Category: MIL-OSI

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ricard Martínez Martínez, Profesor de Derecho Constitucional. Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, Universitat de València

La limitación de la edad de acceso a las redes sociales se ha situado en el centro del debate político estos días en España. Es una cuestión de extraordinaria complejidad que requiere de un acercamiento ponderado y basado en la evidencia.

Aunque el anuncio del presidente del gobierno español resulte novedoso, en realidad el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, vigente desde 2018, permite fijar la capacidad legal para consentir el tratamiento de nuestros datos en servicios digitales entre los 13 a los 16 años. En España se decidió que fuera a partir de los 14.

Es necesario entender los hechos que nos conducen hasta aquí y el conjunto de medidas que deberían acompañar a esta limitación. El deber de verificar la edad se reguló en EE. UU. por la Children Online Privacy Protection Act de 1998, y en España desde el Reglamento de la LOPD de 2007. Esa obligación de verificación prácticamente no ha sido cumplida por ningún operador, salvo los esfuerzos de la española Tuenti.

En el caso de las redes sociales, la Unión Europea se ha reunido con las compañías desde la vicepresidencia de Viviane Reding y se han adoptado acuerdos y compromisos corporativos sin resultado práctico alguno. En la actualidad, la industria ha pasado de la aceptación displicente a la oposición cerrada.

Distintos informes, como los realizados por EU Kids Online, han venido constatando de forma consistente el crecimiento significativo de los riesgos de internet para los menores. Existe un descenso constante en la edad a la que los menores se conectan a internet, disponen de un móvil, consumen pornografía o se registran en una red social. El reciente Informe de UNICEF sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia confirma esta tendencia con datos ciertamente preocupantes que apuntan a un uso adictivo del smartphone y las redes, al crecimiento de la conflictividad o la exposición a la pornografía, acompañadas de una demanda de educación e incluso de desconexión.

El diagnóstico del informe impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia es demoledor. Señala que las redes sociales generan un contexto de alto riesgo para la salud mental y física de los menores, de sobreexposición al acoso y los delitos contra la libertad sexual, de acceso a la pornografía y de adquisición de hábitos y conductas nocivos.

Coincide con los estudios que vienen alertando sobre el crecimiento de las enfermedades mentales, de las autolesiones o del suicidio en niños, niñas y adolescentes. Las redes sociales pueden desplazar experiencias presenciales y reducir espacios de socialización autónoma, especialmente en usos intensivos.

Un modelo de negocio que busca el enganche

Distintas filtraciones parecen acreditar que los operadores de redes sociales han sido plenamente conscientes de los riesgos de su modelo de negocio y lo han fomentado. Las redes fomentan mecanismos de recompensa generando adicción. Estos se acentúan a través del scroll infinito, de la hiperestimulación y el uso nocturno que puede deteriorar la higiene del sueño. Cada like, emoji, chat o filtro de imagen responde a un objetivo claro: fomentar la vinculación, mantener la atención del usuario y monetizar la privacidad.

Además, los algoritmos de personalización favorecen el “enganche” del usuario y le proporcionan una visión de la realidad a través de filtros que generan una burbuja de contenidos a medida. Por otro lado, la monetización publicitaria parece incentivar la polarización, los discursos de odio, el negacionismo o la pornografía.

Responsabilidades sociales y administrativas

Por otra parte, es innegable que existe una cuota de responsabilidad social y administrativa. El primer contacto de un niño, niña o adolescente con una red social será propiciado por madres y padres o por el propio colegio, por ejemplo al adquirir un smartphone o al pedir tareas digitales

La ausencia de herramientas educativas para familias, y la presión que experimentan las familias cuando a ciertas edades sus hijos e hijas se enfrentan al ostracismo y el aislamiento si no están en una red social, hacen que la identidad digital en los primeros años dependa de adultos sin apoyos suficientes y de prácticas escolares a veces poco reflexivas o contradictorias con la protección de la infancia, como la publicación de vídeos en las redes sociales de los centros.

Legislar más allá de la prohibición

En este contexto, la acción legislativa emprendida por el Ministerio de Juventud e Infancia es adecuada. Parece urgente legislar con medidas eficaces, proporcionales y con garantías que aseguren el derecho a la identidad digital de nuestros niños, niñas y adolescentes. La limitación de la edad encuentra plena justificación en la garantía de un desarrollo adecuado de la personalidad.

Pero no es la única medida. Se requiere un diseño holístico que contemple políticas públicas proactivas y, al mismo tiempo, defina escenarios de responsabilidad. Desde una visión jurídica se hace imprescindible un enfoque que refuerce la disuasión, incluido si procede el incremento de la responsabilidad civil y penal. A la vez, hay que disciplinar la acción de los centros escolares y su responsabilidad.

