Voces ucranianas (II): cuando la solidaridad de Polonia comenzó a agrietarse

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Léna Georgeault, Directora del Grado en Relaciones Internacionales, Universidad Villanueva

Con la mirada perdida, Artem parece ajeno a la amplia sala que nos rodea, donde coloridas guirnaldas de papel adornan un escenario que acoge, desde hace más de una década, eventos que tejen puentes entre ucranianos y polacos. “Las actividades de integración ya no son suficientes para ayudar a los ucranianos hoy”, sentencia el presidente de Fundación Ucrania. “Hace falta un cambio mayor. La situación en Polonia está yendo en una mala dirección”.

Pero no siempre fue así. Al principio, la solidaridad era espontánea, “casi un reflejo”, recuerda Jacek*, funcionario de la administración polaca. Oleg, miembro de la asociación Nomada, evoca aquellos días en los que personas sin ninguna vinculación previa con el activismo o la ayuda humanitaria se volcaron con los recién llegados. Su compañera polaca, Kinga, lo confirma: “Al principio, todo el mundo fue muy amable con los ucranianos”. Y añade: “Los polacos les invitaban a sus casas. Era un auténtico movimiento: te sentías inspirado por los demás, con la sensación de estar viviendo un momento histórico”.

La acogida de refugiados fue “más una evolución que una revolución”, en palabras de Jacek. “Solíamos vivir en el mismo país”, explica. Desde hace más de cinco siglos, las trayectorias de Ucrania y Polonia se entrelazan, marcadas por anexiones, particiones y fronteras móviles que unieron y separaron a ambos pueblos, hasta que el siglo XX los situó del mismo lado del Telón de Acero: Ucrania como parte de la URSS, y Polonia en su órbita.

En particular, la región de Breslavia ya tenía una presencia ucraniana significativa, desplazada forzosamente en 1947 por el régimen comunista para desarticular la insurgencia nacionalista.

De ese trasfondo compartido se derivan afinidades culturales. Ivan*, refugiado ucraniano, recuerda que, en su juventud, leía los mismos libros que los polacos –los únicos autorizados por el Partido Comunista– y escuchaba las mismas canciones: “Sintonizaba la radio polaca porque no estaba interferida; allí descubrí a ABBA y a Boney M”. “Polonia me parecía hermosa, idílica”, rememora con una sonrisa.

La incomodidad polaca

Con el tiempo, la solidaridad inicial dio paso al desgaste. “Muchos polacos que abrieron sus casas no estaban preparados para enfrentarse al trauma ajeno”, señala Kinga. “Esperaban más gratitud”. Los efectos tangibles de la hospitalidad se notan también en el acceso a servicios y recursos.

“La realidad cotidiana ha cambiado en Polonia”, admite Artem: más colas en los ambulatorios, menos plazas en las guarderías. “Los polacos sienten incomodidad; no les gusta ver que algunos ucranianos viven mejor que ellos. Por ejemplo, puedes trabajar aquí, sí, pero no toleran que tengas un puesto de responsable”.

La erosión del apoyo se cristalizó en junio con la victoria de Karol Nawrocki, candidato conservador y nacionalista, en las elecciones presidenciales. En su discurso, la acogida de los ucranianos dejó de presentarse como un gesto humanitario para enmarcarse como respuesta a la crisis demográfica.

“No les interesa la integración, les interesa la asimilación”, analiza Oleg. Se buscan perfiles productivos: niños escolarizados en programas polacos y adultos jóvenes en edad de trabajar y de formar familias. “Pero los mayores, las personas con discapacidad, las madres solteras… nadie los necesita, porque no pueden aportar nada ni a la economía de Polonia ni a la de Ucrania”.

“Los polacos culpan a los ucranianos de su declive económico”, explica Artem. “Pero estos refugiados aportan un 2,7 % al PIB polaco”, rebate, citando un informe conjunto de ACNUR y Deloitte publicado en 2024. Para los sectores más extremos del espectro político, las causas de las dificultades de Polonia entrelazan la guerra entre Rusia y Ucrania con la Unión Europea y, detrás de ella, Berlín. “Para algunos, Bruselas es casi tan enemiga como Rusia”, observa Artem con sorna.

Los ucranianos del este, en el punto de mira

Jacek es uno de los polacos que se adhieren a esa narrativa. Comentando casos documentados de ciudadanos rusos que se han hecho con pasaportes ucranianos para infiltrarse en Europa, asegura: “Están financiados por Rusia y Alemania”. “Es una política profesional de desestabilización”, añade, convencido de que ambos países buscan debilitar a Polonia y Ucrania para apropiarse de sus recursos y su tecnología.

La sospecha se agudiza especialmente contra los ucranianos del este, rusoparlantes. “Los ucranianos que hablan ruso están luchando contra Ucrania”, afirma. “Son una quinta columna. Por eso ahora se revisa a fondo el pasado de cada uno. Nos mantenemos vigilantes”. Theodor, estudiante ucraniano en Breslavia, y Oleg, ambos bilingües en ruso y ucraniano, rechazan esa visión. “Hay ucranianos rusoparlantes matando a soldados rusos en el frente ahora mismo, mientras hablamos”, recalca el primero.

Para alimentar esta desconfianza, Nawrocki moviliza un relato nacional con raíces históricas profundas. El recuerdo de la masacre de Volinia –la matanza de decenas de miles de polacos a manos de nacionalistas ucranianos en 1943– ha cobrado nueva vida. Un gesto oportunista, según Artem, que denuncia que esa memoria sólo se activa en periodos electorales. “En el discurso polaco, la masacre ocurrió simplemente porque los ucranianos son malas personas. No los nacionalistas, no los extremistas: los ucranianos”, lamenta. Y advierte: “Polonia quiere cerrar ese capítulo ahora, pero Ucrania necesita unidad, héroes y mitos. No es un gesto amistoso exigirlo en este momento”.

La hostilidad se palpa. “Cada ucraniano tiene al menos una historia de esas que contar”, me confía Oleg. Para Ivan, que nunca se sintió extranjero porque su madre es polaca, fue el día en que le gritaron a su mujer en la calle que se volviera a Ucrania, mientras ella cargaba bolsas del supermercado. Theodor y su novia ya no hablan ucraniano en voz alta por la calle. “Es difícil de definir”, dice. “Se nota en el aire”.

Para Artem, que ha dedicado su vida a fomentar la convivencia entre polacos y ucranianos, la situación es desgarradora. Su mirada vaga por la sala como si buscara algo que ya no está. “Arruinaron en una campaña electoral el trabajo de diez años”, dice en voz baja, como si hablara para sí.


Los nombres marcados con asterisco han sido modificados para proteger la identidad de las personas entrevistadas.


The Conversation

Léna Georgeault no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Voces ucranianas (II): cuando la solidaridad de Polonia comenzó a agrietarse – https://theconversation.com/voces-ucranianas-ii-cuando-la-solidaridad-de-polonia-comenzo-a-agrietarse-259345

‘Fungi ficción’: por qué los hongos son los nuevos extraterrestres en la ciencia

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Sergio Fuentes Antón, Profesor de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad de Salamanca

La imagen de un alienígena con mandíbula retráctil es icónica, pero en varias películas contemporáneas la verdadera amenaza no es una criatura del espacio, sino un organismo híbrido: un hongo parasitario, una red biológica o una fuerza que se extiende silenciosa e impredecible.

En Alien: Covenant (2017), los neomorfos, organismos derivados de los que aparecen en Alien: El octavo pasajero (1979) brotan de esporas mutadas. En la serie Star Trek: Discovery, que se empezó a emitir en 2017, los viajes intergalácticos dependen de una red micelial, formada por filamentos muy delgados de hongos que conecta a las plantas y a los miembros del reino fungi en un ecosistema.

Incluso en la olvidada versión cinematográfica de Super Mario Bros. de 1993, el reino distópico está definido por un hongo inteligente que ha colonizado la ciudad.

Y es que la biología real de los hongos –sus capacidades de parasitar, conectar ecosistemas y adaptarse a entornos extremos– ha inspirado algunas de las metáforas extraterrestres más impactantes del cine y la televisión.

