Un alto porcentaje de personas que ahora tienen entre 55 y 60 años saben utilizar WhatsApp, compran por internet y participan en redes sociales, entre otras muchas cosas ligadas a la tecnología. Pero ¿les costará seguir el tren como sucede actualmente con los mayores? ¿La brecha digital que se conoce como “gris” será cosa del pasado?
Muchas personas mayores viven en una dictadura digital. Unas cuantas décadas atrás, no se necesitaba ninguna tecnología digital, en cualquiera de sus formas, para estudiar, trabajar y, en definitiva, vivir. Sin embargo, actualmente, la vida es difícil entenderla separada de los bits y los bytes. Y no va a parar. En una década, serán otras tecnologías las que habrán inundado nuestras vidas.
El futuro con IA
Prácticamente no hay opción de evitar lo digital. Y todo hace indicar que la dependencia tecnológica será cada vez mayor en el futuro. Un ejemplo es todo el revuelo que está levantado la inteligencia artificial generativa (IAG) y su práctica infinidad de aplicaciones, desde la educación al transporte pasando por los empleos y la investigación. La IAG ha venido para quedarse.
Por ejemplo, es necesario aumentar el tamaño de iconos y letras en la pantalla, porque para verlos se necesita tener una vista de quinceañero. La terminología es en gran medida incomprensible, o con un significado diferente al que tienen en la vida cotidiana. Hay numerosos ejemplos, entre los que más usamos: adjuntar y virus. Maneras de hacer las cosas poco naturales, y un sinfín de otros aspectos, como la configuración de dispositivos, actualizaciones y versiones, y todo lo que rodea a la seguridad (contraseñas, factor de doble identificación) complican, y mucho, la relación entre los mayores y las tecnologías digitales.
¿Qué pasará con los mayores que vienen?
Se puede pensar que cuando los adultos de 55 años, con experiencia con los ordenadores, se conviertan, o se les asigne sociológicamente hablando, la categoría de personas mayores, la brecha digital desaparecerá. Al fin y al cabo, ya tienen mucha experiencia con el mundo digital, y todo lo que tendrán que hacer es “reciclarse”. ¿Seguro?
La tecnología que tendremos en 10 años
La tecnología, y especialmente, la digital, evoluciona. Ahora, por ejemplo, cada vez es más natural poder hablar con una máquina, o incluso tener algo que se asemeje a una conversación. Asumir que aquella experiencia que se ha adquirido con una tecnología actual nos ayudará a utilizar la tecnología que tendremos en 10 años es asumir mucho.
Un ejemplo son los teléfonos móviles, que han pasado del “ladrillo” al smartphone. Para utilizar un móvil de última generación, no es suficiente saber utilizar un teléfono de cuando éramos jóvenes. Ahora los teléfonos son más que teléfonos; son ordenadores.
Las personas mayores siguen sin considerarse en el diseño de las tecnologías digitales. Digo siguen porque nunca han sido el target principal de los desarrollos tecnológicos. ¿Se las tuvo en cuenta cuando se diseñaron los primeros ordenadores? La respuesta es no, porque los usuarios potenciales eran otros. La tendencia es continuista: ordenadores, móviles, tabletas, coches inteligentes, asistentes de voz…
“Somos mayores, no tontos”
La inmensa mayoría de las tecnologías digitales no están pensadas para el colectivo “de los mayores”. En el mejor de los casos, se añaden opciones de accesibilidad, o incluso se diseñan tecnologías específicas para ellas, como los teléfonos para seniors y el conocido como el “botón del pánico”, relacionado con servicios de teleasistencia.
Sin embargo, las tecnologías para mayores a menudo acaban reforzando estereotipos negativos asociados a la vejez, y que muchas personas de edad avanzada, cuando se habla con ellas, no quieren utilizar. Como un participante en mis investigaciones me dijo un día, “somos mayores, no tontos”.
A la vez que nos hacemos mayores, nos cuesta más aprender y acordarnos de las cosas. Otros problemas con el acceso y uso a la tecnología, como los relacionados con la visión, tienen solución. Las gafas de lectura y la opción de acercar o alejar hacen maravillas. Pero el verdadero problema está en aprender y recordar, y las tecnologías actuales todavía no lo soluciona.
Mucho tienen que cambiar las cosas para que las personas mayores que vienen no pierdan el tren tecnológico en el futuro. Todavía estamos a tiempo de revertir la situación: todo lo que hay que hacer es trabajar para hacer unas tecnologías más justas, menos discriminatorias, y no perder nunca de vista que las personas mayores un día seremos nosotros.
Sergio Sayago Barrantes ha recibido fondos de la Obra Social “la Caixa” y la Fundación General CSIC, la ACT Network y la EU, durante su investigación.
Cuban doctors who worked in Mexico during the height of the COVID pandemic return to Havana.Yandry_kw/Shutterstock
El 23 de febrero se vivieron escenas conmovedoras en Honduras, cuando algunos ciudadanos se despidieron de los profesionales sanitarios cubanos que les habían atendido de forma gratuita durante unos dos años. Esto ocurrió después de que el Gobierno hondureño pusiera fin de forma abrupta a la misión médica cubana, bajo la presión de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.
Ese mismo día, se envió un memorándum “confidencial” del Departamento de Estado de Estados Unidos al secretario de Estado, Marco Rubio. En él se abordaba la estrategia estadounidense para sabotear el internacionalismo médico de Cuba, que ha sido parte integral de la política exterior de la nación isleña desde 1960. En los últimos años, también se ha convertido en un pilar fundamental de su economía.
Estados Unidos lleva más de 60 años imponiendo sanciones unilaterales a Cuba. Estas impiden que el país caribeño participe en el comercio internacional “normal”. Por ejemplo, terceros no pueden venderle productos si el 10 % de sus componentes proceden de empresas estadounidenses o de sus filiales. Y Cuba no puede exportar productos a EE. UU. Además, el bloqueo estadounidense restringe severamente el acceso de Cuba al sistema financiero internacional.
En este contexto, la exportación de profesionales médicos se ha convertido en algo vital para la economía cubana. Durante décadas, el Gobierno cubano envió misiones médicas por todo el mundo como donación a los países en desarrollo. Pero en las últimas dos décadas, ha desarrollado acuerdos de cooperación en virtud de los cuales los gobiernos o las autoridades locales pagan al Gobierno cubano por los servicios médicos de sus profesionales sanitarios.
Atacar esos ingresos parece ser un componente clave de la campaña estadounidense a favor del cambio de régimen en Cuba para finales de año. Esto se suma al bloqueo petrolero total impuesto por la orden ejecutiva el 29 de enero, que ya ha provocado múltiples apagones a escala nacional que han dejado a toda la isla a oscuras.
Se trata de una política de incentivos y castigos. A los países que expulsan a los médicos cubanos se les ofrece apoyo estadounidense para la “modernización de las infraestructuras”, incluyendo la telemedicina y la formación virtual. Un año antes, Rubio había anunciado restricciones de visado para funcionarios actuales y antiguos, así como para sus familias, de cualquier parte del mundo que hubieran participado en programas cubanos.
A mediados de marzo de este año, los gobiernos vecinos se alinearon. Guatemala, Paraguay, Bahamas, Guyana y Jamaica cancelaron las misiones médicas cubanas, poniendo fin a décadas de cooperación. En Guatemala, más de 400 profesionales sanitarios cubanos, la mayoría de ellos médicos, prestan servicio a las comunidades indígenas en el marco de una colaboración que dura ya tres décadas. Los últimos médicos se marcharán a finales de año.
Médicos cubanos abandonan Honduras en febrero de 2026.
El ataque del Gobierno de EE. UU. al internacionalismo médico cubano no es nuevo. Comenzó en 2006, un año después de que el programa “petróleo por médicos” entre Cuba y Venezuela convirtiera la exportación de profesionales sanitarios en la mayor fuente de ingresos de Cuba.
La política estadounidense buscaba eliminar estos ingresos y socavar el prestigio que los programas habían ganado a la isla. El entonces presidente de EE. UU., George W. Bush, puso en marcha el Programa de Libertad Condicional para Profesionales Médicos Cubanos (CMPP), animando a los doctores cubanos en el extranjero a abandonar sus misiones y desertar a EE. UU. El programa no finalizó hasta 2017, en los últimos días de Barack Obama como presidente.
