Source: The Conversation – (in Spanish) – By Alexis Cloquell Lozano, Profesor Sociología. Cátedra Caixa Popular para el estudio de los desafíos sociales y la vulnerabilidad., Universidad Católica de Valencia
El Gobierno de España ha anunciado su intención de avanzar en un nuevo proceso de regularización administrativa, apoyándose en las vías ya existentes de arraigo y en el despliegue del nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo de 2025. El objetivo declarado no es solo dar respuesta a una realidad social consolidada, sino incorporar plenamente a la economía formal a cientos de miles de personas que ya viven y trabajan en el país, reforzando así la cohesión social y la sostenibilidad del sistema de protección social.
En este contexto, el envejecimiento acelerado, el descenso de la población autóctona, la presión creciente sobre el sistema de pensiones y el aumento de las necesidades en sanidad y cuidados plantean una pregunta clave: ¿quién va a sostener el Estado del bienestar en las próximas décadas y mantener una parte considerable del sector productivo? Esta cuestión suele abordarse desde el lado del gasto, pero el último informe del Consejo Económico y Social (CES) de España invita a mirar en otra dirección: las aportaciones económicas y laborales de la inmigración.
La inmigración no es un fenómeno coyuntural ni marginal. Es ya un componente estructural de la economía española y de la financiación del bienestar colectivo. Sin embargo, su contribución está limitada por un factor decisivo: la persistencia de la irregularidad administrativa.
Cotizantes hoy para las pensiones de mañana
Según el balance del mercado laboral 2025 del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde diciembre de 2019 la afiliación de trabajadores extranjeros ha aumentado un 45 %, y en 2025 alcanzó el 14,1 % del total de las cotizaciones al sistema. De acuerdo con el informe del CES, esta afiliación se traduce en cerca del 10 % de los ingresos de la Seguridad Social, pese a que el gasto público asociado a la población extranjera representa en torno al 1 % del gasto público total.
Esta diferencia se explica por su perfil demográfico: se trata mayoritariamente de población en edad activa, con tasas de participación laboral elevadas y un uso reducido de las prestaciones asociadas al envejecimiento, como pensiones o dependencia.
En un país donde el crecimiento demográfico reciente depende casi exclusivamente de la inmigración y donde la población autóctona en edad de trabajar disminuye, esta aportación resulta clave para el equilibrio del sistema de pensiones. Sin nuevos cotizantes, la sostenibilidad del sistema se resiente. Y una parte relevante de esos cotizantes potenciales ya está en España, trabajando.
El trabajo existe, los ingresos públicos no
La irregularidad administrativa no implica inactividad económica. La inmigración en España es mayoritariamente de carácter laboral y las personas de origen migrante presentan altas tasas de participación en el mercado de trabajo. Se concentran sobre todo en sectores con déficit estructural de mano de obra como la construcción, la agricultura, la hostelería, el sector de los cuidados y atención a la dependencia.
El problema, por tanto, no es la inexistencia de empleo, sino que las restricciones y disfunciones del régimen de autorizaciones de residencia y trabajo desplazan una parte de esa actividad hacia situaciones precarias o informales. En la práctica, muchas personas migrantes trabajan sin poder hacerlo dentro de los cauces formales que permiten cotizar y tributar con normalidad.
Esto se traduce en que la regularidad administrativa debe ser una condición necesaria para una integración laboral digna y para la contribución plena al sistema de protección social. Cuando esa regularidad no existe, el trabajo realizado no se traduce en cotizaciones ni en ingresos fiscales acordes con la actividad económica generada, debilitando la base de financiación del estado del bienestar.
Una pérdida económica cuantificable
Un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia señala que la discriminación afecta a la población extranjera en los ámbitos laboral y educativo. Esto incluye dificultades para encontrar trabajo, salarios más bajos, empleos más precarios, problemas para que se reconozcan sus estudios o menos oportunidades educativas. En 2022 esta discriminación tuvo un coste económico estimado de 17 000 millones de euros, una cifra equivalente al 1,3 % del PIB.
No se trata solo de salarios más bajos o trayectorias laborales truncadas, sino de una ineficiencia económica y fiscal de gran magnitud. Cada trabajador que no puede cotizar plenamente es un ingreso menos para la Seguridad Social y un margen menor para financiar sanidad, educación y políticas sociales, trasladando la carga al resto de contribuyentes. Desde esta perspectiva, la irregularidad no es una anomalía administrativa menor sino una ineficiencia estructural.
El debate que falta
El debate público sobre la regularización administrativa es amplio y complejo desde el punto de vista político y social. Sin embargo, en la práctica suele quedar atrapado en una lectura parcial, centrada casi exclusivamente en los costes y en la presión sobre los servicios públicos. Con los datos en la mano toca reformular la pregunta de fondo: ¿Puede España permitirse no integrar plenamente –también en términos fiscales– a quienes ya están contribuyendo de manera decisiva al sostenimiento de su economía a través del trabajo?
Como ha señalado el sociólogo estadounidense Douglas Massey, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025, las sociedades receptoras necesitan de la inmigración, pero, al mismo tiempo, desarrollan una resistencia política y social alimentada por el miedo. Esa tensión se traduce en políticas contradictorias y disfuncionales: se acoge a solicitantes de asilo, se les proporciona alojamiento y asistencia básica, pero se les impide acceder al empleo durante largos periodos.
Conviene recordar que el estado del bienestar se financia con cotizaciones e impuestos y que una parte creciente de quienes pueden garantizarlos trabaja hoy en España sin poder hacerlo plenamente dentro del sistema. No hay pensiones, sanidad ni educación pública sin una base suficiente de cotizantes, y una parte decisiva de esa base ya está aquí. Desde esta perspectiva, regularizar no es el problema: es parte de la solución.
Alexis Cloquell Lozano recibe fondos de del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la convocatoria Proyectos de Generación de Conocimiento 2025.
The Strait of Hormuz is effectively closed. Since the beginning of the conflict involving the United States, Israel and Iran on Feb. 28, 2026, oil tanker traffic through the world’s most critical oil shipping choke point has collapsed, dropping by more than 90%.
Iran has threatened to destroy any ships, including oil tankers, that pass through the strait from the oil depots of the Persian Gulf to the Arabian Sea and the rest of the world. Companies that insure ships against the risks of traveling in war zones are deciding whether to issue coverage on an individual-ship basis. The international body that sets many shipping regulations has told ships’ crews that they have the right to refuse to sail into the area.
In maritime circles, these vessels are called the “shadow fleet.” They are vessels that ignore international restrictions on trade with certain countries, violate anti-pollution regulations, smuggle unauthorized goods or don’t want their cargo or activities too closely monitored.
They exist, even in a world filled with electronic tracking, because the world’s oceans aren’t governed the same way the land is. On land, armed personnel closely monitor carefully delineated borders, seeking to force everyone to follow clear rules. But at sea, regulation is almost the opposite. The system that governs international shipping is, at its foundation, voluntary.
That international agreement, which is enforced by individual countries, requires ships to leave the transponders on and active. But there is no physical mechanism preventing a crew from switching it off or broadcasting a false position.
When a vessel turns off its transponder and goes dark, it doesn’t trigger an alarm at some global maritime headquarters. There is no such headquarters. The ship simply disappears from the map. Every map.
National jurisdiction is a matter of preference, not law. Every vessel sails under the flag of a nation, and that nation is theoretically responsible for regulating and inspecting it. But in practice, a ship’s registration in a particular country is a commercial transaction. Many law-abiding shipping companies make this business decision, but this system leaves an opening for those who seek to skirt the rules.