Esporas mutantes

En Alien: Covenant, los protagonistas aterrizan en un planeta aparentemente hospitalario, solo para descubrir un ecosistema mutado, debido a los eventos sucedidos tras Alien: Prometheus (2012). En ese entorno selvático, un organismo desata una oleada de sucesos trágicos para los habitantes de la nave Covenant. Un hongo, similar a los del género Lycoperdon, suelta esporas que, al ser inhaladas por los humanos, desatan un proceso biológico letal que da vida a los neomorfos.

Dichas esporas parecen originarse por contaminación con un fluido negro mutagénico, liberado en la película previa, sugiriendo que algo tan habitual como un hongo inofensivo podría convertirse en un arma biológica devastadora.

Curiosa pero erróneamente, la descripción del hongo que causa todo ese desastre se parece a la de Clostridium tetani, el organismo responsable de la enfermedad del tétanos, que en la realidad es una bacteria, no un hongo.

Diferencias aparte, existen hongos patógenos que puede causar problemas en la salud humana por inhalación, responsables de enfermedades como la aspergilosis o la histoplasmosis.




Leer más:
Hongos que crean zombis: ¿qué hay de cierto en la primera escena de la serie The Last of Us?


Redes intergalácticas: Star Trek: Discovery

En Star Trek: Discovery, la nave USS Discovery navega el universo mediante el “motor de esporas”, una tecnología que utiliza la red micelial como sustento para el viaje instantáneo. Este sistema conecta galaxias en una vasta red de filamentos vivos, de manera asombrosamente biológica.

Inspirada en el libro Mycelium Running (2005) del micólogo Paul Stamets, la serie concibe esta red como el tejido vital de la galaxia.

Aunque pueda parecer difícil de creer o imaginar, el micelio es una estructura existente en la Tierra, el aparato vegetativo de los hongos. Su funcionamiento es similar al de las raíces de los árboles y puede extenderse a kilómetros de distancia, como una autentica red de comunicación entre el organismo y su entorno.

Otra curiosidad que ensalza la importancia de los hongos en la ciencia ficción es que, en esta serie de televisión, el personaje del teniente y astromicólogo inventor del motor de esporas lleva el nombre del propio Paul Stamets, una de las figuras más sobresalientes del mundo de la micología y el estudio de los hongos.

Tal ha sido la contribución de Stamets al conocimiento fúngico que incluso existe una especie nombrada en su honor: Psilocybe stametsii.




Leer más:
Las esporas también pueden producir alergias respiratorias


Hongos en clave pop: Super Mario Bros.

La película de acción Super Mario Bros. (1993), considerada un fracaso taquillero, introdujo un concepto sorprendentemente visual: el reino distópico de Dinohattan está corrompido por una especie de hongo inteligente.

El antiguo rey, convertido en un ente fúngico, ejerce su control mediante una forma simbiótica que abarca toda la ciudad.

Tráiler de la película Super Mario Bros. (1993)

En este caso, esa relación simbiótica entre el hongo y la urbe vuelve a recordarnos fenómenos muy comunes en el desarrollo de los hongos como micorrizas y líquenes: dos estrategias que permiten interrelacionarse de forma simbiótica a los hongos con plantas y con algas respectivamente. Y generando importantes beneficios para todos ellos.

Mientras que las micorrizas, asociación subterránea entre el micelio del hongo y ciertos vegetales, son importantes para que los árboles puedan obtener nutrientes y extender sus raíces en profundidad y longitud, los líquenes pueden colonizar ambientes extremos donde ninguno de los organismos que lo conforman podría existir por sí mismo.

Los líquenes son colonizadores primigenios de entornos yermos como rocas. En estos medios sin apenas nutrientes, solo esta asociación puede sobrevivir: mientras que el alga aporta alimento al hongo gracias a la fotosíntesis (proceso que el hongo no puede realizar), el alga obtiene protección frente a la desecación y obtiene agua gracias a las hifas del hongo, las cuales pueden entrar en cualquier grieta o fisura, por minúscula que sea.

Aunque la película no obtuviera el éxito deseado, podemos ver esa asociación simbiótica entre el hongo y la ciudad, ayudando a los personajes principales, los hermanos Luigi y Mario, a devolver el orden a Dinohattan.




Leer más:
Diez curiosidades que quizá no conocía sobre los hongos


¿Qué nos dicen estos hongos-alienígenas?

Ya sea por su poder de contagio biológico, la habilidad para conectar entornos o transformar lo doméstico, estos relatos nos presentan lo familiar como inquietante.

Los hongos que nos rodean en la vida real poseen el mismo potencial para parasitar, crear redes de comunicación entre ecosistemas y resistir condiciones extremas. Pero cuando la ficción toma esas propiedades biológicas y las magnifica, surge un tipo de extraterrestre plausible, inquietante y, en cierto modo, aterrador.

Estas historias nos invitan a ver la micología con nuevos ojos: no como simple temática ecológica o gastronómica, sino como imaginación vibrante que puede restituir nuestro sentido de lo asombroso.

En cada espora o micelio ficticio hay una oportunidad para comprender mejor nuestra relación con lo no humano y el potencial oculto que yace debajo del suelo y, quizá, más allá del cielo.

The Conversation

Sergio Fuentes Antón no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. ‘Fungi ficción’: por qué los hongos son los nuevos extraterrestres en la ciencia – https://theconversation.com/fungi-ficcion-por-que-los-hongos-son-los-nuevos-extraterrestres-en-la-ciencia-262910

Dar más de 12 000 pasos diarios durante el año escolar para reducir la obesidad infantil

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Eva Rodríguez Gutiérrez, Investigador Postdoctoral, Universidad de Castilla-La Mancha

Niño caminando en la naturaleza MNStudio/Shutterstock

La obesidad infantil sigue siendo una emergencia de salud pública a nivel internacional. En España, cerca del 40 % de los niños y niñas tienen sobrepeso u obesidad, una situación que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 o trastornos mentales desde edades tempranas.
En Europa, uno de cada tres menores tiene sobrepeso y en América Latina y el Caribe más de 4 millones de niños y niñas menores de cinco años lo sufren.

Sabemos que uno de los factores principales se debe a a la escasa actividad física en la infancia. Pero ¿cuánto deben moverse los niños para estar realmente sanos?

¿Cuántos pasos se deben dar en la infancia para mejorar la salud?

Un reciente estudio desarrollado por nuestro grupo del Centro de Estudios Sociosanitarios de la Universidad de Castilla-La Mancha monitorizó, durante 30 semanas del año escolar, los pasos diarios de escolares de 4º a 6º de primaria de la provincia de Cuenca mediante una pulsera de actividad física. Y los resultados de este trabajo, llevado a cabo en colaboración con la Universidad de Linköping, ofrecen una pista esperanzadora y además muy sencilla.

Las recomendaciones internacionales indican que, mientras los niños deben dar entre 13 000 y 15 000 pasos diarios, para las niñas es suficiente entre 11 000 y 12 000. Sin embargo, nuestros datos muestran que alcanzar un umbral de 12 000 pasos al día ya se asocia con beneficios claros en la salud infantil: menor grasa corporal, menor índice de masa corporal y un perímetro de cintura más reducido.

Esta relación resultó más evidente los días lectivos, y especialmente en los niños, siendo aún más clara cuando se alcanzaba este nivel de actividad al menos el 40 % de los días del curso.




Leer más:
Infancia y alimentación: ‘Por primera vez en la historia, la próxima generación tendrá menos esperanza de vida que la actual’


Pero cuántos pasos dan realmente los escolares?

El problema es que la mayoría de las escolares están lejos de estas cifras. En promedio, solo alcanzaron las recomendaciones internacionales un 32 % de los días del curso escolar. También observamos una diferencia importante entre los días laborables y el fin de semana: la actividad física disminuye notablemente los sábados y domingos.

Una de las fortalezas de este estudio es su duración. Mientras que la mayoría de las investigaciones previas solo analizaban una o dos semanas, nuestro seguimiento de la actividad física durante el curso escolar ofrece una representación más completa y precisa de los patrones de actividad física.

Una herramienta simple y eficaz

El número de pasos diarios es una métrica fácil de entender, objetiva, accesible para la mayoría de las familias y útil tanto en casa como en el colegio. La clave del planteamiento no reside en hacer deporte competitivo, sino en moverse más cada día. Promover la actividad física cotidiana desde edades tempranas es una de las mejores inversiones en salud pública.

