Cuando subimos una foto a una red social, igual no nos imaginamos todo lo que los algoritmos pueden deducir de nosotros solo por esa imagen. Antoine Beauvillain / Unsplash., CC BY
Es una sensación familiar para cualquiera que use redes sociales: el asombro, a veces inquietante, de que una plataforma parezca conocernos mejor que nadie. Un vídeo recomendado que acierta de lleno, un anuncio que responde a una conversación reciente, un recuerdo que aparece en el momento justo… Atribuimos esta aparente magia a los algoritmos que, suponemos, aprenden de nuestras interacciones directas. Sin embargo, esta es solo la capa más superficial de un sistema mucho más complejo.
La verdadera capacidad de estos sistemas no reside en registrar nuestras acciones explícitas, sino en su habilidad para interpretar nuestra identidad a partir de los datos que compartimos, a menudo, de forma inconsciente. Un sencillo experimento con una sola fotografía personal revela hasta qué punto estos sistemas construyen perfiles psicológicos, ideológicos y económicos que van mucho más allá de lo que el usuario pretende comunicar.
De la visión por computador a la interpretación semántica
Cuando subimos una imagen a internet, no solo la ven otros usuarios: también la “leen” los sistemas de visión por computador, como la API de Google Vision que, según anuncia Google, “extrae información valiosa de imágenes, documentos y vídeos”. Estas tecnologías ya no se limitan a identificar objetos o rostros. Su alcance llega a la interpretación semántica: pueden deducir emociones, contextos culturales o rasgos de personalidad.
Herramientas como TheySeeYourPhotos, creada por un exingeniero de Google para denunciar este tipo de prácticas, permiten comprobarlo. Su objetivo es mostrar cuánta información personal y sensible puede inferirse a partir de una sola fotografía, utilizando la misma tecnología que emplean las grandes corporaciones.
El problema no está en que las máquinas reconozcan lo que ven, sino en que interpreten lo que creen que esa imagen dice sobre nosotros. Y ahí surge una pregunta clave: ¿están diseñadas para servir nuestros intereses o para explotar patrones de comportamiento que ni siquiera reconocemos?
Caso de estudio: el perfil inferido de una fotografía
Para explorar los límites de esta capacidad interpretativa, en la Universidad Miguel Hernández realizamos un experimento: analizamos una fotografía personal mediante la herramienta mencionada anteriormente. Los resultados que obtuvimos se pueden clasificar en dos niveles.
Análisis que la herramienta TheySeeYourPhotos hace sobre una de las fotos empleadas en este estudio.
El primer nivel es el del análisis descriptivo, mediante el que la IA identifica elementos visuales objetivos. En este caso, describió correctamente la escena principal (un joven junto a una barandilla y un monumento) y se aproximó a la localización geográfica. Este nivel, aunque propenso a errores fácticos (como estimar una edad algo diferente), se mantiene en el plano de lo esperable.
El segundo nivel, el del análisis inferencial, es el que resulta más revelador y problemático. A partir de la misma imagen, el sistema construyó un perfil detallado basado en patrones estadísticos y, previsiblemente, en sesgos algorítmicos:
Origen étnico (raza mediterránea) y nivel de ingresos estimado (entre 25 000 y 35 000 euros).
Rasgos de personalidad (tranquilo, introvertido) y aficiones (viajes, fitness, comida).
Orientación ideológica y religiosa (agnostico, partido demócrata).
El propósito de este perfilado exhaustivo es, en última instancia, la segmentación comercial. La plataforma sugirió anunciantes específicos (Duolingo, Airbnb) que tendrían una alta probabilidad de éxito con el perfil inferido. Lo relevante no es el grado de acierto, sino la demostración de que una sola imagen es suficiente para que una máquina construya una identidad compleja y procesable de un individuo.
Del perfilado a la influencia: el riesgo de la manipulación algorítmica
Si un algoritmo puede inferir nuestra ideología, ¿su objetivo es simplemente ofrecernos contenido afín o reforzar esa inclinación para volvernos más predecibles y rentables?
Esa es la frontera difusa entre personalización y manipulación. Meta, por ejemplo, ha experimentado con usuarios generados por inteligencia artificial, diseñados para interactuar con perfiles solitarios y aumentar su tiempo en la plataforma. Y si los sistemas pueden simular compañía, también pueden crear entornos informativos que guíen sutilmente opiniones y decisiones.
A ello se suma la falta de control real sobre nuestros datos. La multa récord de 1 200 millones de euros impuesta a Meta en 2023 por transferencias ilegales de información de Europa a EE. UU. demuestra que el cumplimiento normativo se convierte, para las grandes tecnológicas, en un cálculo de riesgo-beneficio, más que en un principio ético.
La conciencia crítica como herramienta de defensa
El resultado de este perfilado masivo es la consolidación de las “burbujas de filtro”, un concepto acuñado por Eli Pariser para describir cómo los algoritmos nos encierran en entornos informativos que refuerzan nuestras creencias. Así, cada usuario habita un mundo digital hecho a su medida, pero también más cerrado y polarizado.
Ser conscientes de que cada interacción digital alimenta este ciclo es el primer paso para mitigar sus efectos. Herramientas como TheySeeYourPhotos son valiosas porque revelan cómo se construye la ilusión de personalización que define nuestra experiencia en línea.
Por tanto, el feed de nuestras redes sociales no es un reflejo del mundo real, sino una construcción algorítmica diseñada para nosotros. Comprender esto es indispensable para proteger el pensamiento crítico y navegar de forma consciente en un entorno digital cada vez más complejo.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), aproximadamente 1 de cada 8 mujeres españolas desarrollará cáncer de mama en algún momento de su vida. El origen de esta enfermedad es complejo: la predisposición genética explica menos del 10 % de los casos, mientras que el 90 % restante se atribuye a factores de riesgo, tanto modificables como no modificables.
Más concretamente, la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer estima que el 30 % de los casos se deben a condicionantes que sí pueden controlarse, como el exceso de peso corporal, la inactividad física o el consumo de alcohol. Y en esta categoría, el uso de anticonceptivos hormonales ha atraído la atención de los investigadores al tratarse de una patología que depende básicamente de las hormonas.
Por ejemplo, la SEOM señala: “El uso de terapia hormonal sustitutiva después de la menopausia aumenta el riesgo de cáncer de mama, así como el uso de anticonceptivos orales, aunque el incremento absoluto es bajo”.
En la actualidad persisten numerosos interrogantes sobre la relación entre la exposición a anticonceptivos hormonales y el riesgo de desarrollar esa dolencia. A pesar de que la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que forma parte de la OMS, concluyó en junio de 2005 que los contraceptivos hormonales son carcinógenos para el cáncer de mama, de cuello de útero y de hígado, también es cierto que su efecto ha resultado protector frente a cánceres de ovario y endometrio.
