Academic Reportage – Page 968 – MIL Submissions Engine

August 13, 2025

Fomentar la economía rural, el mejor antídoto contra los incendios

Source: The Conversation – (in Spanish) – By José Manuel Cabrero, Catedrático. Estructuras Arquitectónicas y Construcción con Madera. Cátedra Madera Onesta, Universidad de Navarra

Cada verano, los incendios forestales se repiten en el paisaje español y protagonizan las noticias. Estos últimos días han sido especialmente dramáticos, con fuegos devastadores en Tarifa, Zamora, Madrid o Las Médulas, espacio natural que quedó totalmente arrasado.

Si bien las cifras de destrucción varían drásticamente —desde las más de 310 000 hectáreas quemadas en 2022 hasta las aproximadamente 48 000 hectáreas de 2024—, su rastro de destrucción en la biodiversidad y las comunidades rurales permanece. Es un buen momento para recordar que, también con el fuego, la mejor estrategia es la prevención.

El triángulo del fuego

Para evitarlo, primero hay que entender cómo comienza un incendio. La clave está en un concepto fundamental, el “triángulo del fuego”, compuesto por tres elementos: calor, oxígeno y combustible. Si eliminamos cualquiera de ellos, el fuego se apaga.

El calor es el detonante, el “mechero” que enciende la llama, en forma de rayo, una chispa accidental o una negligencia. En España, más del 90 % de los incendios tienen causas humanas.
El oxígeno, presente en el aire, alimenta la llama. Por eso cuando se cubre una vela con un vaso y se le quita este elemento, se apaga.

Finalmente, está el combustible. En una barbacoa, el carbón por sí solo no arde; necesita un material que prenda con facilidad para alimentar la llama. Lo mismo pasa en el monte, donde la vegetación del sotobosque –hierbas secas, arbustos y ramas caídas– actúa como ese papel o esas astillas: es el material que prende con más facilidad y permite que el fuego se propague a los árboles .

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Beneficios de no cortar los árboles después de un incendio

El abandono rural: un combustible silencioso

Con el calor y el oxígeno fuera de nuestro control directo, la única vía realista para la prevención es la gestión del tercer componente: el combustible. Y el principal responsable de su peligrosa acumulación es un problema silenciado: el abandono rural. Muchas zonas del interior de España han dejado de cultivarse o pastorearse. Como resultado, el monte se llena de vegetación que actúa como combustible natural.

Apagar el fuego constituye la solución última y, por tanto, siempre es ya demasiado tarde. La clave, por lo tanto, no es solo combatir las llamas, sino apostar por una gestión activa del paisaje, que nos permita controlar ese combustible vegetal. No se trata de eliminar la vegetación, sino de gestionarla con inteligencia.

Un bosque “limpio” no es un bosque sin vegetación, sino un ecosistema sano y resiliente que acoge refugios de biodiversidad y mantiene hábitats esenciales.

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Maneras de mirar un bosque

Cómo brindar valor al bosque

La clave está en generar una economía rural basada en el uso del monte. Si bien estas tareas generan empleo en la España vaciada, también cuestan dinero. Por ello, es fundamental brindar valor al bosque. Para que el monte perdure, es necesario crear una economía sostenible en torno a productos y servicios como la ganadería extensiva, la silvicultura, la agricultura mixta, el turismo y otros productos no maderables.

Proyectos como PRISMA, BIOVALOR o Bio+Málaga están explorando cómo convertir esta gestión activa en empleo y oportunidades para zonas rurales. Se trata de reimaginar nuestros montes no solo como espacios naturales, sino como motores de desarrollo local.

Tecnología para prevenir, no solo apagar

La tecnología puede jugar un papel importante en el desarrollo de la economía rural. En Navarra, los servicios de emergencia han desarrollado un sistema de información geográfica que permite cartografiar zonas de riesgo, visualizar accesos y coordinar respuestas en tiempo real.

Este sistema, cuyo valor reside en la prevención, permite saber con precisión dónde se acumula combustible vegetal, qué caminos están inactivos o qué áreas requieren atención prioritaria. Así, la gestión del monte puede basarse en datos y evidencias, permitiendo invertir los recursos donde más se necesitan, y ser más eficiente y precisa.

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La España vaciada y la España rellena, condenadas a entenderse

Economía circular y prevención: una misma lucha

El viejo dicho forestal es muy cierto: los incendios no se apagan en verano, sino en invierno. Prevenir fuegos implica repensar el uso de nuestros recursos forestales. Un monte bien gestionado, que alimenta una economía circular en torno a sus productos y servicios, es un monte más seguro.

Mientras que darle valor al bosque reduce las amenazas que se ciernen sobre él, cuidar los montes se traduce en dinamizar la economía rural y devolver vida a los pueblos.

La oportunidad de un futuro más próspero y resiliente está en nuestros bosques. Porque un monte gestionado es más útil, más biodiverso y más vivo. Y, por supuesto, reduce el peligro de incendios.

José Manuel Cabrero recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, y de la empresa Onesta.

César Martín-Gómez recibe fondos de la Cátedra Fundación Saltoki.
Miembro de la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR).

Rayder Willian Leonardo Laura recibe fondos de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

– ref. Fomentar la economía rural, el mejor antídoto contra los incendios – https://theconversation.com/fomentar-la-economia-rural-el-mejor-antidoto-contra-los-incendios-261935

August 13, 2025

4 laws that could stymie the Trump EPA’s plan to rescind the endangerment finding, central to US climate policies

Source: The Conversation – USA (2) – By H. Christopher Frey, Glenn E. Futrell Distinguished University Professor of Environmental Engineering, North Carolina State University

U.S. Interior Secretary Doug Burgum, left, takes a selfie with Energy Secretary Chris Wright, center, and EPA Administrator Lee Zeldin in front of the Trans-Alaska oil pipeline. AP Photo/Jenny Kane

The Trump administration’s plan to unravel many of the nation’s climate policies hinges on rescinding what’s known as the endangerment finding. But its strategy for doing that appears to run afoul of several federal laws.

The endangerment finding is a 2009 determination by the Environmental Protection Agency that six greenhouse gases, including carbon dioxide, contribute to climate change and therefore pose a threat to public health and welfare.

The scientific evidence of these threats has gotten stronger in the years since the endangerment finding was made. That evidence is laid out in multiple national and international reports written by hundreds of scientists who reviewed the data and research.

In contrast, the EPA’s proposal to now rescind the endangerment finding is based in part on a new Department of Energy report written by five people, named as the “Climate Working Group.” All five have been outspoken critics of mainstream climate science. Energy Secretary Chris Wright said he handpicked the group to write the report.

The group’s report cherry-picks information and misrepresents uncertainties. Some scientists whose studies it cites have complained that the authors misrepresented their research. Others are speaking out about factual problems with the report.

I have served in the federal government and on numerous scientific federal advisory committees, and I’ve seen firsthand the rigorous requirements that federal agencies are supposed to meet so that scientific information they disseminate can be trusted by the public.

The Energy Department and the EPA seem to have run afoul of four laws in particular that may be tricky for the administration to get around.

1. Has the Energy Department produced a credible report?

A casual reader might think the Energy Department climate report is credible.

Its inside cover affirms that it “is being disseminated … in compliance with” the Information Quality Act. The word “disseminated” means that this is a final report and not just a draft.

The Information Quality Act, passed by Congress in 2000, requires “ensuring and maximizing the quality, objectivity, utility, and integrity of information (including statistical information) disseminated by Federal agencies.”

An image of the title page pointing out important problems. — The author annotates the title page of the Energy Department’s report.
Christopher Frey

This law is the basis for federal guidance on scientific peer review for all agencies. It also requires agencies to provide the public with an opportunity to request corrections in final reports if they were not properly developed or lack balance, accuracy and objectivity. The agency decides whether to grant the request, but there is an appeals process.

Government scientific products considered final also must have previously undergone independent external peer review conducted in an “open and rigorous manner,” according to the White House Office of Management and Budget.

One author of the Energy Department’s report stated that the report was reviewed by “eight scientists/administrators employed by the DOE.” However, this does not meet the government’s standards for implementing the law, which requires a public record of review by scientific experts not affiliated with the department that issued the report.