La voz de los interesados

No obstante, existe un riesgo que no podemos obviar. Los niños, niñas y adolescentes deben tener voz. Deberíamos entender cómo hacer viable una socialización y un aprendizaje de la tecnología inspirado por valores democráticos e inclusivos. No podemos ser víctimas de la urgencia regulatoria y centrarnos exclusivamente en la prohibición.

Vivimos en la sociedad de la inteligencia artificial. Se requerirá de nosotros un nuevo modo de hacer las cosas y nuevas capacidades. No estamos en guerra con la tecnología, sino con un uso antisocial que cosifica a las personas.

Por último, los reguladores más directamente concernidos (Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial) deben pasar de la recomendación a la auditoría, la coerción y la sanción a las plataformas. Pasó el tiempo de contemporizar. Existe una firme voluntad de sus directivos de amenazar la regulación y romperla. La democracia nos hizo libres, nos convirtió de súbditos en ciudadanos: no permitamos que nos conviertan en siervos digitales empezando por nuestros niños, niñas y adolescentes.

Ricard Martínez Martínez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años: ¿realmente los protege? – https://theconversation.com/prohibir-el-acceso-a-las-redes-sociales-a-menores-de-16-anos-realmente-los-protege-275092

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ricard Martínez Martínez, Profesor de Derecho Constitucional. Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, Universitat de València

La limitación de la edad de acceso a las redes sociales se ha situado en el centro del debate político estos días en España. Es una cuestión de extraordinaria complejidad que requiere de un acercamiento ponderado y basado en la evidencia.

Aunque el anuncio del presidente del gobierno español resulte novedoso, en realidad el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, vigente desde 2018, permite fijar la capacidad legal para consentir el tratamiento de nuestros datos en servicios digitales entre los 13 a los 16 años. En España se decidió que fuera a partir de los 14.

Es necesario entender los hechos que nos conducen hasta aquí y el conjunto de medidas que deberían acompañar a esta limitación. El deber de verificar la edad se reguló en EE. UU. por la Children Online Privacy Protection Act de 1998, y en España desde el Reglamento de la LOPD de 2007. Esa obligación de verificación prácticamente no ha sido cumplida por ningún operador, salvo los esfuerzos de la española Tuenti.

En el caso de las redes sociales, la Unión Europea se ha reunido con las compañías desde la vicepresidencia de Viviane Reding y se han adoptado acuerdos y compromisos corporativos sin resultado práctico alguno. En la actualidad, la industria ha pasado de la aceptación displicente a la oposición cerrada.

Distintos informes, como los realizados por EU Kids Online, han venido constatando de forma consistente el crecimiento significativo de los riesgos de internet para los menores. Existe un descenso constante en la edad a la que los menores se conectan a internet, disponen de un móvil, consumen pornografía o se registran en una red social. El reciente Informe de UNICEF sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia confirma esta tendencia con datos ciertamente preocupantes que apuntan a un uso adictivo del smartphone y las redes, al crecimiento de la conflictividad o la exposición a la pornografía, acompañadas de una demanda de educación e incluso de desconexión.

El diagnóstico del informe de expertos para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia es demoledor. Señala que las redes sociales generan un contexto de alto riesgo para la salud mental y física de los menores, de sobreexposición al acoso y los delitos contra la libertad sexual, de acceso a la pornografía y de adquisición de hábitos y conductas nocivos.

Coinciden con los estudios que vienen alertando sobre el crecimiento de las enfermedades mentales, de las autolesiones o del suicidio en niños, niñas y adolescentes. Las redes sociales pueden desplazar experiencias presenciales y reducir espacios de socialización autónoma, especialmente en usos intensivos.

Un modelo de negocio que busca el enganche

Distintas filtraciones parecen acreditar que los operadores de redes sociales han sido plenamente conscientes de los riesgos de su modelo de negocio y lo han fomentado. Las redes fomentan mecanismos de recompensa generando adicción. Estos se acentúan a través del scroll infinito, de la hiperestimulación y el uso nocturno que puede deteriorar la higiene del sueño. Cada like, emoji, chat o filtro de imagen responde a un objetivo claro: fomentar la vinculación, mantener la atención del usuario y monetizar la privacidad.

Además, los algoritmos de personalización favorecen el “enganche” del usuario y le proporcionan una visión de la realidad a través de filtros que generan una burbuja de contenidos a medida. Por otro lado, la monetización publicitaria parece incentivar la polarización, los discursos de odio, el negacionismo o la pornografía.