Además, nunca antes había sido tan fácil conocer nuestros niveles de actividad física gracias a las pulseras de actividad, cuyo uso ha crecido exponencialmente en los últimos años. La evidencia indica que el uso de esta tecnología para la monitorización de los pasos diarios, junto con el establecimiento de objetivos, aumenta la actividad física en niños y adultos.

Si en casi todos los hogares hay una báscula, ¿por qué no normalizar también una pulsera de actividad física como herramienta básica de salud? Quizá así, alcanzar los 12 000 pasos dejaría de ser una excepción para convertirse en un hábito.




Leer más:
Así pueden ayudar las pulseras de actividad física a que los escolares hagan más ejercicio


Medidas para una infancia activa

Desde las familias, así como desde escuelas e instituciones públicas, se pueden aplicar medidas para concienciar y motivar a los niños y niñas a alcanzar los pasos recomendados:

• Evitar el transporte en coche, promoviendo el desplazamiento activo: caminar al colegio, a las actividades extraescolares o al supermercado, siempre que sea posible.

• Fomentar los recreos dinámicos.

• Organizar actividades físicas familiares los fines de semana, como excursiones en la naturaleza.

• Limitar el tiempo de pantallas y sustituirlo por juego al aire libre.

• Hacer pausas activas en clase: levantarse y moverse.

• Señalizar en pueblos y barrios las rutas escolares con el número aproximado de pasos.




Leer más:
¿El móvil mató al juego al aire libre?


Cada paso cuenta

La obesidad infantil es uno principales problemas de salud pública del siglo XXI, una epidemia silenciosa. Incorporar objetivos sencillos, como incrementar el número de pasos diarios, puede ser un primer paso para revertir esta preocupante tendencia.

Después de todo, cada paso cuenta. Incluso pequeños incrementos en el número de pasos diarios se asocian con mejoras en la salud, al reducir los niveles de adiposidad. Y esto no solo tiene beneficios durante la infancia, sino que puede tener efectos positivos en la vida adulta. No se trata de formar atletas, sino de fomentar hábitos cotidianos que les hagan crecer más sanos y, en consecuencia, más felices. Paso a paso.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. Dar más de 12 000 pasos diarios durante el año escolar para reducir la obesidad infantil – https://theconversation.com/dar-mas-de-12-000-pasos-diarios-durante-el-ano-escolar-para-reducir-la-obesidad-infantil-261920

Trump reversed policies supporting electric vehicles − it will affect the road to clean electricity, too

Source: The Conversation – USA (2) – By Jeremy J. Michalek, Professor of Engineering & Public Policy, Professor of Mechanical Engineering, Carnegie Mellon University

When Congress passed the Inflation Reduction Act in 2022, it was the largest climate bill in U.S. history, with major incentives for electric vehicle production and adoption. In its wake, investment in the U.S. electric vehicle industry accelerated. But in 2025, President Donald Trump’s so-called One Big Beautiful Bill Act eliminated most of the incentives, and U.S. investment collapsed.

Hitting the brakes on electric vehicles will clearly mean less progress in reducing transportation emissions and less strategic U.S. leadership in a key technology of the future. But in a new study, my colleagues at Carnegie Mellon University and I find that fewer electric vehicles will also mean less investment to clean up the electricity sector.

How we got here

U.S. electric vehicle adoption lags behind the rest of the worldespecially China, which has invested heavily and strategically to dominate electric vehicle markets and supply chains and to leapfrog the historical dominance of American, European and Japanese manufacturers of vehicles powered by internal combustion engines.

Electric vehicles are much simpler to engineer, and this opened a window for China to bet big on EVs with investment, incentives and experimentation. As battery prices dropped dramatically, electric cars became real competition for gasoline cars – especially for the massive Chinese market, where buyers don’t have strong prior preferences for gasoline. China now dominates the supply chain for battery materials, such as lithium, nickel, cobalt and manganese, as well as the rare earth minerals used in electric motors.

In 2022, the U.S. took action to change this trend when Congress passed the Inflation Reduction Act. The law encouraged EV adoption by lowering costs to manufacturers and consumers. But it also encouraged automakers to find ways to build EVs without Chinese materials by making the largest incentives conditional on avoiding China entirely.

After the law passed, investment soared across hundreds of new battery manufacturing and material processing facilities in the U.S.

But in 2025, Congress passed and Trump signed the One Big Beautiful Bill Act, which eliminated most of the incentives. U.S. investment in EV-related production has collapsed.

Electric vehicles are cleaner

As a scholar of electric vehicle technology, economics, environment and policy, I have conducted numerous peer-reviewed scientific studies characterizing benefits and costs of electric vehicles over their life cycle, from production through use and end of life. When charged with clean electricity, electric vehicles are one of the few technologies in existence that can provide transportation with near-zero emissions.

With today’s electricity grid, EV emissions can vary, depending on the mix of electricity generators used in the region where they are charged, driving conditions such as weather or traffic, the specific vehicles being compared, and even the timing of charging. But EVs are generally better for the climate over their life cycle today than most gasoline vehicles, even if the most efficient gas-electric hybrids are still cleaner in some locations. EVs become cleaner as the electricity grid becomes cleaner, and, importantly, it turns out that EVs can even help make the electricity grid cleaner.

This matters because transportation and electricity together make up the majority of U.S. greenhouse gas emissions, and the passenger cars and light trucks that we all drive produce the majority of our transportation emissions.

In its efforts to prevent the government from regulating greenhouse gas emissions, the Trump administration is now claiming that emissions from cars and trucks are “not meaningful” contributors to climate change. But in reality, a technology that cleans up both transportation and electricity at the same time is a big deal.

A map of the U.S. with regions and states colored by the type of power plant that will increase generation the most in response to rising energy demand.
Across most of the U.S., adding electricity demand, such as from increasing the use of electric vehicles, would spark development of clean-energy power plants to meet that rising need.
Michalek et al.

An opportunity for cleaner electricity

Our research has found that turning away from electric vehicles does more than miss a chance to curb transportation emissions – it also misses an opportunity to make the nation’s electricity supply cleaner.

In our paper, my co-authors Lily Hanig, Corey Harper and Destenie Nock and I looked at potential scenarios for electric vehicle adoption across the U.S. from now until 2050. We considered situations ranging from cases with no government policies supporting electric vehicles to cases with enough electric vehicle adoption to be on track with road maps targeting overall net-zero greenhouse gas emissions by 2050.

In each of these scenarios, we calculated how the nation’s power grid and electricity generators would respond to electric vehicle charging load.

We found that when there are more electric vehicles charging, more power plants would need to be built – and because of cost competitiveness, most of those new power plants would be solar, wind, battery storage and natural gas plants, depending on the region.

Once wind and solar plants are built, they are cheaper to operate than fossil fuel plants, because utilities don’t need to buy more fuel to burn to make more electricity. That cost advantage means wind and solar energy gets used first, so it can displace fossil-fuel generation even when EVs aren’t charging.

A virtuous – or vicious – cycle

Our analysis reveals that what’s good for climate in the transportation sector – eliminating emissions from vehicle tailpipes – is also good for climate in the power sector, supporting more investment in clean power and displacing more fossil fuel-powered generation.

As a result, encouraging electric vehicle adoption is even better for the climate than many people expected because EV charging can actually cause lower-emitting power plants to be built.

Gasoline vehicles can’t last forever. The cheap oil will eventually run out. And EV batteries have gotten so cheap, with ranges now comparable to gas cars, that the global transition is already well underway. Even in the U.S., consumers are adopting more EVs as the technology improves and offers consumers more for less. The U.S. government can’t single-handedly stop this transition – it can only decide how much to lead, lag or resist. Rolling back electric vehicle incentives now means higher emissions, less clean energy investment and weaker U.S. competitiveness in a crucial industry of the future.

Our findings show that slowing electric vehicle adoption doesn’t just affect emissions from transportation. It also misses opportunities to help build a cleaner power sector, potentially locking the U.S. into higher emissions from its top two highest-emitting sectors – power generation and transportation – while the window to avoid the worst effects of climate change is closing.