2. Agencies cannot cherry-pick groups to give answers they want

The Federal Advisory Committee Act of 1972, or FACA, addressed concerns that “special interest groups” could “exercise undue influence” in promoting “their private concerns” on “matters in which they have vested interests.”

The law requires a public process for creating and appointing groups to advise the government and requires that the properly appointed group operates in public view and takes public comments along the way.

According to the DOE’s own guidance, “FACA applies when a group is asked to render advice or recommendations as a group and not a collection of individuals.”

Thus, the group chosen to write the department’s report falls within the scope of FACA. The law requires that a committee representing a fair balance of viewpoints be chartered under FACA and that members be appointed only after a public nomination process with public opportunity to comment on the list of candidates.

Once appointed, a balanced group is also required to deliberate in public and receive public comments in formulating their report. That didn’t happen.

3. Federal agencies cannot be arbitrary or inconsistent in rulemaking

The Administrative Procedure Act of 1946 requires federal agencies to allow public participation in rulemaking processes and to follow consistent procedures and practices when developing regulations.

The law prohibits actions that are “arbitrary and capricious” – meaning decisions made without justification or regard for facts – or an “abuse of discretion.”

Agencies are expected to examine relevant data. They must not only follow applicable laws, such as FACA, but also must follow procedures established to implement those laws, such as balanced membership of the committee and opportunity for public comment when formulating the report.

A schematic of different laws and their impact — Four federal laws that apply to the EPA’s effort.
Christopher Frey

4. Science Advisory Board review is also required

The EPA is also subject to the Environmental Research, Development and Demonstration Authorization Act of 1978. The act mandated that the EPA must establish a Science Advisory Board. It also requires that agency make available to its Science Advisory Board relevant scientific and technical information on any “proposed criteria document, standard, limitation, or regulation.”

The board must be given time to review the scientific and technical basis of the proposed action – in this case, the disseminated Energy Department report – now that the EPA is using this report to inform its regulatory action.

Under the Information Quality Act, the EPA may not develop a regulation based on a draft report.

The EPA’s Science Advisory Board website lists zero members as of mid-August 2025. On Jan. 28, 2025, the EPA dismissed all of the board’s previous members. Nominations for new board members were due on June 2. At best, it will be months before the EPA can seat a new Science Advisory Board because of time needed to complete the selection, appointment and ethics review processes.

An annotated screenshot of the EPA’s Science Advisory Board website shows no members as of Aug. 11, 2025.
EPA

Either the EPA could follow the law and suspend any proposed actions until the Science Advisory Board is available, or accept legal risk for not following the Environmental Research, Development and Demonstration Authorization Act.

What’s next?

These laws exist to protect the public by preventing the federal government from being unduly influenced by narrow interests when disseminating evidence that informs policy decisions. Science-based agencies such as the Energy Department and the EPA have a legal requirement to follow the science.

The public has a chance to comment on the EPA’s proposal to rescind the 2009 endangerment finding and greenhouse gas vehicle standards until Sept. 15, 2025. And although the Energy Department disseminated its report as a final version, the department is accepting public comments on the report through Sept. 2.

For both, the most effective comments are evidence-based and not merely opinion.

The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, independent nonprofit institutions that advise the government, announced in early August that they will conduct a fast-track review of the science on whether greenhouse gas emissions endanger public health and welfare to submit as a public comment.

Because the Energy Department report is presented as final, it is also subject to the “request for correction” process under the Information Quality Act within 60 days of its initial release.

Given the Energy Department report’s legal vulnerabilities, the Trump administration could consider withdrawing the report and starting over with a legally and scientifically valid approach. If these vulnerabilities are not corrected and the EPA rescinds the endangerment finding based on the Energy Department report, years of litigation are likely to slow the administration’s efforts.

Dr. H. Christopher Frey is currently a professor of environmental engineering at North Carolina State University. He has served on numerous scientific advisory committees, including the U.S. Environmental Protection Agency FIFRA Scientific Advisory Panel (2004-2006), Science Advisory Board (2012-2018), and Clean Air Scientific Advisory Committee (2008-2015). He was chair of CASAC from 2012 to 2015. He has served on study committees of the National Academies of Science, Engineering, and Medicine. He served at EPA from 2021 to 2022 as Deputy Assistant Administrator for Science Policy and from 2022 to 2024 as Assistant Administrator for Research and Development and Science Advisor. While in federal service he co-chaired the National Science and Technology Council Committee on Environment.

– ref. 4 laws that could stymie the Trump EPA’s plan to rescind the endangerment finding, central to US climate policies – https://theconversation.com/4-laws-that-could-stymie-the-trump-epas-plan-to-rescind-the-endangerment-finding-central-to-us-climate-policies-262952

August 12, 2025

Canadian cities are unprepared for climate-driven migration — here’s what they can do

Source: The Conversation – Canada – By Kent Mundle, Senior Researcher, Lecturer in Architecture, University of Hong Kong

This summer, wildfires have caused evacuations across Canada and recently forced thousands of people to flee their homes in Newfoundland and Labrador.

Some of the biggest impacts are being felt in the Prairies. In Manitoba, authorities recently issued evacuation orders for 15,000 people, mostly in the province’s north. Many evacuees are brought to larger cities like Winnipeg, overwhelming hotels and emergency housing.

In Canada, climate-driven migration is often imagined as a distant threat that affects others in the world. But these evacuations foreshadow a future where internal displacement becomes a regular feature of Canadian life — and where cities must rethink how they plan for disruption.

Events like the 88,000-person evacuation from Fort McMurray, Alta. in 2016 and the destruction of Lytton, B.C. in 2021 show how fast rural populations can be displaced.

Manitoba’s evacuations are among largest in recent memory, and many evacuated communities are remote and poorly connected to infrastructure. For them, evacuation may soon become an annual reality.

At the University of Hong Kong’s District Development Unit research lab (DDU), we develop architectural and urban strategies for rapidly urbanising regions in the Global South, where settlements are already experiencing the impacts of climate change. We’ve seen how post-disaster migration reshapes cities. These shifts are predictable in places where infrastructure and governance haven’t kept pace with climate volatility.

Rural-to-urban climate migration

Across Canada, services and infrastructure are already under stress. Housing is increasingly unaffordable, including in rural areas. Many rural regions, especially those with large Indigenous populations, struggle to access basic services.

Though these areas are home to 18 per cent of the population, they are served by only eight per cent of Canada’s physicians. More than one quarter of rural school districts report closures or consolidations due to underfunding. These structural weaknesses form the backdrop to a slow-moving crisis — one that climate events are accelerating.

Elsewhere in the world, disasters regularly drive rural-to-urban migration and permanent urban change. In countries like Nepal and the Philippines — where our lab works — these movements are often rapid, informal and far beyond the scope of traditional planning.

In Kathmandu, the 2015 earthquake struck a city already marked by informal housing and fragile services. It accelerated a haphazard urban transformation characterized by uncontrolled sprawl, unsafe informal construction and overstretched infrastructure.

In the Philippines, typhoon recovery is often driven by necessity, with residents rebuilding informally. This results in growing slums and increasing vulnerability to future disasters.

These dynamics create new urban landscapes. In some cases, local governments are taking the lead, for example, by establishing local evacuation centres in the Philippines.

Elsewhere, informal encampments, home extensions and land occupations take hold. These are responses that reflect not only survival, but governance: provisional infrastructures are built through necessity, negotiation and collective care.

Canada’s climate urbanism

Canada is not exempt from these dynamics. When disaster strikes, evacuees often seek refuge in cities, where better public infrastructure offers some stability. As climate change fuels ever-larger wildfires, this trend will grow, with smaller urban centres absorbing more people fleeing climate-stressed regions.

Yet policy remains far behind. There is no national framework for climate-induced displacement. Canada’s immigration and housing policies have no category for internal climate migration. Disaster response remains reactive, coordinated mainly by municipalities and provinces through short-term tools like 211 or temporary shelters.

Interjurisdictional planning is minimal. Municipal climate plans rarely anticipate population surges or extended pressure on housing. Displacement is still treated as an occasional event, not as an enduring part of Canadian urban life.

