Category: Academic Analysis

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La actitud desafiante de Pedro Sánchez hacia Trump viene dictada por la política interna, pero también supone una prueba de fuego para Europa

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Waya Quiviger, Professor of Practice of Gobal Governance and Development, IE University

Cartel durante una manifestación celebrada en Logroño el 12 de marzo de 2026. Www.mariomartija.es/Shutterstock

La guerra en Irán ha puesto de manifiesto una vez más las tensiones entre el presidente español, Pedro Sánchez, y Donald Trump. Ambos líderes se han enfrentado en repetidas ocasiones a lo largo del último año, entre otras cosas por la continua oposición de España a la actuación de Israel en Gaza, su negativa a aumentar el gasto en la OTAN por encima del 2 % del PIB, y ahora su negativa a apoyar la guerra de EE. UU. en Irán.

A finales de febrero, España prohibió a EE. UU. utilizar sus bases militares conjuntas en Rota y Morón para operaciones relacionadas con la guerra de Irán. Como resultado, un furioso Trump declaró: “Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”.



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Desde entonces, Sánchez ha redoblado su oposición en un discurso televisado a nivel nacional, en el que expuso con rotundidad la postura del Gobierno español: “No a la guerra”. En las redes sociales también afirmó: “NO a las violaciones del derecho internacional” y “NO a la ilusión de que podemos resolver los problemas del mundo con bombas”.

Este desafío tan directo a la Administración Trump podría acarrear riesgos políticos. De hecho, las reacciones a la guerra por parte de otros Estados europeos han sido mucho más moderadas. ¿Por qué, entonces, ha adoptado Sánchez una postura tan inusualmente confrontativa?

El enfrentamiento se presenta como una cuestión de geopolítica o de derecho internacional, pero se entiende mejor como política interna que da forma a la política exterior. La cultura política antibélica histórica de España, la dinámica de la actual coalición de gobierno de izquierdas y los incentivos electorales internos ayudan a explicar la firme posición de Madrid.

La sombra de Irak

En su reciente discurso, Sánchez hizo una referencia específica a la guerra de Irak de 2003: “Hace veintitrés años, otra Administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio”, afirmó. “Una guerra que, en teoría, se dijo en aquel momento que se libraba para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Husein, para llevar la democracia y para garantizar la seguridad mundial, pero desató la mayor ola de inseguridad que nuestro continente había sufrido desde la caída del Muro de Berlín”.

En 2003, el presidente del Gobierno, José María Aznar, se unió a la coalición liderada por Estados Unidos para derrocar a Sadam Husein. La decisión desencadenó protestas masivas en todo el país y contribuyó en parte a la derrota de Aznar en las elecciones de 2004. Su oponente, José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista (PSOE), hizo campaña con la promesa de retirar las tropas de Irak, promesa que cumplió inmediatamente después de asumir el cargo.

La guerra de Irak marcó profundamente la actitud de la opinión pública española hacia la intervención militar en Oriente Medio, y su legado explica el instinto de Sánchez de distanciar a España de la guerra de Irán. Su postura no es solo ideológica: refleja el recuerdo de lo políticamente perjudicial que puede resultar para un Gobierno español alinearse con las intervenciones estadounidenses.

Política de coalición y primeras señales electorales

La postura del presidente sobre la guerra en Irán también puede analizarse a la luz de la actual coyuntura política interna. Sánchez gobierna con el apoyo de partidos de izquierda que se oponen firmemente a la intervención militar estadounidense. Respaldar a Washington, o incluso facilitar la guerra a través de las bases estadounidenses, podría poner en riesgo la estabilidad de esa coalición. Pero el cálculo político puede ir aún más allá.

Sánchez se ha ganado la reputación de sobrevivir repetidamente a crisis políticas. A pesar del descenso en las encuestas y de los continuos escándalos dentro de su partido y su círculo más cercano, parece apostar por que la profunda impopularidad de Trump en España acabará jugando a su favor, especialmente entre su base de votantes de izquierdas.

Los recientes resultados electorales sugieren que la estrategia podría estar calando entre los votantes. En las muy esperadas elecciones autonómicas de Castilla y León celebradas el domingo pasado, el PSOE aumentó su representación, ganando dos escaños adicionales a pesar de que las encuestas sugerían que el partido podría perder terreno de forma significativa.

Aunque unas elecciones no pueden determinar las tendencias nacionales, el resultado ofrece un primer indicio de que una postura firmemente antibélica podría no acarrear los costes políticos internos que predijeron los críticos. En todo caso, puede haber reforzado el atractivo de Sánchez más allá de las líneas partidistas entre los votantes escépticos ante la escalada militar, críticos con Donald Trump y partidarios de una política exterior europea más independiente.

Si se demuestra que el líder del PSOE tiene razón, también se reivindicaría la postura del Gobierno español respecto a la OTAN. En junio de 2025, España se negó a aumentar el gasto en defensa hasta el objetivo del 5 % de la OTAN propuesto por Trump, lo que provocó duras críticas por parte del presidente estadounidense. La disputa refleja una realidad política más amplia: el aumento del gasto en defensa es impopular entre el electorado español.

Visto en este contexto, el enfrentamiento por la guerra de Irán forma parte de una tendencia más prolongada en la que las consideraciones políticas internas determinan la posición de España dentro de la alianza transatlántica.



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Presiones internas en toda Europa

La postura de España puede parecer inusualmente beligerante, pero la respuesta de Europa a la guerra de Irán ha estado lejos de ser unánime. Gran parte de esta variación refleja las diferentes presiones políticas internas a las que se enfrentan los líderes europeos.

En Alemania, el canciller Friedrich Merz evitó inicialmente criticar directamente los ataques estadounidenses y, en general, ha hecho hincapié en la unidad transatlántica. No obstante, ha advertido contra un conflicto prolongado y ha subrayado que Alemania “no es parte en esta guerra” y no quiere convertirse en ella, destacando las preocupaciones sobre la perturbación económica y la inestabilidad regional.

El Reino Unido ha adoptado una postura igualmente cautelosa. El primer ministro Keir Starmer insistió en que se aclararan los objetivos de EE. UU. y la justificación legal antes de comprometerse a prestar apoyo militar, haciendo hincapié en la diplomacia y la seguridad marítima en lugar de la participación directa en el conflicto.

La italiana Giorgia Meloni ha planteado sus preocupaciones sobre la legalidad de la guerra, pero ha evitado condenar abiertamente a Washington. Su Gobierno ha hecho énfasis en el respeto de los acuerdos vigentes que regulan las bases militares estadounidenses en lugar de bloquear su uso de forma tajante, lo que refleja tanto los fuertes lazos de seguridad de Italia con Estados Unidos como la propia alineación política de Meloni con los conservadores transatlánticos.

El panorama general es el de una respuesta europea fragmentada. En todo el continente, los Gobiernos están sopesando sus propias limitaciones políticas internas frente a cálculos estratégicos internacionales más amplios.

Una prueba de fuego para Europa

La respuesta de España a la guerra de Irán puede ofrecer el ejemplo más claro hasta la fecha de cómo la política interna está configurando la reacción de Europa ante el conflicto. El tiempo dirá si la postura de Sánchez resulta políticamente sostenible en el ámbito nacional y si convierte a España en la abanderada de un enfoque europeo más firme hacia Washington o simplemente en un caso aislado.

Si la estrategia tiene éxito, podría animar a otros líderes europeos a plantar cara a Washington. Sin embargo, si sale mal, es probable que la respuesta cautelosa de Europa se afiance aún más.

En cualquier caso, el episodio ilustra una realidad más amplia de las relaciones internacionales. Las decisiones de política exterior pueden presentarse como cuestiones de derecho internacional o de principios, pero en los sistemas democráticos suelen estar determinadas, ante todo, por las presiones de la política interna.

