Author: MIL-OSI Publisher

Source: The Conversation – France – By Marc Salat Paisal, Profesor Agregado Serra Húnter de Derecho Penal, Universitat de Lleida

Cada año, más de 300 millones de niños, niñas y adolescentes –aproximadamente uno de cada doce menores de todo el planeta– sufren explotación o abuso sexual en internet. En el caso español los datos no son mejores. De hecho, las investigaciones científicas apuntan que este es un problema que afecta a entre un 10 y un 20 % de los menores de edad en España. El número de casos es alto y la policía no tiene herramientas suficientes para poder investigarlos todos.

La legislación actual permite a los investigadores rastrear las fuentes digitales abiertas, incluidas las redes sociales, para identificar indicios de delito relevantes. También admite incorporar en la investigación las pruebas obtenidas por particulares, como puede ser el registro de chats que posibles víctimas de grooming (acoso sexual a menores a través de las redes) puedan aportar.

La inteligencia artificial (IA) permite a la policía analizar grandes cantidades de datos en segundos, detectar patrones sospechosos y localizar posibles delincuentes con mayor rapidez. También facilita la revisión de miles de archivos en investigaciones complejas. Sin la IA, este trabajo sería casi imposible. No obstante, su uso plantea un dilema: ¿hasta qué punto estas herramientas pueden intervenir sin vulnerar derechos fundamentales como la privacidad?

El uso de la IA en España, de hecho, no es nuevo. La policía la utiliza, por ejemplo, para analizar el riesgo de reincidencia en casos de violencia de género.

Cuando la IA revisa conversaciones y busca imágenes

En algunos países, aunque no en España, se utilizan herramientas con IA para perseguir delitos sexuales contra menores en internet. Algunas revisan conversaciones y priorizan denuncias, y otras buscan imágenes ilegales en la web. En todos los casos, su objetivo es facilitar el trabajo de la policía.

La clave del debate es determinar si el uso de la IA en la investigación policial de delitos, especialmente en casos de grooming, se ajusta a la legalidad. Hasta hace poco, la normativa era fragmentaria y ofrecía pocas garantías sobre el uso de estas tecnologías.

En 2016 se aprobó una Directiva europea que prohibía basar las decisiones legales solo en el análisis automático de datos. Posteriormente, en 2021, el Parlamento Europeo permitió el uso de la IA, aunque con limitaciones. Entre ellas, que los algoritmos debían ser transparentes, comprensibles y verificables. Y, sobre todo, que las decisiones finales debían ser tomadas por personas, no por máquinas.

Recientemente, se ha aprobado el Reglamento Europeo sobre IA de 2024, que permite el uso de estas herramientas en la justicia penal. Sin embargo, el reglamento califica su uso de alto riesgo. Ello implica que, entre otras exigencias, estas herramientas deben ser seguras, transparentes y supervisadas por humanos. Por su parte, en España no existen normas específicas sobre el uso de la IA en la justicia penal, por lo que el marco normativo de referencia es el europeo.

Ante este panorama, el Estado español debe aprovechar el marco legal para desarrollar herramientas que faciliten la investigación de delitos sexuales contra menores en la red. Por ejemplo, para filtrar y priorizar el gran volumen de casos que llega a manos de la policía española. Más difícil sería admitir el uso de chatbots que se hiciesen pasar por menores de edad, a modo de potenciales víctimas, para “cazar” a agresores sexuales. Ello está expresamente prohibido por la legislación española.

Con todo, los expertos han alertado de los problemas que plantea el uso de la IA en el ámbito penal. Aunque esta es capaz de detectar patrones, no es infalible. Un algoritmo mal diseñado podría generar falsos positivos, señalando como sospechosos a usuarios que no han cometido ningún delito.

Análisis previo del fenómeno

Para evitar estos y otros problemas propios de las herramientas basadas en algoritmos o en IA, es muy importante realizar un análisis previo del fenómeno de la delincuencia sexual online. Además, los sistemas deben alimentarse con datos completos para garantizar que sus resultados superen los de un análisis humano.

Si se tiene en cuenta lo anterior, la implementación de IA puede ofrecer una oportunidad para identificar y corregir estos sesgos. De hecho, los prejuicios atribuidos a la IA provienen de los datos con que son alimentados por parte de los humanos.

Por eso, el Estado español debe acompañar la implementación de estas herramientas con un marco legal sólido que proteja los derechos fundamentales. También es clave entender que la IA debe complementar el trabajo humano, aportando análisis y datos para una toma de decisiones más informada y precisa.

En resumen, la IA puede transformar significativamente la gestión de los casos policiales de delitos de grooming. No obstante, debe usarse de manera complementaria, con una comprensión clara de sus limitaciones y riesgos para reforzar el papel de los agentes del sistema de justicia.

Marc Salat Paisal recibe fondos de del Ministerio de Ciencia, Innovacción y Universidades a través de los proyectos de investigación Derecho penal y comportamiento humano (MICINN-RTI2018-097838-B-100) y Ciberacoso sexual a menores: perfiles linguísticos para el desarrollo de herramientas digitales forenses para prevención, detección y priorización en España (PID2020-117964RB-I00).

– ref. ¿Puede la inteligencia artificial salvar a los menores del acoso sexual en las redes? – https://theconversation.com/puede-la-inteligencia-artificial-salvar-a-los-menores-del-acoso-sexual-en-las-redes-252474

Source: The Conversation – France – By Mercedes Gil-Lamata, Assistant Professor of Business and Management, Universidad de La Rioja

Cada vez consumimos y agotamos más rápidamente los recursos del planeta. Con el fin de abordar este problema, a lo largo de los últimos años se ha planteado la necesidad de abandonar el tradicional modelo lineal basado en producir, usar y tirar, y sustituirlo por un nuevo modelo productivo, la economía circular, basada en la reducción de la cantidad de recursos empleados y en la reutilización de los mismos. Pero ¿qué papel juega la digitalización en este cambio de paradigma?

Una investigación reciente analiza cómo las tecnologías digitales pueden ayudar a los países europeos a avanzar hacia un modelo más sostenible. Los resultados son reveladores: los países con mayor desarrollo digital tienden a mejorar su desempeño circular. Es decir, digitalización y circularidad van de la mano.

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El reto: usar los recursos sin agotarlos

El problema de la sobreproducción requiere de una solución urgente. La demanda global de recursos naturales crece sin freno, y buena parte de ellos no se regeneran. Para 2030, se espera que más de 9 000 millones de personas compartan un planeta con límites físicos muy claros.

En este contexto, la economía circular propone un modelo económico que reduzca los residuos, prolongue la vida útil de los productos y reincorpore materiales al ciclo productivo. Frente al despilfarro del modelo tradicional, se apuesta por la eficiencia, la sostenibilidad y la regeneración.

En consecuencia, iniciativas como el Pacto Verde Europeo o el Plan de Acción para la Economía Circular de la UE han cobrado protagonismo. Pero, más allá de las políticas, es necesario entender qué factores facilitan –o dificultan– la transición hacia este nuevo modelo.

¿Puede ayudarnos la tecnología?