The Conversation

Jeremy J. Michalek currently receives funding from Toyota Research Institute and the National Renewable Energy Laboratory to study electric vehicle battery recycling and reuse and from the Technology Competitiveness and Industrial Policy Center to study global supply of critical battery materials. He has received funding from a diverse group of sources in the past, such as the National Science Foundation, the Department of Energy, the Department of Transportation, the Environmental Protection Agency, the National Bureau of Economic Research, the Alfred P. Sloan Foundation, the Electric Power Research Institute, Ford Motor Company, Toyota Motor Corporation, the Center for Applied Environmental Law and Policy, and other organizations. He has consulted for the US Environmental Protection Agency. The views expressed here are his own.

ref. Trump reversed policies supporting electric vehicles − it will affect the road to clean electricity, too – https://theconversation.com/trump-reversed-policies-supporting-electric-vehicles-it-will-affect-the-road-to-clean-electricity-too-264721

Smart textiles may soon be able to control devices or monitor health

Source: The Conversation – Canada – By Sara Nabil, Assistant Professor of Human-Centered Computing, Queen’s University, Ontario

Imagine adjusting the temperature of the air conditioning or skipping a song in your car, not by fiddling with a screen or voice command, but simply by swiping your hand across the fabric of your seatbelt.

It sounds futuristic, but this is the direction automotive design could be shifting towards — away from screens and buttons, and towards multi-touch textiles that sense your gestures and respond to them.




Read more:
Interior design of the future will seem like magic


I am an interaction design professor and director of a research lab that develops smart textile technology. These textiles can transform how people interact with everyday objects and materials, including car interiors, by embedding touch-sensing stitches directly onto fabric elements.

These fabric-based interfaces can sense gestures like swipes, taps and presses, offering a safer and more intuitive alternative to touchscreen systems.

Touch screens and textiles

Advances in technology have led to the proliferation of screens for control and feedback in cars. In luxury cars, these screens are progressively becoming more advanced. Elon Musk’s Tesla, for example, has famously moved most vehicle controls onto a central touchscreen.

the inside of a car showing the steering wheel and touch screen
The interior of a Tesla Model 3.
(Shutterstock)

While this makes for a sleek interior, it’s not necessarily safer or easier to use.

My colleagues and I conducted a user study that showed how interacting with touchscreens while driving can significantly increase distraction and lane deviations. You have to take your eyes off the road, locate the button (while the car is moving and vibrating) and confirm the change, diverting your attention from what really matters.

As a multidisciplinary team of researchers — from electrical engineering and computing to art and design — who study human-computer interaction, we explored 3D-embroidery technology and computational design of e-textile sensors.

Inspired by traditional crafts, smart materials can be used to incorporate interaction as part of the process itself. In this way, we are able to digitally design multi-touch embroidered sensors (stitched using conductive thread into automotive materials like leather) to support wireless gesture-based control.

Technologies like 3D printing and laser-cutting help manufacture and prototype new products. Similarly, we have developed new fabrication methods in smart textile design, from e-sewing and e-serging to WovenCircuits.

These novel techniques support the integration of electronic threads while machine sewing, serging and overlocking, or weaving with little to no need for post-fabrication assembly of sensors or other parts.

A video showing how the smart seatbelt works.

Touch control

Voice input is a popular method for controlling devices and machines, but in vehicles, it’s neither reliable nor safe. Voice recognition technology has come a long way, but is still considered by scholars as an “unfulfilled promise.” For voice input to perform well, the user needs to be a native English speaker, in quiet surroundings and have a clear voice.

While voice input may work well during the software development and testing of those systems, real-world scenarios are different. Think of a user with loud children in the back seat, people with different accents, or what happens when driving through a loud construction zone.

Rather than using voice, screens or other inputs, our lab researched whether a car’s interior could become the interface. We digitally embroidered e-textile sensors onto faux leather seat and steering wheel covers and seatbelt pads.

For proof-of-concept, we designed three prototypes that control media while driving, with touch-sensing stitches that could play or pause audio, skip to the next track and adjust the volume. Our design was wire-free, relying solely on conductive thread, connected via Bluetooth and fully customizable to any vehicle.

Future applications

Our research lab develops touch-responsive interactions with everyday objects as part of a larger push towards designing interactive interior spaces. This is also known as “interioraction” and near-future “decoraction”.

A video showing how digital weaving can help make smart home furniture like a rug that detects when people step on it or a seat cover that corrects posture.

From stained-glass animation that act as information displays to interactive garments that support people with physical disabilities, some of these designs go beyond aesthetics and functionality. They open up new ways to think about usability, accessibility, and the way we design future tech.

E-textiles have applications that range from delivering health care to transforming any kind of object into a smart one. Circuits can be sewn into pre-existing textiles or rugs can be woven to detect accidental falls and send signals. Seat covers can detect pressure to subtly correct posture.

In these ways, smart textile designers are making future technologies less intrusive and more accessible and fun to interact with.

The Conversation

Dr. Sara Nabil receives funding from the Canada Foundation for Innovation (CFI), Queen’s University Research Initiation Grant, and The Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC).

ref. Smart textiles may soon be able to control devices or monitor health – https://theconversation.com/smart-textiles-may-soon-be-able-to-control-devices-or-monitor-health-252495

Today more than ever, biodiversity needs single-species conservation

Source: The Conversation – Canada – By Chris Johnson, Professor of Wildlife and Conservation Ecology, University of Northern British Columbia

Focused conservation efforts are essential for the protection and recovery of many species at risk, such as the monarch butterfly. (Chris Johnson), CC BY

Through the federal Building Canada Act, “projects of national interest” are being fast-tracked while hundreds of major resource projects are already under construction or planned in the next decade.

Clean water, climate stability, economic health and cultural heritage all depend on biodiversity. Yet this foundation is hardly mentioned as the government seeks to shore up Canada’s economic future amid a shifting global order.

The pressure to expedite approvals to dig, drill, cut and pipe has the potential to further weaken already fragile biodiversity protections. This is particularly the case for species at risk — those on the front lines of biodiversity loss that have never been adequately safeguarded under Canada’s existing policies.

Dedicated laws to protect individual species began to emerge in the 1970s, creating some of the best known and tested tools for preventing extinction. Yet in Canada, implementation has consistently fallen short: the federal Species at Risk Act has been the subject of sustained criticism over the past 20 years.

Academic researchers and civil society groups have shown that implementation has been inefficient and inconsistent. The evidence is clear that single-species conservation is taking too long, failing to recognize all endangered or potentially threatened species and their habitats and suffering from biases that favour economic priorities over protection.

In their race toward deregulation, some Canadian governments are using critiques of existing single-species laws to argue that they’re defunct or of relatively little value. The British Columbia government appears to have walked away from long-standing commitments to develop a provincial statute focused on the needs of individual species. The Ontario government recently repealed and replaced one of the strongest species-at-risk acts in the country.




Read more:
Ambitious changes to Canadian conservation law are needed to reverse the decline in biodiversity


a group of caribou
Endangered mountain caribou benefit from supplemental feeding, a single-species conservation effort.
(Chris Johnson)

Individual species need protection

In our recent study, we argue that these legislative tools are essential for assessing and protecting individual species. While current single-species conservation is costly, inefficient and biased, weak implementation doesn’t mean there’s no need for legislation. Deregulation in the name of economic expedience is not reform; it’s erosion of essential protections for biodiversity.

Species such as the swift fox and the whooping crane have been pulled back from the edge of extinction through intensive, costly and invasive conservation actions. Species-at-risk legislation is intended to enable this kind of dedicated attention through measures like captive breeding, translocation, veterinary care or active management of people, predators and ecological competitors.

Despite those successes, Canada lacks a coherent approach to halting biodiversity loss. Even commitments for more protected and conserved areas, while important and overdue, have not been designed to prioritize the needs of at-risk species.

two large white birds with long beaks in a green marshland
Species like the whooping crane have been pulled back from the edge of extinction through dedicated conservation efforts.
(Unsplash/Josie Weiss)

What the evidence says

We used publicly available conservation data to count the number of species that were threatened because there were only a few individuals, or that were found across a very small area in the wild. These are species that need help now. We also quantified threats to at-risk species, identifying those threats that need to be addressed directly by tailored actions, not simply more protected land and water.

