No hace falta ser un genio informático para sabotear la inteligencia artificial de un sistema de apoyo a la salud. Bastaría con que alguien introdujera entre 100 y 500 imágenes manipuladas en una base de datos de millones.
Esa pequeña cantidad de “veneno digital” puede representar una cienmilésima parte de los datos de entrenamiento. Con esa pequeña parte, un sistema de IA diseñado para leer radiografías o asignar trasplantes puede aprender a fallar. Y no lo hará al azar. Puede hacerlo para un grupo específico de personas, mientras funciona con total precisión para el resto de la población.
Lo más alarmante no es la facilidad del ataque, sino nuestra ceguera actual. Estos sabotajes resultan estadísticamente invisibles para los controles de calidad estándar. Cuando estas anomalías se lleguen a detectar, el daño ya estará hecho.
El mito de la seguridad en los números
Existe la creencia popular de que la cantidad de datos necesarios para alimentar la IA son un escudo en sí mismo. Tendemos a pensar que, en un océano de millones de datos médicos, unas pocas gotas de información falsa se diluyen sin causar daño. La evidencia desmiente categóricamente esta asunción.
Dos equipos de investigación ,de Karolinska Institutet (SMAILE), Suecia, y de la Universidad Politécnica de Madrid (InnoTep), hemos evaluado 41 estudios clave sobre seguridad en IA médica publicados en los últimos años. Tras este proceso, podemos concluir que el éxito del ataque no depende del porcentaje de datos corruptos, sino del número absoluto de muestras.
Esto significa que lo que estamos observando es una vulnerabilidad estructural: los sistemas de IA, por sí solos, son sensibles a la manipulación concisa, disciplinada y dirigida.
La mecánica de la mentira repetida
¿Cómo logra un puñado de datos engañar a un sistema tan complejo? El mecanismo de ataque replica la vieja máxima de la propaganda autoritaria: “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”.
En el aprendizaje de las máquinas ocurre un fenómeno de adoctrinamiento. Es decir, el sistema no ve los datos una sola vez, sino que los repasa en ciclos repetitivos. Si se inserta un conjunto reducido de muestras falsas, el sistema las procesará una y otra vez en estos ciclos. De esta manera, dichas muestras maliciosas multiplican su influencia en el resultado final.
En este punto, tenemos un sistema que ha internalizado una falsa realidad. Lo más perverso es que la IA “envenenada” funciona con normalidad para el mayor número de pacientes: solo se “equivoca” en los casos y circunstancias diseñados para fallar.
El resultado del ataque no es un modelo fallido, sino un modelo corrupto. Mantiene su utilidad general intacta pero ejecuta una purga selectiva contra, por ejemplo, un grupo objetivo. No es un error aleatorio; es una discriminación codificada matemáticamente que se camufla bajo una apariencia general de eficiencia.
La paradoja de la privacidad
Quizá el hallazgo más irónico de nuestro trabajo es que hay leyes diseñadas para protegernos que acentúan este peligro. Normativas fundamentales como el Reglamento general de protección de datos son esenciales para velar por la privacidad de los pacientes, aunque también pueden actuar inadvertidamente como un escudo para los atacantes.
Para detectar un sabotaje tan sutil como el explicado, se necesitarían cruzar información de miles de pacientes entre distintos centros de salud. Sin embargo, la ley restringe precisamente este tipo de vigilancia masiva y correlación de datos.
Esto crea una “paradoja de seguridad”. Blindamos la privacidad del paciente, al tiempo que vendamos los ojos al sistema que debería protegerle. El resultado es que estos ataques pueden permanecer ocultos largos periodos de tiempo.
Una defensa basada en la pluralidad
En este contexto, la ciberseguridad tradicional no basta. En nuestra investigación, proponemos una solución defensiva llamada MEDLEY (Medical Ensemble Diagnostic System with Leveraged DiversitY) para contextos de salud. Frente al pensamiento único del modelo optimizado, proponemos el valor del disenso.
Nuestra propuesta es crear “juntas médicas digitales” formadas por diferentes sistemas de IA, incluyendo sus propias versiones anteriores, además de diseños y proveedores distintos. Con esta diversidad, un atacante podría adoctrinar maliciosamente uno de ellos, pero sería muy complejo repetir ese proceso en el resto.
El proceso de consulta pasaría por estas “juntas médicas digitales”. Por supuesto, dada la diversidad de sistemas de IA implicados, podrían existir discrepancias radicales en el resultado. Pero, si esto ocurre, no debe imponerse una falsa unanimidad. En su lugar, debemos asumir que no hay consenso y activar una alerta para su revisión humana.
La era de la inocencia tecnológica respecto a la IA ha concluido. No debemos aceptar “cajas negras” que asimilen una verdad impuesta. Si queremos que el aprendizaje automático sea un elemento positivo en nuestra sanidad, es imperativo entender sus limitaciones y subsanarlas con el rigor de nuestros procedimientos y conocimiento humano.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ignacio Díaz Martínez, Personal docente e investigador. Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada, Universidad de Cantabria
Huellas de una manada de dinosaurios saurópodos en el yacimiento de Soto 2, Soto de Cameros, La Rioja. Ignacio Díaz Martínez
Imagine que puede observar a un animal que vivió hace 120 millones de años en pleno movimiento: corriendo, nadando o, incluso, cojeando. En lo que hoy es la comunidad autónoma de La Rioja (España), un antiguo ecosistema de llanuras y lagunas del Cretácico Inferior actuó como una “libreta de apuntes” natural. Allí, el barro húmedo registró el paso de miles de dinosaurios, creando uno de los yacimientos de icnitas (huellas fósiles) más importantes del mundo.
Estas marcas no son solo impresiones en la piedra: son fragmentos de biografías congeladas que permiten a los paleontólogos reconstruir la vida privada de estos gigantes y revelan comportamientos que los esqueletos estáticos de los museos no pueden mostrar.
Del hueso a la acción: la magia de la icnología
Si bien los huesos fósiles nos revelan la anatomía –el tamaño, la forma de las extremidades o la edad–, las huellas registran el comportamiento. La icnología, el estudio de estos rastros, permite reconstruir escenas dinámicas que los fósiles rara vez cuentan.
Una huella no siempre nos dice la especie exacta, pero sí qué grupo de animales pasó por allí, a qué velocidad lo hizo y sobre qué tipo de terreno. Mientras los huesos nos hablan de biología, las huellas nos informan sobre la etología (comportamiento) y la ecología (entorno). La Rioja es un escenario excepcional para este análisis: su ambiente de ríos y lagunas generó vastas superficies de lodo que hoy nos regalan más de 10 000 huellas en un centenar de yacimientos protegidos.
Carreras a 40 kilómetros por hora
Cuando un dinosaurio acelera, su zancada se alarga y la forma en que el pie golpea el suelo cambia. En los yacimientos riojanos encontramos rastros con zancadas largas y alineadas de dinosaurios terópodos (carnívoros).
Estos indicios, que analizamos en un estudio publicado este mes en Scientific Reports, sugieren la presencia de animales que cruzaban rápidamente planicies anegadas, quizá persiguiendo una presa o huyendo de un peligro. Los cálculos biomecánicos realizados a partir de estas pistas sugieren velocidades de unos 40 km/h. Estas marcas se encuentran entre las más rápidas del registro mundial de dinosaurios. Ello desafía la imagen de animales lentos y pesados que tuvimos durante décadas.
¿Sabían nadar los dinosaurios?
Además, en ciertos niveles geológicos de La Rioja, en lugar de pisadas completas, aparecen marcas alargadas de garras y trazos discontinuos, indicio que entronca con uno de los debates más vivos en la paleontología actual: la capacidad acuática de ciertos grupos, como los espinosáuridos.
Huellas de un dinosaurio nadador en el yacimiento de Virgen del Campo. Enciso, La Rioja. Ignacio Díaz Martínez.
Dichas marcas son “rasguños” en el fondo de antiguos cauces. Indican que el dinosaurio avanzaba con el cuerpo flotando parcialmente, impulsándose con la punta de los dedos en el sedimento. Este registro es clave para entender la plasticidad de estos animales y cómo aprovechaban los recursos hídricos de su entorno. Demuestra, así, que no estaban limitados exclusivamente a la tierra firme.
La huella de la enfermedad: cojeras y lesiones
Por otro lado, la asimetría en los pasos delata problemas de salud que ocurrieron hace millones de años. En los yacimientos riojanos, observamos pistas donde un pie deja una marca más profunda que su par, o donde un paso es sistemáticamente más corto que el siguiente.
Nos hallamos ante señales claras de un animal que repartía el peso de forma desigual, probablemente por una lesión ósea, fatiga muscular o una malformación física. Estas “huellas patológicas” retratan a individuos que sobrevivieron a traumatismos y que, a pesar del dolor, continuaron desplazándose por su hábitat.