Su impacto global continúa siendo controvertido; no hay consenso entre los especialistas. No obstante, destacan algunas investigaciones recientes e importantes que sí han detectado un incremento notable en las probabilidades de desarrollar cáncer de mama.
En este contexto, un nuevo estudio elaborado por investigadores de la Universidades de Navarra y Harvard, en colaboración con otras universidades y hospitales, ofrece la revisión sistemática más exhaustiva realizada hasta la fecha para medir la relación entre la duración del uso de anticonceptivos hormonales y el riesgo de desarrollar dicha patología. Publicado en la revista Maturitas, incluye 20 cohortes y 23 informes independientes, en los que participaron más de 5,5 millones de mujeres y se detectaron 72 000 casos de cáncer de mama.
La conclusión de los científicos que hemos participado en este trabajo es que usar píldoras, dispositivos intrauterinos o parches contraceptivos con hormonas durante cinco o más años se asocia con un aumento del 20 % en las probabilidades de desarrollar cáncer de mama. Asimismo, hemos observado que este riesgo no sigue un patrón lineal: se incrementa progresivamente en los primeros cinco años de uso, se estabiliza entre los cinco y diez años y vuelve a subir ligeramente a partir de la década.
La asociación fue más marcada en las mujeres más jóvenes que desarrollaron los tumores de mama más prematuramente, antes de la menopausia. En ellas, dicho aumento de riesgo fue un 41 % superior en comparación con las no usuarias. El estudio también confirma que este incremento, aunque moderado a nivel individual, puede tener un impacto poblacional muy relevante, ya que más de 150 millones de mujeres utilizan esos métodos.
Hallazgos coherentes
Los hallazgos son coherentes con los de varios trabajos de gran escala publicados en las últimas dos décadas. Además, la evidencia está respaldada por los mecanismos biológicos sobre el tejido mamario, como la acción proliferativa de estrógenos y progestágenos, que son precisamente las hormonas sexuales femeninas de los contraceptivos. Tales hormonas se utilizan –en forma sintética y en dosis superiores a las naturales– para bloquear la función natural del ovario. Así se logra que no haya ovulación, además de producir otros efectos.
En resumen, esta investigación respalda la existencia de una asociación entre el uso prolongado de anticonceptivos hormonales y un aumento de las probabilidades de sufrir cáncer de mama. Además, los resultados subrayan la importancia de un asesoramiento individualizado, que tenga en cuenta la historia reproductiva y el perfil de riesgo (mujeres con antecedentes o factores genéticos predisponentes), para valorar con información precisa los posibles beneficios a la luz de los riesgos.
Por otra parte, se requieren estudios adicionales para evaluar los efectos de las formulaciones hormonales más recientes, las vías alternativas de administración y los subtipos moleculares de cáncer de mama. El objetivo es mejorar la comprensión de los mecanismos subyacentes y optimizar las estrategias de prevención.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
The Russian president, Vladimir Putin, has said that Russia may could carry out nuclear weapons tests for the first time since the cold war.
In what appears to be a response to a statement by Donald Trump on October 30, that he had ordered the US to restart nuclear tests “on an equal basis” with Russia and China, Putin said he’d been advised by his defence staff that it was “advisable to prepare for full-scale nuclear tests”.
At present there is no evidence that either Russia or China is conducting nuclear tests, which were discontinued by most nuclear states after the test ban treaties of the early 1990s.
Trump may have been reacting to the news of two Russian weapons tests in late October. On October 21, Putin announced that Russia had tested the Burevestnik – the first of a new generation of nuclear-powered cruise missiles. Days later he revealed that Russia had also tested Poseidon, a nuclear-powered and capable underwater drone which operates like a torpedo.
The US Department of Energy has rowed back on the president’s statement, assuring the world that Washington has no plans for test nuclear detonations. It appears that Trump’s order may have come from his confusion between Russia’s recent tests of nuclear-capable delivery vehicles such as Burevestnik and Poseidon, and the testing of actual nuclear warheads.
Nonetheless, the two leaders’ nuclear bluster is a sobering reminder of the dangers posed by nuclear brinkmanship between the US and Russia.
It is worth remembering that at the height of the cold war, the superpowers prepared to settle their confrontation in the territories of central Europe with little regard for the millions they would kill. US strategists hoped that a “tactical” nuclear conflict might contain the war to Europe, sparing the continental United States.
The F-35 is increasingly coming to be viewed in some US defence circles as an expensive failure. This year, however, the UK’s Labour government committed to buying 15 additional F-35B aircraft (having already ordered 48), but also adding 12 of the F-35A variant.
The F-35A is configured to carry the B61 nuclear gravity bomb. Although the British government trumpeted the return of “a nuclear role for the Royal Air Force” in the 2025 strategic defence review, the B61 is a US weapon which will be under US command and carried by a US-made platform. The B61 is a “tactical” but still immensely destructive nuclear weapon – which, as during the cold war, is intended for use on European battlefields in the hope of containing any conflict far from the US.
Additionally, the UK’s “independent nuclear deterrent” consists of British “Holbrook” warheads mounted on US Trident II missiles. While sole launch authority rests formally with the UK prime minister, the system is entirely reliant on US support and maintenance of the missiles for its continued operation. In the event of Scottish independence, Britain’s nuclear submarines might have to relocate to the continental US, because there are few suitable UK alternatives to the Faslane base, an hour north of Glasgow.
Elsewhere, in summer 2025, observers reported that US B61 bombs had returned to RAF Lakenheath in Suffolk, to be carried by US Air Force jets. They had been removed in 2008 amid easing tensions between Nato and Russia, but have returned amid more aggressive nuclear posturing by both Washington and Moscow.
The Nukewatch group said: “The new nuclear bombs … are entirely under the control of Donald Trump and could be used without the UK having any say at all in the matter. In fact, we wonder whether the UK government has even been notified by the USAF that the weapons are now stationed at Lakenheath.” The UK government remained silent on the matter.
This integration of UK and US nuclear forces has not been publicly deliberated. Jeremy Corbyn, the last political leader who tried to offer the electorate a meaningful choice on the matter, was forced to backtrack.
Incompatible with democracy
This is a clear demonstration that nuclear weapons and deterrence policies have always been incompatible with democracy. They require huge secrecy, and the speed involved means that launch decisions are out of the public’s hands. Instead, any decisions to use these incredibly destructive weapons – with all that this implies for the planet – are concentrated in the hands of individual leaders.
The logic of nuclear deterrence breaks down, however, once we remember that the UK’s control over its own nuclear weapons – not to mention the US weapons hosted on its soil – is very limited. The US could at any moment withdraw its assistance for the Trident programme, making questions of British willingness to fight a nuclear war irrelevant.
