Category: Academic Analysis

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Francisco Muñoz Romero, Profesor de Comunicación Institucional e Imagen Pública Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación, Universidad Complutense de Madrid

¿Se puede vivir sin redes sociales? Muchos jóvenes (un 30 %, según nuestro último estudio) se plantean eliminar estas aplicaciones de sus móviles o incluso llegan a hacerlo, pero no suele ser duradero. Durante unos días o semanas, quizá en época de exámenes, “resisten” sin TikTok o Instagram. Pero pasado un tiempo no tienen más remedio que volver si no quieren sentirse demasiado aislados. La “culpa” no es de ellos: es el sistema el que hace muy difícil vivir al margen.

Este estudio coincide con otros realizados con anterioridad en los que la depresión, la ansiedad, la confusión o la baja autoestima aparecen como patologías habituales provocadas por la inmersión de jóvenes y adolescentes en este nuevo mundo digital, que para ellos no es “otro” mundo sino el mismo que el mundo físico.

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Esta idea nos ayuda a entender el tremendo efecto de tracción que los medios y redes sociales ejercen en las vidas de todos, y en especial de jóvenes y adolescentes, y a explicar por qué es tan difícil salir de su influencia. El sistema de medios y redes sociales digitales está diseñado para vivir consumiendo. Por eso, más que de uso, se debería hablar de “consumo” de redes sociales.

La sociedad misma es ya una sociedad de redes y no se concibe, salvo marginación y pobreza extrema, a ninguna persona fuera de este sistema: por eso no es tanto que nos “expongamos” a ellas como que vivimos “inmersos” en este ecosistema.

¿Adicción o consumo compulsivo?

Aunque muchos autores, especialmente en el ámbito de la psicología, hablan de “adicción” para referirse a los efectos de consumo compulsivo de redes sociales (con sus picos y déficits de dopamina), el concepto se queda corto para describir su complejidad.

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Porque el impacto negativo en el bienestar y al equilibrio personal es sólo una de las dimensiones actuantes. Hemos apuntado muy brevemente las dimensiones cognitivas y neurológicas, pero hay que considerar también las sociológicas, industriales, económicas, ideológicas y políticas que hacen que no nos estemos enfrentando sólo a “daños colaterales” de las redes sociales en los jóvenes, sino que lo que tenemos delante es un nuevo proceso civilizatorio. Todos estamos adaptándonos a él en una dinámica ensayo–error, y está dando la vuelta a cómo ha sido hasta ahora la construcción de la identidad personal y de la identidad social.

Un nuevo paradigma social, político y económico

No podemos considerar solo “adicción” a algo que ha llegado y que se presenta exactamente como el entorno cultural y social natural en el que se tiene que vivir. No se puede ser “adicto” al conjunto de tecnologías que se han promovido desde la economía como parte esencial del sistema de producción. No se puede ser adicto a las tecnologías que se promueven desde los estados como paradigma de la nueva relación entre ciudadanos y administración.

Esta nueva sociedad en red es la realidad en la que vivimos, y de las que las plataformas de contenidos son parte indivisible. Todo ello configura un nuevo ecosistema social a través del cual nos matriculamos en el instituto, nos empadronamos, pedimos citas médicas, hacemos bizums, compramos la ropa o el abono transporte, organizamos las vacaciones o quedamos con otras personas. Uno no se puede considerar adicto al aire porque respire.

¿Cómo evitar ser atrapado?

Los niños y niñas acceden a las redes sociales a los 12 años y están en ellas, diariamente, una media de cuatro horas en la que recibirán 1 750 contenidos diferentes (uno cada diez segundos) en un mix de información, de ocio y entretenimiento, de promoción comercial, de crítica social, de opiniones políticas: podrán ver las imágenes del asesinato de Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis empotradas entre un vídeo para adoptar gatitos y otro para promocionar un local de copas.

Es difícil pensar que este nivel de saturación indiscriminada no tenga efecto en el bienestar emocional o en la forma en la que los niños y adolescentes van construyendo su visión del mundo. Si esto es lo que ven y es lo único que ven, es normal que se tome como “lo real”.

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Porque, precisamente, el pensamiento abstracto se desarrolla en los seres humanos a partir de los 11 años y hasta los 15 aproximadamente. Los sistemas de creencias, y la capacidad de análisis y de reflexión profunda (abstracta), se forman en esta etapa en las que las redes sociales ponen delante de sus ojos una realidad algorítmica controlada y diseñada por empresas y corporaciones de derecho privado que atienden sobre todo a su cuenta de resultados.

Concienciación y legislación

Estamos ante un cambio de era en el que la tecnología y la economía se están transformando. Y esto provoca cambios en la organización social y política, como lo hizo también la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX. Su alcance en todos los órdenes está por ver. Pero ante todos esos cambios, la respuesta tiene que ser democrática, global y coordinada: las familias y los estados tienen un papel decisivo. Además de legislar el acceso de los menores, debemos crear unas reglas de operación responsables en las empresas y supervisar los algoritmos.