Responsabilidades sociales y administrativas

Por otra parte, es innegable que existe una cuota de responsabilidad social y administrativa. El primer contacto de un niño, niña o adolescente con una red social será propiciado por madres y padres o por el propio colegio, por ejemplo al adquirir un smartphone o al pedir tareas digitales

La ausencia de herramientas educativas para familias, y la presión que experimentan las familias cuando a ciertas edades sus hijos e hijas se enfrentan al ostracismo y el aislamiento si no están en una red social, hacen que la identidad digital en los primeros años dependa de adultos sin apoyos suficientes y de prácticas escolares a veces poco reflexivas o contradictorias con la protección de la infancia, como la publicación de vídeos en las redes sociales de los centros.

Legislar más allá de la prohibición

En este contexto, la acción legislativa emprendida por el Ministerio de Juventud e Infancia es adecuada. Parece urgente legislar con medidas eficaces, proporcionales y con garantías que aseguren el derecho a la identidad digital de nuestros niños, niñas y adolescentes. La limitación de la edad encuentra plena justificación en la garantía de un desarrollo adecuado de la personalidad.

Pero no es la única medida. Se requiere un diseño holístico que contemple políticas públicas proactivas y, al mismo tiempo, defina escenarios de responsabilidad. Desde una visión jurídica se hace imprescindible un enfoque que refuerce la disuasión, incluido si procede el incremento de la responsabilidad civil y penal. A la vez, hay que disciplinar la acción de los centros escolares y su responsabilidad.

La voz de los interesados

No obstante, existe un riesgo que no podemos obviar. Los niños, niñas y adolescentes deben tener voz. Deberíamos entender cómo hacer viable una socialización y un aprendizaje de la tecnología inspirado por valores democráticos e inclusivos. No podemos ser víctimas de la urgencia regulatoria y centrarnos exclusivamente en la prohibición.

Vivimos en la sociedad de la inteligencia artificial. Se requerirá de nosotros un nuevo modo de hacer las cosas y nuevas capacidades. No estamos en guerra con la tecnología, sino con un uso antisocial que cosifica a las personas.

Por último, los reguladores más directamente concernidos (Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, AESIA) deben pasar de la recomendación a la auditoría, la coerción y la sanción a las plataformas. Pasó el tiempo de contemporizar. Existe una firme voluntad de sus directivos de amenazar la regulación y romperla. La democracia nos hizo libres, nos convirtió de súbditos en ciudadanos: no permitamos que nos conviertan en siervos digitales empezando por nuestros niños, niñas y adolescentes.

Ricard Martínez Martínez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años: ¿realmente les protege? – https://theconversation.com/prohibir-el-acceso-a-las-redes-sociales-a-menores-de-16-anos-realmente-les-protege-275092

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ricard Martínez Martínez, Profesor de Derecho Constitucional. Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, Universitat de València

La limitación de la edad de acceso a las redes sociales se ha situado en el centro del debate político estos días en España. Es una cuestión de extraordinaria complejidad que requiere de un acercamiento ponderado y basado en la evidencia.

Aunque el anuncio del presidente del gobierno español resulte novedoso, en realidad el Reglamento General de Protección de Datos de la UE permite fijar la capacidad legal para consentir en el tratamiento de los datos en los servicios de la sociedad de la información en la franja de los 13 a los 16 años.

Es necesario entender los hechos que nos conducen hasta aquí y el conjunto de medidas que deberían acompañar a esta limitación. El deber de verificar la edad se reguló en EE.UU. por la Children Online Privacy Protection Act de 1998, y en España desde el Reglamento de la LOPD de 2007. Esa obligación de verificación prácticamente no ha sido cumplida por ningún operador, salvo los esfuerzos de la española TUENTI.

En el caso de las redes sociales, la Unión Europea se ha reunido con las compañías desde la vicepresidencia de Viviane Reding y se han adoptado acuerdos y compromisos corporativos sin resultado práctico alguno. En la actualidad, la industria ha pasado de la aceptación displicente a la oposición cerrada.

Distintos informes, como los realizados por EU Kids Online ENLACE, han venido constatando de forma consistente el crecimiento significativo de los riesgos de internet para los menores. Existe un descenso constante en la edad a la que los menores se conectan a internet ENLACE, disponen de un móvil, consumen pornografía o se registran en una red social. El reciente Informe de UNICEF ENLACE sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia confirma esta tendencia con datos ciertamente preocupantes que apuntan a un uso adictivo del smartphone y las redes, al crecimiento de la conflictividad o la exposición a la pornografía, acompañadas de una demanda de educación e incluso de desconexión.

El diagnóstico del informe del comité de personas expertas para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia es demoledor. Señala que las redes sociales generan un contexto de alto riesgo para la salud mental y física de los menores, de sobreexposición al acoso y los delitos contra la libertad sexual, de acceso a la pornografía y de adquisición de hábitos y conductas nocivos.

Coinciden con los estudios ENLACES que vienen alertando sobre el crecimiento de las enfermedades mentales, de las autolesiones o del suicidio en niños, niñas y adolescentes. Las redes sociales pueden desplazar experiencias presenciales y reducir espacios de socialización autónoma, especialmente en usos intensivos.