The F-35A purchase redoubles the UK’s commitment to serving as Donald Trump’s nuclear aircraft carrier. It makes the country a target in any nuclear war that might be started by two unpredictable and violent superpowers. Other US allies get the same treatment: Australian analysts lament that the Aukus submarine deal with the UK and US yokes the country’s future “to whoever is in the White House”.
Fortunately, the flipside of this reliance on the US is that it might be relatively easy for the UK to shut down its own nuclear programme. Aside from its role in the Nato nuclear mission, Trident has little strategic value when it comes to deterring the threats actually faced by the UK.
With so much of its nuclear weapons activity farmed out to the US, there may not be many domestic vested interests to oppose a change in UK policy if Washington does turn off the nuclear taps.
If the UK foreign secretary, Yvette Cooper, is serious about continuing Labour’s commitment to “progressive realism”, she should chart an independent path. Alternative, non-nuclear defence policies for the pursuit of internationally responsible “common security” could be implemented by a British government with the confidence to govern from London, not DC.
Tom Vaughan does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
The US president, Donald Trump, is threatening military action in Nigeria over what he sees as the persecution of Christians there. He has accused the Nigerian government of not doing enough to prevent radical Islamists from committing “mass slaughter” against Christians in the west African nation.
In a video posted on social media on November 5, Trump said: “Christianity is facing an existential threat in Nigeria. Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible.” He warned that, if US forces were to attack, it would be “fast, vicious, and sweet, just like the terrorist thugs attack our CHERISHED Christians!”
Riley Moore, a Republican US congressman who has been asked by Trump to lead an investigation into violence against Christians in Nigeria, has previously called the country “the most dangerous place in the world to be a Christian”. He claims that more than 7,000 Christians have been killed in Nigeria in 2025 alone – an average of 35 per day. Hundreds more have been kidnapped, tortured or displaced, he says.
But, regardless of whether or not these figures are correct (assessing their accuracy is difficult), the US government’s framing of the violence in Nigeria as Islamists killing Christians oversimplifies a complex reality. Violence in Nigeria is driven by more than religion alone, with land disputes, politics, ethnicity, historical grievances and inequality all playing a part.
Violence in Nigeria has varying motives. In the north-western and north-eastern regions of the country, attacks are largely carried out by jihadist groups such as Boko Haram, Lakurawa and Islamic State West Africa Province. These groups seek to establish an Islamic caliphate in the region, and attack whoever opposes their ideology – Christian or otherwise.
Boko Haram has historically been the dominant Islamist militant group in Nigeria. The Brookings Institution estimates that Boko Haram has killed tens of thousands of people in Nigeria since 2009, and has displaced more than 2 million others. The regions of Nigeria in which jihadist groups operate are predominantly Muslim.
The motives for violence in other areas of Nigeria, including the fertile agricultural Middle Belt region, are different. The Middle Belt, which is mostly Christian, is badly affected by violent conflict between sedentary farmers and nomadic herders. The herders, who tend to be Fulani Muslims, move their livestock from one region to another.
I have studied this particular type of conflict in Nigeria since 2018. Violent conflicts between these groups of people are driven by poor governance, inequality, historical grievances and environmental injustice – and it would be inaccurate to suggest they are entirely motivated by religion.
They are best understood as eco-violence. The two groups clash over access to and control of water points and land, which leads to mass killings and the destruction of settlements. The Trump administration’s grouping of Nigeria’s violence together under the label of Islamist extremism is thus misleading.
The Middle Belt has become one of Nigeria’s most violent regions. Armed herder groups have been accused of staging attacks on farming communities that have resulted in mass murders, the burning of homes and barns and the displacement of millions of people.
In some areas, attackers have taken over and resettled in captured communities. Farmers have destroyed herds of livestock worth thousands of US dollars in retaliation, and have killed herders.
According to Amnesty International, over 10,000 people have been killed in attacks across the Middle Belt since 2023, with Benue and Plateau states accounting for the vast majority of these deaths.
In June 2025, armed attackers stormed the farming village of Yelwata in Benue state, killing around 200 people in the space of a few hours. Then, in early November, 17 people were killed by armed men believed to be Fulani herders in the farming settlement of Kwi and the town of Damakasuwa. Both of these places are located near the border between Plateau and Kaduna states.
A few days later, after Trump had threatened military action in Nigeria, suspected armed herders killed at least seven people in an attack on Anwuel village in Benue state. Herders have also been accused of carrying out attacks in other regions of Nigeria, including the south-west and south-east.
Nigerian security operatives during a military operation ahead of an election in Benin City, southern Nigeria, in 2020. Oluwafemi Dawodu / Shutterstock
Amnesty International has blamed the escalating violence in Nigeria on the “shocking failure” of the country’s authorities to protect lives and property from attacks by armed groups and bandits. Rural communities say that Nigerian security agencies often fail to protect them, even when they are warned of impending or ongoing attacks.
However, Nigerians do not need a foreign saviour. What the country needs is a new constitution. The current constitution was created by a military administration, not through a democratic process. Many people have argued that it lacks legitimacy and centralises excessive power at the federal level.
This concentration of power has fuelled corruption, nepotism and generally poor governance, resulting in the rampant insecurity seen in Nigeria today. Nigeria needs an inclusive, democratically drafted constitution that reflects the will of its people.
It is troubling that it has taken a threat by the US president to again remind Nigerian leaders of their duties to protect civilians. But hopefully this results in better security and support for victims of violence in rural communities across Nigeria.
Ezenwa E. Olumba does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
Most critically, discussions about local food often overlook the very people that make food production possible: farm workers. These workers form the backbone of the agricultural sector, yet many face unsafe working conditions, inadequate pay and exclusion from basic labour protections.
The human cost of agriculture
Improving job quality in agriculture is important not just for the economic viability of regional food systems, but also because agricultural work is notoriously dangerous, dirty, demeaning and devalued.
This is not by chance. Farm work has historically been exempt from labour-protective laws due to a long-standing belief in agricultural exceptionalism — the idea that because it’s subject to uncontrollable factors such as weather, and contributes to national food security, agriculture should be afforded special state support and regulatory exemptions.
In practice, many believe agricultural work should not be held to the same standards as jobs in other sectors. Farm workers are often excluded from important safeguards in many jurisdictions, like overtime pay.
When combined with precarious immigration status, even the limited protections that farm workers have access to on paper may not be accessible in practice.
Why organic farmers are struggling
To better understand why some employers provide better conditions for hired farm workers, we surveyed organic farmers growing vegetables — a nutritionally important and labour-intensive industry — in British Columbia.
We asked farmers about what motivates their farming decisions, the characteristics of their farm and about their perceptions of how to improve job quality for hired workers.
