Nicolas Sarkozy condenado a cinco años de prisión: un punto de inflexión para la justicia francesa

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Vincent Sizaire, Maître de conférence associé, membre du centre de droit pénal et de criminologie, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido declarado culpable de conspiración criminal en un caso relacionado con la financiación libia de su campaña presidencial de 2007. Condenado a cinco años de prisión, deberá comparecer ante el tribunal el 13 de octubre para conocer la fecha de su encarcelamiento. Esta sentencia sin precedentes marca un punto de inflexión en las prácticas de la justicia francesa, que se ha ido liberando gradualmente del poder político. También consagra el principio republicano de la plena y completa igualdad de los ciudadanos ante la ley, proclamado en 1789, pero que durante mucho tiempo se mantuvo en el ámbito teórico.


Nicolas Sarkozy ha sido declarado culpable de conspiración criminal por el tribunal penal de París el jueves 25 de septiembre, tras la transferencia de millones de euros de fondos ilícitos del difunto líder libio Muamar el Gadafi para financiar su campaña electoral de 2007. Como era de esperar, la decisión provocó rápidamente la ira de gran parte de la clase política.

Es perfectamente legítimo argumentar en contra de la sentencia por considerarla injusta e infundada. Esto se aplica, en primer lugar, a los acusados, que tienen todo el derecho a recurrir la sentencia.

Sin embargo, el contexto en el que se producen estas protestas es un polvorín político: de hecho, en abril, la líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ya fue condenada a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos tras ser declarada culpable de ayudar a malversar 2,9 millones de euros de fondos de la UE para su partido. A raíz de ello, la última sentencia de Sarkozy brinda una nueva oportunidad a una gran parte de las clases dirigentes para avivar la polémica sobre lo que los franceses denominan el “gobierno de los jueces” y otros llamarían “juristocracia”.

El primer presidente francés de la posguerra en ser encarcelado

Es cierto que la sentencia puede parecer especialmente severa: una multa de 100 000 euros, cinco años de inhabilitación y, sobre todo, cinco años de prisión con una orden de detención diferida que, combinada con la ejecución provisional, obliga al condenado a comenzar a cumplir su pena de prisión incluso si recurre.

Pero si analizamos más detenidamente los delitos cometidos, las penas no parecen desproporcionadas. Los hechos son innegablemente graves: organizar la financiación secreta de una campaña electoral con fondos procedentes de un régimen corrupto y autoritario, Libia –cuya responsabilidad en un atentado contra un avión en el que murieron más de 50 ciudadanos franceses ha sido reconocida por los tribunales–, a cambio de defenderlo en la escena internacional.

Dado que la pena máxima es de diez años de prisión, la sanción difícilmente puede considerarse demasiado severa. Pero lo que se cuestiona es el principio mismo de la condena de un líder político por los tribunales, que se considera y se presenta como un ataque intolerable al equilibrio institucional.

Sin embargo, si nos tomamos el tiempo de ponerlo en perspectiva histórica, vemos que las sentencias dictadas en los últimos años contra miembros de la clase dirigente forman parte, de hecho, de un movimiento para liberar al poder judicial de otros poderes, en particular del ejecutivo. Esta emancipación permite finalmente al poder judicial aplicar plenamente los requisitos del sistema jurídico republicano.

La igualdad de los ciudadanos ante la ley

Cabe recordar que el principio revolucionario proclamado en la noche del 4 al 5 de agosto de de 1789 fue el de la igualdad plena y completa ante la ley, lo que condujo a la correspondiente desaparición de todas las leyes especiales –“privilegios” en el sentido jurídico del término– de las que gozaban la nobleza y el alto clero. El Código Penal de 1791 fue aún más lejos: no solo los que estaban en el poder podían ser juzgados ante los mismos tribunales que los demás ciudadanos, sino que también se enfrentaban a penas más severas por determinados delitos, en particular los relacionados con la corrupción.

Los principios en los que se basa el sistema jurídico republicano no pueden ser más claros: en una sociedad democrática, en la que toda persona tiene derecho a exigir no solo el pleno disfrute de sus derechos, sino también, de manera más general, la aplicación de la ley, nadie puede pretender beneficiarse de un régimen de excepción, y menos aún los cargos electos. Es porque confiamos en que sus acciones ilegales serán castigadas de manera efectiva, al igual que las de los demás ciudadanos y sin esperar una sanción electoral altamente hipotética, que pueden realmente considerarse nuestros representantes.




Leer más:
Crisis política en Francia: guía rápida para entender qué está ocurriendo en el país


Cuando la ley favorecía a los poderosos

Sin embargo, durante mucho tiempo, este requisito de igualdad jurídica siguió siendo en gran medida teórico. Asumido y situado en una relación más o menos explícita de subordinación al Gobierno durante el Primer Imperio (1804-1814), el poder judicial permaneció bajo la influencia del ejecutivo al menos hasta mediados del siglo XX. Por eso, hasta finales del siglo pasado, el principio de igualdad ante la ley se topaba con un privilegio singular de “notabilidad” que, salvo en situaciones excepcionales o en casos especialmente graves y mediáticos, garantizaba una relativa impunidad a los miembros de las clases dirigentes cuya responsabilidad penal se ponía en tela de juicio.

La situación solo comenzó a cambiar tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940. A partir de 1958, los magistrados fueron reclutados mediante concurso público y se beneficiaron de un estatus relativamente protegido, así como de una escuela dedicada, la Escuela Nacional de la Magistratura. Esta última adoptó gradualmente un exigente código ético, impulsado en particular por el reconocimiento del sindicalismo judicial en 1972.

Surgió así una nueva generación de jueces que se tomaban muy en serio su misión: garantizar, con total independencia, la correcta aplicación de la ley, independientemente de los antecedentes de los acusados.

Bernard Tapie, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy…

En este contexto, ocurrió algo que había sido impensable unas décadas antes: el enjuiciamiento y la condena de figuras prominentes en las mismas condiciones que el resto de la población. A partir de mediados de la década de 1970, el movimiento cobró impulso en las décadas siguientes con la condena de importantes líderes empresariales, como el magnate del fútbol y de Adidas Bernard Tapie, y luego de figuras políticas nacionales, como el exministro conservador Alain Carignon o el alcalde y diputado de Lyon, Michel Noir.

La condena de antiguos presidentes de la República a partir de la década de 2010 –Jacques Chirac en 2011, Nicolas Sarkozy por primera vez en 2021– completaron la normalización de esta tendencia. O, más bien, pusieron fin a la anomalía democrática de dar un trato preferencial a los cargos electos y, en general, a las clases dirigentes.

Este movimiento, que inicialmente derivó de cambios en las prácticas judiciales, también se vio respaldado por ciertas modificaciones de la legislación francesa. Un ejemplo es la revisión constitucional de febrero de 2007, que consagra la jurisprudencia del Consejo Constitucional según la cual el presidente de la República no puede ser objeto de acciones penales durante su mandato, pero que permite reanudar el proceso tan pronto como abandone el cargo.

También cabe mencionar la creación, en diciembre de 2013, de la Fiscalía Nacional Financiera, que, aunque no goza de independencia estatutaria respecto al poder ejecutivo, ha podido demostrar su independencia de facto en los últimos años.

Cualquier referencia a la “tiranía judicial” tiene como objetivo atacar esta evolución histórica. Esta retórica busca defender menos la soberanía del pueblo que la de los gobernantes oligárquicos.

The Conversation

Vincent Sizaire no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Nicolas Sarkozy condenado a cinco años de prisión: un punto de inflexión para la justicia francesa – https://theconversation.com/nicolas-sarkozy-condenado-a-cinco-anos-de-prision-un-punto-de-inflexion-para-la-justicia-francesa-266182

South Sudan is unstable: how a weak state benefits the ruling elite

Source: The Conversation – Africa (2) – By Steven C. Roach, Professor of Internatiional Relations, University of South Florida

Salva Kiir, the president of South Sudan, met with then US president Barack Obama at the White House in 2011 to discuss the future of the newly independent state.

Officials seated at the table were eager to hear about the vision for the political stability of the new country. But when Obama asked Kiir about his plan, Kiir turned to his chief advisor for an answer.

In my view, Kiir has never – then, or since – had a vision or plan to unify the country. This view is informed by my decades of research on the country and on-the-ground experience. I am a professor of international relations and the author of a book on South Sudan’s politics. I also served as a country expert for the United States Agency for International Development’s assessment team in South Sudan.

What’s happened since independence in 2011 is that Kiir has financed a patronage network and put his political rivals at arm’s length by keeping the country undeveloped and its institutions weak. Through the years, he has relied on the support of his cabinet and a tribal base of followers (he is from the Dinka community) to sow deep distrust of the opposition.