Un modelo de negocio que busca el enganche

Distintas filtraciones parecen acreditar que los operadores de redes sociales han sido plenamente conscientes de los riesgos de su modelo de negocio y lo han fomentado. Las redes fomentan mecanismos de recompensa generando adicción. Estos se acentúan a través del scroll infinito, de la hiperestimulación y el uso nocturno que puede deteriorar la higiene del sueño. Cada like, emoji, chat, o filtro de imagen responde a un objetivo claro: fomentar la vinculación, mantener la atención del usuario y monetizar la privacidad.

Además, los algoritmos de personalización favorecen el “enganche” del usuario y le proporcionan una visión de la realidad a través de filtros que generan una burbuja de contenidos a medida. Además, la monetización publicitaria parece incentivar la polarización, los discursos de odio, el negacionismo o la pornografía.

Responsabilidades sociales y administrativas

Por otra parte, es innegable que existe una cuota de responsabilidad social y administrativa. El primer contacto de un niño, niña o adolescente con una red social será propiciado por madres y padres o por el propio colegio, por ejemplo al adquirir un smartphone o al pedir tareas digitales

La ausencia de herramientas educativas para familias, y la presión que experimentan las familias cuando a ciertas edades sus hijos e hijas se enfrentan al ostracismo y el aislamiento si no están en una red social, hacen que la identidad digital en los primeros años dependa de adultos sin apoyos suficientes y de prácticas escolares a veces poco reflexivas o contradictorias con la protección de la infancia, como la publicación de vídeos en suslas redes sociales de los centros.

Legislar más allá de la prohibición

En este contexto, la acción legislativa emprendida por el Ministerio de Juventud e Infancia es adecuada. Parece urgente legislar con medidas eficaces, proporcionales y con garantías que aseguren el derecho a la identidad digital de nuestros niños, niñas y adolescentes. La limitación de la edad encuentra plena justificación en la garantía de un desarrollo adecuado de la personalidad.

Pero no es la única medida. Se requiere un diseño holístico que contemple políticas públicas proactivas y, al mismo tiempo, defina escenarios de responsabilidad. Desde una visión jurídica se hace imprescindible un enfoque que refuerce la disuasión, incluido si procede el incremento de la responsabilidad civil y penal. A la vez, hay que disciplinar la acción de los centros escolares y su responsabilidad.

La voz de los interesados

No obstante, existe un riesgo que no podemos obviar. Los niños, niñas y adolescentes deben tener voz. Deberíamos entender cómo hacer viable una socialización y un aprendizaje de la tecnología inspirado por valores democráticos e inclusivos. No podemos ser víctimas de la urgencia regulatoria y centrarnos exclusivamente en la prohibición.

Vivimos en la sociedad de la inteligencia artificial. Se requerirá de nosotros un nuevo modo de hacer las cosas y nuevas capacidades. No estamos en guerra con la tecnología, sino con un uso antisocial que cosifica a las personas.

PPor último, los reguladores más directamente concernidos (AEPD, CNMC, AESIA) deben pasar de la recomendación a la auditoría, la coerción y la sanción a las plataformas. Pasó el tiempo de contemporizar. Existe una firme voluntad de sus directivos de amenazar la regulación y romperla. La democracia nos hizo libres, nos convirtió de súbditos en ciudadanos: no permitamos que nos conviertan en siervos digitales empezando por nuestros niños, niñas y adolescentes.

Ricard Martínez Martínez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años: ¿de verdad les protege? – https://theconversation.com/prohibir-el-acceso-a-las-redes-sociales-a-menores-de-16-anos-de-verdad-les-protege-275092

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Noah Eliot Vanderhoeven, PhD Candidate, Political Science, Western University

Los Juegos Olímpicos de este invierno no serán un evento deportivo internacional normal. Una nube de tensión geopolítica se cierne sobre las competiciones en Milán-Cortina, así como sobre la próxima Copa Mundial de Fútbol Masculino de la FIFA.

La tensión se intensificó tras el discurso del primer ministro Mark Carney en Davos, donde expuso su visión de un nuevo orden mundial para las potencias medias. Esto contrastó claramente con el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien siguió expresando su interés en adquirir Groenlandia.

Como resultado, es probable que los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 perturben de manera singular el objetivo declarado por el Comité Olímpico Internacional de que el deporte una al mundo bajo una misma bandera. En lugar de silenciar el conflicto político, los Juegos podrían amplificarlo.

La política detrás de los anfitriones

La misión unificadora de los Juegos Olímpicos se sitúa en una posición incómoda, sobre todo si se tienen en cuenta debates pasados sobre la moralidad de celebrarlos en Estados represivos. Durante décadas, los críticos han argumentado que esos regímenes utilizan los Juegos para mejorar su imagen global y promover sus objetivos políticos y económicos.

