Un año de la dana: los bulos que nos confundieron durante la catástrofe

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Germán Llorca Abad, Profesor Titular de Comunicación Audiovisual en la EPSG-UPV, Universitat Politècnica de València

Roman Samborskyi/Shutterstock

“Centenares de muertos dentro de los coches sumergidos en el aparcamiento del centro comercial de Bonaire” (Aldaia, Valencia). Después de un año, aún persiste en parte de la opinión pública la idea de que las autoridades escondieron datos acerca del número real de víctimas de la dana que afectó a varias comunidades del este peninsular en 2024. Plagada de bulos como este, la desinformación que circuló tras la catástrofe no fue un mero ruido de fondo. Marcó la discusión pública, condicionó las expectativas que se tenían de la ayuda que recibieron los afectados y erosionó la confianza en las instituciones. Estaba diseñada para confundir.

La desinformación es un fenómeno global y no exclusivamente asociado a las situaciones de emergencia comunicativa. No obstante, es en estos contextos cuando la información falsa encuentra un caldo de cultivo ideal para viralizarse.

El bulo del aparcamiento supuso el 20,3 % de todos los que circularon en relación con las cifras de víctimas y fallecidos. El desmentido llegó de las autoridades, de las fuerzas de seguridad del Estado y de las verificadoras de noticias, pero llegó tarde y no tuvo el alcance deseado.

Más bulos

Además de las supuestas manipulaciones de cifras, un 14,6 % de todas las informaciones falsas atacaban al Gobierno de España, a organismos independientes como Cáritas o Cruz Roja, o a entidades dependientes de la Administración como la Unidad Militar de Emergencias o la Agencia Estatal de Meteorología.

Se trasladó a la ciudadanía una sensación de caos, que desgastó la credibilidad de la respuesta institucional e incluso la dificultó en ciertos momentos. Asimismo, naturalizó la circulación de consignas de extrema derecha (“solo el pueblo salva al pueblo”). Al igual que ocurre con el mito del aparcamiento, muchos ciudadanos siguen creyendo aún hoy que la dimensión de las inundaciones se dio por la demolición de “las presas de la época de Franco”.

Otras falsas narrativas apuntaron a teorías conspirativas que atribuían la dana a un “ataque HAARP” –el HAARP es un sistema de radiotransmisión que investiga la ionosfera, una capa de la atmósfera terrestre–, a la malversación o desaprovechamiento de la ayuda altruista que llegaba de todo el país o a la caída de los números de atención de emergencias. De nuevo, todas fueron desmentidas por organismos públicos y verificadores, sin que pudiera repararse el daño que ya habían hecho los bulos.

Redes y medios, medios y redes

El actual contexto de comunicación, marcado por la tecnología, favorece un tipo de comunicación acelerada y superficial. La lucha por la atención, librada entre los medios de comunicación y las nuevas autoridades informativas surgidas en torno a las redes sociales (influencers), agudiza los problemas en los momentos en los que más necesaria es una información de calidad. Favorecen exageraciones, datos descontextualizados y prácticas sensacionalistas que distan mucho de un periodismo informativo serio.

Las redes sociales, abiertas y cerradas, fueron el principal canal de distribución de la desinformación tras la dana. Alrededor del 50 % de los bulos surgieron y circularon por X, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y Telegram. Un 28 % del total fueron producidos o amplificados en entornos periodísticos. El 22 % restante no tuvo un origen claro, pero pudieron rastrearse tanto en medios de comunicación como en redes. Estas cifras indican el efecto de cámara de eco que describe la literatura científica y revelan la complejidad y dimensión del problema.




Leer más:
Redes sociales: ¿cámaras de eco o espacios para el debate?


Quién y con qué fin

En el origen de la desinformación sobre la dana hay una mezcla de perfiles anónimos, desaparecidos tras infectar con mentiras el entorno comunicativo; de influencers sin formación periodística, que solo buscaban su cuota de atención, y de figuras mediáticas sin escrúpulos, que únicamente perseguían repercusión pública.

Es difícil apuntar a un único, o suficientemente concreto, “quién”. Las empresas que administran las redes sociales son opacas a la hora de explicar cómo funcionan sus algoritmos de gestión de contenidos. A su vez, los medios de comunicación son reacios a entonar el mea culpa cuando contribuyen a propagar información falsa.

Los bulos son mensajes emocionales que desplazan a los hechos en la explicación de la realidad. Por ello tienen una capacidad de impacto en la opinión pública que ha sido definida como diagonalista. Es decir, alcanzan (casi por igual) a personas que se ubican a la derecha y a la izquierda del espectro ideológico, ya que estas ven superadas sus capacidades de análisis racional. Si hacemos creer a la opinión pública que el sistema está corrupto, en realidad estará preparada para creer mensajes autoritaristas, que ensalzan valores antidemocráticos y que, en ocasiones, defienden abiertamente las dictaduras.

¿Qué podemos hacer?

Las consecuencias de los bulos de sobre la dana fueron reales: población que tomó decisiones vitales basadas en información falsa, trabas a la respuesta a la catástrofe de las Administraciones públicas y un desprestigio generalizado de las instituciones que todavía persiste. Es a todas luces imprescindible regular el funcionamiento ético de plataformas y medios, invertir en la formación de una ciudadanía crítica y bien informada y exigir responsabilidades a quienes contaminan con fines peligrosos a la opinión pública.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

– ref. Un año de la dana: los bulos que nos confundieron durante la catástrofe – https://theconversation.com/un-ano-de-la-dana-los-bulos-que-nos-confundieron-durante-la-catastrofe-268121

Los microplásticos que no llegan al océano se acumulan en el suelo

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Virtudes Martínez Hernández, Investigadora en contaminación de agua y suelo, IMDEA AGUA

Maksim Safaniuk/Shutterstock

Todavía recuerdo cuando iba a la playa, la arena era blanquecina y solo las partículas que procedían de rocas más calcáreas brillaban con la luz. Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

Pero el plástico que acaba en las playas procede de algún lado. Se ha estimado que aproximadamente el 80 % del que se encuentra en los océanos proviene de fuentes terrestres, y los ríos son su principal vía de transporte. Al final, la mayoría de los plásticos se producen, consumen y desechan en tierra firme.

De hecho, algunos modelos han determinado que, además de las emisiones anuales de plástico al océano, la mayor parte de los residuos plásticos (98,5 %) permanecen atrapados en entornos terrestres, donde se acumulan y contaminan progresivamente los ecosistemas continentales acuáticos.

Por tanto, las soluciones para abordar la contaminación global por plásticos residen en comprender mejor las fuentes y los procesos que conducen a la liberación y al transporte de plásticos en el medio ambiente terrestre.

¿De dónde viene el plástico que acaba en el océano?

Los plásticos alcanzan los ríos a través de múltiples vías. Algunas fuentes, como las actividades agrícolas y domésticas, aportan residuos al terreno que se mueven con el agua que circula procedente de las precipitaciones.

En entornos urbanos, los plásticos llegan a los sistemas fluviales principalmente por descargas de plantas de tratamiento de aguas residuales, por desbordamientos del sistema de drenaje durante episodios de lluvia intensa y el transporte por el viento.

Entre las fuentes puntuales, las aguas residuales se han identificado como una de las principales, a pesar de la acción de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).