A ship owned by a shell company in the United Arab Emirates can register under the flag of Cameroon, Palau or Liberia, or any country that may lack the resources or the incentive to conduct real inspections. Even landlocked Mongolia has a registry of oceangoing ships flying its flag.
When a vessel comes under scrutiny from port inspectors or coast guards, it can simply reregister under a different flag. Some registries even offer online registration. If the new registration is fraudulent or the registry doesn’t actually exist, the vessel effectively becomes stateless.
But companies can avoid those rules, too. Two-thirds of ships carrying Russian oil – the trade of which is restricted by the U.S. and other countries – reportedly have “unknown” insurance providers, meaning nobody knows whom to call to cover the cleanup costs after a spill or collision. The enforcement mechanism works until ship owners realize they can just opt out of it entirely, using less reputable ports or transferring oil from ship to ship out at sea.
The dark fleet did not emerge because the maritime system is broken. It emerged because the system is built on voluntary participation, all theoretically ensured by market forces.
For decades, the system worked not because it forced compliance but rather because opting out was more costly than opting in.
What changed is that international sanctions made compliance ruinously expensive and politically disastrous for some countries. A system built on voluntary participation, it turned out, could be voluntarily left.
If your national economy depends on oil exports, and the compliance system is preventing those exports, you build a parallel system. Iran began doing so in 2018, after sanctions were reimposed as part of negotiations over its nuclear development. Russia dramatically expanded that system in 2022 as restrictions hit in the wake of its invasion of Ukraine.
Now, with the Strait of Hormuz effectively closed to aboveboard maritime trade, the only vessels still moving are the ones that ignore the rules.
But the existence of the dark fleet doesn’t mean that the rules of the sea have failed. Rather, it reveals what kind of rules they always were. Illegal oil is the only oil moving in a crisis. In my view, that sends a message to those still playing by the rules: Opting out might be a viable option.
The opinions and views expressed are those of the author alone and do not necessarily represent those of the Department of the Navy or the U.S. Naval War College.
Charles Edward Gehrke does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
Et si on pensait le problème des espèces invasives au-delà du cadre strict de l’espèce ? En effet, les invasions biologiques interagissent étroitement avec l’écosystème local : elles peuvent modifier durablement les sols, l’eau ou encore les interactions écologiques. Nous avons développé un nouvel outil de classification pour mieux tenir compte de ces effets, encore trop souvent ignorés.
Lorsque l’on évoque les invasions biologiques, l’imaginaire collectif convoque souvent une scène de duel dramatique : un prédateur qui débarque d’un autre continent pour éradiquer une proie native. Pourtant, cette focalisation sur le risque direct d’extinction occulte une réalité bien plus insidieuse. En effet, bon nombre des invasions les plus dévastatrices ne se contentent pas d’éliminer des espèces : elles remodèlent fondamentalement l’environnement. Elles altèrent les habitats, recâblent les interactions entre espèces et modifient des processus vitaux d’une façon que les listes d’espèces menacées ne sauraient révéler à elles seules.
Prenez la chèvre, le cheval sauvage ou le cerf, introduits sur des îles où ces espèces ne sont pas natives. Leur voracité peut conduire la flore locale à l’extinction, mais leur impact s’inscrit bien plus profondément, dans la chair même du paysage.
Ces herbivores envahissants compactent les sols, accélèrent l’érosion, ouvrent les sous-bois, ce qui modifie ensuite les régimes de feux de forêt. Leur action laisse des cicatrices sur les paysages bien après que les troupeaux aient disparu. Ces bouleversements systémiques menacent la biodiversité tout aussi profondément que la perte d’une espèce.
Cependant, l’EICAT a un angle mort important : il place l’espèce au cœur de son raisonnement. Il attribue ainsi un score de sévérité global unique à un envahisseur donné, généralement basé sur le pire scénario enregistré pour toutes ses invasions connues. Intéressante pour permettre la priorisation des enjeux à l’échelle mondiale, cette approche gomme les subtilités des écosystèmes locaux, chacun possédant ses propres vulnérabilités. C’est pourquoi, dans une étude récemment publiée dans la revue PLOS Biology, nous proposons d’aller plus loin.
L’architecture invisible des invasions
De fait, les invasions biologiques génèrent un spectre d’impacts qui vont bien au-delà de la simple prédation ou compétition entre espèces considérées dans les évaluations classiques. Dans une synthèse publiée en 2025, nous avions catalogué 19 types distincts d’impacts environnementaux.
Lorsque nous avons examiné l’ensemble des impacts documentés, il est devenu évident que la plupart opèrent au niveau des communautés, des écosystèmes ou des processus physiques. 12 de ces catégories concernent des échelles plus larges que celle de l’espèce, par exemple le cycle des nutriments, la structure de l’habitat ou les propriétés physiques du sol et de l’eau, dont les impacts sont donc sous-estimés.
Sont ainsi considérés trois niveaux distincts :
celui des individus et populations (avec des impacts sur le comportement ou la santé des individus par exemple),
celui des communautés d’espèces (assemblages d’espèces et aires de distribution par exemple)
et enfin celui des écosystèmes et de leurs composantes abiotiques, c’est-à-dire physiques et chimiques non vivants de l’environnement, mais affectant les organismes vivants (la pollinisation ou le régime des feux par exemple).
Le castor est une espèce dite « ingénieur d’écosystèmes ». Max Saeling
Tous ces impacts sont documentés, étendus et souvent sévères, mais restaient encore largement ignorés par les classifications actuelles, qui se concentrent avant tout sur la perte d’espèces natives.
Cette omission est critique, car de nombreuses espèces envahissantes agissent comme des « ingénieurs des écosystèmes – par exemple, le castor. Ces organismes ne se contentent pas d’habiter un environnement donné, mais le modifient activement, influençant le destin de communautés entières.
Pour capturer cette nuance, nous avons développé dans notre dernière étude un outil complémentaire d’évaluation, que nous avons baptisé EEICAT (Extended Environmental Impact Classification for Alien Taxa, en français, classification étendue des impacts environnementaux des invasions biologiques). Autrement dit, une version étendue de l’EICAT.
L’EEICAT n’est pas un remplacement, mais une évolution de l’EICAT qui déplace le périmètre de l’espèce invasive à celle l’événement d’invasion. Il permet ainsi d’évaluer l’ensemble des 19 types d’impacts (et non seulement 12 comme précédemment).
Prenons par exemple les systèmes aquatiques envahis par les moules zébrées (Dreissena). Dans d’innombrables lacs, ces mollusques menacent les populations de moules natives par compétition et bio-incrustation (aussi appelé biofouling, qui correspond à la colonisation biologique des surfaces sous-marines, par exemple la surface immergée des navires).
Moules zébrées (Dreissena polymorpha) installées sur une moule endémique.
Cette compétition avec les moules natives est bien capturée par les évaluations standard. Mais celles-ci ignorent qu’elles transforment l’eau elle-même. En filtrant massivement les particules, ces moules invasives réduisent la turbidité, altèrent les cycles des nutriments et déclenchent des changements en cascade dans la végétation et les réseaux trophiques (c’est-à-dire, les chaînes alimentaires).
L’EEICAT permet alors de cartographier, avec un cadre unique, à la fois les effets directs portés à la biodiversité et la réingénierie écosystémique du lac.
Une logique similaire s’applique pour les espèces terrestres. La fourmi d’Argentine (Linepithema humile), par exemple, est connue pour complètement éliminer les nombreuses fourmis natives des régions envahies. Mais son influence est bien plus profonde. En perturbant les mutualismes anciens entre plantes et insectes, ces envahisseurs altèrent la dispersion des graines, la pollinisation, les assemblages d’invertébrés et même les processus du sol.
