Dolor lumbar y pélvico en el embarazo: qué tratamiento funciona mejor según la ciencia

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Gemma Biviá Roig, Bióloga y Fisioterapeuta. Profesora e investigadora, Universidad CEU Cardenal Herrera

Martin Novak7Shutterstock

Durante décadas, se ha aceptado que el dolor de espalda y de pelvis es un “peaje” inevitable de la gestación. Las cifras parecen respaldar esa creencia: más de la mitad de las mujeres embarazadas lo experimentan. Aunque para algunas es una molestia leve, en otros casos supone una limitación real que afecta al sueño, al trabajo y, en definitiva, a la calidad de vida.

La evidencia más reciente no solo muestra que puede tratarse, sino también que el éxito del abordaje depende de un factor que a menudo pasamos por alto: además de mover el cuerpo, es fundamental comprender cómo funciona el dolor.

Ejercicio: necesario, pero no siempre suficiente

El ejercicio terapéutico es una de las intervenciones más recomendadas para el dolor lumbar, tanto en mujeres embarazadas como en el resto de la población. Mejora la fuerza, el control motor y la capacidad funcional y activa mecanismos biológicos con efecto analgésico. Pero en la práctica clínica vemos con frecuencia que la actividad física por sí sola no siempre resuelve el problema.

Un metaanálisis publicado en 2023 analizó 13 ensayos clínicos en mujeres embarazadas con dolor lumbar y/o pélvico. Los resultados mostraron que la combinación de ejercicio y educación en salud redujo tanto el dolor como la discapacidad de forma significativamente mayor que la educación sola. En otras palabras, la combinación de ambas estrategias obtiene mejores resultados que por separado.

Comprender el dolor para moverse sin miedo

¿Y qué tipo de educación marca la diferencia? No se trata únicamente de dar consejos posturales básicos o recomendar evitar ciertas actividades: en los últimos años ha cobrado protagonismo la educación en neurociencia del dolor.

Este enfoque explica cómo funciona el sistema nervioso y por qué el dolor no siempre equivale a un daño estructural grave. Es una señal de alarma que puede volverse más sensible cuando intervienen factores como el estrés, el miedo o determinadas creencias.

En un estudio reciente llevado a cabo por nuestro grupo de investigación y publicado en Pain Medicine, analizamos el efecto de añadir educación en neurociencia del dolor a la educación prenatal estándar en mujeres con dolor lumbopélvico asociado al embarazo. Observamos que las gestantes que recibieron esta información adicional experimentaron una reducción significativa de sus molestias y, especialmente, del miedo al movimiento en comparación con quienes solo recibieron la educación prenatal.

Este punto es crucial. Si una mujer interpreta su dolor como señal de “inestabilidad peligrosa”, es más probable que evite moverse, actitud que puede contribuir a perpetuar el problema. Cuando comprende que su cuerpo es resistente y que moverse de forma progresiva y segura es beneficioso, aumenta su confianza y su participación activa en el tratamiento.

Entender el dolor no lo hace menos real, pero sí lo hace menos amenazante.

El mensaje para el sistema nervioso

El beneficio de combinar instrucción y ejercicio no es exclusivo del embarazo. En un artículo publicado en Frontiers in Neuroscience analizamos múltiples revisiones sistemáticas sobre educación en neurociencia enfocada al dolor musculoesquelético crónico. La conclusión principal fue que dicha educación aplicada de forma aislada muestra efectos limitados en dolor y discapacidad. Sin embargo, cuando se combina con ejercicio u otras intervenciones activas, los resultados mejoran, especialmente en variables como la “catastrofización” y el miedo al movimiento.

En conjunto, la dirección de la evidencia es consistente: los enfoques que integran intervenciones activas y educativas obtienen mejores resultados que las estrategias aisladas.

¿Por qué es especialmente importante durante la gestación?

El embarazo tiene características propias que hacen que esta perspectiva mixta sea especialmente relevante.

El ejercicio proporciona una experiencia física de seguridad: movimiento progresivo, adaptado y tolerable; mientras que la educación aporta seguridad cognitiva: entender qué ocurre y por qué moverse es seguro. Juntos, envían un mensaje coherente al sistema nervioso: el cuerpo es capaz y el movimiento no es una amenaza.

Un cambio de paradigma

En conclusión, las investigaciones actuales invitan a desterrar algunos mitos. La evidencia no respalda el reposo prolongado ni los tratamientos donde la mujer adopta un papel poco activo en su recuperación. Tampoco sostiene que la sobrecarga mecánica sea la única explicación del dolor.

Para las mujeres embarazadas, el mensaje es esperanzador: el dolor es frecuente, pero no tiene por qué ser inevitable ni permanente. Combinar ejercicio adaptado con una comprensión adecuada del dolor es una de las estrategias con mayor respaldo científico disponible para recuperar el bienestar.

The Conversation

Gemma Biviá recibió financiación de la Generalitat Valenciana para el desarrollo del proyecto “Eficacia de una intervención online basada en educación en neurociencia del dolor sobre mujeres embarazadas con dolor lumbopélvico asociado al embarazo y la experiencia de dolor durante el parto” (CIGE/178).

Celia García Lucas no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Dolor lumbar y pélvico en el embarazo: qué tratamiento funciona mejor según la ciencia – https://theconversation.com/dolor-lumbar-y-pelvico-en-el-embarazo-que-tratamiento-funciona-mejor-segun-la-ciencia-277018

Underwater turbines are gaining government support – our research maps their global potential

Source: The Conversation – UK – By Danny Coles, Senior Research Associate, Department of Engineering Science, University of Oxford; University of Plymouth

Turbines like these can be deployed on the seabed to harness tidal energy. Nova Innovation

Recent disruptions to oil supply in the Middle East have sent energy prices soaring, reminding countries how vulnerable they remain to imported fossil fuels. At the same time, global electricity demand is expected to almost triple by 2050.

Wind turbines and solar panels will undoubtedly play the central role. But both depend on the weather: wind turbines stand still on calm days, while solar panels generate less in overcast conditions, and nothing at night. That variability is driving interest in more predictable sources of clean power.

One promising option lies beneath the ocean’s surface.

Tidal stream turbines work much like wind turbines, only under the sea. As tides flow in and out, predictably, twice a day in places like the UK, the moving water spins turbine blades to generate electricity. This power is then transmitted to shore via cables laid along the seabed. Unlike wind and solar, tides are governed by the gravitational pull of the moon and sun, making them highly predictable years in advance.

Governments are beginning to take notice. The UK and France are investing in tidal stream energy and plan to install at least 400 megawatts of capacity over the next decade; enough to power a city like Leeds or Amsterdam.

Other countries, including Canada, the US, China and Japan, are also exploring the technology, albeit with much smaller scale projects.

Infographic of HATTs
Horizontal axis tidal turbines are the dominant form of underwater tidal stream technology.
Gemini / The Conversation

Despite this growing interest, a basic question remains: how much electricity can tidal currents actually produce, and where is it located?

I’ve teamed up with experts from around the world to help answer those questions. In our new research, we identified more than 400 potential tidal energy sites across 19 countries in Europe, the Americas, Asia and Australasia. These are locations where water flows fast enough, and at suitable depths, for turbines to operate.

Scientists typically describe tidal energy in three stages. The theoretical resource is the total energy in tidal currents. The technical resource is the portion that current turbine technology could realistically capture for electricity production. Finally, the practical resource accounts for constraints such as shipping routes, fishing activity and marine conservation areas. In practice, only a small fraction – around 1% to 20% – of the theoretical energy can actually be used to generate electricity.