The Conversation

Waya Quiviger no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. La actitud desafiante de Pedro Sánchez hacia Trump viene dictada por la política interna, pero también supone una prueba de fuego para Europa – https://theconversation.com/la-actitud-desafiante-de-pedro-sanchez-hacia-trump-viene-dictada-por-la-politica-interna-pero-tambien-supone-una-prueba-de-fuego-para-europa-278820

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How the words that Iran and America use about each other paved the way for conflict

Source: The Conversation – UK – By Trang Chu, Associate Fellow, Saïd Business School, University of Oxford

The conflict between the US – and its partner Israel – and Iran was nearly half a century in the making. Many explanations have been offered: strategic miscalculation, nuclear brinkmanship, regional rivalry and the failure of deterrence of Iran’s nuclear programme. But there is also the nature of the language through which each side has come to perceive the other.

Over 47 years, the language on each side has progressively hardened from assessments of behaviour into verdicts about the moral nature of each side’s adversary. It not only describes the enemy, but actively participates in creating it.

The language of American enmity towards Iran did not begin as a full moral verdict. In the 1980s and 1990s, Iran’s clerical leadership appeared in western media and policy discourse as the “mad mullahs”. It was a label that personalised the conflict and cast Iranian leaders as irrational rather than simply hostile. By the 1990s, the “rogue state” frame took hold, still defining Iran by its behaviour rather than its nature: a rogue, in principle, could change course.

A significant shift occurred in January 2002 when George W. Bush designated Iran as part of the “axis of evil”. His speechwriter David Frum later recalled drafting “axis of hatred”, but Bush insisted on using “evil” instead. This choice was unsurprising, as Bush’s was widely seen a “faith-based” presidency, influenced by deeply internalised evangelical Christianity.

By February 2026, the vocabulary had reached its most extreme register. Donald Trump described Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, as “one of the most evil people in history”, killed along with “his gang of bloodthirsty THUGS”. In a video posted on his Truth Social, Trump explained the collapse of negotiations by stating that Iran’s leaders “just wanted to practise evil”. The Israeli prime minister, Benjamin Netanyahu, invoked the Book of Esther, equating the Iranian leadership with Haman — the inherently evil villain of Jewish scripture. He framed the operation as the fulfilment of a 2,500-year moral obligation.

Iran had its own vocabulary, with roots that were theological before becoming political. The designation of America by the Islamic Republic’s first supreme leader, Ayatollah Ruhollah Khomeini as the “Great Satan” drew on the Quranic figure of shaitan ar-rajim (accursed one/outcast devil). It eventually became a category through which American actions – the 1953 coup and decades of support for the deposed shah — were interpreted. The term also served a domestic purpose: the Great Satan depicted any Iranian advocate of rapprochement as a collaborator with Satan. This made moderation seem less like a policy dispute and more like a form of moral treason.

When Bush named Iran in his axis of evil, a parallel mechanism emerged on the other side. Political analysts found Iranian elites overwhelmingly viewed the designation as a boon for conservative factions in Iran – the metaphor appearing to reinforce the intransigence it claimed to criticise. Over the following two decades, Tehran increasingly framed its regional alignment as an axis of resistance: a loosely connected network of allied movements presented not as acts of aggression but as heroic solidarity against a cosmic aggressor.

What stands out across this arc is a pattern of accumulation. Each new label — Great Satan, mad mullahs, rogue state, axis of evil, axis of resistance — added another layer to the adversary’s story, making it progressively more resistant to revision. Both sides converged on the same device, each attributing a corrupted moral nature to the other, an entity whose soul was the central issue.

A soul to condemn

National anthropomorphism — the metaphorical attribution of human traits to a nation-state — is a common feature of political language. “Mother Russia”, “Uncle Sam”, and “Homeland-Mother China” each give the country a face, a will and a singular identity that can be addressed, celebrated or defended. Such figures allow citizens to experience attachment, obligation and hurt as if directed toward a single person.

However, labels such as “Great Satan”, “the Global Arrogance”, “mad mullahs”, and “gang of bloodthirsty thugs” serve a fundamentally different purpose. They moralise and condemn a nation’s soul itself. The moment a nation is characterised as evil rather than as an adversary, it drifts out of the realm of diplomacy altogether.

The framings were not just hostile but asymmetrical, with clear geopolitical implications. Iran’s language depicted the US as untrustworthy yet highly capable – powerful, calculating, world‑devouring. This portrays an adversary whose strengths you resent and feel compelled to match. It carries an emotional logic of envy in the technical sense – a rivalrous resentment towards an opponent you tacitly admit is formidable. Seen through such a lens, Iran’s nuclear ambitions appear less as pure aggression and more as an effort to close a capability gap with an opponent whose strength its own rhetoric acknowledges.

The US framing attributes untrustworthiness and malevolent incompetence to Iran. They are a country of mad mullahs, a rogue state, a gang of bloodthirsty thugs whose leaders “just wanted to practise evil”. This does not sketch a formidable rival – it conjures something menacing in intent yet incapable of reason, operating below the threshold of rational calculation. Groups framed in this manner tend to elicit contempt. An enemy framed as contemptuous is less likely to register as an adversary that can be deterred and more likely to appear as a problem to be removed.

Its members cease to exist as reasoning agents. Their stated aims are no longer believed, their experiences no longer imagined and their inner life no longer granted as grounds for negotiation.

When that perception becomes embedded within political leadership, the arguments for engagement with the adversary start to disintegrate.

What the words have led to

The US-Israeli strikes happened in the middle of active diplomacy, not after its failure. Iran had proposed a pause on enrichment and zero stockpiling. But within a framework that had spent 47 years defining Iran’s nature rather than its behaviour as the key issue, no such proposal could be seen as genuine by Washington. When a nation’s nature is repeatedly portrayed as irredeemably evil, what it does at the negotiating table becomes insignificant. The nature precedes the behaviour, and no behaviour can change it.



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To each side, the identity judgements of nearly half a century have become almost a self-fulfilling prophecy. Each side will interpret what follows as confirmation of what it has always believed. That is what 47 years of presupposed moral condemnation can become: a frame so absolute and impenetrable that the violence it accompanies becomes a vindication.

The Conversation

The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. How the words that Iran and America use about each other paved the way for conflict – https://theconversation.com/how-the-words-that-iran-and-america-use-about-each-other-paved-the-way-for-conflict-279015

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US attacks on Cuban medical missions risk damaging healthcare for poor people in developing countries

Source: The Conversation – UK – By Helen Yaffe, Lecturer in Economic and Social History, University of Glasgow

Cuban doctors who worked in Mexico during the height of the COVID pandemic return to Havana. Yandry_kw/Shutterstock

There were tearful scenes in the central American nation of Honduras on February 23, as locals said goodbye to the Cuban healthcare professionals who had been treating them for free for around two years. It came after the Honduran government abruptly ended the Cuban medical mission under pressure from the administration of the US president, Donald Trump.

That same day, a “sensitive” US State Department memo was sent to the secretary of state, Marco Rubio. It discussed the US strategy to sabotage Cuba’s medical internationalism, which has been an integral part of the island nation’s foreign policy since 1960. In recent years it has also become a key pillar of its economy.

The US has imposed unilateral sanctions on Cuba for more than 60 years. These prevent Cuba from engaging in “normal” international trade – for example, third parties cannot sell goods to Cuba if 10% of their components are from US companies or subsidiaries. And Cuba cannot export goods to the US. On top of that, the US blockade severely restricts Cuba’s access to the international financial system.

In this context, the export of medical professionals has become vital to the Cuban economy. For decades the Cuban government sent medical missions around the world as a donation to developing nations. But over the past two decades, it has developed cooperation agreements under which governments or local authorities pay the Cuban government for the medical services of its healthcare professionals.

Attacking that revenue looks to be a key component of the US push for regime change in Cuba by the end of the year. This is alongside the total oil blockade imposed by Trump’s executive order on January 29, which has now caused multiple national blackouts that have left the entire island in the dark.