La medida de nuestro éxito colectivo llegará por medio de la educación y la concienciación. En la familia, por supuesto, pero también preparando a nuestros jóvenes, dentro del sistema reglado de enseñanza obligatoria, para gestionar técnica y emocionalmente este nuevo mundo.

Francisco Muñoz Romero no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ¿Por qué cuesta tanto ‘desengancharse’ de las redes sociales? – https://theconversation.com/por-que-cuesta-tanto-desengancharse-de-las-redes-sociales-274862

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Juan Francisco Sánchez Barrilao, Profesor Titular de Universidad. Derecho Constitucional., Universidad de Granada

El pasado 23 de febrero, el presidente de España, Pedro Sánchez, anunciaba en redes sociales la intención del Gobierno de desclasificar inmediatamente información sobre el golpe de Estado perpetrado hace 45 años. Para ello, el Consejo de Ministros acordaba al día siguiente la desclasificación de “cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981”. En total, se han dado a conocer 153 documentos el 25 de febrero a través de la propia web del Gobierno.

Al margen del alcance del contenido de esos documentos (no pocos de ellos ya conocidos por muchos expertos) y de la propia desclasificación (pues algunos autores la califican de limitada), el anuncio y el acto de hacer pública la información vinieron a evidenciar nuevamente las deficiencias de la preconstitucional Ley sobre secretos oficiales (Ley 9/1968). También pusieron de relieve la discrecionalidad con la que actúan algunos gobiernos tanto a la hora de clasificar como de desclasificar una información como secreta y extraerla así del circuito democrático e histórico al impedir su debido control social.

En cuanto a lo primero, se ha de recordar que la Ley sobre secretos oficiales se aprobó en 1968, durante la dictadura franquista, y fue parcialmente enmendada ya en 1978 (Ley 48/1978). También es necesario saber que desde entonces se han presentados diversos anteproyectos y proposiciones de ley, sin éxito, con el fin de adecuar la norma a las actuales demandas de publicidad y transparencia.

Los sistemas de plazos y la discrecionalidad

En especial se ha propuesto introducir sistemas de plazos en la desclasificación, tal como lo hacen otras democracias occidentales. Con todo, se advierte que tales sistemas acaban por mantener cierta discrecionalidad a la hora de hacer pública información previamente declarada secreta, ya que permiten a los ejecutivos, con carácter general, retrasar todavía más la desclasificación de aquella información que consideren aún comprometedora para la seguridad nacional.

Esto último, a su vez, enlaza con la discrecionalidad del Gobierno de la que hablaba antes con ocasión de la reciente desclasificación de documentos del 23-F, tanto a tenor de la fecha elegida por el Ejecutivo (el 45.º aniversario del golpe), como en relación a los documentos efectivamente clasificados, ya que ni son hoy significativos para la seguridad nacional ni lo fueron hace diez años.

Pero lo cierto es que esto se produce también en otros Estados. Es usual que los gobiernos de democracias occidentales desclasifiquen información especialmente comprometida desde una perspectiva histórica en momentos relevantes y que las desclasificaciones sean finalmente parciales.

Estados Unidos, Francia, Alemania y otros casos similares

Así sucedió en marzo de 2025 con ocasión de la reciente y sorpresiva desclasificación masiva, pero no total, de documentos relacionados con el asesinato de John F. Kennedy (1963). El Gobierno de Estados Unidos ordenó la liberación de casi todos los archivos todavía retenidos por motivos de seguridad nacional (alrededor de 80 000 páginas).

También unos años antes, en diciembre de 2021, el Gobierno francés decretó una desclasificación parcial de información sobre la no menos traumática Guerra de Argelia.

Siguiendo los ejemplos mencionados en el propio acuerdo del Consejo de Ministros de España por el que se ha desclasificado documentación del 23-F, están los casos de Italia en 2014 y 2021, cuando se hizo pública información referente a grandes atentados terroristas cometidos entre 1969 y 1984; y en 2016, cuando se dio a conocer un archivo de 13 000 páginas sobre crímenes cometidos por tropas nazis y fascistas entre 1943 y 1945.

También tenemos el ejemplo de Grecia en 2024, que consistió en la desclasificación de 58 informes sobre el golpe de Estado de 1974 en Chipre.

En esa tónica de desclasificar información relativa a terceros Estados también está el caso de Alemania en 2012, cuando se hizo pública la transcripción de una reunión privada entre su embajador y Juan Carlos I poco después de los sucesos del 23-F; y el de Estados Unidos, cuyo Gobierno desclasificó en 2016 numerosa documentación sobre la dictadura argentina entre 1976 y 1983.

En esos casos, como en el supuesto que estamos comentado, se han alegado como razones la historia, la memoria e incluso la reparación para responder así a la demanda constante de acceso a documentación relevante y comprender el pasado mediante “una interpretación más completa y contrastada de los hechos”, en el conocimiento mismo “de nuestra historia colectiva”.

Y todo ello, claro, sin poner en riesgo las necesidades de secreto y discreción que exigen en cada momento la seguridad nacional (Ley 36/2015 de Seguridad Nacional).