Aunque podría parecer que la sostenibilidad y la tecnología son conceptos antagónicos, la realidad es bien distinta. La digitalización –entendida como la integración de las tecnologías digitales en los procesos sociales y económicos– puede ser una poderosa aliada de la economía circular. Desde sensores que permiten rastrear materiales hasta plataformas de reutilización, pasando por sistemas de inteligencia artificial que optimizan procesos de producción o consumo, las aplicaciones digitales abren nuevas vías para cerrar los ciclos productivos y reducir residuos.

Pero ¿cómo se refleja esta relación en la práctica? ¿De verdad los países más digitalizados están más cerca de alcanzar una economía circular?

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Cuatro tipos de países, cuatro niveles de circularidad

Para responder a estas preguntas, el estudio analizó los 27 países de la Unión Europea, agrupándolos en función de su comportamiento en las siguientes áreas clave para la economía circular: producción y consumo, gestión de residuos, uso de materias primas secundarias e innovación. A partir de esta clasificación, se identificaron cuatro grupos de países:

• Generadores: se trata de economías con bajo nivel de circularidad y escasa inversión en reciclaje o innovación. En este grupo se integran gran parte de los países del sur y este de Europa (como Grecia, Rumanía o Bulgaria).

• Recicladores: presentan buenos niveles de reciclaje y algo más de innovación. Aquí se sitúan países como España, Austria o los países nórdicos.

• Realizadores: destacan especialmente por su uso de materias primas recicladas. Es el caso de Bélgica y los Países Bajos.

• Innovadores: lideran en todas las áreas, especialmente en innovación. Francia, Alemania e Italia forman este grupo.

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¿Qué papel juega la digitalización?

A continuación, los investigadores analizaron el grado de digitalización de cada país, usando indicadores como el capital humano digital, la integración de tecnología en las empresas, los servicios públicos digitales y la conectividad. Los resultados muestran que hay una clara relación entre economía circular y digitalización. En concreto, tres factores digitales marcaron la diferencia:

• Capital humano: los países con más personas formadas en competencias digitales tienen más capacidad para aplicar estrategias circulares.

• Integración tecnológica: las empresas que usan tecnologías como el big data o el comercio electrónico tienden a operar de manera más eficiente y circular.

• Servicios públicos digitales: la digitalización de los gobiernos facilita procesos como la gestión de residuos o la trazabilidad de los materiales.

Curiosamente, la conectividad –como tener acceso a internet– no marcó diferencias significativas. Esto se explica seguramente porque, dentro de la UE, dicho acceso está bastante generalizado y no es ya un factor diferenciador.

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No hay economía circular sin digitalización

Aunque no se establece una relación causal directa, los datos muestran una sólida asociación: los países con mayores niveles de digitalización tienden a presentar un mejor desempeño en economía circular. La digitalización ofrece herramientas, habilidades y plataformas que permiten a gobiernos, empresas y la sociedad avanzar hacia modelos más sostenibles. De hecho, avanzar en economía circular sin apostar por la digitalización puede dejar a muchos países atrás.

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¿Y ahora qué?

Para acelerar la transición hacia una economía circular, las políticas públicas deberían tener en cuenta esta conexión. Fomentar la formación digital, apoyar la innovación tecnológica en las empresas y digitalizar los servicios públicos no solo mejora la competitividad: también es una inversión en sostenibilidad.

Además, las empresas que integran principios circulares en su estrategia –apoyadas en herramientas digitales– pueden reducir costes, atraer talento y diferenciarse en un mercado cada vez más consciente de su trascendencia.

En resumen, la digitalización no es solo un complemento de la economía circular: es una de sus condiciones fundamentales. Avanzar hacia un futuro sostenible exige entender que la digitalización no es opcional, sino parte esencial del cambio.

Mercedes Gil-Lamata recibe fondos del Gobierno de Aragón y Fondo Social Europeo (convocatoria de grupos de investigación (S64_23R) y del Ministerio de Ciencia e Innovación (AEI/10.13039/501100011033, ECO2020-113265GB-C22). Ambas convocatorias lo son para la realización de investigación básica y no suponen condicionante de ningún tipo acerca del tipo de investigación a realizar.

Lucio Fuentelsaz recibe fondos del Gobierno de Aragón y Fondo Social Europeo (convocatoria de grupos de investigación (S64_23R) y del Ministerio de Ciencia e Innovación (AEI/10.13039/501100011033, ECO2020-113265GB-C22). Ambas convocatorias lo son para la realización de investigación básica y no suponen condicionante de ningún tipo acerca del tipo de investigación a realizar.

Mª Pilar Latorre Martínez recibe fondos del Gobierno de Aragón y Fondo Social Europeo (convocatoria de grupos de investigación (S64_23R) y del Ministerio de Ciencia e Innovación (CPP2021-008997). Ambas convocatorias lo son para la realización de investigación básica y no suponen condicionante de ningún tipo acerca del tipo de investigación a realizar.

– ref. ¿Puede la digitalización acelerar la transición hacia una economía circular? – https://theconversation.com/puede-la-digitalizacion-acelerar-la-transicion-hacia-una-economia-circular-258023

Source: The Conversation – France – By José Pablo Rodríguez Gobiet, Investigación en Psicología, Educación y Desarrollo, Universidad de Granada

José llegó el martes a clase con la cabeza agachada. Venía del patio del recreo y la luz que desprendía su cara a primera hora de la mañana se había apagado por completo. Decía que “ya no podía más”.

Nuestro alumno, al igual que nosotros, es “de pueblo”. Nacimos en una zona rural de Andalucía. A pesar de los años que tenemos de diferencia, tanto él como nosotros hemos tenido que vivir actitudes y episodios de homofobia en la escuela.

José es un estudiante de 4º de Educación Secundaria Obligatoria cuya orientación sexual no cumple una serie de patrones que en ese contexto educativo se consideran una norma. Al no encajar en ese puzle, muchos adolescentes condenan sus comportamientos y aprovechan cualquier ocasión para discriminarlo al grito de “¡Maricón!”.

Aumento de discriminación

La homofobia sigue siendo un desafío importante en muchas sociedades, y el ámbito educativo no es ajeno a este fenómeno. A pesar de los avances legislativos, un 42,5 % de la población LGTBI+ ha sufrido algún tipo de violencia en este último año, según datos del Informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025.

En particular, en las aulas rurales la homofobia puede presentarse de formas sutiles o explícitas, afectando tanto a estudiantes como a docentes.

Raíces de la homofobia rural

En el aula, el comportamiento de los adolescentes se enmarca en un determinado contexto sociocultural, el que les ha “tocado” vivir. En este contexto confluyen una serie de variables: la educación y los valores recibidos en casa y en el instituto, pero también el contexto social y las redes sociales que frecuenta en la actualidad.

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El adolescente es todavía un niño o niña en construcción, según la teoría de Piaget. Aunque el accceso a internet y redes sociales han cambiado los referentes, y ya no son únicamente los más cercanos, el contexto rural no ofrece la misma diversidad social y prevalece el modelo heteropatriarcal basado en tradiciones y costumbres poco permeables.

Es un modelo en el que a menudo se transmiten prejuicios e ideas preconcebidas. Quienes se salen del modelo suelen ser enseguida señalados; en el caso de la orientación sexual, los prejuicios y la desinformación llevan a la homofobia.

Acoso escolar y sexilio

Nuestro alumno José es una víctima de su propio contexto, ya que los estudiantes que se identifican con la comunidad LGTBI+ a menudo sienten la presión de ocultar su orientación sexual, por miedo al rechazo o la violencia.