I researched this dynamic of governance in South Sudan in a recent study. I found that the country’s leaders have devised four fundamental strategies to exploit instability. These strategies are:

  • delaying elections to evade accountability

  • repressing any actors, such as civil society, that seek to unify the nation and modernise the state

  • playing up the threat of rebellion from political rivals to sustain violence and project fear

  • leaning on regional conflicts to hold on to power.

As a result, instability and division have shaped the country’s political system. This has been enabled by informal patronage networks, war and denial, but also through the behaviour and actions of a corrupt ruling elite.

Instability has allowed the elite to undermine the justice system and actively suppress efforts at reconciliation.

This highlights the need to place more power in regional and international actors to hold South Sudan’s leaders accountable, while empowering civil society to promote such accountability.

A troubled short history

South Sudan gained independence from Sudan on 9 July 2011.

Growing distrust among the country’s elites soon led to the outbreak of civil war between 2013 and 2015. The war resulted in nearly 400,000 deaths, with 2.3 million people fleeing to neighbouring countries.

Pressure from the UN and the United States saw warring parties agree to a peace deal in August 2015. However, tensions rose again in July 2016, leading to a fresh wave of violence.

In 2018, a new peace deal was signed, but it has yet to be fully implemented. Ensuing turmoil has led to implementation delays and exposed the country’s rampant corruption.

South Sudan is one of Africa’s poorest countries. Yet, it’s also ranked as the most corrupt country in the world, according to Transparency International. A recent report issued by the UN Commission on Human Rights in South Sudan found

The ensuing cycle of grand corruption aided by total impunity has produced a devastating humanitarian and human rights crisis.

The 2018 peace agreement led to the formation of a Transitional Government of National Unity, and renewed hope that the country would work toward democracy, stability and the rule of law. Unlike the 2015 peace deal, which involved negotiations with a few parties, the 2018 agreement brought several more groups to the table.

But the country has yet to hold its first elections, adopt a permanent constitution, integrate the armed forces or establish a war crimes court. It remains a fragile country torn by violence and turmoil.

In March 2025, for instance, Kiir arrested his main rival and former vice-president Riek Machar. He accused Machar of planning a rebellion against the government. A few months later in September, Machar was accused of treason.

Relations between Kiir and Machar have been strained since 2013, derailing efforts to implement the peace deal that stopped a war pitting forces loyal to Kiir against those allied to Machar.

The strategies at play

Instability has become a favoured tool among elites for maintaining political power. The process of governing through instability relies on four political strategies.

First, Kiir has used instability to delay the implementation of key pillars of the 2018 peace agreement. In October 2024, Kiir announced the postponement of long-awaited elections to 2026. He warned that there was too much instability to hold peaceful elections. This delay did little to stem violence or instability. In fact, it simply afforded Kiir more time to stave off efforts to hold government elites accountable.

Second, the government has used the threat of political instability to downplay the need for justice and democracy. This threat became a tool for repressing civil society actors and justifying their exclusion from the peace process in 2018.

Third, instability fuels political uncertainty, giving the government space to stoke fears of rebellion whenever it suits its interests. Such fears have been repeatedly exploited in the power struggle between Kiir and Machar.

Lastly, an increase in regional instability has extended, and in some ways complicated, the state’s ability to govern through instability. On one hand, regional conflicts have forced Kiir to assume a diplomatic posture for managing conflicts in neighbouring countries, such as in the Democratic Republic of Congo and Sudan. On the other hand, the spillover effects of war have hit South Sudan. Sudan’s civil war, for instance, has pushed South Sudan to the brink of renewed violence. A recent break in an oil pipeline linking the two countries has cut nearly 40% of South Sudan’s oil revenue.

The next steps

One way forward for South Sudan is to devise an effective strategy for succession in the country’s leadership.

Kiir, who has been in poor health, has taken steps toward a succession plan.

The president singlehandedly appointed Benjamin Bol Mel, his former advisor and money man, as an apparent successor in February 2025. He sacked two of his vice-presidents, Kuol Manyang Juuk and Daniel Awet Akot – the two main dissenting voices left in the government – in May 2025. Kiir then appointed his daughter, Adut Salva Kiir, to serve as a senior presidential envoy.

These decisions bypassed the ruling party’s procedures of appointing a successor, which require discussion and a vote on new appointees.

Kiir had argued that the 2018 peace agreement allowed him to appoint his own successor. However, allowing party procedure to determine the outcomes of a successor would be far more likely to calm tensions.

Moving beyond the dynamic of instability will also depend on the pressure placed on Kiir and other national elites by key international donors, and their continued support of civil society actors.

Neither option seems particularly possible at the moment. With civil war raging in Sudan and the US having dismantled the United States Agency for International Development (which provided nearly US$16 million in aid to civil society programmes in 2023), South Sudan’s fragility is unlikely to improve any time soon.

The Conversation

Steven C. Roach does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. South Sudan is unstable: how a weak state benefits the ruling elite – https://theconversation.com/south-sudan-is-unstable-how-a-weak-state-benefits-the-ruling-elite-265198

La vacuna contra el VIH podría estar más cerca gracias a la tecnología del ARNm

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Isidoro Martínez González, Científico Titular de OPIs, Instituto de Salud Carlos III

Novikov Aleksey/Shutterstock

Cuatro décadas después de su descubrimiento, el VIH sigue siendo uno de los principales desafíos de salud pública a nivel mundial. Hasta la fecha ha causado la muerte de más de 44 millones de personas y su transmisión continúa en todos los rincones del planeta.

Se estima que, a finales de 2024, casi 41 millones de personas vivían con VIH. Ese mismo año, alrededor de 630 000 murieron por causas relacionadas con el virus y, aproximadamente, 1,3 millones se contagiaron.

El VIH es un retrovirus, lo que significa que puede integrar su material genético en el ADN de las células infectadas para esconderse del sistema inmunitario, lo que dificulta su erradicación del organismo.

Aunque aún no existe una cura, los tratamientos antirretrovirales actuales han transformado la historia de la infección por VIH. Gracias a ellos, hoy es una enfermedad crónica manejable para aquellos pacientes con acceso a los fármacos. Las personas infectadas pueden llevar una vida larga y relativamente saludable, aunque suelen enfrentarse a un envejecimiento prematuro en comparación con quienes no tienen el virus.

El gran reto: encontrar una vacuna

Durante décadas, lograr una vacuna eficaz contra el VIH ha representado uno de los mayores desafíos de la medicina moderna. ¿Por qué es tan difícil? Estos son algunos de los principales obstáculos:

  1. El virus ataca directamente al sistema inmunitario, debilitando las defensas necesarias tanto para combatir la infección como para responder a la vacunación.

  2. Tiene una alta capacidad de mutación (cambio), lo que complica el diseño de una vacuna universalmente efectiva.

  3. Demuestra una considerable habilidad para evadir a nuestras defensas, lo que reduce la eficacia de las respuestas inmunitarias inducidas.

  4. La principal proteína de superficie del VIH, denominada Env, es la responsable de la unión y entrada del virus en las células. Sería el objetivo ideal de una vacuna, ya que los anticuerpos neutralizantes que se producen tras la vacunación se unen a ella e impiden esa entrada. Sin embargo, es muy compleja y variable, lo que hace que sea un blanco increíblemente difícil de acertar.

  5. El VIH se integra en el genoma humano, lo que le permite permanecer oculto e inactivo durante largos períodos.

¿Una nueva era para las vacunas contra el VIH?

La misma tecnología de ARN mensajero (ARNm) que permitió el rápido desarrollo de las vacunas contra la covid-19 está siendo adaptada para combatir el VIH.

Dos estudios recientes, publicados en Science Translational Medicine, muestran resultados prometedores: vacunas experimentales basadas en ARNm lograron inducir anticuerpos neutralizantes, las defensas capaces de bloquear al virus antes de que infecte una célula, potentes y específicos en animales y humanos.

Esto representa un avance importante en la carrera por lograr una vacuna efectiva contra el VIH.

¿Cómo funciona?

Tradicionalmente las vacunas experimentales utilizaban trímeros solubles de la proteína Env. Sin embargo, este método dejaba expuesta una parte de la proteína (la base del trímero) que normalmente está oculta en el virus real. Esto podía inducir respuestas inmunitarias fuertes, pero mal dirigidas. Como resultado, no lograban neutralizar el virus.

Para resolver este problema los investigadores diseñaron una vacuna de ARNm que instruye a las células para producir la proteína Env unida a la membrana celular. Así se imita mejor su forma natural en el virus.

