Ocho cuestiones clave sobre la peste porcina africana

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Christian Gortazar, Catedrático de Sanidad Animal en el IREC, responsable del grupo SaBio, Universidad de Castilla-La Mancha

El virus de la peste porcina africana se transmite entre jabalíes, pero puede afectar también a los cerdos. David Relimpio

A finales de noviembre de 2025 se confirmaron los primeros casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes en la provincia de Barcelona. El foco se localizó en un entorno periurbano, atravesado por autovías y muy próximo al campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona. La zona, previamente señalada como punto de riesgo, fue delimitada inicialmente con un radio de 6 kilómetros y una franja de vigilancia ampliada hasta los 20.

La hipótesis más plausible sobre la entrada del virus apunta a restos de comida contaminada que llegaron a un jabalí. Sea como sea, el virus de la PPA ya está en España. Y eso es una pésima noticia para nuestro sector porcino.

A continuación intentamos resolver las dudas que surgen sobre la naturaleza de esta enfermedad, qué medidas deben tomarse para controlarla y cuáles pueden ser las consecuencias de su expansión.

1. ¿Cuál es el origen y cómo se contagia?

La causa de la PPA es un virus de ADN de gran tamaño, capaz de expresar unos 160 genes, lo que lo convierte en un patógeno especialmente complejo. Encapsulado y resistente, puede sobrevivir durante meses en restos orgánicos, como un jabalí en descomposición.

Su transmisión se produce principalmente por contacto directo con sangre o tejidos, lo que puede ocurrir cuando un jabalí consume restos cárnicos contaminados o a través de interacciones estrechas entre los animales.

Una vez infectado, el ejemplar comienza a excretar el virus a los 3-4 días, y suele morir en unos 8-9 días, presentando fiebre alta y hemorragias internas. La mortalidad supera el 90 %. De forma natural, la PPA se propaga lentamente, a unos 13 km por año, por lo que focos más alejados suelen deberse a actividad humana.

2. ¿Qué conviene saber sobre el jabalí?

El jabalí es el ancestro del cerdo. Ambos comparten no solo la genética, sino también muchas enfermedades. Es lo que se denomina un “estratega de la r”, o sea, capaz de soportar altos niveles de caza, depredación o enfermedades. Aunque es una especie nativa de Eurasia y el norte de África, la proliferación del esta especie genera numerosos problemas: produce daños agrícolas, invade zonas urbanas, destruye nidos de aves amenazadas y transmite enfermedades al ganado.

Esta sobreabundancia se debe al aumento de zonas forestales, al cambio de cultivos, al abandono de la ganadería extensiva y a la caída del número de cazadores. Como resultado, se estima que en España hay actualmente entre 2 y 3 millones de jabalíes, unas diez veces más que hace 40 años. También es una especie cinegética cuya caza entretiene y ocupa a muchas personas y genera una actividad económica vital para el medio rural.

3. ¿Qué medidas se deben tomar de manera inmediata?

Lo primero es dejar la zona cero razonablemente tranquila. Los jabalíes del área infectada acabarán muriendo todos de PPA, pero hay que definir bien sus límites. Partiendo de los casos que ya conocemos, habrá que ampliar el radio de búsqueda. En las zonas más cercanas debe hacerse de forma intensa, con batidas de búsqueda de cadáveres meticulosas, discretas y realizadas por suficientes agentes medioambientales y colaboradores. Y en las más alejadas, utilizando drones y perros especializados para prospectar barrancos, cauces y cualquier otro ambiente en el que puedan aparecer jabalíes enfermos o muertos.

Cada cadáver encontrado será mapeado, recogido y enviado para análisis y destrucción. Esto tardará unos días.

4. ¿Y a medio plazo?

Una vez delimitado el perímetro, es clave evitar que salgan jabalíes infectados o restos contaminados, salvo para análisis y destrucción. En el centro del brote, donde se concentran los casos, el virus acabará con los animales por sí solo. Progresivamente, habrá que actuar sobre las poblaciones circundantes.

Esto hay que hacerlo de forma silenciosa, sin perros, posiblemente combinando trampas y el posterior sacrificio con el uso de silenciadores y visores térmicos. Se trata de establecer una zona de baja densidad, de reducir la probabilidad de que la PPA se extienda más allá de la zona infectada. Ocurre como en un cáncer: mejor llevarse algo de tejido de más.

Aunque pueda parecer una medida dura, es más compasivo intervenir a tiempo y evitar el sufrimiento que provoca la enfermedad. La experiencia en otros países demuestra que, si se actúa pronto y con intensidad, es posible erradicar la PPA.

5. ¿Habrá vacunas?

No a corto plazo. Las vacunas inactivadas y las de subunidades son muy seguras, pero poco eficaces, mientras que las vacunas vivas atenuadas –mucho más efectivas– aún necesitan importantes mejoras en seguridad.

6. ¿Qué pasará con los cerdos?

Todo dependerá de si se contiene al virus en un área relativamente pequeña. Las pocas explotaciones porcinas de la zona lo pasarán mal, aunque recibirán ayudas. Lo importante es evitar que el virus llegue a comarcas con alta producción porcina, clave para el sector agroalimentario.

El porcino representa el 17 % del PIB agrario y genera cerca de 300 000 empleos, muchos en zonas rurales. Si la PPA se limita a unas pocas comarcas y se controla en poco tiempo, las exportaciones podrán mantenerse, aunque haya un bajón inicial.

7. ¿Cómo afectará a la caza?

En la zona infectada y sus alrededores no se puede cazar. El control de jabalíes, si es necesario, se hará de forma discreta para evitar movimientos de animales potencialmente infectados. Esta prohibición afectará a algunas sociedades de cazadores, que deberán buscar oportunidades en otras zonas. A cambio, habrá que reforzar la actividad cinegética en áreas periféricas más alejadas; la colaboración entre sociedades vecinas será fundamental. Además, en los cotos de riesgo se aplicarán protocolos de desinfección.

El papel de los cazadores ya es clave en el control del jabalí, y lo será aún más con la PPA. Contribuirán a reducir la densidad y a localizar cadáveres gracias a su conocimiento del terreno.

8. ¿Qué ocurrirá en el futuro?

Nadie sabe qué ocurrirá a largo plazo. En los países bálticos, la PPA resultó fatal para los productores de porcino y redujo drásticamente la población de jabalíes, hasta niveles comparables a los de hace 20 años. En esa región, la cercanía de países poco transparentes y nada colaborativos, como Rusia y Bielorrusia, ha dificultado el control, y la enfermedad se ha vuelto endémica. Ahora, diez años después, las poblaciones de jabalí empiezan a recuperarse, pero la peste permanece. Aquí, en España, aún estamos a tiempo.

The Conversation

Christian Gortazar recibe fondos de la Comisión Europea, proyecto Horizon Europe ASFaVIP, sobre PPA, además de proyectos nacionales y regionales de i+d.

Aleksandra Kosowska está contratada con cargo a proyecto ASFaVIP: Understanding performance characteristics of live attenuated vaccines for the prevention and control of African swine fever in wild boar and domestic pigs (GA Nº 101136676), financiado por la Comisión Europea.

ref. Ocho cuestiones clave sobre la peste porcina africana – https://theconversation.com/ocho-cuestiones-clave-sobre-la-peste-porcina-africana-271073

AI promises efficiency, but it’s also amplifying labour inequality

Source: The Conversation – Canada – By Mehnaz Rafi, PhD Candidate, Haskayne School of Business, University of Calgary

As artificial intelligence (AI) becomes more integrated into workplace systems and operations, it’s reshaping both how work tasks are completed and the very experience of work itself.

For many employees, AI is stress-testing their tolerance for uncertainty and job insecurity. Some positions are being automated entirely. Others are becoming redundant. In many cases, full-time roles are being reduced to part-time or contract work.

These changes have been very visible in this year’s news headlines. UPS, for example, announced 20,000 layoffs in April while expressing interest in deploying humanoid robots from Figure AI to take over warehouse tasks.

Recently, this disruption has moved beyond front-line roles. Amazon has revealed plans to cut 14,000 corporate jobs to reorganize around AI-enhanced efficiency. Microsoft laid off roughly 6,000 employees — most of them software engineers and programmers — as AI systems now generate up to 30 per cent of new code on its projects.

Employees do not stand on equal footing in the face of these changes, nor do they experience the same level of vulnerability. The capacity to respond to AI-related job threats varies sharply based on income, education, race and digital access.

These disparities ultimately shape who can adapt and leverage new technological opportunities, and who becomes excluded from them and left behind.

AI’s uneven impact on the workforce

Employees face unequal vulnerability to AI-related job threats largely because automation disproportionately targets entry-level and front-line positions. These are typically lower-wage roles, often held by people from lower socioeconomic backgrounds and marginalized communities.

Such positions typically involve routine or repetitive tasks in sectors like customer service, retail, administration, warehousing and food service. Reports show these jobs are up to 14 times more likely to be displaced than higher-wage positions. Women are 1.5 times more likely than men to be pushed into new occupations as a result.

People in these roles also face greater barriers in accessing employment and advancement opportunities, which perpetuates cycles of economic insecurity among groups that are already vulnerable.

In contrast, AI is significantly boosting efficiency and productivity for knowledge workers in higher-wage positions. Surveys show 75 per cent of knowledge workers now use AI tools and report a 66 per cent average increase in productivity.

These employees are far better positioned to integrate AI into their workflow. For example, national data shows that Canadian employees benefit most from AI when their jobs involve “complementary” tasks. These are tasks that AI can augment or enhance.