En Andalucía, por ejemplo, algunos adolescentes que se atreven a expresar su identidad sexual se enfrentan a burlas, insultos o exclusión e incluso agresiones físicas. Muchos se ven empujados a mudarse a una ciudad, lo que algunos expertos llaman “sexilio”.

Este autoexilio provoca, a su vez, que el colectivo LGTBI+ se mantenga casi inexistente en el medio rural, perpetuando la falta de normalización, los prejuicios y la discriminación.

Tipos de homofobia en contexto rural

El uso de términos como “maricón o bollera” van más allá de la violencia verbal: perpetúan la discriminación. La decisión de insultar o golpear a una persona homosexual pasa previamente por el uso de este tipo de palabras despectivas, ya que el agresor perpetúa un sistema en el que cree.

Los chistes, los comentarios jocosos constituyen un tipo de violencia de baja intensidad, cotidiana, que puede considerarse inofensiva pero cuyo efecto siguen siendo la exclusión y discriminación del diferente.

¿Cómo frenar la homofobia en contextos rurales?

Que la homofobia tenga una presencia elevada en las aulas rurales supone un déficit de educación inclusiva y respetuosa con la diversidad. En este sentido, el papel de los docentes es fundamental. A través de una formación adecuada en materia de derechos humanos y diversidad sexual, los educadores pueden ofrecer una enseñanza que no solo se centre en la transmisión de conocimientos académicos, sino también en valores como el respeto, la empatía y la igualdad.

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Un ejemplo positivo es el programa desarrollado por nuestro grupo de investigación: Spoilea tus prejuicios: el armario que lucha contra la homofobia. Ha sido implementado en diversas aulas rurales de Jaén y Córdoba y en la Semana de la Ciencia de la Universidad de Granada.

Este programa incluye talleres donde padres, docentes y alumnos participan en actividades que fomentan la divulgación de nuestros estudios para frenar la homofobia a través de la comprensión de la diversidad sexual, avalado por un proyecto de investigación educativa de la Junta de Andalucía. De esta manera, se ofrecen espacios colaborativos entre la investigación y la docencia.

Avanzar con ciencia y educación

Ciencia y educación son los ingredientes perfectos para avanzar, para desarrollar proyectos psicoeducativos que hagan a nuestro alumnado crecer como personas en libertad e igualdad. Combatir la homofobia no solo beneficia a los jóvenes LGTBI+, sino que contribuye a la creación de pueblos más justos, igualitarios y respetuosos con la diversidad.

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Nosotros, al igual que muchas, muchos y muches de vosotres, fuimos también ese José, ese “maricón de pueblo” que nunca entendió por qué parte de su clase le apartaba. Desde la investigación y su aplicación práctica, queremos ayudar a José y a todes a lograr una sociedad rural más justa.

Los autores de este artículo han recibido la financiación y el aval de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía a través del Proyecto de Investigación Educativa PIV-088/23 “Variables sobre la homofobia en las aulas rurales andaluzas de Secundaria” concedido a los investigadores y cuya resolución figura en BOJA (Julio 2023) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Nº 138 Resolución de 13 de julio de 2023, de la Dirección General de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa, por la que se aprueban proyectos de investigación e innovación educativa y de elaboración de materiales curriculares para el año 2023.

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/138/21

Los autores de este artículo han recibido la financiación y el aval de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía a través del Proyecto de Investigación Educativa PIV-088/23 “Variables sobre la homofobia en las aulas rurales andaluzas de Secundaria” concedido a los investigadores y cuya resolución figura en BOJA (Julio 2023) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Nº 138 Resolución de 13 de julio de 2023, de la Dirección General de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa, por la que se aprueban proyectos de investigación e innovación educativa y de elaboración de materiales curriculares para el año 2023. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/138/21

– ref. Qué hacer frente a la homofobia en las escuelas rurales – https://theconversation.com/que-hacer-frente-a-la-homofobia-en-las-escuelas-rurales-258611

Source: The Conversation – France – By Antonia Durán Ayago, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universidad de Salamanca

Veinte años no son nada, pero significan toda una vida para las más de 75 000 parejas que desde el 3 de julio de 2005 han podido formalizar su matrimonio tras la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio y la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de noviembre de 2012 que declaró su plena constitucionalidad.

A las leyes que sirven para hacer felices a las personas debe rendírseles homenaje siempre. Por supuesto, también a quienes las hicieron posibles durante el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Porque esta ley supuso un salto cualitativo en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ en España y no ha traído consigo ninguna amenaza, como algunos agoreros anunciaban, para nadie ni para nada.

Quienes quieren contraer matrimonio pueden hacerlo y elegir libremente con quién, y las personas que no escojan esa opción pueden vivir su relación de pareja como lo deseen. El matrimonio, como una forma más para constituir una familia, sigue permaneciendo inalterado; nada ha cambiado al respecto.

Bebés de dos madres

No es el único avance legislativo que ha hecho posible que estas personas vivan una vida familiar plena. Parte de las carencias que tenía la Ley 13/2005 se corrigieron a través de la Ley 3/2007, que modificó la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida de 2006, permitiendo que la cónyuge de la mujer que se sometía a las técnicas de reproducción asistida pudiera consentir, a través del correspondiente trámite ante el Registro Civil, que cuando el niño naciera quedara inscrito como hijo de ambas.

Y aunque al menos formalmente esto suponía la consagración en nuestro ordenamiento jurídico de un nuevo tipo de filiación, la intencional, se ha seguido hablando de que únicamente caben dos formas de determinar la filiación en España: la filiación natural y la filiación adoptiva.

Se puso de manifiesto también, desde el principio, que esto suponía una discriminación para los hijos que nacían en el seno de estas parejas sin estar casadas, dado que en las parejas heterosexuales no se exige matrimonio para poder acreditar la filiación de los hijos comunes.

Por otro lado, los matrimonios de varones reclamaban para sí la posibilidad de ser padres biológicos, lo que únicamente podían conseguir a través de la gestación por sustitución, técnica no permitida en España (artículo 10 de la citada Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida).

¿Qué hay de la gestación por sustitución?

Al hilo de estas reivindicaciones, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI eliminó algunas de las discriminaciones que todavía existían respecto de estas familias, aunque aún no se ha avanzado en la consideración de la gestación por sustitución.

Recientemente, la Instrucción de 28 de abril de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacimientos mediante gestación por sustitución ha dado un nuevo giro de guion optando por el peor camino.

En estos veinte años se han ido incorporando cada vez más Estados en la regulación de este tipo de uniones. Sin embargo, todavía existen graves obstáculos a la movilidad de estas familias a otros países que no reconocen el matrimonio igualitario, puesto que estos niegan la posibilidad de que estas familias tengan los mismos derechos en su territorio. Hay formulas para lograrlo. Pero se avanza poco a poco. Recientemente, en mi libro Derechos humanos y método de reconocimiento de situaciones jurídicas: Hacia la libre circulación de personas y familias (perspectiva internacional y europea) (Aranzadi, 2024), analizo estas cuestiones.

Hace unos días, la abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tamara Cápeta, en el asunto C-769/22 de la Comisión europea contra Hungría, por primera vez puso en valor la importancia de respetar el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que habla de la dignidad de las personas, del pluralismo y del libre desarrollo como base del espacio democrático que es la Unión Europea. También subrayó que no pueden tener cabida actitudes claramente homófobas y discriminatorias en el seno de la Unión. Sin duda, es un motivo para la esperanza.