La fourmi d’Argentine, accidentellement propagée dans le monde du fait du commerce international, est une espèce invasive de fourmi particulièrement agressive envers les autres espèces de fourmis. Alex Wilde (réutilisation interdite sans autorisation)
Ces effets indirects au niveau communautaire varient considérablement selon le climat et l’intégrité de l’écosystème récepteur, si bien que chaque invasion pourra manifester des effets différents. Avec l’EEICAT, on peut désormais les prendre en compte.
Des invasions variables en fonction du contexte, même pour un même envahisseur
Ce sont probablement les invasions biologiques touchant le règne végétal qui plaident le plus pour une telle approche centrée sur l’invasion et non l’envahisseur. Les espèces d’Acacia, introduites mondialement, agissent comme des caméléons écologiques. En Afrique du Sud, elles saturent les sols en azote et assèchent les cours d’eau, supprimant agressivement la flore native du Fynbos.
En France méditerranéenne, l’impact se déplace : l’Acacia argenté (Acacia dealbata, appelé aussi Mimosa d’hiver), très inflammable, modifie radicalement le régime des feux. Par l’accumulation de litière, il crée une « échelle de feu », qui permet aux flammes de monter dans la canopée. Il rend de ce fait les incendies beaucoup plus difficiles à maîtriser.
De plus, le passage du feu lève la dormance de ses graines : une zone brûlée voit souvent une explosion de mimosas, rendant la zone encore plus inflammable pour l’avenir. Cet arbre invasif perturbe également l’hydrologie locale par une consommation d’eau excessive qui réduit le débit des nappes de surface en période estivale. L’EECIAT permet de documenter ces contrastes, où chaque preuve contextuelle redéfinit la sévérité de l’invasion.
Adopter l’EEICAT n’implique pas de réinventer la roue. Il est possible de l’appliquer aux études d’impact existantes déjà produites au cours des dernières décennies. Il est d’ailleurs organisé selon les cinq mêmes niveaux de sévérité que l’EICAT, avec une échelle allant de préoccupation minimale à impact massif, avec les mêmes règles. Cette rétrocompatibilité permet de réinterpréter de façon plus large et plus précise l’histoire écologique des invasions.
Parce que l’EEICAT est basé sur l’invasion, et non sur l’espèce, il permet de rendre compte des différentes façons dont une espèce invasive peut avoir des effets en fonction des écosystèmes, comme l’acacia, ou encore comment plusieurs envahisseurs peuvent cumuler les pressions sur un même écosystème. Ce sont des enjeux que des scores globaux ne savaient jusqu’à aujourd’hui pas articuler.
Les invasions biologiques ne se résument pas à la perte d’espèces : elles sont aussi une réécriture silencieuse des écosystèmes. De la chimie du sol au rythme des feux de forêt, leurs impacts résonnent dans l’environnement bien après leur arrivée. En embrassant le cadre EEICAT, nous pouvons enfin capturer toute l’ampleur de ce que les invasions biologiques font réellement aux écosystèmes, et adapter nos stratégies de gestion aux réalités complexes du monde vivant, invasion par invasion.
Créé, en 2007, pour aider à accélérer et à partager les recherches scientifiques sur des enjeux sociaux majeurs, le Fonds d’Axa pour la recherche soutient près de 700 projets dans le monde mené par des chercheurs issus de 38 pays, dont celui de Franck Courchamp. Pour en savoir plus, visiter le site ou bien sa page LinkedIn.
Franck Courchamp a reçu des financements du Fond AXA pour la Recherche.
Laís Carneiro a reçu des financements du Fond AXA pour la Recherche.
But that claim misses two key points. First, while Canada as a whole might gain from higher oil prices as a net energy exporter, those gains are unevenly distributed across sectors and provinces. Second, the mechanism that softened that pain — a stronger Canadian dollar — has weakened.
When crude prices rise, Alberta and Saskatchewan collect more royalties, and energy company revenues climb. For that slice of Canada, conflict in the Persian Gulf can bring economic benefits.
Yet windfall gains are also constrained by infrastructure. Pipeline capacity and production limits mean Canadian producers cannot expand quickly when global prices surge.
For most Canadians, the picture is simpler and less pleasant. Higher oil prices means higher costs not only at the pump, but also gradually in grocery stores and heating bills, and reduced purchasing power.
Economists typically analyze oil shocks through four transmission channels: terms of trade, income, costs and monetary policy.
The first is the terms-of-trade channel. Because Canada exports more energy than it imports, higher oil prices mean the country earns more for its exports relative to what it pays for imports. That improves Canada’s purchasing power in global markets.
The second is the income channel, which determines who receives those gains: higher oil prices raise producers’ revenues and governments’ royalties, concentrating much of the windfall in oil-producing regions and among shareholders.
The fourth is the monetary policy channel, which often shapes the broader economy. Central banks like the Bank of Canada aim to keep inflation near a stable target. If rising oil prices keep inflation elevated for long enough, policymakers may delay interest rate cuts or keep borrowing costs higher.
Perhaps the most consequential shift over the past decade is the changing relationship between oil prices and the Canadian dollar.
As noted by the Bank of Canada, for most of the 2000s and early 2010s, the Canadian dollar behaved like a petrocurrency. When oil prices rose, the loonie often strengthened as well.
A stronger currency made imported goods cheaper and helped offset some of the inflationary pressure from higher gasoline and energy prices. The exchange rate acted as a natural shock absorber.
That cushion has weakened substantially. Research by Alberta Central, CIBC Capital Markets and several economists all point out that the relationship between oil prices and the Canadian dollar weakened in the mid-2010s and continues to remain weak.
Rolling correlation between oil prices and the CAD-USD exchange rate from 2000 to 2025. (Author provided), CC BY
Second, energy companies are now more likely to return profits to shareholders through dividends and buybacks than to launch new projects. However, many of those shareholders are foreign investors, and even domestic holders, such as pension funds, distribute returns across global portfolios.
As such, the reinvestment of oil windfalls back into the Canadian economy has declined significantly compared to the investment-led boom years of the 2000s. Other factors, like the rise of U.S. shale, have also weakened the oil-currency link.
The practical consequence is that when oil spikes today, Canadians absorb more of the inflationary impact and receive less of the offsetting currency benefit they did a decade ago. For Canada, war-driven oil price spikes are therefore less a national windfall than a redistribution across sectors, provinces and from consumers to energy producers.
With the Canadian dollar no longer rising alongside oil as it once did, price spikes now translate more directly into higher living costs for Canadians.
The author would like to thank Vinh Nguyen, a research assistant and undergraduate student at MacEwan University’s School of Business, for her contribution to this article.
Subhadip Ghosh does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
¿Recuerdas la última vez que tuvo que hacer cola para ir al baño? Ya sea en teatros, aeropuertos, centros comerciales o festivales, el patrón se repite: los hombres entran y salen rápidamente del baño sin apenas esperar, mientras que las mujeres suelen guardar cola.
En la mayoría de los edificios públicos, el espacio del baño se reparte en función de la superficie, adjudicando a hombres y mujeres aproximadamente el mismo espacio. Aunque esto pueda parecer “justo”, distintas investigaciones sobre género y diseño de baños han demostrado que una superficie igual no se traduce en un acceso igualitario.
Suponer que varones y mujeres utilizan los baños de la misma manera y durante el mismo tiempo es un claro error.