Esto supone la apertura a una limitación discrecional al acceso público de información relevante para la sociedad; con especial consideración para periodistas e historiadores, que son agentes directos en la conformación de la opinión pública y de la memoria colectiva.

Solo una previsión normativa de desclasificación automático-temporal permitiría, aún de manera diferida en el tiempo, el conocimiento y el control directo por la sociedad de su propia historia. Eso sí, tal control quedaría aún limitado temporalmente, pero al final sería posible, permitiendo así a la ciudadanía reencontrarse con su pasado, en particular con ocasión de hechos potencialmente comprometedores.

Juan Francisco Sánchez Barrilao no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Del 23-F a Kennedy: la política de desclasificar el pasado en las democracias – https://theconversation.com/del-23-f-a-kennedy-la-politica-de-desclasificar-el-pasado-en-las-democracias-276996

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Armando Alvares Garcia Júnior, Profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

Rusia, China y Estados Unidos han convertido la energía en un tablero de poder global, y Europa ha quedado justo en el centro de ese juego. La combinación de un posible corte anticipado del gas ruso, las restricciones chinas ligadas al conflicto en el golfo Pérsico y las amenazas de Donald Trump sobre el comercio y el gas natural licuado (GNL) que llega a nuestros puertos dibuja un escenario de “triple ultimátum” energético para el continente europeo.

Rusia: restringir el suministro

El primer movimiento viene de Moscú. La Unión Europea lleva años aprobando sanciones y diseñando una desconexión gradual del gas ruso: restricciones a nuevos contratos de GNL desde 2026 y veto casi total al gas por gasoducto hacia 2027.

Ante ese calendario, Vladímir Putin ha decidido adelantarse. En varias intervenciones públicas ha deslizado que Rusia se plantea cortar el suministro antes de que la UE cierre definitivamente la puerta, con una lógica sencilla: “Si ellos nos van a dejar de comprar en unos meses, mejor ser nosotros quienes decidamos cuándo se termina la relación”.

Al mismo tiempo, el Kremlin acelera el giro asiático, el gran polo de demanda de hidrocarburos, que depende en buena medida del petróleo que atraviesa el estrecho de Ormuz.

China: garantizar sus reservas

El segundo movimiento llega desde Pekín. La escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán ha puesto a Ormuz en el centro de todas las alarmas: por ese estrecho pasa en torno a una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo.

China, que importa millones de barriles diarios desde el Golfo, ha reaccionado con rapidez: ha ordenado a sus grandes refinerías suspender las exportaciones de gasolina y diésel, cancelar contratos y dejar de firmar nuevos acuerdos, con una prioridad clarísima: garantizar el suministro interno ante la posibilidad de un cierre parcial o total de Ormuz.

Este cierre del grifo hacia el exterior reduce la oferta global de combustibles refinados y contribuye a empujar al alza los precios que paga Europa, reabriendo el debate sobre su vulnerabilidad energética.

GNL estadounidense, instrumento de poder

El tercer movimiento viene de Washington y golpea directamente a España. En los últimos años, el GNL estadounidense se ha convertido en uno de los pilares del aprovisionamiento español: según los datos más recientes de febrero de 2026, alrededor de un 44 % del gas que se consume en España procede de Estados Unidos, una proporción que se ha ido incrementando tras la reducción drástica de las compras a Rusia.

Ese peso convierte al GNL en una herramienta de influencia política. Tras la negativa del Gobierno español a permitir el uso de las bases de Rota y Morón en una eventual operación contra Irán, el presidente Trump ha elevado el tono hasta el punto de amenazar con cortar relaciones comerciales, en un contexto en el que el gas forma parte del paquete. La posibilidad de que su suministro pueda usarse como palanca de presión añade un elemento de incertidumbre adicional sobre nuestra seguridad energética.

España tiene las infraestructuras

En este tablero, España ocupa una posición paradójica. Por un lado, es uno de los países europeos con mayor capacidad de regasificación: siete plantas en funcionamiento y una red gasista relativamente mallada convierten el territorio español en una puerta de entrada privilegiada para el GNL, que luego puede ser reexpedido hacia otros mercados europeos.

Esa infraestructura es una ventaja estratégica para la UE, que ve en la Península ibérica un posible hub energético para diversificar sus fuentes de suministro.

Pero, por otro lado, mientras las interconexiones con Francia sigan siendo limitadas, esa misma arquitectura la hace especialmente sensible a los vaivenes del mercado global de GNL y a las decisiones de actores como Estados Unidos o Qatar.

Las opciones de Europa

¿Qué puede hacer Europa –y España en particular– ante este triple ultimátum?

A corto plazo, las opciones pasan por reforzar los mecanismos de compra conjunta de gas, coordinar mejor el uso de las reservas estratégicas y acelerar proyectos de interconexión que permitan aprovechar plenamente la capacidad de regasificación española en beneficio del conjunto del mercado interior.

A medio y largo plazo, el debate vuelve inevitablemente a la mesa: acelerar la implantación de renovables, desplegar almacenamiento –bombeo hidráulico, baterías, hidrógeno– y avanzar en eficiencia energética. De momento, son las únicas formas de reducir de manera estructural la vulnerabilidad frente a shocks externos.