El largo camino hacia la igualdad real continúa, pero no hay que dar nada por hecho. Los derechos, para que se mantengan, hay que defenderlos todos los días.

Antonia Durán Ayago no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ¿Qué ha cambiado en España veinte años después del matrimonio igualitario? – https://theconversation.com/que-ha-cambiado-en-espana-veinte-anos-despues-del-matrimonio-igualitario-259956

Source: The Conversation – France – By Fernando Díez Ruiz, Professor, Faculty of Education and Sport, Universidad de Deusto

Este artículo pertenece a la sección ‘Libros que cuentan’, donde expertos y expertas de distintos ámbitos diseccionan los libros divulgativos que más están dando que hablar.

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En 1900, mientras el siglo XX despertaba, Sigmund Freud publicó una obra que cambiaría la forma en que la humanidad se sueña a sí misma: La interpretación de los sueños (Die Traumdeutung). Con este libro, inició una revolución en el campo de la psicología: la posibilidad de que los sueños tengan sentido y de que el inconsciente dirija gran parte de nuestra vida.

Más de un siglo después, las ideas de Freud sirven de base a gran parte del pensamiento contemporáneo, no sólo en el ámbito de la psicología, sino en la forma en que la humanidad se entiende a sí misma.

Un deseo reprimido

Durante siglos, los sueños fueron vistos como meras fantasías sin sentido o como presagios. La revolución freudiana consistió en afirmar que los sueños tienen un significado, y que descifrarlo nos permite asomarnos al inconsciente, ese territorio oculto donde se guardan nuestros deseos, miedos y conflictos más profundos.

Freud escribió: “El sueño es la realización (disfrazada) de un deseo reprimido”“. Esta idea, simple en apariencia, sacudió los cimientos de la psicología y la filosofía occidentales.

Acceder al inconsciente

La interpretación de los sueños no sólo introdujo el concepto de inconsciente como categoría científica, sino que también ofreció una metodología para acceder a él: el análisis de símbolos, la asociación libre, y el reconocimiento de que nuestros impulsos más íntimos se expresan a menudo de forma indirecta.

Este enfoque abrió caminos no sólo en el campo de la clínica psicoanalítica, sino también en la literatura, el arte, el cine y la crítica cultural.

Desafío a la racionalidad

El valor del libro no radica únicamente en su teoría, sino también en su coraje intelectual. Freud, médico de formación, se atrevió a desafiar los dogmas científicos de su tiempo, proponiendo que no somos seres plenamente racionales y conscientes, sino que estamos gobernados, en gran medida, por fuerzas invisibles. Hoy puede parecer obvio, pero en la Viena de finales del siglo XIX era una idea casi subversiva.

La interpretación de los sueños marca el punto de partida del psicoanálisis como disciplina y establece el método de exploración del inconsciente a través del contenido onírico.

Riqueza literaria

Además, es un texto que sorprende por su riqueza literaria. Freud no solo explica conceptos: narra, argumenta, se confiesa. Mezcla observaciones clínicas con sus propios sueños, incluyendo el famoso “sueño de la inyección de Irma”, inaugurando así un estilo de escritura que combina la precisión científica con la introspección humanista.

Su influencia fue inmediata en algunos círculos y resistida en muchos otros. Como suele ocurrir con los grandes innovadores, Freud fue ridiculizado, combatido y, finalmente, aceptado. Años después, sus ideas no sólo impregnaban la psicología, sino también la literatura de Kafka, el arte de Dalí o la arquitectura conceptual de las ciencias humanas.

Hoy, La interpretación de los sueños sigue siendo un libro que interroga, provoca y estimula. En un tiempo donde la velocidad y la superficialidad dominan, Freud nos recuerda que comprendernos requiere detenernos, escuchar nuestros propios relatos oníricos y aceptar que somos más complejos –y más fascinantes– de lo que parece.

Freud y la neurociencia moderna

A pesar de las críticas que ha recibido desde algunos sectores científicos, especialmente por la falta de verificación empírica de muchas de sus tesis, Freud no ha sido del todo desacreditado por la neurociencia moderna. Si bien es cierto que hoy se reconoce que los sueños no son exclusivamente realizaciones de deseos reprimidos, estudios recientes han confirmado que durante el sueño REM –fase donde los sueños son más vívidos– se activan áreas del cerebro relacionadas con la emoción, la memoria y el procesamiento simbólico.

Investigadores como Mark Solms, pionero en el campo de la neuropsicoanálisis, han defendido que ciertas intuiciones freudianas –como la existencia de conflictos inconscientes o la función emocional del soñar– tienen correlatos en la neurobiología. Así, aunque muchas teorías han evolucionado o sido reformuladas, la idea de que el sueño revela aspectos profundos de la mente humana sigue vigente, ahora en diálogo con la ciencia del cerebro.

Nuestro yo oculto

La trascendencia de La interpretación de los sueños no reside únicamente en su ambición de descifrar el significado de los sueños, sino en algo mucho más profundo: fue el primer gran texto que se atrevió a postular, con argumentos clínicos y teóricos, la existencia de una dimensión psíquica no racional, invisible y poderosa.

Freud no sólo interpretó sueños, sino que abrió una puerta a lo que hasta entonces se ignoraba: que dentro de nosotros actúan fuerzas inconscientes que influyen en nuestra conducta, nuestras decisiones y hasta en nuestras enfermedades.

El mérito del libro fue convertir esa hipótesis en un corpus articulado, capaz de poner sobre la mesa la complejidad del alma humana más allá de la razón, invitando a prestar atención a lo que no decimos, a lo que reprimimos y a lo que se escapa de nuestra voluntad.

Más de un siglo después, Freud nos recuerda que cada sueño es un recuerdo inacabado de lo que somos… y también una promesa de lo que podríamos llegar a ser.

Fernando Díez Ruiz no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ‘La interpretación de los sueños’: el libro que cambió cómo nos conocemos – https://theconversation.com/la-interpretacion-de-los-suenos-el-libro-que-cambio-como-nos-conocemos-256243

Source: The Conversation – France – By Silvia Vicente-Oliva, Profesora de Gestión de la Innovación, Universidad de Zaragoza

España decidió pertenecer a la alianza atlántica, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en 1981, pero no sin voces discordantes dentro del país. De hecho, cuatro años después, el 12 de marzo de 1986, se celebraría un referéndum para decidir la permanencia de España en la Alianza.

En aquel momento el orden mundial enfrentaba al mundo en dos bloques liderados, de un lado, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del otro, por Estados Unidos. España se decantó por la propuesta atlantista y el proceso contribuyó a su modernización, a la vez que España aportaba su granito de arena a la defensa colectiva de Occidente.

La defensa colectiva

El Tratado del Atlántico Norte recoge los acuerdos establecidos entre los países que participan en la organización. De todos, el principio de defensa colectiva (Art. 5) es el más relevante: un ataque armado contra un miembro la OTAN se considera un ataque contra todos los miembros de la alianza.

Esta respuesta conjunta proporciona un efecto de disuasión frente a potenciales enemigos. La defensa colectiva solo ha sido invocada una vez, en 2001, como respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos.