This complementarity is strongly tied to education. It is highest among employees with graduate degrees and steadily declines as education levels drop. As a result, the benefits associated with AI flow disproportionately to higher-educated, high-income professional workers, enabling them to manage larger workloads and complete tasks faster. Some workers save up to one-third of their work hours.

AI can also improve the quality of their work. Research shows consultants who use AI produce work that is more than 40 per cent higher in quality than those who don’t use AI. These advantages can accelerate career progression and income growth for people already in privileged socioeconomic positions.

These patterns reinforce existing class inequities by expanding opportunities for those in high-income, professional roles while deepening precarity for those in low-income, entry-level and front-line roles.

Uneven access to skills training

Upskilling and reskilling are often presented as solutions to AI-related job threats, but access to these opportunities is unevenly distributed across social groups.

Upskilling refers to developing more advanced skills within a current role, while reskilling involves learning entirely new skills to transition into a different job. High-income, highly educated professionals receive far more institutional support to upskill or reskill, such as employer-funded training, paid time to learn new tools and access to advanced digital tools.

In contrast, workers from lower socioeconomic backgrounds and low-income jobs often lack the financial means, time and organizational support needed to develop new skills.

These structural gaps are reflected in participation rates: a survey by Gallup and Amazon shows that 75 per cent of workers in computer-related occupations engage in upskilling, compared with less than one-third of workers in office administration, food service, production and transportation roles.

As a result, workers in precarious and vulnerable positions are further disadvantaged by the barriers they face in accessing opportunities to respond to technological threats.

Digital access shapes who benefits

Differences in digital access and literacy create another layer of inequality in how different groups experience AI.

The digital divide is tied to disparities in digital and AI literacy across income, geography, age, education and occupation.

People in high-income, white-collar roles, urban areas and well-resourced institutions typically have reliable internet, AI tools and access to digital skills training. They also develop AI literacy through formal education and job training, which gives them more opportunities to experiment with AI and integrate it into their work.

However, those in manual jobs, rural areas, low-income households, marginalized communities and older age groups often lack stable connectivity, updated technology and access to formal training, making AI adoption more difficult for them.

This leaves them more vulnerable to AI-related job threats. These gaps in access and skills reinforce existing socioeconomic inequalities by concentrating the benefits of AI among advantaged groups while heightening the risks for those with fewer resources.

AI holds great potential to positively impact employees, organizations and the workplace. However, without equitable access to upskilling, reskilling, training, digital resources and AI literacy, the technology can deepen the disparities between different social groups. Closing these gaps and creating fair opportunities for adaptation is essential if AI is to benefit our society more broadly and equitably.

The Conversation

Mehnaz Rafi does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

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Combiner préservation de la biodiversité et développement économique : leçons indonésiennes

Source: The Conversation – in French – By Emmanuel Fourmann, Chargé de recherche, Agence Française de Développement (AFD)

Surexploitation des ressources marines et halieutiques, déchets abandonnés dans la nature, tourisme de masse… comment préserver les écosystèmes côtiers locaux des conséquences néfastes du tourisme et des activités humaines intensives ? Des recherches menées en Indonésie démontrent que les « aires protégées » et, dans le cas de l’Indonésie, les « aires marines protégées » (AMP) en particulier offrent des pistes prometteuses afin d’allier préservation de la biodiversité et développement économique – à condition d’y associer les populations locales. Cet article fait le point sur les dispositifs « d’aires » existants et offre un retour d’expérience sur leur efficacité en Indonésie.


La mise en place d’une aire protégée demeure l’un des principaux outils pour conserver la biodiversité. Mais les restrictions d’usage associées (selon les zones concernées : interdiction de prélèvement ou de circulation, itinéraires ou calendriers imposés, défense de faire un feu ou de bivouaquer) sont généralement contraignantes pour les riverains ou les touristes, et souvent mal acceptées.

Des travaux de recherche menés en Indonésie montrent qu’associer les communautés voisines à la conservation est généralement un gage d’efficacité écologique : les règles établies sont alors mieux comprises, voire co-construites, et, dès lors, mieux admises et respectées.

Ainsi, les bénéfices attendus de la mise en protection se concrétisent du point de vue écologique et il est possible d’y adjoindre des co-bénéfices pour les populations riveraines.

Périmètres et restrictions d’usage

La stratégie nationale des aires protégées (SNAP) donne la définition suivante de la notion d’« aire protégée » : « Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés. »

C’est donc une zone géographique définie par la loi, dont l’usage est restreint par rapport au droit commun.

Plusieurs catégories de protection ont été définies par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), un lien étant clairement établi entre, d’une part, le degré de rareté et de menace pesant sur les écosystèmes, les animaux et les plantes et, d’autre part, le niveau des restrictions d’usage.

L’arsenal habituel est un périmétrage de la zone et la sécurisation légale du foncier ; la détermination d’une « zone cœur » et de zones tampons ; une régulation des accès et des pratiques ; l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion écologique ; des activités de police de l’environnement et de valorisation des connaissances.

Pour ce qui est des espaces côtiers et maritimes, une aire marine protégée correspond à un « volume délimité en mer, sur lequel les instances gouvernantes attribuent un objectif de protection de la nature à long terme. Cet objectif est rarement exclusif et soit souvent associé à un objectif local de développement socio-économique, soit encore avec une gestion durable des ressources ».

Compte tenu des interactions entre faunes marine et terrestre (ponte des tortues, habitat des crabes et oiseaux de mer), de nombreuses aires protégées côtières sont mixtes, incluant une zone en mer et une partie terrestre pour garantir une continuité écologique entre les deux milieux.

Une tension entre biodiversité et développement économique

Aujourd’hui, la biodiversité est la plus riche dans les zones faiblement peuplées et faiblement développées (moindre pression anthropique, moindre pollution) et c’est naturellement dans ces zones que l’on est le plus susceptible de créer des aires protégées pour sécuriser les écosystèmes.

Dès lors, l’objectif de conservation peut entrer en tension avec celui du développement économique local.

Si les personnes les plus pauvres et les plus éloignées de l’économie mondiale sont les plus dépendantes de la nature pour leur subsistance, il faut aussi noter que la création d’une aire protégée se traduit pour les populations riveraines par de nouvelles contraintes pesant sur leurs pratiques productives (agriculture, cueillette, élevage, châsse, pêche), leurs itinéraires (zones interdites de manière temporaire ou permanente, nomadisme), leurs comportements (gestion des déchets). Il existe une tension traditionnelle entre droits des riverains et droits de la nature.

Les logiques de conservation sont parfois déployées dans des contextes d’inégalités importantes, car faisant se côtoyer des populations très pauvres et isolées, avec des opérateurs économiques plus riches alignés sur d’autres standards (tourisme, pêcheries industrielles, mines). En Indonésie, certains villages côtiers, situés dans des zones très touristiques, figurent parmi les plus riches du pays, mais aussi parmi les plus inégaux : les modes de vie traditionnels (pauvres) coexistent avec ceux, davantage empreints de consommation, d’un petit groupe de personnes qui profitent plus directement des revenus issus du tourisme.

Par ailleurs, les villages proches d’aires protégées ont souvent un accès plus limité aux équipements, infrastructures (près de la moitié des populations proches des aires protégées n’a pas accès au réseau téléphonique) et soutiens financiers (la moitié des ménages n’a pas accès au crédit).

De manière générale, ces villages proches d’aires protégées affichent en moyenne de plus hauts niveaux de pauvreté et d’inégalité qu’ailleurs dans le pays, et si l’on y observe une lente augmentation des revenus des plus pauvres, le niveau des inégalités, lui, a plutôt tendance à augmenter.

Dès lors, est-il possible de concilier conservation et développement juste des populations locales ?

Associer les populations locales

Des travaux menés sur une série d’aires marines protégées en Indonésie montrent que l’association directe des populations à la création puis à la gestion des aires protégées (information des populations sur les enjeux, création de groupe de parole, représentation des populations voisines dans les instances de décision, intégration des riverains dans la surveillance ou le guidage, etc.) est un garant de l’efficacité écologique et de l’acceptation sociale. Chaque restriction d’usage, si elle est comprise, nourrie de la connaissance des populations locales et confrontée à leurs contraintes existantes, sera mieux respectée et les coûts de coercition réduits. De même, si l’exercice de la surveillance écologique est exercée par un ou une voisine, elle n’est pas vécue comme exogène.

Les travaux soulignent notamment :

  • L’importance du volet social de la conservation écologique : il est nécessaire d’associer au maximum les populations riveraines au processus de création puis de gestion des aires marines, notamment lors de l’élaboration des règles. Celles-ci doivent être construites en tenant compte des besoins locaux et des connaissances des habitants. Il est par exemple très important que des enquêtes préalables soient effectuées avant la création de nouvelles aires protégées, pour en limiter l’impact et s’assurer de l’existence de solutions alternatives ou de compensations adaptées. Cette économie non monétaire, fondée sur la nature, n’est toutefois pas bien connue ni appréhendée par les décideurs.

  • La nécessité d’une diversification des profils de recrutement des gestionnaires et écogardes (ne pas se limiter aux formations purement biologiques et écologiques). Il convient de former les gestionnaires en place aux approches économiques et sociales et de les doter d’outils pratiques pour les aider à mieux intégrer les populations et mieux prendre en compte leurs points de vue.

La biodiversité, garantie de subsistance et atout de développement

Concilier objectifs socio-économiques et environnementaux n’est donc pas impossible, même si l’objectif principal d’une aire protégée est généralement prioritairement biologique, visant à maintenir durablement des écosystèmes.