Autonomía energética europea

El caso europeo ayuda a visualizar algo que a menudo queda diluido en las grandes cifras: tras cada decisión de Moscú, Pekín o Washington hay un impacto directo en la factura de la luz, en el presupuesto de un bar de barrio o en la viabilidad de una fábrica en la periferia de Barcelona o de Bilbao.

Entender cómo se conectan esas piezas –gas ruso, Ormuz, bases militares, GNL estadounidense, China, Europa, regasificadoras españolas– es un paso necesario para participar de manera informada en el debate sobre qué modelo energético y qué grado de autonomía estratégica quiere construir Europa si no quiere que otros sigan decidiendo por ella.

Armando Alvares Garcia Júnior no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Triple ultimátum energético: cómo Rusia, China y Trump ponen a prueba a Europa – https://theconversation.com/triple-ultimatum-energetico-como-rusia-china-y-trump-ponen-a-prueba-a-europa-277773

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Juan Alfonso Revenga Frauca, Director experto, Grado de Nutrición Humana y Dietética, Universidad Internacional de Valencia; Universidad San Jorge

Si Súper Ratón levantara la cabeza, no podría estar más orgulloso al comprobar el éxito de su recomendación después de ochenta años. Sus palabras, “… y no olviden supervitaminarse y mineralizarse”, resuenan hoy en día mientras disfrutamos de una accesibilidad alimentaria sin precedentes.

Sin embargo, actuamos como si este hábitat de superabundancia no fuera suficiente. Cada vez más gente recurre a la suplementación, mientras un creciente número de profesionales sanitarios se adhiere al consejo de Súper Ratón.

La ciencia es clara: el uso de suplementos suele ser innecesario, resulta caro y no está exento de peligros. Además, los embajadores que los promocionan suelen incurrir en diversos supuestos ilícitos.

Distintas son las situaciones concretas en las que la suplementación sí estaría indicada de forma protocolizada, como déficits secundarios (cuando a pesar de una ingesta adecuada y debido a condiciones subyacentes no se produce la correcta digestión, absorción, transporte o utilización de un nutriente), vegetarianismo o embarazo, que aquí no se cuestionan.

El origen

A principios del siglo XX se sentaron las bases de la fisiología y se describieron las funciones de diversas sustancias. Hacia 1910 fue identificada la primera vitamina, la tiamina, y en 1948, la última, la cobalamina. Eran tiempos difíciles en los que guerras, recesiones y depresiones se plasmaron en forma de graves hambrunas y deficiencias nutricionales. Esto justificaba el auge de la suplementación: a falta de suficientes alimentos, buenos eran los suplementos.

Hoy debería ser diferente: los suplementos no aportan nada que no podamos obtener de los productos alimenticios, y de estos tenemos abundancia. Sin embargo, el marketing nos ha vendido una falsa ilusión: llevamos siete décadas surfeando la ola del nutricionismo, convencidos de que lo importante es el nutriente, al margen del alimento.

El marco legal

Los popularmente conocidos como “suplementos” y legalmente como “complementos alimenticios” están sujetos a la normativa alimentaria. En sentido contrario a la opinión de muchas personas y profesionales sanitarios, de ellos no se pueden decir más cosas que aquellas que pueden atribuirse a los alimentos. Más allá de la popular –pero errónea– perspectiva hipocrática, los alimentos no son medicamentos legalmente, y los suplementos, por tanto, tampoco.

Pero los últimos cuentan con una baza ganadora: se comercializan en forma de cápsulas, pastillas, polvos, ampollas, cuentagotas, etcétera, lo que recuerda indefectiblemente a un fármaco. Su presentación, unida a ciertos mensajes publicitarios, incita a creer que adquirimos el remedio para combatir astenia, alopecia, debilidad, impotencia, obesidad, dolores articulares, menopausia, etcétera.

Además, a diferencia de los fármacos, no tienen que demostrar una eficacia clínica para ser comercializados. Basta cumplir con la legislación alimentaria, la misma que aplica a una mermelada de albaricoque. Así lo dice el RD 1487/2009: “Las empresas responsables de la producción, transformación, envasado, almacenamiento, distribución, importación y comercialización de complementos alimenticios estarán sujetas a lo dispuesto por el Registro General Sanitario de Alimentos”.

Los riesgos

Un estudio reciente con más de 20 000 consumidores de suplementos no encontró ningún dato objetivo que justificara su uso. Aunque los usuarios informaron que se encontraban mejor al tomarlos, ninguna variable analítica lo confirmaba. Pero hay algo peor que la ineficacia.

Dado el escaso control sobre su composición (a diferencia de los medicamentos), no es raro que algunos complementos contengan sustancias no declaradas, dosis erróneas o incluso fármacos, dando lugar a productos adulterados. Es solo la punta del iceberg: algunas publicaciones han cuantificado en más de un 80 % la adulteración intencionada con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en suplementos “naturales” para el aumento del rendimiento sexual; o en más de un 20 % en suplementos para la pérdida de peso (de nuevo “naturales”) con sibutramina.