Las naciones que integran la OTAN representan el 70 % de la riqueza mundial y son, además, los países con una trayectoria más larga de estabilidad democrática.

Invertir en defensa

Para poder contribuir a la defensa colectiva, los países aliados deben hacer el esfuerzo de generar y mantener capacidades que les permitan enfrentar no solo las amenazas actuales, sino también las previstas como consecuencia del desarrollo tecnológico.

Aunque este esfuerzo –desigual entre los miembros de la Alianza– se puede medir de diferentes maneras, quizás la más conocida es calcular qué porcentaje del producto interior bruto (PIB) destina cada país al gasto en defensa.

Lo que dicen los datos

Según la información sobre el porcentaje del PIB destinado a defensa contenida en la base de datos de gastos militares del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), entre 1981 y 2024 España tuvo una diferencia media con respecto a EE. UU. del 2,61 %. No obstante, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en los últimos años, desde 2020 la brecha de gasto se ha ido acortando para situarse, en 2023, en el 1,99 %.

Si hacemos la media de este indicador desde 1981 (el año en que España comenzó el proceso de adhesión a la OTAN) hasta 2024, Estados Unidos ha gastado un 4,38 % de su PIB en defensa, mientras que España ha gastado el 1,77 %.

En la década de los ochenta del siglo pasado –los primeros años de España en la OTAN– la diferencia media entre los dos países fue del 3,59 %. En los 90, esa media se redujo hasta el 2,19 % (algunos años, la distancia fue de apenas el 1,3 %). Posteriormente, entre 2000 y 2010, la diferencia creció hasta el 2,45 %.

A consecuencia de los recortes públicos provocados por la gran recesión (2008), entre 2010 y 2020 la brecha llegó a ampliarse hasta el 2,61 %. Desde 2020, la diferencia media en gasto en defensa entre EE. UU. (3,42 %) y España (1,39 %) se ha reducido al 2,02 %.

Otro factor que ha intervenido en el acortamiento de esta diferencia es que, en los últimos diez años, Estados Unidos no ha llegado ni al 3,5 % de gasto medio en defensa con respecto a su PIB cuando, en 1986, el porcentaje fue del 6,63.

A consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, hay socios de la OTAN que en 2024 hicieron un esfuerzo de gasto similar, o incluso superior, al de EE. UU. (3,4 %). Es el caso de Polonia (4,2 %) y Estonia (3,4 %). Para España, en cambio, el porcentaje fue del 1,47 %. No en balde, en este indicador ocupa el último lugar entre los países de la Alianza.

¿En qué se gasta el presupuesto de la OTAN?

La estructura de gasto de cada país se suele ajustar a la forma de preparar sus presupuestos, pero la OTAN la divide en cuatro grandes categorías: equipamiento, personal, infraestructuras y otros gastos.

Las diferencias entre España y Estados Unidos son relevantes en el apartado de personal, en el que España gastaba el 43,9 % (datos estimados de 2024), mientras que Estados Unidos invertía solamente el 25,22 %.

En equipamiento –que incluye los gastos de investigación y desarrollo–, el compromiso adquirido en los últimos años ha llevado a España a invertir el 30,3 % de su presupuesto, frente al 29,88 % de Estados Unidos.

En cuanto a infraestructuras, mientras España destina el 2,65 %, Estados Unidos dedica un 1,74 %.

La gran diferencia se encuentra en la partida otros gastos: para España representan el 23,14 % y para Estados Unidos el 43,16 %. Estos gastos corresponden a otros ministerios, secretarías o departamentos, a fondos de contingencia, así como otros gastos que contribuyen a la seguridad y la defensa.

¿Se gastará más?

El acuerdo alcanzado en junio de 2025 por los países miembros de la OTAN reunidos en La Haya establece elevar los gastos de defensa hasta el 5 % del PIB nacional para el año 2035, con una revisión intermedia en 2029.

Dentro de esta cifra se ha establecido que al menos el 3,5 % se destinará a necesidades básicas de defensa y el 1,5 % restante se podrá dedicar a otros asuntos como ciberdefensa, resiliencia e infraestructuras críticas.

Aunque parece haber acuerdo entre los socios de la Alianza, España busca desmarcarse de la senda de gasto pautada, asegurando que con el 2,1 % es suficiente, a lo que el presidente estadounidense ha contestado con una amenaza arancelaria: “Les haremos pagar el doble”.

Silvia Vicente-Oliva no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. El gasto en defensa de España y sus diferencias con EE. UU. – https://theconversation.com/el-gasto-en-defensa-de-espana-y-sus-diferencias-con-ee-uu-259922

Source: The Conversation – France – By Cristina De Francisco, Profesora de Psicología de la Actividad física y el Deporte. Miembro del grupo de investigación "Psicología del Deporte: About Smocks And Jocks" (Universidad de Sevilla), Universidad de Sevilla

El pasado 8 de junio, Cristiano Ronaldo levantaba al cielo de Múnich la copa de la Nations League después de que Portugal derrotara a España en la tanda de penaltis. Mientras el entrenador español y sus seleccionados permanecían en el terreno de juego rindiendo tributo al campeón, una figura enfilaba el túnel de vestuarios tras jugar un partido gris y ser sustituido en la prórroga. Era Lamine Yamal, la nueva estrella del fútbol mundial de solo 17 años.

Una competición más, un descanso menos

Lamine ya está de vacaciones, como el resto de la plantilla del Barcelona. Pero no así muchos integrantes de otros equipos. Apenas han pasado algo más de dos semanas desde que terminó la Nations League y el nuevo Mundial de Clubes 2025 comienza con problemas. Los jugadores y entrenadores alzan la voz para señalar que no hay tiempo de descanso. Además, jugar con tanto calor aumenta el riesgo de problemas físicos y emocionales. El burnout (síndrome del trabajador quemado o del desgaste profesional) aparece como un enemigo silencioso en cada partido.

Estados Unidos acoge este nuevo Mundial de Clubes de la FIFA. Participan 32 equipos y se jugará cada cuatro años. La cita reúne, entre otros, a los clubes campeones de cada una de las seis confederaciones que rigen el fútbol a nivel mundial. A simple vista, puede parecer una fiesta del fútbol global. Pero de acuerdo con las declaraciones, la mayoría de los futbolistas lo percibe como una carga añadida.

Al comienzo de la temporada 24/25, diversos medios se hacían eco de la posibilidad de que los jugadores de la élite del fútbol europeo fueran a la huelga por la sobrecarga de partidos que conlleva el nuevo formato de la Champions League y la creación del Mundial de Clubes.

A la nueva competición mundial, hay que sumar los partidos de sus equipos, los de las selecciones y los torneos de cada continente, que en el caso de Europa incluyen más encuentros debido al nuevo formato con liguilla. Los deportistas no cuentan con tiempo suficiente para recuperarse y, además, muchos de ellos deben asumir un inicio de la pretemporada especialmente intenso.

Un rival más sobre el césped: el calor

Los organizadores del torneo priorizan los ingresos. Pero tanto jugadores como entrenadores califican la situación como insostenible.

El fuerte calor del verano en Estados Unidos no solo cansa el cuerpo. También puede afectar a la mente. Cuando hace mucho calor, las personas se sienten de mal humor y les cuesta más pensar con claridad. Si hay muchos partidos, viajes y presión, el calor lo empeora todo. El cuerpo necesita gastar fuerzas para no calentarse demasiado, lo que deja menos capacidad para concentrarse o controlar las emociones. Por eso, resulta más fácil que los jugadores puedan sufrir el síndrome de burnout, que les lleva a estar, casi literalmente, “quemados”.

