation éthique se heurte souvent à la frustration. Les consommateurs sont fréquemment confrontés au écoblanchiment, à la solidarité performative et aux reculs des entreprises sur leurs engagements.

Et si tout le monde « vote avec son portefeuille », pourquoi si peu de choses semblent changer ? La réponse réside dans la compréhension des limites et du pouvoir d’influence des consommateurs.

Les actions individuelles ne suffisent pas. Acheter de manière éthique peut être gratifiant, mais cela ne change généralement pas grand-chose. Des études suggèrent que la polarisation politique a rendu les préférences en matière de marques plus idéologiques, mais aussi plus fragmentées. Un boycottage progressiste peut faire les gros titres, mais à moins d’être soutenu et généralisé, il s’essouffle souvent rapidement.

Dans le même temps, l’enthousiasme pour la consommation éthique se heurte souvent à des limites pratiques. Acheter de manière éthique nécessite généralement des moyens financiers supplémentaires et la capacité de rechercher des marques, ce qui rend cette pratique plus accessible aux personnes disposant d’un revenu disponible et d’un bon accès à l’information. Cela signifie que si de nombreux jeunes soutiennent fermement la consommation éthique, seuls ceux qui disposent de ressources financières suffisantes sont en mesure de la pratiquer de manière cohérente.

Lorsque les choix individuels ne suffisent pas, l’action collective peut avoir plus d’impact. Des campagnes coordonnées telles que #GrabYourWallet, qui cible les entreprises liées à Donald Trump, ou la campagne menée par des jeunes pour désinvestir les fonds de dotation des universités des énergies fossiles, démontrent le pouvoir de la défense organisée des consommateurs.



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Le vote reste important

L’activisme des consommateurs complète, mais ne remplace pas, l’engagement civique traditionnel. Les politiques façonnent les marchés, la réglementation fixe les limites de ce que les entreprises peuvent se permettre et les élus déterminent ce que les entreprises peuvent et ne peuvent pas faire.

Pourtant, le taux de participation électorale des jeunes Canadiens reste obstinément faible. Lors des élections fédérales de 2021, seuls 46,7 % des électeurs âgés de 18 à 24 ans ont voté, contre 74,4 % des électeurs âgés de 65 à 74 ans.

Lors de l’élection présidentielle américaine de 2020, le taux de participation des 18-34 ans était de 57 %, contre 74 % pour les 65 ans et plus.

De même, lors des élections générales de 2019 au Royaume-Uni, seuls 53,6 % des 18-34 ans ont voté, contre 77 % des 65 ans et plus, ce qui montre le même écart générationnel qu’au Canada, où les électeurs plus âgés participent systématiquement plus que les jeunes.

Si les jeunes veulent influencer la politique climatique, le logement ou la dette étudiante, les urnes restent l’un de leurs outils les plus puissants.

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Qu’est-ce qui fait réellement la différence ?

Comment les jeunes consommateurs peuvent-ils passer de gestes symboliques à un changement significatif ? Plusieurs éléments suggèrent que les jeunes consommateurs peuvent traduire leurs valeurs en changements tangibles :

1. Soutenir les mouvements menés par les travailleurs.

Plutôt que de simplement boycotter une marque, envisagez de soutenir les travailleurs qui s’organisent en son sein. Qu’il s’agisse des baristas de Starbucks qui se syndiquent pour obtenir de meilleures conditions de travail ou des travailleurs de l’industrie textile qui réclament des salaires équitables, la solidarité des consommateurs peut amplifier leurs efforts. Partagez leurs histoires et respectez leurs demandes afin de ne pas franchir les piquets de grève, y compris quand boycotter et quand acheter.



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2. Faites pression pour obtenir des changements politiques, pas seulement des produits.

Militez pour un changement systémique, comme des lois sur la transparence de la chaîne d’approvisionnement, en soutenant les campagnes pour un salaire minimum vital ou en exigeant des entreprises qu’elles divulguent leurs informations climatiques. Lorsque l’opinion des consommateurs s’aligne sur la pression réglementaire, les entreprises sont beaucoup plus susceptibles d’agir.

3. Investissez dans des alternatives locales et coopératives.

Tous les changements ne proviennent pas de la pression exercée sur les grandes marques. Parfois, il s’agit de soutenir les entreprises locales, les coopératives de travailleurs et les entreprises sociales qui intègrent l’éthique dans leur structure. Ces alternatives montrent ce qui est possible et permettent à l’argent de circuler dans les communautés.

4. Éduquer, organiser, répéter.

Le changement est lent. Il nécessite de la patience, de la persévérance et le pouvoir du peuple. Il implique d’éduquer ses pairs, d’organiser des campagnes et de rester engagé même après que les médias aient cessé d’en parler. L’adolescent montréalais Fatih Amin illustre bien cette approche, ayant mis en place un mouvement pour le climat à travers des campagnes d’affichage, des concours de recyclage et des conférences axées sur la génération Z.

Du cynisme à l’action

Il est facile de se sentir cynique. Les problèmes sont importants, les systèmes sont bien établis et les enjeux sont élevés. Mais les jeunes ne sont pas impuissants. Ils évoluent dans un environnement où l’influence repose moins sur l’individualisme que sur une action stratégique et collective.

Le consumérisme politique est plus efficace lorsqu’il est associé à l’engagement civique et à l’adhésion à une organisation. Cela signifie rejoindre des mouvements, former des coalitions et reconnaître que le véritable changement vient rarement de la seule caisse du supermarché.

Ainsi, si les choix individuels ont leur importance, ils sont plus efficaces lorsqu’ils sont associés à une action collective et à un engagement civique. Si vous recherchez un changement significatif, vous devez combiner vos choix d’achat avec des campagnes organisées, la défense de politiques et le vote.

La Conversation Canada

Eugene Y. Chan reçoit un financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

– ref. Pourquoi les consommateurs de la génération Z se sentent désabusés – et comment ils peuvent être les moteurs d’un véritable changement – https://theconversation.com/pourquoi-les-consommateurs-de-la-generation-z-se-sentent-desabuses-et-comment-ils-peuvent-etre-les-moteurs-dun-veritable-changement-271061