Las EDAR que disponen de un tratamiento primario –eliminación física de sólidos grandes y sedimentables– y secundario –eliminación de materia orgánica– son capaces de limpiar del agua el 75-95 % de los microplásticos identificados a la entrada. La mayor parte queda retenida en los lodos de depuradora, formados por una mezcla de agua y materia orgánica, principalmente.




Leer más:
El reto de limpiar el agua de microcontaminantes


Del agua al suelo

Los lodos de depuradora se reutilizan comúnmente como fertilizante en el suelo agrícola. Teniendo en cuenta que las aguas residuales contienen gran cantidad de microplásticos y que la mayor parte queda retenida en ese lodo que posteriormente se aplica al terreno, es probable que se introduzca un mayor volumen de microplásticos en el suelo que en el agua.

Concretamente, se estima que esta práctica conlleva un aporte anual total de entre 63 000 y 430 000 toneladas de microplásticos a los suelos agrícolas europeos.

Pero no solo los lodos de depuradora introducen estos contaminantes en el suelo. El compost, un abono procedente de la descomposición de materia orgánica, también es una fuente importante durante la fertilización del suelo.




Leer más:
Microplásticos en el compost que abona el campo: un nuevo desafío para la economía circular


Los plásticos empleados en agricultura

Además, el plástico es un material muy útil en el entorno agrícola, por lo que también hay una entrada directa a través de su fragmentación. Un ejemplo claro son los acolchados, que cubren el suelo con el fin de protegerlo de las condiciones atmosféricas, conservar la humedad, etc. Su utilización ha conllevado una mejora en la producción (minimizando la pérdida por evaporación del agua) y una reducción del uso de herbicidas químicos (evitando la entrada de luz y el crecimiento de especies competidoras).

Sin embargo, debido a la dificultad que entraña retirarlo, entre cultivo y cultivo en el suelo se acumulan restos del material empleado. De hecho, algunos estudios demuestran que aumenta el número de microplásticos en el suelo con las sucesivas aplicaciones.

El plástico también se utiliza en los invernaderos, en el material de tuberías, en los envases de productos químicos, en los fertilizantes encapsulados y en otras piezas de uso habitual. Se estima que cada año se emplean aproximadamente 15 600 000 toneladas de plásticos agrícolas en el suelo europeo.

Por último, hay que tener en cuenta también la entrada de microplásticos por deposición atmosférica en el terreno, sobre todo en el caso de suelos desnudos. La presencia de vegetación que intercepta esas partículas puede ser la razón por la que esta fuente no se ha identificado como la más dominante.




Leer más:
Toneladas de microplásticos llueven sobre las ciudades españolas


¿Cuántos microplásticos hay en el suelo?

A día de hoy, se estima que a nivel global la contaminación del suelo agrícola por plásticos oscila entre uno y 4,3 millones de toneladas para los aportes procedentes de aguas residuales y entre 5 y 2,3 millones de toneladas para los relacionados con el acolchado plástico. Esto supone la presencia de una media de 3,6 millones de toneladas.

Diversos aspectos ambientales condicionan la movilidad de los plásticos presentes en el suelo, como la cantidad e intensidad de las precipitaciones, la pendiente del terreno, el uso y propiedades del suelo y la distancia al cauce de los ríos. Esto dificulta que se haga una estimación precisa de la cantidad de microplasticos que llega al sistema fluvial y posteriormente al océano.

Sin embargo, recientemente se están llevando a cabo estudios que tratan de estimar cuál es el rol de los suelos en la movilidad de estas partículas. Los resultados parecen indicar que, una vez llegan al suelo, la mayor parte permanece. A esto se suma la baja capacidad de biodegradación de los polímeros más comunes y su entrada constante.

Lo anterior implica que los microplásticos se acumulen en el suelo año tras año aumentando su concentración, a pesar de que una pequeña parte se movilice. Esta es la principal razón por la cual se están desarrollando materiales alternativos al plástico que sean biodegradables y que reduzcan su presencia en suelos en el corto-medio plazo.

Las implicaciones

Uno de los principales problemas de que los microplásticos permanezcan en el suelo es su impacto ambiental. Se ha demostrado que la presencia de estas partículas en el suelo tiene efectos negativos en su estructura, cambia la actividad y funcionalidad de los microorganismos, tiene una influencia en los organismos del suelo y afecta al crecimiento y desarrollo de las plantas. Además, el consumo de alimentos cultivados eleva el grado de preocupación por sus efectos en la salud humana.

Y ya no es solo que los microplásticos puedan dañar nuestra salud y la de los ecosistemas. Cuanto más pequeñas son las partículas, mayor superficie tienen conjuntamente y, por tanto, mayor capacidad de atrapar contaminantes ambientales y de liberar aditivos.




Leer más:
Los aditivos tóxicos del plástico que ingerimos a través de los alimentos


Los aditivos del plástico son las moléculas que le confieren ciertas propiedades adecuadas para su uso. Cuando el plástico se convierte en desecho y está expuesto a condiciones ambientales, se fragmenta, y estos aditivos se liberan a través de su superficie.

Los aditivos del plástico engloban numerosas categorías de compuestos químicos, algunos de ellos identificados como potencialmente tóxicos, persistentes y móviles, que acentúan las consecuencias de su presencia masiva en los suelos.

A pesar de que hay avances en entender los potenciales efectos de los microplásticos, los aditivos y otros contaminantes para la salud humana, todavía existe un enorme vacío de información al respecto.

The Conversation

Virtudes Martínez Hernández recibe fondos del Ministerio de Ciencia, innovación y Universidades, Unión Europea a través de los programas de investigación e innovación y de la Comunidad de Madrid a través del instituto IMDEA Agua. Concretamente esta actuación ha sido parcialmente financiada mediante el Proyecto AddiPlaS PID2022-140011OB-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE, el programa de actividades de I+D con referencia TEC-2024/ECO-69 y acrónimo CARESOIL-CM concedido por la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica a través de la Orden 5696/2024, el Proyecto µNanoCare RTC2019-007261-5 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y el Proyecto PAPILLONS financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (acuerdo de subvención n.º 101000210).

Raffaella Meffe recibe fondos del Ministerio de Ciencia, innovación y Universidades, Unión Europea a través de los programas de investigación e innovación y de la Comunidad de Madrid a través del instituto IMDEA Agua. Concretamente esta actuación ha sido parcialmente financiada mediante el programa de actividades de I+D con referencia TEC-2024/ECO-69 y acrónimo CARESOIL-CM concedido por la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica a través de la Orden 5696/2024, el Proyecto µNanoCare RTC2019-007261-5 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y el Proyecto PAPILLONS financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (acuerdo de subvención n.º 101000210).

– ref. Los microplásticos que no llegan al océano se acumulan en el suelo – https://theconversation.com/los-microplasticos-que-no-llegan-al-oceano-se-acumulan-en-el-suelo-264638

In the Middle East, women journalists and activists have been driving crucial change

Source: The Conversation – Canada – By Farinaz Basmechi, Doctoral researcher, Feminist and Gender Studies, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Last month marked the third anniversary of the Woman, Life, Freedom movement in Iran, an uprising that has been described as the country’s most significant movement since the establishment of the Islamic Republic.

Though authoritarian powers and patriarchal systems continue to oppress, women journalists in the Middle East have combined reporting and activism. Many of these professionals operate under regimes that criminalize dissent. For them, reporting isn’t just a profession, it merges with acts of resistance.

