¿Llevará el plan de Trump la paz a Gaza?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Armando Alvares Garcia Júnior, Professor de Direito Internacional, Relações Internacionais e Geopolítica/Geoeconomia, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

La guerra en Gaza ha dejado decenas de miles de muertos y una sociedad devastada. Dos años después del inicio del conflicto, la comunidad internacional busca una salida que reduzca la violencia y alivie la crisis humanitaria.

En este contexto, Donald Trump y Benjamín Netanyahu han presentado un plan de veinte puntos que pretenden que sea una hoja de ruta hacia la paz. Ha sorprendido el respaldo obtenido por la propuesta: desde potencias occidentales y Rusia hasta varios Estados árabes y musulmanes. Pero la pregunta central sigue abierta: ¿se trata de una oportunidad real para un acuerdo duradero?

Liberación de rehenes y gobierno de Gaza

El texto arranca con un intercambio inmediato de rehenes y prisioneros. Tras la aceptación del plan, Hamás debería entregar a los últimos rehenes en su poder en un plazo de 72 horas. A cambio, Israel liberaría a más de 1 700 detenidos y 250 condenados a cadena perpetua. Ese primer movimiento funcionaría como el gesto inicial para un alto el fuego. Una vez liberados los rehenes, comenzaría el suministro masivo de ayuda humanitaria, con alimentos, medicinas, agua y electricidad.

Tras esa fase, el plan fija un cambio en la administración de Gaza. La propuesta establece un comité tecnócrata palestino, supervisado por un organismo internacional («Junta de la Paz») encabezado por Trump e integrado, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair.

Ese organismo tendría la misión de gestionar los servicios básicos, atraer inversiones y sentar las bases para la reconstrucción. La idea es que, en lugar de instituciones vinculadas a facciones políticas, el enclave sea administrado de forma interina por expertos y supervisores externos.

Seguridad y economía

El plan incluye la desmilitarización completa de Gaza. Bajo la vigilancia de observadores internacionales, se prevé la destrucción de túneles, depósitos de armas y fábricas de municiones. Paralelamente, se crearía una fuerza internacional de estabilización en la que participarían países árabes y estaría coordinada por Israel y Egipto.

Su función sería entrenar a las fuerzas locales de seguridad y garantizar que el territorio no vuelva a convertirse en foco de enfrentamientos armados. Es una fórmula semejante a la desplegada en otras zonas en conflicto, como Líbano tras los acuerdos de 2006, aunque en este caso bajo la supervisión de Estados Unidos y no de la ONU.

Uno de los elementos más llamativos del plan es el componente económico. Trump lo ha presentado como un «plan de desarrollo» que imagina Gaza convertida en un espacio de prosperidad, con proyectos urbanísticos, nuevas infraestructuras y un entorno apto para la inversión.

El texto incluso menciona la posibilidad de una zona económica especial, con condiciones comerciales preferenciales. La narrativa recuerda, aunque con situaciones bastante distintas, a otras transformaciones urbanas rápidas en Oriente Medio, desde Dubái hasta ciudades planificadas en Arabia Saudí. La promesa implícita es que la paz llegaría acompañada de empleos, crecimiento y oportunidades para la población local.




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Más allá de los dos Estados: una cuestión geopolítica

El documento también reconoce, de forma condicional, la aspiración palestina a tener su propio Estado. Ese punto figura hacia el final del plan y aparece formulado como un horizonte posible si se cumplen reformas institucionales en la Autoridad Nacional Palestina y se garantiza la estabilidad en la región.

Aunque no hay plazos ni compromisos concretos, el simple reconocimiento de esa aspiración conecta de alguna manera con la agenda internacional, que sigue defendiendo mayoritariamente la solución de los dos Estados.




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La propuesta ha recibido el apoyo de Estados árabes clave, como Arabia Saudí, Egipto o Turquía, y de la Unión Europea, Rusia y China, entre otros países.

La iniciativa representa una oportunidad de reducir la violencia y de evitar que el conflicto siga desestabilizando la región. Desde una perspectiva geopolítica, el plan reafirma a Estados Unidos como mediador central y otorga a Israel un marco internacional que respalda su seguridad. Al mismo tiempo, permite a los países árabes implicarse en la fase de reconstrucción y presentarse como garantes de estabilidad.