Canada must begin to learn from places already living this future.

In Taiwan, civic centres double as emergency shelters, equipped with backup power, water tanks and seismic isolation systems. In Japan, disaster-prevention parks embed solar lighting, cooking stations and toilets into public green spaces.

And in Mongolia, our lab has developed incremental urban strategies for Ulaanbaatar’s ger districts — clustering growth, infrastructure and housing to adapt to rapid, uncertain settlement patterns.

These examples reflect a model of urbanism in which emergency response and long-term development are not separate, but part of a continuous, negotiated process.

What Canada can do

Canada’s geography, governance and urban forms demand their own set of protocols and prototypes. While lessons from elsewhere can guide us, they cannot be copied wholesale.

This means it is vital to develop a national framework for internal climate migration that integrates climate displacement into the National Housing Strategy.

All orders of governments should focus of developing multi-use resilience infrastructure, such as community centres and schools equipped for emergency response, and advancing adaptive housing policies that can expand or contract with demand.

Canada once helped shape global thinking on the transformation of urban areas. The 1976 United Nations Habitat Conference in Vancouver, catalyzed by the efforts of architects and planners, called for new models of settlement and development grounded in equity, participation and awareness of our planet’s limits.

Nearly 50 years later, that unfinished legacy has a new urgency.

Today, climate displacement calls for a shift in how architects engage with the built environment — moving toward coordinated action with communities, policymakers and allied fields, and embracing models of practice that move beyond the traditional role of service provider — to actively initiate change.

Architects must engage not only with buildings, but with the frameworks that govern land, infrastructure and migration itself. This means challenging the professional neutrality that too often aligns design with extractive systems, and instead welcoming practices capable of working across institutions, jurisdictions and communities.

A national summit could mark the beginning of this shift by creating a forum to discuss climate migration and design the tools, policies and partnerships that will shape its outcomes.

The question is not whether climate movement will occur, but whether we will be prepared to meet it with intention, care and foresight.

Any proceeds from the DDU are reinvested in the research lab based at the University of Hong Kong.

– ref. Canadian cities are unprepared for climate-driven migration — here’s what they can do – https://theconversation.com/canadian-cities-are-unprepared-for-climate-driven-migration-heres-what-they-can-do-262490

August 12, 2025

Israël, Yémen, Guatemala, Timor oriental… Six stratégies utilisées par les États-Unis pour se distancier des atrocités commises par ceux qu’ils soutiennent

Source: The Conversation – in French – By Jeff Bachman, Associate Professor, Department of Peace, Human Rights & Cultural Relations, American University School of International Service

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont régulièrement soutenu des dirigeants et des pays qui ont commis des atrocités. Washington déploie six stratégies rhétoriques pour se distancier de ces actes. Illustrations historiques avec les cas du Guatemala, de l’Indonésie au Timor oriental et de la Coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont à plusieurs reprises soutenu des gouvernements qui ont commis des atrocités de masse, définies par le spécialiste du génocide Scott Straus comme étant une « violence à grande échelle et systématique contre des populations civiles ».

Cela inclut le soutien à Israël, qui est resté constant malgré le désaccord récent entre le président Donald Trump et le premier ministre Benyamin Nétanyahou sur la question de savoir si les Palestiniens sont victimes de famine à Gaza.

Nous sommes spécialistes des questions liées aux génocides et autres atrocités de masse, ainsi que des enjeux de sécurité internationale. Dans le cadre de nos recherches pour un prochain article à paraître dans le Journal of Genocide Research, nous avons étudié des déclarations officielles, des documents déclassifiés et des articles de presse portant sur quatre cas où les États-Unis ont soutenu des gouvernements alors qu’ils commettaient des atrocités : l’Indonésie au Timor oriental (1975-1999), le Guatemala (1981-1983), la coalition dirigée par l’Arabie saoudite – dite « Coalition » – au Yémen depuis 2015 et Israël à Gaza depuis octobre 2023.

Nous avons identifié six stratégies rhétoriques, autrement dit six façons de formuler un discours, utilisées par des responsables américains pour distancier publiquement les États-Unis des atrocités commises par ceux qui bénéficient de leur soutien.

Cette analyse est essentielle : lorsque les Américains, et plus largement l’opinion internationale, prennent ces discours pour argent comptant, les États-Unis peuvent continuer à agir en toute impunité, malgré leur rôle dans la violence mondiale.

Feindre l’ignorance face aux crimes

Lorsque des responsables américains nient toute connaissance des atrocités perpétrées par des parties bénéficiant du soutien des États-Unis, nous appelons cela une ignorance feinte (premier stratagème).

Par exemple, après que la Coalition a bombardé un bus scolaire au Yémen, tuant des dizaines d’enfants, la sénatrice américaine Elizabeth Warren a demandé au général Joseph Votel si le Commandement central des États-Unis suivait l’objectif des missions qu’il ravitaillait en carburant.

Sa réponse : « Sénatrice, nous ne le faisons pas. »

Cette ignorance proclamée contraste fortement avec les crimes de guerre de la Coalition, bien documentés depuis 2015. Comme l’a exprimé Scott Paul, expert du Yémen, dans ces termes : « Plus personne ne peut feindre la surprise lorsque de nombreux civils sont tués. »

Brouiller les faits pour masquer la vérité

Lorsque les preuves d’atrocités ne peuvent plus être ignorées, les responsables américains ont recours à la confusion pour brouiller les faits (deuxième stratagème).

Lorsque les forces indonésiennes ont perpétré des massacres en 1983, tuant des centaines de civils, l’ambassade des États-Unis à Jakarta a envoyé un télégramme au secrétaire d’État ainsi qu’à plusieurs ambassades, consulats et missions américaines remettant en question les rapports, car ils « n’avaient pas été confirmés par d’autres sources ».

De même, lors du génocide maya au Guatemala, à la suite du coup d’État réussi d’Efraín Ríos Montt, des responsables américains ont déformé les informations faisant état des violences perpétrées par le gouvernement, en rejetant la responsabilité sur les guérilleros.

« Je sais que le président Ríos Montt est un homme d’une grande intégrité personnelle et d’un engagement profond », a déclaré le président Ronald Reagan après sa rencontre avec le président guatémaltèque en 1982.

Dans son rapport de 1982 sur les droits humains au Guatemala, par exemple, le département d’État affirmait :

« Lorsqu’il a été possible d’attribuer la responsabilité des [meurtres au Guatemala], il semble plus probable que, dans la majorité des cas, ce sont les insurgés […] qui sont coupables. »

Pourtant, les services de renseignement américains affirmaient le contraire.

Des rapports sur les atrocités et abus commis par l’État au Guatemala figurent dans des documents de renseignement américains datant des années 1960. Un câble de la CIA de 1992 mentionnait explicitement que « plusieurs villages ont été rasés » et que « l’armée ne devait pas faire de quartier, aux combattants comme aux non-combattants ».

Nier l’implication directe malgré les preuves

Alors que continuent de s’accumuler les preuves des atrocités, ainsi que celles permettant d’identifier les responsables, les responsables américains ont souvent recours à la négation (troisième stratagème).

Ils ne nient pas que l’aide américaine est fournie, mais soutiennent qu’elle n’a pas été directement utilisée pour commettre des atrocités.

Par exemple, lors des atrocités commises par l’Indonésie au Timor oriental, les États-Unis ont activement formé des membres du corps des officiers indonésiens. Lorsque les forces de sécurité indonésiennes ont massacré jusqu’à 100 personnes dans un cimetière de Dili en 1991, la réaction de l’administration Bush s’est limitée à déclarer qu’« aucun des officiers militaires indonésiens présents à Santa Cruz n’avait reçu de formation américaine ».

Détourner l’attention, faire diversion

Lorsque l’attention publique sur le soutien américain atteint un niveau qui ne peut plus être facilement ignoré, les responsables américains peuvent recourir à la diversion (quatrième stratagème).