We focused on organic farmers because organics are often viewed by consumers as more sustainable, and the industry has aligned itself with the value of fairness in Canada, including worker well-being. In theory, organic farmers should be among the most motivated to provide good jobs for their employees.
Despite this ethical alignment, we found that both certified and non-certified organic farms in B.C. scored poorly on most aspects of job quality that we measured, including employment and grievance procedures, paid time off and extended health benefits.
Organic farms performed better on practices related to occupational health and physical strain, such as using strategies to reduce repetitive motion for workers.
The limits of good intentions
Many farmers reported social justice-oriented motivations for job quality improvement, but they were often unable to translate these ideas into practice.
The most commonly reported barrier to improving job quality was cost, while the strongest predictor of better practices was farm economic size, measured by farm revenue and income.
In larger enterprises, investments in infrastructure and procedural improvements to labour quality can be justified because they are perceived to benefit more workers and support more complex farm operations.
However, the link between larger farms and higher job quality may belie another relationship: bigger farms are better positioned to hire workers through the Temporary Foreign Worker Program, which has specific requirements for wages and terms of employment. At the same time, the program produces power imbalances that can lead to the mistreatment and structural disempowerment of migrant workers, which is certainly bad for job quality.
Our results also suggest that the price premiums from selling food organically don’t appear to be enough to overcome the perceived financial barriers of implementing job quality measures.
A resilient and affordable food system depends on good quality jobs in agriculture. Failing to address job quality for farm workers is a missed opportunity. Many low-cost improvements to support safe and decent working conditions exist, and programs to ensure living wages for farm workers should ensure organic and ecologically produced food is affordable for all Canadians.
Susanna Klassen receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
Hannah Wittman receives funding from Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
Source: The Conversation – Canada – By Ryan M. Katz-Rosene, Associate Professor, School of Political Studies, with Cross-Appointment to Geography, Environment and Geomatics, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Shortly before COP30 talks begin in Brazil, tech billionaire and philanthropist Bill Gates has launched a “narrative grenade” into the discourse of climate politics by publishing a lengthy memo calling for a rethink of how the climate crisis is framed and addressed.
Gates calls for a “strategic pivot” in climate strategy. That appears to have hit a nerve. Both social and traditional media were ablaze with erroneous assertions about Gates’ supposed reversal of opinion on climate change.
Despite reaffirming support for ambitious decarbonization, his letter is being celebrated by climate skeptics while angering some climate scientists. United States President Donald Trump weighed in, writing: “I (WE!) just won the War on the Climate Change Hoax. Bill Gates has finally admitted that he was completely WRONG on the issue.”
This is false. Gates makes no such admission. In fact, he specifically writes that “climate change will have serious consequences — particularly for people in the poorest countries.” He emphasizes that “every tenth of a degree of heating that we prevent is hugely beneficial because a stable climate makes it easier to improve people’s lives.”
Gates goes further, calling for major investments into global health and development (particularly on vaccines), and expresses continued support for pursuing net zero carbon emissions — all of which seems to fly in the face of Trump’s climate and foreign aid agenda.
Given this, why are so many climate skeptics celebrating Gates’ letter? And why are some climate scientists frustrated, despite his steadfast support for decarbonization?
What the memo actually says
The core of Gates’ memo is a request for climate negotiators to consider “three truths:”
First, that they consider climate change a “serious problem” but not the inevitable “end of civilization.”
And third, that the best way to defend humanity against climate change is to pursue global health and economic prosperity.
The centrepiece of Gates’ analysis is the claim that technological innovations — like electric vehicles, renewable energy and battery storage —have already started to reduce the carbon intensity of global economic activity and that new, more consequential innovations in the future will be driven by economic development and healthy societies.
He provides as evidence changes in the International Energy Agency’s (IEA) carbon dioxide emissions forecasts — pointing out that a 2014 IEA projection expected significant growth in emissions, while a 2024 projection now sees significant reductions (though some commentators have contested Gates’ interpretation on this specific point).
Gates wants readers to know progress is being made on climate change thanks to growth and technological innovation, and as such, the “worst-case scenarios” are no longer plausible.
Why climate skeptics see this as a win
It is Gates’ initial framing — that climate change is “not the end of the world” — that seems to have resonated most strongly with climate skeptics. The memo begins by critiquing the “doomsday view” that “cataclysmic climate change will decimate civilization.” Instead, he argues that “people will be able to live and thrive in most places on Earth for the foreseeable future.”
From that point, climate contrarians seized on the memo. One of the largest conspiracy accounts on X falsely declared that “today Bill Gates admitted himself that Climate Change is all a lie.” Others followed suit.
This reaction is not surprising. The claim that climate change is not a civilization-ending threat aligns closely with long-standing skeptic rhetoric that mainstream climate science relies on fear to justify politically motivated change.
Research shows that climate skeptics interpret the issue through black-and-white thinking, where cognitive binaries are used to help simplify complex systems.
Within this world view, if climate change is not apocalyptic, then it can be dismissed as exaggerated, and by extension, climate policy is unnecessary, or worse, a cover for social control.
Why some climate scientists are frustrated
The idea that climate change will not literally end civilization is not new — even for Gates. In my own work on the growth-environment debate, I’ve shown how dominant sustainability discourses have long rested on the assumption that even the most pressing environmental problems can be managed, and that economic growth and technological innovation are the best means of addressing them.
For some climate scientists, however, Gates’ memo places too much emphasis on technology — especially exploratory and high-risk technologies like small modular reactors, carbon capture and storage, and geoengineering.
The worry, as climate scientist Michael Mann expressed in reference to the Gates memo, is that this focus on “technofixes for the climate … leads us down a dangerous road,” because such approaches can distract from proven mitigation strategies and provide cover for continued business-as-usual burning of fossil fuels.
Other climate scientists found the memo downplayed the severity of global warming seen to date, not least the warming expected by the end of this century (which, in Gates’ telling could be up to +2.9 C above the pre-industrial era).
For instance, scientist Daniel Swain noted his “dismay and deep frustration” about the framing in Gates’ memo (despite agreeing with some of its central claims), precisely for glossing over the known harms and systemic risks that lie ahead. Swain invoked the late environmental studies professor Stephen Schneider’s reminder that when it comes to global warming, “the end of the world” and “good for humanity” are the two lowest-probability outcomes.
What now?
Like a dazed battlefield after a grenade is detonated, the terrain of climate politics has been unsettled by Gates’ missive, but it is not altogether transformed. The debate will continue. Skeptics will likely add screenshots of misleading headlines about Gates’ “admission” to their repertoire of doubt-casting memes.
Climate scientists, meanwhile, will continue to grapple with the difficult task of communicating climate risk, urgency and uncertainty, in a political environment that is not well-suited to nuance and complexity.