¿Qué es el burnout en el deporte?

El burnout es más que estar cansado. En el ámbito deportivo, se trata de un síndrome psicológico que combina agotamiento físico y emocional, devaluación de la práctica deportiva (actitudes negativas hacia el deporte) y una sensación de fracaso o baja realización personal.

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Diversos autores lo han analizado desde distintos enfoques. Aunque todos coinciden en que es un problema complejo, cada uno ha destacado aspectos diferentes, que ayudan a entender cómo y por qué aparece.

• Ronald E. Smith, de la Universidad de Washington, lo explica como un estrés crónico mal manejado, que surge cuando hay muchas demandas y pocos recursos para afrontarlas. A los futbolistas profesionales les pasa esto: muchos partidos, estar siempre bajo las cámaras, la presión, las lesiones y cada vez menos tiempo para descansar.

• John M. Silva, de la Universidad de Carolina del Norte, lo enfoca desde la fisiología: un sobreentrenamiento que lleva al agotamiento, bajada del rendimiento y síntomas de malestar psicológico. Si no hay descanso, el cuerpo se fatiga. Pero si tampoco hay espacios para desconectar, es la mente la que se quiebra.

• Jay Coakley, de la Universidad de Colorado, ofrece una mirada aún más crítica. El burnout aparece cuando el deportista pierde el sentido de autonomía y no puede desarrollar su identidad más allá del rendimiento. Cuando el deporte se convierte en una jaula que lo define todo, cualquier bajón se convierte en crisis. En los últimos años, varios jugadores han sido ejemplo de la sobreexplotación del talento joven.
  Ejemplo de ello es lo sucedido con Lamine Yamal tras la final de la Nations League que enfrentó a España y Portugal.

• Greg W. Schmidt, de la Universidad Estatal de Middle Tennessee, y Gary L. Stein, de la Universidad de Oregón, ponen de manifiesto que algunos deportistas siguen compitiendo, aunque estén quemados. No se retiran porque no ven otras opciones o se sienten comprometidos. En el fútbol, muchos jugadores se mantiene en activo aunque estén muy cansados física y mentalmente. Piensan que ya han invertido mucho tiempo y recursos, que no saben hacer otra cosa o que defraudarían a los demás si se detienen. Esta obligación de seguir empeora el burnout, porque siguen sufriendo sin poder descansar o cambiar.

Una cultura que ignora a la persona

Lo preocupante es que, a menudo, el entorno responde con más presión. Titulares y testimonios enfatizan una versión unívoca: “rendirse no es una opción”, “hay que ser fuerte”, “el fútbol es así”, “otros querrían estar en tu lugar”.

Esta cultura del rendimiento perpetúa el silencio, el estigma y el colapso emocional. El burnout se desarrolla en sistemas que no protegen al deportista. Los clubes, federaciones y organismos internacionales priorizan el espectáculo y el beneficio económico, olvidando que los cuerpos tienen límites y las mentes también.

Mientras el negocio del fútbol crece, la salud de sus protagonistas se erosiona. No basta con servicios médicos o psicólogos de plantilla si no se reducen las causas estructurales: exceso de competiciones, falta de descansos y ausencia de políticas reales de cuidado.

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El fútbol necesita repensarse: no solo en términos de justicia económica, sino también en cuanto a sostenibilidad humana. Si no se detiene esta espiral, el Mundial de Clubes será solo una muesca más en el calendario y una grieta más en la salud psicológica de los jugadores.

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

– ref. Mundial de Clubes: ¿debe seguir el espectáculo aunque peligre la salud mental de los jugadores? – https://theconversation.com/mundial-de-clubes-debe-seguir-el-espectaculo-aunque-peligre-la-salud-mental-de-los-jugadores-259648

Source: The Conversation – France – By Samuel López López, Profesor de Gestión de Servicios de Salud, Universidad de Castilla-La Mancha

El contexto histórico influye en las prioridades de quienes toman las decisiones de políticas públicas, y una de las circunstancias que determinan la toma de este tipo de decisiones son las tensiones belicistas. Las contiendas armadas hacen cambiar las preferencias de quienes deciden a qué dedicar los recursos económicos de los países.

Estos cambios atienden al criterio, básico en la gestión pública, de coste-oportunidad: si un recurso se utiliza en una cuestión determinada no puede ser utilizado para resolver otra.

Antecedentes

Ya ha sido estudiada la relación entre el aumento del gasto militar en época de conflictos bélicos y el gasto público en salud. En 2023, los investigadores Masako Ikegami y Zijian Wang analizaron el “efecto desplazamiento” (crowding-out) del gasto público en salud en 116 países, con especial atención en países en desarrollo, debido al incremento en los gastos de defensa. Esta investigación muestra que el gasto militar tiene una relación negativa y significativa con el gasto sanitario público.

Asimismo, en 2024, los profesores Nikolaos Grigorakis y Giorgos Galyfianakis evaluaron cómo afectó, entre los años 2000 y 2021, el gasto militar a los llamados pagos de bolsillo (aquellos que el paciente realiza en el momento de la atención médica, incluyendo los copagos de los seguros) en los países de la OTAN.

Los autores –que investigan el efecto de la militarización en contextos de seguridad creciente sobre la equidad y accesibilidad de los sistemas de salud– determinaron que el gasto militar se asocia con un incremento en ese tipo de pagos. El rearme genera un desplazamiento financiero que repercute en mayor carga económica sobre los ciudadanos, lo que compromete la equidad del acceso sanitario.

Los resultados de otro estudio, este de 2017, muestran que, en términos de producto interior bruto (PIB), por cada punto porcentual que sube el gasto militar, el gasto en salud pública cae de media un 0,62 %, oscilando en una horquilla de entre el 0,96 % de descenso en países de renta media-baja y un 0,56 % en países de renta media-alta.

Los datos para España

Dado que España se encuentra en la encrucijada y el debate público de si alcanzar el 5 % del PIB en gasto militar que se le pide como miembro de la OTAN, sería interesante estimar qué consecuencias tendría dicho aumento para la salud de sus ciudadanos.

Según los últimos datos oficiales disponibles, en 2023 el gasto sanitario público ascendió a 94 694 millones de euros, suponiendo el 71,7 % del gasto sanitario total (131 984 millones de euros). Esta cifra representa el 7,8 % del PIB español.

Para tratar de medir las posibles consecuencias del desplazamiento financiero de salud a defensa hemos hecho un cálculo aproximado de la reducción de las capacidades de inversión del sistema público español de salud, a partir de la referencia previa de que los países de rentas medias y altas reducen su gasto en salud en un 0,56 % del PIB por cada 1 % de aumento del gasto militar.

Entre 2020 y 2024, el gasto español en defensa ha ido aumentando progresivamente, pasando de representar de menos del 1 % del PIB en 2020 a más del 2 % para 2025 (gasto pendiente de ejecutar y cuantificar en millones de euros).

Poniendo el foco ahora en el gasto público en salud, vemos que el máximo se alcanzó en 2020, año de inicio de la pandemia.