A pesar de ello, y como reflejo del déficit en la atención sanitaria a nivel mundial, los ingresos de Cuba por la exportación de servicios sanitarios aumentaron.
Los ingresos en 2018, el primer año en que Cuba publicó datos separados sobre los servicios de salud, se elevaron a 6 400 millones de dólares (unos 5 500 millones de euros). La primera administración de Trump desarrolló políticas, y financiación, para sabotear estos programas.
El estado de salud de Cuba
También ideó una nueva justificación para hacerlo. El Gobierno de EE. UU. no podía exigir abiertamente a los países que sacrificaran la salud y el bienestar de sus poblaciones solo para privar a Cuba de ingresos. Así que, en su lugar, acusó a Cuba de tráfico de personas y equiparó a sus profesionales sanitarios con esclavos.
Cualquiera que haya hablado con participantes cubanos —como yo— sabe que los contratos de servicio en el extranjero que firman les proporcionan su salario habitual en Cuba, más una remuneración extra del país de acogida. Se les garantizan vacaciones y el contacto con sus familias.
A pesar de contar con decenas de miles de trabajadores sanitarios en el extranjero, la inversión del Estado en asistencia sanitaria y formación médica hace que la población cubana tenga la proporción más alta de médicos por persona del mundo. En 2022, se estimaba que había nueve médicos y nueve enfermeros por cada 1 000 ciudadanos. En EE. UU., hay 2,6 médicos por cada 1 000 ciudadanos y en el Reino Unido la cifra es de 3,2.
Para muchos profesionales sanitarios cubanos, supone el cumplimiento de un deber internacionalista; para otros, una forma de viajar o de aumentar sus ingresos. El Gobierno de Cuba se queda con la mayor parte de los ingresos y los reinvierte en la sanidad pública gratuita y universal del país y la formación médica.
Pero bajo la segunda administración de Trump, Rubio, hijo de migrantes cubanos que abandonaron la isla durante la dictadura de Batista, ha encabezado un nuevo ataque contra los programas médicos internacionales de la isla. El reciente memorándum del Departamento de Estado afirma que las brigadas médicas cubanas son una fuente clave de “dinero en efectivo” para el régimen.
Las cuatro formas de internacionalismo médico cubano establecidas en la década de 1960 son:
Brigadas médicas de emergencia en el extranjero.
Tratamiento de pacientes extranjeros en Cuba.
Formación de estudiantes extranjeros como profesionales de la salud.
Establecimiento de centros de salud públicos en el extranjero.
Esta contribución a los países en desarrollo ha sido a menudo ignorada o censurada. Sin embargo, se traduce en millones de vidas salvadas y mejoradas en todo el mundo cada año. Sabotear el internacionalismo médico devastaría a Cuba. Pero también dejaría a millones de personas en todo el mundo sin la atención médica vital de la que antes disfrutaban.
Helen Yaffe no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Cada vez que se anuncia un temporal o una ola de calor, muchas personas reciben avisos en el móvil o los ven en televisión. Sin embargo, el envío de información no siempre se traduce en que la población cambie su comportamiento. En teoría, los sistemas de alerta sirven para advertir de un peligro con tiempo suficiente para que la población puede tomar medidas y protegerse. Pero en la práctica, no siempre ocurre.
Saber que existe un aviso no significa saber qué hacer
En concreto en el caso de los avisos meteorológicos y las alertas de protección civil, un estudio llevado a cabo desde el grupo GEOTIGMA, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, revela que muchas personas no tienen claro qué hacer cuando reciben un aviso.
Casi el 74 % de los encuestados reconoció los niveles de aviso de la Agencia Estatal de Meteorología. Sin embargo, solo el 41 % fue capaz de distinguir bien entre un aviso meteorológico y una alerta de protección civil. Además, más de un tercio admitió que no sabe exactamente cómo actuar cuando se activa una alerta. Esto revela un problema frecuente en la gestión de riesgos: entender la información no siempre significa actuar en consecuencia.
La percepción del riesgo es clave
La reacción ante un aviso depende en gran medida de cómo cada persona percibe el riesgo. Si alguien le resta importancia, es probable que ignore el aviso y siga su vida normal. En cambio, si percibe el peligro como real, es más fácil que adopte medidas de autoprotección.
Por ejemplo, ante un aviso por fuertes lluvias, una persona que percibe el riesgo puede evitar desplazamientos innecesarios para realizar compras en establecimientos, no atravesar barrancos y revisar el estado de desagües o terrazas en su casa. En el caso de fuertes vientos, las medidas pueden incluir asegurar los objetos de balcones o azoteas, evitar caminar cerca de los árboles o las estructuras más inestables y extremar la precaución al conducir.
Cuando se trata de una ola de calor, ser conscientes del riesgo debería conducirnos a evitar la actividad física en las horas centrales del día, mantenernos hidratados, buscar espacios frescos y prestar especial atención a las personas mayores de nuestro alrededor.
Aunque las medidas pueden parecer simples, detectar si se implantan puede ser el mejor indicador de la percepción del riesgo de los individuos.
La investigación muestra diferencias claras entre grupos de población. Las personas mayores suelen percibir los fenómenos meteorológicos como más peligrosos. Probablemente porque han vivido más episodios extremos y tienen más experiencia.
Los jóvenes, en cambio, tienden a percibir menos el riesgo. En nuestro estudio observamos que la percepción del peligro aumenta con la edad. Los participantes más jóvenes restaban importancia a muchas amenazas. Además, los jóvenes también tienen más dudas sobre qué hacer cuando reciben un aviso. Esto muestra algo importante: conocer que existe un sistema de alertas no significa saber cómo actuar.
También encontramos diferencias en otros grupos de población. Por ejemplo, las personas con mayor nivel de estudios suelen percibir más peligro en los fenómenos meteorológicos. Una posible explicación es que tienen más acceso a información científica o que están más familiarizadas con los sistemas de aviso. En general, las personas que conocen los niveles de alerta interpretan mejor la situación.
Otro resultado interesante aparece en el caso de las mujeres. En general, tienden a valorar más los riesgos y a adoptar medidas preventivas con mayor frecuencia.
En cambio, entre los grupos más jóvenes la percepción del riesgo suele ser más baja, lo que puede hacer que ignoren avisos o retrasen las medidas de autoprotección.
Cuando los mensajes generan confusión
Otro factor importante es cómo se comunican los avisos. En España existen dos tipos de mensajes. Por un lado están los avisos meteorológicos, que informan sobre la probabilidad de que se produzca un fenómeno adverso. Por ejemplo, un aviso naranja por lluvias intensas en el norte de Gran Canaria indica que, en esa zona pueden caer 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Aunque ambos mensajes están relacionados, muchas personas no distinguen que, mientras un aviso meteorológico solo informa de lo que puede pasar, una alerta de protección civil indica que las autoridades ya están reaccionando ante el peligro. Esto puede generar confusión sobre la gravedad de la situación.
Los estudios sobre comunicación del riesgo muestran que los avisos funcionan mejor cuando incluyen instrucciones claras y acciones concretas.
En los últimos años han aumentado los fenómenos meteorológicos extremos y, por suerte, las previsiones meteorológicas son cada vez más precisas. Pero su utilidad depende de cómo las interprete la población. Un sistema de alerta solo cumple su función cuando la población entiende de verdad el riesgo y sabe qué hacer ante él. Recibir un aviso es solo el primer paso: la repercusión depende de cómo reaccionamos.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
En los últimos años –marcados por el auge de las redes sociales y la conocida como cultura de la cancelación– hemos visto cómo distintas figuras del mundo cultural han sido cuestionadas por sus declaraciones o decisiones personales.
Algunos casos recientes que han suscitado controvertidos debates han sido los comentarios de J. K. Rowling sobre las teorías de género y la comunidad trans, antiguos mensajes de Karla Sofía Gascón sobre el islam o la comunidad afrodescendiente en la por entonces red social Twitter, la reciente maternidad por gestación subrogada de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie o las declaraciones sobre el posicionamiento feminista –o la ausencia de este– en torno a la cantante Rosalía.