Los baños masculinos suelen combinar cabinas con urinarios “compartidos”, que ocupan menos espacio y se pueden utilizar más rápidamente. Los baños de mujeres, por el contrario, se basan exclusivamente en cabinas, por lo que, incluso cuando ambos lados ocupan la misma superficie, las instalaciones de los hombres pueden atender a más usuarios.
El tiempo es otro factor a tener en cuenta. Las mujeres suelen tardar más porque necesitan sentarse en lugar de permanecer de pie, con frecuencia llevan ropa más compleja y pueden tener la menstruación o estar embarazadas. También es más frecuente que padezcan afecciones como incontinencia o infecciones del tracto urinario.
Muchas normas de diseño siguen basándose en un “cuerpo masculino por defecto”, asumiendo una entrada y salida rápida a los baños, orinado de pie y pasando un tiempo mínimo dentro. Cuando los espacios se organizan en torno al cuerpo y las rutinas de los hombres, los retrasos se achacan fácilmente al comportamiento de las mujeres –que “tardan demasiado”– en lugar de a un diseño inapropiado de sus baños.
La consecuencia más visible de estas normas de diseño es la cola que se forma fuera de los baños de mujeres. Pero, como muestra mi investigación, también puede haber consecuencias económicas y para la salud. Por ejemplo para quienes trabajan conduciendo taxis, el tiempo que pasan haciendo cola es tiempo que no dedican a ganar dinero.
El coste de la disparidad en los aseos
Y no se trata solo de la cola: la disponibilidad de baños es una decisión de diseño que afecta más a las mujeres que a los hombres, que suelen tener más facilidad para ir al baño donde quieran.
Cuando les pregunté por las frustraciones del trabajo, su primera respuesta rara vez fue el tráfico, los pasajeros difíciles o los turnos largos, sino los baños. Encontrar uno durante el turno a menudo requería una planificación cuidadosa y largas esperas, lo que les hacía perder ingresos. Sus compañeros masculinos, por su parte, podían entrar y salir en cuestión de minutos.
Rosario, una conductora de Uber de 26 años, describió la necesidad de ir al baño mientras trabajaba como “¡el drama del trabajo!”. Al igual que muchas otras conductoras que participaron en mi investigación, explicó que planificaba su ruta en función de los baños que sabía que había. Otras dijeron que evitaban beber agua para no tener que parar “todo el tiempo”, mientras que algunas relacionaban las infecciones urinarias recurrentes con “aguantar demasiado tiempo”.
Las cosas se complican durante la menstruación. Como explicó Juana: “Tienes que organizarte y obligarte a parar. Así que, después de un servicio, no vas simplemente a la parada de taxis más cercana para conseguir un nuevo cliente. En lugar de eso, tienes que conducir hasta una gasolinera para poder ir primero al baño”.
Los baños neutros en cuanto al género y otros diseños pueden hacer que los baños públicos sean más equitativos. Heidi Besen/Shutterstock
Las investigaciones han demostrado desde hace tiempo que los baños públicos no son infraestructuras neutrales: se diseñan en función de qué cuerpos y comportamientos se consideran la norma. Mientras que las instalaciones para hombres priorizan la rapidez y la eficiencia mediante urinarios abiertos, en las mujeres se usan cabinas que priorizan la privacidad.
Además, desde el punto de vista anatómico, es más fácil –y a menudo socialmente aceptado– que los hombres orinen al lado de la carretera o en cualquier otro lugar cuando no hay baños públicos disponibles.
La frustrante búsqueda de un baño no se trata solo de esperar, sino de dignidad y del derecho a ocupar la ciudad en igualdad de condiciones. Los baños, en este sentido, se comportan como un indicador silencioso pero poderoso de para quién está realmente diseñado el espacio público.
Belen Martinez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
For all the parallels to history, though, Trump’s Iran war is historically unique in one critically important way: In its early stages, the war is not popular with the American public.
A recent CNN poll found that 59% of Americans oppose the war – a trend found in poll after poll since the war began.
As an expert on U.S. foreign policy and regime change wars, my research shows that what’s likely generating public opposition to the Iran war today is the absence of a big story with a grand purpose that has bolstered public support for just about every major U.S.-promoted regime change war since 1900. These broad, purpose-filled narratives generate public buy-in to support the costs of war, which are often high in terms of money spent and lives lost when regime change is at stake.
Likewise, in the 2000s a dominant narrative about preventing a repeat of the Sept. 11, 2001, attacks and stopping terrorism brought strong initial public support for the war in Afghanistan, with 88% support in 2001, and the war in Iraq, with 70% support in 2003.
With no comparable narrative around Iran today, Trump and Republicans could face big problems, especially as costs continue to rise.
No anti-Iran narrative
Iran has been a thorn in the side of many American presidents for a long time. So, what’s missing? Why no grand-purpose narrative at the start of this war?
A U.S. Army carry team in Dover, Del., moves a coffin on March 7, 2026, containing the remains of a U.S. soldier killed in the retaliatory Iranian strike on Kuwait’s Port of Shuaiba. Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images
Gains like these by rivals prove traumatic to the nation. They also dislodge the status quo and provide the opportunity for new grand-purpose narratives with new policy directions to emerge.
Today, most Americans see no existential danger around Iran. A Marist poll from March 3, 2026, found that 55% of Americans view Iran as a minor threat or no threat at all. And the number who see Iran as a major threat, 44%, is down from 48% in July 2025.
By contrast, 64% of Americans saw Iraq as a “considerable threat” prior to the 2003 U.S. war in Iraq.
In the summer of 2025, Iran’s nuclear nuclear enrichment facilities were significantly damaged – “completely and totally obliterated,” according to Trump, though there is no confirmation of that claim – during the 12-Day war between Iran and Israel.
As the polls show, none of that has sparked a grand-purpose narrative.
Missing a good story
The second missing factor for narrative formation today is any strong messaging from the White House.
In the months prior to World War II, Roosevelt used his position of authority as president to give speech after speech, setting the context of the traumatic events of the 1930s, explaining the dangers at hand and outlining a course going forward. Though less truthful in its content, Bush did the same for nearly two years before the Iraq War.
Trump did almost none of this storytelling leading up to the Iran war. Five days before the war started, the president devoted three minutes to Iran in a nearly two-hour State of the Union Address.
Prior to that, he made a comment here and there to the press about Iran, but no storytelling preparing the nation for war. Likewise, since the war began, the administration’s stated reasons for military action keep shifting.
By comparison, Americans approved of Bush’s handling of foreign policy by 63% in early 2003.
Absent a cohesive, unifying story, it’s also no surprise there is lots of political fracturing today.
Partisan divides run deep – Democrats and independent voters strongly oppose the war. But Trump’s MAGA coalition is cracking too, with people like Tucker Carlson and Marjorie Taylor Greene sharply criticizing the war.
The way out
If he opts for it, there is an off-ramp for Trump from the Iran war. It’s one he knows well.
When U.S. leaders get caught up in costly regime change wars that outrun national support, they tend to back down, often with far fewer political costs than if they’d continued their unpopular war.
When the disaster referred to as Black Hawk Down hit in Somalia in 1993, killing 18 U.S. Marines, President Bill Clinton opted to end the mission to topple the warlords that ruled the country. Troops came home six months later.
Likewise, after the Benghazi attack killed four Americans in Libya in 2012, Obama pulled out all U.S. personnel working in Libya on nation-building operations.
And just last year, when Trump realized that U.S. ground troops would be necessary to topple the Houthi militant group in Yemen, he negotiated a ceasefire and ended his air war in that country with no significant political fallout.