Lo que queda por aclarar

No obstante, el texto deja abiertas varias incógnitas. No se detalla con precisión el calendario de retirada de las fuerzas israelíes, lo que introduce incertidumbre sobre la transición. El organismo internacional que supervisaría Gaza [estaría presidido por un jefe de Estado extranjero], un elemento a tomar en cuenta en la gestión de un territorio en disputa, y que seguramente generará críticas.

Además, la promesa de desarrollo económico enfrenta el desafío de aplicarse en un contexto social marcado por la destrucción, los desplazamientos masivos y las profundas fracturas políticas de estos dos años de ataques.

El plan combina medidas inmediatas, como el intercambio de rehenes y prisioneros, con metas de largo plazo, como la autodeterminación palestina. Esa mezcla de urgencia y horizonte lejano refleja la complejidad del conflicto. Se asemeja a tender un puente sobre un río caudaloso: los primeros tablones buscan estabilizar la estructura, mientras que el tramo final, más ambicioso, depende de que los pilares iniciales resistan.

¿Una estabilidad suficiente?

El desenlace aún es incierto. Si el plan avanza, marcará un punto de inflexión en la región. Si se bloquea, existe el riesgo de que la guerra retome toda su intensidad.

Lo que resulta evidente es que el documento ya se ha convertido en referencia obligada para medir la diplomacia internacional en Oriente Medio. Para una población exhausta, tras dos años de sufrimiento, la propuesta abre al menos la expectativa de un alto el fuego inmediato y de un respiro humanitario.

El reto será transformar esa expectativa en un proceso político con estabilidad suficiente para sostener la paz.

The Conversation

Armando Alvares Garcia Júnior no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. ¿Llevará el plan de Trump la paz a Gaza? – https://theconversation.com/llevara-el-plan-de-trump-la-paz-a-gaza-266522

La Flotilla pone de manifiesto la ilegalidad del bloqueo naval israelí sobre Gaza y la complicidad de EE.UU. y Europa

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Rafael Bustos García de Castro, Profesor e investigador, Universidad Complutense de Madrid

Tricani Alessio/Shutterstock

Ni los Estados más sensibilizados ni, por supuesto, los medios de comunicación explican que, más allá de la obligación erga omnes de impedir el genocidio y de detener el uso del hambre como arma de guerra, subyace un bloqueo de la franja de Gaza por tierra, mar y aire que es nulo e ilegal desde que Israel lo estableció.

Es importante recordar por qué estos Estados, muchos de ellos europeos, consideran el bloqueo naval sobre la franja de Gaza un hecho consumado que no deben cuestionar. La razón fundamental es que en 2006, cuando Hamás –tras ganar democráticamente las elecciones legislativas y producirse la ruptura con Fatah– se hizo con el control de facto de la franja, los países europeos y EE. UU. aceptaron de buen grado que Israel aplicara a la franja de Gaza un bloqueo indefinido por tierra desde 2007 y por mar a partir de 2009, que se añadió al control israelí del espacio aéreo desde 1967.

De aquella complacencia occidental que convertía un territorio ya de por sí enclavado en la prisión más grande al aire libre –con dos millones de personas– por el hecho de haber votado a un partido islamista, Hamás, viene ahora un silencio incapaz de levantar la voz contra un bloqueo que nació nulo y sigue siendo ilegal.

La Flotilla fue advertida de no traspasar la llamada “zona de exclusión israelí” de 120 millas náuticas alrededor de la franja porque, como advirtió el propio gobierno, el buque de rescate Furor no podría prestar auxilio a la Flotilla una vez se adentrara en esa zona y sus integrantes pondrían en peligro su propia seguridad.

Comunicado de 16 gobiernos

En un comunicado, 16 gobiernos pidieron a Israel que se abstuviera de actos violentos y, tras su detención, la liberación inmediata de sus nacionales, sobre los cuales dicen ejercer la protección diplomática y consular, a la que por otra parte están obligados. Pero ninguno de ellos quiere entrar en el fondo de la cuestión: la existencia de un bloqueo naval sobre un territorio ocupado.

Israel sostiene que, de acuerdo con el derecho bélico del mar, es lícito mantener un bloqueo naval. Y que como la Flotilla había anunciado su voluntad de romperlo, tiene derecho a asaltar y detener a su tripulación e incluso hacerlo a 80 millas de la costa de Gaza, donde se encontraba.