Il s’agit d’ajustements politiques très médiatisés, qui impliquent rarement des changements significatifs. Ils incluent souvent une forme de leurre. En effet, l’objectif de la diversion n’est pas de changer le comportement du bénéficiaire de l’aide américaine, mais simplement une tactique politique utilisée pour apaiser les critiques.

En 1996, lorsque l’administration Clinton a cédé à la pression des militants en suspendant les ventes d’armes légères à l’Indonésie, elle a tout de même vendu à l’Indonésie pour 470 millions de dollars d’armements sophistiqués, dont neuf avions de combat F-16.

Plus récemment, en réponse aux critiques du Congrès et de l’opinion publique, l’administration Biden a suspendu la livraison de bombes de 2 000 et 500 livres à Israël en mai 2024 – mais seulement pour une courte période. Toutes ses autres importantes livraisons d’armes sont restées inchangées.

Comme l’illustre le soutien des États-Unis à Israël, le détournement inclut également des enquêtes américaines superficielles qui signalent une certaine préoccupation face aux abus, sans aucune conséquence, ainsi que le soutien à des auto-enquêtes, dont les résultats disculpatoires sont prévisibles.

Faire l’éloge des dirigeants pour justifier la violence

Lorsque les atrocités commises par les bénéficiaires de l’aide américaine sont très visibles, les responsables américains utilisent également la glorification (cinquième stratagème) pour faire l’éloge des premiers et pour les présenter comme dignes d’être aidés.

En 1982, le président Ronald Reagan a fait l’éloge du président Suharto, le dictateur responsable de la mort de plus de 700 000 personnes en Indonésie et au Timor oriental entre 1965 et 1999, pour son leadership « responsable ». Par ailleurs, des responsables de l’administration Clinton le qualifiaient de « notre genre de gars ».

De même, le dirigeant guatémaltèque Ríos Montt a été présenté par Reagan au début des années 1980 comme

« un homme d’une grande intégrité personnelle et d’un grand engagement », contraint de faire face à « un défi brutal lancé par des guérilleros armés et soutenus par des forces extérieures au Guatemala ».

Ces dirigeants sont ainsi dépeints comme exerçant la force soit pour une cause juste, soit uniquement parce qu’ils font face à une menace existentielle. Ce fut le cas pour Israël, l’administration Biden déclarant qu’Israël était

« en proie à une bataille existentielle ».

Cette glorification élève non seulement les dirigeants sur un piédestal moral, mais justifie également la violence qu’ils commettent.

Parler de diplomatie discrète

Enfin, les responsables américains affirment souvent mener une forme de diplomatie discrète (sixième stratagème), agissant en coulisses pour contrôler les bénéficiaires de l’aide des États-Unis.

Il est important de noter que, selon ces responsables, pour que cette diplomatie discrète soit efficace, le soutien américain reste nécessaire. Ainsi, le maintien de l’aide à ceux qui commettent des atrocités se trouve légitimé précisément parce que c’est cette relation qui permet aux États-Unis d’influencer leur comportement.

Au Timor oriental, le Pentagone a fait valoir que la formation renforçait le « respect des droits humains par les troupes indonésiennes ». Lorsqu’une unité militaire indonésienne formée par les États-Unis a massacré environ 1 200 personnes en 1998, le département de la Défense a déclaré que « même si des soldats formés par les Américains avaient commis certains des meurtres », les États-Unis devaient continuer la formation afin de « maintenir leur influence sur la suite des événements ».

Les responsables américains ont également laissé entendre en 2020 que les Yéménites attaqués par la Coalition dirigée par l’Arabie saoudite bénéficiaient du soutien militaire américain à cette Coalition, car ce soutien conférait aux États-Unis une influence sur l’utilisation de ces armes.

Dans le cas de Gaza, les responsables américains ont, à plusieurs reprises, invoqué la diplomatie discrète pour promouvoir la retenue, tout en cherchant à bloquer d’autres systèmes de responsabilisation.

Par exemple, les États-Unis ont utilisé leur veto à six résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur Gaza depuis octobre 2023 et ont imposé des sanctions à cinq juges et procureurs de la Cour pénale internationale en raison de mandats d’arrêt émis contre Nétanyahou et l’ancien ministre israélien de la Défense Yoav Gallant.

Minimiser la responsabilité

Les responsables américains utilisent depuis longtemps diverses stratégies rhétoriques pour prendre leurs distances par rapport aux atrocités commises par d’autres avec le soutien des États-Unis et pour minimiser leur contribution à ces actes.

Dans ce contexte, la reconnaissance par Trump d’une « vraie famine » à Gaza peut être considérée comme une diversion visant à détourner l’attention du soutien inchangé des États-Unis à Israël, alors que les conditions de famine à Gaza s’aggravent et que des Palestiniens sont tués en attendant de recevoir de la nourriture.

De l’ignorance feinte à la minimisation de la violence en passant par la louange de ses auteurs, les gouvernements et présidents américains ont, depuis longtemps, recours à une rhétorique trompeuse pour légitimer la violence des dirigeants et des pays qu’ils soutiennent.

Mais deux éléments sont nécessaires pour que ce discours continue de fonctionner : l’un est le langage employé par le gouvernement américain, l’autre est la crédulité et l’apathie du public.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

– ref. Israël, Yémen, Guatemala, Timor oriental… Six stratégies utilisées par les États-Unis pour se distancier des atrocités commises par ceux qu’ils soutiennent – https://theconversation.com/israel-yemen-guatemala-timor-oriental-six-strategies-utilisees-par-les-etats-unis-pour-se-distancier-des-atrocites-commises-par-ceux-quils-soutiennent-262970

August 12, 2025

Running is a substance-free pleasure that supports addiction recovery

Source: The Conversation – Canada – By Stephanie Bogue Kerr, Adjunct professor, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Addiction is a widespread health issue that will affect about one in five Canadians over their lifetimes. For example, addiction to opioids has led to opioid and overdose crises in many cities, which has brought the social question of addiction to the forefront.

Treating addiction can be challenging, because different approaches work for different people. Some provinces are considering forced treatments, doubling down on approaches that have shown limited success.

As social work researchers in addiction and sport, we believe it is time to consider alternative approaches.

On the surface, overcoming addiction may appear as simple as choosing not to sip, smoke or snort a substance. However, it is more complex than that. Addiction is a relationship with a substance. Seen this way, recovery can be understood as a process of learning to move forward from the relationship, which requires living differently without it.

Research suggests exercise might help with recovery from addiction. It is a substance-free pleasure that might boost mood, and help alleviate cravings and mental health symptoms, which could protect against relapse. Even though there are running groups for people in recovery, particularly in the United States, most research has been done on treadmills in clinics during addiction treatment. This leaves many questions about how people use running in their recovery processes over time, who benefits, and why.

We adopted a research approach that we hoped would provide context. We wanted to understand how running helped people make the transition from using drugs or alcohol to a life without them. For example:

How did running experiences build up over time to the point where these came to replace drugs or alcohol?
How did sensations experienced by the person (heartbeat, breathing) and the environment (city noises, nature sounds) shape the relationship to running and to the body?
What was the importance of community, gear, goals, and races?

We ran with 11 people who had lived with addiction and had used running in their recovery, talking to them about their experiences. Participants were adults in their mid-30s to mid-50s, who self-identified as having been addicted to a substance and had been engaged in a recovery process for three or more years. Most identified alcohol as their main substance.

We conducted two running interviews with each person, in and around Metropolitan Vancouver, in places where they regularly ran.

Non-linear process

The results show that lives organized around drugs or alcohol were slowly organized by running.

At first, most participants were motivated by weight-loss goals, not recovery. They continued taking substances while they trained for races, sometimes having a quick drink before setting out on a long run.

As goals were met, runs became longer and faster. New challenges motivated structured training, better nutrition and sleep, and substance use slowly faded as life became increasingly organized around running.

Many policies and programs aim for abstinence, and it is not unusual for people to be kicked out of treatment because they relapsed, which is a known symptom of addiction. In running, participants found a way to ease into change, finding hope in glimpses of the life it offered. Their processes suggest abstinence was not necessary for running to have psychosocial benefits.