Would it be obvious if artificial intelligence (AI?) created your new favourite song?
Millions of listeners have recently encountered that question through a viral Afro-soul cover of Papaoutai, the 2013 hit by Belgian artist Stromae. The cover has skyrocketed in popularity across streaming platforms and social media.
But unknown to most audiences, it was created using AI, according to Deezer, a French music-streaming service.
The Afro-soul cover highlights a growing challenge — the difficulty identifying when generative AI has been used in production — and how audiences, platforms and artists are struggling to respond.
Some 12 years later, in December 2025, an Afro-soul cover of Papaoutai was uploaded to Spotify. While it’s hard to track the exact reach of the song due to various removals and re-uploads on YouTube, Instagram and TikTok, the song currently has almost 80 million streams on Spotify.
The authorship of the Afro-soul version is commonly attributed to mikeeysmusic — a Swedish musician with a verifiable social media presence and discography — Chill77, whose identity is difficult to verify, and Unjaps, an independent record label. None of the artists have made a public statement about the controversy.
Why does all of this matter? Most music platforms lack clear labelling for AI music, and this places the difficult task of identification on listeners.
Identifying AI use in music production
AI-generated music has become a very broad category. As machine learning engineer and researcher Christopher Landschoot argues, the term AI-generated music “is casually tossed around whether AI is used to emulate an effect, automatically mix or master, separate stems, or augment timbre. As long as the final audio has been touched in some way by AI, the term gets slapped on the entire piece.”
It’s hard to tell how and to what extent AI was used in the making of the cover of Papaoutai. Did mikeeysmusic and Chill77 upload Stromae’s original song into an AI program, like OpenAI’s Sora, give it a command and upload the AI-generated result? Did they train an AI program on the vocals of another musician, Arsene Mukendi, to generate choir vocals? Or was the cover an iterative process where the artists fine-tuned and edited the output?
Does it matter when the lyrics and melody were written by someone else?
Identifying AI use in music is difficult, even for scholars like us who study generative AI. A study published by Deezer-Ipsos, which surveyed 9,000 people across eight countries, found that 97 per cent of people couldn’t tell the difference between fully AI-generated music and human-authored music.
A big contributor to the confusion is the lack of response from platforms. While Bandcamp has taken a clear anti-AI stance and works to keep AI-generated music off the platform entirely, other platforms like Spotify have gestured towards governance changes but largely allowed AI music to rack up streams without clearly disclosing the use of AI.
The popularity of short-form videos (like on TikTok), in which users encounter uncontextualized song snippets, further propels the prominence of AI-generated music.
“If listeners cannot tell the difference — and if platforms decline to tell them — then consent becomes impossible.”
Emotional responses on social media
In comment sections, audiences are often surprised to learn that the song was created using AI. Many have praised the cover, describing it as “a lot more instrumental, emotional and grand.”
“I’m actually so sad it [is AI]-generated. It sounds wonderful, but I personally can not support [AI] taking over creative industries such as music and art. And I know there are plenty of African choirs who could have nailed the vision without the use of [AI].”
Whether audiences choose to listen to AI-generated music is often framed as a moral decision. This is complicated, however, when it becomes increasingly difficult to discern what music is AI-generated or how generative AI was used in its creation.
According to the same Deezer-Ipsos study, 73 per cent of people surveyed “think it’s unethical for AI companies to use copyrighted material to generate new music without clear approval from the original artist.”
Stromae has remained quiet on the issue so far, with audiences speculating about his response to what some see as an AI appropriation of a very personal song written about his father, who died in the Rwandan genocide.
Many English-speaking users, unaware of this context, have used the heavy drums of the Afro-soul version to soundtrack everything from fashion haul videos to comedy shorts. As one TikToker asked:
“Did you ever think that the song about losing your father in the Rwandan genocide would be used, in your lifetime, to post gym thirst traps?”
AI as a tool for remixing
Artists have been grappling with the possibilities and concerns of AI use in music production, but there has been a precedent for “playing” with original songs.
On the legal side, all seems above board — at least in France. In the case of the Papaoutai cover, the French Society of Authors, Composers and Music Publishers has upheld its legality. They note that Stromae is “properly credited” and that royalties will be shared between Stromae and the record label that produced the cover.
So is it remix? Maybe. Is it legal? Apparently.
But as seen in this example, audiences still struggle with songs extracted from their original context and created with AI technologies, which are themselves inherently extractive.
Does this context shift the perception of this song as a form of extractive remix production?
The Afro-soul cover of Papaoutai illustrates how quickly AI-generated music can circulate. It also signals an increasing amount of debate as artists, audiences, and platforms navigate the future of AI-generated music.
Cate Cleo Alexander has received funding from SSHRC (Doctoral Canadian Graduate Scholarship) and is a member of the Creative Labour and Critical Futures (CLCF) project.
Lauren Knight receives funding from SSHRC (Doctoral Canadian Graduate Scholarship) and is a member of the Creative Labour and Critical Futures (CLCF) project.
Vietnam War veterans are suing to block construction of United States President Donald Trump’s proposed triumphal arch in Washington, D.C., arguing that it would detract from the solemnity of nearby Arlington Cemetery.
Having demolished the White House’s East Wing and shuttered the renamed Kennedy Center for “complete rebuilding,” Trump plans to install what he calls an Independence Arch to mark the country’s 250th anniversary this July.
Since Trump’s re-election, Catesby Leigh of the Claremont Institute — a California think tank at the forefront of the “MAGA new right” — has urged him to erect a classical arch to proclaim the “universal significance” of the Declaration of Independence.
Trump embraced the idea. A patriotic landmark would complement his efforts to purge what he called “improper ideology” from Washington institutions like the Smithsonian museum and the National Zoo.
A grand monument would also serve one of the top priorities of the current government: gratifying the president’s ego. When asked who the arch is for, Trump was honest: “Me.”
But the project professes a nobler mission. Trump’s executive order to “make federal architecture beautiful again” praised the Founding Fathers’ use of neoclassicism to “visually connect” the American republic “with the antecedents of democracy” in ancient Athens and Rome.
As a historian who studies the French Republic’s slide into military dictatorship in the early 19th century, what troubles me about this rationale is that there is nothing inherently democratic about arches.
If he had a Roman forebear, it was the humble farmer Cincinnatus rather than Julius Caesar, whose insatiable ambition toppled the republic and laid the foundation for empire.
Under the Republic (509 BCE to 27 BCE), the Roman Senate rewarded victorious generals and their armies with triumphs, celebratory processions under temporary wooden arches. The enduring marble arches of Titus, Septimius Severus and Constantine, meanwhile, were erected during the Empire (27 BCE – 476 CE) to glorify their imperial namesakes.
Art historian Kirk Savage notes that early Americans preferred to honour exemplars of civic virtue with “words, not stones or statues.” The nation’s capital already bore Washington’s name — no need to sully it by aping Roman tyrants.
The American republic developed what R. Grant Gilmore, a specialist in historic preservation, calls a “clear, democratic architectural language” that spurned the strident jingoism of Roman monuments.
As later generations warmed to the idea of honouring the country’s great men on the National Mall, the capital’s designers continued to embrace neoclassicism while eschewing triumphal arches.
Instead, they favoured obelisks (the Washington Monument) and temples (the Lincoln and Jefferson memorials), which foreground public service and national unity.
When Trump visited Paris in 2017, he was so impressed by the country’s Bastille Day demonstration of “military might” that he instructed his advisers to “top it.”