Los eventos deportivos internacionales proporcionan una amplia cobertura mediática y exposición de marca. Esa atención es especialmente atractiva para quienes buscan legitimidad en la escena mundial. El acceso a una audiencia occidental brinda a estos Estados la oportunidad de “lavar su imagen” a través de una percepción cuidadosamente construida.

Los regímenes represivos han recurrido cada vez más a esta estrategia. Las investigaciones muestran que la proporción de eventos deportivos internacionales organizados por autocracias se redujo del 36 % en 1945-1988 al 15 % en 1989-2012, pero ha repuntado hasta el 37 % desde 2012.

El lavado deportivo y el acuerdo olímpico

El sportswashing, o lavado deportivo, consiste en utilizar el deporte para desviar la atención del público de conductas poco éticas. En el caso de los eventos internacionales, el objetivo suele ser mejorar la reputación del país anfitrión utilizando la inmensa popularidad del deporte para “evitar” el escrutinio relacionado con los abusos de los derechos humanos o el retroceso democrático.

El lavado deportivo también puede servir para establecer una mayor aceptación global de los regímenes represivos, especialmente cuando las instituciones occidentales aceptan su riqueza y consienten sus objetivos.

Las organizaciones deportivas internacionales también se benefician de este acuerdo. Los anfitriones autoritarios son más propensos a aceptar la construcción de costosas instalaciones deportivas de un solo uso, ya que no se enfrentan a las repercusiones que puede tener en una democracia el utilizar fondos públicos para un evento que reporta pocos beneficios a los ciudadanos.

En algunos casos, estos regímenes incluso han estado dispuestos a sobornar a funcionarios con el objetivo de obtener los votos necesarios para ganar las licitaciones para albergar estos eventos deportivos.

Del lavado deportivo al nacionalismo

A menudo existe una relación simbiótica entre los regímenes represivos y las organizaciones deportivas internacionales. Sin embargo, es poco probable que el evento de Milán-Cortina sirva para el lavado deportivo que hemos visto recientemente. En cambio, es posible que los relatos políticos de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 sean más explícitamente nacionalistas.

El deporte es un poderoso vehículo para la retórica nacional. Puede reforzar la identidad social de una persona o la forma en que se percibe a sí misma en relación con los demás. Así, anima a la gente a verse como miembros de un equipo o de un país, celebrando la victoria como un éxito colectivo o interpretando la derrota como una pérdida simbólica.

El deporte también posee un fuerte simbolismo que puede ser explotado para construir una identidad de país. Por ello, esta identidad conecta con formas primitivas de ideología nacional.

Tensiones políticas de cara a Milán-Cortina

En el período previo a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, una serie de conflictos geopolíticos ha intensificado las tensiones en torno al evento. Entre ellos se incluyen la invasión estadounidense de Venezuela, el deseo de Trump de anexionar tanto Groenlandia como Canadá a Estados Unidos y sus continuas disputas comerciales con quienes eran aliados tradicionales.

Ya sea por la tensión entre la Unión Europea y Estados Unidos o entre estos y Canadá, hay muchas historias que pueden reactivar la retórica nacionalista.

El campeonato de hockey sobre hielo 4-Nations Face-Off, que Canadá ganó hace un año, demostró lo rápido que se puede movilizar el nacionalismo canadiense en medio de tensas negociaciones comerciales con Estados Unidos. Cualquier partido olímpico de hockey sobre hielo entre ambos alimentará la imaginación nacional de los dos países y de sus líderes políticos.

Dinamarca y Estados Unidos también están en el mismo grupo en el torneo masculino de hockey sobre hielo, lo que significa que tendrán que enfrentarse entre sí en la fase de liguilla.

El torneo masculino de hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, Nueva York, supuso un momento crucial en la Guerra Fría. Cuando Estados Unidos, el equipo que nadie creía que podría ganar, venció a los favoritos, el Ejército Rojo de la Unión Soviética, se consideró un “milagro sobre el hielo”.

Dadas las amenazas de Trump contra Groenlandia, un territorio danés, el enfrentamiento olímpico entre los dos equipos podría servir como el propio “milagro sobre el hielo” de Dinamarca.

Un medallero propicio para la manipulación política

Más allá del hockey sobre hielo, todo apunta a que estos Juegos Olímpicos de Invierno serán fructíferos para Estados Unidos, ya que los equipos de Noruega y Rusia, que suelen ser los favoritos, están inmersos en diferentes problemas.