Across the region, journalists like Egypt’s Lina Attalah, who continues to publish investigative reports despite state repression, and Yemen’s Afrah Nasser, whose exile hasn’t silenced her voice, act as catalysts for change, using their platforms to amplify marginalized voices, challenge oppressive systems and mobilize communities in liberation-focused movements.

Through the years, their work has gone far beyond reporting news and has become a vital force for truth, justice and social transformation in the region.

Telling the truth under threat

Ever since social media and blogs became widely accessible, women journalists have stood at the forefront, playing a crucial role in raising awareness of inequality, often in competition with predominantly male-dominated mainstream news outlets that are heavily censored or operate under tight government influence.

My Stealthy Freedom (MSF), for example, one of the most prominent social movements in Iran, was launched in 2014 by exiled Iranian journalist Masih Alinejad. What started as a Facebook page supporting Iranian women’s autonomy in making personal choices about their dress quickly gained more than one million followers.

In May 2017, MSF launched the #WhiteWednesdays campaign, encouraging participants to wear white headscarves or other symbols on Wednesdays as a visible form of protest against the mandatory hijab law. The campaign later expanded through tactical hashtags like #MarchingWithoutHijab and #OurCameraIsOurWeapon.

While Alinejad was working abroad, the government arrested her brother to pressure her to end her activism. In addition, New York police arrested two men involved in a murder-for-hire plot against her.

In Lebanon, independent journalist Luna Safwan, who covers corruption, gender-based violence and protest movements, has experienced co-ordinated online harassment for her critical reporting on Hezbollah and gender inequality. She faced two defamation SLAPP suits from her harasser and his lawyer after she and six other women publicly accused activist Jaafar al-Attar of sexual misconduct in 2021.

Lina Attalah, editor-in-chief of Mada Masr, one of the few remaining independent media outlets in Egypt, has been detained several times for publishing investigative reports on government corruption and women’s rights. She continues to advocate for press freedom and digital security for journalists under authoritarian regimes.

Award-winning Yemeni journalist and blogger Afrah Nasser was forced to flee into exile after documenting human rights violations and gender-based violence during Yemen’s civil war. As a researcher with Human Rights Watch, she continues to advocate for accountability, freedom of expression and justice for victims of war crimes in Yemen.

Yara Bader, a Syrian Journalist and human rights advocate who leads the Syrian Center for Media and Freedom of Expression, has exposed state-led detentions, torture and media suppression. Despite facing arrest and exile, she continues to advocate for press freedom and the protection of detained journalists in Syria.

In Tunisia, Lina Ben Mhenni — a blogger, digital activist and journalist — used her blog, A Tunisian Girl, during the Arab Spring to report on rural and under-covered regions. She documented police brutality and government repression and helped expose injustices to both the Tunisian public and the international community. She later became an advocate for human rights and freedom of expression in Tunisia.

Al Jazeera Palestinian journalist Bisan Owda has used her Instagram account to issue calls for global solidarity since 2023. The reporting of Owda and others from Gaza, like Hind Khoudary and Youmna ElSayed, have led to worldwide demonstrations, including a global strike on university campuses in 2024 and, more recently, the global strike in August 2025.

Middle Eastern women journalists like these have been crucial in documenting on-the-ground realities and mobilizing resistance against colonial, authoritarian and patriarchal violence.

Reclaiming the narrative digitally

The truth is that Middle Eastern women journalists have been actively reporting in places like Palestine and covering other conflict zones, often under dangerous conditions, for a long time.

While on the job, for example, veteran Al Jazeera reporter Shireen Abu Akleh was fatally shot by an Israeli soldier during a military operation in Jenin despite wearing a clearly marked “press” flak jacket.

Social media and blogging sites have given women journalists the platforms needed to spread messages of resistance.

And although Middle Eastern women journalists face a dual struggle — against patriarchal state structures and lingering colonial forces — they persist, fighting for a more equitable world and to mobilize others toward that goal.

In today’s world, where human rights seem increasingly fragile, Middle Eastern women journalists demonstrate determination and resilience. They advocate for human rights and fight against gender-based violence while shaping narratives and striving for social transformation within their geopolitical contexts and beyond.

In many Middle Eastern countries, access to official news channels is often reserved for reinforcing authoritarian narratives, while feminist journalists act as agents of change, using widely accessible platforms — particularly social media — to create spaces for awareness and reform.

Women journalists resist oversimplified portrayals of women as oppressed by family, state or colonial power. They reveal women’s role as active agents of change, exposing injustice and advancing movements for equality.

The Conversation

Farinaz Basmechi does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. In the Middle East, women journalists and activists have been driving crucial change – https://theconversation.com/in-the-middle-east-women-journalists-and-activists-have-been-driving-crucial-change-265273

Lo bueno, lo malo y lo feo del primer año de Claudia Sheinbaum como presidenta de México

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Alfredo Rico Chávez, Profesor titular, Universidad de Guadalajara

Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional el 23 de enero de 2025. Octavio Hoyos/Shutterstock

Es difícil encontrar en los medios de comunicación un balance imparcial sobre el Gobierno de la denominada “Cuarta Transformación” (4T) y, en particular, sobre el primer año de la primera presidenta de México. La polarización sigue marcando el debate, lo que nubla la posibilidad de entender el momento histórico que vivimos.

Muchos celebramos la elección de la primera presidenta y el inicio de una etapa para el futuro de la patria. Pero no de manera incondicional: son reseñables también los errores, los vicios y el lado oscuro de este proyecto. En este sentido, aquí dejo algunos apuntes que intentan salir de esa polarización irracional para evaluar de forma balanceada el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Lo bueno

La existencia de un debate sobre los asuntos públicos del país es una ganancia, pues obliga a pensar con mayor profundidad los resultados del trabajo gubernamental. Aunque exista cerrazón de muchos, este debate contribuirá a mejorar la participación ciudadana y nuestra endeble democracia. La dinámica muestra que vivimos un cambio en la cultura política, que ha sacado el debate de los pasillos del poder y ha llegado a las calles. Aunque todavía no lo hacemos con la apertura y madurez necesaria, es un paso adelante hacia gobiernos honestos y efectivos.

En el haber de este primer año de Sheinbaum como presidenta destacan los programas para la reducción de la pobreza, unas acciones que dan continuidad a la política social de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. En este área obtiene el mayor reconocimiento.

Si bien el aumento al salario es lo que más impacta en la reducción de la pobreza, los programas sociales despiertan más adhesión popular en México. La razón es sencilla: es un apoyo que se refleja de forma inmediata en los bolsillos de las personas. Una muestra de que, ahora, los recursos públicos (al menos una parte) no se quedan en las cuentas de las y los políticos.

Aunque los especialistas señalan que “regalar” dinero no es la mejor fórmula y que hace falta una política integral, también es cierto que estas acciones sí han beneficiado a la población y mejorado sus condiciones de vida.

Otro de los aciertos ha sido la forma en que ha gestionado la compleja relación con el presidente Donald Trump, quien ha asumido una actitud agresiva en las interacciones con el resto del mundo. Frente a las amenazas permanentes, Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme, pero mesurada. Sin someterse, ha establecido estrategias para evitar conflictos y, al mismo tiempo, mantener el respeto a la soberanía nacional.