Huellas de un dinosaurio herbívoro con cojera en el yacimiento de La Canal, Munilla, La Rioja. Ignacio Díaz Martínez.
Vida en sociedad: el comportamiento gregario
¿Eran los dinosaurios seres solitarios? Las pistas paralelas de diferentes tamaños que avanzan en la misma dirección y a la misma velocidad sugieren lo contrario. En La Rioja, vemos grupos de herbívoros (ornitópodos) donde adultos y juveniles caminaban juntos.
Dinosaurios ornitópodos: de izquierda a derecha camptosaurio, iguanodón, shantungosaurio, centre foreground, corythosaurio, tenontosaurio; y el más pequeño en el centro, driosaurio. Wikimedia Commons., CC BY
Por otro lado, los grandes saurópodos de cuello largo parecen haberse movido en grupos de individuos de talla similar. No fue un encuentro fortuito en una charca; fue un desplazamiento coordinado.
Estas evidencias refuerzan la idea de que muchas especies poseían estructuras sociales complejas para proteger a sus crías o para migrar de forma eficiente.
Huellas de una manada de pequeños dinosaurios desplazándose junto a las de un gran herbívoro en el yacimiento del Barranco de Valdebrajés, Cervera del Río Alhama, La Rioja. Ignacio Díaz Martínez.
El futuro: inteligencia artificial y modelos 3D
Hoy, la tecnología nos permite ir más allá de la observación a simple vista. Mediante la fotogrametría –técnica que analiza las dimensiones de un objeto a través de mediciones en una foto– y la digitalización 3D, analizamos con precisión milimétrica cómo se apoyaban los dinosaurios en cada fase del paso.
Incluso, estamos utilizando métodos de inteligencia artificial para descifrar yacimientos complejos afectados por la “dinoturbación”. Este fenómeno ocurre cuando el paso masivo de manadas enmascara o borra rastros previos, creando un caos de marcas. Los algoritmos de aprendizaje profundo, entrenados con el amplio registro riojano, asisten ahora a los investigadores para identificar icnitas individuales dentro de ese desorden y nos permiten “limpiar” digitalmente el yacimiento.
Fotografía de huellas de dinosaurio de tipo saurópodas (forma subcircular) y terópodas (tridáctilas) digitalizadas en 3D y falso color a partir del mapa de alturas en centímetros desde la altura relativa inferior y superior de la superficie de roca. Adrián Páramo Blazquez.
Proteger el eco del pasado
La Rioja no solo atesora estas huellas como un registro científico, sino como un legado cultural de primer orden. Estos yacimientos forman parte de la Reserva de la Biosfera de La Rioja, reconocida por la UNESCO, y están declarados Bienes de Interés Cultural (BIC).
Sin embargo, el mismo proceso geológico que las creó –la exposición a la naturaleza– puede borrarlas. La erosión es un enemigo silencioso. Por ello, la digitalización y la divulgación son esenciales para que la sociedad comprenda que, bajo el suelo que pisamos, aún late el eco del movimiento de hace 120 millones de años.
Estas “biografías congeladas” en el barro riojano son la prueba definitiva de que los dinosaurios no son solo huesos en un estante, sino seres vivos cuya dinámica y comportamiento aún estamos terminando de descubrir.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
Fotograma del filme _Pequeñas cosas como esta_.Cortesía de Lionsgate
En octubre de 2026 se cumplirán 30 años del cierre de la última Lavandería de la Magdalena en Irlanda. Cuando Our Lady of Charity clausuró su actividad, allí aún quedaban 40 mujeres, mayoritariamente ancianas, que habían pasado gran parte de su vida confinadas contra su voluntad en esta institución de disciplinamiento. Muchas no tenían a dónde volver porque habían perdido todo contacto con sus familiares.
Ante este escabroso hecho histórico, la sociedad irlandesa tuvo que enfrentarse a varias preguntas de gran calado ético.
El contexto de las lavanderías
Junto con los Asilos para Madres y sus Bebés y otros centros de internamiento, las lavanderías conformaban la denominada “arquitectura de contención de la nación”. En ambos tipos de instituciones, alrededor de 30 000 niñas, adolescentes y mujeres adultas fueron forzadas a trabajar en condiciones de semiesclavitud, violencia física e intimidación psicológica. Además, las embarazadas –en muchos casos como resultado de violaciones o relaciones incestuosas no consentidas– daban a luz a bebés que luego se entregaban en adopción, de nuevo contra su voluntad.
Todo ello bajo el mandato de varias órdenes religiosas, encargadas por el Estado de gestionar la red de centros y garantizar el cumplimiento de los principios católicos y conservadores que la nación irlandesa había defendido a ultranza desde inicios del siglo XX. Siguiendo el modelo bíblico de la prostituta arrepentida, se esperaba que bajo un régimen de control y penitencia las magdalenas redimieran conductas “indecentes”, fundamentalmente relacionadas con la sexualidad fuera del matrimonio.
Como en episodios de institucionalización forzada en otros contextos internacionales, el entramado era complejo, interdependiente y se extendía por toda la isla. Su éxito dependía de la complicidad de todos los agentes implicados, que se regían por la estricta norma del silencio. La doble moral, la desigualdad de género y la injusticia eran evidentes, pero nadie se atrevía a hablar de ello y mucho menos a cuestionarlo.
En 1993 en el asilo de High Park (Dublín) se descubrió una fosa común con cadáveres de mujeres sin identificación ni partida de defunción. La población entró en shock. A medida que las investigaciones aportaban más detalles y las supervivientes del sistema se aventuraban a contar sus historias, Irlanda tuvo que asimilar lo que había estado años ignorando deliberadamente.
¿Cómo era posible que durante tanto tiempo la respetabilidad social de la familia hubiese prevalecido sobre la obligación “moral y legal” de velar por el bienestar de las chicas jóvenes? ¿Qué medidas debían tomarse para reparar tal desafección e indiferencia hacia el sufrimiento continuado de estas mujeres vulnerables?
Porque no era una realidad desconocida. Para las niñas irlandesas, sobre todo las más díscolas, la amenaza de ser internadas en una lavandería era constante, una mezcla explosiva entre “que viene el coco” y “cuidado con el hombre del saco”. Rara era la familia que no tuviese una hija, hermana, sobrina, vecina o conocida que fuese o hubiese sido magdalena. Muchos establecimientos y organismos oficiales se beneficiaban de sus servicios de lavandería gratuitos o a muy bajo coste.
En definitiva, de una forma u otra todo el mundo lo sabía, pero nadie hacía nada.
Del horror a la acción
Hay acontecimientos que marcan el pulso de una era, y en Irlanda la exhumación de High Park fue un verdadero revulsivo. La unión de distintas fuerzas en favor de las supervivientes fue abriendo el camino de la opinión pública y del gobierno irlandés.
En 2013 el primer ministro irlandés pronunció en sede parlamentaria una disculpa por la participación directa del Estado en la red de lavanderías. En 2018 unas 230 supervivientes fueron recibidas oficialmente en las respectivas residencias del presidente de Irlanda y el alcalde de Dublín. Los actos estaban cargados de significado, pero era necesario ir más allá de lo simbólico y acometer un programa reparativo de lo que había sido un incumplimiento sostenido de los derechos humanos fundamentales. No sin dificultades –legales y administrativas– y con cuentagotas, las ayudas han ido llegando. Sin embargo, a las supervivientes se les sigue negando el acceso a la información y los documentos que les permitan reencontrarse con sus hijos e hijas.
Monumento conmemorativo en un banco a las víctimas de las Lavanderías de la Magdalena en Dublín, en el que se lee: ‘A las mujeres que trabajaron en las instituciones de lavandería de Magdalena y a los hijos de algunos miembros de esas comunidades: reflexionen aquí sobre sus vidas’. Osama Shukir Muhammed Amin FRCP/Wikimedia Commons, CC BY-SA
Una nueva era
En 2013, Catherine Corless, historiadora local autodidacta, descubrió que el antiguo asilo para madres de Tuam, al oeste del país, contenía una fosa séptica con restos de casi 800 bebés no identificados. El hallazgo confirmó la magnitud de la trama detrás de la red de instituciones, y la grave desatención del Estado ante tales atropellos.
Afortunadamente, también reflejó que iniciativas modestas nacidas de un interés genuino por la comunidad cercana pueden despertar conciencias y contribuir al avance social a gran escala.
Esta misma dialéctica entre lo grande y lo pequeño subyace al relato que la aclamada escritora Claire Keegan cuenta en Cosas pequeñas como esas (2021). La obra demuestra que una novela corta, localizada en una pequeña ciudad de Irlanda, puede contener en pocas páginas una historia inmensa y con un alcance que trasciende de lo local a lo universal. El texto, que narra la reacción de un humilde comerciante de carbón ante el sufrimiento de una joven magdalena, fue finalista del prestigioso Premio Booker en 2022. Recientemente ha sido adaptado al cine, en un filme producido por Matt Damon y Ben Affleck y protagonizado por Cillian Murphy y Emily Watson, entre otros.