It is a policy of carrots and sticks. Countries kicking out Cuban medics are offered US support for “infrastructure modernisation” – things like telemedicine and virtual training. A year earlier, Rubio had announced visa restrictions for current and former officials and their families from anywhere in the world who took part in Cuban programmes.

By mid-March this year, neighbouring governments fell into line. Guatemala, Paraguay, the Bahamas, Guyana and Jamaica terminated Cuban medical missions, ending decades of cooperation. In Guatemala, more than 400 Cuban healthcare professionals, most of them doctors, are serving indigenous communities under a three decades-long partnership. The last doctors will leave by the end of the year.

Cuban doctors leaving Honduras in February 2026.

The US government’s attack on Cuban medical internationalism is not new. It began in 2006, the year after the oil-for-doctors programme between Cuba and Venezuela transformed the export of healthcare professionals into Cuba’s greatest revenue source.

US policy sought to eliminate this income and undermine the prestige the programmes earned the island. The then US president, George W Bush, set up the Cuban Medical Professional Parole (CMPP) Program, encouraging Cuban medics abroad to abandon missions and defect to the US. The programme was ended only in 2017, in Barack Obama’s final days as president.

Despite this, and reflecting the deficit in healthcare globally, Cuba’s earnings from the export of healthcare services rose. Revenues in 2018 (the first year Cuba published separate data for health services) were US$6.4 billion (£4.8 billion). Trump’s first administration developed policies, and funding, to sabotage these programmes.

Cuba’s bill of health

It also devised a new justification for doing this. The US government could not openly demand that countries sacrifice the health and wellbeing of their populations just to deny Cuba revenue. So instead, it accused Cuba of human trafficking and equated its healthcare professionals to slaves.

Anyone who has spoken to Cuban participants – as I have – knows the overseas service contracts they sign provide them with their regular Cuban salary, plus extra remuneration from the host country. They are guaranteed holidays and contact with families.

Even with tens of thousands of medical workers overseas, the state’s investment in healthcare and medical training means that the Cuban population has the highest ratio of doctors per person in the world. In 2022, it was said to have nine doctors and nine nurses for every 1,000 citizens. In the US, there are 2.6 doctors per 1,000 citizens and in the UK the figure is 3.2.

For many Cuban healthcare professionals, it signifies the fulfilment of an internationalist duty; for others a way to travel or increase their income. The Cuban government takes the lion’s share of revenues and puts them back into Cuba’s universal free public healthcare provision and medical training.

But under Trump’s second administration, Rubio, the son of Cuban migrants who left the island during the Batista dictatorship, has spearheaded a renewed attack on the island’s international medical programmes. The recent State Department memo stated that Cuban medical brigades were a key source of “hard cash” for the regime.

The four forms of Cuban medical internationalism practices established in the 1960s are:

  1. emergency medical brigades overseas
  2. treatment of foreign patients in Cuba
  3. training foreign students as healthcare professionals, and,
  4. establishment of public healthcare facilities overseas.

This contribution to developing nations has often been ignored or censored. But it translates into millions of lives saved and improved globally every year. Sabotaging medical internationalism would devastate Cuba. But it would also leave millions of people around the world without the vital medical attention that they had previously enjoyed.

The Conversation

Helen Yaffe does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. US attacks on Cuban medical missions risk damaging healthcare for poor people in developing countries – https://theconversation.com/us-attacks-on-cuban-medical-missions-risk-damaging-healthcare-for-poor-people-in-developing-countries-278748

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Why the damage to Qatar’s gas infrastructure could push costs higher for years to come

Source: The Conversation – UK – By Adi Imsirovic, Lecturer in Energy Systems, University of Oxford

Qatar’s Ras Laffan “energy city” was hit by Iranian strikes. PaPicasso/Shutterstock

On March 19, Ras Laffan, the largest liquified natural gas (LNG) terminal in the world, supplying one-fifth of the world’s super-chilled fuel, was hit by Iranian missiles and drones. The Qatari terminal suffered substantial damage in the strikes – fires were raging across the gas-to-liquids facility within the complex, which covers 295 square kilometres – the size of a large city.

Investments worth tens if not hundreds of millions of dollars disappeared into thin air. Damage was estimated to be so extensive that QatarEnergy’s CEO, Saad Sherida al-Kaabi, said the company may have to declare a “force majeure” (non-fulfilment of orders due to circumstances outside their control) on long-term contracts. He said this could affect LNG supplies to Italy, Belgium, Korea and China “for up to five years”.

Similar to oil, gas exports from the Persian Gulf supplied about 20% of world demand. But gas (mostly methane) is a very different fuel from crude oil. To move it in liquified form, methane must be chilled to below -162°C.

But at these temperatures steel becomes brittle and shatters. So storing and transporting LNG in ships is expensive and very energy-intensive. Liquefaction and transportation of methane can easily consume 15% of the initial natural gas extracted.

It also means that the infrastructure that enables a highly flammable and explosive fuel to be handled at these extreme conditions has to be complex and consequently very expensive. Ras Laffan, for example, was built over decades and in several phases, costing tens of billions of dollars.

No quick fix

Interestingly, Qatar’s North Field and Iran’s South Pars gas field are part of the same massive geological structure, separated only by a maritime border in the Persian Gulf. Together, they form the world’s largest natural gas field.

So, Iran and Qatar are essentially exploiting the same gas reservoir the same way two people would use straws to drink from the same bottle. The US president, Donald Trump, now appears to have retreated from his threats to blow up “the entirety” of the Iranian gas field – but this geological fact had always made his comments quite ridiculous.

While Qatar exports most of its production, Iran uses the bulk of its gas domestically (although some exports go via pipeline to Turkey and Iraq).

But the damage to the complex has been done, and it affects some 17% of the country’s LNG infrastructure. Repairing it will take a long time, precisely because of the complexity of LNG projects.

The plant must be warmed up slowly before repairs and cooled down slowly after. Rapid temperature changes can cause pipes to bend or even snap. And parts of the plant are bulky and hard to transport. The main heat exchangers can be more than 50 metres long, and compressors, turbines and liquefaction trains can easily weigh 5,000 metric tonnes. Storage tanks must be built of special alloys with double walls and customised insulation.

In other words, gas is very different to oil. Recent events have shown just how vulnerable the LNG supplies from the Gulf region are. They are going to affect Asia most, as about three-quarters of Qatar’s LNG ends up there – particularly China, India, Taiwan, South Korea and Pakistan, as well as others.

Most of the rest ends up in Europe – Italy, Belgium, Poland and a small amount to the UK (the UK imported only about 1% of its supply from Qatar last year). The majority of the UK’s imports come from its own UK production in the North Sea and imports from Norway and the US.

However, LNG is a part of the global energy market and the shortfall in production will result in higher prices globally. Gas will end up with the highest bidder, while some nations will probably go back to using coal. This may especially be the case with India, Pakistan, Bangladesh and a few other Asian countries that are very sensitive to high fuel prices.

Some European countries may even see coal as a cheaper option. Following the events in the Gulf, this “spark spread” (the profit margin from gas-fired electricity generation) has fallen, narrowing the gap in Europe with the “dark spread” (profit from generating power using coal).

The benchmark for European gas prices, the Dutch Title Transfer Facility, has more than doubled since mid-January. Coal prices have picked up due to higher demand, but not as much. Unlike oil, the LNG shortage has turned from a logistical problem – the closure of the strait of Hormuz – into a structural one. The damage to the Qatari production facility may take several years to repair. This means that gas prices – already high – are likely to remain elevated for some time.

The Conversation

Adi Imsirovic does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. Why the damage to Qatar’s gas infrastructure could push costs higher for years to come – https://theconversation.com/why-the-damage-to-qatars-gas-infrastructure-could-push-costs-higher-for-years-to-come-278943

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Canada’s migratory caribou are under threat. Will we act before it’s too late?