The memo does not change the science. But it does reveal how sensitive climate politics is to framing, and how the same message can become ammunition for very different projects.
Ryan M. Katz-Rosene was the recipient of an Insight grant from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada to study discourses of the growth-environment debate.
Source: The Conversation – Canada – By Michael Kehler, Research Professor, Masculinities Studies, School of Education, University of Calgary
In a marathon Game 7 of the 2025 World Series at the Rogers Centre, the Toronto Blue Jays fell to the Los Angeles Dodgers in 11 innings. It was a devastating finish to a series defined by unforgettable plays.
The series left fans with indelible memories of hits, runs and near-misses — unbelievable and inexplicable moments that few will forget in the years to come. But that wasn’t all the stood out.
In a post-Game 7 interview, utility player Ernie Clement tearfully expressed his love for his teammates while acknowledging the emotional toll of the series.
Blue Jays discuss their World Series loss. (CTV News)
Pitcher Chris Bassitt described the bond between the team as “true love.” The sentiment echoed by many of the players was one of love, gratitude and deep friendship — qualities often reserved, if rarely expressed, among men for other men.
Rather than uphold a dominant, all-too-familiar hyper-masculine image of male athletic competitors, this years’ World Series might have opened our eyes to a counter-narrative in sport.
Masculinity and sport in Canada
Our expectations of sport culture and masculinity in Canada have largely been defined by Canada’s other national pride, hockey. Its narratives frequently valourize toughness, stoicism and physical dominance, reinforcing a narrow vision of what it means to “be a man” in sport.
Research shows that boys and men yearn for close male friendships. Yet in national sport, we rarely see the close intimacy, level of support and caring that were evident among the Blue Jays this year.
Men are expected to compete, not care, especially in the gladiatorial arenas of sport.
The more common, and often troubling, side of male bonding in sport has been associated with violence, aggression and locker room cases of bullying, homophobia and misogyny.
A different model of male bonding
While sport culture is often centred around competition, dominance and showmanship, interactions among the Blue Jays gave a rare glimpse at how sport culture could be different among men.
A recurring theme among all players was a genuine sense of caring for one another. “It’s not very often you get a group together that genuinely likes one another and genuinely cares about one another,” said Blue Jays manager John Schneider after Game 7.
The media and fans were drawn to what appears to be an authentically, emotionally connected group of men. Globe and Mail reporter Marcus Gee called it a “fellowship,” noting how much the players “liked each other.”
Individually and collectively, the Blue Jays were emotionally vulnerable. Gee suggested the lesson the Jays offered was “the power of unity, the power of connection, the power of love.” Whether we call it connection, love or fellowship, there is no mistake that what fans witnessed was a rare and possibly enduring lesson also about sport, masculinity and caring.
What we witnessed among the Blue Jays’ players was a rare public display of affection and intimacy in sport, going beyond sportsmanship, camaraderie and fellowship. The relationships, respect, friendships and love went beyond the implicit licence granted by being on the field to hug another player.
The traditional codes of masculinity when among the boys were disturbed and maybe challenged by repeated expressions of affection that men regularly avoid off the field.
There are indeed important lessons that sports fans might all take away along with the vivid memories of this World Series — lessons of caring among men.
Images of Guerrero Jr. hugging rookie pitcher Trey Yesavage, the emotional honesty of Clement and the visible love the Blue Jays have for their teammates remind us of the significance of friendships among boys and men, and the power of healthy relationships in which men care for, and about, others.
Sport culture among men and boys is historically a bastion of elite, privileged masculinities. Too often, boys and men are complicit in the lessons we learn about being accepted, about belonging among the boys, about being like the rest of the boys.
Men often fear the isolation and alienation if they do not subscribe to the rules and norms typically promoted and upheld in sport culture, echoed in chants of “man up” or “no pain, no gain.”
Perhaps one of the greatest lessons from this World Series was captured in one final image: a red-haired boy collapsed in tears with his father resting his hand on his back, considering the future, not of sport, but of a son able to cry openly, unashamedly.
Michael Kehler does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
Source: The Conversation – in French – By Boubacar Haidara, Chercheur sénior au Bonn International centre for conflict studies (BICC) ; Chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM), Sciences-Po Bordeaux., Université Bordeaux Montaigne
Les djihadistes parviennent à s’emparer de petites localités rurales et à commettre des attaques meurtrières. Ils arrivent aussi à incendier une partie des camions-citernes destinés à Bamako. Mais à ce stade, ils sont loin d’avoir les moyens de prendre la capitale.
Début septembre 2025, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, JNIM) a annoncé – par la voix de son porte-parole pour les actions dans le sud et l’ouest du Mali, connu sous le pseudonyme Abou Hamza al-Bambari, mais désigné par les Maliens sous le nom de Nabi ou Bina Diarra – un embargo sur le carburant destiné à la capitale malienne Bamako.
Cette décision s’inscrivait dans une logique de représailles face à l’interdiction imposée plus tôt par le gouvernement malien à la vente de carburant dans certaines localités, dans le but d’entraver les circuits d’approvisionnement des groupes djihadistes. Cet élément revêt une importance essentielle pour appréhender les intentions réelles du JNIM.
Si le groupe est parvenu à infliger des pertes significatives en détruisant de nombreux camions-citernes, le blocus qu’il exerce n’est toutefois pas totalement hermétique. En effet, certains convois, bénéficiant de l’escorte des Forces armées maliennes (FAMa), parviennent encore à rejoindre Bamako, bien que leur nombre soit insuffisant pour satisfaire la demande nationale. La situation est d’autant plus critique que l’approvisionnement en carburant de plusieurs régions, notamment Ségou et Mopti (dans le centre du pays), dépend du passage préalable des camions-citernes par la capitale.
La tâche est particulièrement difficile pour les FAMa, qui affrontent des ennemis « invisibles », très mobiles, et ayant l’avantage de la guerre asymétrique. Concrètement, cela veut dire que le JNIM n’a besoin que de positionner quelques dizaines de combattants à des points stratégiques des axes routiers concernés pour qu’ils ouvrent le feu sur les camions-citernes de passage. Même escortés par les FAMa, ces convois restent exposés, le caractère hautement inflammable du carburant rendant toute opération de protection particulièrement risquée.
Cette situation a entraîné des conséquences particulièrement graves, le carburant étant au cœur de toutes les activités du pays. Les scènes impressionnantes de camions-citernes en feu le long des routes, de foules de Maliens se ruant vers les rares stations encore approvisionnées et de files interminables de véhicules attendant d’être servis ont donné l’image d’une paralysie totale de la capitale, ainsi que d’autres villes de l’intérieur.