When Trump hosted his own parade in June 2025, it coincided with two birthdays: the U.S. Army’s 250th and his own 79th. He then set his sights on the Arc de Triomphe, which anchors the Bastille Day parade on the Champs-Elysées.
In 1804, Napoleon Bonaparte overthrew France’s First Republic by donning a Caesarean laurel wreath. The next year, Emperor Napoleon commissioned a Roman-style arch to mark his Grande Armée’s victory at Austerlitz. Its foundation stone, dedicated to “Napoleon the Great,” was laid on his birthday in 1806.
Empire-building is a recurrent theme. London’s Wellington Arch stands as imperial Britain’s post-Waterloo refutation of Napoleonic invincibility. Benito Mussolini’s Arch of the Philaeni in colonial Libya featured engravings of Il Duce (“the Leader”) resurrecting the Roman Empire.
The meaning of arches, however, can evolve. After the First World War, the U.K. installed New Delhi’s India Gate as a tribute to Commonwealth casualties. Since India’s independence, it has anchored the country’s Republic Day celebrations as its National War Memorial.
The focus of Napoleon’s triumphal arch has likewise shifted to include both fallen soldiers and the victims of French imperialism. Since 1920, the Arc de Triomphe has housed France’s Tomb of the Unknown Soldier. In 1999, a plaque acknowledged that the Algerian War (1954-1962) was an actual war, not a “pacification operation.”
Critics have expressed concerns about the proposed arch’s regulatory oversight, funding and impact on existing commemorative spaces. But another pressing question relates to its symbolism.
Is this truly the message the Trump government wants to send as the American republic prepares to mark a major milestone?
Kelly Summers does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
Source: The Conversation – France – By Frédéric Leone, Professeur des Universités, Géographe des risques et des catastrophes "naturelles", Volcanographe, Cartographe, Université Paul Valéry – Montpellier III
According to UNESCO, in 2022, there is a 100% chance of a tsunami of at least one metre high in the Mediterranean Sea in the next 30 years. France’s Côte d’Azur happens to be one of the most seismically active areas in Western Europe.Arno Smit/Unsplash, CC BY
The Mediterranean sea is widely perceived as having a low tsunami risk. History and recent modelling technology have demonstrated that destructive waves have already hit the French coast and could do so again. The results of a project carried out in Nice and along the French Riviera show why anticipation and preventive evacuation measures remain the only truly effective means of saving lives.
Tsunamis, formerly known as tidal waves, raz-de-marée in France or maremoti in Italy, are among the most destructive natural phenomena. Triggered by earthquakes, underwater landslides or volcanic eruptions, they spread rapidly over long distances before releasing their energy near the coast in the form of sudden submersion and extremely powerful currents.
From several centimetres to several metres, this flooding is generally characterised by several waves, and the first waves are not necessarily the largest. The speed of the current is such that the pressure exerted on coastal infrastructure can reach several tons per square metre
Since 1970, tsunamis have claimed more than 250,000 lives worldwide, notably the Boxing day tsunami in 2004 in the Indian ocean and the tsunami on March 11 2011 in Japan, for instance.
A risk that is not so farfetched after all
In the collective imagination, tsunamis have long been associated with the Pacific and the Indian ocean. The risk of an offshore tsunami in the Mediterranean has often been considered marginal, and this in itself could be misleading. In June 2022, UNESCO, which is committed to increasing global tsunami risk awareness among coastal communities, declared:
“Statistics show that there is a 100% chance of a tsunami of at least one metre high in the Mediterranean Sea in the next 30 years.”
After the Pacific, the Mediterranean basin holds the highest number of historical tsunamis recorded, of which several have impacted France’s Côte d’Azur coastline.
According to available data, around twenty incidences were reported in the maritime area along the French Riviera between the 16th century and the early 2000s with waves often exceeding two metres.
Evacuation times that are often very short
The sources of Mediterranean tsunamis can be local or distant. In some scenarios, run-up time for the first waves can be under ten minutes, particularly in the event of an underwater landslide or earthquake close to the coast, such as in the Ligurian sea between Corsica and the Italian coast. Conversely, tsunamis generated further away from France, for example off the northern coast of North Africa, can reach the French Riviera in less than 90 minutes.
The Boumerdès earthquake (Algeria) on May 21, 2003 caused havoc along the entire French Mediterranean coastline. A field enquiry showed that eight marinas on the French Riviera experienced significant sea level drops (from 50 cm to 1.5 m), basin purges, strong eddies and currents, and damaged boats, consistent with harbour resonance phenomena. The effects were observed on the French Riviera coastline an hour and a quarter after the earthquake.
Of more local origin, the tsunami in Nice on October 16 1979, triggered by the underwater collapse of part of the construction site for the new commercial port in Nice (Alpes-Maritimes), adjacent to the airport, caused the deaths of eight people and significant damage in Antibes, Cannes and Nice. The phenomenon was observed in Antibes for around thirty minutes.
Another scenario that could occur closer to the coast is that of the seismic tsunami that struck the Ligurian Sea on February 23, 1887], following an underwater earthquake measuring between 6.5 and 6.8 on the Richter scale. Contemporary accounts describe a sudden retreat of the sea by about one metre in Antibes and Cannes, leaving fishing boats high and dry, before the arrival of a wave reaching nearly two metres, which covered the beaches.
These events are a reminder of how we are completely taken by surprise, and how such short spaces of time show the limits of traditional warning systems. Coastal communities’ ability to evacuate quickly becomes crucial.
Two tsunami scenarios could impact Mediterranean coastline (red: seaquake close to Algeria’s coast, green: submarine landslide in the Ligurian sea). Sahal, Leone & Péroche, 2013, Fourni par l’auteur
An operational warning system for France
France has had a national tsunami alert system that has been part of the Centre d’alerte aux tsunamis (Cenalt) since July 2012, in conjunction with the international system coordinated by UNESCO in the Mediterranean. This system makes it possible to rapidly detect potentially tsunami-generating earthquakes and transmit an alert in less than fifteen minutes to the interdepartmental crisis management operational centre (Cogic) and foreign alert centres.
It is then up to the authorities to disseminate alert messages to the population, in particular via the FR-Alert platform, which allows notifications to be sent to the mobile phones of people located in the danger zone.
However, this global system only covers tsunamis caused by distant earthquakes and is not very effective in the case of local tsunamis or those caused by underwater landslides, where the time it takes for the tsunami to reach the coast may be less than the warning time. This is why it is important to raise awareness among coastal populations about detecting warning signs: felt earthquakes, abnormal sea movements, most often seawater retreats preceding the run-up of the tsunami, but not always.
Nice – Côte d’Azur coastline is highly at risk
Along the entire French Mediterranean coastline, an evacuation zone has been defined by government agencies and the University of Montpellier, based on altitude, distance from the sea and historical data. It corresponds to coastal areas with an altitude of less than 5 metres that are less than 200 metres from the sea. Along river mouths, this distance is extended to 500 metres with respect to the estuary.
Including Corsica, 1,700 km of coastline, 187 towns along the French Mediterranean coast, and at least 164,000 residents would be affected. At the height of the summer, an estimated 835,000 beach users would also need to be taken into consideration in the event of a tsunami.
The Nice – Côte d’Azur metropolitan area is vulnerable for a number of reasons: dense urbanisation, strong tourist appeal, and very busy beaches. Our photo analysis and modelling work have enabled us to estimate that tens of thousands of people are present in the area to be evacuated during periods of high visitor numbers (between 10,000 and 87,000 people on the beaches, depending on the season and time of day).