Como expresión literaria con trasfondo histórico, la narración del dilema al que se enfrenta el protagonista interpela al público lector a un nivel que anteriores obras sobre las lavanderías no habían llegado. Keegan lanza nuevos interrogantes sobre qué renuncias seríamos capaces de hacer y cuál es el verdadero sentido de la felicidad.
Sin moralizaciones ni sentimentalismos, pone el foco en los afectos, como la bondad y la empatía. Porque al final, los pequeños gestos cuentan, y mucho.
María Auxiliadora Pérez Vides no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – in French – By Stuart Phillips, Professor, Kinesiology, Tier 1 Canada Research Chair in Skeletal Muscle Health, McMaster University
Il y a trente ans, lorsque j’ai commencé à étudier le métabolisme des protéines, je n’aurais jamais imaginé qu’en 2025, je passerais l’essentiel de mon temps à expliquer pourquoi consommer davantage de protéines n’est pas toujours préférable.
Pendant longtemps, les protéines ont été le macronutriment discret, celui dont on présumait qu’il était forcément consommé en quantité suffisante. Les glucides ont connu leur heure de gloire, tout comme les lipides. Les protéines sont arrivées plus tard dans le cycle des obsessions nutritionnelles, et j’avoue avoir d’abord apprécié l’attention.
L’expression anglaise « jump the shark » (« sauter le requin ») provient d’un épisode désormais tristement célèbre de la sitcom culte Happy Days, dans lequel le personnage de Fonzie (interprété par Henry Winkler) fait littéralement du ski nautique au-dessus d’un requin. Ce moment est devenu le symbole d’une série qui abandonne cohérence et crédibilité au profit du sensationnalisme. En 2025, les protéines alimentaires ont connu un sort comparable : elles ont franchi la ligne qui sépare la nutrition fondée sur des données probantes d’une mise en scène spectaculaire.
En 2025, les protéines sont devenues un nutriment prétendument universel : protéines pour la perte de graisse, protéines pour la longévité, protéines pour la perte de poids, protéines pour l’équilibre hormonal, protéines pour la ménopause, protéines pour les personnes sous médicaments GLP-1, protéines pour les personnes qui font de l’exercice, protéines pour les personnes qui n’en font pas. Des protéines partout, et toujours avec le même refrain : plus il y en a, mieux c’est.
Malgré la présence de voix influentes promouvant une consommation très élevée de protéines, les données scientifiques, elles, n’ont pas fondamentalement évolué. Ce qui a changé, ce sont les discours, leur omniprésence et leur intensité.
Si les protéines sont si souvent surestimées, c’est parce que leurs effets sont bien réels, mais fortement conditionnels. Elles soutiennent la fonction musculaire et l’adaptation à l’effort, mais elles n’agissent jamais seules.
J’ai souvent recours à des analogies, car elles reflètent étonnamment bien la biologie. Ce n’est pas la protéine qui fait le gâteau : c’est l’exercice. La protéine, c’est le glaçage, parfois même seulement les décorations. Une fois le gâteau correctement glacé, ajouter davantage de glaçage ne le transforme pas en autre chose. À partir d’un certain point, on ne fait plus qu’orner.
La biologie est jalonnée de plafonds d’efficacité. Les protéines n’y échappent pas.
Quelle quantité de protéines est réellement suffisante ?
L’apport nutritionnel recommandé (ANR) de 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel et par jour n’a jamais eu pour objectif d’optimiser la masse ou la force musculaires, ni de favoriser un vieillissement en santé. Il s’agit d’un seuil minimal, conçu pour maintenir l’équilibre azoté de l’organisme. Cet indicateur est utilisé parce que les protéines constituent la principale source d’azote dans notre alimentation.
Au cours des deux dernières décennies, de nombreux chercheurs, moi compris, ont soutenu qu’un apport plus élevé pouvait être pertinent dans certains contextes. Un apport de 1,2 à 1,6 g/kg/jour semble effectivement favoriser le maintien et l’adaptation musculaires, mais uniquement lorsqu’il est combiné à des exercices de résistance.
Or, dans l’engouement protéique de 2025, un point essentiel a été largement oublié : il n’existe aucune preuve solide et cohérente justifiant de dépasser cette fourchette pour la majorité de la population. Oui, cela inclut les personnes en perte de poids et celles qui s’entraînent intensément plusieurs fois par semaine.
Les méta-analyses regroupant des dizaines d’études sur l’entraînement par résistance montrent de façon constante que les bénéfices des apports protéiques supplémentaires plafonnent autour de 1,6 g/kg/jour. Au-delà, ni la masse maigre ni la force n’augmentent de manière significative.
Ce constat ne fait pas débat dans la littérature scientifique, même s’il est devenu controversé dans l’univers des influenceurs.
Les muscles se construisent grâce à la musculation
Les protéines sont les briques. La musculation, c’est l’équipe de chantier. Vous pouvez livrer des briques toute la journée : sans plan ni ouvriers, rien ne sera construit. Chez les personnes qui ne pratiquent pas d’exercices de résistance, augmenter l’apport en protéines au-delà d’un seuil minimal entraîne des changements négligeables, voire inexistants, de la masse maigre.
Lorsque l’exercice de résistance est présent, un apport protéique plus élevé peut améliorer modestement les gains de masse maigre et de force. Mais ces effets sont limités et atteignent rapidement un plateau. Là encore, plus n’est pas nécessairement mieux.
Protéines et perte de poids : remettre les choses en perspective
L’enthousiasme autour des protéines a été particulièrement marqué dans les discours sur la perte de poids. On leur a prêté la capacité d’accélérer le métabolisme, de faire fondre les graisses, de prévenir la prise de poids en périménopause ou de supprimer durablement l’appétit. Ces promesses sont attrayantes, mais largement exagérées.
Les protéines ne provoquent pas, à elles seules, une perte de poids : celle-ci repose avant tout sur un déficit énergétique. Elles n’augmentent pas de manière significative la dépense énergétique à long terme et, si elles peuvent réduire l’appétit à court terme, ces effets s’estompent souvent avec le temps, pour ne laisser qu’un bénéfice global modeste.
Le principal intérêt des protéines en contexte de perte de poids est leur rôle dans la préservation des tissus maigres, surtout lorsqu’elles sont associées à des exercices de résistance. Même dans ce cas, leur impact demeure limité, et la distinction entre masse maigre et masse musculaire est souvent mal comprise.
Sans entraînement de résistance, un apport protéique élevé pendant une phase de perte de poids a très peu d’effet. L’exercice physique demeure le principal déterminant pour préserver la masse maigre ; les protéines n’en sont qu’un complément.
Effet de levier des protéines : réel, mais pas illimité
En 2025, le concept de « l’effet de levier des protéines » a refait surface. Selon cette hypothèse, les êtres humains mangeraient jusqu’à satisfaire leurs besoins protéiques, ce qui pourrait entraîner une surconsommation d’énergie lorsque l’alimentation est pauvre en protéines.
Les données soutenant l’existence de cet effet sont solides. Toutefois, il fonctionne dans des limites bien précises. Une fois les besoins protéiques de base comblés, l’ajout de protéines supplémentaires ne continue pas à réduire l’appétit ni l’apport énergétique de façon illimitée.
Il faut aussi souligner que le seuil à partir duquel l’effet coupe-faim des protéines s’atténue n’est – au grand désarroi des experts autoproclamés des réseaux sociaux – que légèrement supérieur à l’apport que la majorité des gens consomme déjà. Une fois de plus, la biologie ne se laisse pas impressionner par l’abondance.
Pourquoi cela s’est-il produit en 2025 ?
Mon hypothèse la plus plausible est qu’il faut souvent environ 17 ans pour que des données scientifiques robustes s’infiltrent réellement dans la conscience collective et les pratiques du grand public.
Peut-être que l’écosystème des réseaux sociaux avait simplement besoin de temps pour « faire ses propres recherches », c’est-à-dire lire des articles et tirer ses conclusions, afin de rattraper ce que les chercheurs en physiologie des protéines savent depuis des décennies. Mais les réseaux sociaux ont la capacité à déformer les messages, et pas nécessairement dans le bon sens.
La recherche sur les protéines a atteint une certaine maturité dans les années 1990 et au début des années 2000. Les méthodes ont été affinées, les relations doses-réponses soigneusement examinées et les mécanismes biologiques clarifiés. Ce à quoi nous assistons aujourd’hui ne correspond pas à une percée scientifique, mais à une adoption culturelle tardive, amplifiée par les plates-formes numériques, le marketing et une industrie du bien-être qui prospère sur les positions extrêmes.
Comme une autre leçon de 2025 l’a tristement rappelé, la science – et surtout ses nuances – est rarement bien représentée en ligne.