Community

Addiction often strains relationships with friends and family, so it can be a lonely experience. This is compounded by the stigma of addiction, which can make it difficult to access treatment. Alone with your thoughts, it is hard to imagine another life is possible. This is another complication of addiction. Soothing loneliness is an important part of recovery, but being with others can be very vulnerable when someone feels fragile.

In this study, the malleability of running was important. Since it can be practised alone or in groups, participants could pace their involvement with the run community. Through light conversations about running shoes, participants experimented and practised at building new friendships.

These discussions and relationships deepened over time through longer and longer runs. Most participants had become active members of the run community, participating not only in group training, but also taking on roles in race operations, volunteering and coaching.

Run groups are widely available and open to anyone with a will to run. Perhaps most importantly, they do not carry the stigma of addiction, but rather the social values associated with discipline and hard work.

Childhood sport

Interestingly, all participants had childhood experiences of sport that had been interrupted during adolescence or young adulthood.

Being in a state of addiction meant the participants’ physical sensations of their own bodies were preoccupied with the presence or absence of the substance. At times though, participants recalled the joy of movement that they had previously known and were motivated to find it again. This suggests that running may be a particularly effective intervention for those with childhood experiences of sport.

For participants of our study, recovery started from the body. The organizational structure that running provided, complete with tangible goals and a community to support their achievements, made it possible for participants to envision a new life before they chose to change their use of substances.

Running instilled within them hope for a better life, which they embraced with a resounding enthusiasm that echoed the cheers at the finish line.

Stephanie Bogue Kerr receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

Nicolas Moreau does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. Running is a substance-free pleasure that supports addiction recovery – https://theconversation.com/running-is-a-substance-free-pleasure-that-supports-addiction-recovery-261918

August 12, 2025

Canada and the U.K.’s conditional recognition of Palestine reveal the uneven rules of statehood

Source: The Conversation – Canada – By Catherine Frost, Professor of Political Science, McMaster University

Canada and the United Kingdom have said they will recognize Palestinian statehood during the United Nations General Assembly in September, provided certain conditions are met.

Canada’s position is premised on seeing political and military reform from the Palestinian Authority, the governing body responsible for the autonomous Palestinian territories.

The U.K., responding to a severe food crisis in Gaza, said it would extend recognition unless the Israeli government agrees to a ceasefire, takes steps to “end the appalling situation in Gaza” and commits to a “long-term, sustainable peace.”

These cautious, conditional endorsements reflect the workings of a dated international system that governs the birth of states. France, by contrast, has opted to recognize Palestine without conditions. What explains these different approaches?

Officially, state recognition is governed by international law. In practice, it is subject to a complex mix of national, global and moral considerations.

This process grants existing states significant discretion in recognizing new ones, with the expectation that such decisions serve international peace. But this can result in an uneven statehood process for aspiring nations.

How states are born

The 1933 Montevideo Convention outlines the core criteria for statehood recognition: a permanent population, control over a defined territory, a functioning government and the capacity to open relations with other states.

When recognition is given on this basis, it is essentially acknowledging that these qualities are already in place. Yet these requirements are not iron clad, and some experts have argued that recognition can also be extended on humanitarian or moral grounds, such as in response to human rights violations.

In such cases, recognition becomes more of a statement that a state should have the opportunity to exist, rather than a confirmation that it already does. The classic case would be a group facing colonial domination. The American colonies appealed to this principle in the 1776 Declaration of Independence, for example.

Because individual states decide when such exceptions apply, these measures provide uncertain relief for aspiring nations.

As a final step, new states can apply for membership in the UN. This application is first considered by the UN Security Council. If nine states agree, and none of the council’s permanent members object, the application continues to the UN General Assembly for approval.

But a single veto from any of the five permanent members — China, France, Russia, the U.K. and the United States — can paralyze statehood at the start. In 2024, for example, the U.S. vetoed Palestine’s request for full UN membership.

Statehood in waiting

To date, 147 of 193 states in the United Nations recognize Palestinian statehood. Palestine has also had special observer status at the UN since 2012, and before that it had limited standing before international courts typically reserved for states.

But Palestine is not the only instance where the international system has struggled to address atypical or contested statehood.

After a wave of recognitions in post-colonial Africa and post-Second World War Europe, the recognition of new states slowed to a crawl toward the end of the 20th century. This trend suggests there is a conservative quality to the recognition system.

Wary of rewarding violent separatism, international bodies have traditionally favoured negotiated solutions for state birth, including upholding a parent-state veto over any independence efforts.

This principle was most clearly articulated by the Canadian Supreme Court in a 1998 advisory opinion. It warned that an independent Québec, without first agreeing on terms of exit with the rest of Canada, was unlikely to gain international recognition.

There is wisdom to this approach, but such rules cannot prevent political breakdown in every case. A growing number of unrecognized states have left millions stranded in political limbo.

This includes Somaliland, which split from Somalia in 1991 and has been operating as a de facto state ever since without receiving formal recognition from any other country.

Palestine is not an instance of state breakup, but rather an unresolved case of colonization and occupation. Decades of negotiations with Israel, the occupying power, have failed. Yet formal statehood has still proven elusive. A cumbersome recognition system may be helping to keep the problem alive.

Cracks in the system

Even when recognition occurs, the results can be disappointing.

South Sudan, the UN’s newest member, was universally recognized in 2011 under close UN supervision and with the consent of its parent state, Sudan. Yet it quickly descended into civil war — a conflict it has yet to fully emerged from.

Kosovo was recognized by states like the U.S. and Canada when it declared independence in 2008 following the breakup of Yugoslavia, but it still has fewer recognitions than Palestine.

A handful of states like Togo and Sierra Leone even began de-recognizing it under pressure from Kosovo’s one-time parent state, Serbia, although there is a broadly accepted principle that once a state is recognized, barring any complete disaster, it should remain recognized.

Meanwhile, rising sea levels threaten to leave some island states like Tuvalu without the territorial requirements for normal statehood. The International Court of Justice has signalled the statehood of such nations should survive, but has not said how.

These examples suggest the current state recognition system is ill equipped to face today’s changing world.

Allowing established states to set the rules for who qualifies is unlikely to solve these current problems. While setting special terms for new entrants may have value in the short term, the longer term need is for a more fair and transparent system.

Experts are working on ways to make the system more inclusive for aspiring states and unrepresented peoples, including by opening up access to diplomatic venues. If successful, these measures could change the way future states are born.

Catherine Frost receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

– ref. Canada and the U.K.’s conditional recognition of Palestine reveal the uneven rules of statehood – https://theconversation.com/canada-and-the-u-k-s-conditional-recognition-of-palestine-reveal-the-uneven-rules-of-statehood-262418

August 12, 2025

Procès Meta : le démantèlement des entreprises pourrait-il devenir une « nouvelle » sanction dissuasive ?

Source: The Conversation – France (in French) – By Djamdji Chloé, Doctorante en droit privé spécialisée en droit de la concurrence et droit du numérique, Université Côte d’Azur

Le numérique était censé tout « disrupter ». Mais il pourrait remettre en selle une pratique qu’on croyait disparue : le démantèlement de groupes pour rétablir une concurrence réelle et non faussée. Il faut suivre de près ce que décidera la Federal Trade Commission états-unienne dans l’affaire qui concerne le groupe Meta.

Le 15 avril 2025 s’est ouvert aux États-Unis, le procès Meta (FTC v. Meta Platforms, Inc.). Cette affaire fait suite à l’action en justice intentée par la Federal Trade Commission (FTC) à l’encontre de Meta. L’autorité reproche à l’entreprise d’avoir procédé aux acquisitions d’Instagram (2012) et de WhatsApp (2014), pour renforcer sa position dominante sur les réseaux sociaux, notamment en imposant des conditions inégales à l’égard des développeurs de logiciel. Ces comportements auraient, selon la FTC, pour conséquence, une expérience fortement dégradée pour les utilisateurs avec plus de publicités subies et une confidentialité réduite.

Depuis quelques années, la pratique des acquisitions prédatrices ou killers acquisitions– visant à éliminer une menace concurrentielle avant qu’elle n’émerge – est devenue une pratique courante, notamment pour les entreprises spécialisées dans le numérique comme en témoignerait ici le rachat par Meta d’Instagram et de WhatsApp au cœur de ce procès.