Even so, the potential is significant. Across 90 of the most-studied sites, we estimate that tidal turbines could generate around 110 terawatt-hours of electricity each year – roughly equivalent to the annual electricity demand of Portugal.

annotated world map
Sites around the world with the potential to generate tidal stream power.
Coles et al (2026) / Royal Society

Half the global resource in just six sites

Some countries stand out. The US, UK, New Zealand, Canada, China and Indonesia have the largest overall tidal energy resources. In places such as the UK, Indonesia and New Zealand, tidal energy could supply at least 10% of current national electricity demand. In larger countries like the US and China, the resource is still substantial but represents a smaller share of total electricity demand.

A striking finding is how concentrated this energy is, as more than half of the global tidal resource we identified is located in just six sites. These include the Pentland Firth between mainland Scotland and the Orkney Islands, the Alderney Race between the Channel Islands and France and the Minas Passage in a part of Canada known for the world’s highest tides. Two major sites in Alaska (Chatham Strait and Cook Inlet) are also among the most energetic in the world.

However, many of these locations are far from major population centres. Remoteness presents a significant challenge, as building the infrastructure needed to transmit electricity over long distances can be costly and complex. This is one of several factors that may reduce the amount of energy that can be practically harnessed.

Tidal power tends to be strongest in narrow areas between large islands or landmasses, where lots of water is “pushed through” the gap. But finding the most promising hotspots also depends on factors like seabed geography or localised ocean currents, which need specialised and detailed research.

This means there are gaps in the data. For many promising sites, particularly in countries such as Norway, South Korea and the Philippines, detailed measurements of tidal currents are still lacking. For this reason, global estimates of tidal energy potential could increase significantly as more data becomes available.

Our findings broadly support projections from the European Commission, which anticipates up to 8 gigawatts of tidal stream capacity in Europe. However, global projections of more than 100 gigawatts – roughly the electricity demand of the entire UK – remain uncertain without better data and more comprehensive site assessments.

With enough investment and data, plus careful site selection, tidal stream energy offers something rare in renewables: power you can predict years in advance. In an electricity system increasingly affected by the weather, that reliability could make it a disproportionately valuable part of the world’s transition to clean energy.

The Conversation

Danny Coles is a member of the Marine Energy Council. Danny consults to tidal energy developers. Danny Coles receives funding from UK Research and Innovation.

ref. Underwater turbines are gaining government support – our research maps their global potential – https://theconversation.com/underwater-turbines-are-gaining-government-support-our-research-maps-their-global-potential-279509

Why AI health chatbots won’t make you better at diagnosing yourself – new research

Source: The Conversation – UK – By Rebecca Payne, Clinical Senior Lecturer, Bangor University; University of Oxford

Millions of people are turning to artificial intelligence (AI) chatbots for advice on everything from cooking to tax returns. Increasingly, they are also asking chatbots about their health.

But as the UK’s chief medical officer recently warned, that may not be wise when it comes to medical decisions. In a recent study, colleagues and I tested how well large language model (LLM) chatbots help the public deal with common health problems. The results were striking.

The chatbots we tested were not ready to act as doctors. A common response to studies like this is that AI moves faster than academic publishing. By the time a paper appears, the models tested may already have been updated. But studies using newer versions of these systems for patient triage suggest the same problems remain.

We gave participants brief descriptions of common medical situations. They were randomly assigned either to use one of three widely available chatbots or to rely on whatever sources they would normally use at home. After interacting with the chatbot, we asked two questions: what condition might explain the symptoms? And where should they seek help?

People who used chatbots were less likely to identify the correct condition than those who didn’t. They were also no better at determining the right place to seek care than the control group. In other words, interacting with a chatbot did not help people make better health decisions.

Strong knowledge, weak outcomes

This does not mean the models lack medical knowledge because LLMs can pass medical licensing exams with ease. When we removed the human element and gave the same scenarios directly to the chatbots, their performance improved dramatically. Without human involvement, the models identified relevant conditions in the vast majority of cases and often suggested appropriate levels of care.

So why did the results deteriorate when people actually used the systems? When we looked at the conversations, the problems emerged. Chatbots frequently mentioned the relevant diagnosis somewhere in the conversation, yet participants did not always notice or remember it when summarising their final answer.

In other cases, users provided incomplete information or the chatbot misinterpreted key details. The issue was not simply a failure of medical knowledge – it was a failure of communication between human and machine.

The study shows that policymakers need information about real-world performance of technology before introducing it into high-stakes settings such as frontline healthcare. Our findings highlight an important limitation of many current evaluations of AI in medicine. Language models often perform extremely well on structured exam questions or simulated “model-to-model” interactions.

But real-world use is much messier. Patients describe symptoms in vague or incomplete way and can misunderstand explanations. They ask questions in unpredictable sequences. A system that performs impressively on benchmarks may behave very differently once real people begin interacting with it.

A doctor using artificial intelligence technology for medical support
AI may be better used as a medical secretary.
ST_Travel/Shutterstock

It also underscores a broader point about clinical care. As a GP, my job involves far more than recalling facts. Medicine is often described as an art rather than a science. A consultation isn’t simply about identifying the correct diagnosis. It involves interpreting a patient’s story, exploring uncertainty and negotiating decisions.

Medical educators have long recognised this complexity. For decades, future doctors were taught using the Calgary–Cambridge model. This meant building a rapport with the patient, gathering information through careful questioning, understanding the patient’s concerns and expectations, explaining findings clearly and agreeing a shared plan for management.

All these processes rely on human connection, tailored communication, clarification, gentle probing, judgement shaped by context and trust. These qualities cannot easily be reduced to pattern recognition.

A different role for AI

Yet the lesson from our study is not that AI has no place in healthcare. Far from it. The key is understanding what these systems are currently good at and where their limitations lie.

One useful way to think about today’s chatbots is that they function more like secretaries than physicians. They are remarkably effective at organising information, summarising text and structuring complex documents. These are the kinds of tasks where language models are already proving useful within healthcare systems, for example in drafting clinical notes, summarising patient records or generating referral letters.

The promise of AI in medicine remains real, but its role is likely to be more supportive than revolutionary in the near term. Chatbots should not be expected to act as the front door to healthcare. They are not ready to diagnose conditions or direct patients to the right level of care.

Artificial intelligence may be able to pass medical exams. But just as passing a theory test doesn’t make you a competent driver, practising medicine involves far more than answering questions correctly. It requires judgement, empathy and the ability to navigate the complexity that sits behind every clinical encounter. For now, at least, that requires people rather than bots.


AI has long been discussed as a threat to jobs and livelihoods. But what’s the reality? In this series, we explore the impact it is already having on different occupations – and how people really feel about their AI assistants.


The Conversation

Rebecca Payne works on the Health and Care Research Wales funded REMEDY project and also recieves funding from a University of Oxford Clarendon-Reuben Scholarship. She is a Fellow of the Royal College of General Practitioners and a Senior Fellow of the Faculty of Medical Leadership and Management.

ref. Why AI health chatbots won’t make you better at diagnosing yourself – new research – https://theconversation.com/why-ai-health-chatbots-wont-make-you-better-at-diagnosing-yourself-new-research-278049

How medieval chess created a space in which players – regardless of race – could engage as equals

Source: The Conversation – UK – By Krisztina Ilko, Junior Research Fellow, Queens’ College and Affiliated Lecturer at the Faculty of History, University of Cambridge

An illustration from the Libro de Axedrez showing two players immersed in a game. Libro de Axedrez

In the medieval European imagination, racial difference was often highly polarised. Black people were perceived either as exotic status symbols – including saints and wealthy rulers such as the Queen of Sheba – or as subjugated figures, considered inferior to white Christians.

Yet, as my research demonstrates, the game of chess offered an alternative lens, creating a space in which players – regardless of their skin colour – could engage as equals.

Evidence from the Libro de Axedrez, Dados e Tablas (Book of Chess, Dice and Tables), a gaming manual completed for King Alfonso the Wise in Seville in 1283, reinforced my idea. The manuscript contains 103 chess problems, each of which is accompanied by text revealing the winner and an image. These illustrations show a wide array of figures, ranging from Jewish men to Muslim women. They include Asian, white and Black players.