Ningún Estado parece poner en duda eso y se limitan a pedirle un buen trato a sus ciudadanos, olvidando la exigencia de levantar un bloqueo ilegítimo que supone un castigo colectivo permanente sobre una población, que para mayor agravio está compuesta por refugiados y sus descendientes, ya expulsados por Israel de otras partes de Palestina.

Las prohibiciones de un bloqueo naval

Incluso si diéramos por bueno el argumento del derecho de Israel a mantener un bloqueo naval, las prohibiciones que se imponen en el Manual de San Remo (1994) son claras:

  • El bloqueo no puede tener el objetivo único de hacer pasar una hambruna a la población o privarla de otros artículos esenciales.

  • El daño a la población civil no puede ser desproporcionado en relación con la ventaja militar obtenida con él (art. 102).

Sobre esta última prohibición, los artículos 103 y 104 establecen que, si la población sometida al bloqueo carece de suficiente aprovisionamiento de comida y objetos esenciales, la potencia bloqueante “permitirá libremente el paso” y entrega de comida y medicina “una vez sea inspeccionada la carga y distribuida bajo la supervisión de otro estado o de una ONG humanitaria como el Comité Internacional de la Cruz Roja”.

Sin embargo, Israel no ha pretendido en ningún caso dejar pasar a la Flotilla ni su cargamento humanitario ni ha tratado de fijar las condiciones para la inspección y distribución de alimentos y medicinas con un tercero neutral. Con respecto a la proporcionalidad, es evidente que el daño indiscriminado que produce en una población sumamente vulnerable –con mayoría de mujeres y niños, privada de comercio por mar y de la pesca y con un bloqueo naval de 16 años– excede, con mucho, toda ventaja militar que pueda obtenerse.

Argumentos que demuestran la ilegalidad del bloqueo naval

Pero es que, además, hay al menos tres argumentos que demuestran la ilegalidad y nulidad desde el inicio del bloqueo naval.

Por un lado, la Corte Internacional de Justicia dictó tres órdenes en enero, marzo y mayo de 2024 indicando medidas provisionales en aplicación de la Convención de Genocidio. En ellas ordenaba “permitir toda la ayuda alimentaria y médica necesaria” para responder a la “catastrófica situación” de la población palestina en Gaza. También recordaba la prohibición de “no infligir condiciones de vida que pongan en riesgo la supervivencia parcial o total del grupo” constitutiva de genocidio (CIJ, 26-01-2024 y 28-03-2024).

Por otro lado, la misma corte concluyó en el Dictamen Consultivo de 19 de julio de 2024 que “la continuada presencia de Israel en los Territorios palestinos ocupados es ilegal” y constituye una violación de derecho internacional que genera obligaciones en todos los Estados.

Puesto que Gaza forma parte de los territorios palestinos ocupados, la ocupación de facto de Gaza –después de la desconexión formal israelí de 2005 se evidencia por el control absoluto del territorio y las frecuentes invasiones terrestres, que llegan al punto más extremo a partir de 2023– es también ilegal, de lo que se deduce la ilegalidad del bloqueo sobre Gaza. Por tanto, a Gaza debe aplicarse el derecho internacional de ocupación (IV Convenio de Ginebra).

Además, no caben bloqueos navales en territorios ocupados. El derecho bélico naval consuetudinario concebía los bloqueos exclusivamente sobre puertos o costas de Estados enemigos o capturados por ellos. No hay evidencia de que, posteriormente, la práctica estatal de los bloqueos se haya ampliado a territorios ocupados ni coloniales.

El equivalente a un asedio por tierra

La lógica es que un bloqueo naval es el equivalente a un asedio por tierra. Y ningún Estado ocupante asediaría un territorio que ya controla militarmente. Esto causaría un daño excesivo, así como un castigo colectivo, prohibido expresamente por el IV Convenio de Ginebra (artículo 33).

En consecuencia, debido a la incompatibilidad del derecho del bloqueo y del derecho de la ocupación, Israel no puede legalmente imponer un bloqueo mientras siga siendo potencia ocupante.

Todos los Estados, incluyendo a los que tienen nacionales en la Flotilla Global Sumud, están obligados a exigir el levantamiento inmediato del bloqueo israelí sobre Gaza y no simplemente la liberación de sus integrantes.