Lo malo

Sin duda, la seguridad sigue siendo el mayor desafío. A pesar de que la presidenta destacó en su primer informe de Gobierno una reducción de delitos, lo cierto es que el crimen organizado y la violencia preocupan mucho a los ciudadanos. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 63 % de la población adulta en zonas urbanas considera inseguro vivir en su ciudad.

En este sentido, la falta de autocrítica manifiesta la insensibilidad con las víctimas, que son presa de la delincuencia y viven en carne propia las consecuencias de la inseguridad, en particular las familias de los desaparecidos.

La militarización con la Guardia Nacional, aunque disfrazada, es una de las más grandes contradicciones del movimiento obradorista. Ratificada el pasado 1 de julio y gestada durante el mandato del anterior presidente, representa una incongruencia programática, con el agravante de que la presencia militar en las calles no ha reducido la delincuencia.

Otro de los temas negativos es la inexistente división de poderes y la falta de espíritu crítico dentro de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante. Su amplia mayoría legislativa ha condicionado la dinámica del Congreso de la Unión. La relación de fuerzas –364 diputados de la coalición gobernante (Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México) frente a los 135 de la oposición– justifica pensar que la cámara parezca una oficialía de partes.

Otro tanto ocurre con la reforma del poder judicial y la simulada elección de los jueces vivida hace algunos meses. El poder judicial mexicano se sometió por décadas a la voluntad del presidente en turno. Urgía un cambio para lograr una auténtica impartición de justicia. Pero la reforma impulsada por López Obrador y continuada por Sheinbaum no ha significado esa transformación sustantiva, que garantice un sistema imparcial y efectivo. Una justicia para todas y todos, no solo para quienes pudieran pagarla como ocurría en el pasado.

La elección judicial, que ha dado lugar al nombramiento de ministros de la Corte Suprema, de los tribunales electorales y los restantes ámbitos de la magistratura, apenas tuvo una participación del 13 %. El voto popular solo ha servido para legitimar el nombramiento de jueces y magistrados afines al gobierno actual.

Otra de las asignaturas pendientes es la corrupción. Por más que pretendan justificarlo, sigue siendo parte de la vida pública, en buena medida porque se mantienen los políticos del viejo régimen y las viejas estructuras siguen intactas. La vigencia de personajes como Manuel Bartlett, históricamente vinculado a etapas oscuras de los gobiernos del PRI, y Manuel Espino, quien fue presidente del PAN, son la muestra de que la vieja política sigue viva.

Lo feo

El trabajo que ha realizado la presidenta es la principal razón por la que su popularidad se encuentre por las nubes. Esta resulta incluso más elevada que la obtenida por López Obrador durante su mandato. El estilo de Sheinbaum, por más que parezca una réplica comunicacional del tabasqueño, ha dejado un sello propio basado en su impronta personal y su independencia.

Desde el sexenio pasado, la oposición se ha desdibujado y se ha estancado en una postura que la sigue alejando de los votantes.

Esa es la razón por la que algunos analistas han señalado que lo peor de esta nueva etapa en la historia nacional sigue siendo la oposición: errática, decadente, incapaz de convertirse en un actor que sea el contrapeso que toda sociedad necesita para evitar los excesos del grupo en el poder.

Sin autocrítica y con una oposición tan pobre será imposible enmendar los errores de los gobiernos de Morena, que no son de izquierda. A pesar de esto, existe un cierto consenso en que México ha dejado atrás un régimen de abusos, corrupción y privilegios. Por eso, existe la esperanza de que el futuro de la patria será mejor, pero solo si recuperamos un debate crítico, responsable y sensato sobre el destino de la nación.

The Conversation

Alfredo Rico Chávez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Lo bueno, lo malo y lo feo del primer año de Claudia Sheinbaum como presidenta de México – https://theconversation.com/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-del-primer-ano-de-claudia-sheinbaum-como-presidenta-de-mexico-268115

Diagnósticos inventados: la lista negra de trastornos mentales que nunca existieron

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Jorge Romero-Castillo, Profesor de Psicobiología e investigador en Neurociencia Cognitiva, Universidad de Málaga

El filósofo y novelista hispano-estadounidense George Santayana (1863-1952) utilizó la memoria histórica como motor para el progreso humano con esta famosa afirmación:

“Aquellas personas que no pueden recordar el pasado están condenadas a repetirlo”.

Bajo esta perspectiva conviene considerar las etiquetas que se desarrollan a continuación, creadas como formas de control y manipulación para legitimar el poder al amparo de una psiquiatría sesgada.

Drapetomanía y disestesia etiópica

Fueron inventadas por el psiquiatra estadounidense Samuel Cartwright a mediados del siglo XIX.

La drapetomanía, creada en 1851, hacía referencia al “deseo de los esclavos africanos de escapar de sus amos”; en concreto, de las plantaciones del sur de Estados Unidos. Tanto Cartwright como la sociedad racista a la que pertenecía defendían que la esclavitud era un orden legal al ser un fenómeno natural impuesto por Dios.

Por su parte, la disestesia etiópica, otro diagnóstico reservado a los esclavos negros, se caracterizaba por la “apatía hacia el trabajo” y la “cura” consistía en latigazos. Para el supremacismo blanco, cualquier signo de resistencia se interpretaba con un síntoma médico.

Ambas etiquetas se desvanecieron con la abolición de la esclavitud en 1865.




Leer más:
Cómo la academia y la política en Estados Unidos llevan siglos alimentando el racismo


Dromomanía

Era una “locura por viajar”. En 1887, el doctor francés Philippe Tissié empezó a encasillar como “locas” a personas con “impulsos irrefrenables de abandonar su hogar y recorrer largas distancias”, algo hasta entonces inédito (también se llamó “automatismo ambulatorio”).

Pero, más allá de la fuga disociativa (encontrarse en un lugar sin recordar haber llegado hasta allí), la dromomanía nunca ha sido aceptada por la medicina. Este es un ejemplo de cómo se puede disfrazar de alteración psicológica lo que, en realidad, era un fenómeno social emergente.

Locura moral

En 1835, el psiquiatra británico James C. Prichard diagnosticó con moral insanity a quienes “actuaban sin freno moral, pese a conservar la razón”. Aspiraba a ser una teoría médica sobre la corrupción de la naturaleza humana, pero fue un reflejo de la moral victoriana. Y terminó siendo un instrumento para castigar a mujeres que rechazaban los roles tradicionales.

Histeria

Es, sin duda, el primer trastorno mental que se le atribuyó a las mujeres: una historia de tortura, sumisión y represión sexual.

Si bien los papiros egipcios ya hablaban de ella, el término “histeria” proviene del griego hysteron (utilizado por Hipócrates), que significa útero o matriz. Un órgano sobre el que Platón escribió:

“Si la matriz permanece sin producir frutos mucho tiempo se irrita y se encoleriza; anda errante por todo el cuerpo y engendra mil enfermedades”

La llamada “teoría del útero errante” ha sido históricamente la explicación a los comportamientos de muchas mujeres “irritables y encolerizadas”. Aquellas que no encajaban en los roles de género impuestos y a las que se les despojaba de su humanidad de múltiples formas:

Vibrador eléctrico de mano, inglés, fechado en 1909. El doctor inglés Joseph Mortimer Grandville inventó el primer vibrador eléctrico con múltiples fines médicos a finales de la década de 1880. Pero no queda claro si se aplicaba para tratar la histeria. Posteriormente, aparecieron versiones para utilizarlas en la privacidad del hogar.
Science Museum Group, CC BY-NC-SA



Leer más:
Las brujas en el imaginario feminista: ¿desde cuándo y por qué ahora?