La biodiversité protégée peut être un facteur particulièrement attractif pour le tourisme (plongée, randonnée, pêche sportive, grande chasse) et devenir un atout économique pour un pays, le tourisme étant dans la comptabilité nationale une exportation de services, pourvoyeuse de devises, d’emplois et d’activité économique. Tout en rappelant aussi qu’un tourisme intense, mal contrôlé et mal canalisé, peut évidemment devenir une menace additionnelle pour la biodiversité des milieux fragiles.

Les aires marines protégées offrent par ailleurs de nombreux bénéfices environnementaux. En conservant la biodiversité et le paysage, elles favorisent la pêche durable et le tourisme côtier. En protégeant les zones d’habitat de la faune sauvage, elles facilitent la reproduction des poissons. En zone intertropicale, elles augmentent également la résilience des communautés humaines face au changement climatique, car les mangroves et les barrières de corail atténuent les effets du changement climatique comme la montée du niveau des mers et l’érosion côtière, et l’impact des phénomènes extrêmes, notamment les tsunamis dans les pays à forte activité sismique comme l’Indonésie (entre 5 000 et 10 000 séismes enregistrés chaque année).

Les conditions de l’efficacité des aires marines protégées

Les études menées sur l’Indonésie montrent que la plupart des aires marines protégées souffrent d’une gouvernance médiocre, mais que des améliorations sont possibles et déjà à l’œuvre.

Prévue par le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, l’extension ou la création d’aires protégées, si elle est conduite en lien avec les populations, peut se traduire par une amélioration des conditions de vie des riverains, avec notamment une amélioration des captures de pêche, un meilleur accès des communautés à l’information, un accès à des emplois dans le tourisme, notamment pour les femmes. Une extension des aires marines protégées, si elle s’accompagne d’une démarche consultative et inclusive, peut donc conjuguer intérêt écologique et économique.

Dans cette perspective, les travaux de recherche en matière de mesure de la biodiversité (comptabilité écologique et océanique, Blue ESGAP, comptabilité des écosystèmes côtiers) sont très attendus, car ils devraient permettre à moyen terme un meilleur suivi des effets écologiques et sociaux des aires marines protégées et de documenter ainsi la contribution au développement durable des politiques de conservation de la nature.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

ref. Combiner préservation de la biodiversité et développement économique : leçons indonésiennes – https://theconversation.com/combiner-preservation-de-la-biodiversite-et-developpement-economique-lecons-indonesiennes-270746

« Fake lives » : quand la simulation déplace les frontières de l’identité sociale

Source: The Conversation – in French – By Emmanuel Carré, Professeur, directeur de Excelia Communication School, chercheur associé au laboratoire CIMEOS (U. de Bourgogne) et CERIIM (Excelia), Excelia

La vie comme simulation dans le _Truman Show_ (1998), de Peter Weir, avec Jim Carrey dans le rôle-titre. Allociné

Entre des intelligences artificielles qui adoptent délibérément des codes d’existence humaine et des individus qui simulent des pans entiers de leur existence, l’identité sociale se transforme et la notion d’authenticité vacille.


Il y a quelques mois, une intelligence artificielle (IA), nommée Flynn, a été officiellement acceptée comme étudiante au département d’Arts numériques de l’Université des arts appliqués de Vienne (Autriche). Pour la première fois dans l’histoire, une IA suit des cours, reçoit des notes et tient un journal de ses apprentissages aux côtés d’étudiants humains. Flynn, créée par les étudiants Chiara Kristler et Marcin Ratajczyk, s’intéresse notamment à la « fatigue féministe » – un sujet qu’elle explore avec cette curiosité naïve (et à peine ironique) qui caractérise son statut hybride.

Ce cas s’inscrit dans un phénomène plus large que nous proposons d’appeler les « fake lives » : des formes d’existence où la simulation devient un mode de vie assumé, qu’elle soit pratiquée par des intelligences artificielles ou par des humains eux-mêmes.

Quand les machines simulent la vie humaine

Côté pile, Flynn inaugure en effet ce que nous pourrions nommer les « virtual lives » : des intelligences artificielles qui adoptent délibérément des codes d’existence humaine. Contrairement aux chatbots (agents conversationnels) traditionnels qui tentent de masquer leur nature artificielle, Flynn assume pleinement son statut d’IA tout en performant authentiquement le rôle d’étudiant.

Cette transparence paradoxale trouve son prolongement le plus sophistiqué dans l’affaire récente du philosophe Jianwei Xun. Ce penseur hongkongais, présenté comme l’inventeur du concept d’« hypnocratie » – un régime politique qui utilise l’IA pour altérer les états de conscience collectifs – s’est révélé être une création d’Andrea Colamedici, philosophe italien spécialiste de l’intelligence artificielle. Vertige supplémentaire : Xun est lui-même le produit d’un dialogue entre Colamedici et des IA (Claude et ChatGPT), créant une « troisième entité » hybride !

Finalement, l’hypnocratie théorisée par ce « faux penseur » finit par décrire précisément le monde dans lequel nous évoluons : un régime où l’IA inonde la réalité d’interprétations possibles, créant un état de quasi-hypnose collective. La prophétie s’autoréalise : en inventant un concept pour décrire notre époque, Colamedici a créé les conditions mêmes de cette hypnocratie, les médias ayant massivement relayé les théories d’un philosophe fictif sans vérifier son existence !

L’industrialisation de la performance identitaire

Côté face, en miroir de ces leurres « artificiellement intelligents », nous assistons à l’émergence de fake lives strictement humaines, où des individus simulent délibérément des pans entiers de leur existence.

Le phénomène des starter packs illustre cette tendance. Ces figurines virtuelles générées par IA ont inondé il y a quelques mois les réseaux sociaux comme LinkedIn. Beaucoup se sont prêtés au jeu de cet autoportrait généré par IA sous forme de produit de consommation, une espèce d’identité « sous blister » accompagnée d’accessoires censés résumer une personnalité.

Cette logique de simulation s’étend aux performances corporelles avec l’émergence des « Strava jockeys » : des coureurs professionnels payés pour effectuer des entraînements au nom d’autres personnes, permettant à ces dernières d’afficher des performances sportives impressionnantes sans fournir l’effort correspondant. Des outils, comme Fake My Run, automatisent même cette simulation, générant de fausses données de course directement injectées dans les applications de fitness.

Le phénomène atteint son paroxysme en Chine, où des entreprises, comme Pretend to Work, proposent aux chômeurs de payer 4 euros pour passer une journée dans de faux bureaux, participant à de fausses réunions dont ils publient les images sur les réseaux sociaux. Cette simulation complète de la vie professionnelle révèle la pression sociale exercée par l’obligation d’occuper une place reconnue dans la société.

Comment interpréter ces phénomènes de mises en scène dignes d’une « post-vérité » vertigineuse ?

Une généalogie de la simulation sociale

Les phénomènes que nous venons d’exposer s’enracinent dans une longue tradition sociologique. Dès 1956, Erving Goffman analysait dans « la Présentation de soi », premier tome de la Mise en scène de la vie quotidienne, la façon dont nous jouons constamment des rôles sociaux, distinguant la « façade » que nous présentons aux autres de nos « coulisses » privées. Les fake lives ne font qu’externaliser et technologiser cette performance identitaire que Goffman observait déjà.

Jean Baudrillard a théorisé dans Simulacres et Simulation (1981) comment l’image finit par supplanter le réel, créant des « simulacres » – des copies sans original qui deviennent plus vraies que nature. Les fake lives actuelles illustrent parfaitement cette logique : les fausses performances Strava deviennent plus importantes que l’exercice réel, les starter packs plus représentatifs que l’identité vécue.

Les recherches récentes en psychologie cognitive confirment et précisent ces intuitions sociologiques. L’anthropomorphisme numérique révèle par exemple comment notre « cognition sociale » s’active automatiquement face aux interfaces conversationnelles. Contrairement aux analyses de Goffman centrées sur les interactions humaines, nous découvrons que les mêmes mécanismes psychologiques – empathie, attribution d’intentions, perception d’autorité – s’appliquent aux entités artificielles dès qu’elles adoptent des signaux humanoïdes. Cette « équation médiatique ») montre que nous traitons instinctivement les machines comme des acteurs sociaux, créant une « confiance affective » qui peut court-circuiter notre « vigilance épistémique ».

La nouveauté réside dans l’industrialisation de cette simulation. Là où Goffman décrivait des ajustements individuels et ponctuels, nous assistons désormais à la marchandisation de la performance identitaire. Les fake lives deviennent un service payant, une industrie florissante qui répond à l’anxiété contemporaine de ne pas « exister suffisamment » dans l’espace social numérisé.

Une transparence paradoxale

Les fake lives assument souvent leur artifice. Flynn revendique sa nature d’IA, les starter packs affichent leur dimension ludique, les faux coureurs Strava participent d’un jeu social reconnu. Cette transparence suggère l’émergence de nouveaux critères d’authenticité.

Flynn développe d’ailleurs une authenticité post-humaine assumée : artificielle par nature, elle explore sincèrement des questions humaines. On peut dire que les starter packs révèlent aussi une vérité sur notre époque par leur autodérision : nous sommes tous des « produits » optimisés pour la consommation sociale. Ce second degré révèle d’ailleurs ce que Byung-Chul Han appelle notre condition d’entrepreneurs de nous-mêmes : nous optimisons gaiement notre propre exploitation !

Ces simulations ne constituent donc pas une forme de pathologie numérique qu’il conviendrait simplement de condamner. Elles révèlent en fait de nouvelles modalités d’existence qui apparaissent lorsque les frontières entre réel et virtuel, authentique et simulé, s’estompent. Flynn, Strava et les bureaux chinois nous incitent pour le moins à repenser nos catégories d’analyse sociale et nos interactions simulées dans les espaces publics virtuels.