Source: The Conversation – Canada – By Benjamin Larue, Faculty Affiliate in Wildlife Biology, University of Montana

Delegates are gathering in Campo Grande, Brazil, for the 15th Conference of the Parties (COP15) on the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals. The meeting aims to address growing threats to migratory animals — from birds and whales to large land mammals.

The outcome could matter for caribou — one of Canada’s most recognizable wildlife species, immortalized on the country’s 25-cent quarters. Canada has not ratified the convention, but COP15 still matters here: it sets global norms and shines an international spotlight on a crisis unfolding in Canada’s North.

Every year, migratory tundra caribou travel hundreds — sometimes thousands — of kilometres across the Arctic and subarctic. These journeys are the longest known terrestrial migrations on Earth.

a silver 25 cent coin featuring a caribou with antlers
One side of the Canadian 25-cent coin featuring a caribou.
(Royal Canadian Mint)

As large herds of caribou migrate between the boreal forest in winter and the tundra in summer, they move nutrients across vast landscapes and shape vegetation, soils and food webs.

Their migrations also sustain Indigenous cultures and ways of life across the Arctic. For Inuit in Kugluktuk, caribou are part of a relationship of respect and reciprocity that supports physical, cultural and spiritual well-being. Generations of lived experience on the land have produced an deep understanding of caribou.

But today, caribou migrations are in peril. Once numbering around 470,000 animals, the Bathurst caribou herd has collapsed by more than 99 per cent since the 1980s. Today, only about 3,600 remain.

Within a single human lifetime, one of the great migrations of the North has nearly disappeared, a decline witnessed first-hand by people in Kugluktuk. Other herds across the North American Arctic tell similar stories, with devastating effects on Indigenous communities.

Navigating the perils of a changing Arctic

Animals learned to migrate because it helps them survive. For caribou, travelling long distances to calving grounds offers major advantages. First, migration allows females to time giving birth with the brief burst of nutritious spring vegetation, when plants provide the protein levels needed for females to nurse growing calves.

Second, when tens of thousands of females gather to give birth within a short window of time, predators such as wolves and bears can only consume a small fraction of calves — a phenomenon ecologists call “predator swamping.”

But the ecological conditions that once made caribou migrations so effective are changing.



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Arctic warming is altering vegetation growth in northern ecosystems. In many regions, plants growth is starting earlier in spring. Migratory animals like caribou may not always adjust their movements at the same pace, potentially creating mismatches between migrations and peak food availability.

Climate change may also be reshaping species interactions. Grizzly bears appear to be increasingly present in parts of the tundra where they were historically less common, potentially increasing predation during the calving season.

We recently conducted research into this trend, along with colleagues, using a large network of camera traps. We documented substantial overlap between grizzly bears and Bathurst caribou during calving.

If predators are increasingly present where calves are born and climate change affects the timing of resources available to mothers, migration may no longer be as advantageous.

Infrastructural barriers to migration

Migration depends on something deceptively simple: space. Caribou must be able to move freely across vast landscapes. Around the world, roads, fences and other human infrastructure have fragmented migration routes and limited the space available to animals.

The Arctic remains one of the last places where large-scale terrestrial migrations still unfold largely intact. But that distinction is increasingly under pressure.

Proposed infrastructure projects such as the Arctic Economic and Security Corridor in northern Canada and the Ambler Road Project in Alaska would cross hundreds of kilometres of key caribou migratory routes. For Indigenous communities, the stakes are high.

People from these communities have repeatedly raised concerns about the potential impacts of such projects. Their voices, and the land-based knowledge that informs them, must be central to planning and consent processes. Too often, consultation occurs only after major decisions have already been made and local voices are muted.

Where development proceeds, Indigenous Peoples must also be meaningful beneficiaries rather than communities left to bear the ecological and cultural costs of projects that threaten the wildlife they depend on.

Studies of caribou and other migratory ungulates show that roads and industrial activity can disrupt movements, reduce landscape connectivity and affect survival. These concerns have led some Indigenous organizations to oppose new road construction and resource development in caribou habitat, citing the long-term risks to herd viability. Together, Inuit and scientific knowledge contribute to wildlife co-management, and under Nunavut’s co-management system, Inuit are a strong voice for wildlife — especially caribou.

Protecting migrations in a changing world

Globally, migratory species are declining at alarming rates. A recent United Nations report found that nearly half of migratory species are experiencing population declines.

This week, governments from around the world are in Brazil for the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals. As a non-party to the convention, Canada is not bound by its outcomes — but the moral and diplomatic pressure to act is no less real.



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Indigenous-led conservation aims to rekindle caribou abundance and traditions

The tools exist: transboundary protections, migratory corridor designations and co-ordinated limits on industrial development in critical habitat. What’s lacking is the political will to apply them at the scale the crisis demands.

For these measures to succeed for caribou, they must also incorporate Indigenous land rights alongside practical mitigation measures — such as seasonal traffic restrictions — that allow caribou to move freely across their migration routes.

Protecting caribou migrations also requires confronting the broader climate crisis driving Arctic change. The Arctic is warming nearly four times faster than the rest of the planet, and the phenological mismatches and shifting species ranges that threaten caribou will only intensify as greenhouse gas emissions rise. That means saving caribou migrations ultimately demands a rapid and genuine reduction in our collective carbon footprint.

As delegates gather in Brazil, the fate of Arctic caribou migrations should serve as both a warning and a test. Caribou migrations are among the great natural wonders of our planet. Whether future generations will still witness them depends on decisions being made right now — and on whether those decisions finally centre the peoples who live with, and for, the caribou.

The Conversation

Benjamin Larue receives funding from the Liber Ero Postdoctoral Fellowship, the World Wildlife Fund and the National Geographic Society.

Allen Niptanatiak and Amanda Dumond do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. Canada’s migratory caribou are under threat. Will we act before it’s too late? – https://theconversation.com/canadas-migratory-caribou-are-under-threat-will-we-act-before-its-too-late-277591

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Mujeres invisibles en los campos: el paradigma de las inmigrantes temporeras en España

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Blanca Obón Azuara, Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y en Medicina Intensiva, Departamento de Sanidad de Aragón

bear_productions/Shutterstock

La agricultura española se sustenta en gran medida en el trabajo estacional. Detrás de los frutos que llegan a las mesas se esconde la realidad de miles de mujeres migrantes temporeras que enfrentan una compleja red de desigualdades en su salud y condiciones laborales.

Un trabajo feminizado y segregado

La segregación de tareas por sexo es una realidad palpable en el campo español. Mientras los hombres se dedican a labores mecanizadas o de mayor carga física, las mujeres se concentran en la recolección y el manipulado.

Esta división no es neutral: ellas se enfrentan a riesgos laborales específicos derivados de la repetición de movimientos y posturas forzadas y agravados por la falta de equipos de protección individual (EPI) que se adapten a su fisonomía.

Además, la contratación en origen, ejemplificada por el programa GECCO del Gobierno español, crea una fuerte dependencia de intermediarios y de los empleadores, acentuando la precariedad y vulnerabilidad de mujeres migrantes en la agricultura.

Este modelo de migración circular, aplicado mayoritariamente a mujeres para la cosecha de frutos rojos, ha sido objeto de críticas por sus condiciones de vulnerabilidad.

Más allá del campo: vivienda y acoso

Las desigualdades no terminan en la jornada laboral. El alojamiento, provisto por el empleador, se convierte en un espacio de control social donde las mujeres están expuestas al acoso sexual y otras formas de violencia de género. A diferencia de los hombres, que suelen habitar en asentamientos informales de extrema precariedad pero con mayor autonomía, las mujeres afrontan una “liminalidad íntima” donde su vida privada queda supeditada al entorno laboral.

A pesar de que el Convenio 190 de la Organizacíón Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso entró en vigor en España en 2023, su implementación en el sector agrario sigue siendo insuficiente. La falta de protocolos efectivos y canales de denuncia protegidos deja a muchas trabajadoras en una situación de desprotección frente a abusos.