Y en el caso de productos para la mejora del rendimiento deportivo, una revisión encontró casos de adulteración con sustancias dopantes entre el 14 y el 50 % de las muestras. Estos ejemplos ponen de relieve el riesgo que, sobre la salud pública, implica el escaso control que se ejerce sobre los suplementos en general.

El negocio

Existe un amplio ecosistema de fabricantes y laboratorios que ofrecen una generosa gama de suplementos listos para usar. No se trata del sistema tradicional de laboratorios que comercializan sus productos, sino el de compañías que venden sus formulaciones para que otros pongan su imagen. Estos intermediarios ofrecen catálogos con infinidad de formulaciones prediseñadas, así como la posibilidad de adaptar envases, etiquetado y mensajes comerciales, centralizando el negocio en la identidad de quien da la cara.

La organización belga sin ánimo de lucro Journalismfund Europe para el periodismo de investigación puso de relieve este entramado y reveló lo fácil que es crear nuestra propia línea de suplementos en unos pocos días. Su estudio se tituló El ‘influencer’ como traficante de pastillas.

El proceso es simple: elegir las categorías de productos, como suplementos deportivos (los de creatina y whey protein son clásicos), productos para aumentar la vitalidad (como el bisglicinato de magnesio) o preparados para hacer frente a la inflamación o para la salud femenina. A partir de ahí, la empresa fabricante se ocupa de la parte técnica y regulatoria, mientras la marca visible (el prescriptor-influencer) se centra en su promoción, habitualmente en redes sociales.

El quid de la cuestión está en que, legalmente, estos productos se regulan como alimentos, no como medicamentos: no se exige demostrar su eficacia. Sí será necesario inscribirse cuando proceda como operador alimentario y asumir las obligaciones fiscales. Pero no se requiere una titulación sanitaria específica –ni de ningún tipo– para poner tu marca de suplementos en el mercado.

El valor intrínseco del suplemento se concentra en el relato: promesas de “alta calidad”, “formulación propia” o “ingredientes prémium” que buscan diferenciar productos virtualmente idénticos. En este mercado, la capacidad de construir una historia atractiva alrededor de los suplementos pesa más que la consagración de su eficacia.

El problema

El 90 % de las afirmaciones de salud de influencers vinculadas a la promoción de suplementos en Instagram son inadmisibles. Este fue uno de los hallazgos de una evaluación llevada a cabo por un centro oficial alemán de control de alimentos. Además, son ilegales en el marco de la UE, empezando por el Reglamento 1924/2006. Esta normativa prohíbe de forma explícita (artículo 12) las recomendaciones comerciales provenientes de cualquier profesional de la salud.

En España, cerca de la mitad de las resoluciones y dictámenes de Autocontrol de la Publicidad del último año estuvieron relacionados con ilícitos vinculados a influencers. En el último, una farmacéutica quedó señalada al promocionar un suplemento “para las defensas” incumpliendo tres normas: el Reglamento 1924/2006, el Real Decreto 1907/1996, sobre publicidad […] con pretendida finalidad sanitaria y la Ley 17/2011, de seguridad alimentaria y nutrición.

El problema es que hoy en día la capacidad real de vigilancia queda muy por detrás del volumen de mensajes en redes y medios, de modo que la mayoría de estos actos ilícitos nunca se pondrá de relieve y casi ninguno llegará a tramitarse.

Juan Alfonso Revenga Frauca no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. La mayoría de los suplementos son innecesarios, posiblemente peligrosos y mueven un gran negocio – https://theconversation.com/la-mayoria-de-los-suplementos-son-innecesarios-posiblemente-peligrosos-y-mueven-un-gran-negocio-274876

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Pablo Saralegui-Díez, Assistant researcher, Universidad Pablo de Olavide

En España hablamos de “comer más pescados y mariscos” casi como un mantra: menos productos cárnicos, más productos de origen marino. La recomendación tiene una base de salud pública, pero también climática.

En términos globales, los sistemas alimentarios contribuyen de forma relevante a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, y la ganadería es una fuente importante de estas. En este marco, las proteínas de origen marino se presentan a menudo como una alternativa con un menor impacto ambiental –consumo de energía y agua, emisiones o huella de carbono, contaminación, pérdida de biodiversidad…– por kilogramo de proteína.

El problema es que “producto acuático” no es una categoría homogénea. No tiene el mismo impacto un alimento fresco de proximidad que uno sometido a varias etapas de procesado hasta ser comercializado. Cuando analizamos toda la cadena de valor que lleva el alimento del mar al plato, vemos que el impacto ambiental de la transformación es mayor. Y esto vale incluso para el mejillón, un icono de la acuicultura.

El cultivo del mejillón se considera una forma de acuicultura de bajo impacto ambiental, ya que se alimenta de fitoplancton –diminutos organismos fotosintéticos– y no requiere de alimentación artificial. Además, aporta proteínas y micronutrientes a las dietas, y genera empleo en las zonas costeras.