L’enjeu ultime est peut-être moins de trancher entre libération et aliénation que de comprendre comment les fake lives déplacent les frontières de l’identité sociale. Offrant à la fois des espaces d’émancipation et des formes inédites de soumission douce, ces pratiques nous obligent à penser l’existence comme un jeu paradoxal, où l’authenticité passe désormais par la reconnaissance assumée de l’artifice.

The Conversation

Emmanuel Carré ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. « Fake lives » : quand la simulation déplace les frontières de l’identité sociale – https://theconversation.com/fake-lives-quand-la-simulation-deplace-les-frontieres-de-lidentite-sociale-266298

Le retour de la puissance en géopolitique : le cas de l’Ukraine

Source: The Conversation – in French – By Laurent Vilaine, Docteur en sciences de gestion, ancien officier, enseignant en géopolitique à ESDES Business School, ESDES – UCLy (Lyon Catholic University)

Et si, au-delà des horreurs, la guerre entre la Russie et l’Ukraine, intensifiée en 2022, n’était pas l’événement « nouveau » que l’on dépeint, mais le révélateur brutal de lois géopolitiques fondamentales que l’Occident avait choisi d’oublier ?


La guerre qui ravage actuellement l’Ukraine est un concentré de géopolitique, qui mobilise toutes les grilles d’analyse élaborées depuis plus d’un siècle, rappelant que les grands drames du monde contemporain (Bosnie, Tchétchénie, Géorgie, pour ne s’en tenir qu’au continent européen) ne sont que les itérations d’un jeu de puissance aux règles immuables.

Au-delà de l’anxiété du court terme, c’est cette approche qu’il convient d’avoir à l’esprit pour décrypter les constantes militaires, économiques, numériques et narratives qui commandent la géopolitique moderne.

L’empreinte indélébile de la géographie et de l’histoire

La guerre en Ukraine est, avant tout, une affaire de temps long. Elle réactive deux forces primaires que la modernité avait cru dissoudre : la géographie et l’histoire.

Ce conflit nous rappelle brutalement ce qu’est la guerre de haute intensité, un concept que l’on pensait relégué aux archives de la guerre froide (Corée, Vietnam, Iran-Irak…).

Le fleuve Dniepr redevient un obstacle stratégique ; le relief naturel dicte les fonctions défensives ; la mer Noire, une artère vitale pour l’évacuation du blé, est une zone de friction économique et militaire.

Les villes ne sont pas de simples coordonnées numériques, mais des bastions à conquérir, des symboles dont la perte ou la conquête influe directement sur le moral des belligérants. La technologie a beau innover (l’usage massif des drones), elle ne fait que s’adapter à la réalité implacable du sol. Cette réalité réaffirme une constante que les débats sur la guerre cyber et hybride tendaient à occulter : le terrain façonne les opérations.

Si les drones terrestres sont de plus en plus utilisés pour évacuer les soldats blessés de la ligne de front, leurs pilotes doivent prendre en compte les paramètres topographiques et météorologiques lors de ces opérations.

Le poids des récits

Le rapport de force, lui, est indissociable des récits. L’Ukraine se définit par sa souveraineté, tandis que la Russie se considère toujours comme l’héritière légitime d’un espace impérial qu’elle n’accepte pas de perdre. Ce choc de représentations historiques, où l’un refuse de perdre et l’autre d’être absorbé, est une constante tragique de la géopolitique.

Vladimir Poutine, comme tant d’autres avant lui, a commis l’erreur classique d’ignorer qu’un rapport de force ne s’évalue pas à l’aune du mépris que l’on a pour son adversaire, mais se mesure au regard des forces et faiblesses réelles. La résistance ukrainienne, soutenue mais non dirigée par ses alliés, est la preuve amère que les Russes ont sous-estimé leur adversaire de manière caricaturale.

L’incapacité d’anticiper

L’un des enseignements les plus cinglants de ce conflit tient à l’incapacité d’anticiper dont ont fait preuve les acteurs occidentaux. Malgré les signaux constants de la géopolitique, il a fallu l’événement, le choc de 2022, pour forcer un réarmement accéléré de l’Europe et une révision de ses dépendances.

En Ukraine, la guerre est un laboratoire d’innovations (drones, adaptation tactique en temps réel), mais cette innovation ne saurait cacher le retour d’une autre constante : la masse.

Malgré le numérique et la guerre électronique, le qualitatif ne remplace pas le quantitatif. Le nombre de chars, de pièces d’artillerie, et de soldats compte plus que jamais. Les modes d’action russes le confirment tragiquement : une approche où la préservation du capital humain est subordonnée à l’idée d’un capital jugé quantitativement inépuisable.

L’Occident découvre, sidéré, la primauté du stock sur la sophistication, alors que cette logique est un pilier de la stratégie militaire depuis l’aube des guerres.

La gesticulation nucléaire

L’escalade doit être évitée à tout prix, et cette retenue est dictée par la constante la plus terrifiante de la modernité : la dissuasion nucléaire.

La logique de la « destruction mutuelle assurée » est plus vivante que jamais, expliquant la frilosité relative des Américains et des Européens. La Russie use et abuse de la gesticulation nucléaire – déclarations ambiguës, annonces de nouveaux matériels – pour dissuader tout engagement occidental trop important. Cette démonstration est à la fois une force et une faiblesse, mais elle réaffirme le rôle central de l’atome comme arbitre suprême des conflits de haute intensité.

Intérêts permanents, nouvelles alliances

Si le conflit semble géographiquement circonscrit, ses effets sont mondiaux, mais surtout, ils révèlent la nature profonde et intéressée des alliances globales.

Pour Vladimir Poutine, la guerre a engendré des échecs stratégiques aux conséquences durables :

L’échec le plus cruel est de constater que le soi-disant « Sud Global » ne soutient la Russie qu’à l’aune de ses propres intérêts. Ces pays profitent des sanctions occidentales pour acheter du pétrole russe à bas coût, démontrant une forme de non-alignement formel et l’une des plus grandes constantes de la géopolitique : l’intérêt prime toujours l’idéologie.

Le temps long contre la peur

En Ukraine, la guerre mobilise à elle seule de nombreuses constantes de la géopolitique contemporaine.

C’est ce que cherche à restituer le Retour de la puissance en géopolitique. Bienvenue dans le vrai monde (L’Harmattan, 2025) au travers de ses 20 thématiques indépendantes, visant à couvrir une grande partie du spectre de la géopolitique dont les maîtres mots sont la puissance, le rapport de force et l’intérêt. Comprendre cette guerre, c’est accepter que le monde obéît à des règles anciennes et que la seule véritable surprise réside dans notre incapacité chronique à les anticiper.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

ref. Le retour de la puissance en géopolitique : le cas de l’Ukraine – https://theconversation.com/le-retour-de-la-puissance-en-geopolitique-le-cas-de-lukraine-269677

L’impôt sur la fortune improductive : une taxe en décalage avec le modèle d’intermédiation financière français

Source: The Conversation – France (in French) – By Nizar Atrissi, Professeur associé, IAE Paris – Sorbonne Business School; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Au cours du débat budgétaire, un impôt sur la fortune dite improductive a été voté le 31 octobre dernier. Mais que désigne véritablement ce terme ? Et les assiettes visées par cet impôt sont-elles vraiment aussi improductives qu’elles ne le semblent ?


Alors que la France cherche à taxer la richesse dite « improductive », elle risque d’affaiblir le moteur même qui finance son économie. Le nouvel impôt sur la fortune improductive vise à réorienter les capitaux inactifs vers l’investissement productif, mais en incluant dans son assiette les dépôts bancaires, les avoirs en liquidités et même certains produits d’assurance vie, la mesure frappe au cœur du système financier du pays : son modèle d’intermédiation financière.

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 31 octobre 2025, un nouvel impôt présenté comme un instrument de justice économique : l’impôt sur la fortune improductive. Son objectif est clair. Il s’agit de faire contribuer davantage les capitaux dits « dormants » et de réorienter l’épargne vers l’investissement productif. Mais derrière cette ambition se cache un paradoxe économique majeur. En intégrant les liquidités et dépôts bancaires dans son assiette, la réforme touche directement ce qui alimente l’économie réelle française, le mécanisme de transformation de l’épargne en crédit.

Définition contestée

Selon le texte voté, la « fortune improductive » regroupe les actifs qui ne participeraient pas directement à la création de valeur. L’impôt s’appliquerait aux biens immobiliers et aux actifs considérés comme improductifs : les biens de luxe tels que les yachts ou les jets privés, les métaux précieux et les actifs numériques, ainsi que les dépôts et les liquidités, y compris certaines assurances vie jugées « inactives ». L’hypothèse sous-jacente est que ces avoirs ne créent ni emplois ni croissance.




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Pourtant, les dépôts et autres actifs assimilés sont tout sauf inactifs. Ils représentent une source de financement vitale pour les institutions financières françaises qui les transforment en prêts aux ménages et aux entreprises. Ils constituent également la base de la stabilité financière en servant de réserves et de coussins de liquidité. Les taxer reviendrait à frapper directement au cœur du mécanisme du crédit en France. De plus, ces avoirs sont déjà soumis à l’impôt et aux prélèvements sociaux à travers les intérêts qu’ils génèrent. Les inclure dans une nouvelle assiette fiscale équivaudrait à une double imposition d’un actif déjà intrinsèquement productif.

Une clé de voûte du financement

Selon la Banque de France, les dépôts et comptes d’épargne de la clientèle non financière totalisaient environ 2 600 milliards d’euros en septembre 2025, dont 1 900 milliards détenus par les ménages. Le ratio crédits/dépôts avoisine 100 %, selon les statistiques annuelles de la Banque centrale européenne (BCE, Supervisory Banking Statistics 2024). Ce niveau traduit la forte mobilisation de l’épargne par les banques françaises, qui transforment activement les dépôts en prêts à l’économie réelle.