Noruega, líder histórico en medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno, y tradicionalmente una potencia en los deportes nórdicos y las pruebas de esquí, se enfrenta a un enorme escándalo por haber hecho trampas en el salto de esquí. Por su parte, los atletas rusos siguen sin poder competir bajo su bandera nacional debido a la guerra en Ucrania y solo se les permite participar como atletas individuales neutrales previamente seleccionados.

Es probable que Trump le dé mucha importancia a cualquier buen resultado de Estados Unidos, comparando cualquier éxito con los de la UE y Canadá.

Durante su segundo mandato, Trump ha recibido a numerosos atletas en la Casa Blanca y ha vinculado públicamente el éxito deportivo con la fortaleza nacional. Celebró la participación estadounidense en la Ryder Cup de golf y el 4-Nations Face-Off, incluso cuando Estados Unidos fue derrotado en ambas.

Por lo tanto, el éxito de los Juegos Olímpicos de Invierno podría proporcionar capital político en un momento delicado. En medio de su ataque a Venezuela y su objetivo declarado de adquirir Groenlandia, los principales países futbolísticos y los poderosos de la UE –entre ellos Francia y Alemania– han hecho tentativas de reconsiderar su participación en la Copa Mundial Masculina de 2026, organizada en gran parte por Estados Unidos.

Pero primero, los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 ofrecerán una serie de enfrentamientos que servirán a los objetivos nacionalistas de Trump, Carney y los líderes de la Unión Europea.

Noah Eliot Vanderhoeven no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. La geopolítica que se oculta tras los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 – https://theconversation.com/la-geopolitica-que-se-oculta-tras-los-juegos-olimpicos-de-invierno-de-milan-cortina-2026-275161

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Tatiana Íñiguez Berrozpe, Profesora Titular del área de Sociología, Universidad de Zaragoza

La noticia saltó el 3 de febrero y el debate ya está en la calle, en los medios, en las familias, en los centros educativos: “España va a prohibir el uso de las redes sociales para menores de 16 años”. Ante un tema de tal relevancia para nuestros menores, todos nos hemos lanzado a opinar al respecto. Pero aún no se conocen los detalles de la enmienda. Y los detalles, como veremos a continuación, son mucho más que detalles.

Lo que sabemos: responsabilidad compartida

El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha especificado que esta prohibición de acceso a las redes sociales obligará a las plataformas digitales a incorporar sistemas efectivos de verificación de la edad. La medida otorga responsabilidad individual a los usuarios menores y a sus familias, pero también de manera sistémica a las propias redes sociales.

Este foco en las propias plataformas, aunque insuficiente, dado que se queda sólo en su limitación de uso por edad, es relevante, ya que supera las narrativas de responsabilidad individual para que el compromiso en la regulación y la rendición de cuentas recaiga sobre los verdaderos artífices de unas redes sociales con algoritmos opacos, diseño adictivo y escaso control de contenidos.

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¿Cómo diseñar tecnología más segura para niños y adolescentes?

Sabemos también que la medida sigue la estela de países como Australia, cuya regulación entró en vigor en septiembre y a la que se sumarán otras similares como Francia o Portugal. En esta línea, el Parlamento Europeo también ha propuesto limitar el acceso a menores de 16 años o requerir el consentimiento parental entre los 13 y 16 años.

Lo que falta por saber

Lo que no sabemos es casi todo lo demás. Y deberíamos empezar por definir lo que la ley define como “red social”. En Australia, por ejemplo, han quedado fuera de esta prohibición WhatsApp o Telegram, aplicaciones de inteligencia artificial generativa o páginas de apuestas en línea. ¿Son menos dañinas estas plataformas? ¿Qué redes sociales entrarán en la normativa española? ¿Se tendrán en cuenta las plataformas de vídeo y streaming? ¿Y juegos como Roblox?

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El lado oscuro de los videojuegos: cómo los ‘chats’ ponen en riesgo a los más pequeños

Otra de las grandes cuestiones que se plantean es cómo se va a implementar la herramienta de la “Cartera Digital Beta” para la verificación de edad al iniciar sesión en las redes sociales, medida que puede tener impacto en toda la población española que las use.

Y, unido a ello, cómo se va a solucionar y gestionar el posible, y más que probable, uso clandestino y no supervisado por parte de los menores de estas plataformas, tanto por parte de las propias corporaciones como por parte de familias y comunidad educativa.

Evidencias tras la medida

Es importante saber qué evidencias se han tenido en cuenta para el diseño de la medida. Afirmar tajantemente que las redes sociales son la causa de muchos de los problemas de salud mental de los jóvenes es una visión simplificadora. Es cierto que las zonas del cerebro que regulan el autocontrol, el razonamiento y la atención maduran en la adolescencia tardía, por lo que la autogestión en dedicación de tiempo y acceso a contenido digital debe ser supervisada.