One of its most striking illustrations shows a Black and a pale-skinned player facing each other across a chessboard. The latter has a shaved head, showing that he is a learned cleric. Yet, despite this signifier of intelligence, the text reveals that the Black player will win. In the “game of logic”, the triumph will be achieved by demonstrating superior strategic skills. The player’s mental prowess matters above all. As the Libro de Axedrez reasons, chess is an embodiment of wisdom, and those who study it become able to conquer others.

Another image in the manuscript shows five Black people framing the chessboard. In western medieval visual culture, scenes with only Black figures are rare and typically have negative connotations. However, this particular image envisions them in a highly intellectualised setting and in a seemingly amicable atmosphere.

Several men of colour sit around a chess board in a medieval illustration

Libro de Axedrez

While chess did not eradicate the dominant social norms when it came to race, it did empower players to challenge them within its own ludic realm.

The representation of chess as an encounter between people of different skin colour was not limited to Europe. The Shahnama, an epic poem narrating the history of the Iranians from creation to the Islamic conquest, recounts the game’s introduction to Iran.

According to the Shahnama, an unnamed Indian king sent an embassy to the Sassanian king with a chessboard accompanied by a challenge: figure out the rules or pay tribute. Fortunately, the king’s advisor, Būzurjmihr, succeeded. A 14th-century copy of the epic places this scene in a late medieval Mongol setting. Here, the paler Būzurjmihr is contrasted by the Indian envoy’s darker skin colour.

It has been argued by scholars that the latter’s dark skin and “baggy clothes” were meant to underscore his defeat. However, I believe some clues suggest otherwise. His “baggy” tunic is sumptuously adorned with gilding, in contrast to the simple blue robe of Būzurjmihr, despite him being the highest-ranking diplomat of the court. His darker skin certainly reflects his foreign origins but hardly makes him a negative character. He is, in fact, a champion of the Indian rajah, who transmits the game of logic and is presented as a guardian of much-coveted Indian knowledge.

The chess pieces themselves

In addition to representations of chess contests, medieval perceptions of race can also be studied via chess through investigating the playing pieces.

A 9th century elephant chess figure from modern day Pakistan.
National Library of France, CC BY

Chess spread across Afro-Eurasia from sixth-century India to the rest of the known world. Chess is a game of war, and the figures are meant to represent soldiers. Yet, as the game travelled, the form of the figures kept changing, reflecting the societies that produced them.

For example, a long-haired chess king made in Mansura or Multan (modern-day Pakistan) in the ninth or tenth century reflects ideals of Indian kingship. The famous Lewis Chessmen meanwhile, discovered in Scotland’s Outer Hebrides but probably carved in Norway, are often perceived as the most emblematic representatives of a medieval chess set. Yet, in this light, they are only a relatively late and geographically peripheral testimony of a longstanding tradition.

Medieval chess was not as black and white as the modern game. Some chessboards were white and red, or blue and gold. Nonetheless, the chequered squares, and the figures themselves, were differentiated through contrasting colouring. This allowed people to project ideas of skin colour and racial perceptions onto the game.

A 13th-century poem describes how chess pieces “are the people of this world, who are drawn out of one bag, like a mother’s womb, and are positioned in various places of this world”. Therefore the pieces could become representations of the different peoples of the globe. But the outcome of their encounters on the board was still decided by the rules of logic, not their skin colour. In this way chess embodied a “just world”, in which intellect, instead of religion or race, mattered the most.

The Conversation

Krisztina Ilko has previously received funding from The British Academy.

ref. How medieval chess created a space in which players – regardless of race – could engage as equals – https://theconversation.com/how-medieval-chess-created-a-space-in-which-players-regardless-of-race-could-engage-as-equals-279132

UK parents urged to curb fast-paced screen content for small children – neuroscientist who advised government explains why

Source: The Conversation – UK – By Sam Wass, Professor of Early Years Neuroscience, University of East London

Fotoluminate LLC/Shutterstock

The UK Department for Education has just released guidance for parents on early years screen use, which I advised on as an expert. It includes recommended limits on the time children spend on screens. It also advises avoiding fast-paced content for younger children.

Recent research from the UK Department for Education suggests that over half of two-year-olds now spend over two hours a day watching screens. For the top 20%, that figure approaches five hours daily – more than a third of their waking life.

These changes have occurred rapidly, particularly since the introduction of smartphones. In 2009, children aged five to 15 spent around nine hours a week – about 1.3 hours a day – watching screens.

But the nature of what children watch has shifted just as dramatically as the amount of time they spend doing so.

Fifteen years ago, close to half of UK preschoolers tuned into CBeebies – BBC content aimed at children aged six and under – each week. Today, children’s engagement with content produced by TV companies is almost 75% lower.

Over the same period, short-form, on-demand video has expanded rapidly. Now, more than 90% of three- to five-year-olds use video-sharing platforms such as YouTube.

To illustrate what this means in practice, we can compare a 25-minute episode of the CBeebies show In the Night Garden from 2006 with a 25-minute slice of typical viewing from a four-year-old watching YouTube Kids (the latter taken from a recent US study).

The CBeebies episode followed a single narrative thread, with a stable cast of eight characters. The YouTube sample is made up of ten separate clips within the same timeframe, featuring 37 speaking characters. The editing tempo shifted from one cut every 16.7 seconds in the CBeebies episode to one cut every 1.5 seconds. There were sharp increases in visual stimulation (changes in light and colour) and auditory stimulation (shifts in pitch and volume).

Comprehension and attention

From a neuroscience perspective, we think this transformation has taken place because there are two ways in which content can hold a young child’s attention.

One route works through comprehension. Slow pacing, clear speech, exaggerated expressions and simple narrative structure allow children to follow what is happening. Comprehension drives attention.

The second route operates through attention capture. Rapid movement, abrupt edits and dynamic sound capture attention automatically. Even if we are trying not to pay attention to something, movement makes it hard to ignore. We think that we developed like this because, historically, motion signalled threat or opportunity. That reflex remains. Attention capture is immediate, involuntary and does not depend on comprehension.

Much contemporary digital content leans heavily on this second mechanism. It is instantaneous, and it works on everybody.

This shift to fast-paced content may, though, also have a role to play in the links between early screen use and later emotional and behavioural dysregulation: difficulties managing emotions and behaviour.

The reason is that young brains run at a slower tempo than adult brains. When environments are fast and unpredictable, the nervous system shifts into a heightened alert state to enable rapid detection of change. Brainstem systems involved in arousal become more active. The sympathetic nervous system – the same system engaged during fight-or-flight responses – becomes involved. In the short term, this may help explain why many children appear irritable or dysregulated when screens are switched off.

Finding patterns

Over longer periods, repeated exposure to highly stimulating, unpredictable content may contribute to broader patterns of behavioural and emotional dysregulation linked to screen use. A growing body of correlational research links high levels of early screen exposure with later difficulties in regulation and increased rates of anxiety. Correlational research shows that two things often occur together or in the same person – such as screen time and anxiety – but don’t prove that one caused the other.

Both behavioural dysregulation in childhood and anxiety in adulthood are associated with heightened brainstem and sympathetic activity – systems that are engaged by fast-paced screen content.

Much of the evidence remains correlational, making it hard to infer causation. However, some animal studies have experimentally exposed animals to doses of simulated screen time, showing that screen exposure causally affects arousal in ways that are consistent with the correlational findings.

Together, the pieces of evidence fit together in a way that is increasingly difficult to ignore – particularly against the backdrop of rising mental health difficulties in young children.

The government guidance recognises this faster-paced content – which is why the advice is to avoid it for young children. But history suggests that advisory-only approaches rarely shift behaviour at scale. If aspects of the current digital environment are indeed contributing to regulatory and mental health challenges, policy attention may need to move further upstream.