La pile de technologie publicitaire

Selon la FTC, l’objectif de ces rachats semble être dès le départ de chercher à éliminer toute concurrence sur le marché des réseaux sociaux. Cette pratique s’apparente à la stratégie dite de « pile de technologie publicitaire ». Cette dernière vise à renforcer la position dominante d’une entreprise sur plusieurs produits technologiques de publicité numérique par une série d’acquisitions prédatrices. Pour ces raisons, l’autorité a demandé une injonction visant à prévenir la réitération de ces types de pratiques ainsi que la cession d’Instagram et de WhatsApp.

En matière de contrôle des concentrations, les entreprises parties aux dites opérations acceptent souvent de procéder à une telle cession – totale ou partielle – d’actifs. Cette dernière opération consiste le plus souvent à vendre à des tiers des points de vente, des établissements, une division, une gamme de produits voire l’intégralité d’une filiale.

Dans le cadre des procédures de contrôle des concentrations par les autorités de la concurrence (FTC ou encore Commission européenne), la cession d’actifs permet à l’entreprise menant l’opération de concentration via une acquisition ou une fusion de proposer et ou de négocier des ventes d’actifs avec les autorités afin que son opération soit validée. La cession est donc dans ce cadre un instrument de nature structurel utilisé ici dans le cadre d’un contrôle a priori des opérations de concentrations garant de l’ordre public économique.

De la cession d’actifs à la scission de l’entreprise

Ce type de cession d’actifs doit néanmoins être distingué du démantèlement qui est susceptible aussi d’être utilisé par lesdites autorités. Le démantèlement correspond en la scission d’une entreprise en de multiples sociétés indépendantes mais il s’agit ici d’une sanction a posteriori.

Les cas historiques les plus emblématiques étant le démantèlement de la Standard Oil (en 1911) en 34 sociétés et d’ATT (1982) qui donna naissance à sept opérateurs téléphoniques régionaux aux USA, les célèbres « babys bells ». Ces deux affaires peuvent être considérées comme des cas d’école qui viennent interroger la pertinence du démantèlement en tant que solution adaptée à la protection de la concurrence.

Peut-on considérer le démantèlement comme une solution efficace ? La réponse semble a priori négative dans la mesure où le démantèlement dans ces affaires emblématiques s’est finalement avéré avec le temps peu opérant face aux stratégies de restructuration des entreprises. Ainsi, par exemple, le démantèlement de la Standard Oil s’est traduit au fil du temps par une recombinaison partielle des 34 sociétés se traduisant in fine par une des plus grandes fusions de l’histoire entre supermajors sur le marché pétrolier en 1999 entre EXXON (ex Standard Oil of California) et Mobil (ex Standard Oil of NY).

Une sanction à l’efficacité provisoire

Le démantèlement a certes permis de relancer temporairement la concurrence dans ce secteur, mais l’efficacité de la sanction disparaît plus ou moins rapidement au regard des stratégies de fusions-acquisitions que mettent en place les entreprises. Le démantèlement ne fut d’ailleurs guère utilisé en dehors de ces deux cas d’école. Il n’a jamais été utilisé en droit européen ni en droit français de la concurrence pour sanctionner des positions dominantes absolues ou quasi absolues comme celle de la Standard Oil en son temps. Les débats sur son éventuelle utilisation avaient quasiment disparu jusqu’à l’avènement de l’économie numérique.

L’économie numérique marquée par la vitesse des évolutions techniques et technologiques a pu laisser croire dans un premier temps que les monopoles ou les quasi-monopoles n’étaient qu’une histoire relevant de la vieille économie. Néanmoins, l’apparition et le développement des géants du numérique (GAFAM) combiné à une puissance financière et technologique sans égale et des stratégies d’acquisitions prédatrices des concurrents a permis à ces grands groupes de capter et de contrôler le développement des innovations disruptives. Les concurrents innovants au stade de start-up sont acquis avant même de pouvoir remettre en cause les positions dominantes des GAFAM.

Un renouveau pour le démantèlement

L’intérêt théorique et pratique pour le démantèlement connaît un renouveau en droit et en économie de la concurrence, la cession pouvant être considérée comme une menace crédible : en quelque sorte l’arme nucléaire du droit antitrust destinée à n’être utilisée qu’en dernier recours. Cette nouvelle forme de stratégie de la terreur suppose que la menace devrait suffire en principe à obtenir des entreprises concernées des engagements comportementaux et structurels devant remédier aux préoccupations de concurrence identifiées par les autorités de concurrence.

Arte 2025.

Le procès Meta incarne probablement cette volonté de gagner en crédibilité au même titre que l’article 18 du Digital Market Act (DMA) européen de 2022 prévoyant cette possibilité. Aux États-Unis, en l’absence de texte équivalent au DMA, le procès devant le tribunal de Washington constitue pour la FTC en invoquant le droit antitrust classique, le monopolisation ou l’abus de position dominante, de demander la vente partielle d’Instagram et de WhatsApp.

L’objectif est de rendre à ces filiales leur autonomie afin qu’elles puissent à nouveau concurrencer Meta sur le marché des réseaux sociaux. Ainsi, si finalement le tribunal suit le raisonnement de la FTC et que la cession se traduit par un démantèlement de Meta, cette mesure structurelle devient alors une menace crédible pour l’ensemble des GAFAM. Leur situation de position dominante serait alors menacée et les autorités et les tribunaux de la concurrence rétabliront la concurrence là où elle était absente ou quasi absente. Reste à savoir si l’histoire se répétera comme pour le pétrole ou les télécoms et si, à terme, les groupes finiront par se reconstituer…

– ref. Procès Meta : le démantèlement des entreprises pourrait-il devenir une « nouvelle » sanction dissuasive ? – https://theconversation.com/proces-meta-le-demantelement-des-entreprises-pourrait-il-devenir-une-nouvelle-sanction-dissuasive-260431

August 12, 2025

Así se adaptan al cambio climático los peces de agua fría como el salmón y la trucha

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Daniel Ayllón Fernández, Profesor e investigador del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución, Universidad Complutense de Madrid

Trucha común (_Salmo trutta_). Jeff Feverston/Shutterstock

La lamprehuela y la colmilleja son dos pequeños peces endémicos de la península ibérica actualmente muy amenazados que antes convivían en algunos ríos de montaña cercanos a Madrid. “Antes” es la palabra clave, pues en nuestras últimas investigaciones no encontramos en ellos ni rastro de la lamprehuela. No es un caso aislado: los peces de agua dulce están entre los grupos animales más amenazados del planeta.

Las especies de aguas frías, en riesgo

Las causas del declive de los peces de agua dulce son muy variadas y principalmente tienen un origen humano. Se estima que alrededor del 20 % de las especies amenazadas están afectadas por el cambio climático. Por ejemplo, los salmónidos, entre los que se encuentran la trucha común y el salmón atlántico, dependen de aguas frías, limpias y oxigenadas, por lo que el cambio climático los pone en una situación crítica.

De hecho, hemos detectado un declive en las poblaciones de trucha y salmón de la península ibérica en las últimas décadas, a medida que los ríos han aumentado su temperatura y disminuido su caudal.

Pero ¿qué quiere decir exactamente que los salmónidos son peces de aguas frías? Básicamente, que su fisiología está adaptada para funcionar eficientemente en un rango estrecho de temperaturas bajas.

La energía que cuesta mantener procesos vitales como la respiración celular, la digestión o la actividad muscular aumenta de forma exponencial con la temperatura del agua. Cuando esta supera los valores óptimos –mucho más bajos que el de las especies de aguas cálidas–, su metabolismo se acelera de forma desproporcionada. Necesitan consumir cada vez más oxígeno, pero la disponibilidad de este en el agua se reduce al subir la temperatura. Esto hace que su alimentación sea menos eficiente, lo que disminuye su crecimiento y, finalmente, su capacidad para reproducirse.