Desde su inicio el bloqueo de Gaza es ilegal tanto por su desproporcionalidad (derecho bélico naval) como por constituir una forma de castigo colectivo contra la población ocupada (derecho de la ocupación), al tiempo que contraviene las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia.

The Conversation

Rafael Bustos García de Castro no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. La Flotilla pone de manifiesto la ilegalidad del bloqueo naval israelí sobre Gaza y la complicidad de EE.UU. y Europa – https://theconversation.com/la-flotilla-pone-de-manifiesto-la-ilegalidad-del-bloqueo-naval-israeli-sobre-gaza-y-la-complicidad-de-ee-uu-y-europa-266700

Les baleines du Bitcoin : quand les géants financiers font onduler le marché des crytomonnaies

Source: The Conversation – in French – By Jean-Marc Figuet, Professeur d’économie, Université de Bordeaux

Les « baleines », ces individus ou entités détenant de grandes quantités de cryptomonnaie, ont une influence considérable sur ces nouveaux marchés financiers. Que recouvre cette terminologie ? Quel est concrètement leur impact ?


Le 4 juillet 2025, une onde de choc a traversé l’océan des cryptomonnaies. Une baleine dormante, inactive sur le marché depuis 2011, a déplacé 80 000 bitcoins (BTC), soit près de 8,6 milliards de dollars au cours du jour.

Le réveil de cette baleine a provoqué une alerte de marché (whale alert) impliquant une baisse du bitcoin de 2 % et une augmentation passagère de la volatilité. Surtout, cette opération rare nous rappelle comment le comportement d’une poignée d’investisseurs puissants est susceptible de faire trembler un marché.

Que recouvre cette terminologie de « baleine » ? Et quelle est leur influence sur le prix du bitcoin ?

Chaîne alimentaire du bitcoin

Le vocabulaire marin s’est imposé très tôt dans le lexique des cryptomonnaies.

Le premier maillon de la chaîne est constitué par les shrimps (crevettes) qui sont souvent de petits épargnants. Ces épargnants détenant moins d’un bitcoin représentent une base de plus en plus large d’adoption.

Le dernier maillon est constitué par les whales (baleines), c’est-à-dire des investisseurs possédant un portefeuille d’au moins 100 BTC. Parmi elles, les baleines à bosse (humpback whales) détiennent des portefeuilles d’au moins 5 000 BTC.

Entre ces deux maillons extrêmes se trouvent les crabs, de 1 à 10 BTC, les fish, de 10 à 100 BTC et les sharks, de 100 à 1 000 BTC.

Les espèces des baleines

Les baleines ne constituent pas un bloc homogène. Elles comportent plusieurs espèces dont l’histoire, les motivations et l’impact sur le marché diffèrent fortement.

Baleine historique

Les baleines historiques sont les mineurs et investisseurs précoces qui ont accumulé des milliers de BTC dès les premières années d’émission, parfois à des coûts dérisoires. Leur identité et leur histoire sont connues dans la communauté, car leurs adresses sont liées au minage des premiers blocs de la blockchain, ou aux débuts de certaines plates-formes pionnières – Mt. Gox, Bitstamp, Kraken, Bitfinex.

L’exemple le plus emblématique est celui de Satoshi Nakamoto, le créateur anonyme du BTC. Il aurait miné environ 1,1 million de BTC entre 2009 et 2010. Ses adresses restent inactives à ce jour.

Nombre de ces portefeuilles sont restés inactifs (cold wallets) pendant plus d’une décennie. Lorsqu’un mouvement est enregistré, l’effet psychologique est immense, car ces portefeuilles sont perçus comme des réserves stratégiques pouvant peser massivement sur l’offre.

Baleine dormante

Les baleines dormantes sont des adresses qui n’ont pas bougé depuis de nombreuses années. Ces adresses anonymes peuvent appartenir à des investisseurs oubliés, à des clés privées perdues, ou à des acteurs qui choisissent de ne rien faire.

Elles constituent une sorte de réserve silencieuse du marché. Lorsqu’elles s’activent, comme récemment, l’incertitude domine. Ces bitcoins vont-ils être vendus, ou simplement déplacés pour sécurisation ? Leur réapparition alimente les spéculations et accroît la volatilité.