Aun así, el impacto climático del mejillón no depende únicamente de su cultivo. Depende también del procesado industrial, del tipo de presentación comercial, de los flujos de transporte y de la lógica del comercio, incluida la exportación e importación del producto en sus distintas formas.

La huella de carbono de toda la cadena del mejillón

Un equipo multidisciplinar hemos cuantificado la huella de carbono de la cadena alimentaria del mejillón en España, desde la fase de producción hasta el consumo, distinguiendo las principales presentaciones comerciales: fresco, congelado y en conserva. Nuestra investigación está disponible en acceso abierto en Resources, Conservation and Recycling.

La novedad es que hemos calculado por primera vez la huella de la cadena completa, integrando producción, depuración, transformación industrial, comercio y transporte a distintas escalas (internacional, nacional e intraprovincial).

El mejillón tiene asociada una baja huella de carbono en su producción, pero cuando se incorpora la realidad de la industria, el comercio y la logística, ésta cambia lo suficiente como para que el formato de presentación y la cadena de suministro sean las protagonistas de sus impactos.

Una producción concentrada y un consumo distribuido

La producción nacional de mejillón en sus tres presentaciones se concentra casi por completo en Galicia, con una serie de implicaciones ambientales y económicas. Por un lado, permite economías de escala y especialización productiva. Por otro lado, obliga a mover grandes volúmenes para abastecer el consumo en el resto de España. Todo ello, con flujos de exportación e importación que varían dependiendo de la presentación.

Aquí aparece la clave que a menudo se pierde en el debate público: la geografía de la producción no coincide con la geografía del consumo. El resultado es una cadena conectada, con múltiples trayectos, entradas y salidas, donde el producto puede cambiar de forma varias veces antes de llegar al consumidor.

El destino del mejillón fresco español ilustra esa dinámica. Solo el 25% de la producción de mejillón fresco se dirige al consumo doméstico. El resto se orienta a procesamiento industrial o se exporta. Y una fracción significativa del mejillón ya procesado también se exporta. Este comportamiento, que es habitual en otras cadenas alimentarias, tiene una consecuencia climática: una parte del impacto se desplaza hacia actividades industriales y logísticas.

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Impacto ambiental de la cadena del mejillón en España

Según nuestras estimaciones, la cadena alimentaria del mejillón en España genera alrededor de 288 000 toneladas de CO₂ equivalente al año (una medida del conjunto de gases de efecto invernadero equiparándolos al CO₂). Pero lo más interesante no es solo el total, sino cómo se reparte.

Aproximadamente el 45 % se asocia a la producción acuícola, incluyendo la depuración. Cerca del 43 % corresponde al procesamiento industrial y en torno al 12 % proviene del transporte. Dicho de otra forma: más de la mitad de las emisiones se relacionan con transformación industrial y logística, no con la fase de cultivo.

Este patrón tiene implicaciones claras para la política climática del sector. Si una estrategia se concentra exclusivamente en mejorar la producción acuícola, dejará fuera una parte importante del margen de reducción. En cambio, una estrategia que actúe sobre energía, eficiencia industrial, refrigeración, materiales y planificación logística puede recortar emisiones sin comprometer el papel del mejillón como alimento saludable.

La presentación cambia las emisiones por kilogramo

La comparación por kilogramo consumido muestra diferencias relevantes entre presentaciones, situándose las conservas en valores más altos que el producto fresco y el congelado. Así, las conservas oscilan entre 8,5 kg de CO₂eq por kg en escabeche y 6,7 kg de CO₂eq por kg en salmuera. El mejillón fresco ronda 4,1 kg de CO₂eq por kilogramo, mientras que el congelado supone en torno a 3,6 kg de CO₂eq por kilogramo.

En el caso del congelado, influye un factor logístico: el mejillón congelado se transporta sin concha, reduciendo la masa que se mueve por la cadena. Si se transporta sin esa parte no comestible, el impacto del transporte por kilogramo consumido baja. Esto no convierte al congelado en una solución universal, pero explica por qué puede tener un perfil climático competitivo cuando la logística está bien organizada.

Para poner estas cifras de emisiones en contexto, conviene recordar la huella de otros alimentos habituales. La carne de vacuno se sitúa muy por encima, con valores del orden de decenas de kg de CO₂eq por kg. El cerdo se acerca a rangos intermedios, alrededor de 7 kg de CO₂eq por kg. Y algunos pescados, como la merluza, pueden estar cerca de 4,4 kg de CO₂eq por kg. En esa comparación, el mejillón destaca como proteína marina de emisiones moderadas, pero con sensibilidad fuerte al nivel de industrialización y de flujos comerciales.

Consumo, exportación e importación: una cadena global

El balance de emisiones no se explica únicamente por el consumo interno. El estudio estima que la parte asociada al consumo ronda 190 000 toneladas de CO₂eq, mientras que la exportación suma unas 98 000 mil toneladas de CO₂eq. Además, alrededor del 21 % de las emisiones totales procede de productos importados en distintas presentaciones, en especial procesados desde países como Chile o Nueva Zelanda.