A finales del siglo XIX, la explicación del movimiento uterino la descartó Jean-Martin Charcot (considerado el fundador de la neurología moderna) y la centró en factores emocionales. Posteriormente, Josef Breuer y Sigmund Freud encontraron la causa de este “trastorno” en supuestos traumas infantiles. Ya no era necesaria la mutilación genital.

Une leçon clinique à la Salpêtrière (1887), de André Brouillet. En el lienzo aparece el neurólogo Jean-Martin Charcot, rodeado de alumnos (no había alumnas) y médicos (tampoco médicas), mientras realiza demostraciones de hipnosis en una paciente diagnosticada de histeria. Ella, desvanecida en brazos de un asistente, es el centro de la escena como objeto de observación, cuyo sufrimiento es convertido en espectáculo científico. Su cuerpo se expone sin consentimiento, vulnerable, frente a una multitud masculina que la mira, analiza y juzga. Un reflejo de la construcción cultural que patologizaba comportamientos femeninos que escapaban a la norma patriarcal en la medicina del siglo XIX.
Wikimedia Commons

Después de milenios de atrocidad, le colocaron la última máscara en el siglo XX: apareció en el I Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-I) de 1952, como explicación a varios “comportamientos desviados”.

Posteriormente, se renombró como “neurosis histérica” en el DSM-II de 1968. Y, finalmente, desapareció en la publicación del DSM-III de 1980 por sus implicaciones misóginas.




Leer más:
Mujeres histéricas y úteros errantes: la ciencia también ha transmitido sesgos de género


Síndrome post-aborto

Surgió en la década de 1970 en Estados Unidos como supuesto trastorno producido por una interrupción inducida del embarazo. En realidad, fue una estrategia de manipulación social perpetrada desde estamentos católicos y conservadores para presentar el aborto como una “amenaza psicológica”.

Esta etiqueta nunca ha sido reconocida por la comunidad médica internacional debido a la ausencia de evidencia científica. No obstante, algunos grupos ultraconservadores siguen apelando a su existencia.




Leer más:
¿Qué diría Diógenes del síndrome de Diógenes?


Monomanía

Apareció por primera vez en Francia de la mano de Jean-Étienne Esquirol, alrededor de 1820. Se usaba para designar una “obsesión irracional y exclusiva por una sola idea”, como piromanía, cleptomanía, erotomanía o ninfomanía. Hay que destacar que la ninfomanía fue creada exclusivamente para mujeres consideradas “promiscuas” y, por su evidente sesgo sexista, perdió valor clínico al inicio del siglo XX (nunca fue incluida en ningún manual).

La monomanía tuvo presencia en tribunales para enjuiciar conductas delictivas, particularmente homicidios. Pero resultaba tan ambigua que acabó desapareciendo en torno a 1870.

Neurastenia

Descrita por George Miller Beard en 1869, era la “enfermedad americana” (estadounidense). Pero sólo se diagnosticaba en hombres blancos de clase alta. El cuadro, también llamado “americanitis”, se centraba en la “debilidad del sistema nervioso por actividad intelectual excesiva debido a las exigencias del mundo moderno”. Pero fue una herramienta misógina, racista y clasista para legitimar políticas imperialistas en Estados Unidos.

Aunque en la década de 1930 comenzó a desaparecer, seguía siendo un tema candente por su valor para comercializar medicamentos. Se podía encontrar en el DSM-II, pero no en el DSM-III. También aparecía en la décima Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (1990), pero quedó obsoleto en la undécima (2022).

Nostalgia

El médico suizo Johannes Hofer acuñó este término en 1688 considerándolo una enfermedad, especialmente en estudiantes y soldados que sufrían “tristeza por estar lejos de casa”. Este diagnóstico, conocido también como “pothopatridalgia”, se extendió ampliamente por el mundo, pero desapareció con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Tras el conflicto, el término cambió de significado al que tiene actualmente.




Leer más:
Nostalgia hasn’t always been a tool for manipulating our emotions – it was once a medical condition


Síndrome de alienación parental

Lo propuso el estadounidense Richard Gardner en 1985 para referir “el comportamiento de menores que rechazan a uno de sus progenitores sin justificación aparente”. En la actualidad, se está utilizando para desacreditar los testimonios de menores víctimas de abusos sexuales con el fin de proteger al abusador. También se emplea como amenaza para disuadir a las mujeres de abandonar a su pareja en casos de violencia de género.

Aunque ha sido utilizado en juicios, carece de evidencia empírica y está considerado una forma de maltrato infantil. De hecho, la Asociación Española de Neuropsiquiatría difundió en 2010 una declaración en contra de su uso y la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia de 2021 lo prohíbe explícitamente por falta de aval científico.




Leer más:
Las 10 novedades de la nueva ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia


Homosexualidad

El DSM-I (1952) la incluyó como trastorno mental. Se sentenció como condición “anormal”, bajo el criterio heteropatriarcal y eclesiástico de una binariedad mutuamente excluyente (masculino/femenino). Por ello, el tratamiento para estas personas “invertidas” y “peligrosas” fue entonces, y sigue siendo, la “terapia de conversión”: auténticas torturas, practicadas de formas especialmente crueles por la Inquisición.

El nazismo buscaba erradicar la homosexualidad, que consideraban una amenaza para la supervivencia del pueblo alemán. En el campo de Buchenwald, un médico de las SS (Schutzstaffel o escuadras de protección) llamado Carl Værnet intentó ‘curar’ la homosexualidad mediante la administración forzosa de hormonas sexuales (a otros les inyectaba el tifus para comprobar tratamientos) (Röll, 1996). Un triángulo rosa invertido era el símbolo con el que marcaban los uniformes de los hombres homosexuales en los campos de concentración. Por ello, este memorial recuerda así aquella barbarie. La placa dice: ‘En memoria de los hombres homosexuales que sufrieron aquí. Hubo 650 prisioneros Triángulo-Rosa en el campo de concentración de Buchenwald entre 1937 y 1945. Muchos de ellos perdieron la vida.’
Wikimedia Commons

Su inclusión como trastorno mental en los manuales de Psiquiatría fue un acto de la cultura homofóbica. Y su eliminación fue la respuesta política en contra de ésta. La homosexualidad desapareció del DSM en 1973 y de la lista de la OMS en 1990. Pero hay quien todavía insiste en verla como una patología.




Leer más:
Cinco claves para acabar con los comportamientos homófobos (o heterosexistas)


¿Qué pasará en el futuro?

No existen palabras para encapsular la magnitud del sufrimiento de tantos millones de personas. Que sirvan ahora las de Nelson Mandela:

«Cuando se escriba la historia de nuestro tiempo, ¿nos recordarán por haber hecho lo correcto o por haber dado la espalda a quienes hoy necesitan ayuda?».