Desplazamiento del gasto: de sanidad a defensa

Teniendo en cuenta que España ya ha manifestado su voluntad de llevar su aportación al 2,1 % del PIB, si finalmente la incrementa hasta el 5 % que exige el gobierno estadounidense a sus compañeros de alianza, el porcentaje del PIB español dedicado a la atención sanitaria se vería reducido en un 1,61 %, pasando del 7,8 % –si tomamos como referencia 2023– al 6,18 %.

Estos son 1 527 millones de euros menos de inversión pública en sanidad se traducirían en una reducción de las prestaciones y servicios y un mayor gasto de bolsillo de los ciudadanos.

Otro escenario sería el aumento de los gastos de bolsillo de los ciudadanos para acceder a los servicios de salud. Según datos de 2023, los españoles destinaron una media de 499 euros anuales a dichos gastos. Si a esa suma se le agrega la caída de la inversión pública en salud (1 526,84 millones de euros) y ese monto total tuviera que ser asumido por los ciudadanos (a 1 de enero de 2024, la población española era de 48 619 695 habitantes), esto supondría una cantidad aproximada de 31,40 € por habitante de subida del gasto de bolsillo en salud, lo que representaría un incremento del 6,29 % respecto a 2023.

Garantizar derechos

Los recursos públicos son limitados y, por ello, un incremento en la inversión en un área determinada comporta una reducción posterior del gasto público en otras. De acuerdo a las investigaciones reseñadas en el texto, el incremento del gasto en defensa afecta a los gastos del área pública de salud.

¿Las consecuencias para los ciudadanos? Posiblemente un empeoramiento de la oferta sanitaria pública y la necesidad de afrontar de manera privada los gastos en salud, en forma de pagos de bolsillo.

El debate sobre inversión pública, contexto geopolítico y gasto en defensa debe contar con datos respaldados en la investigación y un análisis profundo de sus efectos en otras áreas del gasto público para garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Samuel López López no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Aumentar el gasto en defensa pone en riesgo la inversión pública en salud – https://theconversation.com/aumentar-el-gasto-en-defensa-pone-en-riesgo-la-inversion-publica-en-salud-259972

Source: The Conversation – France – By Pablo Ryan Murúa, Profesor de Medicina (Facultad de Medicina). Especialista en Medicina Interna (Hospital Infanta Leonor). Investigador (CIBERINFEC e IiSGM), Universidad Complutense de Madrid

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó en junio de 2025 el primer tratamiento preventivo contra el VIH que se administra con una sola inyección semestral. El fármaco, llamado lenacapavir, demostró en ensayos clínicos una eficacia del 99,9 % para evitar la infección del VIH por vía sexual, lo que marca un hito en la lucha contra el virus causante del sida.

Una pastilla diaria para prevenir

La estrategia preventiva en la que personas sin VIH toman medicamentos antirretrovirales para evitar la infección si se exponen al virus recibe el nombre de PrEP (profilaxis preexposición). Está indicada para quienes tienen mayor riesgo, esto es, personas con múltiples parejas sexuales y que no utilizan el preservativo.

Desde 2019, se ha consolidado como una herramienta clave de salud pública en España, aunque su eficacia depende de la adherencia: hasta ahora, requería tomar una pastilla diaria. La llegada de nuevas opciones de larga duración podría cambiar este escenario.

¿Cómo funciona y qué tan eficaz es?

Lenacapavir pertenece a una nueva clase de antirretrovirales conocida como inhibidores de la cápside, diseñada para atacar la envoltura proteica que protege al VIH e impedir que el virus se replique en múltiples etapas de su ciclo vital. A diferencia de la PrEP basada en pastillas diarias, este medicamento se administra solo dos veces al año mediante una inyección subcutánea.

Los resultados de los ensayos clínicos han sido sumamente alentadores. En dos estudios con miles de participantes de diversos grupos, más del 99 % de quienes recibieron lenacapavir se mantuvieron libres del VIH. De hecho, uno de los estudios no registró ninguna infección entre los voluntarios, mientras que en el otro solo se detectaron dos casos de infección. En otras palabras, la inyección semestral logró una eficacia preventiva prácticamente del 100 %, superior incluso a la de la PrEP oral diaria estándar.

La magnitud de este avance ha sido tal que la prestigiosa revista Science destacó a lenacapavir como uno de los avances científicos del año 2024.

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Ventajas frente a la pastilla diaria

Aunque la PrEP diaria por vía oral está disponible desde 2019, muchas personas no pueden utilizarla: algunas por contraindicaciones médicas, otras porque no acceden fácilmente a los servicios, y otras porque les cuesta mantener la toma diaria. La ausencia de alternativas a la PrEP oral diaria implica que determinados colectivos (para quienes esta modalidad no es viable) están siendo dejados de lado en las estrategias de prevención del VIH.

Recibir solo dos inyecciones al año para prevenir el VIH ofrece ventajas claras frente a los métodos actuales. Mejora la adherencia, al evitar la rutina diaria de pastillas o las visitas frecuentes al centro de salud, algo especialmente útil para jóvenes o personas con barreras de acceso. También reduce el estigma: al no tener que llevar medicación visible, muchos valoran esta opción como más privada y discreta. Por otro lado, al liberar el fármaco de forma sostenida, garantiza una protección continua. Esta combinación de comodidad, eficacia y discreción puede aumentar la aceptación de la PrEP entre quienes hoy no la utilizan.

Eso sí, lenacapavir solo protege frente al VIH, por lo que debe combinarse con el uso del preservativo y otras medidas preventivas para evitar la transmisión de otras infecciones de transmision sexual.

Desafíos: acceso global y coste

Pese a su potencial, lenacapavir enfrenta barreras importantes para su implementación global. Su precio como herramienta preventiva lo hace inaccesible para muchos sistemas de salud, especialmente en países con menos recursos. Expertos señalan que podría producirse a un coste mucho menor, lo que ha generado preocupación en organismos como ONUSIDA, que advierte que una innovación solo es útil si puede llegar a quienes la necesitan.

A pesar del avance científico que supone lenacapavir, su acceso global está en riesgo por decisiones políticas y financieras. La interrupción de fondos del PEPFAR por parte del gobierno de EE. UU. y los recortes al Fondo Mundial han dejado sin respaldo económico a los principales mecanismos que podrían financiar esta innovación en países de ingresos bajos.

Gilead ha firmado acuerdos de licencia voluntaria con fabricantes genéricos para 120 países de renta baja y se ha comprometido a facilitar el acceso gratuito en EE. UU. para personas sin seguro, pero aún quedan fuera muchos países de ingresos medios. Además del coste, la implementación logística también será un reto: administrar una inyección cada seis meses exige sistemas de salud con capacidad de seguimiento, pruebas periódicas de VIH y personal formado.

El futuro: PrEP anual y autoadministrada

Gilead ya investiga una versión de lenacapavir intramuscular que se aplique una sola vez al año, y se exploran opciones de autoinyección, similares a la insulina, para facilitar su uso en zonas con menor acceso sanitario. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado que publicará directrices sobre su uso en julio de 2025, durante la Conferencia Internacional del Sida en Kigali. Si se superan las barreras actuales, lenacapavir podría ser el inicio de una nueva era en la prevención del VIH.