Este punto es relevante porque rompe una idea habitual: que el mejillón “es local” por definición. Puede serlo en su fase de cultivo en España, pero la cadena de valor funciona como una red global. En algunos formatos, como conservas, la materia prima importada puede tener un peso apreciable. El resultado es que el impacto climático del consumo depende no solo de la especie o del método de producción, sino de la ruta, el procesado, el origen y la logística asociada.

¿Qué significa todo esto para la transición alimentaria?

El mensaje final es sencillo: el mejillón es una buena opción en dietas con menor impacto climático, pero su potencial real depende de cómo se organice la cadena.

Para el sector, el margen de mejora está en reducir el grado de transformación y en optimizar la logística. Esto incluye eficiencia en calor y electricidad, mejora de materiales de envasado, organización de cargas, planificación de rutas y, cuando sea posible, reducir movimientos redundantes entre lugares de cultivo, plantas de procesado y centros de distribución.

Para el consumo, la recomendación no es “abandonar” las conservas. Tienen ventajas reales: vida útil, precio, disponibilidad. El consejo es entender que el formato importa y que, cuando se busca minimizar huella ambiental, el consumo de mejillón fresco o congelado puede ser una opción más favorable si procede de cadenas eficientes. En paralelo, es importante un etiquetado que haga visibles origen y rutas.

Los resultados ponen el foco en la importancia de las políticas públicas industriales y logísticas. Es necesaria una aproximación integral que permita relocalizar las cadenas, priorizar el abastecimiento doméstico y centrarse en premiar la eficiencia industrial y logística para alinear salud, economía costera y clima.

La huella ambiental del mejillón no se decide solo en la batea. Se decide también en la fábrica, en la cadena de frío y en la forma concreta en la que el producto viaja y llega a nuestros hogares.

Pablo Saralegui-Díez es miembro de Alimentta. Think Tank para la transición alimentaria.

Andrés Ospina-Álvarez es beneficiario de un contrato Ramón y Cajal financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (RyC2023–043454-I). Este trabajo es una contribución del “Centro de Excelencia” IMEDEA, María de Maetzu (CEX2021-001198). Andrés es miembro de Alimentta, think tank para la transición alimentaria.

Joan Moranta Mesquida recibe fondos de la Fundación Daniel y Nina Carasso y del proyecto de I+D+i PID2022-137648OB-C21 financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y “FEDER, UE”. Es miembro de Alimentta Think Tank para la transición alimentaria..

Sebastian recibe fondos de la Fundación Daniel y Nina Carasso y es miembro de Alimentta, Think Tank para la Transición Allimentaria; y de la Red CIGUS de la Xunta de Galicia.

Montserrat Ramón Herrero no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Cómo cambia el impacto ambiental de los mejillones si los consumimos frescos, congelados o en lata – https://theconversation.com/como-cambia-el-impacto-ambiental-de-los-mejillones-si-los-consumimos-frescos-congelados-o-en-lata-276132

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Isabel Cristina Alfonzo de Tovar, Doctora en español y su cultura, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El 13 de febrero de 2026 el cantante canario de música urbana, Quevedo, lanzó su nueva canción, “Ni borracho”. En la semana siguiente al lanzamiento, alcanzó el liderazgo en las listas españolas, tanto en la Chart Spain Songs de Billboard como en Top 100 Canciones de Promusicae, desbancando al omnipresente Bad Bunny.

Precisamente, venimos del espectáculo del puertorriqueño del medio tiempo de la Super Bowl (¿o Súper Tazón?) 2026 el 8 de febrero que generó mucha polémica. En primer lugar, por el uso del español en un contexto que, por tradición, siempre ha sido angloparlante. Además, porque se realizó mientras el país norteamericano atraviesa una difícil situación de polaridad entre los que apoyan o rechazan las acciones del gobierno estadounidense ante la migración. Y, por supuesto, se cuestionó la dificultad para comprender el español de una variedad local como la utilizada por Bad Bunny, incluso por hispanohablantes.

Dos ejemplos del éxito de una misma tendencia

También Quevedo, en su nuevo tema, apuesta por la identidad cultural de las Islas Canarias. Lo hace a través de un derroche de léxico compuesto por estructuras fraseológicas cargadas de referentes culturales que caracterizan al Archipiélago Canario. En las redes sociales se ha debatido mucho esta propuesta y la posible “referencia” al puertorriqueño.

Ambos intérpretes emplean una estrategia en la elaboración de sus canciones que está conectando con un público ávido por sentirse representado en la música que escuchan. Los dos, junto con otros muchos cantantes de todo el ámbito hispanohablante, utilizan sus raíces locales y su léxico más diferencial para que todo el mundo pueda sentirse incluido. Al fin y al cabo, todos tenemos una raíz y podemos conectar con el sentimiento que provoca la música global que nace desde sociedades locales. No es necesario entender lo que se dice; basta con saber que se dice desde dentro y que para el intérprete representa una descarga emocional.

Desde el punto de vista del léxico empleado, se trata en muchos casos de términos que se usan tanto en Canarias como en América, ya que ambos territorios comparten una buena cantidad de palabras y expresiones: pibe-a por chico-a, chance por oportunidad, guagua por autobús, etc.