Of the 550 wildlife species in Canada that were assessed as threatened or endangered by the Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada, more than 20 per cent were classified as at risk because they were a small population or had a very restricted distribution and were at risk of becoming extinct over a short time. For example, 97 endangered species had less than 250 mature individuals.

Data from the International Union for Conservation of Nature (ICUN) revealed that the most prominent threats facing at-risk species were from consumptive use including deliberate and unintentional harvesting, followed by pollution and the effects of climate change. These threats are not easily addressed by only focusing on increasing protected areas.

What’s at stake

Conservation success stories tell us that focused actions, such as captive breeding, are sometimes the only way to maintain small and range-restricted populations. Equally important are efforts to manage ecosystems on a large enough scale through protected areas, and by addressing pressures from human development and cumulative impacts that steadily erode habitats.

These broader measures can deliver long-term benefits for biodiversity as a whole, but they cannot substitute for processes that assess the status of individual species and empower targeted recovery actions. Weakening or abandoning species-specific policies is not just a policy shift; it is the loss of a crucial set of conservation tools.

Critiques of single-species approaches must not come at the expense of their continued implementation, whether through species at risk legislation or sector-specific natural resource regulation.

a sign featuring silhouettes of caribous and reading: caribou maternity pen ahead
Species-at-risk legislation facilitates focused recovery actions, such as maternity pens that reduce mortality for caribou calves.
(Chris Johnson)

These conservation tools can mobilize public and political will by drawing on the emotional power of threatened species and generating essential information about ecosystem change. They can also provide mechanisms to begin the process of rebuilding populations.

Although species-focused efforts have played an essential role in conservation, a fundamental shift is needed to move beyond crisis-driven, reactive measures and toward proactive, preventative strategies.

Addressing biodiversity loss at its roots requires mitigating systemic drivers of decline and adopting policies that prioritize long-term ecosystem resilience. To forsake species protections is not to move forward. It is to close the door on recovery before the story is over.

The Conversation

Chris Johnson receives funding from the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, Mitacs, and the British Columbia Habitat Conservation Trust Foundation.

Justina C. Ray is President and Senior Scientist of the Wildlife Conservation Society (WCS) Canada. Funding sources to WCS Canada can be viewed through annual reports available at: https://www.wcscanada.org/About-Us/Annual-Reports.aspx.

ref. Today more than ever, biodiversity needs single-species conservation – https://theconversation.com/today-more-than-ever-biodiversity-needs-single-species-conservation-263023

Recherche en science biomédicale : le modèle actuel privilégie la quantité plutôt que l’utilité réelle

Source: The Conversation – in French – By Pierre D. Sarr, Postdoctoral Research Fellow in Cancer Biology, McMaster University

Nous vivons à l’ère d’une recherche biomédicale frénétique. Chaque semaine, des revues prestigieuses annoncent la découverte de nouveaux biomarqueurs pour comprendre la genèse et l’évolution de certaines maladies.

Les publications se multiplient, illustrées par des schémas sophistiqués de réseaux moléculaires complexes et des pistes d’applications prometteuses. Et aux canaux de vulgarisation scientifique de nous annoncer à grands titres, presque à la chaîne, des « avancées majeures » qui, mises bout à bout, devraient avancer notre lutte contre telle ou telle pathologie. Des décennies pourtant peuvent s’écouler avant que ces avancées n’atteignent les patients qui en ont désespérément besoin.

Pourquoi donc ce décalage ? Tant d’efforts de recherche, financés à coups de ressources publiques, ont souvent cette destinée commune d’être confinés dans des tiroirs ou des bases de données numériques, parfois voués à l’oubli, ou sans être immédiatement traduits en pratique clinique.

Un modèle qui privilégie la quantité plutôt que l’utilité réelle

Le principal goulet d’étranglement est structurel. La recherche académique valorise davantage le nombre de publications plutôt que l’utilité concrète des travaux. Le prestige de la revue prime parfois sur l’impact réel des résultats et cette logique exerce une pression sur les chercheurs qui n’ont d’autre choix que de produire, publier pour exister.

Cette productivité académique (qui n’en est pas forcément une) est devenue une fin en soi au détriment de l’impact sur les patients, les politiques sanitaires ou les inégalités d’accès. Ainsi, même les recherches les plus innovantes sont rarement pensées pour être appliquées en clinique. Des résultats prometteurs restent bloqués à l’état préliminaire, faute du suivi nécessaire pour franchir les étapes de validation fonctionnelle, d’essais cliniques ou de développement thérapeutique.

Il faut cependant l’admettre : toute recherche n’a pas vocation à être immédiatement appliquée en pratique. La recherche académique, fondamentale par essence, vise avant tout à créer de la connaissance et peut légitimement s’en tenir à ce rôle, dans un cadre théorique et exploratoire. Ce qui interroge en revanche, c’est que même dans la recherche translationnelle ou appliquée, les incitatifs académiques continuent de privilégier la reconnaissance entre pairs ou l’ascension professionnelle plutôt que l’impact réel sur les patients et les pratiques thérapeutiques.

Un biomarqueur à potentiel diagnostic ou thérapeutique peut ainsi faire l’objet d’un article dans la revue Nature et accroître la notoriété de son découvreur, sans jamais bénéficier des fonds ni partenariats nécessaires pour valider son utilité clinique. Il s’agit là du fameux valley of death : cette zone grise dans laquelle s’échouent tant de découvertes faute de modèle de développement translatif adapté.

Cette productivité quantitative, résumée par le mantra publish or perish, pousse à publier rapidement, souvent à outrance, dans une logique déconnectée de rentabilité académique.

Intérêts et logique de rentabilité

Aux côtés de la recherche académique coexiste une recherche industrielle (biotechnologique et/ou pharmaceutique) qui obéit à un autre objectif de rentabilité : celle du retour sur investissement. L’enjeu n’est pas tant de produire des connaissances que de breveter, sécuriser, et mettre sur le marché.

Cette dynamique peut certes stimuler l’innovation, mais en limite aussi l’accessibilité en excluant de fait les publics vulnérables. Les priorités vont souvent aux pathologies à fort potentiel économique, dont l’épidémiologie est largement répandue dans les pays du Nord.

Ce biais contribue à la persistance de maladies dites orphelines ou négligées, parfois qualifiées de manière réductrice d’exotiques ou de tropicales, non pas parce qu’elles sont rares dans l’absolu, mais parce qu’elles n’intéressent que marginalement les circuits classiques de financement faute de représenter un marché solvable. Ce déséquilibre géographique et économique creuse ainsi un fossé abyssal entre les priorités de la recherche mondiale et les besoins réels des populations concernées.

La pandémie de Covid-19 a démontré qu’il est possible de produire un vaccin en moins d’un an quand il y a un marché planétaire en jeu. En revanche, le paludisme continue de tuer des centaines de milliers de personnes chaque année en Afrique Subsaharienne, un marché visiblement trop peu rentable pour mobiliser une recherche et développement à grande échelle.

La nécessité d’un changement de système

Pour une recherche plus utile et plus équitable, il faudra revoir nos critères d’évaluation et de reconnaissance scientifiques. Ces critères façonnent des carrières, attribuent une notoriété à certains, et en privent d’autres qui le mériteraient tout autant, sinon davantage.

Notre culture de productivité quantitative, qui valorise le prolifisme académique ou l’intérêt mercantile plutôt que la portée réelle, n’est ni neutre ni anodine. Elle alimente une course en avant qui vide la recherche contemporaine de son sens.

La Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche (DORA), dès 2012, a remis en question cette approche en appelant à ne plus confondre qualité scientifique et facteur d’impact — indicateurs souvent surévalués et potentiellement nuisibles à l’intégrité scientifique.

L’évaluation des chercheurs devrait intégrer des critères au-delà du nombre des publications : originalité méthodologique, contribution à la science ouverte et capacité à faire progresser l’équité globale.


Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.


Plusieurs institutions ont dans leurs politiques internes adhéré à DORA, mais peu en ont réellement adopté les recommandations. Les financements continuent de bénéficier aux équipes qui publient vite, beaucoup, dans les revues les plus cotées. Le système, en l’état, favorise ceux qui maîtrisent le langage académique traditionnel et qui savent en reproduire les codes, encourageant la compétition plutôt que la collaboration, la précipitation plutôt que la lenteur réflexive.