À la différence des économies anglo-saxonnes, davantage tournées vers les marchés, le financement de l’économie française reste profondément intermédié, où les banques jouent un rôle central dans la transformation de l’épargne en crédit. Les données de la Banque de France indiquent que le financement total des sociétés non financières atteignait 2 100 milliards d’euros en août 2025, dont près de 1 400 milliards provenant de crédits bancaires, soit environ deux tiers du financement des entreprises. Autrement dit, la croissance économique française dépend d’un système bancaire qui recycle l’épargne domestique en crédit productif.

La même logique s’applique au secteur de l’assurance vie, qui constitue un autre canal important de l’intermédiation en France. Les fonds en euros – ces produits à capital garanti et à forte liquidité propres au marché français – sont eux aussi visés par la nouvelle mesure. Ce pilier de l’épargne représente 70 % de l’assurance vie qui s’élève à près de 2 100 milliards d’euros d’encours selon les chiffres officiels de France Assureurs, l’organisation professionnelle réunissant l’ensemble des entreprises d’assurance et de réassurance travaillant en France. Près de 60 % de ces actifs sont investis dans des titres d’entreprises et du quart dans des obligations souveraines, finançant directement le secteur privé comme le secteur public.

Un effet boomerang

Ensemble, banques et assurances forment les deux piliers du modèle français d’intermédiation, transformant l’épargne des ménages en crédit et en investissement de long terme. Fragiliser cette base via la fiscalité nuirait non seulement au mécanisme d’intermédiation lui-même, mais il dégraderait aussi la capacité du pays à financer sa croissance. En effet, les sommes placées dans les actifs ciblés par cette mesure seraient susceptibles de s’orienter vers d’autres investissements peut-être plus risqués, mais moins exposés fiscalement… et éventuellement situés hors de France.

En cherchant à orienter l’épargne vers des actifs « productifs », la nouvelle loi, si elle est finalement adoptée à l’issue du processus de budget, promeut implicitement une forme de désintermédiation financière – une transformation du financement bancaire vers un financement direct et davantage fondé sur les marchés. En théorie, une telle évolution est souhaitable, car elle permettrait de diversifier les sources de capitaux, d’améliorer l’allocation de l’épargne et de favoriser l’innovation. Mais encore faut-il disposer de marchés suffisamment profonds, liquides et attractifs pour les émetteurs comme pour les investisseurs.

Or la France demeure structurellement bancarisée et son marché actions continue de se négocier avec une décote significative par rapport aux États-Unis. Comme le signalait sur BFM Michaël Fribourg, le PDG de Chargeurs : « Mon conseil à ceux qui veulent aller à la Bourse de Paris : ne le faites surtout pas ! » Cette mise en garde illustre un défi bien profond : le marché de capitaux domestique peine encore à attirer et retenir les entreprises à un moment où il aurait besoin de se renforcer.

Boursorama 2025.

La fonction économique de la liquidité

Assimiler la liquidité à de la passivité revient à méconnaître sa fonction économique. Les liquidités et les dépôts reflètent la prudence et la planification financière, non l’immobilisme. Ils soutiennent la confiance, permettent la création de crédit et jouent un rôle stabilisateur en périodes d’incertitude. Les taxer reviendrait à pénaliser des comportements d’épargne responsables et une gestion financière saine.

Plutôt que d’alourdir la charge fiscale sur ces actifs, la France devrait encourager l’épargne de long terme, celle qui alimente réellement l’investissement productif. Mais cela implique de préserver la capacité du système financier à transformer l’épargne en crédit, non de la restreindre. Dans une économie où l’intermédiation reste la colonne vertébrale du financement, taxer la liquidité équivaut à désamorcer la pompe.

L’impôt sur la fortune improductive part d’un objectif louable – mobiliser le capital au service de la croissance –, mais risque de produire l’effet inverse. Au lieu d’une fiscalité pénalisant la liquidité, la priorité devrait être d’affermir la profondeur des marchés de capitaux, de renforcer la culture financière des ménages et de favoriser les investissements à long terme. En envoyant un signal de défiance envers cette épargne, la nouvelle taxe risque de compromettre l’un des atouts structurels de la France : son système d’intermédiation financière stable.

The Conversation

Nizar Atrissi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. L’impôt sur la fortune improductive : une taxe en décalage avec le modèle d’intermédiation financière français – https://theconversation.com/limpot-sur-la-fortune-improductive-une-taxe-en-decalage-avec-le-modele-dintermediation-financiere-francais-270383

Coastal regions and climate change: how better risk assessment can help protect infrastructure and livelihoods

Source: The Conversation – France – By Anthony Schrapffer, PhD, EDHEC Climate Institute Scientific Director, EDHEC Business School

Coastal regions, where dense clusters of critical infrastructure are found, are facing the sharpest edge of climate change. The threats include paralysed transport networks and disrupted supply chains. To stay ahead, we need a clearer picture of these vulnerabilities that lets us anticipate the fallout before it comes. But right now, patchy data, inconsistent approaches, and the absence of a unified framework make it tough to grasp the scale of the risk.

In late October, the Caribbean was ravaged by Hurricane Melissa, a type of storm whose likelihood has been quadrupled by climate change, according to research from Imperial College London’s Grantham Institute. With a death toll exceeding 40 and damages initially estimated at around $50 billion, the hurricane has laid bare the acute exposure of coastal regions to such disasters.

Coastal areas host a disproportionate share of the world’s major cities, ports, industrial hubs, and essential infrastructure. Some 40% of the global population resides within 100 kilometres of the coast, while 11% live in low-lying coastal zones (areas less than 10 metres above sea level). This coastal concentration stems from the strategic advantages of maritime trade, access to natural resources such as water and fisheries, and the economic draw of tourism.

As sea levels rise and storms grow more intense, this concentration of assets along the coastlines places them squarely in the crosshairs of climate change. Measuring assets’ vulnerabilities is essential for anticipating economic, environmental, and social impacts and, above all, preventing disruptions.

But without a unified framework for evaluating risk, how can we accurately forecast and prepare for the impact of climate change on coastal infrastructure?

The increasing cost of climate disasters

Climate change is driving rising sea levels and accelerating coastal erosion, rendering shorelines increasingly fragile. As a result, storms, cyclones, and coastal flooding are growing in both frequency and intensity. Coastal infrastructure, already highly exposed, faces mounting human and economic tolls from these extreme events.

In 2005, Hurricane Katrina submerged 80% of New Orleans, claiming over 1,800 lives and causing $125 billion in damage. The storm devastated hundreds of oil and gas platforms and more than 500 pipelines. Fourteen years later, Cyclone Idai struck Mozambique, killing 1,200 people, causing $2 billion in damages and crippling the port of Beira. Then in 2021, catastrophic flooding in Germany, Belgium, and the Netherlands, triggered by torrential rains, submerged towns and farmland, severed roads, demolished railways, disrupted water networks, and paralysed transport for weeks.

Beyond the destruction they cause, these disasters disrupt essential services and shrink the window for reconstruction as their recurrence accelerates. The cascading effects across interconnected sectors are even more concerning. A localised failure can trigger a chain reaction of vulnerabilities, turning an isolated incident into a full-blown crisis. A flooded coastal road or a power grid failure, for instance, can send shockwaves through global supply chains. Without decisive action, damages from coastal flooding could surge 150-fold by 2080.

The urgency is clear: we must assess the fragility of coastal infrastructure with consistency, rigor and transparency. The goal? To fortify critical economic zones against the escalating impacts of climate change.

Toward a common language for measuring risks

Estimating potential failure points in coastal infrastructure presents significant challenges. Data gaps, inconsistent methodologies, varying criteria, and the absence of a unified framework complicate risk assessment, thereby hindering informed decision-making and delaying targeted investments.

One approach to establishing a common reference framework is to evaluate risks based on their financial materiality, ie quantifying direct losses, repair costs, and business interruptions.

The Scientific Climate Ratings (SCR) agency applies this methodology at scale, incorporating asset-specific climate risks. Developed in collaboration with the EDHEC Climate Institute, this framework serves as a scientific reference point for assessing infrastructure exposure, as well as for comparing, prioritising and managing investments in climate risk adaptation.

This standardised approach underpins the Climate Exposure Rating (CER) system, developed by SCR. The system uses a grading scale from A (minimal risk) to G (highest risk) to compare the exposure of coastal and inland assets.

Comparison of potential climate exposure ratings between coastal assets and all assets considered in the Scientific Climate Ratings agency’s assessment.
Anthony Schrapffer, SCR, Fourni par l’auteur

The findings reveal that coastal assets have a higher concentration of higher-risk ratings (F, G) and fewer lower-risk ratings (A, B), indicating that their climate exposure is greater than that of inland infrastructure. This underscores the need for tailored risk management strategies to address the heightened vulnerability of coastal systems.

From risk assessment to informed decision-making

The method developed by the EDHEC Climate Institute for quantifying physical risk involves cross-referencing the probability of a hazard with its expected intensity. Damage functions then correlate each climate scenario with potential losses, accounting for asset type and location. For instance, a 100-year flood – an event with a 1% annual occurrence probability – might correspond to a two-meter flood depth, capable of destroying over 50% of the value of a residential property in Europe.

By translating physical risks into economic terms, these indicators provide a clear basis for public policy and private investment decisions. Should infrastructure be built, reinforced, or adapted? Which projects should take priority?