That would mean reconsidering the responsibilities of content producers and platform designers, not only parents. How exactly to do this, though, is fraught with difficulty – particularly at a time when the science itself is struggling to keep up with the pace of change.

The Conversation

Sam Wass receives funding from Leverhulme Trust RPG-2025-114

ref. UK parents urged to curb fast-paced screen content for small children – neuroscientist who advised government explains why – https://theconversation.com/uk-parents-urged-to-curb-fast-paced-screen-content-for-small-children-neuroscientist-who-advised-government-explains-why-278732

A seat on the bench isn’t enough: what Fifa’s new women’s football rule gets right (and wrong)

Source: The Conversation – UK – By Kerry Harris, Senior Lecturer in Sport Coaching, Cardiff Metropolitan University

Fifa’s latest decision to require every team in its women’s competitions to include at least one female head coach or assistant is, on the surface, a landmark moment.

The rule will apply across all women’s tournaments, from youth level to senior competition, beginning this year with the U17 and U20 World Cups and the Women’s Champions Cup.

In a sport where the technical area remains overwhelmingly male, the symbolism is powerful. But symbolism in sport is rarely neutral. It can signal progress while exposing how far the structures around it still have to travel.

Women’s football has grown rapidly in visibility and commercial value. Coaching, however, has not kept pace. At the 2023 Women’s World Cup, only 12 of 32 head coaches were women. Across some national associations, women make up as little as 5% of the coaching workforce. Against that backdrop, Fifa’s intervention is both unsurprising and, in many ways, overdue.

It is also an admission that organic change has failed. But there is a deeper issue. Research on coaching cultures consistently shows that underrepresentation is not the root problem but a symptom of more deeply embedded behaviour. Increasing numbers without addressing those issues risks leaving the foundations intact.

The timing, too, invites scrutiny. If the imbalance has been clear for years, why act now? And why only within the women’s game?

A problem contained within a single domain

The policy applies exclusively to women’s competitions. On one level, that makes practical sense. Structurally, however, it reinforces a familiar pattern. Gender inequality is treated as an issue to be solved within women’s sport, rather than across football as a whole.

The men’s game – where coaching pathways are more entrenched, better funded and more resistant to disruption – remains untouched. In effect, the responsibility for reform is placed on the side of the sport with the least power to drive it.

There is also a flawed assumption at play: that appointing more women will, in itself, transform coaching cultures. It may not. Women, like men, can reproduce the same patriarchal structures they have been socialised into. Representation alone does not guarantee change.

Policies like this walk a narrow line. Without intervention, inequality persists. But mandates risk introducing a parallel narrative: that women are present because they are required, not because they are qualified.

Fifa’s chief football officer, Jill Ellis, has framed the rule as an accelerant, designed to “create clearer pathways, expand opportunities, and increase visibility for women on our sidelines”. The logic is compelling.

Yet elite coaching is as much about perceived authority as it is about expertise. If female coaches are seen, however unfairly, as fulfilling a quota, the policy risks undermining its own aims.

There is another trap here too. The expectation that women will bring inherently different, more collaborative or empathetic approaches leans on gender stereotypes. It risks reinforcing the very assumptions that have historically limited women’s progression.

Visibility at the top does not necessarily mean readiness. Fifa has invested in coach development and nearly 800 women have received scholarship support since 2021. But the gap between training and elite international competition remains significant.

If exposure outpaces infrastructure, early difficulties may be interpreted as evidence that the policy itself is flawed. Sport is quick to remember failure and slow to acknowledge context. And if those stepping into these roles have been shaped by the same systems they are expected to change, criticism risks missing the point entirely.

Beyond visibility

None of this is an argument against increasing the number of women in coaching. Representation matters. It shapes expectations, broadens ambition and challenges long-standing assumptions about who leads.

But meaningful change is rarely immediate. It happens in coach education, in hiring practices, in mentoring networks and in grassroots environments where coaching identities first take shape. A mandate can open the door. It cannot, on its own, build the path.




Read more:
What makes a good football coach? The reality behind the myths


Without deeper structural change, such as in how coaching is taught, valued and practised, new appointments risk being placed into old systems.

Fifa’s decision is part of a broader effort to increase the presence of women in technical roles and align leadership with the rapid growth of the women’s game. It is not insignificant. It disrupts a long-standing status quo and will have visible effects, not least at the 2027 World Cup. But visibility alone will not transform a system.

If women on the touchline are to become unremarkable – as an expectation not an exception – the structures beneath elite coaching must change as well. Otherwise, mandates risk becoming what sport has seen before: gestures that are symbolically powerful, but structurally fragile. Real change will come not when women are required to be present, but when their presence no longer needs to be required.

The Conversation

Kerry Harris does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. A seat on the bench isn’t enough: what Fifa’s new women’s football rule gets right (and wrong) – https://theconversation.com/a-seat-on-the-bench-isnt-enough-what-fifas-new-womens-football-rule-gets-right-and-wrong-279194

It’s not just gen Z – older adults need help spotting online misinformation too

Source: The Conversation – UK – By Holly Barnett, PhD Candidate in Psychology, Lancaster University

PeopleImages/Shutterstock

Given the ongoing and often heated debate about banning social media for under-16s, it’s easy to assume that young people are the only group at risk of online harm. Misinformation research often focuses on younger people, and multiple studies do identify younger groups, such as generation Z, as vulnerable to online deception.

But evidence shows that older adults are just as, if not more, likely than younger generations to believe misinformation. Despite the spread of misinformation online, around 15% of adults rarely or never consider if news items are true. Indeed, adults aged 65 and older shared nearly seven times more fake news links during the 2016 US election, in comparison to younger users. Older adults may be more at risk of believing falsehoods due to changes such as memory loss and lower digital skills.

In 2024, nine in ten people in the UK reported seeing misinformation on social media. Yet only 3% of the population had taken a media literacy course. While there is working being done to ensure technology is accessible, users must have the skills and confidence to recognise if they are being deceived.

My new paper reviewed studies which delivered misinformation training to older adults aged 50 and over. My colleagues and I identified which approaches improved misinformation detection, but also noted that some had the opposite effect.

1. Game-based approaches

BadNews is a free online video game developed by researchers at the Cambridge Social Decision-Making Lab. Players take on the role of the scammer to learn the techniques used to deceive people. Playing BadNews improved misinformation detection across different age groups and cultures. The improvement lasted longer when feedback was provided immediately after playing.

Another game called Spot the Troll trained older adults 60-plus to identify “troll” accounts, which are online accounts often used to spread false information anonymously. This game provided what researchers call a cross-protection effect – learning to spot trolls also improved participants’ ability to identify false news.

2. Correcting misinformation

In a study from the Netherlands, users watched a video from trusted doctors and scientists, showing others getting vaccinated and debunking common misconceptions about vaccines. Afterwards, older adults were less likely to believe vaccine myths.

This study made use of corrective information – accurate information that helps people replace false beliefs formed after encountering misinformation. Through a process known as debunking, corrective information explains what was incorrect and provides the accurate facts instead.




Read more:
Why people believe misinformation even when they’re told the facts


Graphics from the World Health Organization have been found to support the perceived credibility and sharing of corrective information across age groups in the UK and Brazil.

Addressing health misinformation among older adults is particularly crucial due to increased risk of serious illness. By stating why misinformation is inaccurate, detailed corrections can provide more long-term benefits than brief retractions, which usually do nothing more than label a claim as false. However, this sustained belief change was less common among those aged 65-plus compared to those aged 50-64. Similarly, the benefits of corrections are reduced if misinformation is encountered again afterwards.

3. Developing literacy skills

Information and media literacy courses teach people the skills needed to judge information effectively. One study found that MediaWise for Seniors, a media literacy course in the US, improved older users’ ability to judge the truthfulness of headlines. Users also showed an increased likelihood of performing research about the headline.