Un pez de color plateado con pequeñas manchas negras en primer plano en aguas azules y otros peces de fondo — Ejemplar de salmón atlántico.
Hans-Petter Fjeld/Wikimedia Commons, CC BY-SA

Mecanismos de resistencia al cambio climático

Pese a todo, las extinciones locales de trucha y salmón aún son raras, porque los salmónidos son animales particularmente adaptables y resistentes. Como respuesta a las nuevas condiciones ambientales, están experimentando cambios fisiológicos que afectan a muchas de las características que determinan su capacidad para dejar descendencia y transmitir sus genes: tolerancia térmica, tasas metabólicas, tamaño y edad de madurez sexual, o al momento de la migración o la reproducción.

Otro mecanismo de respuesta al cambio ambiental es la plasticidad en el comportamiento. A diferencia de los cambios fisiológicos, es rápida y reversible.

Una respuesta bastante interesante en este sentido consiste en desplazarse a lo largo de la red fluvial buscando tramos con temperaturas menos estresantes y más adecuadas para el crecimiento. Así, los salmónidos pueden maximizar su producción anual aprovechando de forma estacional la heterogeneidad térmica que hay en los ríos. ¿Cómo? Residiendo en los tramos de aguas frías de cabecera (refugios térmicos) en verano y en los tramos bajos de mayor temperatura y productividad el resto del año. Aunque esto solo funciona si los ríos no están llenos de presas que impidan estos movimientos.

Leer más:
Eliminar embalses y presas abandonadas, un respiro para los ríos

Por otro lado, los salmónidos pueden variar flexiblemente sus patrones diarios de actividad y selección de hábitat –decidiendo cuándo y dónde alimentarse– para ajustarse a cambios rápidos en las condiciones ambientales.

Lo que no se había estudiado antes es si esta flexibilidad en el comportamiento podría aumentar la capacidad de supervivencia a largo plazo de las poblaciones más afectadas por el cambio climático. Y esto es precisamente lo que tratamos de resolver en un estudio reciente mediante experimentos virtuales con un modelo de simulación.

Cambios en la alimentación para resistir el cambio climático

¿Qué aprendimos con nuestras simulaciones? En primer lugar, confirmaron lo que los ecólogos del comportamiento saben por sus experimentos: durante los veranos con altas temperaturas, las truchas solo pueden satisfacer sus necesidades metabólicas alimentándose en varios momentos del día. Y deben hacerlo de forma que peces de distinto tamaño puedan alimentarse en el mismo lugar a diferentes horas.

Los peces deben asumir un equilibrio entre la necesidad de alimentarse y el riesgo de depredación que ello implica. Alimentarse durante el día es más eficiente para ganar energía, pero también más arriesgado. Hacerlo de noche es más seguro, pero menos rentable. Y alimentarse al amanecer o al atardecer ofrece un crecimiento casi tan bueno como el del día y con un riesgo algo menor, pero son periodos de corta duración.

La temperatura condiciona considerablemente este equilibrio, ya que afecta a la cantidad de alimento que necesita el pez. Por ello, analizamos cómo las truchas simuladas modificaban su comportamiento de alimentación en un río con temperaturas cada vez más elevadas y caudales cada vez más bajos.

Tal como esperábamos, las truchas mostraron una gran plasticidad: respondieron aumentando su actividad general de búsqueda de alimento, especialmente la diurna. Sin embargo, los patrones de actividad diaria variaron en función de la edad, pues los requerimientos energéticos aumentan exponencialmente con el tamaño.

En nuestro segundo experimento de simulación comprobamos que las poblaciones virtuales de truchas capaces de ajustar flexiblemente su patrón circadiano de alimentación fueron más resistentes al cambio climático que las poblaciones que se alimentaban de forma fija solo durante el día.

La plasticidad del comportamiento puede ser clave para hacer frente a los cambios ambientales en estos peces, aunque también en otros grupos de animales. No deberíamos subestimar su importancia a la hora de predecir la supervivencia de las poblaciones de especies tan emblemáticas como la trucha o el salmón en nuestros ríos, sometidos a temperaturas crecientes y caudales menguantes.

La versión original de este artículo fue publicada en la web de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid.

Este artículo ha sido realizado en el marco del proyecto DEMGENTROUT, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (proyecto PID2023-148644OB-I00), dentro de la Convocatoria 2023 de ayudas a Proyectos de Generación de Conocimiento.

– ref. Así se adaptan al cambio climático los peces de agua fría como el salmón y la trucha – https://theconversation.com/asi-se-adaptan-al-cambio-climatico-los-peces-de-agua-fria-como-el-salmon-y-la-trucha-261588

August 12, 2025

Maquillaje y sonidos relajantes para narrar el ‘true crime’: ¿dónde están los límites del morbo?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Dolores Fernández Pérez, Psicología, Universidad de Castilla-La Mancha

El true crime (historias sobre crímenes reales) se ha convertido en uno de los géneros más populares de los últimos años. Series, documentales, libros, pódcasts y canales de YouTube nos invitan a seguir asesinatos, desapariciones y juicios como si fueran ficción. Pero no lo son.

Detrás de cada historia hay víctimas reales, familias que todavía sufren y un dolor que no debería tratarse como simple entretenimiento.

Este tipo de contenidos se ha vuelto uno de los favoritos de las plataformas digitales. Pero lo preocupante no es solo su éxito, sino que cada vez nos parezca más normal sentir curiosidad por el crimen.

A veces, los relatos incluyen la colaboración del propio agresor o se cuentan sin consultar con las familias de las víctimas. El sufrimiento se convierte en un producto más, y el asesinato, en una historia que se consume como cualquier otra del catálogo semanal.

Además, se suele repetir el mismo tipo de personajes: mujeres blancas, jóvenes y atractivas como víctimas, junto a agresores fríos, calculadores y carismáticos. Las vidas que no encajan en ese molde no aparecen, porque no todos los dolores “venden” igual. Y mientras tanto, se ignora el derecho al silencio, al duelo privado o al olvido.

Usado por quienes buscan seguridad

El consumo de true crime es más complejo de lo que parece. No se trata solo de morbo. Hay quienes buscan sentirse más seguras, aprender a detectar señales de peligro o prepararse ante posibles amenazas.

Para muchas personas, estos contenidos también funcionan como vía de escape. Buscan emociones intensas desde la tranquilidad de su casa, sin correr riesgos. Hay quienes los ven para calmar el insomnio, combatir el aburrimiento o lidiar con la ansiedad. Otros se sienten reflejados en las víctimas y encuentran en estas historias una forma de entender y dar sentido a lo que han vivido.

Pero ver estos contenidos una y otra vez también puede tener efectos negativos: puede hacernos insensibles, hacer que la violencia nos parezca algo normal y reforzar ideas equivocadas sobre el crimen.

Además, algunas de estas historias presentan a los agresores de forma atractiva o incluso romántica. En redes sociales se crean vínculos emocionales con ellos. Incluso hay grupos de fans que admiran a asesinos en serie como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer. Todo esto muestra una forma peligrosa de hacer que el mal parezca interesante o bonito.

El ASMR del crimen

Uno de los casos más extremos de esta tendencia es el ASMR true crime. El ASMR, que en inglés significa “Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma”, es una sensación agradable que muchas personas sienten al oír susurros, ruidos suaves o movimientos repetitivos. Es una forma de relajarse que se ha hecho muy popular en internet.

Algunos canales han empezado a contar asesinatos reales con este estilo: voz baja, tono suave y ambiente relajante. Canales como el de Bailey Sarian han hecho popular este formato, donde maquillaje y crimen se mezclan en la misma pantalla. Así, el sufrimiento se convierte en algo que acompaña mientras uno se relaja.

Esta forma de contar el crimen, que mezcla cuidado personal y relajación, plantea un problema ético importante: ¿qué pasa cuando usamos el sufrimiento de otras personas como fondo para relajarnos? ¿Estamos perdiendo sensibilidad ante el dolor real? ¿Qué tipo de empatía estamos construyendo si un asesinato puede convertirse en algo que escuchamos para dormir?

Como experta en criminología, me preocupa que muchas de estas historias refuercen ideas equivocadas. Se presenta al criminal como alguien inteligente o fascinante, se insinúa que la víctima hizo algo mal. Al mismo tiempo se ocultan las causas profundas de la violencia: la desigualdad, el racismo o el abuso de poder.