El derecho teórico a la salud

España reconoce legalmente el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, pero la realidad para las temporeras migrantes es muy distinta. Las barreras idiomáticas, la falta de mediación cultural y el desconocimiento de sus derechos dificultan el acceso a servicios básicos, especialmente en lo que se refiere a salud sexual y reproductiva.

Mientras los hombres hacen frente a obstáculos relacionados con la irregularidad documental o el temor a represalias, las mujeres suman barreras estructurales en la atención ginecológica y el seguimiento del embarazo.

La ausencia de dispositivos de salud sensibles al género en las zonas de campaña agrava esta brecha asistencial.

Discriminación en la selección: el estatus familiar

Un hallazgo particularmente preocupante es la discriminación en los procesos de selección en origen. Se han documentado prácticas que priorizan a mujeres con hijos menores y un estado civil específico, bajo la supuesta finalidad de “garantizar el retorno”. La exigencia del Libro de Familia para acceder a un empleo es discriminatoria por sexo y situación familiar, y vulnera la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva y la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato, además de las directivas europeas y el Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación.

Esta selección condicionada refuerza la segregación laboral y la dependencia, limitando la capacidad de las mujeres para denunciar abusos por miedo a no ser contratadas en futuras campañas.

Hacia una acción coordinada

La situación de las temporeras no es un efecto colateral, sino el resultado de un modelo que prioriza la eficiencia económica sobre los derechos humanos. Es urgente implementar políticas públicas efectivas entre las que destacan:

Visibilizar esta doble carga es el primer paso para garantizar que los derechos laborales y de salud sean una realidad para todas las personas que sostienen nuestra agricultura.

Artículo escrito con el asesoramiento de la Sociedad Española de Epidemiología.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

– ref. Mujeres invisibles en los campos: el paradigma de las inmigrantes temporeras en España – https://theconversation.com/mujeres-invisibles-en-los-campos-el-paradigma-de-las-inmigrantes-temporeras-en-espana-275330

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Millones de personas tienen la bacteria que causa la tuberculosis sin saberlo

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Luis Felipe Reyes, Profesor de muy alto prestigio en Enfermedades Infecciosas, Universidad de La Sabana

New Africa/shutterstock

Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis. Y, sin embargo, es una fecha que pasa casi desapercibida, quizá porque muchos la ven como una enfermedad del pasado. Algo lejano, asociado a otra época, a novelas o a contextos muy específicos.

Pero la realidad es mucho menos cómoda: la tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de muerte por infección en el mundo. Y, sorprendentemente, convive silenciosamente con muchos de nosotros.

Una bacteria que vive en millones de personas

Se estima que una de cada cuatro personas en el planeta tiene en su organismo la bacteria que causa la tuberculosis. Sí, una de cada cuatro. En la mayoría de los casos, este microorganismo (Mycobacterium tuberculosis) permanece “dormido”. No causa síntomas, no se detecta fácilmente y no genera enfermedad. Es lo que se conoce como infección latente.

Pero esa aparente tranquilidad es engañosa. En determinadas circunstancias –por ejemplo, cuando el sistema inmune se debilita–, la bacteria puede activarse y provocar una enfermedad que afecta principalmente a los pulmones, pero que también puede comprometer otros órganos.

Esto significa que la tuberculosis no es solo un problema de quienes enferman: es una infección ampliamente distribuida, una especie de “reserva silenciosa” global que puede reactivarse en cualquier momento.

Un problema global, pero profundamente desigual

En 2021, se detectaron alrededor de 9,4 millones de casos nuevos de tuberculosis y se produjeron 1,35 millones de muertes a manos de esta enfermedad en el mundo. Son cifras tremendas, pero por sí solas no cuentan toda la historia. Lo más importante es cómo se distribuyen.

La tuberculosis no afecta a todos por igual. En muchos países de ingresos altos, la enfermedad ha disminuido de forma sostenida en las últimas décadas. Es poco frecuente, suele diagnosticarse de manera temprana y el tratamiento está disponible.

En cambio, en regiones de África, Asia y América Latina sigue siendo una realidad cotidiana. Allí, factores como el hacinamiento, la pobreza, la desnutrición o el acceso limitado a los servicios de salud favorecen la transmisión y progresión de la enfermedad.

En otras palabras, la tuberculosis no es solo una infección: también es un reflejo de las desigualdades globales.

Avances reales… pero demasiado lentos

Sería injusto decir que no ha habido progreso: lo ha habido, y es importante reconocerlo. Desde la década de 1990, la incidencia y la mortalidad por tuberculosis han disminuido a nivel global. La expansión de los programas de control, el acceso a tratamientos eficaces y el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia han contribuido a estos avances. Sin embargo, el ritmo de mejora no es suficiente.

La Organización Mundial de la Salud estableció metas ambiciosas en la estrategia “End TB”, con objetivos intermedios para 2020. Entre ellos, reducir la incidencia en un 20 % y la mortalidad en un 35 % respecto a 2015. Pero el mundo no alcanzó esos objetivos. Entre 2015 y 2020, la incidencia global de tuberculosis disminuyó solo un 6,3 % y la mortalidad un 11,9 %. Avanzamos, pero mucho más despacio de lo necesario.

Si mantenemos este ritmo, será muy difícil alcanzar las metas planteadas para 2035.

No todos avanzan al mismo ritmo

Además, el progreso ha sido desigual. Algunos países han logrado avances notables, gracias a estrategias innovadoras como la búsqueda activa de casos, el uso de tecnologías diagnósticas más rápidas o programas de apoyo social para garantizar que los pacientes completen el tratamiento. Pero estos ejemplos siguen siendo la excepción, no la regla.

También hay diferencias entre las poblaciones. Por ejemplo, los datos muestran que los avances han sido más rápidos en niños, pero lentos en adultos mayores, que corren mayor riesgo de morir por tuberculosiss.

Esto relevante porque la población mundial envejece rápidamente y porque, si no se adoptan las estrategias de control, este grupo podría convertirse en foco creciente de la enfermedad.

Factores que siguen impulsando la enfermedad

Parte del desafío radica en que la tuberculosis no depende únicamente de la bacteria, sino también de factores que aumentan el riesgo de desarrollarla. Entre ellos destacan el tabaquismo, el consumo de alcohol y la diabetes. De hecho, estimaciones recientes sugieren que una proporción importante de las muertes por tuberculosis podría evitarse si estos factores se redujeran. Esto refuerza la idea de que la enfermedad no puede abordarse de forma aislada: requiere un enfoque integral que combine intervenciones médicas, sociales y de salud pública.

A este escenario se suma un problema más preocupante: la tuberculosis resistente a los antibióticos. El tratamiento estándar es largo y complejo, y exige una adherencia estricta. Cuando estos tratamientos no se completan adecuadamente, o cuando los sistemas de salud no garantizan el acceso continuo a los medicamentos, pueden aparecer cepas resistentes.

Estas formas de tuberculosis son mucho más difíciles de tratar: requieren terapias más prolongadas, más costosas y con más efectos adversos. Y lo más preocupante es que ya están presentes en múltiples regiones del mundo.

El reto de implementar de forma equitativa el conocimiento

Más allá de los números, la tuberculosis nos habla de algo más profundo: nos habla de desigualdad, de sistemas de salud que no siempre llegan a quienes más lo necesitan, de condiciones de vida que facilitan la transmisión de enfermedades que podemos prevenir. Pero también nos habla de oportunidades.

La tuberculosis se puede prevenir. Es diagnosticable y tratable. Sabemos qué funciona y cómo reducir su impacto. El problema no es la falta de conocimiento, es la falta de implementación equitativa de ese conocimiento.

Reducir su impacto en América Latina, especialmente en las poblaciones más vulnerables de la región, exige una respuesta global coordinada, equitativa y ambiciosa. Las enfermedades que creemos lejanas suelen ser las que más nos sorprenden cuando vuelven a aparecer.