Evacuating ahead of a tsunami: the plan for Nice and surrounding coastal areas
When faced with a tsunami, evacuation is the only effective means of ensuring civilian safety. International experience shows that rapid and well-prepared evacuation procedures can save the vast majority of exposed populations. Reactive evacuation measures, for example, saved 96% of Japanese inhabitants when the major tsunami struck the Tōhoku coast on March 11 2011.
In Nice – Côte d’Azur, a comprehensive evacuation strategy has been developed and supported by scientific research led by the University of Montpellier’s Laboratory of Geography and Planning. It is based on optimised walking routes, taking into account slopes, obstacles, travel speeds and congestion points. Refuge sites located out of “waves’ reach” were identified and validated by local authorities, and evacuation routes were devised using algorithms to find the fastest routes.
In total, nearly a hundred refuge sites have been mapped out and incorporated into operational evacuation plans designed to quickly guide people to safe places.
The first tsunami risk awareness signposts were installed in Nice on February 27 2026. C. Thomin, MNCA, 2026, Fourni par l’auteur
From science to action: preparing the population
Raising tsunami awareness should go beyond evacuation mapping: safety drills such as evacuation exercises, particularly in schools or gradually introducing public warning signage; contribute to encouraging responsible behaviour. Several initiatives like these have been implemented in Nice via a project with students in Montpellier.
In Nice, a publicly accessible information platform with interactive maps also allows users to find evacuation zones, routes and instructions to follow in the event of an alert. These tools contribute to the development of a genuine tsunami risk culture.
Online map indicating evacuation zones, safe places and routes to get to them in the event of a tsunami in Nice. LAGAM/UMPV, 2026, Fourni par l’auteur
Becoming ‘Tsunami Ready’ territory
Beyond France’s Côte d’Azur coastal area, the information portal can be applied to other coastlines elsewhere in France and Europe, both in the Mediterranean and overseas, where tsunami run-up times can be just as short.
The initiatives that are being implemented in Nice are in keeping with UNESCO’s Tsunami Ready international recognition programme (TRRP). This 12-point programme aims to certify territories that are capable of anticipating a tsunami risk, prepare their populations and coordinate an appropriate response.
The first towns to be awarded the label and that have benefited from our team’s scientific and technical support were Deshaies in Guadeloupe and Cannes, with Nice set to join the programme in the near future.
When facing a wave that can arrive in a matter of minutes, being prepared to evacuate undoubtedly makes all the difference.
This article was written with the help of Louis Monnier, Monique Gherardi, Matthieu Péroche and Noé Carles, Université de Montpellier Paul-Valéry.
A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!
Frédéric Leone ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Source: The Conversation – in French – By Blandine Chelini-Pont, Professeur des Universités en histoire contemporaine et relations internationales, Aix-Marseille Université (AMU)
Donald Trump pendant l’imposition des mains des pasteurs protestants réunis dans le bureau Ovale afin de prier avec lui, le 5 mars 2026. Capture d’écran Youtube
Aux États-Unis, l’escalade militaire qui a démarré le 28 février en Iran ne peut être comprise uniquement à partir de logiques militaires ou diplomatiques. Elle s’inscrit également dans un champ symbolique et religieux dense, où traditions théologiques et narrations identitaires et imaginaires eschatologiques divers contribuent à légitimer, à contester ou à réinterpréter la violence des armes.
Quand on parcourt les prises de position publiques de ces derniers jours aux États-Unis, il est frappant de constater à quel point polarisation politique et polarisation religieuse s’entremêlent. Les partisans de l’opération lancée contre l’Iran conjointement avec Israël ont volontiers recours au registre religieux : sacralisation du leadership politique états-unien, mise en scène religieuse de la guerre, vision apocalyptique de l’affrontement actuel dans certains segments de l’appareil militaire, justification biblique par certains milieux chrétiens pro-israéliens… Dans le même temps, une partie de l’extrême droite américaine, habituellement alignée sur l’administration Trump, promeut une vision complotiste et antisémite des derniers événements.
Ces dynamiques se heurtent à un ensemble de discours religieux profondément étrangers à la logique de guerre et à la moindre justification biblique ou morale de la destruction de l’Iran. Ces prises de position, mises en avant aussi bien par des Églises américaines protestantes que par l’Église catholique des États-Unis et par le Vatican, réaffirment les principes du droit international et contestent la mobilisation du sacré au service de la guerre.
La sacralisation du leadership politique : Trump et l’imaginaire apocalyptique
Le premier élément de cette configuration est la construction autour de la figure de Donald Trump d’un imaginaire politico-religieux propagé par un ensemble de théologiens et de leaders fondamentalistes, qu’on peut qualifier de protestants charismatiques, au sein d’une mouvance contemporaine, la Nouvelle Réforme apostolique, qui se présente comme une véritable restauration du pouvoir spirituel chrétien, où les leaders prophétisent et interprètent les événements comme des signes divins.
Plusieurs de leurs personnalités médiatiques – Paula White, Lance Wallnau, Cindy Jacob, Dutch Sheets – ont magnifié, depuis sa première candidature, Donald Trump, allant jusqu’à le voir en lui un acteur providentiel inscrit dans l’histoire du salut.
Cette lecture mobilise notamment une typologie biblique fondée sur la figure du roi David, souverain choisi par Dieu malgré ses fautes personnelles. En 2016, Jerry Falwell Junior, président de la Liberty University, expliquait ainsi que Dieu avait choisi David malgré ses péchés et qu’il fallait juger un leader politique comme un roi, non comme un pasteur. De son côté, Franklin Graham, président de la Billy Graham Evangelistic Association, a mobilisé la même typologie pour justifier le soutien évangélique à Trump.
Ce schéma herméneutique permet de neutraliser les critiques morales à l’égard du président, tout en l’inscrivant dans une narration providentialiste. Se prenant au miroir de son « élection divine », Donald Trump, qui a pu se présenter comme le « Chosen One » (« l’Élu »), utilise un vocabulaire apocalyptique dans certains de ses discours, notamment lors d’un meeting tenu à West Palm Beach, le 26 juillet 2024, où il a implicitement évoqué une transformation radicale de l’ordre politique américain.
Cette rhétorique s’inscrit dans une tradition fondamentaliste millénariste, qui interprète l’histoire contemporaine comme le prélude d’une confrontation finale entre le Bien et le Mal. Dans cette perspective, la politique étrangère états-unienne peut être relue comme une étape du drame eschatologique. La guerre cesse alors d’être un simple instrument de puissance : elle devient l’un des événements possibles de l’accomplissement de l’histoire divine.
La mise en scène religieuse de la guerre à la Maison-Blanche
La seconde étape de ce processus consiste à traduire cette théologie fondamentaliste, qui assume la guerre terrestre comme un combat final, en mise en scène institutionnelle.
Le 5 mars 2026, alors que les opérations militaires au Moyen-Orient s’intensifient, Trump accueille dans le bureau Ovale une vingtaine de pasteurs évangéliques. Ceux-ci prient pour le président et pour les soldats américains engagés dans la guerre. Le pasteur Tom Mullins demande explicitement à Dieu de protéger les forces armées américaines et d’accorder au président « la sagesse venue du ciel ».
Cette séquence est politiquement significative à plusieurs titres. Elle transforme la décision militaire en objet de prière publique ; elle associe l’autorité présidentielle à l’intercession pastorale ; et elle inscrit l’action armée dans la narration religieuse d’une nation « under God ». L’image du président entouré de pasteurs imposant les mains constitue ainsi un dispositif symbolique puissant : la guerre est implicitement placée sous la protection divine.