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Ramener les protéines à leur juste place
Les protéines sont importantes. Elles l’ont toujours été. Elles soutiennent les muscles, les fonctions physiologiques et la santé tout au long de la vie. De nombreuses personnes, en particulier les personnes âgées, gagneraient sans doute à consommer davantage que l’apport nutritionnel de référence.
Mais 2025 n’a pas été l’année où les protéines ont enfin obtenu la reconnaissance qu’elles méritaient. C’est plutôt l’année où elles ont été survendues, surestimées et surmédiatisées. Les protéines facilitent l’adaptation, elles ne la déclenchent pas. Elles contribuent à préserver les tissus maigres – qui ne se confondent pas avec la masse musculaire – lors d’une perte de poids, mais elles ne provoquent pas la perte de graisse. Et au-delà d’un certain seuil, plus de protéines signifient simplement plus de protéines, pas davantage de bénéfices.
La science des protéines n’a pas besoin d’être réinventée. Elle a simplement besoin d’être entendue de nouveau.
Stuart Phillips détient des brevets concédés sous licence à Exerkine et a reçu des honoraires de conférence de Nestlé, Optimum Nutrition et Danone. Il reçoit des financements du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, des Instituts de recherche en santé du Canada, des National Institutes of Health aux États-Unis, de Dairy Farmers of Canada et du National Dairy Council américain.
Source: The Conversation – USA (2) – By Michael D. Caligiuri, Assistant Professor of Organizational Behavior, California State Polytechnic University, Pomona
White and male professors continue to dominate U.S. hospitality and tourism education programs, our new research has found, even as the industry is growing increasingly diverse. This imbalance raises questions about who shapes the future of hospitality and whose voices are left out of the conversation.
Our analysis of 862 faculty members across 57 of the top U.S. college hospitality programs found that nearly three-quarters of these professors were white, and more than half were male. White men alone represented 43.5% of all faculty, showing persistent overrepresentation.
By comparison, only 3.7% of faculty identified as Black, far below the 14.4% share of the U.S. population that identifies as Black. Asian faculty accounted for 22.5% – significantly more than the Asian share of the U.S. population, with slightly more Asian women than men represented.
Because publicly available data did not allow us to reliably identify faculty from Hispanic or Indigenous backgrounds, our analysis focuses on representation among Black and Asian professors.
Our findings are based on a review of online faculty directories for every U.S. hospitality and tourism program included in the Academic Ranking of World Universities for 2020. We coded each faculty member by gender, race and academic rank using publicly available information gathered through university websites, LinkedIn and other professional profiles.
While this approach cannot capture the full complexity of individual identity, it reflects how representation is typically perceived by students and prospective faculty. For example, when a student browses a university’s website or sits in a classroom, they notice who looks like them and who does not.
Our results point to a stark imbalance. The people teaching, researching and preparing the next generation of hospitality leaders do not mirror the demographics of either the workforce or the student population.
Despite growing institutional attention to fairness and belonging across higher education, the tourism and hospitality field has been slow to evolve.
For hospitality programs, which emphasize service, empathy and cultural understanding, these effects are especially meaningful. The hospitality workforce is one of the most diverse in the United States, spanning global hotels, restaurants, events and tourism operations. Yet the lack of variety among those teaching hospitality sends a conflicting message. Diversity is valued in the workforce, but it remains underrepresented in the classrooms training future leaders.
Major employers such as Marriott, Hyatt and IHG have invested heavily in programs that promote access and belonging, creating leadership pipelines for underrepresented groups. Meanwhile, academic programs that prepare these future leaders have not made comparable progress.
The absence of representation among hospitality and tourism academia also shapes the kinds of research questions that get asked. When facultyfrom underrepresented backgroundsare missing, issues such as racialized guest experiences, workplace bias and equitable career advancement may be overlooked.
What still isn’t known
Our study provides a snapshot, rather than a complete picture of faculty representation in U.S. hospitality and tourism programs. Because the sample focused on research-intensive universities, it excluded many historically Black universities and teaching-focused institutions, which may have more professors of color.
The research also relied on publicly available photographs and institutional profiles to identify race and gender. While this method mirrors how students visually perceive representation, it cannot fully capture multiethnic or intersectional identities.
We believe that future studies should track how faculty composition evolves over time and explore the lived experiences of educators from underrepresented backgrounds. Understanding the barriers that prevent these scholars from entering or staying in academia is essential for creating environments where all faculty can thrive.
The Research Brief is a short take on interesting academic work. Abigail Foster, admissions specialist at the University of the District of Columbia’s David A. Clarke School of Law, contributed to this article.
The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
Le Service de l’immigration et des douanes des États-Unis, ou ICE, est l’une des agences fédérales favorites de Donald Trump, qui en a très largement augmenté le budget alors même qu’il réduisait celui de bien d’autres administrations. Chargée avant tout d’arrêter et d’expulser les supposés millions de clandestins se trouvant sur le territoire national, elle recrute des milliers d’agents, qui sont rapidement formés et quasi immédiatement envoyés sur le terrain. Très critiquée pour ses méthodes violentes, l’organisation est plus que jamais sous le feu des projecteurs actuellement, après deux arrestations à Minneapolis (Minnesota) qui ont provoqué la mort des personnes interpellées. L’administration Trump fait bloc autour du Service, tandis que le Parti démocrate et de très nombreux simples citoyens la dénoncent et, souvent, réclament sa dissolution immédiate.
L’Immigration and Customs Enforcement (ICE), agence fédérale américaine chargée de l’application des lois sur l’immigration et les douanes, a été officiellement créée le 1er mars 2003, dans le cadre d’une vaste réorganisation gouvernementale consécutive aux attentats du 11 septembre 2001. Son instauration résulte directement du Homeland Security Act de 2002, signé par le président George W. Bush, qui visait à renforcer la sécurité intérieure des États-Unis en consolidant plusieurs agences fédérales sous l’égide du nouveau Département de la Sécurité intérieure (DHS).
L’ICE a absorbé les fonctions de l’ancien Immigration and Naturalization Service (INS) et de l’United States Customs Service, deux entités dissoutes pour permettre une gestion plus centralisée et plus efficace des questions migratoires et douanières, dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale.
Sa création est donc indissociable des bouleversements politiques et sécuritaires provoqués par les attaques du 11 septembre 2001, qui ont conduit les autorités américaines à repenser en profondeur leur approche de la sécurité nationale, en intégrant notamment une dimension plus répressive et plus préventive à la gestion des flux migratoires et des échanges commerciaux. L’ICE a été conçue pour jouer un rôle clé dans cette stratégie, en combinant des pouvoirs civils et pénaux afin de mieux protéger le territoire national contre les menaces extérieures, qu’elles soient terroristes, criminelles ou liées à l’immigration illégale.
Explosion budgétaire sous la seconde présidence Trump
Sous Bush puis sous son successeur Barack Obama, l’agence se consacre essentiellement à la lutte contre le terrorisme et contre les gangs transnationaux, même si elle procède déjà à de nombreuses expulsions de sans-papiers. Ses capacités seront accrues lors du premier mandat Trump, et Joe Biden ne les réduira pas : lors de sa dernière année à la Maison Blanche, 274 000 personnes seront expulsées, soit un peu plus que lors de l’année la plus « productive » en la matière du premier mandat Trump. Mais c’est le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025 qui marquera un véritable tournant majeur pour l’ICE, avec une augmentation spectaculaire de ses moyens financiers.
En juillet 2025, le Congrès, à majorité républicaine, a adopté la loi dite « One Big Beautiful Bill Act », qui a alloué environ 75 milliards de dollars (plus de 63 milliards d’euros) supplémentaires à l’ICE sur plusieurs années, dont une grande partie disponible jusqu’en 2029. Sur ce montant, 45 milliards (soit quelque 37,8 milliards d’euros) sont destinés à l’expansion massive des capacités de détention (visant potentiellement à la création de plus de 100 000 places supplémentaires), et environ 30 milliards (environ 25,2 milliards d’euros) à l’intensification des opérations d’arrestation, de traque et d’expulsion.
Ajoutés au budget annuel classique d’environ 10 milliards de dollars, environ 8,4 milliards d’euros, (maintien pour l’exercice fiscal 2026), ces fonds portent le budget effectif de l’agence à des niveaux inédits, souvent estimés autour de 28 milliards à 30 milliards de dollars (de 23,5 milliards à 25,2 milliards d’euros) par an en 2025-2026, soit près du triple du budget d’avant 2025.
Post de l’ICE sur X, reprenant une esthétique bien connu de l’appel à s’engager (le dessin d’origine, montrant l’Oncle Sam invitant les jeunes Américains à rejoindre l’armée avec le slogan « I want you for U.S. Army » datait de 1917, en pleine Première Guerre mondiale). Le texte dit : « Pas de limite d’âge. Prime à la signature de 50 000 $. Défendre la patrie. Qu’attendez-vous ? Répondez à l’appel pour servir au sein de l’ICE. » @Icegov/X
Depuis le début du second mandat de Donald Trump, l’ICE s’est imposée comme l’une des institutions fédérales les plus sujettes à controverse, en raison notamment de pratiques opérationnelles fréquemment dénoncées pour leur caractère excessif, voire abusif.