The Conversation

Luis Felipe Reyes no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Millones de personas tienen la bacteria que causa la tuberculosis sin saberlo – https://theconversation.com/millones-de-personas-tienen-la-bacteria-que-causa-la-tuberculosis-sin-saberlo-278578

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¿Deberíamos educar ciudadanos más empáticos con las desigualdades sociales?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Sheila López Prados, PDI didáctica y orientación académica, Universidad de Alcalá

RossHelen/Shutterstock

En algunos discursos mediáticos y políticos, la pobreza se presenta como resultado de una supuesta “falta de esfuerzo individual” o de decisiones personales irresponsables. Estos mensajes sitúan la causa del empobrecimiento en la ausencia de voluntad para trabajar o progresar, o en una dependencia voluntaria de las ayudas sociales.

Así, no se tienen en cuenta circunstancias tan fuera del propio control como la precariedad laboral, la desigualdad de oportunidades o las barreras sociales. En cambio, se apela a la responsabilidad individual, aludiendo a una moralidad o carácter débiles en las personas empobrecidas.

Por ejemplo, al criticar determinadas decisiones económicas como gastos supuestamentes “innecesarios” (ropa de marca, dispositivos electrónicos o pequeños lujos) se da a entender que si las personas pobres simplemente priorizaran mejor sus gastos, podrían “salir adelante”, un tipo de creencia que se denomina “cultura de la pobreza”. Junto con estereotipos como el del “pobre no merecedor”, contribuyen a deslegitimar las demandas sociales de redistribución y justicia.

Prejuicios hacia los desfavorecidos

En los últimos años, diferentes estudios y observaciones muestran un aumento de la aporofobia, entendida como el rechazo o prejuicio hacia las personas con escasos recursos económicos.

La aporofobia es resultado de un ecosistema en el que la dignidad humana se mide con frecuencia por el nivel de consumo. Como advierte la filósofa española Adela Cortina, esta fobia no se basa en el origen étnico o la religión, sino en la pobreza misma. Y su crecimiento está estrechamente ligado a mensajes mediáticos que refuerzan estereotipos y a políticas que perpetúan la desigualdad estructural.

Frente a ello, la escuela emerge como un espacio esencial para formar ciudadanos críticos, empáticos y solidarios capaces de contrarrestar el miedo y el desprecio hacia la pobreza.

Aporofobia y sensibilidad intercultural

Recientemente he investigado la relación entre aporofobia y sensibilidad intercultural a partir de una muestra representativa de 1 031 participantes.

La sensibilidad o competencia intercultural se entiende como la capacidad para reconocer, comprender y gestionar de forma respetuosa las diferencias culturales en la interacción social, integrando dimensiones cognitivas, afectivas y conductuales, y se evaluó a través de una escala centrada en la empatía, la apertura y la comodidad ante la diversidad cultural.

Así, se pudieron identificar cuatro perfiles sociales que combinan distintos niveles de prejuicio económico y competencia intercultural: el perfil mayoritario corresponde a personas con alta sensibilidad intercultural y baja aporofobia (en torno a un tercio de la muestra), caracterizado por actitudes más inclusivas hacia la diversidad y la pobreza.



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El odio a los pobres, la fobia más común

Le sigue un grupo con baja sensibilidad intercultural y alta aporofobia (aproximadamente una cuarta parte), que concentra las actitudes más excluyentes.

Junto a ellos aparecen dos perfiles intermedios: uno con alta sensibilidad intercultural y también altos niveles de aporofobia, que representa alrededor de una quinta parte de los participantes, y otro con baja sensibilidad intercultural y baja aporofobia. Ambos tienen un peso similar, lo que muestra que la apertura cultural no siempre se traduce automáticamente en menor rechazo hacia la pobreza y que la aporofobia responde a dinámicas sociales más complejas.

Pese a estos dos últimos grupos, los resultados muestran que, en general, cuanto mayor es la sensibilidad intercultural, menor es el rechazo hacia las personas en situación de pobreza.

Las mujeres, las personas con experiencia internacional previa y quienes participaban en voluntariado mostraron actitudes más inclusivas y empáticas. En cambio, los grupos con menor exposición a la diversidad presentaron mayores niveles de prejuicio económico.

Estos hallazgos confirman que la competencia intercultural actúa como un factor protector frente a los estereotipos y el miedo hacia la pobreza. A nivel educativo, los datos sugieren que promover esa sensibilidad intercultural en el alumnado puede reducir significativamente las actitudes aporofóbicas, reforzando la cohesión social y la empatía colectiva.

La escuela como espacio de transformación social

A partir de los resultados de la investigación, se proponen cuatro estrategias educativas con evidencia empírica para aplicar en escuelas, institutos y universidades (trabajándolas de manera trasversal):

  1. Proyectos de aprendizaje-servicio: combinar contenidos curriculares con acciones solidarias en la comunidad (por ejemplo, campañas de apoyo a familias vulnerables o colaboraciones con oenegés). Esta metodología potencia la empatía y reduce el prejuicio al permitir contacto directo con realidades diversas.

  2. Juegos de rol y simulaciones: representar situaciones de desigualdad o exclusión económica favorece la reflexión emocional y cognitiva del alumnado sobre los efectos del rechazo y la injusticia.

  3. Debates éticos y estudios de caso: analizar noticias o productos mediáticos que presenten estereotipos de pobreza, fomentando el pensamiento crítico y la alfabetización mediática.

  4. Proyectos interculturales y cooperativos: promover el trabajo conjunto entre estudiantes de distintos orígenes socioeconómicos y culturales, desarrollando la empatía y la valoración positiva de la diferencia.



Leer más:
Víctima por ser pobre: la ley debe castigar la discriminación por aporofobia

Sensibilidad y desarrollo sostenible como antídotos

Combatir la aporofobia no es solo un objetivo educativo, sino un compromiso con la dignidad humana, la justicia social y la erradicación de la pobreza, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el fin de la pobreza, la educación de calidad y la reducción de las desigualdades.

En un contexto donde la desigualdad se normaliza, la escuela tiene el potencial de rehumanizar la mirada colectiva, promover la empatía y enseñar a reconocer la vulnerabilidad como parte de nuestra condición común. Así, la formación de ciudadanos sensibles, críticos y solidarios no solo fortalece la cohesión social, sino que contribuye a una sociedad más justa, inclusiva, comprometida con el desarrollo sostenible y libre de pobreza.

The Conversation

Sheila López Prados no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ¿Deberíamos educar ciudadanos más empáticos con las desigualdades sociales? – https://theconversation.com/deberiamos-educar-ciudadanos-mas-empaticos-con-las-desigualdades-sociales-269301

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El 80% de la población vive en zonas áridas: cuatro mensajes clave sobre el alcance de la desertificación en España

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Jaime Martínez Valderrama, Científico Titular, Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA – CSIC)

Cultivo de mangos en regadío en una zona árida (Almería). Jaime Martínez Valderrama, CC BY

Recientemente, hemos publicado el Atlas de la desertificación de España, con el objetivo de dar a conocer el alcance y la complejidad de este problema, los factores que influyen en él (agua, suelo, agricultura, clima…) y sus matices.

El proyecto nos ha permitido analizar diversas situaciones y casos particulares y conocer a fondo un fenómeno que otros mapas anteriores no lograban reflejar con suficiente precisión. Estas son algunas de nuestras principales conclusiones.

El 42,4 % del territorio está degradado

Hay dos antecedentes al mapa de desertificación presentado en el atlas. El primero, denominado mapa de riesgo de desertificación, se basaba en cuatro magnitudes cuya elección no estaba basada en datos estadísticos. El segundo es un mapa de condición de la tierra, y muestra la productividad del suelo de acuerdo a la lluvia. Sin ser un mapa específico de desertificación (evalúa el suelo y no se ciñe a las zonas áridas) ha sido el referente para cuantificar la desertificación en España, arrojando una cifra del 20 % del territorio desertificado.