En un primer estudio, realizado en conejos y primates no humanos, esta versión de la vacuna generó respuestas de anticuerpos neutralizantes más fuertes que la versión soluble.

Resultados en humanos

A partir de estos resultados prometedores se inició un ensayo clínico de fase 1 en humanos para comparar ambas versiones de la vacuna. Se trató de un estudio con unos cien voluntarios en el que se analizó la seguridad del fármaco y la respuesta inmunitaria que generaba.

Los resultados mostraron una diferencia abismal: un 80 % de los participantes que recibieron la vacuna con Env anclada a la membrana de la célula generaron la codiciada respuesta de anticuerpos neutralizantes.

En cambio, solo el 4 % de a quienes se administró la versión soluble lograron esa respuesta.

Se trata de un ensayo clínico en fase 1, todavía preliminar. Por lo tanto, serán necesarios más estudios con más participantes para entender si la vacuna protege contra la infección y durante cuánto tiempo.

¿Y los efectos secundarios?

Las vacunas fueron, en general, bien toleradas. Sin embargo, el ensayo identificó un efecto secundario inesperado: aproximadamente el 6,5 % de los participantes desarrollaron urticaria (ronchas), y algunos experimentaron síntomas duraderos.

Aunque tratables, esta tasa fue más alta de lo observado con otras vacunas de ARNm, como las de la covid-19.

Curiosamente, otro conjunto de ensayos, que probaba una estrategia diferente de vacunación basada en la administración de ARNm en varios pasos, también reportó efectos secundarios en la piel. Esto sugiere que la combinación entre antígenos del VIH y la tecnología de ARNm podría estar relacionada, aunque esto aún requiere mayor investigación.

Conclusión: un paso firme hacia el futuro

Si bien estas vacunas aún no representan una solución definitiva, han demostrado que la combinación de la tecnología de ARNm con una estrategia más realista de presentación del antígeno (Env anclada a la membrana de la célula) es una herramienta poderosa en la búsqueda de una vacuna eficaz contra el VIH.

Los investigadores se muestran optimistas. Ajustes como la reducción de la dosis de ARNm podrían mitigar los efectos secundarios observados y mejorar aún más esta prometedora vía de investigación. Quizá en unos años la lucha contra el VIH cuente en su arsenal con la tan ansiada vacuna.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. La vacuna contra el VIH podría estar más cerca gracias a la tecnología del ARNm – https://theconversation.com/la-vacuna-contra-el-vih-podria-estar-mas-cerca-gracias-a-la-tecnologia-del-arnm-265204

Former French President Nicolas Sarkozy sentenced to five years in prison: Republic’s judiciary frees itself

Source: The Conversation – France – By Vincent Sizaire, Maître de conférence associé, membre du centre de droit pénal et de criminologie, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières

Former French President Nicolas Sarkozy has been found guilty of criminal conspiracy in a case related to the Libyan funding of his 2007 presidential campaign. Sentenced to five years in prison, he is due to appear in court on 13 October to learn the date of his incarceration. The unprecedented ruling marks a turning point in the practices of the French justice, which has gradually freed itself from political power. It also enshrines the Republican principle of full and complete equality of citizens before the law, which was proclaimed in 1789 but long remained theoretical.

Nicolas Sarkozy has been found guilty of criminal conspiracy by the Paris criminal court on Thursday 25 September, following the transfer of millions of euros of illicit funds from the late Libyan leader Col Muammar Gaddafi to finance his 2007 election campaign. As might be expected, the decision promptly drew anger from a large part of the political class.

It’s perfectly legitimate to argue against the ruling on the grounds that is unfair and unfounded. This applies first and foremost to the defendants, who have every right to appeal the judgement. However, the context in which these outcries take place is a political tinderbox: indeed, in April, the leader of the far-right National Rally, Marine Le Pen, was already sentenced to a five-year ban on running for public office after she was found guilty of helping to embezzle €2.9m (£2.5m) of EU funds for use by her party. Following on its heels, Sarkozy’s latest sentence provides yet another opportunity for a large section of the ruling classes to stir controversy over what the French describe as the “government of judges” and others would dub “juristocracy”.

Sarkozy will soon be the first post-war president of France to be imprisoned

Admittedly, the sentence may seem particularly severe: a €100,000 fine, five years of ineligibility and, above all, five years’ imprisonment with a deferred warrant of arrest which, combined with provisional enforcement, forces the convicted person to begin serving their prison sentence even if they appeal.

But if we take a closer look at the offences at play, the penalties hardly appear disproportionate. The facts are undeniably serious: organising the secret financing of an election campaign with funds from a corrupt and authoritarian regime, Libya – whose responsibility for an attack on an airplane that killed more than 50 French nationals has been recognised by the courts – in return for championing it on the international stage.

Given the maximum sentence is ten years in prison, the penalty can hardly be considered as too harsh. But what is being contested is the very principle of the conviction of a political leader by the courts, which is seen and presented as an intolerable attack on the institutional balance.

If we take the time to put this into historical perspective, however, we see that the judgments handed down in recent years against members of the ruling class are, in fact, part of a movement to liberate the judiciary from other powers, particularly the executive. This emancipation finally allows the judiciary to fully enforce the requirements of the republican legal system.

Equality of citizens before the law, a republican principle

It should be remembered that the revolutionary principle proclaimed on the night of 4 to 5 August 1789 was that of full and complete equality before the law, leading to the corresponding disappearance of all special laws – ‘privileges’ in the legal sense of the term – enjoyed by the nobility and the high clergy. The Penal Code of 1791 went even further: not only could those in power be held accountable before the same courts as other citizens, but they also faced harsher penalties for certain offences, particularly those involving corruption.

The principles on which the republican legal system is based could not be clearer: in a democratic society, where every person has the right to demand not only the full enjoyment of their rights, but also, more generally, the application of the law, no one can claim to benefit from a regime of exception – least of all elected officials. It is because we are confident that their illegal actions will be effectively punished, in the same way as other citizens and without waiting for a highly hypothetical electoral sanction, that they can truly call themselves our representatives.

When the Law Favored the Powerful

For a long time, however, this requirement for legal equality remained largely theoretical. Taken over and placed in a more or less explicit relationship of subordination to the government during the First Empire (1804-1814), the judiciary remained under the influence of the executive at least until the middle of the 20th century. This is why, until the end of the last century, the principle of equality before the law came up against a singular privilege of ‘notability’ which, except in exceptional situations or particularly serious and highly publicised cases, guaranteed relative impunity for members of the ruling classes whose criminal responsibility was called into question.

The situation only began to change following the humanist awakening of the liberation in 1940s. From 1958, magistrates were recruited by open competition and benefited from a relatively shielded status, as well as a dedicated school, the National School for the Judiciary. The latter gradually took up a demanding code of ethics, encouraged in particular by the recognition of judicial trade unionism in 1972. A new generation of judges emerged, who now took their mission seriously: to ensure, in complete independence, that the law was properly enforced, regardless of the background of those in the dock.

Bernard Tapie, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy…

It was in this context that something that had been unthinkable a few decades earlier came to pass: the prosecution and conviction of prominent figures on the same basis as the rest of the population. From the mid-1970s, the movement gained momentum in the following decades with the conviction of major business leaders, such as Adidas and football tycoon Bernard Tapie, and then national political figures, such as former conservative minister, Alain Carignon, or the Lyon mayor and deputy, Michel Noir. The conviction of former presidents of the Republic from the 2010s onwards – Jacques Chirac in 2011, Nicolas Sarkozy for the first time in 2021 – completed the normalisation of this trend or, rather, put an end to the democratic anomaly of giving preferential treatment to elected officials and, more broadly, to the ruling classes.

This movement, which initially stemmed from changes in judicial practices, was also supported by certain changes to French law. One example is the constitutional revision of February 2007, which enshrines the jurisprudence of the Constitutional Council according to which the President of the Republic cannot be subject to criminal prosecution during his term of office, but which allows proceedings to be resumed as soon as he leaves office. We can also mention the creation, in December 2013, of the National Financial Prosecutor’s Office, which, although it does not enjoy statutory independence from the executive branch, has been able to demonstrate its de facto independence in recent years.

Any talk of “judicial tyranny” is intended to take aim at this historical development. This rhetoric seeks less to defend the sovereignty of the people than that of the oligarchic rulers.