Estas mujeres, a menudo descritas como voces generacionales o símbolos culturales, se han convertido –en parte gracias a su exposición en redes sociales– en figuras cuyas opiniones no pasan desapercibidas. Cuando sus posicionamientos generan polémica, surge un dilema para el público en su papel de consumidor cultural: ¿somos capaces de separar al autor de su obra cuando conocemos la vida personal o las opiniones del artista?
Las preguntas que surgen a partir de este dilema son numerosas. ¿Leer Harry Potter y ser fan de la saga audiovisual está asociado a validar las opiniones de Rowling? ¿Ver una película interpretada por Gascón nos convierte en cómplices de mensajes escritos por la misma en el pasado? ¿Celebrar la obra de Adichie y su alegato feminista con Todos deberíamos ser feministas implica apoyar una práctica que es ilegal en el marco jurídico español? ¿Escuchar a Rosalía supone ignorar debates contemporáneos sobre feminismo y la importancia de este? Estas cuestiones, lejos de ofrecer respuestas binarias, suelen activar tensiones éticas, políticas y afectivas.
¿Separar?
Lo primero que conviene reconocer es que toda experiencia cultural implica una relación. Leer un libro genera un vínculo con la historia narrada y, de algún modo, con quien la escribió. Ver una película establece una conexión con los personajes y con quienes les dan vida en la pantalla. Escuchar una canción puede aproximarnos tanto a la letra como a la figura pública que la interpreta.
Estas asociaciones afectivas reflejan que, en la mayoría de las ocasiones, el arte –en todas sus vertientes– se ve influenciado por cómo las personas que lo consumen perciben a quien lo ha creado. Sin embargo, cabe destacar que esto suele ocurrir más a menudo con artistas contemporáneos, siendo menos probable que nos veamos influidas por la calidad humana que tenían Lope o Quevedo si los leemos en la actualidad. En definitiva, tiende a resultarnos más sencillo separar al autor de su obra cuando existe una distancia temporal.
A pesar de estas dificultades, existe una tradición crítica que defiende la posibilidad y conveniencia de separar ambas esferas. Un texto fundamental en este debate es el célebre ensayo La muerte del autor, del teórico y crítico literario francés Roland Barthes. En él, Barthes razona que la interpretación de una obra no debería depender de las intenciones de quien la creó.
Según su argumento, una vez que la obra abandona la esfera privada y es publicada, deja de pertenecer exclusivamente a su autor y pasa a formar parte de un espacio cultural compartido. El significado, entonces, deja de estar determinado por la supuesta intención original y entra en acción el poder de resignificación que los distintos públicos hacen de la obra en contextos históricos y sociales específicos. Desde esta perspectiva, esta adquiere cierta autonomía respecto a la biografía de quien la produce.
¿No separar?
Aplicar el marco de Barthes no elimina, sin embargo, todas las tensiones generadas en torno a este debate. En un contexto mediático caracterizado por la hiperexposición de las figuras públicas, la vida personal de las artistas es cada vez más visible y, consecuentemente, más difícil de ignorar. Como afirmó la feminista estadounidense Carol Hanisch, lo personal es político y lo que se expresa en el espacio público también.
Desde esta perspectiva, separar completamente la obra de su autor puede resultar erróneo, especialmente cuando las posiciones públicas del artista afectan a colectivos concretos o se insertan en debates sociales con un fuerte calado en la sociedad. La escritora y ensayista Claire Dededer aborda esta cuestión en su libro Monstruos: ¿se puede separar al autor de su obra?. En él indica que la biografía y la obra no puede desligarse completamente, pero tampoco deben conducir a la cancelación automática ni del artista ni de aquella creación que este haya generado.
Según su planteamiento, reconocer las contradicciones implica también desmitificar a los artistas. En este proceso, estos últimas dejan de ser idealizados y pasan a ser entendidos como personas mortales con luces y sombras. Este proceso de desmitificación puede abrir la puerta a una relación más crítica con la cultura, dando la posibilidad al público de desarrollar una posición intermedia que combina la apreciación estética y la conciencia ética.
¿Qué hacer entonces como consumidores culturales? No existe una respuesta única. Tal vez lo más honesto sea reconocer que la experiencia cultural se desarrolla en un terreno lleno de tensiones y contradicciones. Navegarla implica aceptar esa complejidad: pensar críticamente, cuestionar lo que consumimos y, al mismo tiempo, seguir encontrando en el arte un espacio de reflexión, emoción y diálogo.
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María Durán Eusebio no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Alicia Palacios Ortega, Profesor de Didáctica de Ciencias Experimentales, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja
La Europa medieval, marcada por la reforma gregoriana, las Cruzadas y la influencia de los saberes árabes que conducirían al Renacimiento, escribía su historia bajo plumas varoniles. En ese contexto destacó Trótula, una mujer nacida en el siglo XI que vino a hablarnos de un tema que hoy resulta muy actual: salud y autocuidado femeninos.
Trótula estudió en la Escuela Médica de Salerno (Italia), primer centro en permitir el acceso de las mujeres a la formación médica. Ejerció como ginecóloga y obstetra, pero también estudió la salud y el bienestar femeninos. En el siglo XII apenas se reconocían las necesidades de la mujer, por lo que sus trabajos sobre menstruación, fertilidad, anticoncepción y cosmética fueron una revolución en el cuidado integral del cuerpo femenino.
El prestigio de Trótula fue tan notable que su figura apareció en obras como Los cuentos de Canterbury y el Libro de buen amor. Sin embargo, años después, atribuyeron sus escritos a un autor masculino, tratando de convencer a la humanidad de que Trótula jamás había existido. Permaneció olvidada durante siglos hasta que una investigación del siglo XX recuperó su nombre y le devolvió la autoría de sus aportaciones médicas.
‘De ornatu mulierum’: el primer tratado de cosmética
En De ornatu mulerium (“Sobre el adorno de las mujeres”) se enseña a conservar y mejorar la belleza femenina y a tratar las enfermedades de la piel y el cuero cabelludo a través de consejos y recetas naturales. Este libro, que forma parte del Trótula Minor, muestra a Trótula como una maestra innovadora e inteligente. Su objetivo principal era enseñar y popularizar la cosmética a las mujeres a través de indicaciones claras para la formulación y preparación de remedios.
Para Trótula la belleza no era frivolidad, sino un concepto inseparable de la salud, la higiene y el equilibrio corporal. Defendía prácticas que chocaban frontalmente con la mentalidad de su tiempo: limpieza diaria del cuerpo, ejercicio físico regular, dieta equilibrada, limpieza de los dientes antes y después de las comidas, baños de vapor y masajes con aceites. Trótula planteaba que estas prácticas eran factores clave para la prevención de enfermedades.
Quizá lo más innovador de su obra no fueron sus remedios, sino su manera de entender la relación entre medicina y cosmética. Además, hacía hincapié en el trato a los enfermos a través del respeto, la atención, la sonrisa y las palabras de aliento. Unas cuestiones que, en muchas ocasiones, siguen siendo una asignatura pendiente en la medicina actual.
Piel sana, piel cuidada, piel bonita
El cuidado de la piel, o lo que hoy llamamos dermatología, ocupa un lugar central en su tratado. En sus recetas aparecen muchas de las plantas que hoy en día se siguen usando en cosmética, aunque en la época se emulsionaban con grasas animales en lugar de con soluciones acuosas.
Por ejemplo, para evitar problemas cutáneos en el rostro se usaba un exfoliante facial a base de pan rallado y realizar peeling con cebolla. Para el cuidado de la piel se describían cremas de día y de noche preparadas con aloe, cebada, algarroba, malva, lirio y aceite de violeta. Para protegerla del sol se recomendaba grasa de cerdo.
Además, Trótula ofrece recetas para aclarar la piel, broncearla, colorear las mejillas y pintar los labios. Para enfatizar el color de las mejillas explica:
“Toma raíz de brionia roja y blanca, límpiala, pícala finamente y sécala. Después, pulverízalo y mézclalo con agua de rosas y unge el rostro con algodón o tela de lino fino”.
Para maquillar y cuidar los labios recomienda el uso de palo de Brasil, miel, aceite esencial de rosas y resina.