Según nuestro mapa, elaborado con un algoritmo entrenado con evidencias de degradación y que considera el impacto en otros recursos además del suelo, el 42,4 % del territorio está degradado. Prácticamente toda esta degradación (94,3 %) se concentra en zonas áridas. Siendo rigurosos, y si solo considerásemos como objeto de nuestro estudio las zonas áridas (el 67 % del país), diremos que el 60,9 % de ellas están desertificadas. Pero si nos queremos quedar solo con uno, diremos que el 41 % de España está desertificado en mayor o menor grado.

Almendros en una pendiente con suelo desprovisto de vegetación
Almendros en terrenos con fuerte pendiente y suelo desnudo. Falta que llueva con cierta intensidad para que el suelo sea arrastrado.
Artemi Cerdà, CC BY-SA

Estos números suponen duplicar la cifra que anteriormente manejábamos. La diferencia se debe a la consideración de algo más que el suelo en la estimación de la desertificación.

Por otra parte, es notoria la diferencia según se considere un mapa de aridez u otro. Como hemos visto, la desertificación resulta al acotar el mapa de degradación a las zonas áridas. Si en lugar del mapa de aridez del investigador Santiago Beguería y colegas (con el que sale casi un 61 %), usamos el que presenta el último Atlas Mundial de la Desertificación (AMD), el porcentaje sería del 57 %. Como vemos, no hay un valor definitivo, y por eso es necesario dejar constancia de las hipótesis y cálculos seguidos.

Mapa que muestra la aridez en las diferentes regiones de España por colores, de verde a rojo (mayor aridez).
Índice de aridez medio para el periodo 1991-2020.
Beguería et al. (2025)/Atlas de la Desertificación de España, CC BY-SA

La degradación de los recursos hídricos es desertificación

El hecho de que se haya duplicado la desertificación respecto al valor anteriormente aceptado se debe a incluir, explícitamente, el deterioro de los recursos hídricos. En efecto, uno de los principales mensajes de este atlas es que la degradación de este recurso tan fundamental es desertificación.

Llama la atención que cuando se habla de desertificación el foco se ponga, casi en exclusiva, en el suelo. Desde luego este es el otro ingrediente fundamental para la vida, pero es la disponibilidad de agua de los ecosistemas lo que precisamente determina la aridez, allí donde puede ocurrir la desertificación.

Estas simplificaciones se originan de la traducción del término anglosajón land, que no se traduce como tierra, sino como territorio. De hecho, la propia Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) establece en sus definiciones que land se refiere a “un sistema bioproductivo terrestre, que incluye el suelo, el agua, la vegetación, otra biomasa, así como los procesos ecológicos e hidrológicos que tienen lugar dentro del sistema”.



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Qué es y qué no es desertificación

El 80 % de la población vive en zonas áridas

Aunque la mayor parte de los mapas presentados ya existían y nuestra tarea ha sido engarzarlos mediante un hilo argumental que los relaciona con la desertificación, hay algunos mapas originales. Uno de ellos es la población que vive en zonas áridas. Curiosamente, cuando se presenta este problema a nivel mundial se dan cifras de la superficie de zonas áridas y de la población que allí vive. Sin embargo, no es un dato habitual a escala de país o región.

Nuestro análisis revela que cuatro de cada cinco personas en España vive en zonas áridas. Llama la atención la enorme y creciente concentración de la población en el arco mediterráneo y que ya haya 100 000 habitantes en zonas hiperáridas –la categoría más extrema de aridez– que han aparecido por primera vez en España en un mapa de aridez. Se trata, concretamente, del municipio de Arrecife, en Lanzarote (Canarias), frente a las costas del Sahara.

Un ciudad costera con edificios blancos y rodeada de terreno yermo vista desde el cielo
Municipio de Arrecife, en Lanzarote.
Ramon Espiña Fernandez/Wikimedia Commons, CC BY-SA

Las zonas áridas se perciben como lugares remotos, sin apenas recursos. Sin embargo, son lugares que conocemos todos: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, etc. Nos gustan los inviernos suaves, el sol y la luz. Esos son los elementos que caracterizan a las zonas áridas, aunque también lo son las sequías y la escasez hídrica, fruto de un uso del agua por encima de su disponibilidad.

Mapa que muestra la población que habita en las regiones áridas y húmedas en España
Población en zonas áridas (2020).
Atlas de la Desertificación de España, CC BY-SA

Atajar la desertificación es sinónimo de seguridad alimentaria

El carácter permanente de la desertificación pone en jaque cuestiones estratégicas de un país, como es la producción de alimentos y el suministro de agua. En efecto, los ecosistemas áridos funcionan más lentamente que otros, debido a que la escasez de agua ralentiza, o detiene por completo, los diversos procesos que llevan a cabo los seres vivos. Los acuíferos se recargan más despacio, el suelo tarda más años en formarse y la acumulación de carbono requiere periodos más largos. De ahí la importancia de atajar los procesos de desertificación antes de que se consoliden.



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Cómo almacenar agua para cuando falte con la ayuda de los agricultores

La prevención es la estrategia prioritaria en este contexto. Por ello, cartografiar el problema cobra especial relevancia, pues permite detectar los territorios más comprometidos. Como hemos podido ver en el atlas, la agricultura es el principal motor de degradación. Y se debe, entre otras razones, a los sistemas de producción intensivos, fomentados por las estrategias cortoplacistas y la estrechez de márgenes económicos en las que operan los agricultores.

Esclarecer los mecanismos que operan tras la desertificación es el siguiente paso en la implantación de la estrategia preventiva. Para ello estamos actualizando los “paisajes de desertificación de España”, que reúnen una serie de casos concretos, la mayoría relacionados con la agricultura. Esta herramienta permite identificar procesos, impulsores y actores involucrados en este complejo problema. Tras ello podrán diseñarse soluciones que, idealmente, ayuden a promover un uso del territorio rentable y duradero.

The Conversation

Jaime Martínez Valderrama ha recibido fondos del proyecto ATLAS financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

Emilio Guirado ha recibido fondos del proyecto ATLAS financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Javier Martí Talavera ha recibido fondos de Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la elaboración del proyecto Atlas de la Desertificación en España.

Jorge Olcina Cantos ha recibido fondos de Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la elaboración del proyecto Atlas de la Desertificación en España.

Juanma Cintas recibe fondos del “Plan Complementario de I + D + i en el área de Biodiversidad (PCBIO)” financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU) y del gobierno de Andalucía.

Elsa Varela y Manuel Esteban Lucas-Borja no reciben salarios, ni ejercen labores de consultoría, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del puesto académico citado.

– ref. El 80% de la población vive en zonas áridas: cuatro mensajes clave sobre el alcance de la desertificación en España – https://theconversation.com/el-80-de-la-poblacion-vive-en-zonas-aridas-cuatro-mensajes-clave-sobre-el-alcance-de-la-desertificacion-en-espana-276238

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IA en la universidad, una bomba para el pensamiento crítico: ¿cómo podemos evitar que nos explote en la cara?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Miren Gutiérrez, Investigadora, Universidad de Deusto

La inteligencia artificial puede dañar el pensamiento crítico en la universidad, según diversos estudios. Zoya Yasmine / https://betterimagesofai.org , CC BY-SA

La adopción masiva y acrítica de la inteligencia artificial generativa (IAG), con grandes modelos de lenguaje como ChatGPT y otros similares, puede degradar la experiencia universitaria y socavar la misión de la universidad. Aunque esta tecnología ofrece aplicaciones interesantes, cuando se utiliza sin reflexión ni encaje pedagógico, estudios emergentes indican que tiende a vaciar el aprendizaje de contenido, precarizar el trabajo académico y reforzar las desigualdades y las formas de control.

De la innovación a la enshitificación

Las IAG se han introducido en la docencia con la promesa de personalizar el aprendizaje y aumentar la eficiencia, pero pueden acabar por homogeneizar tareas y evaluación y degradar la experiencia pedagógica. Hay ya indicios de que las AIG producen trabajos suficientes –que no excelentes–, plantillas repetitivas y evaluaciones rutinarias que incentivan adaptarse al formato más que reflexionar.