À l’inverse, ceux qui prennent le temps de co-construire des projets, de rendre leurs résultats utiles et accessibles, ou qui travaillent à l’implémentation clinique d’une découverte — souvent dans des contextes à faibles ressources — sont rarement récompensés. Pire, ils sont parfois perçus comme moins productifs, alors même que leur impact est souvent bien plus transformateur.

Et si on repensait la finalité de la recherche ?

Il est primordial de changer de paradigme afin de réconcilier la recherche avec sa mission première : le progrès commun. Une recherche qui n’est ni appliquée, ni partagée, ni équitablement construite n’a qu’un effet marginal. À l’inverse, une recherche collaborative, pensée avec et pour les communautés, peut véritablement changer des vies.

La recherche biomédicale ne doit plus être un luxe désincarné, produit par quelques-uns pour quelques autres. Elle doit être moins élitiste et s’ouvrir aux personnes historiquement exclues : patients issus de milieux précaires ou souffrant de pathologies rares, chercheurs sans affiliation institutionnelle forte ou formés dans des pays à ressources limitées, tous ceux qui peinent à faire entendre leurs voix ou à publier leurs idées dans les circuits dominants.

Les patients ne peuvent plus attendre que les découvertes scientifiques franchissent lentement les murs des laboratoires, puis ceux des brevets, avant d’atteindre les hôpitaux, souvent trop tard. Il ne suffit plus de produire des connaissances : il faut en garantir l’accessibilité, l’applicabilité, l’équité.

Un autre modèle est possible : celui où excellence scientifique rime avec responsabilité sociétale, où l’impact se mesure non plus en nombre de citations, mais de vies améliorées.

L’excellence scientifique n’a de sens que si elle améliore concrètement la vie de ses destinataires — non plus considérés comme objets d’étude ou tremplins d’évolution professionnelle — mais comme partenaires de recherche à part entière.

La Conversation Canada

Pierre D. Sarr ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Recherche en science biomédicale : le modèle actuel privilégie la quantité plutôt que l’utilité réelle – https://theconversation.com/recherche-en-science-biomedicale-le-modele-actuel-privilegie-la-quantite-plutot-que-lutilite-reelle-262309

How Trump’s dismissal of a Fed governor could redefine presidential power – if courts agree that he alone can interpret vague laws

Source: The Conversation – USA – By Claire B. Wofford, Associate Professor of Political Science, College of Charleston

The firing of Federal Reserve board member Lisa Cook isn’t just about Lisa Cook − it’s about presidential power. DNY59/Getty Images

President Donald Trump’s penchant to act first, ask later was on full display recently when he became the first president in American history to fire a member of the Federal Reserve Board.

Trump’s axing of federal employees is nothing new – thousands have been terminated, including the heads of agencies that, like the Federal Reserve, are designed to be insulated from presidential control.

But in removing Lisa Cook, Trump has entered into a morass of legal questions and challenged long-standing beliefs about the power of the president to control the U.S. economy.

Trump’s action, if upheld by courts, would upend the Fed’s century-long practice of formulating the nation’s monetary policy free from political pressure. It also could affect the budget of every American household, with the cost of goods and services influenced by political ideology more than financial expertise.

As a scholar of the American courts, I believe that, depending upon how courts resolve the case, it could also mark a significant shift in the ability of the judicial branch to check executive power.

Two men in dark blue suits, one standing behind a lectern and microphone.
Before he fired Lisa Cook, President Trump had spent months publicly attacking Federal Reserve Board Chairman Jerome Powell, right.
Saul Loeb/AFP via Getty Images

This agency is different

The dispute with Cook reached the public on Aug. 20, 2025, when Trump-appointed director of the Federal Finance Housing Agency Bill Pulte announced on social media that he had made a criminal referral to the Department of Justice about potential mortgage fraud by Cook. The DOJ subsequently opened an official investigation.

After Pulte’s announcement, Trump posted, “Cook must resign, now!!!” She refused and was officially fired by Trump five days later.

Cook then filed suit in federal court on Aug. 28, asking U.S. District Judge Jia Cobb to issue an emergency order blocking her removal. The litigation is ongoing.

Among the multitude of cases about Trump’s ability to fire employees of federal agencies, this one is different – because the agency is different.

Created by Congress in 1913 after a series of banking panics, the Federal Reserve is charged with managing the nation’s economy. It acts as the national bank, monitors the health of other financial institutions, and, most critically, develops monetary policy, which includes setting interest rates, the primary tool with which it manages inflation and ensures long-term economic growth and stability.

Precisely because of the Fed’s power, presidents have often tried to influence it. Sharp criticism of its members is nothing new. Trump has an ongoing and very public fight with the chair of the Fed board, Jerome Powell, about interest rates.

But a president actually firing a board member is something else entirely.

Supreme Court warning

The Fed is just one of dozens of what are termed “independent agencies.” These are part of the executive branch but designed by Congress to operate insulated from the president’s preferences and pressure. Over time, precisely because it is so powerful, the Fed’s ability to act free from the president has become particularly sacrosanct.

The primary mechanisms through which Congress ensures agency independence are “removal provisions,” statutory directives that define when and why the president can fire agency leadership. The Federal Reserve Act, the law that creates the Fed and sets out its structure and mission, provides that members of the board, called “Governors,” serve 14-year terms, “unless sooner removed for cause by the President.”

“For cause” may sound familiar because its appearance in a different law also recently triggered litigation. That happened when Trump removed the heads of two other independent agencies, Gwynne Wilcox of the National Labor Relations Board and Cathy Harris of the Merit Systems Protection Board. The Supreme Court decided in April that the restriction on the president’s ability to fire those two independent agency heads violated Article 2 of the Constitution.




Read more:
Supreme Court ignores precedent instead of overruling it in allowing president to fire officials whom Congress tried to make independent


In that same opinion, however, the court took pains to specify that its ruling did not apply to the Federal Reserve Board. Calling the Fed a “uniquely structured, quasi-private agency” with a “distinct historical tradition,” the majority signaled to Trump that booting members off the Federal Reserve Board was a no-go.

When he fired Cook, Trump flouted this directive. A legal battle was inevitable.

Four people sitting at one end of a large wooden table, at a meeting.
Lisa Cook, second from right, at a Federal Reserve board meeting in Washington, D.C., on June 25, 2025.
Saul Loeb/AFP via Getty Images

What’s behind the case

The case is complex and involves questions about whether Cook’s termination violates a congressional statute and the due process clause of the U.S. Constitution.

Notably, the parties are not arguing about the constitutionality of the removal provision itself, as they were in the Wilcox case. Instead, the dispute centers primarily around the meaning of “for cause” – that is, what reasons can legally justify firing a board governor. Unlike other statutes, which use additional terms such as “inefficiency, neglect or malfeasance of duty while in office,” the Federal Reserve Act provides no further guidance.

Trump argues that the – alleged – mortgage fraud is sufficient “cause” to remove Cook, particularly from an agency charged with managing the nation’s finances. Cook claims that mere allegations about private conduct before she was appointed to the board cannot justify her termination, particularly when those allegations appear to be a pretext for a political disagreement.

But lurking in the background of this seemingly picayune fight over a single word in a 111-year-old statute are fundamental questions about separation of powers, checks and balances, and which branch of government determines the law.

‘Say what the law is’

Trump’s fuller argument is actually quite bold.

As he is doing in other lawsuits, the president is asserting that he – and he alone – gets to determine the meaning of “cause.” The term, his lawyers write, is “capacious” and its meaning is entirely vested by Congress in the president. No court can second-guess his judgment.

The claim is striking and seems to fly in the face of the country’s system of checks and balances. In addition, if the branch of government charged with carrying out the law – the executive branch – also gets to define it, separation of powers also appears to be left by the wayside.

Cook counters that judicial review of termination decisions is critical.

If courts abandon their responsibility here, she argues, they will obliterate the independence of the Federal Reserve and subject the national economy to the short-term whims of a president rather than the long-term vision of economic experts.

And given the clear and continued acquiescence of Congress to this president’s broad assertions of power, they would also remove what, at least until the next presidential election, may be the last remaining check on executive power.