El cabello: brillo, color y prevención de la caída
Su obra iba más allá de la higiene básica, ofreciendo fórmulas específicas para teñir y embellecer el cabello. Para lograr tonos rubios o dorados sugería dos opciones: un tinte compuesto por corteza de saúco, flores de retama, azafrán y yema de huevo, o un ungüento a base de abejas quemadas mezcladas con aceite y leche de cabra. En contraste, para obtener un tono negro y promover el crecimiento, recomendaba un ungüento que se obtenía al hervir la cabeza y la cola de un lagarto verde en aceite. Ingredientes como la grasa de res, la yema de huevo y la leche de cabra eran claves para el fortalecimiento.
La autora también proporcionaba soluciones médicas para afecciones como la tiña capilar: proponía utilizar tratamientos con vinagre y altramuz blanco. Estos métodos ilustran la profunda integración de la sabiduría médica y los remedios naturales en la práctica de Trótula.
Depilación y cuidado corporal
Nuestra protagonista promovía mantener el cuerpo limpio, equilibrado y armonioso. Recomendaba que cualquier “exceso” (como el vello, la sequedad o las impurezas) se tratara con métodos suaves, naturales y respetuosos con la fisiología femenina. Este enfoque priorizaba el bienestar físico y emocional de la mujer.
Los tratamientos específicos de depilación descritos por Trótula empleaban una mezcla diversa de ingredientes. Por ejemplo, para la depilación permanente prescribía el orpimento (sulfuro de arsénico), un mineral actualmente considerado peligroso, y el huevo de hormiga.
También proponía el uso de ungüentos a base de almendra dulce y manteca. Además, consideraba utilizar goma arábiga y resina como método físico de depilación, el equivalente a la cera depilatoria de la actualidad. Y, de manera adicional, proponía el uso de cal viva como despigmentante y para decolorar el vello corporal.
Un legado sorprendentemente actual
Leer hoy a Trótula de Salerno es descubrir que muchas ideas modernas sobre autocuidado, higiene diaria y cosmética natural ya estaban formuladas hace casi mil años. Su mirada, profundamente humanista y adelantada a su tiempo, nos plantea el cuidado del cuerpo femenino como una cuestión médica y de bienestar emocional, y no de simple adorno.
En una época que se dudaba de la capacidad intelectual de las mujeres, Trótula escribió con autoridad sobre temas que hoy llamaríamos dermatología, tricología y cosmética natural. Su obra, revolucionaria para la época, fue usada como referencia en universidades europeas durante siglos.
Trótula no solo fue pionera en ginecología, sino que también fue la primera gran experta en cosmética femenina.
En la redacción de este artículo ha participado Alicia Espiñeira, graduada en Historia y estudiante en el Máster de Formación de Profesorado.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
A principios de 2024, nos llamaron la atención las imágenes de las playas gallegas cubiertas de pequeñas bolitas de plástico blanco. Los llamados pélets procedían de un vertido en aguas portuguesas ocurrido a finales de 2023. Desde entonces, el incidente ha ido desapareciendo del debate público. Las últimas decisiones judiciales, que archivan la búsqueda de responsabilidades legales tras establecer que la caída por la borda de seis contenedores fue consecuencia “de un golpe al buque por el oleaje”, sugieren que el caso podría darse por cerrado.
Sin embargo, ¿qué ha pasado con los pélets desde entonces? Algunos fueron recogidos en las playas, pero muchos probablemente se dispersaron, enterraron o quedaron a merced de las corrientes en el mar, perpetuando su impacto.
Desde una perspectiva científica, la historia puede estar lejos de haber terminado. Nuevas investigaciones, como nuestro reciente estudio, están volviendo a poner el foco en los impactos de la contaminación por pélets, no como un accidente aislado, sino como parte de un problema global más amplio y persistente.
Vertidos crónicos
Los pélets de plástico son pequeñas esferas utilizadas para fabricar la mayoría de los objetos plásticos, son los llamados microplásticos primarios, y se transportan por todo el mundo antes de convertirse en objetos de consumo cotidiano. Y en ese proceso, algunos se pierden.
A veces ocurre de forma accidental, como en el caso del buque Toconao en Galicia. Pero más a menudo se debe a vertidos crónicos, poco documentados, que rara vez llegan a los titulares.
El incidente que afectó al norte de España ha sido uno de los episodios de contaminación por pélets más visibles en Europa en los últimos años. Pero dista mucho de ser único a escala global.
Una huella ecológica persistente
Nuestro trabajo aporta nuevas evidencias sobre el comportamiento ambiental y los impactos de los pélets de plástico, reforzando la preocupación de que estos materiales no son ni inocuos ni fáciles de contener.
Los pélets pueden contener mezclas complejas de sustancias químicas, incluidos aditivos y compuestos no añadidos intencionadamente que no siempre están declarados ni regulados. Algunos de estos compuestos pueden liberarse al medio natural y suponer riesgos para los organismos marinos.
Esto significa que el impacto de la contaminación por pélets no se limita a la ingestión o al daño físico. También implica vías químicas a priori invisibles.
Nuestra investigación refuerza lo que la comunidad científica ya sospechaba: incluso cuando los vertidos parecen temporales, su huella ecológica puede persistir mucho más allá de los titulares.
La contaminación por pélets no es un fenómeno nuevo, sino un problema bien documentado a escala global. La evidencia científica muestra que estos materiales son persistentes, se dispersan ampliamente y pueden causar daños físicos y químicos en los ecosistemas marinos. Son ingeridos por la fauna, transportan sustancias tóxicas y pueden desplazarse a grandes distancias, lo que confirma que no se trata de episodios aislados, sino de un problema sistémico.
Incidentes como el vertido de pélets del Toconao siguen reapareciendo en el debate público porque los factores que los provocan no han cambiado. La producción global de plásticos continúa en aumento, lo que implica que cada vez se transportan más pélets a lo largo de cadenas de suministro y océanos. Cuanto mayor es el volumen en circulación, mayor es también la probabilidad de pérdidas, ya sea por accidentes puntuales, fallos en la manipulación o vertidos crónicos que rara vez se documentan.
Episodios como el desastre del X-Press Pearl en Sri Lanka en 2021, cuya huella tóxica todavía sigue presente, han mostrado la magnitud que pueden alcanzar estos eventos. Sin embargo, muchos científicos advierten de que las pérdidas acumuladas de incidentes a menor escala podrían representar una fuente igualmente relevante, y mucho menos visible, de contaminación marina.
Desde 2010 se han documentado al menos 14 derrames importantes de pélets provocados por accidentes marítimos, aunque es probable que la cifra real sea mayor debido a la falta de obligación de notificarlos. Solo en 2022, se calcula que se perdieron 230 000 toneladas de gránulos a nivel mundial.
Nuevas normativas para reducir las pérdidas de pélets
El aparente cierre legal de casos como el del buque Toconao en Galicia puede generar una falsa sensación de resolución. Mientras que los procesos judiciales se centran en la responsabilidad de incidentes concretos, la ciencia analiza patrones, persistencia y efectos acumulativos a largo plazo. Desde esta perspectiva, los vertidos de pélets no son episodios aislados, sino síntomas recurrentes de un problema estructural: un sistema global que sigue liberando plástico al medio ambiente.
La investigación sigue avanzando. Los estudios muestran que los pélets no solo actúan como contaminantes físicos, sino también como portadores y fuentes de sustancias químicas potencialmente peligrosas.
La contaminación que provocan estas pequeñas piezas de plástico no termina cuando se cierra un caso judicial. La cuestión ya no es si estos episodios volverán a ocurrir, sino si estamos dispuestos a frenar esta tendencia y regularlos a escala global.
Andy M. Booth, científico jefe en la organización noruega de investigación SINTEF Ocean, ha participado en la elaboración de este artículo.
BCA es miembro del comité directivo de la Coalición de Científicos para un Tratado sobre Plásticos Eficaz, un grupo de científicos que garantiza la disponibilidad de la mejor ciencia para respaldar la toma de decisiones basada en evidencia en las negociaciones de tratados mundiales sobre plásticos de la ONU.