Cette polarisation a atteint son paroxysme en janvier 2026, lorsque l’agence s’est retrouvée au centre d’une crise sociopolitique majeure à Minneapolis (Minnesota), ses agents ayant abattu deux personnes dans le courant de ce mois. Cette séquence, encore loin d’être achevée au moment où ces lignes sont écrites, a catalysé les tensions latentes, accumulées depuis plusieurs années, concernant tant les modalités d’intervention de l’ICE que la légitimité même de son mandat institutionnel.
Petit rappel des faits : le 7 janvier dernier, Renée Nicole Good, une mère de famille américaine de 37 ans, a été tuée par balles par un agent de l’ICE lors d’une opération de contrôle de l’immigration dans la métropole du Minnesota. Les circonstances de sa mort, rapidement appuyées par des vidéos tournées par des témoins diffusées sur les réseaux sociaux, ont révélé une scène d’une grande violence : alors que Good se trouvait dans son véhicule, garé en travers de la route depuis seulement quelques minutes, un agent de l’ICE a fait usage de son arme à feu, la touchant à quatre reprises, dont deux balles dans la poitrine et une à la tête.
Le 24 janvier 2026, dans la même ville, des agents de l’ICE tuaient Alex Pretti, un infirmier américain venu filmer une de leurs opérations. Pretti a reçu plusieurs balles dans le corps alors qu’il se trouvait au sol, immobilisé et ne présentant aucun danger, le pistolet qu’il portait – légalement – sur sa personne lui ayant été retiré, sans qu’il n’ait d’ailleurs cherché à s’en saisir.
L’impact de ces deux événements a été immédiat et profond, tant sur le plan local que national. Minneapolis, déjà marquée par la mort de George Floyd en 2020 et les mouvements de protestation contre les violences policières qui avaient suivi, est devenue une nouvelle fois l’épicentre d’une mobilisation citoyenne massive.
Le maire de Minneapolis Jacob Frey ainsi que le gouverneur du Minnesota Tim Walz, tous deux démocrates (Walz était le colistier de Kamala Harris à la dernière présidentielle), ont rapidement condamné les actions de l’ICE, exigeant le retrait immédiat des agents fédéraux de leur État et dénonçant « le chaos, les perturbations et les traumatismes » infligés à la communauté locale. Ces prises de position ont mis en lumière les tensions persistantes entre les autorités locales, souvent démocrates et favorables à une approche plus humaniste de l’immigration, et le gouvernement fédéral, dont la politique migratoire s’est durcie sous l’administration Trump, spécialement depuis son retour au pouvoir en 2025.
La mort d’Alex Pretti a suscité les mêmes réactions, encore plus fortes peut-être du fait de la répétition à court terme, dans la même ville, d’une scène similaire à celle du décès de Renée Good : les protestations massives consécutives à la tragédie du 7 janvier n’avaient donc pas suffi à empêcher un bis repetita.
Sur le plan politique, l’affaire a également révélé les profondes divisions qui traversent la société américaine. Alors que des enquêtes fédérales et locales ont été ouvertes pour éclaircir les circonstances exactes de la mort de Renée Good, les réactions des responsables politiques ont été plus que contrastées.
Dans le camp d’en face, la condamnation des méthodes de l’ICE et du soutien systématique que lui offrent les responsables républicains, qu’il s’agisse de Trump, de Vance, ou encore de la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem, a été tout aussi unanime. De Bernie Sanders à Bill Clinton et Barack Obama, en passant par le leader des démocrates au Congrès Hakeem Jeffries, les leaders démocrates ont tous fait part de leur consternation et de leur dégoût, dans des termes très vifs.
L’ICE et au-delà : illustration d’une société plus polarisée que jamais
Cette polarisation des discours a alimenté une crise de confiance envers les institutions fédérales, déjà fragilisées par des années de controverses autour des pratiques de l’ICE.
En effet, les morts de Renée Good et d’Alex Pretti ont relancé le débat sur la légitimité même de l’ICE en tant qu’institution. Des appels à sa dissolution, portés par des mouvements militants et des élus locaux, se sont multipliés, tandis que des sondages réalisés dans les jours suivant l’incident ont révélé une désapprobation majoritaire de l’action de l’agence parmi la population américaine. Plus de 50 % des personnes interrogées ont jugé les méthodes de l’ICE « trop énergiques », et une majorité a exprimé une forte désapprobation de son fonctionnement, soulignant un fossé croissant entre les objectifs affichés de sécurité nationale et les réalités vécues par les communautés directement affectées par ses opérations.
En définitive, l’affaire de Minneapolis s’inscrit dans une trajectoire historique plus large. L’ICE, née dans le sillage des attentats du 11-Septembre, est devenue le symbole d’une approche sécuritaire de l’immigration, souvent au détriment des droits humains et de la cohésion sociale. Les événements de janvier 2026, en révélant les excès et les dangers d’une telle politique, ont non seulement ravivé les mémoires des violences passées, mais ont aussi posé avec une acuité nouvelle la question de l’équilibre entre sécurité et liberté dans une démocratie libérale.
Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Ontario’s Bill 33, passed in November 2025, could change how post-secondary admissions decisions are made, as well as how student fees are managed and what campus services they fund.
Each year, tens of thousands of university and college applicants come from communities that are historically underrepresented in higher education.
These policy changes could shape who gains access to programs, supports and opportunities for success.
The provincial government says Bill 33, which it termed the Supporting Children and Students Act, will make education more transparent and consistent. The law affects school boards, colleges and universities.
For us as scholars whose combined expertise spans strategic planning, equity, anti-oppressive forms of education and learning accessibility, the bill’s reach into admissions raises serious concerns about equity and student rights.
Discussion of ‘merit’
A section of the bill “requires colleges of applied arts and technology and publicly assisted universities to assess applicants based on merit and to publish the criteria and process to be used for assessment into programs of study.”
Greater transparency in admissions is positive. But if merit is defined too narrowly, it could block diverse pathways to post-secondary admissions that recognize different kinds of achievement, leaving out students from marginalized communities.
If merit is defined too narrowly, it could block diverse pathways to post-secondary admissions. (Saforrest/Wikimedia Commons), CC BY-SA
Studies in professional and medical education show that relying only on grades can miss other signs of potential, like life experience, community work and meeting the needs of society.
Bill 33 doesn’t explain what “merit” means. Without a clear definition, admissions could end up favouring students who already have advantages. New rules will soon define how merit is measured, and these rules will be very important. If they don’t protect equity-focused pathways, the law could make existing gaps even worse.
Student fees and risk to campus services
Fair admissions are only part of the story. Bill 33 also changes how student fees are handled. These changes could harm students from marginalized communities.
Student groups have raised strong concerns about how Bill 33 could affect ancillary fees and the services they fund.
According to the Ontario Undergraduate Student Alliance, “ancillary fees are democratically approved by students, for students.” These are extra student fees that fund essential services such as food banks, wellness centres, accessibility programs, cultural programs, transportation and safety programs. These services could be at risk if the province gains more control over how fees are defined and charged.
In 2019, student groups successfully challenged Ontario’s Student Choice Initiativ. Through this measure, the province tried to limit ancillary fees but the court ruled it didn’t have the legal authority to do so at the time. Bill 33 responds to that ruling by changing the law itself, giving the province clear authority to regulate student fees.
The Canadian Federation of Students in Ontario has warned that focusing on fee oversight may distract from deeper problems in higher education, including chronic underfunding and high tuition costs.
Could weaken student-led supports, harm equity
Under Bill 33, the government can decide which fees can be charged and under what rules. Most universities clearly list how ancillary fees are used. For example, at McMaster University, these fees help fund transit passes, wellness services, career supports and refugee student programs.
How fees are managed is closely linked to the government’s broader oversight of universities, linking financial decisions to questions of accountability, governance and whose voices are heard in decision-making.
Student groups have long played a key role in raising equity concerns and ensuring local needs are addressed. If more decisions are made at the provincial level, student voices could carry less weight unless students are clearly included in new rules and decision-making processes.
Looking ahead: Equity is not automatic
As universities begin to apply Bill 33, students and faculty may notice changes in how admissions decisions are explained, how student fees are handled and how transparency rules are used.
While the law may seem neutral, its real impact will depend on how it is put into practice and whose experiences are considered.
Ensuring equitable access to higher education requires careful planning, enough funding and meaningful input from students, faculty and communities most affected by these changes.
Equity will not happen by chance. It will depend on the choices universities and policymakers make now, and on whose voices are heard in those decisions.