The Conversation

Jorge Romero-Castillo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Diagnósticos inventados: la lista negra de trastornos mentales que nunca existieron – https://theconversation.com/diagnosticos-inventados-la-lista-negra-de-trastornos-mentales-que-nunca-existieron-263969

L’opéra, carte sonore du monde

Source: The Conversation – France (in French) – By Frédéric Lamantia, Docteur en géographie et maître de conférences, UCLy (Lyon Catholic University)

L’opéra de Dubaï (Émirats arabes unis), posé sur l’eau, dans le quartier de Downtown, dont le design évoque la forme d’un _dhow_, navire traditionnel de la mer d’Arabie. Denys Gromov/Pexels, CC BY

En fonction des lieux où il se réinvente, l’opéra nous offre une véritable cartographie sonore du monde – un espace où s’entremêlent héritages, innovations et enjeux territoriaux, attirant des publics diversifiés. Loin du berceau européen, les scènes lyriques deviennent des plateformes de dialogue culturel et des vitrines stratégiques pour les États et les villes, en Asie comme au Moyen-Orient.

À travers cette lecture géopolitique et sensible de l’opéra, Frédéric Lamantia questionne les notions de patrimoine, de pouvoir et d’identité culturelle.

Retrouvez ci-dessous tous les articles de cette série !


L’art lyrique, un marqueur géographique de l’identité culturelle européenne

L’opéra au Moyen-Orient, vitrine culturelle et outil de soft power

Algérie, Tunisie, Maroc : Comment l’opéra est passé d’un héritage colonial à un outil diplomatique

L’opéra en Asie : entre héritage colonial, soft power et appropriation locale

The Conversation

Frédéric Lamantia ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. L’opéra, carte sonore du monde – https://theconversation.com/lopera-carte-sonore-du-monde-267056

Major Canadian banks’ digital emissions stay massive while they disclose less and less

Source: The Conversation – Canada – By Sylvain Amoros, Adjunct Professor, Department of Marketing, HEC Montréal

In early 2025, some of Canada’s largest banks — including those with the highest digital emissions and greatest responsibility — withdrew from the Net Zero Asset Managers Initiative.

These major institutions, with digital carbon footprints that are disproportionately large, cited regulatory complexity and competitive pressures for their departure. This move has intensified questions from investors, policymakers and the public about their commitment to sustainability.

At the same time, Bill C-59, adopted in late 2024, introduced new provisions under the Competition Act to strengthen accountability for greenwashing and misleading environmental claims.

The timing is striking: as Ottawa tightens disclosure rules, the same large banks that dominate digital emissions are stepping away from voluntary climate commitments. This tension between voluntary pledges and federal accountability underscores the growing pressure on financial institutions to prove — rather than simply promote — their environmental performance.

Digital carbon footprint

For decades, banks have presented themselves as leaders in sustainability through renewable energy financing and ambitious environmental, social and governance commitments. Yet their recent departure from climate coalitions — coupled with their outsized digital carbon footprints — represents an alarming reversal.

We recently conducted a study of the environmental impact of nine Canadian banks including the big five: CIBC, TD Bank, Scotiabank, Royal Bank of Canada and BMO. Our recent study sought to quantify banks’ environmental impact through their digital carbon footprint.

Banks are pillars of our economy and society, possessing both the power and responsibility to lead the transition toward a more sustainable economy. However, their recent withdrawal from the Net Zero Asset Managers Initiative, coupled with ongoing concerns about greenwashing, raises legitimate questions about their true commitment to sustainability.

In this context, our goal as researchers is to provide both bank clients and financial institutions with crucial information about their environmental impact. Understanding the environmental footprint of banks’ digital operations is essential, as this often-overlooked aspect constitutes a significant portion of their overall carbon footprint.

We analyzed public data from 2024 to measure the carbon impact of Canadian banks’ digital practices. Our study examined two main dimensions:

1) Website usage (the energy consumed by website loading, data transfers and hosting) and;

2) Traffic acquisition, which includes all marketing activities that bring visitors to these sites, such as email marketing, paid advertising search engine optimization and social media campaigns.

The objective was to compare carbon emissions among different banks, assess their efficiency per visit and provide transparent information to the public. By identifying the most polluting areas in digital operations, we provide recommendations for improvement.




Read more:
Canadian financial institutions are fuelling the climate change crisis


Social media activity

Our study uncovered significant findings about Canadian banks’ digital environmental impact. Most strikingly, we found a performance gap where the worst bank emits twice as much carbon per visitor as the best; just three banks account for two-thirds of total emissions.

To clarify, “traffic acquisition” refers to the process of attracting visitors to a website — whether through paid ads, organic search results, or social media content. Organic traffic comes from users who find a bank’s site naturally through search engines, social media or content marketing, while paid traffic is generated through advertising placements.

The data reveals that 77 per cent of digital emissions come from traffic acquisition versus only 23 per cent from website usage. Paid traffic drives 95 per cent of traffic emissions despite being a small fraction of total traffic, while organic traffic accounts for just five per cent of emissions.

Paid social media is particularly problematic — responsible for 58 per cent of emissions while generating only one per cent of total traffic.

In other words, social media ads are highly inefficient from a carbon perspective: a visitor coming from online advertising emits 418 times more carbon dioxide than one coming from organic sources.

These results expose online advertising — especially social media campaigns — as major hidden pollution sources.

A hidden source of pollution

These findings highlight how online advertising — particularly social media campaigns — can become a major source of digital pollution. The reality is clear: every click has a carbon cost.

Banks can improve their inbound marketing, meaning strategies that attract users organically through relevant content, search optimization and user experience improvements rather than through paid ads.

Transparency and sustainable digital practices are essential for greener banking — practices that reduce emissions without sacrificing innovation or competitiveness.

After withdrawing from the Net Zero Asset Managers Initiative and maintaining public net-zero commitments, many banks continue to generate significant emissions through their digital operations.

This raises a critical question for regulators, investors and consumers alike: will banks leverage their considerable resources to lead on sustainability, or continue to delay meaningful action?

Our next study will assess whether these institutions uphold their commitments or persist in their current practices, despite the escalating climate urgency.

Victor Prouteau, who at the time of this study was an M. Sc. student at HEC Montréal, co-authored this article.

The Conversation

The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. Major Canadian banks’ digital emissions stay massive while they disclose less and less – https://theconversation.com/major-canadian-banks-digital-emissions-stay-massive-while-they-disclose-less-and-less-260768

Remote work reduced gender discrimination — returning to the office may change that

Source: The Conversation – Canada – By Laura Doering, Associate Professor of Strategic Management, University of Toronto

Return-to-office mandates are spreading across North America, with Canada’s major banks, the Ontario government, Amazon and Facebook calling employees back into the office.

These moves reverse the flexibility that became widespread during the COVID-19 pandemic, when remote work became the new norm as public health measures emphasized staying home and avoiding large gatherings.

Supporters of these policies often cite collaboration, innovation and mentorship as reasons to bring workers together in person.

But our research shows that these mandates don’t affect everyone equally. For many women, returning to the office means stepping back into environments where gender bias is more pronounced.




Read more:
As back-to-school season approaches, Canadian employers are making a mistake by mandating workers back to the office


Everyday discrimination at work

When people think about gender discrimination, many imagine pay gaps or barriers to promotion. But discrimination also plays out in routine interactions — what we refer to as “everyday gender discrimination” in our study.

These are regular slights and offences that can chip away at women’s confidence and sense of belonging over time. They might include being ignored in meetings, being asked to perform administrative tasks outside one’s role, receiving inappropriate comments or having one’s ideas credited to others.

While each single incident might seem trivial, their cumulative effect can make women feel frustrated, dissatisfied with their jobs and more likely to leave their organizations.

As organizations reassess where and how people work in the wake of the pandemic, we decided to examine whether everyday discrimination looks different in remote versus in-person settings.