Carmen Morales Caselles no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By José Miguel Soriano del Castillo, Catedrático de Nutrición y Bromatología del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universitat de València
Probablemente, las representaciones artísticas de la Última Cena (como el famoso fresco de Leonardo da Vinci, en la imagen) no reflejan con fidelidad cómo habría sido la comida narrada por los Evangelios.Wikimedia Commons
Los cuatro Evangelios y la primera carta de san Pablo a los corintios coinciden en narrar una última comida de Jesús con sus discípulos antes de ser crucificado, celebrada en los días de Pascua y con pormenores muy similares. Es algo inusual en otros episodios evangélicos de su vida, donde los relatos divergen más en detalles y énfasis.
Preguntarse qué comieron Jesús y sus discípulos no es un detalle menor: permite volver a los Evangelios, la Pascua judía y la arqueología para entender cómo una comida real, en un contexto histórico concreto, se convirtió en símbolo central del cristianismo.
Una cena entre la Pascua y la controversia
Lo único seguro es también lo más conocido: en la Última Cena habría habido pan y vino. Son los únicos alimentos mencionados explícitamente por los Evangelios, y sobre ellos recae el gesto decisivo de Jesús: partir el pan, ofrecer la copa y darles un significado nuevo. De ahí nace la eucaristía cristiana.
Sin embargo, en cuanto se intenta ir más allá del pan y el vino, aparece la gran discusión: ¿fue una auténtica cena de Pascua? Los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas dicen que sí. Marcos, concretamente, la sitúa en “el primer día de los Ácimos”, es decir, en el marco de la Pascua judía.
El investigador Joel Marcus, de la Universidad de Boston, propone una salida intermedia que resulta especialmente útil. En su análisis sostiene que la comida histórica probablemente ocurrió la noche anterior a la Pascua, como sugiere Juan, pero que eso no impide reconocer que estuvo muy marcada por elementos del seder y de la haggadah judíos, es decir, por una comida ritual en la que ciertos alimentos eran explicados y vinculados a la memoria del éxodo.
En otras palabras: quizá no fue una cena pascual en sentido estricto, pero sí una cena modelada por la lógica de la Pascua.
Ese detalle cambia mucho la lectura. Marcus explica que los alimentos rituales eran objeto de explicación. El pan, por tanto, no era solo pan: era un alimento capaz de condensar memoria, liberación y pertenencia. Y lo mismo ocurría, aunque con una historia litúrgica más compleja, con el vino.
Lo que pudo haber en la mesa: del pan ácimo al cordero
Si se acepta que la Última Cena estuvo vinculada a la Pascua, aunque sea de modo flexible, las posibilidades del menú se amplían. El primer candidato es el pan sin levadura, o matzá, que simbolizaba la partida apresurada de los israelitas de Egipto, sin tiempo para que la masa subiera.
También el cordero asado aparece enseguida como posibilidad, ya que la Pascua judía del período del Segundo Templo estaba ligada al sacrificio del cordero en Jerusalén, y su consumo asado en el hogar. A eso se sumarían las hierbas amargas, otra pieza clásica de la memoria pascual.
La investigación arqueológica y la historia de la alimentación añaden más matices. En 2016, dos arqueólogos italianos publicaron un estudio sobre lo que se pudo haber comido en la Última Cena que incluía un menú reconstruido, a partir de versículos bíblicos, textos judíos, literatura romana antigua y datos arqueológicos, durante el siglo I. La mesa que propusieron para esa noche los investigadores incluye pan ácimo, cordero, estofado de lentejas o legumbres, aceitunas con hisopo (una hierba con sabor a menta), dátiles, frutos secos, alguna salsa de pescado similar al garum romano y vino aromatizado o diluido.
No es un menú comprobado plato por plato, pero sí una hipótesis históricamente razonable respaldada por la arqueología y la etnografía, puesto que los hallazgos realizados en yacimientos como Qumrán, Masada y el Barrio Herodiano de Jerusalén apuntan a la presencia de trigo, lentejas, aceite de oliva, frutas secas y hierbas en las dietas judías de la época.
En tiempos de Jesús, la base alimentaria era el pan, las aceitunas, el aceite, las legumbres, las frutas secas y, en algunos contextos, el pescado. La carne existía, pero se consumía sobre todo en circunstancias festivas o ceremoniales. Por eso el cordero resulta plausible en una cena solemne, pero no en una comida ordinaria.
Una comida lenta, ritualizada y conversada
Tampoco la forma de comer se parecía a la imagen popular. Los comensales probablemente no estaban sentados erguidos en sillas altas, sino reclinados sobre cojines o divanes bajos, al modo mediterráneo. Esta postura era una característica definitoria de las comidas formales en el mundo grecorromano y helenístico de la época.
La Última Cena, así imaginada, se parece menos a una pintura congelada y más a una comida lenta, ritualizada y conversada. Los participantes compartían cuencos y platos mientras se reclinaban en cojines, participando en un ceremonial profundamente enraizado en la tradición judía antigua.
La ingesta energética en tiempos de Jesús
Hay una dimensión menos obvia, pero muy reveladora, en todo este asunto: la nutrición. Sabemos más o menos qué alimentos podían circular por una mesa judía del siglo I, pero sabemos mucho menos sobre cuánta energía aportaba realmente la dieta de aquella época. Un estudio realizado en 2018 aplicó modelos matemáticos para estimar la ingesta energética probable en tiempos de la Última Cena.
Su punto de partida es muy sencillo: los registros antiguos de alimentos son útiles, pero incompletos. Los autores compararon descripciones históricas de dieta con estimaciones de altura de reclutas romanos, esperanza de vida, peso corporal probable y niveles de actividad física similares a los de sociedades agrarias modernas. El resultado fue llamativo: mientras ciertos registros de la Mishná (ley oral judía) apenas permitían calcular unas 1 176 kilocalorías diarias, los modelos fisiológicos elevan la ingesta probable a una franja de entre 2 319 y 3 973 kilocalorías al día. Mientras que hoy en día se establece que los requerimientos energéticos medidos en adultos modernos son unas 2 266 kcal/día mujeres y 2 850 kcal/día hombres, con variaciones por sexo, edad y actividad física,
La conclusión no resuelve el menú exacto, pero sí obliga a corregir una intuición frecuente: la de imaginar las comidas antiguas como mesas casi vacías, puramente simbólicas.
La Última Cena fue una cena sagrada, sí, pero también una cena humana. Y quizá siga fascinando precisamente por eso: porque en ella se cruzan la fe, la historia y algo tan humano como sentarse a la mesa.
José Miguel Soriano del Castillo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – France – By Catherine Maia, Professeure de droit international à l’Université Lusófona (Portugal) et professeure invitée à Sciences Po Paris (France), Sciences Po
At a time when military tensions in the Middle East have further intensified in recent weeks, in the context of operations conducted by the United States and Israel and renewed concerns surrounding Iran’s nuclear programme, a recurring question has re-emerged in public debate: why does Israel possess nuclear weapons while Iran is legally prohibited from acquiring them?
Often framed in terms of unequal treatment or “double standards,” this question actually relates to the very structure of the international legal regime governing nuclear weapons.
International law is a legal order created by states and for states. As such, it is grounded in the consent of states, which derives from their sovereignty. This fundamental principle also applies to the legal regime governing nuclear weapons: the possession of nuclear weapons – or the decision to renounce them – is a matter of sovereign choice. In other words, only a state may consent to limiting its military capabilities by renouncing possession of such weapons of mass destruction.
This treaty constitutes one of the pillars of collective security in international law. Its purpose is to prevent the proliferation of nuclear weapons – in particular to additional states – in order to promote nuclear disarmament, and encourage safe and peaceful use of nuclear energy.
The NPT distinguishes between nuclear-weapon states (United States, Russia, the United Kingdom, France, and China) and non-nuclear-weapon states. More specifically, it defines nuclear-weapon states as those that had manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device before 1 January 1967, while the other parties are classified as non-nuclear-weapon states and have agreed to forswear the possession of nuclear weapons.
Nuclear power: different rules for the haves and the have nots
This fundamental distinction structures the entire legal regime of the treaty and entails differentiated but complementary obligations among the 191 States parties. While non-nuclear-weapon states agree not to acquire nuclear weapons, nuclear-weapon states agree not to transfer such weapons or assist other states in acquiring them. The treaty also stipulates an obligation to pursue negotiations in good faith towards nuclear disarmament.