The Conversation

Vincent Sizaire ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Former French President Nicolas Sarkozy sentenced to five years in prison: Republic’s judiciary frees itself – https://theconversation.com/former-french-president-nicolas-sarkozy-sentenced-to-five-years-in-prison-republics-judiciary-frees-itself-266170

Les sanctions économiques doivent être repensées : elles frappent les plus démunis

Source: The Conversation – in French – By Sylvanus Kwaku Afesorgbor, Associate Professor of Agri-Food Trade and Policy, University of Guelph

Les sanctions économiques sont largement considérées par les universitaires et les décideurs politiques comme une alternative préférable aux interventions militaires pour faire pression sur les gouvernements afin qu’ils modifient leurs politiques contestables. L’idée est simple : au lieu d’utiliser les armes, il faut exercer une pression économique sur l’élite au pouvoir jusqu’à ce qu’elle change de comportement.

Le recours aux sanctions économiques n’a cessé d’augmenter. Selon les données récentes de la Global Sanctions Database, le nombre de sanctions actives a augmenté de 31 % en 2021 par rapport à 2020, et cette tendance à la hausse s’est poursuivie en 2022 et 2023.

En Afrique, plusieurs pays font actuellement l’objet de sanctions imposées par les États-Unis, les Nations unies ou l’Union européenne. Parmi ces États africains figurent la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Libye, la Somalie, le Soudan du Sud et le Zimbabwe. Ce n’est pas une simple coïncidence si la plupart de ces pays figurent parmi les foyers de faim identifiés par le Programme alimentaire mondial.

Les sanctions peuvent avoir des conséquences imprévues pour les citoyens et ce sont généralement eux qui en paient le prix. Lorsque les sanctions touchent les systèmes alimentaires, l’impact peut être dévastateur.

J’étudie les sanctions économiques et leurs effets négatifs imprévus sur les pays en développement.

Dans une étude récente menée avec mes collègues, nous avons analysé l’impact des sanctions économiques sur la sécurité alimentaire dans 90 pays en développement entre 2000 et 2022. Nous voulions explorer les liens potentiels entre les sanctions et la famine dans un contexte de préoccupation mondiale croissante concernant l’insécurité alimentaire.

Nous nous sommes concentrés sur deux indicateurs clés : les prix des denrées alimentaires et la sous-alimentation (c’est-à-dire la proportion de personnes qui ne consomment pas suffisamment de calories pour mener une vie saine).

Nous avons mesuré les prix des denrées alimentaires à l’aide de l’indice des prix à la consommation des denrées alimentaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Cet indice reflète l’évolution du coût global des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées généralement achetées par les ménages.

Nous avons également utilisé le calcul de la prévalence de la sous-alimentation établi par la même organisation. Il s’agit d’un indicateur clé de l’objectif de développement durable 2.1, qui suit les progrès accomplis dans le monde pour éliminer la faim d’ici 2030.

Nos résultats donnent à réfléchir. Lorsque des sanctions sont en place, les prix des denrées alimentaires augmentent d’environ 1,2 point de pourcentage par rapport aux périodes sans sanctions. Cela peut sembler peu, mais dans les pays à faible revenu où les familles consacrent la moitié de leurs revenus à l’alimentation, même de légères augmentations rendent la vie plus difficile. Cela ne tient pas compte d’autres facteurs externes pouvant entraîner des hausses de prix, tels que les modèles de demande et d’offre.

Nous avons également constaté que la sous-alimentation augmente de 2 points de pourcentage pendant les périodes de sanctions. Pour les pays où des millions de personnes vivent déjà au bord de la famine, cela représente un fardeau supplémentaire considérable.

Pourquoi les sanctions aggravent l’insécurité alimentaire

Les sanctions ont des répercussions sur les économies de plusieurs façons, et l’alimentation est souvent prise entre deux feux.

Tout d’abord, les sanctions perturbent les importations alimentaires. Il s’agit d’un problème crucial pour de nombreux pays en développement qui dépendent fortement des marchés internationaux pour nourrir leur population. Entre 2021 et 2023, les importations alimentaires de l’Afrique ont totalisé environ 97 milliards de dollars américains.

Au niveau national, par exemple, l’Éthiopie et la Libye ont importé pour 3 milliards de dollars de denrées alimentaires, le Soudan pour 2,3 milliards et la République démocratique du Congo pour 1,2 milliard. Les sanctions peuvent restreindre davantage le commerce ou augmenter les coûts de transport, rendant les denrées alimentaires à la fois plus rares et plus chères.

Deuxièmement, les sanctions limitent l’accès aux intrants agricoles essentiels, tels que les engrais, les pesticides et les machines. Elles entravent également les transferts de technologie. Par exemple, les agriculteurs d’Afrique subsaharienne n’utilisent en moyenne que 9 kg d’engrais par hectare de terres arables, contre 73 kg en Amérique latine et 100 kg en Asie du Sud. Ces contraintes réduisent les rendements, augmentent les coûts de production et rendent plus difficile le maintien de la production pour les agriculteurs.

Troisièmement, les sanctions ébranlent les systèmes financiers, réduisent les revenus des populations et encouragent la thésaurisation. Les ménages qui disposent déjà d’un budget serré sont contraints de réduire leurs dépenses ou de se tourner vers des aliments moins chers et moins nutritifs.

Enfin, les sanctions entraînent souvent une réduction de l’aide alimentaire, car les pays visés perdent leur accès à l’aide internationale. Par exemple, la récente suspension de l’aide humanitaire américaine au Soudan a contraint 80 % des cuisines d’urgence du pays à fermer. Cet impact est particulièrement grave étant donné que certains des plus grands donateurs alimentaires, tels que les États-Unis et l’Union européenne, sont également parmi les pays qui recourent le plus fréquemment aux sanctions.

Le résultat final est simple : des prix alimentaires plus élevés, moins de nourriture sur la table et plus de famine.

Toutes les sanctions ne se valent pas

Nous avons également constaté que le type de sanction a son importance :

  • Les sanctions commerciales qui bloquent les importations et les exportations sont celles qui font le plus augmenter les prix des denrées alimentaires. Les sanctions financières qui gèlent les avoirs ou coupent l’accès aux services bancaires sont également préjudiciables, car elles perturbent indirectement le commerce agricole.

  • Lorsque les pays sont confrontés à la fois à des sanctions commerciales, financières et de circulation, les dommages sont considérables : les prix des denrées alimentaires augmentent de plus de 3,5 points de pourcentage et la faim augmente fortement.

  • L’identité de l’auteur des sanctions a également son importance. Les sanctions de l’Union européenne ont entraîné la plus forte hausse des prix alimentaires, tandis que celles de l’ONU ont eu le plus grand impact sur la faim, augmentant la sous-alimentation de près de 6 points de pourcentage.

La nourriture comme arme de guerre

L’ONU met en garde depuis des années contre l’utilisation de la nourriture comme arme. En 2018, la résolution 2417 a explicitement condamné la famine comme outil de guerre ou de pression politique. Pourtant, dans la pratique, les sanctions restreignent souvent l’accès à la nourriture, aux médicaments et aux intrants agricoles, même lorsque des « exemptions humanitaires » existent sur le papier.

L’insécurité alimentaire en Afrique s’aggrave. Selon l’Organisation mondiale de la santé, une personne sur cinq sur le continent est confrontée à la faim, et le nombre de personnes sous-alimentées continue d’augmenter. Les sanctions aggravent cette crise.

Et le dilemme moral est évident. Les personnes les plus touchées – les familles pauvres, les petits agriculteurs et les enfants – sont celles qui sont les moins responsables du comportement qui déclenche les sanctions.

Si les sanctions visent à punir les régimes, elles punissent souvent les citoyens ordinaires à la place.

Ce qui doit changer

Les sanctions ne sont pas près de disparaître de la politique mondiale. Mais leur conception et leurs conséquences humanitaires doivent être repensées. Trois mesures pourraient réduire les dommages :

  • Premièrement, renforcer les exemptions humanitaires : veiller à ce que les denrées alimentaires, les engrais et l’aide puissent circuler librement, sans être bloqués.

  • Deuxièmement, suivre l’impact des sanctions : les agences internationales telles que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (Pam) devraient surveiller l’impact des sanctions sur les systèmes alimentaires et tirer rapidement la sonnette d’alarme.

  • Troisièmement, repenser la stratégie : si les sanctions finissent par alimenter la faim, l’instabilité et les migrations, elles peuvent faire plus de mal que de bien à long terme.

Si le monde souhaite réellement éradiquer la faim d’ici 2030, il ne peut ignorer les conséquences imprévues des sanctions. Celles-ci doivent donc être repensées afin de protéger les plus vulnérables, sans quoi elles risquent de devenir non seulement un outil diplomatique, mais aussi un facteur de crises alimentaires.