Ce climat de crise a nourri certaines des hypothèses les plus alarmistes. Le Wall Street Journal – suivi d’autres médias – a par exemple titré, à propos du Mali : « Al-Qaida est sur le point de prendre le contrôle d’un pays ». Dans la foulée, plusieurs gouvernements – notamment ceux des États-Unis, de l’Italie, du Royaume-Uni ou encore de l’Allemagne – ont appelé leurs ressortissants à quitter immédiatement le Mali.
En réalité, l’hypothèse de « la filiale locale d’Al-Qaida » qui renverserait le pouvoir malien n’est pas nouvelle. Elle figurait déjà parmi les « scénarios noirs » envisagés par l’armée française en 2023.
Le Mali va-t-il bientôt être gouverné par le JNIM ?
Ce scénario apparaît, à ce stade, hautement improbable.
Comme indiqué précédemment, la crise que connaît actuellement le Mali, consécutive aux récentes actions du JNIM autour de Bamako, ne saurait être considérée comme la démonstration d’un déploiement de moyens militaires exceptionnels susceptibles de permettre la prise de la capitale. On pourrait même penser que le JNIM lui-même a été surpris par l’ampleur inattendue des conséquences de ses actions autour de Bamako, lesquelles, en réalité, ne requéraient pas de moyens militaires particulièrement importants.
Au-delà de cet aspect, aucun élément crédible – depuis la création du JNIM en 2017, et à la lumière de l’analyse de son modus operandi au Mali – ne permet de soutenir raisonnablement une telle hypothèse à court ou moyen terme.
L’annonce alarmiste d’une éventuelle prise de contrôle du Mali par ce groupe, dans la perspective de gouverner le pays, revient à accorder une importance excessive aux conséquences, certes spectaculaires, d’une crise ponctuelle, plutôt qu’à une évaluation globale des actions du JNIM, et des capacités réelles que révèle sa force militaire observable.
La pertinence du modus operandi du JNIM face aux exigences de la gouvernance urbaine
Pour rappel, au déclenchement de la guerre au Mali en 2012, plusieurs groupes djihadistes avaient pris le contrôle de zones urbaines dans le nord du pays, à une période où l’armée malienne se distinguait par une faiblesse particulièrement marquée.
Au cours des années suivantes, le Mali a connu de nombreuses interventions internationales, tant civiles que militaires, qui se sont poursuivies jusqu’à la fin de l’année 2022. Durant cette période, les Forces armées maliennes (FAMa) ont considérablement augmenté leurs effectifs, bénéficié de programmes de formation et acquis une expérience opérationnelle soutenue par une guerre continue depuis 2012. Le renforcement du partenariat militaire avec la Russie, amorcé à la fin de 2021, leur a en outre permis de réaliser d’importantes acquisitions en matière d’armement terrestre et aérien, transformant profondément leurs capacités et leur image par rapport à celles qu’elles présentaient en 2012.
Le principal défi auquel sont confrontées les FAMa réside dans leurs contraintes numériques en matière de déploiement sur un territoire national particulièrement vaste – plus de 1 240 000 km2. Cette réalité a offert au JNIM, ainsi qu’à d’autres groupes armés similaires, l’opportunité d’établir leurs bastions dans de nombreuses localités rurales. Malgré cette situation, le JNIM – dont les effectifs sont estimés entre 5 000 et 6 000 combattants – n’a toutefois jamais réussi à s’emparer d’un chef-lieu de région ni même de cercle (subdivision de la région), que ce soit dans le centre ou dans le nord du Mali, pourtant considérés comme ses zones d’influence privilégiées.
Une question s’impose dès lors : pourquoi le JNIM choisirait-il d’ignorer ces étapes intermédiaires – pourtant essentielles à toute préparation en vue d’une éventuelle gouvernance du Mali – pour tenter de s’emparer directement de Bamako, une capitale de 3,5 millions d’habitants abritant une forte concentration de camps militaires et représentant, de ce fait, un objectif particulièrement ambitieux ? La réponse semble évidente. Si le JNIM parvient à imposer son emprise dans les zones rurales, c’est avant tout en raison de l’absence des FAMa, une situation bien différente de celle observée dans les centres urbains, où la présence de l’État et des forces armées demeure plus marquée.
Cela étant, il convient de préciser qu’il existe très peu, voire aucune, ville malienne où le JNIM serait incapable de mener des attaques surprises contre les FAMa ou d’autres symboles de l’État. Les attaques conduites contre le camp de Kati en juillet 2022, l’aéroport ou encore l’école de gendarmerie de Bamako en septembre 2024 en sont des exemples révélateurs. Ces actions sont rendues possibles par la nature même de la guerre asymétrique, qui confère au groupe un avantage tactique certain.
Certaines attaques dirigées contre des camps militaires se sont caractérisées par un degré de violence particulièrement élevé. C’est par exemple le cas de celle qui a visé le camp de Boulikessi, le 1er juin 2025, à l’issue de laquelle le JNIM a annoncé avoir tué plus de 100 soldats maliens, sans compter ceux qui auraient été capturés. Le surnombre de combattants du JNIM mobilisés à ces occasions, conjugué à l’effet de surprise, a souvent réduit considérablement les capacités de riposte des forces visées. Néanmoins, il apparaît hasardeux de déduire, sur la seule base de ce type de succès tactiques, que le JNIM dispose d’une capacité militaire suffisante pour prendre le contrôle du Mali.
À ce mode opératoire du JNIM s’ajoute la mise en œuvre récurrente de blocus imposés à certaines localités – la même méthode actuellement appliquée à Bamako, mais déjà expérimentée dans plusieurs autres zones du pays.
Comment fonctionne un blocus, concrètement ?
Lorsqu’il souhaite sanctionner une localité donnée, pour une raison ou une autre, le JNIM instaure un blocus en interdisant tout mouvement vers ou depuis celle-ci. Quelques combattants suffisent souvent pour patrouiller les environs et tirer sur toute personne tentant de franchir la zone. Progressivement, la localité ainsi isolée se retrouve privée de produits essentiels et confrontée à des pénuries croissantes. L’intervention de l’armée dans ce type de situation s’avère particulièrement complexe, car elle fait face à un ennemi invisible : les combattants du JNIM se dispersent dès qu’ils se sentent menacés par l’approche des FAMa, et réapparaissent dès que les conditions leur deviennent favorables.
Il ne s’agit donc pas de groupes territorialisés assurant une présence permanente, mais d’unités mobiles et insaisissables, évitant tout affrontement direct avec les forces armées. Confrontées à la difficulté de sortir de telles situations et pour mettre fin à leurs souffrances, plusieurs localités placées sous blocus ont finalement accepté de signer des accords avec le JNIM, s’engageant à respecter les règles qu’il imposait. Il s’agit des fameux « accords locaux de paix », désormais conclus sous forte contrainte dans de nombreuses localités maliennes. L’accord le plus emblématique est celui conclu à Farabougou, qui avait abouti à la levée du blocus imposé par le JNIM sur la localité.