Clear differences by location

To investigate how location shapes everyday gender discrimination, we surveyed 1,091 professional women in the United States with hybrid jobs, or roles that involved both in-person and remote work. Our design allowed us to compare the same person’s experiences across work locations and pinpoint the impact of location itself.

The results were striking. Women were significantly more likely to experience everyday gender discrimination when working on-site than when working remotely.

In a typical month, 29 per cent of respondents reported experiencing discrimination in the office, compared to just 18 per cent when working from home. These patterns held across types of discrimination, from being underestimated to being excluded from social activities and experiencing sexual harassment.

The contrast was especially sharp for two groups: younger women (under 30) and women who worked mostly with men. Among younger women, the likelihood of experiencing discrimination dropped from 31 per cent on site to just 14 per cent when remote.

Similarly, women who interacted primarily with men saw their likelihood of experiencing discrimination fall from 58 per cent on site to 26 per cent remotely. For these groups, remote work provides a meaningful reduction in exposure to everyday gender discrimination.

The trade-offs of remote work

Still, remote work is no silver bullet for gender inequality. Our findings highlight a key advantage — reduced exposure to everyday discrimination — but there are important trade-offs that need to be considered.

One challenge is that working remotely can limit informal interactions that are crucial for building relationships. It can also reduce access to mentors and feedback and make it harder for women to be considered for high-profile assignments.

Remote work can also make it harder to tell where the office ends and home begins, pulling family duties into the workday and intensifying family obligations even during work hours.

These factors are crucial for career advancement, especially for women. While remote work offers an environment with less everyday gender discrimination, working off-site may also limit women’s professional opportunities.

Understanding these trade-offs is essential as organizations craft return-to-office policies. Rather than treating remote work as inherently good or bad, leaders need nuanced strategies that combine the benefits of both in-person and remote work.

What employers and policymakers can do

As companies and governments push employees to return to the office, they risk overlooking how much location matters for women’s workplace experiences. Here are three steps organizations can take to address this issue:

1. Offer flexibility where possible.

Giving employees the option to work remotely empowers women to choose the environment where they feel most respected and productive. Some companies have adopted remote-first policies, framing them as tools for talent retention. Such policies allow employees to make decisions about the work location that suits them best.

2. Import best practices from remote meetings.

While virtual meetings tend to be less engaging, they are also more efficient and focused, with fewer opportunities for offhand comments or interruptions. Applying that same structure to in-person meetings could reduce discrimination while improving productivity.

Companies should consider formal agendas, structured turn-taking and asynchronous feedback to create fairer, more professional discussions. Amazon, for example, applied this principle by centring in-person meetings around “six-page memos” rather than open-ended discussions.

3. Acknowledge the trade-offs.

Leaders should recognize that, while on-site work can accelerate skill development, it can also magnify gender bias. A frank acknowledgement of this tension is the first step toward creating systems that minimize harm while maximizing opportunity.

One bank we studied in separate research, which hasn’t been published yet, overcame this challenge by pairing junior staff with senior mentors and implementing a project-tracking system to ensure equitable assignment of opportunities.

Location, location, location

Workplace discrimination is not only an ethical problem — it also undermines performance, fuels turnover and exposes firms to legal risks.

Our study shows that where work happens — remotely or on site — plays a central role in shaping women’s exposure to everyday gender discrimination.

As organizations roll back the remote work practices adopted during the pandemic, it’s important to recognize that decisions about location can powerfully shape employees’ experiences and professional opportunities at work.

Thoughtful policies that balance the benefits of in-person interaction with the protections afforded by remote work can help ensure that women face less everyday discrimination and experience greater equality at work.

The Conversation

Laura Doering receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, the Institute for Gender and the Economy at Rotman, and the Lee-Chin Institute.

András Tilcsik has received research funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, the University of Toronto’s Institute for Pandemics, and the Institute for Gender and the Economy at the Rotman School of Management.

– ref. Remote work reduced gender discrimination — returning to the office may change that – https://theconversation.com/remote-work-reduced-gender-discrimination-returning-to-the-office-may-change-that-265945

ICJ tells Israel to let UN aid flow into Gaza – but UN’s own failures throughout the war loom large

Source: The Conversation – UK – By Ben L Murphy, Senior Lecturer in Law, University of Liverpool

The UN’s top court, the International Court of Justice (ICJ), demanded that Israel allow aid into Gaza in an advisory opinion on October 22. It held that Israel is in breach of its obligations as a UN member state by having failed to do so adequately over the past two years.

The opinion was requested ten months ago by the UN general assembly after Israel’s parliament banned the UN Relief and Works Agency (Unrwa) from operating in territories occupied by the country. Unrwa has long played a pivotal role in delivering humanitarian aid to Palestinians.

In its verdict, the ICJ unanimously reaffirmed that the use of starvation as a method of warfare is prohibited under international law. The court also ordered Israel, by ten votes to one, to agree to and facilitate humanitarian relief in Gaza provided by the UN and its entities.

This aspect of the opinion should be celebrated. The precarious ceasefire in Gaza has not been accompanied by a simultaneous influx of aid. Conditions of famine, destitution and death continue to define the day-to-day experience of those living in Gaza.

However, some observers will be sceptical about whether the ICJ’s advisory opinion will have any tangible impact. A collection of judicial and institutional pronouncements on the illegality of Israel’s conduct in Gaza over the past two years has fallen on deaf ears.

These include the ICJ’s January 2024 order for Israel to take all measures to prevent genocide in Gaza, which a recent UN human rights council commission of inquiry report concluded it is committing.

The International Criminal Court also has outstanding arrest warrants for the Israeli prime minister, Benjamin Netanyahu, and his former defence minister, Yoav Gallant. Issued for alleged war crimes and crimes against humanity committed in Gaza, these warrants have not been enforced.

The ICJ’s recent opinion will be added to this list. Israel did not participate in the oral proceedings for the opinion, and in a post on social media immediately after the verdict, the country’s foreign ministry stated that it “categorically rejects” the court’s findings.

UN falling short

In its advisory opinion, the ICJ held that “Israel has an obligation to cooperate in good faith with the United Nations by providing every assistance in any action it takes”. Here, the court was referring to action by Unrwa to assist Palestinians in Gaza. But this statement should prompt consideration of other types of “action” the UN has failed to take over the past two years of war.

As the ICJ said in its recent verdict, self-determination for the Palestinian people should include the “right to an independent and sovereign state”. However, Palestine continues to be denied full UN membership – a key element of statehood.

In May 2024, a majority of states in the UN general assembly determined that Palestine qualified for membership in accordance with the UN charter. But, despite only nine states voting against the resolution from a total of 193, Palestine was not granted membership.

This was a result of the UN’s dysfunctional structure. The five permanent members of the UN security council (China, France, Russia, the UK and US), the organ that is tasked with maintaining international peace and security, have veto power to block a resolution from being adopted.

And as Israel’s strongest military and diplomatic backer, the US has used its veto power continuously to defend Israeli interests. As long as Israel effectively wields a proxy veto at the security council through its alliance with the US, the UN’s ability to take action in support of the Palestinian people will be restricted and this never-ending loop will continue.

Judicial and institutional pronouncements on Israel’s conduct can have a broader cumulative effect in the pursuit of the realisation of Palestinian self-determination. A timely pronouncement can also be an important rhetorical tool in the quest for concrete goals, such as the reopening of humanitarian routes in Gaza.