The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
Le Service de l’immigration et des douanes des États-Unis, ou ICE, est l’une des agences fédérales favorites de Donald Trump, qui en a très largement augmenté le budget alors même qu’il réduisait celui de bien d’autres administrations. Chargée avant tout d’arrêter et d’expulser les supposés millions de clandestins se trouvant sur le territoire national, elle recrute des milliers d’agents, qui sont rapidement formés et quasi immédiatement envoyés sur le terrain. Très critiquée pour ses méthodes violentes, l’organisation est plus que jamais sous le feu des projecteurs actuellement, après deux arrestations à Minneapolis (Minnesota) qui ont provoqué la mort des personnes interpellées. L’administration Trump fait bloc autour du Service, tandis que le Parti démocrate et de très nombreux simples citoyens la dénoncent et, souvent, réclament sa dissolution immédiate.
L’Immigration and Customs Enforcement (ICE), agence fédérale américaine chargée de l’application des lois sur l’immigration et les douanes, a été officiellement créée le 1er mars 2003, dans le cadre d’une vaste réorganisation gouvernementale consécutive aux attentats du 11 septembre 2001. Son instauration résulte directement du Homeland Security Act de 2002, signé par le président George W. Bush, qui visait à renforcer la sécurité intérieure des États-Unis en consolidant plusieurs agences fédérales sous l’égide du nouveau Département de la Sécurité intérieure (DHS).
L’ICE a absorbé les fonctions de l’ancien Immigration and Naturalization Service (INS) et de l’United States Customs Service, deux entités dissoutes pour permettre une gestion plus centralisée et plus efficace des questions migratoires et douanières, dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale.
Sa création est donc indissociable des bouleversements politiques et sécuritaires provoqués par les attaques du 11 septembre 2001, qui ont conduit les autorités américaines à repenser en profondeur leur approche de la sécurité nationale, en intégrant notamment une dimension plus répressive et plus préventive à la gestion des flux migratoires et des échanges commerciaux. L’ICE a été conçue pour jouer un rôle clé dans cette stratégie, en combinant des pouvoirs civils et pénaux afin de mieux protéger le territoire national contre les menaces extérieures, qu’elles soient terroristes, criminelles ou liées à l’immigration illégale.
Explosion budgétaire sous la seconde présidence Trump
Sous Bush puis sous son successeur Barack Obama, l’agence se consacre essentiellement à la lutte contre le terrorisme et contre les gangs transnationaux, même si elle procède déjà à de nombreuses expulsions de sans-papiers. Ses capacités seront accrues lors du premier mandat Trump, et Joe Biden ne les réduira pas : lors de sa dernière année à la Maison Blanche, 274 000 personnes seront expulsées, soit un peu plus que lors de l’année la plus « productive » en la matière du premier mandat Trump. Mais c’est le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025 qui marquera un véritable tournant majeur pour l’ICE, avec une augmentation spectaculaire de ses moyens financiers.
En juillet 2025, le Congrès, à majorité républicaine, a adopté la loi dite « One Big Beautiful Bill Act », qui a alloué environ 75 milliards de dollars (plus de 63 milliards d’euros) supplémentaires à l’ICE sur plusieurs années, dont une grande partie disponible jusqu’en 2029. Sur ce montant, 45 milliards (soit quelque 37,8 milliards d’euros) sont destinés à l’expansion massive des capacités de détention (visant potentiellement à la création de plus de 100 000 places supplémentaires), et environ 30 milliards (environ 25,2 milliards d’euros) à l’intensification des opérations d’arrestation, de traque et d’expulsion.
Ajoutés au budget annuel classique d’environ 10 milliards de dollars, environ 8,4 milliards d’euros, (maintien pour l’exercice fiscal 2026), ces fonds portent le budget effectif de l’agence à des niveaux inédits, souvent estimés autour de 28 milliards à 30 milliards de dollars (de 23,5 milliards à 25,2 milliards d’euros) par an en 2025-2026, soit près du triple du budget d’avant 2025.
Post de l’ICE sur X, reprenant une esthétique bien connu de l’appel à s’engager (le dessin d’origine, montrant l’Oncle Sam invitant les jeunes Américains à rejoindre l’armée avec le slogan « I want you for U.S. Army » datait de 1917, en pleine Première Guerre mondiale). Le texte dit : « Pas de limite d’âge. Prime à la signature de 50 000 $. Défendre la patrie. Qu’attendez-vous ? Répondez à l’appel pour servir au sein de l’ICE. » @Icegov/X
Depuis le début du second mandat de Donald Trump, l’ICE s’est imposée comme l’une des institutions fédérales les plus sujettes à controverse, en raison notamment de pratiques opérationnelles fréquemment dénoncées pour leur caractère excessif, voire abusif.
Cette polarisation a atteint son paroxysme en janvier 2026, lorsque l’agence s’est retrouvée au centre d’une crise sociopolitique majeure à Minneapolis (Minnesota), ses agents ayant abattu deux personnes dans le courant de ce mois. Cette séquence, encore loin d’être achevée au moment où ces lignes sont écrites, a catalysé les tensions latentes, accumulées depuis plusieurs années, concernant tant les modalités d’intervention de l’ICE que la légitimité même de son mandat institutionnel.
Petit rappel des faits : le 7 janvier dernier, Renée Nicole Good, une mère de famille américaine de 37 ans, a été tuée par balles par un agent de l’ICE lors d’une opération de contrôle de l’immigration dans la métropole du Minnesota. Les circonstances de sa mort, rapidement appuyées par des vidéos tournées par des témoins diffusées sur les réseaux sociaux, ont révélé une scène d’une grande violence : alors que Good se trouvait dans son véhicule, garé en travers de la route depuis seulement quelques minutes, un agent de l’ICE a fait usage de son arme à feu, la touchant à quatre reprises, dont deux balles dans la poitrine et une à la tête.
Le 24 janvier 2026, dans la même ville, des agents de l’ICE tuaient Alex Pretti, un infirmier américain venu filmer une de leurs opérations. Pretti a reçu plusieurs balles dans le corps alors qu’il se trouvait au sol, immobilisé et ne présentant aucun danger, le pistolet qu’il portait – légalement – sur sa personne lui ayant été retiré, sans qu’il n’ait d’ailleurs cherché à s’en saisir.
L’impact de ces deux événements a été immédiat et profond, tant sur le plan local que national. Minneapolis, déjà marquée par la mort de George Floyd en 2020 et les mouvements de protestation contre les violences policières qui avaient suivi, est devenue une nouvelle fois l’épicentre d’une mobilisation citoyenne massive.
Le maire de Minneapolis Jacob Frey ainsi que le gouverneur du Minnesota Tim Walz, tous deux démocrates (Walz était le colistier de Kamala Harris à la dernière présidentielle), ont rapidement condamné les actions de l’ICE, exigeant le retrait immédiat des agents fédéraux de leur État et dénonçant « le chaos, les perturbations et les traumatismes » infligés à la communauté locale. Ces prises de position ont mis en lumière les tensions persistantes entre les autorités locales, souvent démocrates et favorables à une approche plus humaniste de l’immigration, et le gouvernement fédéral, dont la politique migratoire s’est durcie sous l’administration Trump, spécialement depuis son retour au pouvoir en 2025.
La mort d’Alex Pretti a suscité les mêmes réactions, encore plus fortes peut-être du fait de la répétition à court terme, dans la même ville, d’une scène similaire à celle du décès de Renée Good : les protestations massives consécutives à la tragédie du 7 janvier n’avaient donc pas suffi à empêcher un bis repetita.
Sur le plan politique, l’affaire a également révélé les profondes divisions qui traversent la société américaine. Alors que des enquêtes fédérales et locales ont été ouvertes pour éclaircir les circonstances exactes de la mort de Renée Good, les réactions des responsables politiques ont été plus que contrastées.
Dans le camp d’en face, la condamnation des méthodes de l’ICE et du soutien systématique que lui offrent les responsables républicains, qu’il s’agisse de Trump, de Vance, ou encore de la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem, a été tout aussi unanime. De Bernie Sanders à Bill Clinton et Barack Obama, en passant par le leader des démocrates au Congrès Hakeem Jeffries, les leaders démocrates ont tous fait part de leur consternation et de leur dégoût, dans des termes très vifs.
L’ICE et au-delà : illustration d’une société plus polarisée que jamais
Cette polarisation des discours a alimenté une crise de confiance envers les institutions fédérales, déjà fragilisées par des années de controverses autour des pratiques de l’ICE.
En effet, les morts de Renée Good et d’Alex Pretti ont relancé le débat sur la légitimité même de l’ICE en tant qu’institution. Des appels à sa dissolution, portés par des mouvements militants et des élus locaux, se sont multipliés, tandis que des sondages réalisés dans les jours suivant l’incident ont révélé une désapprobation majoritaire de l’action de l’agence parmi la population américaine. Plus de 50 % des personnes interrogées ont jugé les méthodes de l’ICE « trop énergiques », et une majorité a exprimé une forte désapprobation de son fonctionnement, soulignant un fossé croissant entre les objectifs affichés de sécurité nationale et les réalités vécues par les communautés directement affectées par ses opérations.