Selon les contextes, ces arrangements imposent aux populations locales divers engagements : versement de la zakat au profit du JNIM, fermeture des écoles, adoption d’un code vestimentaire strict, séparation des hommes et des femmes, libre circulation des combattants armés dans le village, ainsi que la possibilité pour eux de prêcher dans les mosquées. Dans certains cas, les djihadistes exigent également que les habitants leur servent d’informateurs contre les FAMa. Ce mécanisme explique en grande partie le renforcement du JNIM dans les zones rurales, en l’absence d’un déploiement effectif des forces de défense et de sécurité.
Le mode opératoire du JNIM, tel que détaillé ci-dessus, n’indique pas qu’il dispose d’une capacité militaire lui permettant de prendre le contrôle d’une ville de l’ampleur de Bamako, hormis dans l’éventualité où le groupe démontrerait, de manière inattendue, une puissance militaire jusque-là inconnue, surpassant celle des FAMa. Une telle évolution impliquerait également un changement majeur dans sa conduite de la guerre, passant d’opérations asymétriques à un affrontement conventionnel, exposant alors les combattants du JNIM à la pleine force de frappe de l’armée malienne.
Chute du pouvoir ou prise de Bamako : quel est l’objectif réel ?
Au regard de ce qui précède, il paraît plus raisonnable de considérer que le JNIM chercherait davantage à provoquer la chute du pouvoir qu’à s’emparer de Bamako, misant sur l’éventualité qu’une aggravation des difficultés liées à la crise du carburant puisse susciter un soulèvement populaire contre les autorités en place.
Le cas échéant, il convient de noter qu’une telle anticipation pourrait produire l’effet inverse de celui recherché, en renforçant plutôt la solidarité des Maliens autour du pouvoir face au JNIM ; une tendance déjà observable à Bamako malgré les difficultés. En tout état de cause, l’hypothèse d’une prise de pouvoir par le JNIM n’est pas du tout envisagée à Bamako, une ville dont le mode de vie reste, pour l’essentiel, aux antipodes des exigences d’une éventuelle gouvernance du groupe, basée sur l’application stricte d’une vision rigoriste de l’islam.
En conclusion, l’analyse du modus operandi du JNIM, de sa capacité militaire et de son implantation territoriale montre que le groupe demeure essentiellement limité aux zones rurales, où l’absence des forces de défense et de sécurité lui permet d’exercer une influence relative. Les tactiques qu’il déploie – blocus, attaques surprises et accords locaux de paix sous contrainte – bien qu’efficaces pour asseoir son contrôle local, ne traduisent en rien une capacité à prendre le contrôle d’une grande ville comme Bamako, ni à gouverner un État complexe.
Les forces armées maliennes, renforcées et mieux équipées depuis 2012, continuent de constituer un obstacle majeur à toute expansion urbaine du JNIM. Par ailleurs, la société bamakoise, attachée à un mode de vie largement incompatible avec l’application d’une vision rigoriste de l’islam, limite l’attrait d’un éventuel contrôle du groupe sur la capitale. Bien que le JNIM puisse continuer à exercer une pression asymétrique et ponctuelle, et parfois spectaculaire, l’hypothèse d’une prise de pouvoir dans les centres urbains reste hautement improbable, et l’impact stratégique du groupe doit être évalué à l’aune de ses forces réelles et de ses contraintes opérationnelles.
Boubacar Haidara ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Peu d’enseignants sont formés à protéger leur voix tout au long de leur carrière.PeopleImages/Shutterstock
La voix est un outil de travail essentiel pour les enseignants, qui a un impact direct sur leur bien-être et la motivation de leur classe. Or, contrairement aux acteurs ou aux chanteurs, ils ne sont pas formés à bien l’utiliser ni à la protéger au fil de leur carrière.
En classe, les enseignants utilisent leur voix pour susciter de l’enthousiasme, transmettre des connaissances et apaiser les tensions.
Une voix chaleureuse et encourageante stimule la motivation des élèves, réduit leur anxiété et améliore leurs relations avec l’enseignant, comme la dynamique de la classe. A contrario, un ton autoritaire ou sévère peut, même imperceptiblement, créer du stress, éroder la confiance et entraîner un désengagement.
Mais les enseignants peuvent aussi éprouver eux-mêmes du stress. Et l’on sait que cet état émotionnel peut peser sur notre façon de nous exprimer. Il affecte le contrôle que nous avons sur notre élocution. Il nous conduit à parler d’une voix plus aiguë, avec plus de variations, ce qui est susceptible d’entraîner une fatigue vocale.
Peu d’enseignants apprennent à bien utiliser leur voix et à la protéger tout au long de leur carrière pour prévenir les maladies liées. Leur permettre de suivre une formation les aiderait à réduire l’impact du stress et d’une sollicitation excessive de leurs cordes vocales, et à transformer la communication au sein de la classe.
Des salles de classe qui favorisent les apprentissages
On sait depuis longtemps que les enfants apprennent davantage et participent mieux en cours quand l’environnement scolaire est stimulant. La manière dont les enseignants s’expriment peut avoir une incidence sur le bien-être, l’engagement et l’estime de soi de leurs élèves.
Les enseignants peuvent créer ces environnements en utilisant un ton ou un style de voix qui souligne leur intérêt pour leurs élèves. La manière de s’exprimer a une incidence sur la coopération, et de nouvelles données suggèrent qu’elle influence la manière dont les élèves apprennent.
Les élèves sont moins enclins à réfléchir à des concepts et à résoudre des problèmes qui leur ont été soumis d’une voix sévère. Ils ont alors davantage tendance à se contenter de répétitions, ce qui est moins efficace pour l’apprentissage à long terme.
Des études suggèrent que les enseignants peuvent créer des environnements d’apprentissage optimaux et favorables en modulant l’usage de leur voix en classe. Après avoir entendu des voix dures et autoritaires, les élèves ont rapporté des émotions négatives accrues et un sentiment de déconnexion avec leurs enseignants. Les auditeurs mettent moins d’un quart de seconde à détecter les voix rudes, ce qui suggère l’existence de mécanismes cérébraux spécialisés dans le traitement des intonations qui induisent une menace.
La manière dont les enseignants s’expriment peut encourager les enfants à s’exprimer. Rido/Shutterstock
D’après la recherche, manifester son intérêt pour les autres à travers des indices vocaux modifie la manière de transmettre des informations. Cela signifie que les enseignants qui utilisent un ton encourageant peuvent inciter les élèves à venir leur parler de sujets importants ou difficiles, tels que le harcèlement.