In a context marked by Cold War tensions and fears of an uncontrolled proliferation of nuclear powers, the spread of nuclear weapons to an increasing number of states was perceived in 1968 as a major factor of international instability and a heightened risk of nuclear conflict. Against this backdrop, the compromise at the heart of the NPT was accepted, based on a differentiated allocation of obligations between nuclear-weapon states and non-nuclear-weapon states.
Although this asymmetrical compromise may, at first glance, appear unequal, it was designed as an instrument of strategic stability and collective security, while also constituting a direct expression of state sovereignty. A state may indeed decide to limit its own prerogatives. In return, breaches of these commitments entail legal consequences. This is where the debate over the different treatment of Iran and Israel arises.
If Israel has a nuclear arsenal, why can’t Iran?
Iran has been a party to the NPT since 1970 and is legally bound, as a non-nuclear-weapon state, not to acquire nuclear weapons, while also being subject to the safeguards mechanisms of the International Atomic Energy Agency (IAEA). Its nuclear programme is therefore assessed within a treaty framework that imposes specific legal obligations and international verification requirements.
By contrast, Israel is not a party to the NPT. Under the principle of the relative effect of treaties, Israel, not being a party to the NPT, cannot be legally bound by obligations arising from that treaty.
A legal framework producing differentiated outcomes
The difference in treatment between the two countries thus stems less from a legal inconsistency than from the very logic of international law. It illustrates the coexistence within the international order of de jure nuclear-weapon states and de facto nuclear-weapon states, such as Israel.
Several states currently possess nuclear weapons outside the framework of the NPT. In addition to Israel, this is also the case for India, Pakistan and North Korea (since its withdrawal from the treaty in 2003). Their situation does not, in itself, constitute a violation of the NPT, since they are not (or are no longer) parties to it. They therefore operate within a legal framework distinct from that applicable to states bound by the treaty.
This situation reflects a fundamental feature of the international legal order: the coexistence of treaty regimes to which not all states necessarily adhere. One example is the 2017 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), to which 74 states are currently parties, and which prohibits the acquisition, possession and use of such weapons. This legal regime coexists alongside that of the NPT.
Accordingly, the question of why Israel possesses nuclear weapons, while Iran is denied that possibility is less a reflection of a contradiction in international law than a consequence of its structure.
In the absence of a treaty commitment, general international law does not currently establish a comprehensive and absolute prohibition on the possession of nuclear weapons as such. Only those states that have consented to specific obligations – notably within the framework of the NPT or the TPNW – are legally bound.
“In international law there are no rules, other than such rules as may be accepted by the state concerned, by treaty or otherwise, whereby the level of armaments of a sovereign state can be limited, and this principle is valid for all states without exception.”
Thus, in accordance with the principle of sovereign equality, limitations on military capabilities derive solely from state consent. In the absence of such a commitment, no state may legally impose on another an obligation of renunciation.
International law governing nuclear weapons therefore does not establish any general right to possess such weapons.
Rather, it reflects the existence of sovereign commitments through which some states have chosen to renounce them, while others have decided not to subject themselves to such constraints.
This article was co-authored with Débora Surreco Carrilho, PhD candidate in international law, University of Orléans (France).
A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!
Catherine Maia ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Cet article est publié en collaboration avecBinaire, le blog pour comprendre les enjeux du numérique.
Un système d’IA doit toujours être supervisé par un humain, mais encore faut-il que cette personne soit en mesure de distinguer quand elle comprend ce que propose la machine et quand elle peut être influencée.
Les cadres contemporains de gouvernance de l’intelligence artificielle (IA) reposent sur un présupposé rarement rendu explicite : lorsqu’un opérateur humain reçoit l’output d’un système d’IA, il doit être en mesure de l’évaluer de manière significative. Les dispositions de l’AI Act européen relatives aux systèmes à haut risque exigent transparence, explicabilité et supervision humaine.
Sont explicitement visés les systèmes utilisés dans le recrutement et l’évaluation des travailleurs, l’accès aux prestations sociales, les décisions d’octroi de crédit, le contrôle aux frontières, l’administration de la justice, et les soins de santé critiques.
Le plan d’action des États-Unis sur l’IA appelle au maintien d’un contrôle humain significatif sur les décisions IA à conséquences importantes. Les principes de l’OCDE sur l’IA inscrivent le centrage sur l’humain au cœur de ses engagements.
Ces engagements sont nécessaires mais insuffisants. Ils portent sur ce que les systèmes d’IA doivent fournir aux opérateurs humains et laissent entièrement sans réponse la question de ce que ces derniers doivent être capables de faire pour agir sur ce qu’ils reçoivent. Cette lacune n’est pas accidentelle. C’est un angle mort structurel dans l’architecture actuelle de la gouvernance de l’IA.
Le modèle implicite du superviseur humain dans la plupart des textes réglementaires est celui d’un professionnel compétent et attentif qui, face à des outputs précis et lisibles, formule des jugements éclairés. C’est une hypothèse plausible dans des environnements stables, à faibles enjeux et bien maîtrisés, mais une hypothèse fragile dans des contextes à forts enjeux, soumis à la pression temporelle, et techniquement opaques – précisément les contextes dans lesquels les systèmes d’IA sont de plus en plus déployés.
Par exemple, l’infirmier aux urgences en charge du triage aux urgences qui reçoit un score de triage produit par un système IA ne dispose pas systématiquement des explications qui l’ont généré. Le conseiller bancaire qui doit décider en quelques minutes de bloquer un compte sur la base d’une alerte de fraude automatisée travaille potentiellement avec un modèle propriétaire qu’il ne peut pas interroger. L’agent administratif qui valide l’attribution d’un logement social ou d’une prestation algorithmiquement priorisée ne peut généralement pas expliquer pourquoi un dossier a été classé avant un autre. L’enseignant qui contresigne une notation automatisée d’examen n’a pas accès aux critères qui ont produit le score. Dans chacun de ces cas, la supervision humaine est formellement présente – et substantiellement impossible.
Des opérateurs métacognitivements avertis
La métacognition – la capacité à monitorer et réguler ses propres processus cognitifs – est le substrat psychologique d’une supervision efficace. Un opérateur métacognitivement averti sait quand il comprend quelque chose, quand il conjecture, et quand son jugement est façonné par des facteurs qu’il n’a pas consciemment enregistrés. Cette capacité ne peut pas être présumée ; elle varie significativement selon les individus, les formations et les pressions situationnelles.
La recherche en interaction humain-automatisme a documenté un ensemble de modes de défaillance qui émergent spécifiquement lorsque des humains supervisent des systèmes automatisés ou alimentés par l’IA. Le biais d’automatisation – la tendance à surpondérer les recommandations générées par la machine par rapport à son propre jugement – est l’un des résultats les plus robustes du domaine. Dans une étude fréquemment citée, les chercheurs Parasuraman et Riley ont montré en 1997 que les humains mésusent (c’est-à-dire font un mauvais usage ou utilisent de manière inadéquate ou inappropriée) systématiquement de l’automatisation en l’appliquant là où elle est peu fiable, et la délaissent là où elle serait bénéfique – deux types d’erreurs qui reflètent un défaut d’étalonnage métacognitif plutôt qu’un défaut de provision d’information. Par exemple, dans des expériences en simulateur de vol citées par ces auteurs, des pilotes équipés d’un système d’alerte automatique ont éteint un moteur en réponse à une fausse alerte – une décision qu’ils avaient eux-mêmes déclaré, avant l’expérience, ne jamais prendre sur la seule foi d’une alerte automatisée.
Le défi est aggravé par les caractéristiques propres aux systèmes d’IA contemporains. Les travaux de Kahneman sur une cognition à double processus – connu aussi sous le nom de Système 1/Système 2, les deux vitesses de pensées – éclairent ce mécanisme. Face à un système IA qui produit un output avec fluidité et assurance, l’esprit humain tend à activer un traitement rapide et intuitif (celui qu’on mobilise pour des tâches familières et peu risquées), plutôt que de réaliser une analyse profonde de la situation, plus longue, plus réfléchi, plus logique, et donc plus gourmande cognitivement.