En définitive, l’affaire de Minneapolis s’inscrit dans une trajectoire historique plus large. L’ICE, née dans le sillage des attentats du 11-Septembre, est devenue le symbole d’une approche sécuritaire de l’immigration, souvent au détriment des droits humains et de la cohésion sociale. Les événements de janvier 2026, en révélant les excès et les dangers d’une telle politique, ont non seulement ravivé les mémoires des violences passées, mais ont aussi posé avec une acuité nouvelle la question de l’équilibre entre sécurité et liberté dans une démocratie libérale.
Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Source: The Conversation – in French – By Yves Santamaria, Historien, Maître de conférence émérite, Sciences Po Grenoble – Université Grenoble Alpes
Affiche de propagande soviétique, Lénine au premier plan.
Il y a cinquante ans, en février 1976, le Parti communiste français (PCF) abandonnait officiellement le projet de « dictature du prolétariat ». Que recouvrait réellement cette notion dans la doctrine et la pratique communistes, et comment a-t-elle été interprétée au fil du temps ?
On peut distinguer chez les partisans de la dictature du prolétariat plusieurs versions se démarquant à des degrés divers de l’ordre démocratique libéral/représentatif.
« La dictature du prolétariat est une lutte opiniâtre, sanglante et non sanglante, violente et pacifique, militaire et économique, pédagogique et administrative, contre les forces et les traditions de la vieille société. »
Dans sa mouture la plus rassurante, le terme « dictature » est revendiqué en tant que système provisoire visant à écarter le chaos après la mise à bas de l’ordre ancien et s’oppose donc – selon une nomenclature antique – à la « tyrannie ». Elle se présente également, du fait de la référence prolétarienne, comme une alternative progressiste à la « dictature de la bourgeoisie »
Paternités
La paternité de la formule semble pouvoir être attribuée au socialiste français Auguste Blanqui (1805-1881). Croyant à la nécessité d’un petit groupe organisé de révolutionnaires, il se plaçait dans la continuité de figures, telles que Jean-Paul Marat (1743-1793) ou Gracchus Babeuf (1760-1797). Il s’agissait dans l’esprit de ces derniers de suspendre pour un temps – selon leur interprétation du modèle romain – les droits fondamentaux afin de briser la résistance des ennemis de la Révolution.
Karl Marx (1818-1883) recueille cet héritage en affichant sa volonté de le dépasser de façon dialectique. En fait, il récuse toute prétention d’une minorité à se substituer aux masses révolutionnaires. Selon la narration historique qu’il développe :
« La lutte des classes conduit nécessairement à la dictature du prolétariat [qui] elle-même ne constitue que la transition à l’abolition de toutes les classes et à une société sans classes. »
L’idée d’un accaparement éventuel du pouvoir est selon lui balayée vu que les communistes « ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis ouvriers » et « n’ont point d’intérêts qui les séparent de l’ensemble du prolétariat ».
Une postérité socialiste
Même si Marx n’a guère développé son idée, l’expression a connu une belle postérité dans les rangs socialistes. En France, le concept de « dictature du prolétariat » est notamment assumé par Jules Guesde (1845-1922) alors même que son courant tire profit de son insertion dans le jeu parlementaire. Souhaitant désamorcer la contradiction entre le slogan et la défense des valeurs républicaines, Jean Jaurès (1859-1914) préconise l’abandon de cette perspective. Sans pour autant renoncer à la violence ou au projet communiste, il franchit le pas en 1901 :
« Une minorité révolutionnaire, si intelligente, si énergique qu’elle soit, ne suffit pas, du moins dans les sociétés modernes, à accomplir la révolution. Il y faut le concours, l’adhésion de la majorité, de l’immense majorité. »
Pour autant, la « dictature du prolétariat » ne disparaîtra que progressivement de la rhétorique socialiste. À preuve, son usage par Léon Blum (1872-1950) à l’occasion de la fracture de la social-démocratie française consécutive à la révolution russe de 1917. Devant les militants réunis à Tours en décembre 1920, il affirme n’avoir peur « ni du mot ni de la chose » : le Parti socialiste est prêt à exercer sa dictature au nom du prolétariat en vertu, précise-t-il, « d’une fiction à laquelle nous acquiesçons tous ». Son refus d’adhérer à l’Internationale communiste repose sur son hostilité à l’organisation centralisée, hiérarchisée et militarisée des bolcheviks :
« Dictature d’un parti, oui, dictature d’une classe, oui, dictature de quelques individus, connus ou inconnus, cela, non. »
De la théorie à la pratique
Si la dictature du prolétariat autorisait l’exercice d’une violence sans bornes contre la « bourgeoisie », à compter de novembre 1917, son champ d’application allait connaître une inflation considérable.
Après les mesures adoptées par les bolcheviks russes contre les membres de l’appareil d’État et les couches possédantes, vint rapidement le tour de l’ensemble des diverses fractions politiques et sociologiques de la société. Ouvriers grévistes ou paysans rétifs face à l’extorsion de leur grain, tous les récalcitrants furent englobés sous l’appellation « contre-révolutionnaire » et à ce titre devenaient la cible d’un appareil répressif performant : dès le 23 novembre, tous les individus suspectés de sabotage, de spéculation et d’accaparement étaient susceptibles d’être arrêtés sur le champ comme « ennemis du peuple ».
Lénine et Staline à Gorki près de Moscou.
Après le renversement du tsarisme (mars 1917), le Gouvernement provisoire avait engagé un processus électoral devant déboucher sur la mise en place de nouvelles institutions. Défavorables aux bolcheviks, les résultats des élections à l’Assemblée constituante furent appréciés en ces termes par ceux qui, depuis mars 1918, se désignaient comme « communistes », notamment Lénine :
« Le prolétariat doit d’abord renverser la bourgeoisie et conquérir pour lui le pouvoir politique ; ce pouvoir politique, c’est-à-dire la dictature prolétarienne, il doit ensuite s’en servir comme d’un moyen pour s’attirer la sympathie de la majorité des travailleurs. »
En définitive, le pouvoir soviétique et la dictature du prolétariat constituaient aux yeux de Lénine et de ses camarades une forme plus élevée d’expression démocratique qu’un Parlement.
En foi de quoi, le 6 janvier 1918, les travaux de l’Assemblée sont interrompus manu militari par les bolcheviks. Seule la guerre civile peut alors ouvrir une issue à la crise. La « Terreur rouge » s’inscrit dès lors dans un processus d’une implacable « rationalité ». Elle représente désormais, aux yeux de ses promoteurs comme des anticommunistes de tous bords, la manifestation concrète de la dictature du prolétariat.
Après la victoire du Parti communiste, son secrétaire général Staline (1879-1953) inscrit en 1924 cette politique dans la durée :
« Il faut considérer la dictature du prolétariat, le passage du capitalisme au communisme, non comme une période éphémère d’actes et de décrets “éminemment révolutionnaires” mais comme toute une époque historique remplie de guerres civiles et de conflits extérieurs, d’un opiniâtre travail d’organisation et d’édification économique, d’offensives et de retraites, de victoires et de défaites. »
L’Espagne, banc d’essai de la « démocratie populaire »
Pour autant, le réalisme stalinien s’attachait à établir une distinction entre l’essentiel (la souveraineté et l’indépendance du Parti communiste) et les infinies conjonctures se dévoilant au cours de la « période historique ». C’est ainsi que, en 1936, dans le cadre de la guerre civile espagnole (1936-1939), se fit jour un autre modèle de transition adapté à la conjoncture locale : la « démocratie populaire ». Cette politique illustre le tournant advenu à la suite de la victoire de Hitler en 1933 : il s’agissait d’élargir les alliances avec les forces susceptibles de s’opposer au nazisme.
D’où la promotion « d’un type spécifique de république, avec une authentique démocratie populaire. Il ne s’agira pas encore d’un État soviétique, mais bien d’un État antifasciste, de gauche, auquel participera le secteur authentiquement de gauche de la bourgeoisie ». Staline ratifie cette ligne dans une lettre au socialiste espagnol Largo Caballero (1869-1946) dans laquelle il recommande pour l’Espagne une voie parlementaire au socialisme pour « empêcher que les ennemis de l’Espagne voient en elle une république communiste ». Telle fut également la stratégie développée après 1945 en Europe de l’Est.
La paille des mots…
En Extrême-Orient l’affirmation de la dictature du prolétariat revint rapidement au premier plan, sitôt assurée l’hégémonie du parti communiste vis-à-vis de ses concurrents, un temps présentés comme partenaires au sein de « fronts nationaux » visant le départ des Japonais ou des Européens. La taxinomie n’était d’ailleurs pas toujours fidèle à la formulation canonique. La constitution de la Corée du Nord définit ainsi le régime en place comme une « dictature de la démocratie du peuple ». Si la Chine post-maoïste recourt encore à la marque déposée « dictature du prolétariat », le Vietnam l’a jetée par-dessus bord en 1992. Mais après tout Staline l’avait déjà évacuée en 1936 dans une Constitution présentée par lui comme « la plus démocratique du monde », quelques mois avant le déclenchement de la grande terreur (700 000 assassinats…).