Entraînement vocal
L’une d’entre nous (Silke Paulmann) a mené une étude visant à évaluer une formation à la conscience vocale. Après la session, les enseignants parlaient d’une voix moins monotone, utilisaient une gamme plus vaste de tonalités et de volumes, et parlaient plus lentement. Ils avaient des façons de s’exprimer plus douces, démontrant que ce type de formation peut modifier les schémas linguistiques.
Les enseignants constituent également un public exposé à des problèmes de voix. Dans une étude réalisée en 2018, 30 % d’entre eux ont déclaré souffrir de problèmes tels que l’enrouement – signe de fatigue ou de tension vocale – ou la perte de voix. En général, ils sont plus susceptibles de développer des troubles de la voix que la population générale
Cependant, contrairement aux acteurs ou aux chanteurs, ils ne reçoivent généralement pas de formation vocale pour prévenir les dommages ou les tensions vocales à long terme. Prendre des mesures préventives pourrait réduire le nombre de jours d’absence liés aux problèmes de voix et contribuer à améliorer le bien-être professionnel, ces deux aspects allant souvent de pair.
La formation que nous avons évaluée comprenait des techniques pour aider les enseignants stagiaires à maîtriser leur élocution, ainsi que des conseils et des astuces pour préserver leur santé vocale. Elle montrait à quel point les voix rauques et aiguës peuvent retentir négativement sur le bien-être des élèves alors que des tons doux et chaleureux créent une atmosphère motivante. La comparaison des voix des enseignants avant et après la formation révélait que la qualité de leur voix s’était améliorée.
L’intégration d’une sensibilisation, même brève, à la conscience vocale dans la formation initiale et continue des enseignants permettrait à ces derniers d’être mieux outillés pour créer des environnements d’apprentissage favorables et stimulants, protéger leur santé vocale et favoriser leur bien-être.
La formation à la conscience vocale peut améliorer la diction des enseignants, ce qui favorise la communication et l’engagement en classe. À l’heure actuelle, cependant, ce type de préparation est rare. Les systèmes éducatifs accordant une importance particulière au bien-être des enseignants et des élèves, leur intégration dans les programmes de formation continue constituerait une avancée cruciale.
Dans le cadre de futurs travaux, Claire Oakley va collaborer avec Mario Education (https://marioeducation.com/).
Silke Paulmann bénéficie d’un financement de l’Impact Fund de l’Université d’Essex et ses travaux sur la prosodie motivationnelle ont précédemment été financés par le Leverhulme Trust. Elle collabore avec Mario Education (https://marioeducation.com) et 5Voices (https://the5voices.com) sur des projets liés à l’utilisation de la voix par les enseignants.
Période vague comme suspendue entre deux moments, les restructurations d’entreprises peuvent être dangereuses pour les salariés. Durant ces moments d’incertitude, certains d’entre eux sont particulièrement exposés, entre le risque d’être écarté et celui d’être exposé à des comportements inappropriés.
Fusions, acquisitions, fermetures, délocalisation, externalisation, réorganisation… Ces termes sont désormais bien connus des salariés européens pour qui le rythme de ces restructurations s’est accéléré au cours des dernières décennies.
Pour rester compétitives sur un marché globalisé, les entreprises doivent réduire leurs coûts à tout prix. Des changements s’opèrent au sein des organisations avec la mise en place de nouvelles méthodes de management, des suppressions d’effectifs ou de lignes managériales, mais aussi la réduction des budgets, voire, parfois des changements en termes de normes, de valeurs et de culture d’entreprise.
Dans l’enquête sur les conditions de travail menée en 2015 qui aborde ce thème, 21 % des travailleurs européens rapportent avoir vécu une restructuration au sein de leur organisation au cours des trois années précédentes. Ces changements ne sont pas sans conséquences pour eux… ni pour elles.
Plus représentées dans les fonctions non qualifiées et les tâches routinières, plus associées aux compétences dites « douces », plus présentes aux postes de managers intermédiaires qu’aux postes de managers seniors (33,8 % des postes de managers sont occupés par des femmes en 2023 en Europe et seulement 22,2 % des postes de management senior, elles ont davantage de risques de perdre leur emploi, ou de voir leur contrat évoluer vers un statut inférieur.
Or, dans un contexte de réduction d’effectifs, il s’agit souvent d’identifier les salariés les plus performants, les plus déterminés, les plus tenaces. Du fait de stéréotypes eux-aussi encore ancrés, ces caractéristiques ne sont pas souvent associées aux femmes. Ces préjugés renforcent les effets genrés lors des changements organisationnels. Plus ciblées, plus insécurisées, les femmes voient leur vulnérabilité s’accroître dans ces contextes mouvants.
Les sources organisationnelles du harcèlement sexuel
Il semble bien que pour les salariés européens, les restructurations soient associées à davantage de harcèlement sexuel, identifié dans cette étude sous sa dimension « attention sexuelle non désirée ». Dans cet échantillon européen représentatif, 1,33 % des personnes interrogées ont déclaré avoir fait l’objet d’une attention sexuelle non désirée dans le cadre de leur travail au cours du mois précédent. Cette valeur varie de 0,22 % au Monténégro à 2,91 % aux Pays-Bas.
Détérioration des conditions de travail
Ce lien entre restructuration et harcèlement sexuel s’explique pour partie en raison de la détérioration des conditions de travail notamment en termes d’exposition à des rythmes de travail intensifs et à davantage de contraintes physiques (environnements extrêmes, travail physique…). Les salariés exposés à ce type de conditions de travail déclarent plus de harcèlement sexuel que les autres.
L’analyse des relations en fonction du genre montre que les femmes subissent davantage de détérioration des conditions de travail que les hommes à la suite d’une restructuration. Leurs rythmes de travail s’intensifient et les contraintes physiques augmentent, effets qui peuvent être expliqués par leur vulnérabilité accrue réelle ou perçue pendant les épisodes de changement. Ces facteurs de risque qui s’accroissent les exposent davantage au harcèlement sexuel.
Des hommes aussi sont victimes
Nous montronsque les hommes soumis à des conditions de travail physiques sont particulièrement exposés en matière de harcèlement sexuel. Leur surreprésentation dans les secteurs physiques et dangereux, où les comportements hostiles sont favorisés par la culture et l’environnement, est une explication avancée pour éclairer ce point.
La formation des dirigeants et des managers sur les relations entre changement organisationnel, conditions de travail et comportements hostiles apparait nécessaire. La priorité accordée aux enjeux financiers par rapport aux questions psychosociales dans les entreprises est à questionner au regard des répercussions négatives sous la forme de violences psychologique, physique et sexuelle.
Il est essentiel de considérer le harcèlement sexuel comme un problème systémique qui trouve aussi sa source dans des facteurs organisationnels, eux-mêmes façonnés par notre société, plutôt que comme un problème causé par un comportement déviant isolé.
Marine Coupaud ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