Plus concrètement, une explication qui paraît plausible déclenche des réponses cognitives différentes d’une explication qui l’est vraiment. Lorsque les explications des systèmes d’IA sont synthétiquement fluides, numériquement précises et visuellement formatées comme des outputs faisant autorité, elles suppriment précisément le scepticisme que nécessite une supervision significative.
Peut-être de manière contre-intuitive, fournir davantage d’explications n’améliore pas de manière fiable le jugement humain des résultats d’IA. Une équipe de recherche, dans une étude expérimentale rigoureuse, a constaté que les explications produites par l’IA n’amélioraient pas systématiquement les performances de l’équipe humain-IA, et les dégradaient dans plusieurs conditions – notamment lorsque les explications étaient techniquement exactes mais cognitivement incompatibles avec la manière dont les opérateurs formaient leurs propres jugements.
Plus concrètement, sur la tâche d’analyse de sentiment, l’IA expliquait son jugement en surlignant les mots qu’elle avait identifiés comme positifs ou négatifs. Or les participants humains évaluaient le ton d’un texte de manière globale, en tenant compte du contexte et de la cohérence d’ensemble – un processus que la mise en évidence de mots individuels ne peut pas restituer. Ici, l’IA et l’humain n’arrivent pas à leur jugement par le même chemin : L’IA identifie des élements locaux (un mot, une phrase), là ou l’humain construit un jugement holiste (l’ensemble du texte, le contexte, la cohérence interne). Quand l’explication fournie reflète la logique de la machine plutôt que celle du raisonnement humain, elle ne donne pas à l’opérateur les outils pour évaluer si la recommandation est fiable – elle le convainc simplement de la suivre.
L’explicabilité est ainsi une condition nécessaire mais insuffisante d’une supervision efficace. Ce qui réduit l’écart entre les deux, c’est la maturité métacognitive.
Trois implications pour la gouvernance de l’IA
Si la maturité métacognitive est une propriété réelle et variable des opérateurs humains, alors les cadres de gouvernance qui imposent l’explicabilité sans s’intéresser à la métacognition des opérateurs sont tout simplement incomplets. Selon les travaux de la littérature scientifique – parmi lesquels ceux de l’IA explicable, de l’interaction humain-automatisme, des sciences cognitives, de la psychologie, des sciences humaines et sociales –, trois implications peuvent être énoncées :
La transparence centrée sur la documentation est insuffisante. Ce n’est pas une intuition : c’est ce que la recherche montre depuis trente ans. Ainsi, documenter et expliquer le comportement d’un système ne suffit pas à garantir de bonnes décisions humaines sans impliquer les individus dans les processus de conception de ces explications et de cette documentation et prendre en compte le contexte du besoin métier à l’instant t. Des études contrôlées ont même montré que « trop d’explications » peuvent dégrader la performance de l’équipe humain-IA en noyant l’information pertinente dans le bruit.
La qualification métacognitive des opérateurs devrait être considérée comme une composante de la gouvernance IA. Il s’agit ici d’un gap que la recherche a commencé à nommer, sans qu’aucun référentiel n’ait encore été formalisé.
Plus concrètement, les textes réglementaires comme l’AI Act exigent que les superviseurs humains soient « compétents », mais sans jamais définir ce que cela signifie – et en particulier, aucun référentiel n’évalue ce que les chercheurs appellent la compétence métacognitive, soit la capacité à détecter les défaillances de son propre raisonnement face à un système opaque, compétence qui relève de la formation et du contexte, pas de l’intelligence brute. Une précision importante s’impose ici. Parler de la qualification métacognitive des opérateurs ne revient pas à questionner la valeur ou l’intelligence des personnes qui supervisent des systèmes d’IA. Il ne s’agit pas non plus de classer les humains selon leur capacité à « bien penser ». La métacognition n’est ni un trait de personnalité ni un indicateur de valeur. C’est une compétence situationnelle, sensible au contexte, à la formation, à la charge cognitive et aux conditions de travail. Par exemple, un chirurgien expérimenté peut présenter un excellent étalonnage métacognitif dans son domaine et être tout aussi vulnérable au biais d’automatisation qu’un débutant face à un système d’IA opaque dans un contexte pour lequel il n’a reçu aucune formation spécifique.
Les compétences métacognitives – savoir ce qu’on comprend, détecter ses propres erreurs de raisonnement, réguler ses stratégies cognitives – varie selon les individus et n’est pas uniformément répartie au sein de la population, ce qui crée un risque structurel pour la sécurité. Il s’agit d’une hypothèse, formulée à partir de travaux menés en psychologie de l’éducation, qui n’a pas encore été étudiée dans le contexte de la gouvernance de l’IA. C’est peut-être le prochain axe de recherche que les gouvernements devraient activement encourager. En effet, si les organisations les mieux dotées en moyens matériels et en ressources humaines peuvent satisfaire aux exigences de supervision réelle, celles qui n’en n’ont pas – non pas parce que leurs personnels seraient moins capables, mais parce que les conditions permettant le développement de cette compétence situationnelle n’ont pas été réunies – produiront une conformité de façade, insuffisante, générant une fausse sécurité particulièrement dangereuse dans les domaines critiques.
Ikram Chraibi Kaadoud ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Source: The Conversation – France in French (3) – By Xavier Carpentier-Tanguy, Indopacifique, Géopolitique des mondes marins, réseaux et acteurs de l’influence, diplomatie publique, Sciences Po
Les mers et les océans du monde entier sont avant tout des lieux de passage pour navires commerciaux et militaires, et à ce titre deviennent des lieux de conflictualité dont le contrôle est essentiel du point de vue stratégique comme économique.
Alors que l’Iran a restreint l’accès au détroit d’Ormuz, provoquant une envolée des primes d’assurance et un ralentissement brutal des flux de pétrole et de gaz, la vulnérabilité de l’économie-monde apparaît au grand jour. Les frappes croisées, les menaces d’« escortes armées » et la militarisation accélérée du golfe Persique font de ce passage un laboratoire des conflits du XXIᵉ siècle.
Cette crise ne surgit pas ex nihilo : elle prolonge une longue histoire de bras de fer autour des détroits, canaux et mers intérieures. De Panama à Ormuz, en passant par la mer Rouge et l’espace arctique, ce sont les mêmes logiques de contrôle des flux qui sont à l’œuvre.
Du canal de Panama au détroit d’Ormuz
Depuis 2025, les États-Unis ont intensifié leur engagement stratégique pour le contrôle des espaces maritimes et des points de transit critiques, à travers une série d’opérations militaires et diplomatiques ciblées. En Amérique latine, cette posture s’est traduite par une intervention directe au Venezuela en janvier 2026, où une « attaque de grande envergure » a visé les infrastructures militaires et portuaires, notamment la base aérienne Generalissimo Francisco de Miranda et le port de La Guaira, principal accès maritime de Caracas. Cette opération, baptisée Absolute Resolve, a permis la capture du président Nicolás Maduro, accusé de trafic de drogue et de déstabilisation régionale, et a confirmé la volonté américaine de sécuriser les routes des Caraïbes et de contrer l’influence chinoise et russe dans la région.
Dès les années 1980, les États-Unis avaient déjà affirmé leur présence en Amérique centrale, avec des opérations comme Urgent Fury à Grenade en 1983, visant à protéger les ressortissants américains et à limiter l’influence cubaine. En décembre 1989, l’opération Just Cause au Panama a marqué un tournant : près de 27 000 soldats américains ont été déployés pour renverser le général Manuel Noriega, ancien allié devenu un obstacle à la stabilité régionale et à la maîtrise du canal de Panama, un point de passage stratégique pour le commerce mondial.
Plus récemment, les ambitions américaines se sont étendues à l’Arctique. Rappelons que l’administration Trump évoquait déjà sa volonté d’acquérir le Groenland en 2019, volonté réaffirmée avec force depuis un an. Cette initiative est révélatrice de l’importance croissante des routes maritimes polaires dans un contexte de fonte des glaces. Cette volonté de contrôle s’est poursuivie en 2025-2026 avec le renforcement des patrouilles et des infrastructures militaires dans la région, visant à sécuriser les accès au passage du Nord-Ouest et à contrer les ambitions russes et chinoises.