The analysis also incorporates transition risks, including the impact of evolving regulations, carbon pricing, and technological shifts. A gas terminal, for example, could become a stranded asset if demand declines or regulations tighten. Conversely, proactive adaptation strategies can enhance the financial resilience and long-term value of climate-exposed infrastructure. This approach ensures that decisions are not only reactive but also strategically aligned with future risks and opportunities.

Adaptation in action: the case of Brisbane Airport

Resilience in infrastructure refers to the capacity to absorb shocks, reorganise, and maintain essential functions – in other words, effectively returning to operational normality after a disruption. The ClimaTech Project aims to evaluate resilience, decarbonisation, and adaptation measures based on their risk-reduction effectiveness and cost-efficiency. This approach helps limit greenwashing by ensuring that only impactful actions – those that improve an asset’s rating on an objective, comparable scale – are recognised. The more effective the measures, the better the rating.

The case of Brisbane Airport, situated between the ocean and a river, offers a good example. By implementing flood barriers and elevating runways, the airport reduced its vulnerability to 100-year floods by 80%. As a result, it advanced two categories on the SCR rating scale, an improvement that enhances its appeal to investors and stakeholders.

Brisbane Airport is particularly exposed to climate risks.
Nate Cull/WikiCommons, CC BY-SA

The Brisbane case demonstrates that investing in coastal infrastructure resilience is not only feasible but also financially sound. This adaptation model, which preemptively addresses climate-related damage, could be replicated more broadly, provided that decision-makers rely on robust, consistent, and transparent risk assessments, such as the framework proposed here.

Coastal infrastructure stands at a critical juncture in the face of climate change. Positioned on the front lines, it faces economic, social, and environmental challenges of unprecedented scale. Protecting it demands a risk assessment that integrates financial materiality and climate projections. Such an approach empowers public and private players to make informed decisions, invest strategically, and highlight concrete actions. Making risk visible is already a step forward.


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The Conversation

Anthony Schrapffer, PhD ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Coastal regions and climate change: how better risk assessment can help protect infrastructure and livelihoods – https://theconversation.com/coastal-regions-and-climate-change-how-better-risk-assessment-can-help-protect-infrastructure-and-livelihoods-269441

Quand des robots invisibles influencent nos choix et nos opinions

Source: The Conversation – France in French (2) – By Guy Théraulaz, Chercheur au CNRS au Centre de Recherches sur la Cognition Animale, Centre de Biologie Intégrative, Université de Toulouse

À chaque fois que nous cliquons sur une étoile pour évaluer un restaurant, que nous laissons un commentaire sur un site marchand ou que nous « likons » une vidéo, nous déposons une trace numérique. Individuellement, cela peut sembler insignifiant, un simple petit signe de préférence, une micro-opinion parmi tant d’autres. Mais collectivement, ces traces forment un vaste paysage social, un nuage de signaux visibles et persistants, qui influence profondément nos comportements.


Ces indices diffus, agrégés par des plateformes et amplifiés par des algorithmes, fonctionnent comme une mémoire partagée. Ils nous disent ce qui est populaire, digne de confiance ou au contraire suspect. Le phénomène est si puissant que les biologistes et les physiciens l’ont rapproché d’un mécanisme bien connu dans le monde animal : la stigmergie. Ce concept introduit à la fin des années 1950 par l’entomologiste Pierre-Paul Grassé pour expliquer la construction collective du nid chez les termites, décrit la coordination indirecte entre les individus grâce aux traces que ceux-ci laissent dans l’environnement. Chez les insectes sociaux, une boulette de terre imprégnée de phéromone de construction et déposée à un endroit attire d’autres ouvrières qui viendront ajouter la leur, entraînant la formation d’un pilier puis d’un dôme.

Dans le monde numérique, un commentaire enthousiaste, une série d’évaluations cinq étoiles ou la viralité d’un hashtag jouent un rôle similaire : ils incitent d’autres personnes à adopter un comportement convergent. Ainsi, sans qu’il y ait besoin d’un chef d’orchestre, des milliers d’actions individuelles peuvent se combiner pour produire un comportement collectif cohérent. Mais ce mécanisme fascinant comporte un revers. Car si la stigmergie favorise la coopération et l’intelligence collective, elle ouvre aussi la porte à la manipulation et à la tromperie. Que se passe-t-il lorsque certains individus, ou des programmes automatiques, déposent des traces biaisées ou mensongères ?

Les travaux que nous avons réalisés au Centre de recherches sur la cognition animale, en collaboration avec le Laboratoire de physique théorique et l’École d’économie à Toulouse nous plongent au cœur de cette question à la croisée de l’éthologie, de l’économie comportementale et de la science des systèmes complexes. Nos études expérimentales ont révélé comment, dans des environnements numériques contrôlés, les humains exploitent, détournent ou subissent l’influence de ces traces. Elles montrent, de manière saisissante, que même de simples robots logiciels, dépourvus de toute sophistication, peuvent réorienter en profondeur la dynamique de coopération d’un groupe humain.

Quand la coopération devient fragile face à la compétition

La première série d’expériences, publiée en 2023, avait pour but d’examiner dans quelles conditions la stigmergie favorise ou non la coopération entre humains. Pour cela, nous avons conçu une expérience dans laquelle des groupes de cinq participants étaient invités à explorer une même grille de 225 cases numériques, chacune contenant une valeur cachée comprise entre 0 et 99 réparties aléatoirement. Leur objectif était de trouver les cases aux plus fortes valeurs.

Un homme de dos regarde un écran où apparaît une grille avec des chiffres de 1 à 99
Image de l’interface web utilisée par les participants au cours de l’expérience.
Fourni par l’auteur

Chaque fois qu’un joueur découvrait une case, il devait lui attribuer une note sur cinq étoiles, exactement comme on le fait pour un produit en ligne. Après que tous les sujets aient ouvert et noté les cases, chacune des cases des tableaux explorés par chaque groupe initialement de couleur blanche, adoptait différentes tonalités de rouge dont l’intensité dépendait du pourcentage d’étoiles ayant été déposées dans la case par tous les sujets au cours des itérations précédentes. Ces traces de couleurs étaient visibles par tous les membres du groupe et constituaient ainsi une mémoire collective de leurs actions passées. L’expérience s’achevait au bout de vingt itérations et la somme des valeurs des cases visitées par chaque sujet au cours de toutes les itérations déterminait le score de celui-ci.

Or, deux règles de jeu différentes étaient proposées. Dans la version non compétitive, le score cumulé des joueurs au terme d’une série de dix expériences n’affectait pas le montant de leur rémunération en fin d’expérience qui était identique pour tous, chaque participant gagnant 10 euros. Dans la version compétitive, en revanche, chaque point comptait car le gain final (entre 10 euros et 20 euros) dépendait de la somme des valeurs découvertes qui déterminait le classement des joueurs. Ces derniers étaient donc mis en concurrence pour obtenir la meilleure récompense.

Les résultats ont montré que dans la condition sans compétition, les individus avaient tendance à noter les cases de manière proportionnelle à leur valeur, offrant aux autres une information fidèle et donc utile. La coopération émergeait spontanément. En exploitant les traces laissées par les uns et les autres, le groupe parvenait à identifier collectivement les meilleures cases, bien au-delà de ce qu’un individu isolé aurait pu espérer. Mais dès que la compétition entrait en jeu, tout changeait. Beaucoup de participants se mettaient à tricher subtilement, ils visitaient des cases de forte valeur mais leur attribuaient une mauvaise note, afin de ne pas attirer l’attention des autres. D’autres adoptaient des stratégies neutres, attribuant des notes aléatoires ou uniformes pour brouiller les pistes. Ainsi la mémoire collective devenait peu fiable, et la coopération s’effritait.

L’analyse fine des comportements permit d’identifier trois profils distincts : les collaborateurs, qui partagent honnêtement l’information ; les neutres, qui laissent des signaux ambigus ; et les trompeurs, qui induisent délibérément les autres en erreur. Dans un contexte compétitif, la proportion de trompeurs explose. Ce basculement montre que la coopération humaine fondée sur les traces est hautement contextuelle. Elle peut surgir naturellement lorsqu’il n’y a rien à perdre à partager, mais elle s’évapore dès que l’intérêt individuel pousse à garder pour soi ou à induire les autres en erreur. Cette ambivalence se retrouve dans de nombreux environnements en ligne, où les évaluations sincères cohabitent avec les commentaires mensongers, les faux avis ou le spam organisé.

Quand des robots sociaux s’invitent dans la partie

La deuxième étude, réalisée en 2022 et aujourd’hui en cours de publication, pousse l’expérience encore plus loin en introduisant de nouveaux acteurs : de simples bots programmés (un bot est une application logicielle automatisée qui exécute des tâches répétitives sur un réseau). Dans cette expérience nous avons repris le même dispositif de la grille à explorer et du système d’évaluation, mais cette fois-ci, chaque participant humain jouait avec quatre « partenaires » qui n’étaient pas des humains, même si les joueurs l’ignoraient. Ces partenaires étaient des bots adoptant des comportements prédéfinis. Certains collaboraient en notant fidèlement les cases, d’autres trichaient systématiquement, d’autres encore restaient neutres, et enfin un dernier type cherchait à optimiser la performance collective. L’idée était de tester si la présence de ces agents artificiels, pourtant rudimentaires pouvait influencer la stratégie des humains dans une situation compétitive.

Probabilité que les participants trouvent la cellule de valeur 99 dans la situation non concurrentielle (bleu) et la situation concurrentielle (orange). Les lignes discontinues et pointillées noires correspondent aux probabilités attendues si les participants visitaient les cellules du tableau de manière aléatoire.
Fourni par l’auteur

Les résultats furent spectaculaires. Dans les groupes où les bots se montraient coopératifs, les humains réussissaient mieux, ils découvraient davantage de cases de grande valeur et obtenaient de meilleurs scores. Mais ce climat de confiance favorisait aussi l’émergence de comportements opportunistes ; ainsi certains participants se mettaient à tricher davantage, profitant de la fiabilité des traces laissées par les bots. À l’inverse, dans les groupes saturés de bots trompeurs, les participants s’adaptaient en devenant plus coopératifs ou neutres, comme s’ils tentaient de préserver un minimum de signal exploitable dans un océan de bruit.