Baleine institutionnelle

Les baleines institutionnelles apparaissent autour de 2020, car une partie des liquidités injectées par les banques centrales en quantitative easing (planche à billets) s’est orientée vers les actifs alternatifs, dont le bitcoin. Ces baleines regroupent aujourd’hui les fonds spécialisés et ETF (Grayscale, BlackRock, Fidelity, Ark Invest…), les trésoreries d’entreprises (MicroStrategy, Tesla…), ainsi que des banques et gestionnaires d’actifs.

Ces baleines agissent souvent selon une logique financière de long terme, dans une optique de diversification des portefeuilles et de couverture contre l’inflation, en misant sur la rareté programmée du bitcoin. Leur influence tient autant à leurs mouvements qu’à leur rôle symbolique.

L’achat massif de MicroStrategy en 2020 (plus de 21 000 BTC inscrits au bilan) ou, plus récemment, le lancement de l’ETF Bitcoin spot de BlackRock en janvier 2024, devenu en quelques mois le plus important fonds indiciel sur le bitcoin – 70 milliards d’euros d’actifs sous gestion –, ont marqué des tournants. Chaque opération de ce type crédibilise davantage le bitcoin aux yeux du marché.

Plateforme d’échange baleine

Les plates-formes d’échange (Binance, Coinbase, Kraken, Bitfinex…) peuvent être qualifiées de baleines par défaut, car elles gèrent des centaines de milliers de BTC dans des wallets consolidés. Ces derniers représentent les dépôts de leurs millions de clients. Elles n’investissent pas pour elles-mêmes.

Leurs soldes fluctuent en fonction des achats et des ventes des clients. Des transferts massifs, depuis ou vers ces adresses, sont scrutés, car ils donnent des signaux sur la direction haussière ou baissière du marché.

Effet Moby Dick

Le bitcoin (BTC) est un actif rare, plafonné à 21 millions d’unités. Cette rareté programmée implique que tout mouvement d’ampleur peut déséquilibrer le marché. Quand les baleines achètent le bitcoin, elles réduisent la liquidité et raréfient l’offre. La demande restant forte, le prix a alors tendance à augmenter.




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La littérature confirme que les mouvements des grandes adresses influencent fortement la dynamique des prix. L’impact d’exécution d’un ordre croît en fonction de sa taille. Un transfert massif modifie le prix de manière significative, même s’il ne correspond pas à une vente effective. Un choc de liquidité lié aux baleines, ou effet Moby Dick, se transmet au reste du marché cryptomonnaies dans les 6 à 24 heures, provoquant à la fois une baisse des prix et une hausse de la volatilité.

En dehors des opérations d’achat et de vente, un simple transfert par une baleine, comme celui du 4 juillet, a un effet psychologique sur le marché. Toute whale alert provoque un vague de panique ou de spéculation chez les investisseurs de taille plus modeste, qui pensent les baleines mieux informées sur l’évolution future du prix.

Influence en déclin

Les données de marchés indiquent l’érosion de l’influence des baleines. En 2012, moins de 2 000 adresses contrôlaient environ 51 % des bitcoins en circulation. En 2021, les 100 premières adresses détenaient près de 13,5 % de l’offre totale.

Là où, dans la première décennie du Bitcoin, quelques dizaines d’adresses pouvaient influencer directement le prix, la détention devient plus diffuse avec la montée en puissance des autres classes d’investisseurs – fish, sharks, crabs, shrimps. Cette dispersion progressive rend la microstructure du marché plus concurrentiel. Les baleines conservent un rôle majeur, mais elles doivent partager leur influence avec un éventail d’investisseurs beaucoup plus large.

Les baleines restent des acteurs majeurs du marché du bitcoin, capables de déclencher en quelques heures des secousses visibles sur le prix et la volatilité. Mais leur pouvoir n’est plus absolu. La détention se disperse et les marchés dérivés élargissent la base des acteurs influents. L’océan du bitcoin devient ainsi plus concurrentiel, même si les baleines ont encore la capacité de déclencher des vagues soudaines.