The case will likely reach the Supreme Court this fall, and the outcome is hard to predict. Trump has benefited from a string of victories there issued by a conservative majority that believes strongly in executive power and judicial deference to the president.

At the same time, it will be difficult to ignore the sentiments about the independence of the Fed that those same conservative justices expressed in the Wilcox case and the potential economic consequences a ruling for Trump might generate.

The court’s ultimate decision may actually depend upon what role it wants to play in the country’s fraying democratic system. The legendary Chief Justice John Marshall famously wrote in 1803 that it is “emphatically the province and duty of the judiciary department to say what the law is,” a sentiment inscribed on the marble wall of the Supreme Court building in D.C.

This case provides the opportunity to see whether the maxim still holds true.

The Conversation

Claire B. Wofford does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. How Trump’s dismissal of a Fed governor could redefine presidential power – if courts agree that he alone can interpret vague laws – https://theconversation.com/how-trumps-dismissal-of-a-fed-governor-could-redefine-presidential-power-if-courts-agree-that-he-alone-can-interpret-vague-laws-264566

« Le suicide politique de François Bayrou est le produit d’un régime politique à bout de souffle »

Source: The Conversation – in French – By Frédéric Sawicki, professeur de science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le premier ministre François Bayrou n’a pas obtenu la confiance des députés (194 voix pour, 364 voix contre) et va remettre sa démission au président de la République Emmanuel Macron. Ce dernier devra choisir un nouveau chef de gouvernement ou avoir recours à une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale. Comment interpréter la chute du gouvernement Bayrou ? Quels scénarios pour une sortie de crise ? Entretien avec le politiste Frédéric Sawicki.


The Conversation : François Bayrou vient de démissionner. Quel bilan tirez-vous de son action et de sa méthode ?

Frédéric Sawicki : Comment comprendre un tel fiasco ? Comment comprendre ce suicide politique qu’est ce vote de confiance choisi par le premier ministre alors qu’il ne dispose pas de majorité ?

En refusant de s’engager depuis sa nomination dans une négociation ayant pu déboucher sur une espèce de contrat de gouvernement, notamment avec le Parti socialiste, François Bayrou s’est privé de toute possibilité de survie politique. C’est là un paradoxe pour ce démocrate-chrétien qui, tout au long de sa carrière politique, n’a cessé d’appeler au dépassement du clivage droite-gauche (rappelons qu’il avait à ce titre refusé de rejoindre l’UMP en 2002 et appelé à voter François Hollande en 2012) et à la recherche de compromis.

Sa gouvernance a en outre été marquée par une succession d’échecs et de maladresses qui n’ont pu que creuser la distance avec la gauche, à commencer par la désastreuse gestion des révélations concernant Bétharram, épisode au cours duquel François Bayrou a peiné à clarifier son rôle mais surtout guère montré de compassion pour les victimes, apparaissant comme un homme d’un autre temps. Auparavant, en janvier, il y a eu l’impasse totale faite sur les enjeux climatiques et environnementaux dans sa déclaration de politique générale suivie par l’utilisation de l’expression « submersion migratoire », deux lourds signaux envoyés à la droite et à l’extrême droite. Si celles-ci pouvaient applaudir des deux mains à l’unisson de la FNSEA l’adoption de la loi Duplomb, le PS et la CFDT ne pouvaient que constater de l’autre côté s’être fait rouler dans la farine après l’échec du « conclave » sur les retraites en juin dernier.

Enfin, après avoir ainsi humilié la gauche, le premier ministre a porté le coup de grâce en annonçant un plan d’économies de 44 milliards supporté pour l’essentiel par les salariés et les retraités, avec cette mesure ubuesque concernant la suppression deux jours fériés qui lui a définitivement aliéné le Rassemblement national.

Au-delà de la personne de François Bayrou, quelles sont les causes structurelles de cet échec ?

F. S. : Il faut relativiser la responsabilité individuelle de François Bayrou, malgré ses bévues.

La première raison de cet échec réside dans le choix du président de la République de ne pas tenir compte du nouveau rapport de forces au sein de l’Assemblée nationale élue en juillet 2024. Celui-ci, rappelons le, aurait dû conduire à la nomination d’un premier ministre du Nouveau front populaire (NFP) quitte à ce que ce gouvernement échoue et que le président nomme alors un autre premier ministre. Au lieu de cela, Emmanuel Macron a choisi de s’appuyer sur le groupe LR et ses 48 députés, jusqu’ici dans l’opposition, en nommant Michel Barnier. En décembre il n’a même plus fait semblant de prendre acte de sa défaite en nommant François Bayrou qui, avec le groupe MoDem (36 députés), fait partie de sa majorité depuis 2017.

Pour réussir, Bayrou ou Barnier étaient condamnés à élargir leurs soutiens au-delà de leurs partis et du bloc central. Si la France était dans une démocratie parlementaire « classique », on en serait sûrement passé par une grande négociation entre les partis prêts à participer au gouvernement. Cette négociation aurait sans doute pris plusieurs semaines mais elle aurait permis une certaine stabilité autour de quelques mesures de compromis. En nommant un premier ministre à sa guise, en interférant dans la composition du gouvernement et en leur laissant le soin de bricoler une stratégie de balancier (un coup à gauche, deux ou trois coups à droite et à l’extrême droite) Emmanuel Macron a condamné celui-ci à l’échec.

On a beaucoup critiqué l’absence de culture du compromis des partis politiques. Est-ce également une raison de cet échec ?

F. S. : En effet, mais c’est moins la culture que nos institutions qui ne poussent pas les acteurs à se montrer responsables. L’élection présidentielle est toujours pensée comme le moment décisif permettant d’engager une nouvelle orientation pour cinq ans. Du coup, accepter de passer des compromis, revenait à risquer de se « griller » pour l’élection présidentielle suivante. C’est ce qui explique par exemple l’attitude de LR en 2022 qui refuse de rejoindre la majorité alors même que le programme d’Emmanuel Macron est largement convergent avec le sien.

L’hyper-présidentialisation empêche le compromis. La liberté laissée au président de nommer le premier ministre sans tenir pleinement compte du résultat du vote et son intrusion dans la politique du gouvernement même désavoué par les urnes illustrent la perversion de nos institutions. Elles garantissent l’irresponsabilité totale d’Emmanuel Macron. Même si des voix commencent à se faire entendre pour appeler à sa démission ou sa destitution, rien ne l’y oblige. Le revers de la médaille de cette irresponsabilité est qu’elle crée des partis tout aussi irresponsables : ces derniers renvoient la balle au président – à lui de se débrouiller pour trouver des réponses et rendez-vous à la prochaine élection présidentielle !

Enfin, le mode d’élection des députés au scrutin majoritaire à deux tours n’incite pas non plus les partis à trouver des compromis. D’un côté la gauche modérée doit s’associer à la gauche radicale pour avoir des députés, de l’autre la droite est concurrencée de plus en plus par l’extrême droite dans de nombreuses circonscriptions.

Quelles solutions permettraient de sortir de cette impasse ?

F. S. : Je plaide pour un scrutin proportionnel qui permettrait de rendre les partis politiques et les parlementaires plus responsables. Notre régime excessivement présidentialisé et le scrutin majoritaire à deux tours non seulement ne permettent pas une bonne représentation de la diversité des idées politiques et des intérêts sociaux mais ils ne permettent plus aujourd’hui de déboucher sur des majorités claires. Il existe des divisions sociologiques, politiques et idéologiques qui fracturent le pays bien au-delà de l’ancien clivage droite-gauche. La bipolarisation n’est pas près de se reproduire, c’est d’ailleurs un constat qui vaut pour de très nombreux pays aujourd’hui.

Aujourd’hui, ces divisions ne sont pas correctement reflétées au sein de l’Assemblée car les Français sont souvent contraints de voter pour éliminer tel ou tel parti. Le scrutin proportionnel incite au contraire à voter pour le programme dont on est le plus proche. Elle empêche qu’un seul parti ne gouverne et amène plus facilement les responsables politiques à négocier des orientations programmatiques.




À lire aussi :
Notre démocratie est-elle minée par l’élection du président de la République au suffrage universel ?


Mais une réforme du scrutin législatif sera-t-elle suffisante ? L’un des enjeux n’est-il pas également de réduire le pouvoir du président de la République ?