The Conversation

Sylvanus Kwaku Afesorgbor reçoit un financement du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroalimentaire de l’Ontario (OMAFA). Kwaku est également consultant occasionnel pour la Banque africaine de développement et le Consortium africain de recherche économique. Il est le fondateur exécutif du groupe de réflexion international Centre for Trade Analysis and Development (CeTAD Africa), basé à Accra, au Ghana.

ref. Les sanctions économiques doivent être repensées : elles frappent les plus démunis – https://theconversation.com/les-sanctions-economiques-doivent-etre-repensees-elles-frappent-les-plus-demunis-265928

Travailler assis ou debout ? Pour la productivité et pour la santé, mieux vaut alterner

Source: The Conversation – in French – By Cédrick Bonnet, Chargé de recherche CNRS, spécialiste dans l’influence des positions du corps sur Comportement, Cognition et Cerveau, Université de Lille

Des travaux de recherche révèlent que la position debout améliore l’attention visuelle. Ce constat plaide en faveur de l’alternance des stations assise et debout au cours de la journée de travail. Prendre cette habitude permettrait aussi de lutter contre les effets délétères pour la santé résultant du maintien sur une trop longue période de l’une ou l’autre des deux positions.


Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la mécanisation, le confort accru, l’ordinateur, Internet et le télétravail entre autres ont considérablement augmenté le temps que nous passons assis.

Aujourd’hui, plus de la moitié de la population de la planète est quotidiennement assise plus de 50 % du temps, ce qui représente plus de 8 heures par jour. Plus grave encore, les personnes qui travaillent en bureau sont assises entre 65 et 85 % de leur journée, ce qui représente de 11,2 à 12,8 heures par jour, et le temps passé assis continuera à augmenter au moins jusqu’à 2030.

On sait que ces changements ne sont pas sans conséquence pour notre santé. Il a notamment été démontré que l’augmentation de la sédentarité est associée à un risque accru de maladie cardiovasculaire, de diabète de type 2, de cancer, d’obésité, d’anxiété ou de dépression. Mais ce n’est pas tout, il semblerait que notre position ait également un impact sur notre productivité.

Dans notre équipe de recherche, au SCALab, nous avons émis l’hypothèse qu’une personne en bonne santé (autrement dit, dans ce contexte, ne rencontrant pas de problème pour se tenir debout) devrait réaliser de meilleures performances debout qu’assise, ceci tant que la fatigue en position debout n’est pas excessive. Les résultats que nous avons obtenus jusqu’ici le confirment. Explications.

Notre posture influe-t-elle sur notre efficacité ?

Au cours d’une journée, les individus adoptent trois types de position du corps : allongée pour dormir, debout pour bouger et plus ou moins pliée, pour s’asseoir notamment.

Pour comprendre pourquoi nous pourrions être plus efficaces debout qu’assis, il faut savoir que, pour fonctionner au mieux, nos systèmes sensoriels et attentionnels ont besoin de stimulations, d’accélérations et de perturbations. Or, si, en position debout, notre corps oscille sans arrêt et doit continuellement contrôler son équilibre pour ne pas tomber, en position assise, il n’est pas perturbé de la sorte.

Ces dernières années, notre équipe de recherche a conduit plusieurs projets de recherche pour valider notre hypothèse. Dans un article récemment accepté pour publication, nous avons demandé à 24 jeunes adultes de réaliser six fois une tâche d’attention (« Attention Network Test ») en alternant les positions du corps (assis, debout), et six fois cette même tâche seulement en position assise.

Les résultats obtenus montrent que l’attention visuelle des participants est meilleure en alternant les positions du corps qu’en restant tout le temps assis. En outre, les participants réalisaient la tâche plus rapidement (avec des temps de réaction plus courts) quand ils étaient debout dans la condition d’alternance.

Dans un second article récent, nous avons demandé à 17 jeunes adultes sains de réaliser la même tâche d’attention (« Attention Network Task ») soit assis, soit debout. Nous avons testé si c’était le fait de devoir contrôler et ajuster l’équilibre debout, et pas uniquement le fait d’être debout, qui peut expliquer de meilleures performances debout qu’assis.

Les analyses ont effectivement montré que plus les oscillations des participants étaient complexes, plus leur temps de réaction était raccourci (corrélation de Pearson négative significative) et plus leur score d’alerte (tiré de la tâche d’attention) était élevé. Par définition, le score d’alerte reflète la capacité d’un individu à préparer et à maintenir un état d’alerte afin de répondre rapidement à un stimulus attendu.

Ces résultats indiquent que les individus complexifient leurs oscillations posturales debout de façon à améliorer leur performance à la tâche d’attention. On peut supposer qu’en position assise, tout individu serait moins (voire, ne serait pas) capable de complexifier ses oscillations justement parce qu’il n’a pas à contrôler son équilibre.

En 2024, nous avons demandé à 24 jeunes adultes sains de réaliser une tâche de Stroop modifiée dans quatre positions du corps différentes : debout contre un mur ; debout naturellement avec les pieds serrés ; avec les pieds normalement écartés ; avec les pieds légèrement plus écartés que d’habitude.

Les résultats obtenus révèlent l’existence d’une corrélation significative entre le nombre de cibles bien trouvées dans cette tâche de Stroop et des variables d’oscillations de la tête et du centre de pression (le point d’application de la résultante des forces de réaction au sol exercées par les pieds sur le sol). Autrement dit, plus les participants oscillaient (en rapidité et en amplitude) et meilleure était leur performance à bien trouver les cibles dans cette tâche de Stroop modifiée.

En résumé, ces trois études menées en laboratoire sont en accord avec notre hypothèse initiale. La position debout optimise la performance à des tâches d’attention visuelle de courtes durées.

Nos résultats sont également en ligne avec ceux d’autres scientifiques. En effet, plusieurs investigateurs ont déjà montré que les performances aux tâches d’attention et de Stroop modifiées étaient meilleures debout qu’assis. En outre, d’autres études ont révélé que l’alternance assis-debout amène des résultats significativement meilleurs que la position assise seule. Enfin, des travaux ont montré que la productivité à long terme était meilleure en alternant les positions assise et debout.

En effet, l’attention décline de plus en plus à mesure que l’on reste assis, alors qu’elle reste plus élevée en position debout – surtout dans les trente premières minutes d’une tâche. Ce résultat est important, car il suggère que l’individu ne devient pas meilleur en étant debout qu’en restant assis, mais plutôt qu’il évite un déclin de performance en se mettant debout.

Vaut-il mieux travailler debout ou assis ?

La majorité des travaux publiés révèle que les performances en position assise sont identiques à celles en position debout quand les tâches durent moins de dix minutes. En revanche, les performances en position debout peuvent être meilleures qu’en position assise lorsque les tâches durent entre dix et trente minutes. Entre trente minutes et une heure et demie (soit quatre-vingt-dix minutes), les performances dans les deux positions redeviennent équivalentes. Au-delà d’une heure et demie, les performances devraient logiquement être moins bonnes debout qu’assis, mais aucune recherche ne l’a encore montré jusqu’à présent à notre connaissance.

Pour toutes ces raisons, selon nous, la meilleure dynamique posturale à adopter pour optimiser les performances et la productivité est d’alterner fréquemment les positions du corps, en les maintenant chacune de 15 à 30 ou 45 minutes.

Il faut souligner que la dynamique posturale a non seulement des conséquences sur la performance et la productivité, mais aussi sur la santé. On savait déjà que rester debout excessivement longtemps est très problématique pour la santé. Depuis une vingtaine d’années plus particulièrement, les travaux de recherche ont aussi révélé que la station assise excessive est également très problématique pour la santé.

Elle accroît en effet le risque de mort prématurée, ainsi que celui d’être affecté par diverses maladies chroniques graves : cancer, diabète, maladies inflammatoires, musculaires, vasculaires chroniques, attaque cardiaque).

La station assise excessive a aussi été associée à une augmentation du surpoids et de l’obésité, ainsi qu’au développement des troubles du sommeil et à des problèmes cognitifs. Par ailleurs, on sait qu’être sédentaire a également des effets sur le psychisme, accroissant non seulement le risque de dépression, mais aussi celui d’avoir une moins bonne vitalité au travail.

Notre synthèse de la littérature révèle que pour limiter le risque de survenue de ces problèmes de santé, les individus devraient tous les jours rester quasiment autant debout qu’assis – autrement dit, ils devraient passer 50 % du temps debout.

Alterner au fil de la journée les postures assises et debout toutes les 15 à 45 minutes permettrait non seulement d’améliorer la productivité, mais aussi de réduire les conséquences pour la santé. Cela permet en effet d’augmenter le temps passé debout tout au long de la journée en évitant au mieux la fatigue.