Como sociedad, deberíamos hacernos algunas preguntas: ¿nos emociona la historia o solo el misterio? ¿Nos importa la víctima o solo queremos el giro final? ¿Vemos estos contenidos para entender lo que pasa en el mundo o solo para distraernos?

No se trata de decir que el true crime es malo en sí mismo. Algunas producciones han servido para reabrir casos, cuestionar decisiones injustas o dar voz a personas que no habían sido escuchadas. Pero la línea entre el periodismo serio y el espectáculo es cada vez más difícil de ver.

Los límites éticos del género

Por eso es urgente hablar de los límites éticos del género. Necesitamos reglas básicas: pedir permiso a las familias, tratar con respeto a quienes ya no están, contar los hechos con cuidado y contexto. Y en España también necesitamos un marco ético claro que regule cómo se crean y difunden estos contenidos.

No podemos dejar estas decisiones en manos del algoritmo o de la audiencia. Hay que proteger la privacidad, el derecho a decidir y el respeto por el dolor ajeno.

El problema no es solo de quienes producen estos contenidos. También lo es de quienes los vemos. Yo misma los he consumido, a veces por motivos profesionales, otras por curiosidad. Pero si dejamos de sentir algo, si el dolor de otras personas ya no nos toca, entonces estamos perdiendo algo importante.

Esto no va de censurar. Va de pedir historias más justas, más humanas. De aprender a distinguir entre memoria y morbo, entre justicia y entretenimiento.

Porque el true crime no solo habla de crímenes. Habla de nosotros y de lo que elegimos ver.

Dolores Fernández Pérez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Maquillaje y sonidos relajantes para narrar el ‘true crime’: ¿dónde están los límites del morbo? – https://theconversation.com/maquillaje-y-sonidos-relajantes-para-narrar-el-true-crime-donde-estan-los-limites-del-morbo-259762

August 12, 2025

Por qué el mundo (y la democracia) necesitan alternativas al dominio de los gigantes tecnológicos

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ulf Thoene, Profesor Asociado de Ética Empresarial y Organizacional, Universidad de La Sabana

En una era en la que la inteligencia artificial (IA) moldea todo, desde recortes masivos en presupuestos gubernamentales hasta políticas de migración y aprobaciones de hipotecas, la pregunta de quién controla nuestra infraestructura digital nunca ha sido más urgente.

A medida que los multimillonarios tecnológicos incrustan su influencia en la política global, los gobiernos de todo el mundo están despertando a los riesgos de la dependencia. Así, los expertos debaten cada vez más vías hacia la soberanía digital: la capacidad de estados y sociedades para gobernar la tecnología alineada con valores democráticos, en lugar de intereses corporativos o extranjeros.

Las grandes potencias apuestan fuerte

La soberanía digital ha evolucionado de ser una noción vaga entre analistas, políticos y activistas a un eslogan político global en la última década. Su ascenso se aceleró en años recientes, caracterizado por eventos que han marcado un punto de inflexión.

Por un lado, la agenda proteccionista de Trump y Biden prohibió tecnología china en mercados estadounidenses, por otro, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea (UE) extiende reglas extraterritorialmente y la Ley de Ciberseguridad de China exige localización de datos. Mientras, el último Plan de Acción de IA de EE. UU. pretende “ganar la carrera de la inteligencia artificial”.

Estas acciones de las grandes potencias mundiales han desatado debates sobre autonomía en comunicación digital, derechos, seguridad y transformación de la sociedad.

Soberanía de infraestructuras críticas

La soberanía digital no implica aislacionismo o proteccionismo. Se trata de reclamar agencia en un mundo donde infraestructuras críticas, desde computación en la nube hasta modelos de IA, están dominadas por un puñado de titanes tecnológicos chinos –Alibaba, Baidu, Huawei y Tencent– y estadounidenses –Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta, Microsoft, OpenAI y Palantir–.

Europa importa la gran mayoría de sus servicios digitales, con provisión de nube predominantemente controlada por gigantes estadounidenses. En sus servidores remotos se ejecuta el software que impulsa servicios públicos como hospitales y redes energéticas. Esto deja a Europa vulnerable a órdenes ejecutivas de Washington o Pekín, que podrían cortar el acceso a tecnología esencial.

La nube, una caja negra

Las apuestas geopolíticas son altas. Los gigantes digitales orquestan un ecosistema depredador en regiones como América Latina, por ejemplo. Estas compañías no solo concentran datos y ganancias: controlan vastas redes y extraen conocimiento de investigaciones globales mientras establecen agendas de IA.

La nube es una caja negra donde confluyen producción, intercambio y consumo, atrapando a startups, a corporaciones e, incluso, a gobiernos, en una situación de dependencia interminable.

Este extractivismo se extiende al planeta mismo. Los centros de datos de IA, como las nuevas fábricas de nuestra economía, devoran inmensos recursos, como electricidad y agua. Esta reconexión a escala planetaria está en manos de actores, a menudo, más allá del control estatal, lo que exacerba crisis ecológicas y tensiones geopolíticas. Desde sabotajes a cables submarinos hasta satélites influyendo en zonas de guerra, las herramientas digitales son armas de doble filo.

Hacia una alternativa

El concepto de soberanía digital abarca términos variados, como soberanía de internet, autosuficiencia tecnológica, autonomía estratégica o soberanía de datos, invocados por actores diversos más allá de las grandes potencias. Esto incluye a economías emergentes, organizaciones privadas y grupos indígenas.

Aunque criticado como proteccionismo o nacionalismo disfrazado, en realidad, busca una esfera digital ordenada y regulada que aborda derechos individuales, seguridad colectiva, aplicabilidad y competencia. Enfatiza la soberanía democrática y permite a ciudadanos moldear la transformación digital de manera autodeterminada. También es cierto que, como ocurre con cualquier otra invocación de la noción de soberanía, hay regímenes autoritarios que disfrazan políticas de manipulación y de acceso restringido a la información digital como un legítimo ejercicio de soberanía digital.

Invertir en tecnología, pero con cabeza

Las ganancias de los gigantes digitales, con frecuencia, no provienen de innovación genuina, sino de extracción de valor habilitada por inversiones públicas en tecnología básica, como internet.

Hay llamados a políticas pre-distributivas, basadas en diseñar tecnología con equidad desde el inicio, en lugar de regular disfunciones después. Proponen una arquitectura digital pública, democrática, internacional, centrada en las personas y respetuosa con el medioambiente. También debería incluir modelos de IA de código abierto e impulsar su uso en sectores como el de la salud pública.

Lucha por la democracia

Estas tensiones subrayan un desafío central, en un momento en que la tecnología digital fusiona servicios públicos con monopolios industriales. El surgimiento de las tecnologías digitales está transformando fundamentalmente el poder en la geopolítica, al permitir que ciertos países extiendan su influencia mucho más allá de los instrumentos convencionales. Reconducir la situación implica ver la soberanía como un proceso de fortalecimiento de la autodeterminación y la colaboración entre distintos países.

Pero no se trata solo de la lucha de Europa. Perspectivas de comunidades en el Sur Global, aunque no constituyen un grupo homogéneo ni una sola voz unificada en los asuntos mundiales, revelan enfoques multifacéticos, desde ecosistemas autosuficientes hasta revitalización cultural vía herramientas digitales, desafiando visiones centradas en Occidente.

La soberanía digital exige acción: invertir en infraestructuras públicas y lograr interoperabilidad –capacidad de compartir información entre distintos sistemas informáticos–. Los creadores de valor no deben ser solo corporaciones privadas. Priorizando personas y planeta sobre rentas, podemos forjar un futuro digital más participativo e inclusivo. Si fracasamos, no solo nos acecha el vasallaje económico, sino la erosión de la democracia misma.

Ulf Thoene no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Por qué el mundo (y la democracia) necesitan alternativas al dominio de los gigantes tecnológicos – https://theconversation.com/por-que-el-mundo-y-la-democracia-necesitan-alternativas-al-dominio-de-los-gigantes-tecnologicos-261598