In Spain, engagement with a similar course improved older users’ detection of true information. Although people felt more confident in their decisions, the researchers labelled this as overconfidence – their actual detection of false information did not improve as much. Still, the course did help people to recognise when a headline was politically biased.

What more needs to be done?

Concern about misinformation is high, with older adults particularly worried about threats to the legitimacy of health and medical information, plus UK politics and social issues.

Political misinformation contributes to unfair election outcomes when fake news sways voter opinion. Amid the 2016 US election, fake stories favouring Donald Trump were shared 30 million times on Facebook, with people aged 65-plus shared sharing more fake news during this period. Older adults have also been found to show higher partisan bias. This means that they are more likely to trust content which agrees with their political views.

Because voting is more common among older people, there is a risk of democracy being swayed by fake stories – especially those which feel believable because they align with what users already think, even when they’re inaccurate.

An older woman happily scrolls on a tablet
Misinformation about health and politics may be particularly harmful.
PeopleImages/Shutterstock

Finally, researchers of media and information literacy must develop a greater understanding of how the ageing process can affect misinformation detection. While some older adults may be more susceptible, we should not assume this applies to all people over a certain age.

Multiple studies we looked at reported high dropout rates, where participants had not completed the full training course or experiment. We should therefore identify why older users do not complete misinformation training which they initially chose to take part in.

People of all ages need to feel confident in identifying when they are being deceived. But, while detecting fake news is valuable, we must not forget the importance of being able to identify true news. True content often spreads at a slower rate and taking part in misinformation interventions can increase scepticism.

In other words, misinformation detection training can lead people to become more cautious of accurate information. Clearly, achieving the right balance is essential – people should feel confident identifying misinformation without being discouraged from engaging with true content.

The Conversation

Holly Barnett receives funding from the Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

ref. It’s not just gen Z – older adults need help spotting online misinformation too – https://theconversation.com/its-not-just-gen-z-older-adults-need-help-spotting-online-misinformation-too-274148

Décarboner, mais à quel prix ? La transition énergétique face aux droits autochtones

Source: The Conversation – in French – By Emmanuelle Champion, Professor, Université TÉLUQ

La transition énergétique s’accélère. Mais sur les territoires où s’extraient les minéraux qui la rendent possible, une autre question s’impose : celle du consentement des peuples autochtones.


Dans les discours politiques, médiatiques et même scientifiques, la transition énergétique est souvent présentée comme une trajectoire évidente et linéaire : il suffirait de remplacer les énergies fossiles par des renouvelables, d’électrifier les usages et d’innover technologiquement pour décarboner nos économies.

La décarbonation apparaît ainsi comme un impératif essentiellement technique, inscrit dans la continuité rassurante du progrès énergétique.

Mais cette représentation masque une dimension essentielle : la transition n’est pas seulement énergétique. Elle est aussi matérielle, territoriale et politique.

Une transition n’est pas un simple remplacement

Cette mise en récit de la transition comme succession ordonnée de substitutions s’appuie sur une représentation particulière de l’histoire énergétique. Or, le charbon n’a pas fait disparaître le bois ; le pétrole n’a pas remplacé le charbon.

Comme l’a montré l’historien Jean-Baptiste Fressoz dans Sans transition (2024), les transformations énergétiques passées n’ont jamais été de simples remplacements. Chaque nouvelle source d’énergie s’est ajoutée au contraire aux précédentes, contribuant à une expansion globale de la consommation de matières et d’énergie.

Cette lecture linéaire du passé rend pensable l’idée d’une transition « douce » compatible avec la poursuite de la croissance économique. Elle transforme la décarbonation en horizon rassurant. Mais elle invisibilise les tensions matérielles que cette transformation engendre aujourd’hui.




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Le cœur matériel de la décarbonation : les minéraux

Car la transition énergétique repose sur une infrastructure lourde : batteries, éoliennes, panneaux solaires, réseaux électriques, véhicules électriques.

Tout cela nécessite des minéraux critiques et stratégiques — lithium, nickel, cobalt, cuivre, terres rares — dont l’extraction se fait dans des lieux précis et soulève des enjeux politiques différents selon les territoires.

Au Canada, cette dynamique est particulièrement visible. Le gouvernement fédéral a fait des minéraux critiques un pilier de sa politique industrielle en lançant en 2022 la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui identifie 31 ressources jugées essentielles à la transition énergétique et prévoit plusieurs milliards de dollars d’investissements pour soutenir leur développement.

Plusieurs de ces minéraux — lithium, nickel, graphite ou niobium — sont présents en quantité importante au Québec. La province compte aujourd’hui plus d’une trentaine de mines actives et plusieurs dizaines de projets d’exploration ou de développement liés à ces ressources, principalement dans le Nord-du-Québec, en Eeyou Istchee ou sur la Côte-Nord. Or, ces régions correspondent largement à des territoires autochtones reconnus ou revendiqués.

À l’échelle mondiale, une analyse portant sur plus de 5000 projets liés aux minéraux de la transition énergétique montre que plus de 50 % des projets extractifs se situent sur ou à proximité de territoires occupés ou utilisés par des peuples autochtones et des communautés rurales dépendantes de la terre.

Ce n’est pas un simple hasard géographique. C’est un fait politique majeur.

Quand la transition devient une question territoriale

Cette concentration territoriale signifie que les coûts matériels de la transition sont distribués de manière inégale.

Le Forum permanent des Nations unies sur les questions autochtones souligne que les impacts de l’exploitation des minéraux nécessaires à la transition énergétique « s’accumulent et se transforment en violations systémiques des droits des peuples autochtones, notamment du consentement préalable, libre et éclairé et de l’autodétermination sur leurs terres et ressources ».

La transition ne concerne donc pas seulement le climat. Elle redéfinit les conditions politiques d’accès aux terres et aux ressources. Autrement dit : la décarbonation transforme une question énergétique en question territoriale.

Rendre structurante la question du consentement

Dans ce contexte, la question du consentement autochtone ne peut plus être traitée comme une formalité procédurale.

Le Consentement préalable, libre et éclairé (CPLÉ), reconnu par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, devient un axe central de la transition elle-même. Car l’impératif climatique accélère les projets extractifs, raccourcit les délais, mobilise des arguments d’urgence.

Or, l’urgence peut entrer en tension avec le temps long de la délibération collective et de l’autodétermination. La décarbonation ne supprime donc pas les conflits : elle les déplace. Elle reconfigure les rapports entre États, entreprises et communautés autochtones, en faisant du consentement non plus une périphérie du débat, mais l’un de ses enjeux centraux.

Une transition sous condition politique

Interroger cette dynamique ne revient pas à nier l’urgence climatique. Il s’agit plutôt de reconnaître que la transition énergétique n’est pas uniquement un projet technique. C’est aussi un projet de reconfiguration des rapports de pouvoir sur l’espace et les ressources.

Si la transition se veut réellement juste et durable, elle ne peut se limiter à un calcul carbone. Elle doit intégrer la question du consentement et de l’autodétermination des peuples concernés. Car la transition énergétique ne sera pas seulement verte – elle sera politique.




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Une transition déjà juridiquement reconfigurée au Québec

Au Québec et au Canada, cette reconfiguration n’est pas théorique. Elle est déjà visible dans des décisions judiciaires et des accords industriels concrets.

En 2017, la Cour d’appel du Québec a confirmé la décision du gouvernement de refuser un projet d’exploration d’uranium dans le Nord-du-Québec, dans l’affaire Ressources Strateco. L’entreprise minière soutenait que son projet respectait toutes les exigences techniques et environnementales. La Cour a néanmoins reconnu que l’autorisation d’un projet extractif ne dépend pas uniquement de critères géologiques ou économiques : elle comporte aussi une dimension politique, dans laquelle l’acceptabilité sociale – notamment du point de vue des communautés autochtones concernées – peut être déterminante.

Sans consacrer explicitement le consentement préalable, libre et éclairé, la décision a ainsi contribué à déplacer la focale vers la question du rapport au territoire.