Pour y parvenir, il faudrait équiper les travailleurs de bureaux assis/debout. Ceux-ci sont déjà adoptés dans de nombreux pays dans le monde, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Chine ou en Europe du Nord. Pour aider les utilisateurs à adopter une dynamique posturale bénéfique ou optimale, l’emploi de tels bureaux devrait être couplé à une application « assis-debout » destinée à guider les utilisateurs. Malheureusement, l’offre en matière d’applications – y compris celle proposée par des objets connectés tels que montres, smartphones ou bureaux connectés – est encore imparfaite à l’heure actuelle. Afin d’y remédier, notre équipe est en train de développer une telle application.

The Conversation

Cédrick Bonnet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Travailler assis ou debout ? Pour la productivité et pour la santé, mieux vaut alterner – https://theconversation.com/travailler-assis-ou-debout-pour-la-productivite-et-pour-la-sante-mieux-vaut-alterner-265209

The crisis of Indonesian policing: Guardians of the people or protectors of power?

Source: The Conversation – Indonesia – By Perdian Tumanan, PhD Candidate in Ethics and Religion, Villanova School of Law

The death of 21-year-old Indonesian online delivery driver Affan Kurniawan, who was crushed by a Barracuda police vehicle during a protest, invites comparisons to George Floyd. The African American was killed by a police officer in Minneapolis in 2020, sparking global Black Lives Matter protests.

One thing unites both cases: they reflect arbitrary violence by those sworn to protect the people.

Policing in the two countries differs greatly in its context: while police in the US are deeply tied to political elites and economic power, the Indonesian police were, in principle, established to serve the people.

Yet this shared pattern of civilian killings raises a pressing question: who are the Indonesian police really protecting?

American police: Guardians of the elites

Alex Vitale, a leading scholar on American policing, argues in his influential book The End of Policing that the roots of American policing are inseparable from three foundational systems of inequality in the 18th century: slavery, colonialism, and the control over the emerging industrial working class.

The commemoration of George Floyd’s killing by Minneapolis police at Union Square in Midtown Manhattan. May 25, 2025.
Christopher Penler

In other words, the American police were not originally created to reduce or prevent crime. Rather, as in many Western nations, they emerged to protect elite interests and maintain control over the working class.

The police thus functioned less as protectors of the public and more as instruments of social control. In essence, they served political elites and economic powers in defending a status quo that favoured them — a legacy that continues to shape the U.S. legal and security system today.

According to Vitale, in such a society, equality existed only among the elites, while the broader nation became a policed society. In this context, crime was defined less by moral conduct than by a person’s socio-economic standing.

For the enslaved and the poor, political rights were nonexistent, and even free expression was unimaginable. Any protest against this imposed order was swiftly branded a crime and harshly punished.

Vitale argues that law enforcement is increasingly armed not only to control the public and instil fear, but also to shield themselves from their own fear of being attacked by the very people they are meant to protect.

This cycle of reciprocal fear persists because the police are never truly connected to, nor in solidarity with, the communities they police.

In such a system, fear governs daily life. It does not flow in just one direction but operates reciprocally — something clearly reflected in the very equipment the police carry.

Indonesian police: Once protectors of the people

I once asked my professor why police officers in the United States always carry guns, even in sacred spaces like churches.

I explained that in Indonesia, the mere presence of guns — regardless of who carries them — instils fear

The Indonesian Police's Mobile Brigade Unit spark public outcry after an officer runs over a civilian, killing him.
Protesters gather in front of the Mobile Brigade Police Headquarters, Jakarta, August 29, 2025.
Wulandari Wulandari/Shutterstock

He replied that police carry guns as a precaution, driven by fear of being attacked.

I then showed him photos of Indonesian police mingling freely with civilians, unarmed and unafraid. Intrigued, he asked how this was possible.

I explained that while Indonesian policing partly inherited its structure from the Dutch colonial apparatus, but it earned legitimacy during the nationalist struggle for independence.

In that struggle, the early police were closely tied to ordinary people, giving them a sense of belonging to the society they served.

This rootedness set them apart from the militarised culture of Western policing, where trust is absent. In Indonesia, the police and the people are inseparable — essentially one.

The social media post comparing Affan’s death to that of George Floyd raises a deeper question: whom do the Indonesian police truly serve today?

Once seen as protectors of the people, the police now increasingly appear aligned with elite interests. Public dissatisfaction is growing, fueled by recurring patterns of violence used to silence dissent, facilitate land dispossession, and suppress indigenous communities.

This perception is further reinforced by the conspicuous wealth displayed by some officers and their families, raising serious questions about integrity and accountability.

These realities deepen a crisis of trust, eroding the very foundations of police legitimacy in a democratic society.

A tool of repression

Affan’s death starkly symbolizes the police’s shift from protecting the people to serving elite interests — a perception reinforced when President Prabowo Subianto, instead of apologising or holding the institution accountable, chose to promote the officers who oversaw the protest.

Indonesian police are involved in a riot with protesters.
A police officer directing traffic at the Tugu Jogja intersection in Yogyakarta.
Rembolle/Shutterstock

Such actions deepen public wounds and confirm suspicions that the police now serve rulers rather than citizens. If this course continues, they will stray even further from their democratic mandate and erode the very trust on which their legitimacy rests.

The Indonesian police must reflect on their roots in the people and heed Vitale’s reminder: policing should not merely serve as a tool of elite power and crime control, but as a force rooted in morality and ethical authority.

If the police forget their roots among the people, they risk ceasing to be guardians of justice and becoming nothing more than guardians of power.

At that point, public trust will collapse. The democratic mandate that once gave birth to the police will be hollowed out, and the institution will no longer be seen as a friend of the people, but as an instrument of repression.

If Indonesia’s police do not have the courage to return to their true calling, the gulf between them and the people will only deepen, leaving behind an institution stripped of legitimacy.

The Conversation

Perdian Tumanan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

ref. The crisis of Indonesian policing: Guardians of the people or protectors of power? – https://theconversation.com/the-crisis-of-indonesian-policing-guardians-of-the-people-or-protectors-of-power-264342

Mushrooms may have been part of early human diets: primate study explores who eats what and when

Source: The Conversation – Africa (2) – By Alexander Piel, Asso. Professor in Anthropology, University College London, UCL

Mushrooms may not be the first food that comes to mind when we imagine the diets of wild primates – or our early human ancestors. We tend to think of fruits and green leaves as the preferred foods for monkeys and apes.

But our new study from the Issa Valley in western Tanzania highlights a surprising, and potentially crucial, role for fungi in primate diets.

For nearly two decades, our work has centred on what it means to be a savanna-woodland primate in east Africa. Far from their forest-dwelling cousins, these populations are exposed to higher temperatures, as well as woodland and grassland vegetation where they can find food – or be in danger from predators like wild dogs and hyenas.

Broadly, we are interested in competition between species. For example, how do baboons and smaller monkeys avoid larger (and predatory) chimpanzees when looking for ripe fruits? Mushrooms may provide an answer.

We found that while all three primate species under study consumed mushrooms, their use and reliance differed throughout the year. Mushrooms were seasonally important for red-tailed monkeys and chimpanzees, becoming a fall-back food when ripe fruit was scarce, despite overall making up only 2% of their diet. For baboons, mushrooms were a preferred food, with fungi forming more than a tenth of their diet despite being available for only half the year.

Our findings not only shed light on the way that primates rely on and respond to their environment, but also hint at the evolutionary roots of human mycophagy (mushroom eating). Fungi have been overlooked in research into ancient diets because they don’t fossilise well and leave little trace in the archaeological record.

By examining which foods are consumed by primates, we can better reconstruct scenarios of how early human species may have competed with one another.

Issa fungi foraging

Over four years, we observed three co-inhabiting species – chimpanzees, yellow baboons and red-tailed monkeys – regularly consuming mushrooms.

We used over 50,000 observations of feeding among the three species and found that mushroom consumption wasn’t just incidental. While chimpanzees and red-tailed monkeys ate mushrooms mostly during the wet season, when availability peaked, baboons consumed mushrooms far longer, even when they were relatively scarce.

In fact, for two months of the year, mushrooms made up over 35% of baboons’ diets, suggesting they are a preferred food, not just consumed during fruit-scarce periods, as we suggest for the chimpanzees and red-tailed monkeys.

Chimpanzees and red-tailed monkeys, in contrast, treated mushrooms as a seasonal supplement, valuable when fruits were less abundant. This nuanced difference suggests that mushrooms play different roles within this primate community, depending on ecological strategies and competition dynamics.