F. S. : Effectivement, il existe sans doute d’autres chantiers à entreprendre. Certains considèrent qu’il faut revenir à un mandat unique de sept ans pour le président, d’autres qu’il faudrait lui retirer le pouvoir de nomination du premier ministre en rendant obligatoire le vote de confiance de l’Assemblée nationale, comme c’était le cas pour la troisième et la IVe République. D’autres souhaitent développer les référendums d’initiative partagée ou les référendums d’initiative citoyenne. Tout cela devra être discuté lors de la prochaine élection présidentielle, mais dans l’immédiat, pour remettre la Ve République sur des rails plus démocratiques et sortir de l’impasse actuelle, la proportionnelle me semble être la première réforme à envisager. Le politiste Bastien François propose un référendum sur la proportionnelle puis une dissolution qui permettrait d’élire une nouvelle assemblée. On peut aussi envisager cette réforme comme un élément de négociation pour construire un futur gouvernement entre le centre et la gauche.

Quelles solutions s’offrent à Emmanuel Macron aujourd’hui ?

F. S. : Emmanuel Macron peut désormais dissoudre l’assemblée mais ce choix serait risqué : il ferait perdre des voix à son camp. Par ailleurs, dans un contexte social inflammable – avec le mouvement Bloquons tout – une dissolution peut amplifier le vote de rejet du président.

Seconde hypothèse : Emmanuel Macron poursuit dans la même logique en espérant qu’un premier ministre de son camp fasse passer le budget au 49.3. quitte à dissoudre ensuite. Mais le Rassemblement national ne semble plus prêt à jouer le jeu de la neutralité et les socialistes ne devraient pas être plus cléments. Ce choix reviendrait donc à reculer pour mieux sauter et l’on arriverait très probablement à une nouvelle censure dans quelques semaines et à priver la France de budget.

Troisième hypothèse : Emmanuel Macron donne sa chance à Olivier Faure ou à un premier ministre de gauche. Il peut ainsi penser réussir à lever l’hypothèque socialiste comme on disait sous la Troisième. Il me semble qu’il s’agirait de la seule décision rationnelle pour éviter une dissolution. Les socialistes pourraient faire passer quelques réformes de gauche comme la taxe Zucman, des mesures prenant en compte la pénibilité en matière de retraite, voire des mesures en faveur de l’hôpital et l’éducation, qui sont largement soutenues par les Français. Ce serait sans doute difficile à avaler pour Macron mais ce dernier peut toujours espérer que le Conseil constitutionnel censure la taxe Zucman ou que LFI torpille le PS. Il peut aussi essayer de diviser les socialistes en proposant un ancien du PS comme Bernard Cazeneuve, mais les socialistes semblent aujourd’hui plus unis qu’en décembre dernier et risquent de refuser cette manœuvre.

Si dissolution il y a, le Rassemblement national est-il de plus en plus proche du pouvoir ?

F. S. : On peut penser que les principales victimes d’une dissolution seront les députés du camp présidentiel. La gauche, pour l’instant, semble se maintenir dans les sondages. Le RN également, autour d’un tiers des votes. La question, c’est que vont faire les partis ? Est-ce que LR va définitivement basculer vers une alliance avec le RN ? La gauche partira-t-elle unie (comme en 2022 et en 2024) à ces élections ou divisée ? Est-ce qu’une partie des électeurs, déçus du macronisme, vont se tourner vers les socialistes, finalement jugés plus responsables et raisonnables ? Il est difficile de prédire les rapports de forces actuels, tels que les mesurent les sondages, dans un contexte d’élection majoritaire à deux tours et avec autant d’incertitudes.


Propos recueillis par David Bornstein.

The Conversation

Frédéric Sawicki ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. « Le suicide politique de François Bayrou est le produit d’un régime politique à bout de souffle » – https://theconversation.com/le-suicide-politique-de-francois-bayrou-est-le-produit-dun-regime-politique-a-bout-de-souffle-264797

Flight attendants have gone 50 years without ground pay — here’s the reason behind it

Source: The Conversation – Canada – By Isabelle Dostaler, Vice-rectrice aux études et à la recherche, Université de l’Ontario français

The recent labour dispute between Air Canada and its flight attendants pulled back the curtain on one of the airline industry’s longest-standing injustices: flight attendants are paid only when planes are in motion, a practice that has persisted for more than 60 years across the global aviation industry.

On Aug. 14, Air Canada began cancelling flights ahead of a potential strike to allow an “orderly shutdown.” The strike started on Aug. 16, but less than 12 hours into it, the federal government attempted to force binding arbitration between the airline and its union.

The union defied the government order to return to work — an order that was never ratified by the court — until a tentative agreement was reached in the early hours of Aug. 19.

Much was at stake during the conflict, and both unions and carriers around the world likely followed it closely. Passenger traffic had returned to pre-pandemic levels, but profit margins were still thin. Stable fuel prices provided some financial relief, but economic and geopolitical uncertainties made carriers cautious about increasing labour costs.

The union, of course, had a very different perspective. For them, the dispute was an attempt to break new grounds and see compensation for ground duties become the new norm across the industry.

Why has such unfairness endured?

The persistence of unpaid ground time in the aviation industry can be explained through institutional isomorphism theory, a concept introduced by sociologists Paul DiMaggio and Walter Powell in 1983.

While organizational theorists had traditionally focused on the variety of organizational structures and strategies, DiMaggio and Powell argued that, over time, organizations in the same field tend to look and behave alike.

Institutional isomorphism helps explain why managers in the aviation industry often conform to established practices, even when change might make business sense. While we tend to think business performance is the primary goal pursued by managers, a key driver of their behaviour is actually legitimacy.

For example, while offering higher salaries to attract employees to an industry still suffering from a labour shortage might be a rational business decision, the reluctance to act differently from companies in the same sector can outweigh that logic.

The forces sustaining unpaid ground time

DiMaggio and Powell defined three types of institutional isomorphism: coercive, mimetic and normative. First, coercive isomorphism refers to the pressures organizations face from formal and informal constraints in an industry. Such constraints are particularly acute in air transportation, which is highly regulated in order to guarantee safety to passengers.

Within this regulatory framework, airtime — the period of time when an aircraft is in the air between takeoff and landing — has become a standard industry measure. Aviation authorities and industry bodies such as the International Air Transport Association, the International Civil Aviation Organization and the European Union Aviation Safety Agency have all reinforced its use by embedding it in the safety standards, operational practices and regulatory frameworks that airlines and national regulators must follow.

The concept of airtime also endured due to mimetic isomorphism, which occurs when organizations imitate the practices of others. In the case of aviation, reproducing historical practices like pay structures has allowed airlines to cope with the uncertainty of a business that has become highly cyclical ever since deregulation started in the United States in 1978.

The last, and one of the most interesting processes pushing organizations to look alike, is normative isomorphism. This refers to the influence of educational institutions and professional networks on organizational behavior.

It stems from the professionalization of work, according DiMaggio and Powell. Nurses, doctors, engineers, accountants, pilots and flight attendants all identify with their professions at least as much as they identify with the company they work for, if not more.

Air transport was a prestigious domain in its early days, which might have contributed to the belief that “real work” meant work in the air. In this sense, flight attendants themselves may have unintentionally helped reinforce this norm.

Could the Air Canada dispute spark a shift?

The Air Canada dispute may mark a turning point for labour standards in the airline industry.

In the post-pandemic period, when delays have been frequent due to labour shortages among mechanics, air traffic controllers and pilots, the unfairness of not paying flight attendants for work performed on the ground has become more visible.

A union victory on this front has the potential to create a snowball effect, with unpaid ground time becoming an illegitimate practice in the industry.

Whether the high-profile Air Canada labour dispute will cause a paradigm shift that causes ground pay to become the new norm in the airline industry remains to be seen. What does seem likely, however, is that after standing by the flight attendants despite the inconvenience and disruptions caused by the strike, the travelling public may view such a profound institutional change in a positive light.

The Conversation

Isabelle Dostaler does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Flight attendants have gone 50 years without ground pay — here’s the reason behind it – https://theconversation.com/flight-attendants-have-gone-50-years-without-ground-pay-heres-the-reason-behind-it-263887