The Conversation

Jean-Marc Figuet a reçu des financements publics.

ref. Les baleines du Bitcoin : quand les géants financiers font onduler le marché des crytomonnaies – https://theconversation.com/les-baleines-du-bitcoin-quand-les-geants-financiers-font-onduler-le-marche-des-crytomonnaies-264708

Aider les aidants à nommer ce qu’ils vivent : une recherche participative originale avec des linguistes

Source: The Conversation – in French – By Frédéric Pugniere-Saavedra, Maître de conférences en sciences du langage, Université Bretagne Sud (UBS)

Convoquer la linguistique pour évoquer sa fonction d’aidante ou d’aidant – sa place auprès du proche qu’on accompagne, la façon dont on nomme la maladie qui l’affecte, les liens qui nous unissent… –, c’est l’objet d’une recherche participative originale menée par des linguistes auprès d’aidantes de malades d’Alzheimer.


Un projet de recherche émerge parfois à la suite de conversations informelles, de concours de circonstances, de besoins pratiques, de questions ou de problèmes non résolus qui nous tiennent à cœur.

Tel a été le cas d’une recherche sur les aidants de malades diagnostiqués Alzheimer menée par une équipe de linguistes qui, par ce projet, sortent de leurs sujets de prédilection (étudier la langue en elle-même et pour elle-même) pour faire un pas de côté vers des problématiques démographiques et sociales sensibles qui questionnent la prise en charge et la fin de vie.

Près de 9,3 millions d’aidants en France

Au regard du vieillissement de la population, une place de plus en plus grande sera nécessairement accordée au proche aidant pour assurer les activités de la vie quotidienne.

En France, 9,3 millions de personnes déclarent apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Un Français adulte sur six, mais aussi un mineur sur vingt, est concerné (chiffres 2023 de la Drees pour l’année 2021).

Et, selon les projections, en 2030, on comptera 1 Français sur 5 qui accompagnera son proche en situation de dépendance, en raison de son âge, d’une maladie ou d’un handicap. L’aide la plus fréquemment déclarée est le soutien moral, suivi par l’aide dans les actes de la vie quotidienne et enfin l’aide financière.

Quelques chiffres clés pour comprendre qui sont les aidants (Source: Drees, février 2023.)

  • 8,8 millions d’adultes et 0,5 million de mineurs âgés de 5 ans, ou plus, peuvent être qualifiés de proches aidants ;
  • Entre 55 et 65 ans, près d’une personne sur quatre se déclare proche aidant ;
  • Les femmes sont surreprésentées (jusqu’à l’âge de 75 ans) : parmi les adultes, elles sont 56 % à se déclarant proches aidantes.

De la sociologie de la santé à la linguistique

Ce champ de recherche est très majoritairement occupé par la sociologie de la santé pour étudier, par exemple, les questions du partage des tâches à travers le genre, les relations entre le malade, le médecin et l’aidant, etc., les aidants devenant ainsi des acteurs du « soin négocié », ainsi que par les psycho-sociologues qui pensent l’aidance à travers des notions telles que l’épuisement, le fardeau, le burn-out…

Trois faits nous ont convaincus que les linguistes avaient toute leur légitimité pour travailler sur cette problématique :

  • les aidantes et aidants sont exposés à un certain nombre de risques (surmortalité dans les années qui suivent le début de la maladie de leur proche, décès avant leurs aidés…) ;

  • l’aidante ou l’aidant familial assure un travail conséquent, parfois même davantage que ne le ferait une ou un aidant professionnel ;

  • l’aidante ou l’aidant peut concilier activité professionnelle et aide du proche plusieurs heures par jour. Au-delà de deux à trois heures, l’aidante ou l’aidant peut être amené à modifier son organisation personnelle et professionnelle pour passer davantage de temps avec sa ou son proche dépendant.

En tant que linguistes, nous avons souhaité saisir la manière dont les aidants se reconnaissent (ou non) derrière cette désignation, la manière dont ils nomment (ou non) la maladie, les procédés qu’ils mobilisent pour contourner par exemple le terme Alzheimer qui charrie des représentations négatives quand ils accompagnent des proches atteints de cette maladie, les injonctions dont ils font l’objet dans l’espace médiatique, institutionnel, assurantiel…

D’une recherche diachronique à une recherche participative

Méthodologiquement, cette recherche initiée en 2017 consistait à faire des entretiens d’une heure trente tous les six mois pour répondre aux questions de recherche. Nous avons ainsi été amenés à évoquer les situations familiales intimes, certains non-dits entre parents et enfants ou entre conjoints, la maladie et les conséquences qu’elle a causées dans la systémique familiale. Chaque entretien consistait à revenir sur ces points mais également à parler des faits marquants qui se sont produits depuis le dernier entretien.