Avoiding conflict through fungi

One of the most intriguing ideas to emerge from our study is the concept of niche partitioning: how animals adapt their diets to minimise competition. This is a well-established phenomenon which can manifest in various ways, from bird species occupying different canopy heights, to carnivores targeting different prey.

In habitats where multiple species coexist, finding one’s own food niche can be the key to survival. At Issa, baboons, chimpanzees and guenons (monkeys) might all be using mushrooms in strategic ways to improve feeding efficiency and reduce tension with each other as they respond to periods when (preferred) ripe fruits are insufficient for all three species.

What does this mean for us?

The implications of these findings stretch far beyond western Tanzania. First, they highlight how mushrooms can serve as a rich, seasonal food source, even for large mammals, providing protein, micronutrients and potentially medicinal benefits. This lends support to theories that fungi may have played a significant role in the diets of early hominins.

In fact, the habitat of Issa is thought to resemble the kind of mosaic woodland landscape where human ancestors evolved. If our primate relatives today are exploiting fungi in this environment, it’s plausible that Australopithecus, Homo habilis and other early human species did too.

Despite this, fungi are often overlooked in reconstructions of ancient diets, largely because they don’t fossilise well and leave little trace. Yet ancient DNA from Neanderthal dental plaque from about 40,000 years ago has revealed traces of mushrooms, tantalising clues that fungi may have been more central to prehistoric life than previously believed.

A caution and a call

The study also raises important questions about human-wildlife coexistence. In many parts of Tanzania, mushrooms are harvested by people and sold in local markets. As climate change and human population growth put pressure on wild resources, competition between humans and wildlife over edible fungi may increase. Understanding who eats what and when could help in managing these shared resources sustainably.

At a time when biodiversity is under threat and food security is a growing global concern, this research reminds us that hidden treasures like wild mushrooms aren’t just tasty; they’re significant for ecology and evolution.

Fungi can add to our understanding of where we came from and how we might share our ecosystems going forward.

The Conversation

Alexander Piel receives funding from the Salk/UCSD Center for Academic Research and Training in Anthropogeny and the Department of Human Origins, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. He is an associate researcher with MPI-EVA.

Fiona Stewart receives funding from the Salk/UCSD Center for Academic Research and Training in Anthropogeny and the Department of Human Origins, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. He is an associate researcher with MPI-EVA.

ref. Mushrooms may have been part of early human diets: primate study explores who eats what and when – https://theconversation.com/mushrooms-may-have-been-part-of-early-human-diets-primate-study-explores-who-eats-what-and-when-264089

Civil society helps uphold democracy and provides built-in resistance to authoritarianism

Source: The Conversation – USA – By Christopher Justin Einolf, Professor of Sociology, Northern Illinois University

Alex Soros is the board chair of the Open Society Foundations, the philanthropy funded by his father, George Soros. AP Photo/Manuel Balce Ceneta

The New York Times reports that a senior Department of Justice official recently “instructed more than a half dozen U.S. attorneys’ offices to draft plans to investigate” the Open Society Foundations – philanthropies funded by the billionaire George Soros.

Citing a document that the news outlet said its reporters had seen, the report listed possible charges the foundations could face “ranging from arson to material support of terrorism.”

The philanthropic institution denied any wrongdoing.

“These accusations are politically motivated attacks on civil society, meant to silence speech the administration disagrees with and undermine the First Amendment right to free speech,” Open Society Foundations stated in response to the reported investigations. “When power is abused to take away the rights of some people, it puts the rights of all people at risk.”

The term “civil society” isn’t familiar to all Americans. But it’s part of what helped this country grow and thrive because it encompasses many of the institutions that uphold the American way of life. As a sociologist who studies nonprofits and civil society in the U.S and around the world, I have always been interested in the relationship between the health of a nation’s civil society and the strength of rights and freedom within its borders.

I’ve also noticed that often the term is used without a definition. But I think that it’s important for Americans to become more familiar with what civil society is and how it helps sustain democracy in the United States.

Civil society

The Encyclopedia Britannica defines civil society as “the dense network of groups, communities, networks and ties that stand between the individual and the modern state.”

This constellation of institutions consists of not-for-profit organizations and special interest groups, either formal or informal, working to improve the lives of their constituents. It includes charitable groups, clubs and voluntary associations, churches and other houses of worship, labor unions, grassroots associations, community organizations, foundations, museums and other kinds of nonprofits – including nonprofit media outlets.

Civil society does not include government agencies or for-profit businesses.

Political scientists and sociologists have long claimed that a healthy civil society, which in the U.S. includes a strong and independent nonprofit sector, helps sustain democracy. This is true even though most nonprofits don’t engage in partisan political activities.

My own analysis of survey data from 64 countries has shown that authoritarians have begun to use civil society groups to support their own purposes. But in the United States, at least, most civil society organizations still support democratic values.

Sometimes, scholars call civil society “the third sector” to distinguish it from the public and private spheres.

Most scholars agree that civil society strengthens and protects democracy, and that true democracy is impossible without it. These scholars distinguish between liberal democracies and illiberal democracies.

Liberal democracies have a separation of powers – meaning the executive, legislative and judicial branches of government. They protect individual rights, allow a free press, maintain an independent judiciary and safeguard the rights of minorities.

In illiberal democracies, there are periodic elections, but they are not necessarily fair or free. Civil society tends to be more restricted in illiberal democracies than in liberal ones.

An American strength from the start

The strength of America’s civil society helps explain the long success of democracy in the United States.

In 1835, when the French scholar and diplomat Alexis de Tocqueville visited the country, he marveled at the tendency of Americans to “constantly unite.” They created associations, he wrote, “to give fêtes, to found seminaries, to build inns, to raise churches, to distribute books, to send missionaries to the antipodes; in this manner they create hospitals, prisons, schools.”

Whereas the government initiated grand projects in France and the nobility did so in England, in the United States voluntary associations of ordinary individuals were behind most great endeavors.

People in periwinkle blue T-shirts stand while children sit on the ground, surrounded by dogs.
A Lutheran group that provides comfort dogs after traumatic events visits survivors of a school shooting in Minneapolis on Aug. 28, 2025.
AP Photo/Abbie Parr

What happens in nondemocratic countries

One way to see how important a robust civil society can be is to look at what happens in countries that do not have one.

The totalitarian countries of the 20th century, particularly communist China and the Soviet Union, outlawed civil society under the pretense that the party and the state represented the people’s true interests.

When the Berlin Wall fell in 1989, the United States and Western Europe devoted much diplomacy and foreign aid to helping the former USSR and the countries of Eastern Europe develop civil society institutions, believing this to be a precondition of those countries’ transition to democracy.

Today, civil society flourishes in formerly communist nations that have successfully made the transition to democracy, such as the Czech Republic, Estonia, Latvia and Lithuania. Civil society is restricted in that region’s countries that don’t embrace democracy, such as Belarus and Russia.

A man fixes a bicycle.
Volunteer Clayton Streich fixes a bicycle at Lincoln Bike Kitchen, an American nonprofit, in 2024 in Lincoln, Neb.
AP Photo/Rebecca S. Gratz

Not your grandma’s authoritarians

Today’s authoritarian rulers realize that civil society has the potential to support democracy and pry loose their grip on power. But few of those leaders outlaw civil society organizations entirely.

Instead, authoritarian leaders subordinate civil society organizations to achieve their own ends. In China, which had no civil society before the 1990s, the Communist Party now creates government-organized nongovernmental organizations, or GONGOs, which look like nonprofits and are technically separate from the state, but remain under state control.

Some authoritarians who take power in countries that already have a civil society sector tame these organizations and harness their power through a range of oppressive tactics. They leave alone service-providing organizations, like food banks, free clinics and homeless shelters, and use them to show citizens how they are bringing them benefits.

However, they crack down on advocacy organizations, such as human rights groups, labor unions and feminist groups, as these are a source of potential opposition to the regime. They then cultivate pro-regime civil society institutions, providing them with formal and informal support.

When authoritarians crack down on civil society groups, they sometimes destroy offices and imprison the organization’s leaders and members of their staff. But they generally use more subtle means.

For example, they may pass laws restricting the amount of funding, particularly foreign funding, available to nonprofits. They add layers of red tape that make it hard for nonprofits to operate, such as audits, registration requirements and information requests.

Authoritarians may use those hurdles selectively. Nonprofits that are neutral or friendly to the regime may find they can operate freely. Nonprofits the regime perceives as opponents undergo extensive audits, are forced to wait a long time when they seek to incorporate, and face constant demands for personal information about their funders, members and clients.