En definitiva, lenacapavir representa un paso adelante trascendental en la prevención del VIH. Con solo dos dosis al año y una eficacia sobresaliente, este nuevo fármaco tiene el potencial de cambiar las reglas del juego en la lucha contra la epidemia, facilitando la protección a poblaciones que hasta ahora enfrentaban barreras con las estrategias existentes.

El gran desafío a partir de ahora será lograr que sus beneficios alcancen a todas las comunidades afectadas mediante políticas de acceso equitativo y precios asequibles. Solo así este avance científico podrá traducirse en un impacto real y duradero, acercándonos un poco más al objetivo de frenar la transmisión del VIH en todo el mundo.

Pablo Ryan Murúa ha recibido becas para proyectos de investigación financiados por Gilead Sciences, así como ayudas para asistir a reuniones científicas por parte de Gilead, ViiV Healthcare, Janssen y MSD. Ha participado en actividades de consultoría para AbbVie y Gilead. Además, ejerce como presidente de SEISIDA (Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida) y vicepresidente del Grupo Español de ITS de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

– ref. Lenacapavir: la inyección semestral que puede cambiar la prevención del VIH – https://theconversation.com/lenacapavir-la-inyeccion-semestral-que-puede-cambiar-la-prevencion-del-vih-259556

Source: The Conversation – France – By Thomas André Prola, Profesor e investigador, Tecnologías en Educación – Universidad Europea del Atlántico, Universidad de Barcelona, Universitat de Barcelona

Sara, de 17 años, tenía cuentas en Instagram y en Facebook desde muy joven. Un adulto la contactó por las redes sociales y le propuso pagarla a cambio de fotografías y vídeos eróticos. Con el tiempo comenzó a gestionar sus perfiles.

Ella “se sentía como una estrella”. Empezaron a reconocerla por la calle, y se sentía valorada, hasta que las demandas de sus “seguidores” le hicieron sentir violentada. Actualmente padece depresión y trastorno bipolar.

El caso de Sara nos lo contó una educadora del centro centro residencial de protección de niños y adolescentes donde vivía, gestionado por una Fundación en convenio con la Generalitat de Catalunya, en el contexto de una investigación reciente. No se trata de un caso único entre los jóvenes (y especialmente, las jóvenes) que viven bajo tutela del estado en centros residenciales, y a quienes nadie enseña o prepara para moverse en redes sociales.

El reciente escándalo que ha sacudido a la Dirección General de Infancia y Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya (con la revelación de una red de pederastia que logró contactar con niños y adolescentes residentes en centros tutelados) ha puesto sobre la mesa un problema estructural: el límite de la protección institucional frente a los riesgos del mundo digital.

En respuesta, la Generalitat ha anunciado la creación de una nueva Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia. Pero la pregunta persiste: ¿basta con reorganizar políticamente la estructura para resolver lo que es, en el fondo, una grieta educativa, tecnológica y ética?

Vulnerabilidad mediática y autoexposición

En esta investigación doctoral, concluida en 2024, trabajé sobre el concepto de la vulnerabilidad mediática. No se trata simplemente de la exposición a contenidos nocivos o del mal uso de las redes sociales, sino de algo más profundo. Es la transferencia de una situación de vulnerabilidad social –la que atraviesan niños y adolescentes institucionalizados– al espacio digital, bajo la forma de una autoexposición que puede resultar dañina, incluso peligrosa, para su salud psíquica y física.

En Cataluña, más de 5 000 niños y adolescentes viven actualmente en centros residenciales de protección (17 000 en España). Estos espacios, pensados para ofrecer una vida lo más parecida posible a la familiar, funcionan bajo un criterio educativo llamado “normalización”. Es decir: los adolescentes deben poder vivir, estudiar, comunicarse y socializar como cualquier otro joven de su edad. Y esto incluye, naturalmente, el uso de redes sociales digitales.

Territorios de riesgo digital

Pero en la práctica, el acceso a las redes no siempre va acompañado de un marco educativo sólido. En ausencia de criterios claros o compartidos entre centros, muchos equipos optan por dejar que las y los jóvenes usen las redes como parte de su “vida normal” pero también porque permite la ilusión de sentirse igual a los demás. Lo que ocurre entonces es que esos espacios digitales, pensados como formas de conexión o expresión, se convierten también en territorios de riesgo. Y en ocasiones, de violencia.

Los adolescentes recurren a las redes para “ver y dejarse ver”. Para construir una identidad, buscar aprobación, integrarse en comunidades que les den un sentido de pertenencia. Buscan una identidad con la que presentarse ante una audiencia. Las plataformas digitales aparecen como un nuevo espacio de posibilidades, para la autopromoción fuera de la espiral de vulnerabilidad social. Al hacerlo sin acompañamiento ni formación crítica, y sin el acompañamiento más directo y personalizado de un adulto de referencia, se exponen a más riesgos.

Fragilidad y ausencia de vínculos: factores de riesgo

Esta exposición responde a una combinación de factores: la fragilidad emocional, la carencia de vínculos seguros, la búsqueda desesperada de afecto, la presión estética, la precariedad. La vulnerabilidad mediática, así entendida, es más que un riesgo: es una consecuencia directa del desamparo estructural. Y afecta de forma desigual. Las chicas, en especial, se encuentran en una situación de mayor peligro: aparecen las relaciones con hombres adultos, la prostitución digitalizada, como en el caso de Sara, y la exposición del cuerpo como moneda simbólica de valor.

Cinco dimensiones se revelan centrales para entender esta forma de vulnerabilidad: el entorno familiar previo, la salud mental, el tipo de acceso a la tecnología, el nivel de alfabetización mediática, y la red de contactos que se construye o hereda. Cuando estas dimensiones no se abordan, las redes sociales se convierten en espejos deformantes de una adolescencia ya herida.

Desigualdad estructural

Lo paradójico es que la normalización —el principio educativo que debería proteger— acaba siendo parte del problema. Porque si se asume que todos los adolescentes deben tener acceso igualitario a las redes, sin tener en cuenta que no todos parten de la misma base, se reproduce la desigualdad en el entorno digital. Se ofrece igualdad formal donde hay desigualdad estructural.

La institucionalización es, de por sí, una experiencia que marca influyendo en la subjetividad. Los jóvenes que crecen fuera del entorno familiar no solo arrastran estigmas sociales, sino que tienen menos oportunidades, menos redes de apoyo y menos acceso real a una ciudadanía plena. Si las redes sociales funcionan como una vía de escape simbólica, sin una guía crítica ni educativa, no estamos garantizando un derecho: estamos abriendo una puerta más a la precariedad.

Criterios comunes y protocolos de protección

Si el uso de las redes sociales debe formar parte de la educación de los niños y adolescentes de hoy, en el caso de los jóvenes en situación de riesgo es todavía más importante.

Si no intervenimos con responsabilidad y visión crítica, la labor de protección quedará incompleta: más allá de una mejor gestión política y más medios económicos, incorporar el concepto de vulnerabilidad mediática a las políticas públicas podría permitir establecer criterios pedagógicos comunes, formar a los equipos educativos en alfabetización digital, y crear protocolos de intervención.

Si no lo hacemos, las redes –esas que conectan, pero también atrapan– seguirán siendo un campo de juego desigual para quienes más cuidado necesitan.

Thomas André Prola no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ¿Quién enseña el uso de internet a los adolescentes tutelados? – https://theconversation.com/quien-ensena-el-uso-de-internet-a-los-adolescentes-tutelados-257935