L’influence des bots était si forte que la seule composition du groupe (quatre bots coopératifs, ou trois trompeurs et un coopérateur, etc.) suffisait à prédire les performances globales. Plus étonnant encore, lorsqu’on comparait les performances de cinq humains jouant ensemble à celles de groupes mixtes humains-bots, les groupes intégrant certains bots conçus pour optimiser la performance collective s’en sortaient beaucoup mieux que les groupes purement humains. Dans ces situations, la présence des bots incitait les participants à adopter un profil de collaborateur alors même qu’ils étaient en compétition.

Entre intelligence collective et risques de manipulation

Ces expériences, bien qu’effectuées en laboratoire avec des grilles de nombres, résonnent fortement avec notre quotidien numérique saturé de traces et de signaux automatiques. À la lumière des conclusions, on peut s’interroger pour savoir à quel point nos choix collectifs sont déjà façonnés par des agents invisibles. Ces expériences montrent que la stigmergie, ce mécanisme de coordination indirecte, fonctionne aussi chez nous humains, et pas seulement chez les termites ou les fourmis. Elles révèlent aussi sa fragilité. La coopération née des traces est toujours menacée par la tentation de la tromperie, amplifiée par la compétition ou la présence d’agents biaisés. Dans un monde où les plateformes en ligne reposent massivement sur les systèmes d’évaluation, de notation et de recommandation, ces résultats invitent à une réflexion urgente. Car derrière chaque note et chaque commentaire peuvent se cacher non seulement des stratégies humaines égoïstes, mais aussi des bots capables de biaiser l’opinion collective.

Cependant il ne s’agit pas uniquement de dénoncer les manipulations malveillantes, des faux avis pour booster un produit, des campagnes de désinformation orchestrées par des armées de bots, mais aussi de réfléchir aux usages potentiellement prosociaux de ces mêmes agents. Comme le montrent également nos expériences, des bots bien conçus peuvent au contraire favoriser la coopération, stabiliser les dynamiques collectives et même améliorer la performance d’un groupe. Encore faut-il savoir les intégrer de façon transparente et éthique, en évitant qu’ils ne deviennent des instruments de tromperie.

Ces travaux rappellent que nous vivons désormais dans des écosystèmes hybrides, où humains et agents artificiels cohabitent et interagissent sans cesse à travers les traces numériques. Comprendre comment ces interactions façonnent notre intelligence collective est un défi majeur pour la recherche interdisciplinaire. Mais c’est aussi un enjeu citoyen, car de la manière dont nous régulerons, concevrons et utiliserons ces traces et ces bots dépendra la qualité de nos coopérations futures et peut-être même la santé de nos démocraties numériques.


Cet article a été proposé en partenariat avec le colloque « Les propagations, un nouveau paradigme pour les sciences sociales ? » (à Cerisy (Manche), qui s’est tenu du 25 juillet au 31 juillet 2025).

The Conversation

Guy Théraulaz ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Quand des robots invisibles influencent nos choix et nos opinions – https://theconversation.com/quand-des-robots-invisibles-influencent-nos-choix-et-nos-opinions-266857

Mal-être au champ : pourquoi les agriculteurs sont-ils plus à risque de suicide ?

Source: The Conversation – France in French (3) – By Virginie Le Bris Fontier, enseignante chercheuse en sociologie, Université Bretagne Sud (UBS)

Les agriculteurs, en particulier les hommes de moins de 64 ans, sont beaucoup plus à risque de suicide que la population générale. Comment expliquer ce phénomène ? Les raisons sont multiples : aucune, à elle seule, n’explique tout. Les pressions économiques jouent un rôle, tout comme le manque d’accès aux soins de santé mentale et une certaine construction du métier au masculin, qui rend encore plus compliqué le fait d’appeler à l’aide.


Derrière les images bucoliques, la réalité du monde agricole reste souvent rude, et parfois tragique. En France, un agriculteur se suicide tous les deux jours. En 2016, 529 exploitants affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA, le régime de protection sociale des agriculteurs) ont mis fin à leurs jours, un chiffre que les spécialistes considèrent comme sous-évalué.

Pourquoi ces hommes et ces femmes, qui nourrissent la société, sont-ils et elles si vulnérables face au risque de suicide ? Les difficultés économiques jouent un rôle, mais n’expliquent pas, à elles seules, un phénomène aussi massif et durable dans le temps : en 2015, la MSA dénombrait 604 suicides parmi ses bénéficiaires, tandis Santé publique France dénombrait près de 300 suicides entre 2010 et 2011.

Dans tous les cas, les agriculteurs âgés de 15 ans à 64 ans ont environ 46 % plus de risques de se suicider que les autres catégories socioprofessionnelles, selon le rapport 2025 de la MSA. Le suicide agricole révèle donc des mécanismes sociaux profonds.

Le suicide agricole, un fait social

Depuis Émile Durkheim (1897), le suicide est compris comme un fait social. Il ne dépend pas seulement de la psychologie individuelle, mais aussi de l’intégration et de la cohésion sociale.

Autrefois concentrés dans les villes, les suicides touchent désormais le monde rural, fragilisé par les transformations du travail agricole, la solitude et l’insuffisance des formes actuelles de solidarités.

Le rapport 2026 de la MSA montre que ce sont les non-salariés agricoles (par exemple, les chefs d’exploitation) qui présentent le surrisque de suicide le plus élevé. Ce surrisque, d’environ 56,7 %, est supérieur à la fois à celui des salariés agricoles (40 %) et à celui de la population générale.

Il touche plus particulièrement les hommes entre 45 ans et 54 ans et les plus de 65 ans, avec des disparités régionales marquées. Les taux de suicide supérieurs à la moyenne nationale se concentrent particulièrement dans les territoires ruraux et semi-ruraux de la France. La MSA identifie plusieurs territoires particulièrement à risque, dont la Bretagne et plus largement l’Armorique, la Dordogne et le Lot-et-Garonne, le Poitou, la Mayenne, l’Orne et la Sarthe, le Limousin, ainsi que les Charentes.

Les facteurs de risque incluent l’âge, le sexe (les hommes étant près de trois fois plus exposés que les femmes), les maladies psychiatriques et un antécédent de tentative de suicide dans les cinq années précédant le passage à l’acte.

Le suicide agricole est donc un symptôme de souffrance d’origine sociale. Le suicide agricole doit être compris non seulement comme une souffrance individuelle, mais aussi comme un phénomène façonné par des facteurs collectifs et structurels. Les régularités observées dans l’exposition au surrisque (âge, sexe, lieu de résidence, secteur d’activité, etc.) montrent qu’il s’agit d’un fait social, dont les causes sont avant tout sociales et contextuelles.

Facteurs de risque de suicide chez les agriculteurs âgés de 15 ans à 64 ans.
Rapport charges et produits MSA 2025

Elle ne peut être soulagée uniquement par une aide psychologique. L’analyse des parcours de soins montre qu’un profil majoritaire, qui représente plus des trois quarts des suicides, correspond à des personnes ayant peu recours aux soins dans l’année précédant leur décès. Si les territoires ruraux apparaissent davantage exposés selon la grille de densité de l’Insee, les statistiques révèlent ici qu’il n’existe aucun lien direct entre l’accessibilité aux soins primaires et le suicide.

Ainsi, le surrisque observé dans les zones rurales ne semble pas lié à la densité ou à l’accès aux soins, mais renvoie plutôt à d’autres déterminants sociaux. Agir sur les conditions qui produisent la souffrance est indispensable.




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Une conjonction de causes qui augmente le risque suicidaire

Réduire le suicide des agriculteurs à la crise économique serait une erreur. Crises du lait, de la vache folle ou hausse des coûts peuvent déclencher des passages à l’acte, mais ne constituent pas des causes uniques. Le sociologue Nicolas Deffontaines a montré que chaque situation combine des facteurs économiques, sociaux, symboliques et biographiques.

Chaque parcours est singulier. Certains vivent l’effondrement économique comme une perte d’identité. D’autres subissent la pression familiale ou le regard du voisinage. Les transformations du métier, la dépendance aux marchés mondiaux, la bureaucratisation et la précarisation bouleversent profondément les équilibres de vie. Le suicide agricole n’est pas conjoncturel : c’est un phénomène structurel, révélateur d’un système en mutation et d’une identité professionnelle en souffrance.

Entre 2018 et 2021, la Bretagne a expérimenté un dispositif de reconversion pour les agriculteurs en difficulté. Les témoignages des reconvertis mettent en lumière que perdre son activité, c’est perdre une expertise, un rôle social et un sens à sa vie quotidienne. La reconversion implique une recomposition identitaire difficile, comparable à un deuil : deuil d’une histoire, d’un statut, d’une vocation, parfois même d’un projet de vie. C’est une question que j’explore dans un article à paraître en décembre 2025 dans la revue Paysans et Société, 2025/6, n° 414.




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Un métier encore souvent construit au masculin

Le monde agricole reste profondément marqué par une construction genrée du métier. L’homme producteur, fort et silencieux, symbolise le « bon agriculteur ». Courage physique, endurance et dévouement total à l’exploitation définissent ce modèle.

Il relève de la masculinité hégémonique au sens de Raewyn Connell, qui valorise force, maîtrise de soi et distance face à la souffrance. La division sexuée du travail et la transmission patrimoniale renforcent cette identité masculine.