Man holding a sign with Vladimir Putin's face on it hands out newspapers.
An activist of the pro-Kremlin National Liberation Movement hands out materials while holding a sign that includes a portrait of Russian President Vladimir Putin in Moscow.
Getty Images

Attacks in the United States

Even before news broke of the Trump administration’s reported demand that the Open Societies Foundations be investigated, there were mounting signs that the U.S. was becoming more like authoritarian countries than it used to be in terms of how it treats civil society.

In March 2025, for example, President Donald Trump signed an executive order restricting a federal program that forgives student loans for people who work in public service organizations or the government. The order said that employees of institutions that the Trump administration deems to “have a substantial illegal purpose,” such as providing services to undocumented immigrants or serving the needs of transgender clients, would become ineligible for loan forgiveness.

Over the summer, Congress held three investigative hearings on nonprofits. The Republican Party’s leadership signaled its disdain and distrust of those groups with hearing titles like “Public Funds, Private Agendas: NGOs Gone Wild, ”How Leftist Nonprofit Networks Exploit Federal Tax Dollars to Advance a Radical Agenda,“ and “An Inside Job: How NGOs Facilitated the Biden Border Crisis.”

After the murder of conservative activist Charlie Kirk, Vice President JD Vance threatened “to go after the NGO network that foments, facilitates and engages in violence,” including the Ford Foundation and the Open Society Foundations, despite the fact that there is no evidence that these organizations support violence.

Some nonprofits have published open letters, issued public statements and provided congressional testimony in opposition to the administration’s claims.

What happens next is unclear. The threat to strip organizations of their nonprofit status may be an empty one, given that the Supreme Court has already ruled that doing so is regulated by law and the president cannot do it on a whim.

Many scholars of nonprofits are watching to see if the United States takes more steps down this road to authoritarianism, stays where it is or reverses course.

We are studying how America’s flourishing civil society resists any restrictions that limit the freedoms that have largely been taken for granted – until now.

The Conversation

Christopher Justin Einolf does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Civil society helps uphold democracy and provides built-in resistance to authoritarianism – https://theconversation.com/civil-society-helps-uphold-democracy-and-provides-built-in-resistance-to-authoritarianism-265705

What parents need to know about Tylenol, autism and the difference between finding a link and finding a cause in scientific research

Source: The Conversation – USA (3) – By Mark Louie Ramos, Assistant Research Professor of Health Policy and Administration, Penn State

In cases where associations are found, researchers must consider dosage response, differences between siblings and other factors to determine a cause-and-effect relationship. Ronaldo Schemidt/AFP via Getty Images

Claims from the Trump White House about links between use of the painkiller acetaminophen – often sold under the brand name Tylenol in the U.S. – during pregnancy and development of autism have set off a deluge of responses across the medical, scientific and public health communities.

As a father of a child with level 2 autism – meaning autism that requires substantial support – and a statistician who works with such tools as those used in the association studies cited by the White House, I find it useful to think about the nuances of association versus causation in observational studies. I hope that this explanation is helpful to parents and expecting parents who, like me, are deeply invested in the well-being of their children.

a bunch of white pills are shown with the words tylenol 500 on them in red
The painkiller acetominophen is often sold under the brand name Tylenol in the U.S.
AP Photo/Jae C. Hong

Association is not causation, but …

Most people have heard this before, but it bears repeating: Association does not imply causation.

An often-cited example is that there is a very strong association between ice cream sales and incidents of shark attacks. Of course, it goes without saying that shark attacks aren’t caused by ice cream sales. Rather, in the summertime, hot weather drives more appetite for ice cream and beach time. The increased number of people at the beach does, in turn, cause the likelihood of shark attacks to increase.

Yet pointing this out on its own is neither intellectually satisfying nor emotionally appeasing when it comes to real-life medical concerns, since an association does suggest potential for a causal relationship.

In other words, some associations do end up being convincingly causal. In fact, some of the most consequential discoveries of the past century in public health, like the links between smoking and lung cancer or the human papillomavirus (HPV) and cervical cancer, started out as findings of very strong association.

So when it comes to the issue of prenatal acetaminophen use and autism development, it is important to consider how strong the association found is, as well as the extent to which such an association could be considered causal.

Establishing causal association

So how do scientists determine if an observed association is actually causal?

The gold standard for doing so is conducting what are called randomized, controlled experiments. In these studies, participants are randomly assigned to receive treatment or not, and the environment where they are observed is controlled so that the only external element that differs among participants is whether they received treatment or not.

In doing this, researchers reasonably ensure that any difference in the outcomes of the participants can be directly attributed as being caused by whether they received the treatment. That is, any association between treatment and outcome can be considered causal.

Yet oftentimes, conducting such an experiment is impossible, unethical or both. For instance, it would be highly difficult to gather a cohort of pregnant women for an experiment and extremely unethical to randomly assign half of them to take acetaminophen, or any other medication for no particular reason, and the other half not to.

So when experiments are simply infeasible, an alternative is to make some reasonable assumptions on how observational data would behave if the association was causal and then see if the data aligns with these causal assumptions. This can very broadly be referred to as observational causal inference.

Parsing what the studies mean

So how does this apply to the current controversy over the potential for acetaminophen use during pregnancy to affect the fetus in a way that could result in a condition like autism?

Researchers who try to understand causal roles and links between one variable and potential health outcomes do so by considering: 1) the size and consistency of the association across multiple attempts to estimate it, and 2) the extent to which such association has been established under observational causal inference frameworks.

As early as 1987, researchers have been working to measure possible associations between acetaminophen use during pregnancy and autism. A number of these studies, including multiple large systematic reviews, have found evidence of such associations.

For instance, a 2025 review of 46 studies that examined association between acetaminophen use and an array of neurodevelopmental disorders, including autism, identified papers with five positive associations between acetaminophen and autism.

In one of those studies, which examined 73,881 births, the researchers found that children who were exposed to acetaminophen prenatally were 20% more likely to develop borderline or clinical autism spectrum conditions. Another examined 2.48 million births and reported an estimated association of only 5%.

Both of those are weak associations. For context, estimations of increased lung cancer risk from smoking in the 1950s were between 900% to 1,900%. That is, a smoker is 10 to 20 times more likely than a nonsmoker to develop lung cancer. By comparison, in the two autism studies above, a pregnant woman who takes acetaminophen is 1.05 to 1.20 times more likely than one who does not take the drug to have a child who would be later diagnosed with autism.

It’s also important to keep in mind that many factors can affect how well a study is able to estimate an association. In general, larger sample sizes provide both greater power to detect an association if one does exist, as well as improved precision over estimating the value of the association. This does not mean that studies with smaller sample sizes are not valid, only that from a statistical perspective, researchers like me place greater confidence in an association drawn from a larger sample size.

Once an association – even a small one – is established, researchers then must consider the extent to which causation can be claimed. One way to do this is through what’s called dose-response. This means looking at whether the association is higher among women who took higher doses of acetaminophen during pregnancy.

The study mentioned above that looked at 2.48 million births shows an example of dose-response. It found that pregnant women who reported taking higher doses have higher autism risk.

Another way to examine possible causality in this context is to analyze sibling outcomes, which that same paper did. Researchers looked at whether associations between acetaminophen and autism persisted within families with more than one child.

For example, in a family with two children, if the mother used acetaminophen during one pregnancy and that child was later diagnosed with autism, but she did not use it during the other pregnancy and that child was not diagnosed, then this strengthens the causal claim. Conversely, if acetaminophen was used during the pregnancy of the child who was not diagnosed with autism and not used during the pregnancy of the child who was, then that weakens the causal claim. When this was included in the analysis, the dose-response disappeared, and in fact the overall 5% increased risk mentioned before likewise disappeared. This weakens the claim of a causal relationship.

Consult your doctor

At present, there is clearly not enough evidence to establish a causal association between prenatal acetaminophen use and autism.

Yet as a parent who wonders if my daughter will ever be able to write her name, or hold a job or raise kids of her own, I understand that such explanations may not appease the fears or concerns of an expecting mother who is suffering from a fever.

Naturally, all of us want absolute certainty.

But that’s not possible when it comes to acetaminophen use, at least not at this time.

Your doctor will be able to provide you with much sounder advice than any existing study on this topic. Your OB-GYNs are very likely aware of these studies and have much better judgment as to how these results should be considered in the context of your personal medical history and needs.

Researchers, meanwhile, will continue to dig deeper into the science of this critically important issue and, hopefully, provide greater clarity in the years to come.

The Conversation

Mark Louie Ramos does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. What parents need to know about Tylenol, autism and the difference between finding a link and finding a cause in scientific research – https://theconversation.com/what-parents-need-to-know-about-tylenol-autism-and-the-difference-between-finding-a-link-and-finding-a-cause-in-scientific-research-265946