En février 2026, les États-Unis ont lancé l’opération « Epic Fury » contre l’Iran, une campagne militaire d’ampleur visant à neutraliser les capacités balistiques et navales iraniennes, ainsi qu’à empêcher toute reconstitution rapide de ces forces. Déclenchée le 28 février 2026, cette opération a mobilisé des frappes aériennes massives, des drones et une coordination interarmées, confirmant la volonté américaine de contrôler les espaces stratégiques du Moyen-Orient et de sécuriser les flux énergétiques et commerciaux — une volonté qu’a encore accrue la fermeture par Téhéran du détroit d’Ormuz.
L’implication européenne
Face à cette escalade, l’Europe a réagi avec détermination. Plusieurs États membres de l’UE ont déployé des moyens navals significatifs pour sécuriser Chypre et les axes maritimes stratégiques vers Suez et Ormuz. L’Italie a déployé la frégate Martinengo près de Chypre aux côtés de la frégate espagnole Cristobal Colon, tandis que les Pays-Bas ont préparé la frégate HNLMS Evertsen pour des opérations régionales. L’Allemagne a envoyé la frégate FGS Nordrhein-Westfalen dans la zone de Chypre, et la Grèce a mobilisé sa nouvelle frégate Kimon, équipée d’un système de défense aérienne longue portée, ainsi que la frégate de classe Hydra Psara. Le Royaume-Uni a annoncé l’envoi du destroyer de défense aérienne HMS Dragon à Chypre, équipé du système de missiles Sea Viper, ainsi que des hélicoptères dotés de capacités anti-drones. La France, enfin, a ordonné le déploiement de son porte-avions Charles-de-Gaulle, qui était encore en Baltique, ses moyens aériens embarqués et son escorte de frégates vers la Méditerranée.
Cette mobilisation européenne coordonnée vise à protéger les bases britanniques à Chypre, frappées par des drones iraniens, et à sécuriser les routes énergétiques vitales alors que la circulation dans le détroit d’Ormuz demeure un enjeu capital, perturbant l’approvisionnement mondial en pétrole et gaz.
En mars 2026, la pression exercée sur l’Iran s’inscrit dans cette continuité stratégique : elle illustre une doctrine de sécurisation des flux énergétiques, commerciaux et numériques, désormais concentrés dans des zones pivots comme le golfe Persique, la mer Rouge, la Méditerranée occidentale et le Haut-Nord.
Le détroit d’Ormuz, par lequel transitent entre 20 et 25 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux, reste le goulot d’étranglement central de l’économie globale. Sa géographie offre à Téhéran un levier structurel pour perturber la liberté de navigation. Les analyses de renseignement maritime de 2024 montrent que la contraction du trafic dans cette zone résulte de la dissuasion indirecte iranienne et de l’impact des primes d’assurance, même en l’absence de minage massif. Contrairement à Gibraltar ou à Suez, les navires traversant Ormuz atteignent directement les côtes du Golfe, où se concentrent des infrastructures pétrochimiques, des terminaux de GNL et des unités de dessalement, devenues des cibles stratégiques.
L’évolution du combat naval au cours des dernières décennies
L’opération américaine « Praying Mantis » en 1988, déclenchée après le minage du USS Samuel B. Roberts, a marqué un tournant dans les tensions maritimes entre Washington et Téhéran.
Dans La confrontation en mer, Nicolas Mazzucchi démontre que l’océan est dorénavant autant un théâtre de confrontation qu’un simple espace de circulation. En réponse, l’Iran a développé des capacités asymétriques, déployant une « poussière navale » de centaines d’embarcations rapides, soutenues par des missiles côtiers et des drones. Cette architecture garantit une menace permanente sur les routes maritimes et assure une résilience face aux frappes conventionnelles, tout en permettant des ripostes ciblées ou massives contre les infrastructures régionales.
L’amiral Nicolas Vaujour, dans ses analyses sur la supériorité technologique – présentées dans son livre les Guerres en mer –, insiste sur l’impératif pour les marines modernes de s’adapter à ces nouvelles menaces. L’industrie européenne répond à ce défi avec des solutions souveraines, comme la solution Orange Drone Guardian lancée en 2026, qui renforce la détection des drones intrusifs et la protection des sites sensibles.
La vulnérabilité des routes alternatives confirme que l’évitement n’est pas une solution viable. L’attaque par drone contre le port saoudien de Yanbu et la campagne houthie en mer Rouge à l’automne 2023 ont démontré qu’un acteur lié à Téhéran peut paralyser jusqu’à 15 % du commerce mondial.
Dans [Vaincre en mer], Thibault Lavernhe et François-Olivier Corman décrivent l’ère actuelle comme le « cinquième âge » du combat naval, où la saturation des senseurs et la coordination des attaques en temps réel redéfinissent les conditions de survie des navires. La suspension des attaques des houthis en 2026 suggère une « patience stratégique » : les milices conservent ce levier pour une escalade future, en fonction des rapports de force régionaux.
Car Téhéran étend désormais ses cibles aux infrastructures numériques, avec des frappes signalées contre des centres de données aux Émirats arabes unis et à Bahreïn. Cette guerre hybride vise à paralyser l’économie numérique mondiale. Le flux, quelle que soit sa nature, possède une valeur stratégique. L’empêcher ou le réduire, c’est affaiblir l’opposant et peser sur des négociations possibles.
En Méditerranée occidentale, l’Algérie a renforcé sa flotte de sous-marins Kilo armés de missiles Kalibr, adressant le signal capacitaire d’un possible verrouillage du détroit de Gibraltar sous une bulle de déni d’accès (A2/AD). Cette diffusion des stratégies de contestation des espaces maritimes se confirme aussi dans le Haut-Nord, où l’exercice Cold Response 2026 de l’OTAN met l’accent sur la maîtrise du spectre électromagnétique pour neutraliser les capteurs adverses avant tout engagement cinétique.
Dénis d’accès (A2/AD) et bulles de souveraineté : enjeux juridiques et limites du droit international
Les stratégies de déni d’accès (A2/AD) et les bulles de souveraineté redéfinissent les équilibres géopolitiques en mer, mais soulèvent des questions juridiques majeures au regard de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS, 1982). Ce traité, ratifié par 169 États, consacre la liberté de navigation en haute mer (article 87) et encadre strictement les droits des États côtiers dans leurs eaux territoriales (article 2) et zones économiques exclusives (article 56).
Pourtant, les pratiques A2/AD, comme celles déployées par Pékin en mer de Chine méridionale ou par l’Iran dans le golfe Persique, exploitent les zones grises du droit international pour restreindre l’accès à des espaces stratégiques.
La Cour permanente d’arbitrage (CPA), dans l’affaire Philippines c. Chine (2016), a rappelé que les revendications maritimes doivent respecter les limites fixées par UNCLOS, notamment en matière de délimitation des ZEE et de passage inoffensif (articles 19 et 24). Les bulles A2/AD, en combinant missiles sol-mer, drones et guerre électronique, testent ces principes : elles peuvent être interprétées comme une violation du droit coutumier si elles restreignent arbitrairement la liberté de navigation, sauf en cas de menace avérée et proportionnée. Des juristes comme Myron H. Nordquist et Yu Minyou (Wuhan University) soulignent que ces stratégies révèlent les lacunes de UNCLOS face aux nouvelles technologies (drones, cyberattaques) et aux actions unilatérales, appelant à un renforcement des mécanismes de règlement des différends (Partie XV de UNCLOS) et à l’élaboration de normes coutumières complémentaires.
Dans ce contexte, où les flux maritimes – énergétiques, commerciaux et numériques – deviennent à la fois des enjeux et des armes, la capacité des États à garantir leur maîtrise continue s’impose comme un impératif stratégique. C’est cette exigence de maîtrise et de résilience des flux face aux perturbations qui trouve son écho dans la devise adaptée Fluxuat nec mergitur (qui pourrait se traduire par « Traversé par les flux, mais jamais entravé ») : nous sommes entrés de plain-pied dans l’ère de la polémorrhée – de polémos (la guerre) et rhéos (le flux).
Xavier Carpentier-Tanguy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