Pero no se pueden ignorar investigaciones previas que indican que un uso responsable y equilibrado de pantallas puede ser más positivo que su uso inexistente. Por ejemplo, el uso equilibrado correlaciona con mayor sentido de pertenencia al centro educativo y mejor rendimiento académico.

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Incluso Unicef afirma que para muchos menores, las redes sociales son un salvavidas que les da acceso al aprendizaje, la conexión y la autoexpresión. La soledad es otro de los grandes problemas de la adolescencia actualmente, especialmente en colectivos minoritarios o desfavorecidos, y las redes pueden ayudar a mitigar esta desconexión con sus iguales.

No olvidar otros factores

En este sentido, se corre el riesgo de confundir correlación con causalidad y no tener en cuenta que las redes sociales pueden ser más un amplificador de problemáticas preexistentes que la causa de las mismas. La calidad de la evidencia sobre el impacto del uso de redes en la salud mental de los menores es modesta. Cuando tenemos en cuenta otras variables contextuales y personales, el efecto de éstas es poco significativo. Cuando los problemas tienen raíces sociales, es poco probable que las restricciones técnicas por sí solas los resuelvan.

En definitiva, una prohibición que trata a las redes sociales como el principal problema, en lugar de plantear preguntas más profundas sobre por qué ocurren ciertos comportamientos y cuestiones sociales que afectan en gran medida a nuestros menores (acoso, misoginia, racismo, presión académica, etc.) desplazaría la solución de estas cuestiones a un foco con menor peso en su bienestar.

Evaluación de impacto

Para quienes nos dedicamos a investigar esta cuestión, uno de los aspectos principales que nos queda por saber es cómo, cuándo y con qué indicadores va a medirse el impacto de esta medida. En Australia el sistema de evaluación de impacto se está centrando básicamente en analizar si el método de verificación de edad está funcionando, con resultados no muy alentadores, ya que la precisión es muy variable según plataforma y perfiles de usuarios, y se dan errores cerca del umbral de los 16 años. De momento, no se han planteado mediciones de más alcance (salud mental, resultados académicos).

Si la medida en España está enfocada a minimizar o mitigar los “efectos negativos” del uso de redes sociales por parte de los menores, deben plantearse criterios claros, transparentes y mensurables de evaluación de impacto.

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Redes sociales reales frente a las virtuales: cómo la participación protege el bienestar juvenil

Medidas educativas y papel de las familias

Otras preguntas que habrá que resolver son: ¿la prohibición vendrá acompañada de medidas educativas en pro del uso responsable? ¿Qué papel tendrán las familias en esta medida y cómo acompañarlas? ¿Cómo se regularán el resto de usos digitales de los menores?

Más allá de las prohibiciones, se tendrán que plantear las medidas socializadoras y educativas que deberían acompañar a esta propuesta para responder a estas preguntas.

Esperaremos a la publicación de la norma para poder hacer una interpretación en clave científica.

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

– ref. Prohibir las redes sociales a menores de 16 en España: lo que falta por saber – https://theconversation.com/prohibir-las-redes-sociales-a-menores-de-16-en-espana-lo-que-falta-por-saber-275104

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Chelo Sánchez Serrano, PDI en Facultad de Comunicación, Universidad Pontificia de Salamanca

Si la democracia es el gobierno de la opinión, “no el de los filósofos platónicos o el de los científicos”, parafraseando al politólogo Fernando Vallespín, la España democrática lo viene ejercitando, otorgando el poder a una opinión pública conformada a través de los medios y canales que la modelan y reflejan.

Pero ¿se trata de la opinión de todos o de la opinión autorizada que se obtiene como subconjunto restringido de la opinión pública, de quienes son dignos de tener una opinión? ¿Son igual de solventes y respetables todas las opiniones o depende de quién y dónde se formulen? ¿Y qué pasaría si el periodismo volviera a ser más informativo, contribuiríamos a rebajar la polarización y la desconfianza?

Un problema que viene de lejos

La opinión es una necesidad humana, un paso en el proceso de la información al conocimiento y un nivel más del método de interpretación sucesiva de la realidad que es el periodismo, cuyo sustento esencial es la información.

Sin embargo, la actualidad ha dejado de ser muchas veces un proceso informativo para convertirse en un estado opinativo. No es algo nuevo: los académicos y profesionales llevamos años identificando y reflexionando a partir de un modelo de periodismo sin información.

Lo de los pseudoperiodistas, aunque parezca la última gran crisis, no es más que otro elemento sumatorio en la degeneración al que las malas prácticas, la confusión entre información y cualquier otra práctica comunicativa y un modelo de negocio cortoplacista nos han ido abocando. Sigue haciéndose buen periodismo, y la información solvente y compartida es y será un elemento de justicia social.