La AIG se vende a las universidades como una herramienta capaz de personalizar la evaluación, ahorrar tiempo, al analizar miles de textos, y generar comentarios inmediatos. Sin embargo, en la práctica, tienden a favorecer estructuras estandarizadas (introducción–tres argumentos–conclusión, frases cortas, vocabulario neutro). Al mismo tiempo, penalizan estilos más complejos, creativos o arriesgados porque sus modelos se han entrenado con textos convencionales.

Como consecuencia, el alumnado aprende qué tipo de redacción gusta al sistema y ajusta sus trabajos para maximizar su puntuación, aunque ello implique empobrecer el contenido y evitar posiciones originales. Es decir, una tecnología presentada como personalización termina por homogeneizar las tareas, estandarizar la evaluación y animar a escribir para la máquina.

El concepto de enshitificación, acuñado por el periodista tecnológico Cory Doctorow a partir de la palabra anglosajona shit (“mierda”), ayuda a entenderlo: al principio, la tecnología parece aportar valor, pero poco a poco su funcionamiento se orienta hacia métricas, extracción de datos y dependencia de proveedores, de modo que sirve más a los intereses corporativos que a los pedagógicos.

Así, las aulas digitales se vuelven espacios saturados de automatismos mediocres, donde se enseña, sobre todo, a generar prompts eficaces y contenidos que pueden rastrearse.

Daños cognitivos

El uso intensivo de la IAG para generar tareas puede desencadenar un proceso de externalización y deuda cognitiva. Algunos estudios asocian un mayor uso de IAG con un deterioro del pensamiento crítico. Su empleo continuado para escribir ensayos podría reducir la implicación cognitiva y generar un peor rendimiento a nivel neuronal, aunque la tarea se perciba como más fluida y fácil.

Surge, así, el concepto de chatversity –una contracción de “universidad” y “chatbot” en inglés–: el objetivo deja de ser comprender el mundo y se transforma en cumplir plazos y producir textos solventes rápidamente. Esta dinámica puede erosionar la tolerancia a la ambigüedad y al esfuerzo intelectual sostenido, pilares de una educación emancipadora, y debilitar los hábitos de verificación, lectura profunda y discusión argumentativa.

Creatividad domesticada

La IAG trabaja recombinando datos históricos que reflejan una sociedad imperfecta, por lo que tiende a reforzar patrones dominantes, sesgos y cánones consolidados, en lugar de impulsar rupturas o perspectivas minoritarias. Esto se traduce en textos pulidos, pero conformistas, poco abiertos a imaginar soluciones radicales o a otorgar centralidad a epistemologías feministas, decoloniales o del Sur Global.

Relacionado con esto, la inteligencia artificial parece aumentar la creatividad percibida, pero limitar la diversidad de las historias producidas. Además, la AIG recomienda menos trabajos de mujeres y reproduce jerarquías de género en la visibilidad de la autoría.

De esta forma, los sistemas educativos basados en IA incorporan supuestos normativos que tienden a privilegiar perfiles y saberes hegemónicos, mientras que su uso acrítico en la docencia puede reforzar exclusiones. En la misma línea, la UNESCO confirma que la IAG en la educación tiende a invisibilizar el trabajo de las autoras y a reforzar estereotipos, lo que alimenta una ecología del conocimiento menos plural.

Cuando docentes y estudiantes la usan para elegir lecturas y generar casos, los sesgos de los datos se cuelan en la selección de referencias y voces. Así, se corre el riesgo de profundizar la invisibilidad de autoras, disciplinas críticas y comunidades marginadas, normalizando una universidad más homogénea.

Autoría fantasma

Redactar trabajos, resolver problemas, escribir código y elaborar comentarios con esta tecnología también pone en cuestión qué significa ser autor o autora. Si una parte sustancial del trabajo la realiza la máquina, los títulos universitarios pueden convertirse en credenciales de pega, cada vez menos vinculadas al esfuerzo intelectual de quien los obtiene.

Para ponerle freno, muchas instituciones están recurriendo a detectores de IA y sistemas de vigilancia poco fiables y discriminatorios que pueden generar falsos positivos y afectar a estudiantes que escriben en una segunda lengua o con estilos no normativos. Esto puede erosionar la confianza entre profesorado y alumnado, en lugar de fortalecer la responsabilidad, la integridad y el acompañamiento.

Extractivismo de datos

Otra preocupación es política y económica: se está viendo cómo algunas universidades norteamericanas se convierten en proveedoras de datos, legitimidad y usuarios/as cautivos/as para grandes empresas de IA, a menudo mediante contratos opacos. Los comportamientos, contenidos docentes y tareas se usan como materia prima para entrenar modelos, con cláusulas de uso indiscriminado o cuyo consentimiento es difícil de ejercer, lo que debilita la autonomía académica.

Además, el mantenimiento de estos sistemas descansa en cadenas de trabajo precarizado en el Sur Global (etiquetado de datos, moderación de contenidos traumáticos) y daño medioambiental. Mientras, en el Norte Global, se justifican recortes de personal y el cierre de programas, en nombre de la modernización. En este escenario, la universidad corre el riesgo de ser reconfigurada como un nodo de distribución y entrenamiento para infraestructuras corporativas, lo que desvía recursos de la docencia y del empleo estable hacia la financiación de plataformas privadas.

Erosión de la misión democrática

Por otro lado, los chatbots y asistentes de IA de apoyo al estudio también pueden generar dependencia emocional, incluso situaciones extremas de autolesión. Para estudiantes vulnerables, la simulación de empatía, las respuestas inadecuadas y la falta de una detección fiable del riesgo pueden agravar la soledad y retrasar el acceso a la ayuda profesional.

En el plano epistemológico y democrático, la expansión de contenidos sintéticos, la cultura posalfabética (leer por encima, centrar las habilidades en la creación de resúmenes y prompts) y la dependencia de infraestructuras cerradas pueden minar la capacidad de la universidad para ser un espacio de reflexión crítica.

Tengamos en cuenta que, en algunos casos, los acuerdos con proveedores de IA a veces se toman sin la participación de estudiantes, sindicatos y profesorado, mientras se recortan precisamente las áreas más capacitadas para cuestionar estos procesos, como los estudios de género, la filosofía o los estudios críticos de medios.

¿Qué hacer desde la universidad?

No se trata de desterrar la IAG de la universidad, sino de subordinarla a un proyecto centrado en el pensamiento crítico, la creatividad y la igualdad. Esto implica al menos tres cosas:

  • Reforzar la alfabetización digital crítica y el trabajo sobre desinformación, sesgos, límites y formas de contestación a los outputs de IA en todos los niveles formativos.

  • Desarrollar marcos de gobernanza de los sistemas de IA basados en derechos fundamentales, transparencia, participación y responsabilidad, especialmente en usos de alto riesgo como la evaluación o el apoyo psicológico.

  • Proteger y financiar las disciplinas y pedagogías que sostienen la lectura profunda, la creatividad, la imaginación política y las perspectivas alternativas. Se trata de resistir el giro hacia una universidad entendida como fábrica de credenciales optimizadas por plataformas.

Hay evidencias de que el abuso de la IAG en la universidad puede causar daños que van más allá del plagio: las AIG pueden reconfigurar qué significa aprender, enseñar e investigar. Esto obliga a decidir si las instituciones se plegarán a la lógica corporativa de la enshitification o si transformarán esta tecnología desde un compromiso con la justicia.

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Miren Gutiérrez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. IA en la universidad, una bomba para el pensamiento crítico: ¿cómo podemos evitar que nos explote en la cara? – https://theconversation.com/ia-en-la-universidad-una-bomba-para-el-pensamiento-critico-como-podemos-evitar-que-nos-explote-en-la-cara-273920