Pour rappel, Trump a créé le 7 février 2025 à la Maison-Blanche « un Bureau de la foi », confié à Paula White, déjà citée, et il affirme régulièrement avoir été « sauvé par Dieu » pour empêcher le déclin de l’Amérique. Cette articulation entre pouvoir politique, rhétorique religieuse et symbolique nationale contribue à sacraliser l’action militaire.
La traduction apocalyptique du conflit dans certains segments de l’armée des États-Unis
Un sous-officier rapporte notamment qu’un commandant aurait affirmé :
« Le président Trump a été désigné par Jésus pour allumer en Iran le feu qui provoquera l’Armageddon »,
établissant un lien explicite entre l’intervention militaire et la bataille eschatologique d’Armageddon décrite dans l’Apocalypse.
Ces propos ont suscité de fortes réactions internes. Weinstein voit dans ce type de déclarations le signe d’une poussée de l’extrémisme chrétien dans l’armée et d’une violation claire du principe de séparation entre l’Église et l’État. Une plainte est déposée au nom de 15 militaires, dont 11 chrétiens, un musulman et un juif, ce qui montre que la protestation traverse les appartenances confessionnelles.
Cette controverse révèle l’existence d’un profond débat au sein de l’armée américaine sur la place du nationalisme chrétien dans les institutions militaires. La séquence illustre aussi le climat « théologique » du Pentagone sous Pete Hegseth, secrétaire à la défense notoirement sioniste chrétien et par ailleurs adepte du masculinisme dans l’armée, qui a relayé en août 2025 une séquence de CNN consacrée au pasteur Doug Wilson, cofondateur de la (fondamentaliste) Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC), aux prises de parole radicales et hostile à la moindre présence féminine dans l’appareil militaire.
Les justifications religieuses pro-guerre dans les milieux évangéliques et pro-israéliens
Parallèlement à ces dynamiques institutionnelles, certains milieux religieux américains interprètent explicitement la guerre contre l’Iran à travers une grille théologique. Des prédicateurs évangéliques présentent l’intervention militaire comme une libération spirituelle de l’Iran ou comme une étape dans l’accomplissement des prophéties bibliques. Dans cette perspective, l’Iran est souvent associé à la Perse biblique, tandis qu’Israël est présenté comme le peuple soutenu par Dieu dans le combat final contre les forces du Mal.
La noble figure du roi Cyrus, souverain perse ayant permis le retour des Juifs d’exil selon la Bible, est mobilisée pour magnifier le rôle politique de Trump. Dans le même temps, la figure diabolique du vizir Haman, qui voulait massacrer tous les Juifs de l’Empire perse, est, elle, mobilisée pour diaboliser le régime des mollahs. Cette lecture s’inscrit davantage dans le courant du sionisme chrétien, qui relie les conflits contemporains du Moyen-Orient aux prophéties eschatologiques annonçant la fin des temps.
De ce point de vue, soutenir Israël et affronter ses ennemis constitue non seulement un choix géopolitique, mais également un acte participant à l’accomplissement du plan divin. Cependant cette interprétation fait l’objet de critiques croissantes parmi les théologiens chrétiens engagés dans le dialogue judéo-chrétien, qui mettent en garde contre la projection simplificatrice de catégories bibliques sur des conflits contemporains complexes.
Le retournement antisémite de l’extrême droite isolationniste
La sacralisation pro-israélienne de la guerre produit également des effets paradoxaux. Dans certains segments de l’extrême droite américaine, elle alimente un discours complotiste et antisémite d’une virulence croissante. Une partie du mouvement MAGA (Make America Great Again, slogan de Donald Trump, ndlr.), très attachée à l’isolationnisme, accuse l’administration américaine de mener une guerre pour le compte d’Israël. Des personnalités telles que Nick Fuentes, représentant du courant Groyper (du nom d’un personnage de cartoon, grenouille verte devenue la mascotte de ce mouvement) de l’alt-right, dénoncent une politique étrangère dominée par les intérêts israéliens.
Tweet de Nick Fuentes le 6 mars : « Trump s’est retourné contre Tucker Carlson et Marjorie Greene à cause de leur opposition à la guerre contre l’Iran et à la dissimulation de l’affaire Epstein. Aujourd’hui, il s’entoure exclusivement de sionistes partisans de la doctrine Israel First (Israël d’abord), tels que Mark Levin, Laura Loomer et Jared Kushner. Nous n’avons pas quitté MAGA, c’est MAGA qui nous a quittés. » Compte X de Nick Fuentes
Ainsi, la sacralisation religieuse de la guerre nourrit paradoxalement une polarisation extrême : elle produit à la fois une légitimation théologique de l’intervention et une radicalisation antisémite dans certains segments du camp anti-guerre.
Les contre-discours religieux : Églises américaines et diplomatie vaticane
Face à ces imaginaires guerriers, de nombreuses institutions religieuses expriment une opposition claire à la guerre. Églises protestantes modérées (les épiscopaliens, les unitariens, les méthodistes, les quakers et mennonites, les 38 Églises membres du National Council of Churches) et responsables catholiques américains (l’ensemble de la Conférence épiscopale des États-Unis) dénoncent la sacralisation du conflit. La critique la plus structurée émane toutefois du Vatican.
Après une prise de parole immédiate du pape Léon XIV, qui a appelé à arrêter cette « spirale de la violence » qui risquait très prévisiblement de se transformer en « tragédie aux proportions énormes » et en « abîme irréparable », le secrétaire d’État du Vatican Pietro Parolin a condamné l’offensive contre l’Iran en déclarant :
Parolin a rappelé les principes de la doctrine catholique de la guerre juste : nécessité, proportionnalité et protection des civils, en faisant appel au respect des institutions multilatérales et du droit international et demandant de revenir en urgence à la diplomatie internationale.
Précédemment, le Vatican a refusé de participer au projet de « Board of Peace » proposé par l’administration Trump pour Gaza, estimant que les conditions politiques et diplomatiques d’une telle initiative ne sont pas réunies.
Ces prises de position sont relayées par des réseaux catholiques américains, dont ce collectif militant (non officiel) Priests against Genocide USA, engagé dans la dénonciation des violences contre les civils à Gaza et dans la critique des initiatives diplomatiques américaines liées au conflit, ressemblant à lointaine distance aux collectifs de prêtres des années 1960 contre la guerre du Vietnam. Elles constituent ainsi un contre-discours religieux majeur face à la sacralisation nationaliste de la guerre.
L’absence de toute justification religieuse chez les deux héritiers MAGA
Quant aux deux catholiques déclarés parmi les personnalités les plus en vue du gouvernement, le vice-président J. D. Vance et le secrétaire d’État Marco Rubio, il est difficile de trouver la moindre référence « religieuse » dans leur position à l’égard de cette guerre qui met en danger leur propre avenir dans la compétition présidentielle.
Vance, qui a pu déclarer que « le gouvernement américain n’est pas équipé pour fournir le leadership moral mais l’Église, si », évite de communiquer sur le sujet, tant il est gêné dans sa posture d’isolationniste, sans saisir – pour l’instant – l’occasion de rappeler ses convictions pour critiquer l’opération en Iran et, ainsi, représenter la colère du peuple MAGA. Rubio, lui, a beau se présenter publiquement le visage marqué d’une croix de cendres, signalant sa dévotion liturgique à l’entrée du Carême, il a toujours affiché des positions pro-israéliennes, interventionnistes et néoconservatrices, sans rapport avec ses convictions. Mais, au moins, aucun ne verse dans le triomphalisme millénariste.
Blandine Chelini-Pont ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