La pérdida de credibilidad en el periodismo y la desafección por las noticias tiene muchas causas, y entre ellas se encuentra este proceso de editorialización continuo de la profesión y el cuestionamiento de la figura profesional de los periodistas.

Tampoco es nada nuevo. Algunos de los que lean este artículo quizá recuerden un libro publicado en los 90 bajo el título Periodistas. Polanquistas, sindicato del crimen, tertulianos y demás tribus. Y acaba de llegar a las librerías un nuevo ensayo bajo la sugerente descripción de Tertulianos. Un viaje a la industria de la opinión en España.

De los tertulianos de café a las opiniones viralizadas

Si hace años nos hubieran dicho que alguien haría carrera como tertuliano, seguramente le hubiéramos desmentido. “Ya nadie se acuerda, pero hubo un tiempo en que no existían los contertulios”, escribía Elvira Lindo en un artículo en El País en el año 2008. Ese es un ejercicio diletante, para entretenerse, no un trabajo: tertuliano somos todos, apuntaríamos con total rotundidad hace 40 años.

Palabras que nos hemos tragado ya: ¿qué saben otros que usted no sepa? Usted puede ser tertuliano, escribía el periodista Javier Valenzuela. Hoy hay cientos de personas que viven de hacer tertulia, una carrera profesional que les puede reportar, mientras estén en la cresta de la ola, considerables beneficios económicos y sociales. Ser contertulio abre hoy muchas otras puertas, pero también puede cerrar algunas.

Quién se lo iba a decir a los insignes conversadores de los siglos XIX y XX, aquellos que hacían tertulia en los cafés y casinos pagándose el café. Quién nos iba a decir hace 30 años que en 2026 cualquiera podría opinar de manera pública en Zamora y viralizarse su opinión en Viena, incluso negarle las evidencias a un experto y recibir el aplauso público. Pero ahí estamos, porque ese gobierno de la opinión, que es la democracia, y los nuevos canales de comunicación lo garantizan en buena medida. Y ¡bendito sea!, aunque cada vez nos haga más complejo entendernos.

Menos tertulias en la radio

Las tertulias, que surgieron en la radio española en los años 80 como la consolidación de un periodismo ejercido ya en democracia, han derivado en un género tremendamente espectacularizante, omnipresente en televisión e incluso en formato pódcast conversacional (ya sea solo audio o vídeo). Un espectador puede tener la sensación de que hoy en la tele todo es tertulia y opinión.

En la radio ha ocurrido lo contrario: el tiempo dedicado a la tertulia en el total de la programación de la radio generalista ha ido reduciéndose. Al mismo tiempo, sigue practicándose mayoritariamente desde su conceptualización original: un género periodístico para el análisis, el intercambio de ideas y opiniones y el respeto en la discusión.

Las excepciones que “se salen del tiesto” generalmente se suelen reconducir como parte de la praxis propia del periodismo radiofónico. Uno de los ejemplos más recientes se producía en una de las emisiones en directo del programa Hoy por Hoy de la Cadena SER.

Sin embargo, frente a la ausencia tradicional del editorial radiofónico, en los últimos 20 años han ido floreciendo los monólogos y los comentarios de opinión de los autores de los principales programas de radio. Espacios de opinión con una altísima penetración e influencia pública. Otra derivada de la editorialización.

El reto de desacralizar la opinión

Antes de que el desafío del periodismo del futuro sea opinar sin hechos irremediablemente –ya me he encontrado con algún estudiante que ante mi pregunta de cuál es la noticia, responde que “mi opinión es la noticia”–, podríamos valorar retirar discretamente a “los cuarteles de invierno” tanta opinión periodística, desacralizarla en beneficio de los hechos y la información. Eso requiere un cambio del modelo de negocio y de la estrategia periodística de muchos medios, así como de una ciudadanía valiente y responsable, capaz de volver a darle el valor a la información, incluso de pagar por ella.

Si todos llevamos un tertuliano dentro, no todos podemos ni sabemos hacer información periodística. Escribía el profesor Gabriel Galdón que el periodismo, si no está corrompido, es un saber prudencial, que comunica de manera adecuada las realidades humanas actuales, realidades que a los ciudadanos les es útil conocer para actuar libre y solidariamente.

Cuando se recurre a la primera persona, se opina y se defienden unas u otras causas en las páginas de información, en las tertulias, en los perfiles corporativos o personales en redes, se está cruzando una importante línea. Parece que ya la hemos sobrepasado. Y no, no se trata de no defender la libertad de expresión y opinión, se trata de salvaguardar la libertad de información y de colocar a las noticias y a la información de nuevo en el centro del periodismo, sin atajos.

Chelo Sánchez Serrano no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ¿Y si desacralizamos la opinión, al menos la periodística? – https://theconversation.com/y-si-desacralizamos-la-opinion-al-menos-la-periodistica-274925