En 2020, Rio Tinto et la communauté innue d’Uashat mak Mani-utenam ont conclu l’entente Ussiniun (« renouveau » en innu-aimun), mettant fin à une poursuite de 900 millions de dollars. Cette entente illustre une autre dimension de cette transformation : elle reconnaît que les conflits extractifs peuvent engager des responsabilités historiques et ouvrir des processus de réparation.

À l’échelle fédérale, l’adoption en 2021 de la Loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (souvent appelée Loi C-15), qui vise à harmoniser les lois canadiennes avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, inscrit désormais le principe du consentement dans l’architecture normative du pays. Si sa mise en œuvre demeure débattue, elle renforce l’idée que l’accès aux ressources ne peut plus être pensé indépendamment de l’autodétermination des peuples concernés.


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Dans ce contexte, la transition énergétique ne peut être réduite à une stratégie de décarbonation. Elle devient un test politique : celui de la capacité des institutions à concilier impératif climatique, exploitation minière accrue et respect effectif du consentement autochtone.

La transition ne sera pas seulement une affaire de carbone. Elle sera aussi une affaire de droit, de territoire et de pouvoir.

La Conversation Canada

Emmanuelle Champion a reçu des financements du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH).

ref. Décarboner, mais à quel prix ? La transition énergétique face aux droits autochtones – https://theconversation.com/decarboner-mais-a-quel-prix-la-transition-energetique-face-aux-droits-autochtones-275160

France-Corée du Sud : de la coopération cordiale à l’exigence stratégique

Source: The Conversation – in French – By Arnaud Leveau, Docteur en science politique, professeur associé au Master Affaires internationales, Université Paris Dauphine – PSL

La visite d’Emmanuel Macron en Corée du Sud, les 2 et 3 avril 2026, invite à regarder en face ce que la relation franco-coréenne révèle et dissimule à la fois : le potentiel inexploité d’un partenariat entre deux démocraties industrielles avancées, qui ont en commun une même condition stratégique, mais peinent encore à en tirer toutes les conséquences.


Il existe une forme d’échec particulièrement difficile à diagnostiquer : celui que dissimule une réussite partielle. La relation franco-coréenne en est l’illustration. Elle fonctionne. Elle produit des résultats mesurables dans les échanges commerciaux, la coopération culturelle, les consultations diplomatiques. Précisément parce qu’elle fonctionne, personne ne juge vraiment urgent de la transformer. Les échanges commerciaux bilatéraux avoisinent aujourd’hui 15 milliards d’euros par an, et la Corée du Sud figure parmi les partenaires industriels les plus avancés de la France en Asie, notamment dans les secteurs de l’automobile, de l’énergie et des technologies critiques.

Ce confort est un piège. Dans un monde où les partenariats se hiérarchisent non plus par tradition ou proximité géographique, mais par capacité à répondre conjointement aux chocs systémiques, une relation « bien gérée » mais non structurante est une relation qui recule. Les agendas stratégiques se densifient ; si la France et la Corée du Sud n’y occupent pas une place centrale l’une pour l’autre, elles glisseront naturellement vers la périphérie des choix décisifs de chacune.

La question n’est donc pas : « Comment améliorer la coopération franco-coréenne ? » Elle est plus radicale : « Pourquoi deux démocraties industrielles avancées, aux intérêts stratégiques aussi convergents, n’ont-elles pas encore franchi le seuil d’une nécessité mutuelle reconnue ? »

Deux souverainetés sous contrainte : une grammaire commune

Pour comprendre pourquoi ce seuil n’a pas encore été franchi, il faut d’abord comprendre ce qui rapproche structurellement les deux pays, bien au-delà de la rhétorique des valeurs partagées.

La Corée du Sud et la France ont chacune, par des voies radicalement différentes, développé une philosophie d’État fondée sur la souveraineté sous contrainte. Pour la Corée, cette philosophie a été forgée dans le feu : colonisation, guerre fratricide, division permanente, voisins nucléaires ou révisionnistes. L’État coréen a appris, à force de vulnérabilité existentielle, à ne jamais confondre alliance et dépendance, à diversifier ses partenaires industriels comme d’autres diversifient leurs réserves militaires, à transformer la contrainte en moteur d’innovation.

Pour la France, la leçon a été plus lente à intégrer et plusieurs fois douloureuse. La décennie 2015–2025 aura été une décennie de désillusions successives : les illusions d’un partenariat stratégique avec la Russie, la brutalité du « America First » trumpien révélant la fragilité de la garantie atlantique, la guerre revenue en Europe, la coercition économique chinoise érigée en instrument géopolitique assumé. Ce que la Corée du Sud sait depuis 1953, la France l’apprend encore : aucune puissance moyenne, si capable soit-elle, n’est à l’abri de la pression des grands.

Cette convergence d’expériences produit une grammaire commune : l’autonomie ne se proclame pas, elle se construit. Elle s’incarne dans des bases industrielles souveraines, dans des chaînes de valeur résilientes, dans des partenariats choisis plutôt que subis. C’est sur ce socle, pas sur la similitude culturelle ni sur les coopérations sectorielles existantes, que pourrait reposer un véritable partenariat stratégique franco-coréen.

Ce que la géopolitique de 2026 rend possible et urgent

La visite du 2 au 3 avril 2026 du président Macron en Corée du Sud intervient dans un contexte inédit. Jamais depuis la fin de la guerre froide, les conditions objectives d’un rapprochement franco-coréen n’ont été aussi favorables… et les obstacles à ce rapprochement aussi visibles.

Côté opportunités : la recomposition des chaînes de valeur technologiques crée des espaces de complémentarité inédits. La France dispose d’un écosystème d’intelligence artificielle en structuration, soutenu par des investissements publics et européens croissants, d’une industrie nucléaire civile sans équivalent en Europe et d’une capacité de projection diplomatique que peu de démocraties de taille comparable peuvent revendiquer. La Corée du Sud, de son côté, maîtrise des segments critiques de l’économie mondiale – semi-conducteurs, batteries, construction navale – et a silencieusement transformé son industrie de défense en l’une des plus compétitives au monde. Ces deux profils ne sont pas en compétition : ils sont complémentaires. C’est précisément le type de complémentarité que la fragmentation de la mondialisation rend précieuse.

Côté obstacles, Paris subit désormais une double surcharge géopolitique. Le front oriental européen (réarmement, soutien à l’Ukraine, crédibilité de la dissuasion collective) absorbe une part croissante de la bande passante politique et budgétaire. Et la guerre déclenchée le 28 février 2026 contre l’Iran par Washington et Tel-Aviv ajoute une seconde zone de tension majeure que la France ne peut ignorer.

La position française dans ce conflit illustre précisément la complexité de sa situation : Emmanuel Macron a imputé la « responsabilité première » de la crise à Téhéran, tout en désapprouvant des frappes « conduites en dehors du droit international ». Une posture de double désapprobation – ni alignement sur les administrations Trump et Nétanyahou, ni condamnation franche de l’opération – qui place Paris dans un entre-deux diplomatique inconfortable. La fermeture partielle du détroit d’Ormuz, qui pèse déjà sur l’approvisionnement énergétique européen, ajoute une pression économique supplémentaire à cette équation déjà surchargée.




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Du côté coréen, c’est une autre contrainte qui s’est durcie : l’axe russo-nord-coréen est désormais une réalité stratégique assumée. La Corée du Nord a fourni à la Russie missiles balistiques et troupes de combat, et selon l’Institut sud-coréen de stratégie de sécurité nationale, Pyongyang aurait engrangé entre 7,67 et 14,4 milliards de dollars (entre 6,7 et 12,5 milliards d’euros) en combinant déploiements de soldats et exportations d’équipements, une fourchette large qui reflète les incertitudes d’évaluation, mais dont l’ordre de grandeur suffit à mesurer l’impact : pour une économie d’environ 40 milliards de dollars (34,7 milliards d’euros) de PIB, même le scénario bas représente un afflux de devises considérable, qui renforce les capacités militaires du régime et réduit sensiblement l’efficacité des sanctions internationales.