But it is important to be aware of the fact that the UN is not a neutral arbiter of rights and obligations. In its current form, which allows members of the security council to block resolutions based on their own national interests, it is complicit in the current humanitarian catastrophe in Gaza.

The Conversation

Ben L Murphy does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. ICJ tells Israel to let UN aid flow into Gaza – but UN’s own failures throughout the war loom large – https://theconversation.com/icj-tells-israel-to-let-un-aid-flow-into-gaza-but-uns-own-failures-throughout-the-war-loom-large-268222

Ukraine: another week of diplomatic wrangling leaves Kyiv short of defensive options

Source: The Conversation – UK – By Richard Whitman, Member of the Conflict Analysis Research Centre, University of Kent; Royal United Services Institute

Following another week of diplomatic flip-flopping in the United States, Ukraine’s European allies did not disappoint when it came to the fulsomeness of their diplomatic rhetoric. Yet concrete action to strengthen the capabilities Ukraine needs to win the war remained at a snail’s pace.

After a less than successful meeting in the White House on October 17 between the American and Ukrainian presidents, Donald Trump and Volodymyr Zelensky, Ukraine and its European allies once again scrambled to respond to US equivocation with public affirmations of support for Kyiv.

A meeting of EU foreign ministers on Monday October 20, a summit of EU leaders on Thursday October 23, and a gathering of the coalition of the willing on Friday October 24, provided plenty of opportunities for such statements. For good measure, the Nato secretary general, Mark Rutte, paid a visit to Washington on October 21 and 22 before joining the leaders of the coalition of the willing on Friday.

The core message from all these meetings was that where the Trump administration sends ambiguous signals, Ukraine’s more steadfast European supporters are still keen to demonstrate their mettle.

When they met on Monday in Brussels, EU foreign ministers had a packed agenda. On Ukraine, the EU’s foreign affairs chief, Kaja Kallas, reiterated the bloc’s support for what she described as “Trump’s efforts to end the war” and condemned Russian attacks on Ukrainian energy infrastructure.

The following day, Tuesday October 21, brought diplomatic whiplash, when it transpired that there had been another apparent shift in the White House. The Budapest summit between Trump and his Russian counterpart, Vladimir Putin, was postponed until further notice. The supposed host, Hungary’s Kremlin-friendly prime minister, Viktor Orban, and Putin’s spokesman, Dmitry Peskov, maintained that preparations for the meeting were continuing. But Trump was unequivocal. He would not waste time on a meeting if a peace deal was not a realistic prospect.

In an unusual moment of clarity, the US president then appeared to realise that he needed to demonstrate actual consequences for Russia obstructing a peace agreement. On October 22 the US announced sanctions on two of Russia’s largest oil companies – Rosneft and Lukoil – the first sanctions package imposed on Russia in Trump’s second term.

There is a grace period until November 21 to allow for the necessary winding down of transactions with, and divestment from, the two companies. Nonetheless, the mere announcement of the sanctions has already led to major Indian and Chinese clients beginning to pull out from their deals with Russia’s energy giants. Additional sanctions against the Russian banking sector and companies involved in oil infrastructure are apparently also being contemplated in the White House.

After much deliberation to overcome internal divisions, the EU followed suit. On October 23, it announced its 19th package of sanctions against Russia. This also targeted an oil trader and two refineries in China and banks in Central Asia.

In addition, the EU confirmed that a decision had been taken on the rules of the transition to a complete ban on any Russian gas imports. This will take full effect at the end of 2027.

All these efforts are critical to increasing pressure on Russia and are long overdue. But their immediate effect is uncertain. Russia has responded with the usual performative defiance. It has tested a new nuclear-powered missile and carried out a readiness drill for the country’s nuclear forces, overseen directly by Putin.

More help needed

With Russia’s air and ground wars against Ukraine continuing unabated, the other major challenge for Kyiv’s allies is providing assistance.

ISW map whsing the state of the conflict in Ukraine as at October 26 2025.
The state of the conflict in Ukraine as at October 26 2025.
Institute for the Study of War

Here, progress has stalled. The US continues to withhold permission for Ukraine to use long-range missiles against targets deep inside of Russia. The mooted supply of Tomahawk missiles to Ukraine by the US has been scotched. Meeting with coalition leaders on Friday, Zelensky kept pressing for deep-strike weapons, stressing that when the US threatened to supply Tomahawks to Ukraine, Putin was willing to negotiate.

Even more pressing is the issue of how to cover Ukraine’s financial needs. Kyiv’s most recent estimate of the country’s unmet external financing needs for 2026-27 stands at US$60 billion (£45 billion).

At the European Council meeting on October 23, leaders reiterated their commitment to “continue to provide, in coordination with like-minded partners and allies, comprehensive political, financial, economic, humanitarian, military and diplomatic support to Ukraine and its people”. However, crucially, no agreement was reached on how the necessary funds would be mobilised.

There is strong support for using frozen Russian assets to assist Ukraine, including from the coalition of the willing and the US. A proposal to provide Ukraine with a loan secured by these frozen Russian assets has been around for some time.

It has not been finalised due to two major obstacles. The first was Ukraine’s refusal to accept EU conditions that while some of the money could be used to buy weapons, none of the funds should be spent on procuring them from the US. The second, more critical, issue was a demand from Belgium – where most of the frozen Russian assets are held at the Euroclear securities depository – for robust guarantees that the burden for any Russian litigation and retaliation be collectively shared by EU members.

Despite all the signalling from the EU’s leadership in the run-up to last week’s gathering in Brussels that these two major obstacles to approving the loan were being overcome, the meeting ended with EU leaders postponing a decision to their next meeting in December.

At the end of a week of concentrated attention on Russia’s war against Ukraine, the outcome was therefore a repetition of recent behaviour. The Trump administration flip-flopped and the coalition of the willing produced little more than a statement of intent to continue their support for Ukraine. The track record of Kyiv’s European partners to slow-walk the necessary goods for Ukraine’s defence continues. There’s mounting evidence suggesting that they will not stretch themselves to go beyond securing Ukraine’s immediate survival.

Unsurprisingly, a credible pathway to ending the war with a just and stable peace is still lacking.

The Conversation

Richard Whitman has received funding from the Economic and Research Council of the UK as a Senior Fellow of the UK in a Changing Europe initiative. He is a past recipient of grant funding from the British Academy of the UK, EU Erasmus+ and Jean Monnet Programme. He is a Senior Associate Fellow at the Royal United Services Institute (RUSI), and an Academic Fellow of the European Policy Centre in Brussels. He is a past Associate Fellow and Head of the Europe Programme of the Royal Institute of International Affairs (Chatham House).

Stefan Wolff is a past recipient of grant funding from the Natural Environment Research Council of the UK, the United States Institute of Peace, the Economic and Social Research Council of the UK, the British Academy, the NATO Science for Peace Programme, the EU Framework Programmes 6 and 7 and Horizon 2020, as well as the EU’s Jean Monnet Programme. He is a Trustee and Honorary Treasurer of the Political Studies Association of the UK and a Senior Research Fellow at the Foreign Policy Centre in London.

– ref. Ukraine: another week of diplomatic wrangling leaves Kyiv short of defensive options – https://theconversation.com/ukraine-another-week-of-diplomatic-wrangling-leaves-kyiv-short-of-defensive-options-268023