Ces représentations influencent directement la santé mentale des agriculteurs : demander de l’aide, se reposer ou reconnaître sa détresse peuvent être perçus comme une faiblesse ou une atteinte à l’honneur professionnel. La valorisation de l’autonomie, héritée de l’indépendance paysanne, peut ainsi conduire à un déni de vulnérabilité. Les normes de genre produisent une exposition différenciée à la souffrance et au risque suicidaire. Comprendre cette dimension genrée est essentiel pour toute politique de prévention.

Le suicide agricole est donc multifactoriel et ne se comprend qu’en articulant les dimensions économiques, sociales, culturelles et genrées du métier. Il révèle moins des fragilités individuelles que les tensions d’un système professionnel et symbolique en crise.




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Comment prévenir le mal-être agricole ?

Les politiques de prévention actuelles reposent sur plusieurs axes :

  • la sensibilisation et la formation des agriculteurs et des professionnels pour détecter la détresse ;

  • l’accès à l’aide psychologique, via des lignes d’écoute (Agri’écoute, numéro de téléphone unique à disposition es assurés MSA en grande détresse, joignable 24 heures sur 24, sept jours sur sept), des consultations et des accompagnements spécifiques ;

  • la prévention collective, avec réseaux d’entraide, groupes de parole et soutien local pour réduire l’isolement.

Le programme de Prévention du mal-être agricole (PMEA) de la MSA vise à structurer et coordonner ces actions. Il intervient dès les premiers signes de difficulté et mobilise acteurs agricoles, partenaires institutionnels et professionnels de santé.

Les « sentinelles », bénévoles ou professionnels de proximité issus du monde rural, jouent un rôle crucial dans le dispositif. Ce sont eux qui repèrent les signes de détresse, écoutent et orientent les agriculteurs vers les bonnes structures. Leur proximité avec le terrain permet d’intervenir avant la rupture. Cette approche humaine, fondée sur la solidarité et ancrée dans le territoire, constitue un pilier de la santé mentale en milieu agricole.

Mais pour que ces actions soient pleinement efficaces, il est essentiel de prendre en compte les expériences (dont les difficultés) vécues par ces sentinelles, qui ne doivent pas nécessairement être des actifs du secteur agricole. Il peut également s’agir de retraités agricoles ou d’autres acteurs ruraux non agricoles, par exemple maires et secrétaires de commune, ambulanciers, vétérinaires, etc. Il faut ainsi répondre à leur besoin de formation et de soutien. Entre 2023 et 2024, le nombre de sentinelles a augmenté de 29 %.

Une telle approche systémique, organisée autour d’un véritable écosystème de prévention du mal-être agricole (réunissant un réseau d’acteurs de proximité, de professionnels de santé, d’institutions et politiques publiques), constitue une piste majeure pour construire une stratégie de santé mentale en milieu agricole, capable de répondre aux vulnérabilités individuelles tout en agissant sur les facteurs sociaux et collectifs.




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The Conversation

Virginie Le Bris Fontier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Mal-être au champ : pourquoi les agriculteurs sont-ils plus à risque de suicide ? – https://theconversation.com/mal-etre-au-champ-pourquoi-les-agriculteurs-sont-ils-plus-a-risque-de-suicide-268935

Africa’s drylands need the right kind of support – listening to the pastoralists who live there

Source: The Conversation – Africa – By Claire Bedelian, Senior Researcher, SPARC Consortium, ODI Global

Africa’s drylands are often imagined as vast, empty spaces. Romantic wilderness on the one hand. Zones of hunger, conflict and poverty on the other. Media stories tend to emphasise crises and scarcity, portraying these regions as peripheral and fragile.

But this narrative obscures a more complex and hopeful reality. Across these landscapes, millions of pastoralists and dryland farmers are constantly adapting, innovating, and building livelihoods in some of the continent’s most variable environments.

Drylands are areas of low rainfall and high temperature that cover 60% of Africa. They support the livelihoods and food security of half a billion people who depend on pastoralism and crop farming. These regions are integral to biodiversity, culture and economies. Pastoralists alone supply over half the continent’s meat and milk, sustaining millions of households and enterprises. They underpin food systems and trade networks that reach far beyond the drylands.

Yet drylands people face mounting pressures. These include political marginalisation, insecure land tenure, persistent conflict and climate change. These challenges are often worsened by misguided investments and inappropriate policies. Among them are land grabs and mining concessions to rangeland conversion.

In addition, many initiatives in the drylands have failed to deliver lasting change despite decades of investments. Too often, they are shaped by outdated, crisis-driven narratives. These misrepresent drylands as “empty”, “unproductive”, or in need of “saving”.

Such interventions disrupt livelihoods and distort the underlying logic of dryland societies, while being used to justify yet more external investment.

For more than a decade we have been researching dryland livelihood systems in Africa and the Arab Region. We are part of the six-year SPARC programme (Supporting Pastoralism and Agriculture
in Recurrent and Protracted Crises), which informs more feasible and cost-effective policies and investments in the drylands of Africa and the Middle East. We recently produced a documentary that followed five stories of pastoralists driving positive change in Africa’s drylands.

We found that the most effective support for drylands builds on the local systems and expertise that people already rely on. Yet many external initiatives still attempt to replace these rather than work with them. This matters because efforts that overlook local systems often weaken resilience and increases vulnerability.

Why past efforts often fall short

Misconceptions about drylands define them by what they lack rather than by their strengths. They oversimplify complex, dynamic systems to rationalise interventions aimed at taming dryland variability. The result has been projects that often undermine resilience instead of strengthening it.

For example, many investments in large-scale irrigation schemes have diverted water from traditional livelihoods while failing to boost agricultural productivity.

Similarly, fixed water infrastructure such as boreholes or dams can disrupt pastoral mobility. In Turkana, northern Kenya, permanent water points contributed to resource conflicts and rangeland degradation, and many have since fallen into disuse.

These “imported” solutions rarely account for local priorities or ecological realities. That’s why dozens of boreholes lie abandoned even in areas still facing water shortages.

Limited long-term learning compounds this problem. Few organisations return to assess how previous resilience projects fared. Millions are spent on building resilience, yet there is little follow-up to understand the outcomes of past efforts.

In contrast, locally-led approaches have proven far more effective. Along the shores of Lake Turkana, joint planning between local communities and county government has produced investments people value and maintain. These include shared water systems, fishing equipment and community gardens.

These examples underline a key lesson: initiatives designed around community priorities and local governance structures are more likely to have lasting impact.

Dynamic, adaptive and innovative

While external projects often struggle, dryland people continue to adapt in creative and diverse ways. Their resilience is rooted in mobility, cooperation and environmental knowledge passed down through generations.

Pastoralists and farmers have developed finely tuned strategies for living with this variability such as unpredictable rainfall, recurrent droughts and occasional floods. They move herds, manage grazing and water resources, diversify incomes, and draw on social networks that spread risk.

Mobility and flexibility are central. Herders move strategically across rangelands to access water and pasture, balancing environmental and social factors in real time. In flood-prone Bor, South Sudan, many Dinka women shift seasonally from livestock to fish preservation and trade.

Pastoralists also embrace digital technology, dispelling myths of technological illiteracy. Herders use mobile phones, social media, and digital tools such as Kaznet and Afriscout to locate water and monitor pasture.

Initiatives like Livestock247 – a livestock traceability and marketing platform – show how tech can open markets and improve herd management when aligned with pastoralist social values and practices.

Informal networks are another cornerstone of resilience. Motorbike riders scout for pasture during droughts, local traders offer credit to women, lorry drivers deliver goods to remote areas, and mobile money agents keep remittances flowing. In times of crisis these social and economic linkages often provide more reliable safety nets than formal aid systems.

Rethinking support: building on what works

If governments, donors and development partners are serious about helping Africa’s drylands become more peaceful, prosperous and resilient, they must start by recognising the expertise, agency and innovation that already exist.

Effective support means investing in – and strengthening – the systems that already work rather than replacing them with rigid, top-down solutions. These include mobility, local governance, informal trade, and indigenous knowledge

Empowering women and youth is key. When given opportunities and resources, they are often the first to innovate, diversify livelihoods and rebuild communities after crises.

Iterative, context-specific efforts strengthen resilience in the drylands, not rapid, transformational change. Small-scale, locally-grounded efforts can have a lasting impact. In many post-conflict recovery examples, smallholders steadily rebuilt agriculture through gradual improvements in seeds, fertilisers and tools. They do this with minimal government support.

Building resilience in drylands is not a technical fix. It requires flexibility, listening, and partnership over control and prescription.

2026 is the International Year of Rangelands and Pastoralists (IYRP). It is a year for highlighting the importance of drylands for food security, biodiversity and sustainable livelihoods, and for elevating pastoralist’s contribution and influence over policy and investment priorities. It offers an opportunity to shift the narratives from outdated myths of scarcity and crises to those that champion the agency, knowledge and resilience of dryland people.

This requires sustained commitment – placing dryland communities at the centre of decisions, nurturing their innovations, and resisting attempts to impose incompatible models.

A new story of Africa’s drylands is emerging, one grounded in respect, recognition and partnership. One worth amplifying for a more peaceful, resilient and prosperous future.

The Conversation

Guy Jobbins and the SPARC Consortium receive funding from the UK Foreign, Commonwealth and Development Office. However the views expressed do not necessarily reflect the UK government’s official policies.

Claire Bedelian does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Africa’s drylands need the right kind of support – listening to the pastoralists who live there – https://theconversation.com/africas-drylands-need-the-right-kind-of-support-listening-to-the-pastoralists-who-live-there-269975