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À cela s’ajoute, côté français, un obstacle opérationnel trop rarement nommé : les coopérations de défense franco-coréennes restent structurellement entravées. Malgré des intérêts industriels convergents – la France dans le nucléaire naval et les systèmes d’armes, la Corée dans les plateformes terrestres et les munitions –, les deux pays n’ont pas encore trouvé le format d’une coproduction crédible, faute de cadre politique suffisamment ambitieux pour surmonter les réticences bureaucratiques et les contraintes de transfert technologique.

Ce contexte dual – surcharge occidentale d’un côté, menace nord-coréenne renforcée de l’autre – milite pour l’élaboration d’un agenda franco-coréen précis et ciblé, articulé autour de quelques convergences stratégiques concrètes, plutôt que pour une déclaration de partenariat global dont la mise en œuvre resterait suspendue aux urgences du moment.

Contrainte structurante supplémentaire : la Corée du Sud reste profondément ancrée dans son alliance avec les États-Unis, qui constitue le socle de sa sécurité nationale, tout en étant engagée dans une relation complexe avec le Japon. Cette double dépendance stratégique limite sa marge de manœuvre, tout en renforçant son intérêt pour des partenariats complémentaires avec des acteurs comme la France.

La récente visite du président Lee Jae-myung en Chine, marquée par un entretien avec Xi Jinping allant bien au-delà du protocole, illustre cette logique de diversification active : Séoul ne cherche pas à choisir entre Washington et Pékin, mais à élargir son espace de manœuvre en cultivant des partenariats avec des puissances tierces crédibles. La France, précisément parce qu’elle n’est ni américaine ni chinoise, et qu’elle porte une ambition d’autonomie stratégique que Séoul comprend intuitivement, occupe dans ce calcul une place potentiellement singulière à condition de la revendiquer.

L’Europe comme levier – à condition de s’en servir

L’une des pistes les moins exploitées du partenariat franco-coréen est précisément celle que Paris pourrait activer le mieux : la dimension européenne. La France n’est pas simplement un pays partenaire parmi d’autres pour la Corée du Sud. Elle est, potentiellement, la porte d’entrée dans un espace plus large, une coalition de démocraties industrielles avancées liées par des règles communes, un marché intégré et une ambition croissante de souveraineté technologique.

Or, cette dimension européenne reste sous-mobilisée. Les coopérations industrielles franco-coréennes existent, dans l’énergie, les transports, la défense, mais elles sont largement bilatérales. Elles ne s’articulent pas à une architecture européenne. Elles ne contribuent pas à construire les « chaînes de valeur de confiance » que l’UE cherche pourtant à développer pour réduire ses dépendances critiques. C’est un rendez-vous manqué.

L’invitation de la Corée du Sud au sommet du G7, que la France accueillera à Évian en juin 2026, pourrait changer l’échelle. Non comme signal protocolaire, mais comme affirmation que Séoul a sa place dans les enceintes où se redéfinissent les équilibres technologiques, les normes de l’intelligence artificielle, les règles du commerce des biens critiques. Pour Paris, faire de la Corée du Sud une partenaire structurante de l’agenda européen sur ces sujets, et non une simple observatrice bienveillante, serait un acte politique concret, pas seulement une intention.

Trois paris pour une relation qui change de régime

Plutôt que d’énumérer des domaines de coopération supplémentaires, exercice auquel les communiqués diplomatiques excellent déjà, il vaut mieux identifier ce qui permettrait à la relation de changer de dimension. Trois paris paraissent déterminants.

Premier pari : accepter l’asymétrie des urgences sans en faire un alibi

Paris a les yeux rivés sur l’est de l’Europe ; Séoul sur la péninsule coréenne. Cette asymétrie des urgences est réelle. Mais elle n’empêche pas de construire des réflexes communs sur les sujets où les intérêts se recoupent naturellement : gouvernance des technologies critiques, sécurité des espaces maritimes, résilience des chaînes d’approvisionnement. L’erreur serait d’attendre que les agendas s’alignent spontanément. Ils ne le feront pas.

Deuxième pari : faire de la Corée du Sud un partenaire de l’autonomie stratégique européenne

L’autonomie stratégique européenne n’a de sens que si elle s’appuie sur des partenaires extérieurs fiables. La Corée du Sud est l’un des rares pays au monde à réunir simultanément les critères nécessaires : résilience politique et institutionnelle, base industrielle et technologique de premier rang, capacité d’innovation dans les secteurs critiques, alignement avec les règles du commerce international et volonté de diversifier ses partenariats stratégiques.

Troisième pari : inventer des formats qui contournent les bureaucraties

Les appareils d’État des deux pays ne produiront pas spontanément la densité stratégique qui fait défaut. Les think tanks, les universités, les entreprises technologiques, les armées et les institutions financières de développement sont souvent mieux placés pour expérimenter des formes nouvelles de coconstruction. La diplomatie franco-coréenne gagnerait à déléguer davantage, à condition de fixer des caps politiques clairs. Un écosystème d’innovation partagé en intelligence artificielle, des exercices cyber communs, un fonds franco-coréen d’investissement dans les chaînes de valeur critiques : ces projets concrets valent plus, pour la relation, que dix déclarations d’intention.

La visite comme test

La visite d’Emmanuel Macron intervient dans un moment de densification des relations politiques, marqué par la volonté affichée des deux pays de donner une nouvelle impulsion à leur partenariat stratégique, sans toutefois que ses contours soient clairement définis.

Les visites d’État ont une valeur propre : elles obligent à formuler ce qu’on veut vraiment. Ce qu’Emmanuel Macron ira dire à Séoul dira autant sur la conception française de l’ordre international que sur la relation bilatérale elle-même. Viendra-t-il proposer un agenda de coconstruction industrielle et normative, ou simplement renouveler la promesse d’une relation « excellente » ?

Dans un monde où la fragmentation géopolitique pousse chaque État à hiérarchiser ses partenariats, l’entre-deux n’est plus tenable. Pour la France comme pour la Corée du Sud, le choix n’est pas entre coopération et non-coopération. Il est entre une relation qui reste à la périphérie des choix stratégiques décisifs, et une relation qui y entre résolument. Le moment est rare : les conditions de convergence sont objectives, les fenêtres diplomatiques s’ouvrent rarement deux fois au même endroit.

Il reste une condition implicite que ni les communiqués ni les accords sectoriels ne peuvent remplacer : une volonté politique partagée de se voir autrement qu’on ne s’est vus jusqu’ici, comme deux partenaires qui ont les mêmes contraintes, les mêmes vulnérabilités, et, concrètement, besoin l’un de l’autre pour peser dans un monde qui ne les attendra pas.

The Conversation

Arnaud Leveau ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. France-Corée du Sud : de la coopération cordiale à l’exigence stratégique – https://theconversation.com/france-coree-du-sud-de-la-cooperation-cordiale-a-lexigence-strategique-279496

Pourquoi l’indépendance est-elle devenue un enjeu politique en Alberta ?

Source: The Conversation – in French – By Daniel Béland, Professor, Political Science, McGill University

C’est avec une certaine surprise que plusieurs Canadiens ont vu émerger, ces dernières années, un mouvement sécessionniste en Alberta. Habitués aux revendications indépendantistes du Québec, ils ont pu être étonnés de voir une partie de la population albertaine envisager l’indépendance de la province.


Pourtant, malgré un historique de contestation du pouvoir fédéral et un sentiment persistant d’aliénation dans l’Ouest — souvent lié à la perception d’un Canada dominé par les intérêts de l’Ontario et du Québec —, aucune manifestation sécessionniste sérieuse n’avait jusque-là pris forme en Alberta. La province ne s’est jamais définie comme une nation distincte, et aucun acteur politique majeur n’a porté un projet indépendantiste structuré.