En Europe, l’expression fit brièvement l’actualité dans la seconde moitié des années 1970, au cours d’un intermède dit « eurocommuniste » où les partis communistes espagnol, français et italien affichèrent une prise de distance avec l’URSS. Dans une situation internationale marquée par l’extension maximale du système communiste (Sud-Vietnam, Angola, Mozambique, Éthiopie…), les trois PC furent alors écartelés entre leurs liens avec un communisme soviétique triomphant et des conjonctures jugées porteuses dans le cadre national : mort de Franco en Espagne, alliance avec les socialistes en France, rapprochement avec la démocratie chrétienne en Italie.
C’est de cette période que date, lors du XXIIe congrès du Parti communiste français (PCF) (février 1976), l’annonce unilatérale par son secrétaire général Georges Marchais (1920-1997) de l’abandon par le PCF de la notion de dictature du prolétariat. L’aspect emblématique de la déclaration n’échappa à personne : l’objectif figurait en 1919 parmi les 21 conditions de l’adhésion à l’Internationale communiste. Cette atteinte à l’identité du Parti fut partiellement compensée par diverses campagnes visant à flatter la clientèle populaire, telles que la dénonciation de la pornographie, de la drogue et de l’immigration incontrôlée. Elle fut insuffisante à éviter, dès l’année suivante, un décrochage électoral par rapport à un Parti socialiste en phase ascendante. Le désamour entre la France et son Parti communiste relevait d’un processus difficile à enrayer par la seule dédiabolisation. Et la querelle parut bientôt relever du sexe des anges devant un déclin bientôt précipité par l’effondrement du système soviétique.
Yves Santamaria ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Source: The Conversation – in French – By Catherine Wynne, Associate Dean for Research and Enterprise, Faculty of Arts, Social Sciences and Education, University of Hull
Le rôle de Bundle, tenu dans la série par Mia McKenna-Bruce, rappelle celui d’Adler dans *Un mystère en Bohème*, de Sir Arthur Conan Doyle.Simon Ridgway/Netflix
Netflix revisite les Sept Cadrans en déplaçant le regard : l’intrigue policière devient un prisme pour interroger la guerre, l’ordre social et l’impensé impérial de la Grande-Bretagne des années 1920. Une relecture ambitieuse qui montre combien Agatha Christie reste une autrice de son temps – et du nôtre.
Nous sommes en 1925 et l’action se déroule à Chimneys, la demeure aristocratique anglaise de la famille Caterham. Mais Lady Caterham (Helena Bonham Carter), désargentée, a été contrainte de la louer à l’industriel Sir Oswald Coote (Mark Lewis Jones).
À l’intérieur, la réception bat son plein. Misanthrope et réduite au rôle de simple invitée chez elle, Lady Caterham glisse à sa fille, Lady Eileen « Bundle » Brent (Mia McKenna Bruce), que l’assemblée réunit « l’industrie, l’aristocratie et la diplomatie (le Foreign Office).
Les Sept Cadrans, d’Agatha Christie, publié en 1929, est aujourd’hui adapté en une minisérie Netflix de trois épisodes, écrite par Chris Chibnall et réalisée par Chris Sweeney. Cette nouvelle version s’appuie sur l’énigme des sept cadrans non seulement pour divertir, mais aussi pour interroger le monde politique et impérial que les romans de Christie laissent souvent en arrière-plan.
Au cours de la réception, de jeunes fonctionnaires du Foreign Office jouent un tour à l’un de leurs collègues en disposant huit réveils dans sa chambre, programmés pour sonner à 11 h 15 le lendemain matin. La raison ? Leur camarade est réputé pour faire la grasse matinée.
Lorsqu’un des réveils disparaît, avant d’être retrouvé par Bundle sur la pelouse, tandis que les sept autres sont soigneusement disposés sur la cheminée de la chambre, la jeune femme est perplexe. Et puis on découvre un mort – évidemment.
Malgré l’idée que la victime aurait été fragilisée par le stress lié à son travail – écho contemporain à la hausse rapide des troubles de santé mentale chez les jeunes hommes –, Bundle rejette la thèse du suicide. Sa certitude se renforce lorsqu’elle tombe plus tard sur un autre jeune homme mort, dont les derniers mots sont « sept cadrans ». Mais à quoi fait-il réellement référence ? Bundle entend bien le découvrir.
La bande-annonce de la série.
En suivant une silhouette qu’elle ne parvient pas à identifier, elle se retrouve à Scotland Yard, face à l’inspecteur Battle (Martin Freeman, habitué des enquêtes pour avoir incarné Watson dans la série Sherlock de la BBC). Bundle fait écho à Irene Adler, héroïne d’Arthur Conan Doyle dans Un scandale en Bohême (1891). Dans la nouvelle, Adler suit Holmes déguisé jusqu’à Baker Street et devient la seule personne à avoir jamais réussi à le déjouer.
À l’image d’Adler, l’intrépide Bundle s’impose comme une figure féministe avant l’heure. McKenna Bruce est remarquable, habitant le rôle avec une assurance éclatante. Dans le roman de Christie, Bundle est incapable de tenir en place. Dans la série, elle saute par la fenêtre d’un étage de Chimneys pour échapper à une demande en mariage formulée par un député ennuyeux et plus âgé, George Lomax (Alex Macqueen), et atterrit dans le jardin, où Kettle examine des indices. Son choix est fait.
Ce que Netflix ajoute à l’œuvre originale de Christie
La série adopte une forme de thriller plus directe que dans le roman de Christie. Dans l’introduction à l’édition anglaise de 2026 de référence, dotée d’une nouvelle couverture et d’un nouveau design signés Netflix, Val McDermid avance que Christie évolue sur le terrain du pastiche de thriller, en détournant les thrillers virils à la John Buchan qui dominaient les années 1910 et 1920. Elle se rapproche aussi de Jane Austen par son regard ironique sur l’aristocratie, les nouveaux riches et les jeunes hommes et femmes désœuvrés.
La série fait écho à la critique des structures sociales rigides des années 1920, dont Agatha Christie est coutumière. Lady Caterham, incarnée par Helena Bonham Carter, remarque que Lady Coote ne devrait pas remercier les domestiques ; Sir Oswald Coote affirme, lui, que la distinction sociale peut s’acheter. Mais la série va plus loin encore. Christie évitait toute référence directe à la Première Guerre mondiale, écrivant dans la décennie qui a suivi sa fin. Pendant le conflit, elle avait travaillé à la distribution de médicaments pour le Voluntary Aid Detachment de la Croix-Rouge britannique à Torquay, où elle a acquis sa connaissance des poisons. À l’inverse, dans la série, la guerre est pleinement intégrée à l’intrigue.
Bundle a perdu son frère pendant le conflit, et le lien qui l’unit aux jeunes hommes du Foreign Office est une camaraderie forgée par la guerre. Ce sont, d’une certaine manière, des survivants. La vie, dit-elle, est « bien trop courte ». Son frère disparu, Tommy, servait aux côtés de Gerry Wade (Corey Mylchreest), du Foreign Office, qui a rapatrié son corps.
Au point culminant de la série, Lady Caterham, interprétée avec une force saisissante par Helena Bonham Carter, décrit la guerre comme un « abattoir », dénué de toute « gloire ». À la manière de Miss Havisham, elle vit recluse dans une maison où un seau recueille l’eau qui goutte d’un toit qui fuit et où le valet n’est même plus payé. Et, comme le découvre Bundle – conformément aux codes du thriller – personne n’est réellement ce qu’il paraît être.
Mais la dénonciation la plus glaçante des empires européens et des structures sociales qui les soutiennent est portée par le Dr Cyril Matip (Nyasha Hatendi), brillant inventeur camerounais que Lomax tente d’attirer au service de la Grande-Bretagne en l’invitant dans sa demeure de campagne.
Lorsque Lomax organise une chasse au faisan pour divertir son invité, Matip refuse d’y prendre part : il a vu ce que les armes peuvent faire. Pendant ce temps, le regard de Bundle s’attarde sur un faisan abattu dans l’herbe. À table, Matip décrit les ravages de la guerre et la défiance qu’elle a fait naître chez lui à l’égard des Européens. Il a vu comment « des Africains ont combattu d’autres Africains pour des Européens blancs ».
En hommage à l’œuvre la plus célèbre de Christie, le Crime de l’Orient-Express, le dénouement se joue à bord d’un train. Mais tout n’est pas encore terminé. Le dernier secret – celui des Sept Cadrans – reste à révéler. Les Sept Cadrans d’Agatha Christie actualise l’œuvre de l’autrice, et le fait avec brio.
Catherine Wynne ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