Pero en su mayoría son vocablos exclusivos de los lugares donde crecieron. Así, Quevedo canta “¿Quién carajos dijo por ahí que en Canarias no hay enrale?”, que significa “diversión”. También dice “Se me está yendo el baifo”, donde “írsele a uno el baifo” quiere decir “despistarse”. Y entona “Mogollones, bailoteo, solo escucho: ‘Chacho, chacho’”. Los “mogollones” son las fiestas de los carnavales, similares a las verbenas, y “chacho” es una fórmula apelativa que se usa entre iguales, generalmente para llamar la atención o expresar sorpresa.

El texto está lleno de referencias culturales canarias: vírgenes locales, fiestas populares, topónimos, marcas comerciales exclusivas de las Islas, etc. Además, tanto él como Bad Bunny emplean múltiples referencias a la familia, sobre todo a la infancia de los músicos, la madre y los abuelos. En ambos casos se siguen reforzando así las conexiones locales.

Volver a las raíces

En este sentido, más que pensar en un plagio de estilo, habría que destacar el movimiento musical que está naciendo. Se trata de generar identidad cultural y reconocimiento de lo propio a través de la lengua y los referentes culturales vernáculos. Por supuesto, en ello ha de reconocerse el impacto mediático, social, cultural y lingüístico que ha provocado Bad Bunny.

Es curioso también el efecto que la Super Bowl ha tenido en el aumento del interés por hablar español en plataformas digitales como Duolingo o Preply, así como en la búsqueda de materiales y recursos para el aprendizaje de esta lengua. Por tanto, es necesario destacar la vinculación entre este movimiento musical y su impacto en la lengua española desde una perspectiva intercultural.

De hecho, esta tendencia musical crece en el ámbito hispanohablante. Muchos artistas se están uniendo a ella, lo que favorece el acercamiento entre culturas, independientemente de la dificultad que pueda presentar el intentar comprender la letra de las canciones.

Rawayana: identidad de una diáspora

Un claro ejemplo lo encontramos el grupo venezolano Rawayana, reconocido con el Premio Grammy en 2025 a Mejor álbum latino de rock o alternativo. La banda despertó, en torno a un vocablo de origen despectivo “veneka”, un movimiento de identidad cultural entre la diáspora venezolana.

“Veneka” (veneco) es un término que nace en los años 70 para referirse a los descendientes de migrantes colombianos que nacieron en Venezuela (Venezuela-Colombia). Durante la diáspora masiva de los últimos años, se recuperó el término para referirse de manera despectiva a los venezolanos migrantes, sobre todo en Colombia, Perú y Chile. En la actualidad, y teniendo la canción homónima como símbolo de reivindicación, el uso del término ha cambiado. Ahora representa la resistencia de, sobre todo, las venezolanas.

Caracterizada por su estilo trippy-pop, Rawayana ha lanzado recientemente su último disco: ¿Dónde es el After?. Muchas de sus canciones ya son trending topic en redes sociales. Por ejemplo, “Inglés en Miami”, una colaboración con el cantante colombiano Manuel Turizo, se volvió viral a partir del juego de palabras “tocotocoto”. El tema también incluye venezolanismos como tremenda nota (“muy agradable”) y expresiones propias del spanglish (“te voy a miss u”), un fenómeno lingüístico muy característico actualmente de la diáspora venezolana, cubana y puertorriqueña en Florida.

Finalmente, el tema “Qué rico PR!” promueve un acercamiento entre Puerto Rico y Venezuela a través del léxico y las referencias culturales, aunque también se incluyen vocablos de otras variedades del español.

Algunos ejemplos son los juegos de palabras entre palta (término utilizado en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay y algunas zonas de Paraguay y Ecuador) y aguacate (usado en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, España, República Dominicana y Puerto Rico); o guineo (Puerto Rico) y cambur (Venezuela) –para referirse al plátano–. Aunque se centra en topónimos puertorriqueños, la letra también hace uso de venezolanismos muy coloquiales –qué lacreo para decir “¡qué bien!”– o de spanglish –hoy hay un jangueo (“hoy hay una fiesta”), derivado del inglés hang out (“pasar un rato”)–.

Manual de resistencia musical

Desde hace tiempo la globalización parece estar generando un mundo uniforme y muchos pueblos sienten que están perdiendo su lengua (español frente a inglés), su música (ritmos latinos frente a músicas más comerciales) y, en general, su historia.

Esto está produciendo una reacción en la juventud que no quiere abandonar la globalidad que tantas cosas le proporciona (comercio, internet, movilidad), pero que se niega a renunciar a su cultura. Los artistas latinos están descubriendo una forma de llegar a todo el mundo sin soltar la conexión con lo propio. Todos podemos sentirnos identificados con ellos, sobre todo cuando hacen buena música.

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

– ref. Quevedo, Bad Bunny y Rawayana conectan con las raíces a través de las letras de sus canciones – https://theconversation.com/quevedo-bad-bunny-y-rawayana-conectan-con-las-raices-a-traves-de-las-letras-de-sus-canciones-276487