D’où vient donc ce mouvement, en apparence soudain, qui se traduit aujourd’hui par des démarches visant à tenir un référendum sur l’indépendance ? Trois éléments permettent d’en comprendre l’émergence.




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Sentiment historique d’aliénation de l’Ouest

Depuis sa création comme province en 1905, l’Alberta entretient un sentiment d’aliénation partagé, à divers degrés, par les provinces de l’Ouest, nourri par la perception d’un gouvernement fédéral défavorable à ses intérêts. Cette lecture s’appuie notamment sur les luttes pour le contrôle des ressources naturelles au début du XXe siècle et sur le Programme énergétique national de la première moitié des années 1980.

La montée du Parti réformiste dans le contexte des négociations constitutionnelles des années 1980 et du début des années 1990 reflétait bien ces sentiments : frustration face à l’influence jugée limitée de l’Ouest au sein de la fédération et exaspération devant la place centrale occupée par les revendications québécoises, notamment lors des négociations entourant l’Accord du lac Meech et la reconnaissance du Québec comme « société distincte ».

À cette époque, comme l’illustrait le slogan réformiste « the West wants in, », la solution proposée reposait sur une plus grande intégration de l’Ouest dans la gouvernance fédérale, notamment par une réforme du Sénat. À la suite de l’échec de ce projet, la position albertaine s’est déplacée vers une logique privilégiant l’autonomie provinciale plutôt qu’une influence accrue au sein de la fédération.

C’est dans ce contexte qu’a été publiée la célèbre lettre, signée par d’importantes personnalités conservatrices albertaines, préconisant l’élaboration d’un pare-feu (firewall) autour de la province.

Les années du gouvernement conservateur de Stephen Harper (2006-2015) ont atténué le sentiment régional d’aliénation dans l’Ouest, alors que les gouvernements libéraux de Justin Trudeau (2015-2025) ont favorisé sa réémergence. Leurs priorités, notamment en matière de climat et de réconciliation, ainsi que leurs réticences envers de nouveaux projets d’oléoducs et leur orientation plus progressiste, ont contribué à raviver les tensions entre l’Alberta et le fédéral.

La détérioration de l’économie albertaine à partir de 2014, liée à la chute des prix du pétrole, ainsi que la victoire du nouveau Parti démocratique (NPD) de Rachel Notley en 2015, ont accentué les frustrations économiques et politiques de la droite provinciale. Ce contexte, toutefois, ne suffit pas à lui seul à expliquer l’émergence de revendications sécessionnistes.




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Le populisme trumpiste

Le populisme trumpiste issu de la première présidence Trump (2017-2021) a contribué à transformer la nature de l’aliénation en Alberta, en accentuant la polarisation politique et la méfiance envers les institutions, les élites et les médias.

Les liens étroits entre l’Alberta et les États-Unis, combinés à la pandémie de Covid-19, ont facilité la diffusion de ce populisme au sein d’une partie de la droite albertaine. Bien que ce type de populisme existe dans d’autres provinces, son influence est particulièrement forte en Alberta, une situation particulièrement visible sur les médias sociaux.

En conséquence, les gouvernements libéraux fédéraux de Justin Trudeau sont venus à être dépeints comme des ennemis de l’Alberta, déterminés à détruire l’économie de la province par le biais de lois environnementales et à éliminer le droit à la liberté des Albertains par différentes mesures de santé publique adoptées durant de la pandémie.

Cette radicalisation s’est traduite par l’émergence de nouveaux mouvements, dont l’Alberta Prosperity Project, qui milite pour la tenue d’un référendum sur l’indépendance de la province. Dans cette logique, la réforme du fédéralisme cède le pas à une remise en cause plus fondamentale de l’ordre politique canadien.

Compétition politique au sein du Parti conservateur uni

Finalement, les dynamiques internes du Parti conservateur uni de l’Alberta ont également joué un rôle direct dans le processus d’inscription à l’agenda politique de la question de l’indépendance de la province.

Pour comprendre ces dynamiques, il faut remonter aux origines du Parti conservateur uni. Fondé en 2017, il résulte de la fusion du Parti Wildrose et des progressistes-conservateurs, avec pour objectif explicite de réunifier une droite divisée, dont les tensions internes avaient contribué à la victoire du NPD en 2015, à l’image de la création du Parti conservateur du Canada une décennie plus tôt.

Dirigé dès octobre 2017 par l’ancien ministre fédéral Jason Kenney, le parti accède au pouvoir en avril 2019 à la suite de la défaite du NPD.

D’abord très populaire auprès des militants, Kenney a rapidement été confronté, durant la pandémie de Covid-19, à une faction populiste issue du Parti Wildrose devenue difficile à contrôler et de plus en plus opposée à son leadership, notamment en raison de son style jugé autoritaire et de sa gestion des mesures de santé publique. En mai 2022, il annonce sa démission après un vote de confiance où il avait reçu à peine 51 % d’appuis des membres de son parti.

Quelques mois plus tard, Danielle Smith, figure populiste issue à l’origine du Parti Wildrose, devient cheffe du parti et première ministre. En partie pour éviter le sort de Kenney, elle mise sur des politiques populistes axées sur la démocratie directe (notamment les référendums), ainsi que sur une réaction idéologique marquée contre le « wokisme » et les politiques environnementales fédérales, parfois présentées à tort par une partie de sa base comme un complot visant l’Alberta et son secteur pétrolier.

Politicienne aguerrie, Smith cherche à maintenir l’appui de l’aile populiste de son parti, qui avait contribué à la chute de Jason Kenney, notamment en facilitant les référendums d’initiative populaire, y compris sur l’indépendance, en abaissant les seuils requis.

Bien qu’environ les trois quarts des Albertains s’y opposent, le soutien à l’indépendance, autrefois marginal, est nettement plus élevé parmi les électeurs du Parti conservateur uni, en raison du poids de sa frange populiste.

Dans ce contexte, deux pétitions ont été lancées en vue de la tenue d’un référendum sur l’indépendance : l’une portée par ses partisans, l’autre par ses opposants, la première devant recueillir le nombre de signatures requis d’ici le début mai. En février, Danielle Smith a annoncé la tenue cet automne de neuf référendums en Alberta portant sur des enjeux constitutionnels ainsi que sur l’immigration, un thème central du populisme trumpiste. Aucun ne concerne toutefois l’indépendance, bien que la possibilité d’un tel scrutin demeure ouverte.

Si un référendum sur l’indépendance de l’Alberta a lieu cet automne, les chances de victoires du camp indépendantiste sont minces, du moins si on se fie aux sondages et au contexte international incertain qui semble renforcer l’idée qu’en ce moment l’indépendance est un pari particulièrement risqué, dans cette province, mais aussi au Québec.

Toutefois, dans le contexte géopolitique actuel, la simple tenue d’un tel référendum, peu importe le résultat, soulève des enjeux géopolitiques importants, notamment en matière d’ingérence étrangère. À cet égard, l’administration Trump suscite des inquiétudes, certains de ses représentants ayant déjà rencontré des indépendantistes albertains venus à Washington pour promouvoir leur cause.

Pour de nombreux conservateurs albertains, l’idée d’un référendum vise avant tout à « envoyer un message » au gouvernement fédéral, en s’appuyant sur la conviction que la menace référendaire a pu bénéficier politiquement au Québec.

Difficile à démontrer, cette croyance contribue néanmoins à maintenir la question référendaire à l’agenda, dans une province où le soutien réel à l’indépendance demeure encore relativement limité.

La Conversation Canada

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

ref. Pourquoi l’indépendance est-elle devenue un enjeu politique en Alberta ? – https://theconversation.com/pourquoi-lindependance-est-elle-devenue-un-enjeu-politique-en-alberta-275729