Peu à peu, des liens de proximité se sont tissés entre le chercheur et l’aidant. Les aidants mettaient le rendez-vous à leur agenda et nous rappelaient quand nous dépassions le délai prévu. Une relation de confiance s’est tissée et les aidants nous ont alors donné accès aux outils qu’ils ont confectionnés pour optimiser leur quotidien et celui de leur proche :

  • agenda où l’aidant consigne à la fois les rendez-vous médicaux, le passage d’aide à domicile, la livraison des repas… mais aussi ses états d’âme, sa charge mentale, les faits marquants de sa journée, ses émotions ;

  • photos et films de famille à Noël où l’on constate, année après année, les effets de l’accélération de la maladie ;

  • différents dispositifs tels que des Post-its de couleurs différentes pour distinguer, dans le réfrigérateur, ce qui doit être consommé au petit-déjeuner, au déjeuner ou au dîner ; pour distinguer les vêtements d’été, d’hiver ou de mi-saison…

  • accès aux conversations sur le groupe WhatsApp de l’aidante qui informe son entourage des signes montrant l’accélération de la maladie de son conjoint.

Face à cette demande croissante de participation à la recherche (en creux dans le discours de certains aidants, et explicite pour d’autres), nous avons fait évoluer le protocole en demandant à un photographe professionnel de travailler avec nous pour capturer, avec la photo ou la vidéo, certains moments de l’aidance et participer ainsi au renouvellement de l’iconographie du grand âge et de l’accompagnement.

Tous ont accepté la démarche et ont permis au professionnel de photographier une part de leur intimité qui a été importante dans leur parcours d’aidant (un objet cher au malade, une pièce de la maison, un dispositif créé par l’aidant, un espace dans le jardin…).

Au-delà de ces prises de vue, d’autres aidants nous ont proposé de modéliser leur expérience, via une carte mentale, qui jalonne les faits marquants de la famille sur une durée de près de dix ans (de 2014 à 2023).

Infographie – États d’âme d’un long parcours d’aidantes

Ce que raconte l’infographie

– De 2014 à 2021 : il s’agit de la confrontation des sœurs (aidantes) de leur mère (aidée) au corps médical avec des discours et émotions (parfois) contradictoires. Elles prennent alors conscience qu’elles deviennent aidantes ;

– Décembre 2021 : entrée en Ehpad de leur mère avec le sentiment de déresponsabilisation alors qu’elles ont une habilitation familiale ;

– Décembre 2023 : l’état de santé de leur mère s’aggrave et remise en cause de certains actes de la prise en charge.

Une approche singulière ?

Rappelons qu’une recherche participative, selon le rapport Houllier, est définie comme « les formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non scientifiques-professionnels, qu’il s’agisse d’individus ou de groupes, participent de façon active et délibérée ».

Les aidantes ont expliqué leur cheminement pour arriver à ce niveau de modélisation.

Décryptage de l’infographie

« On avait noté sur notre agenda des moments de travail, deux dates je crois au moins un mois avant notre rendez-vous et on a surtout travaillé la veille au soir et l’après-midi avant votre arrivée, et quand on a posé ces mots, on a pensé qu’il y avait nécessité d’utiliser des polices et des couleurs différentes. Par exemple, tout ce qui est médical est encadré. » […]

« Quand on a matérialisé des relations par des flèches, c’est qu’on pensait à quelqu’un en particulier, il y avait donc ces émotions positives ou négatives qui apparaissaient, elles sortent du cœur […] donc tous les métiers, on les a rencontrés, expérimentés et puis derrière, on a des gens, des visages. » […]

« Dans le premier graphe, on était dans la découverte de beaucoup de choses qu’on a dû mettre en place, apprendre, comprendre. Aujourd’hui, on est plus dans une routine, dans quelque chose qui s’est installé et on découvre comme dans plein de sujets qu’il faut tout le temps remettre son énergie sur l’ouvrage, tout le temps être vigilant, patient. »

Cette recherche participative a permis de visibiliser les aidants et leur a donné la possibilité, dans une démarche introspective, de réfléchir à ce qu’ils font au quotidien.

D’ailleurs, les sœurs aidantes à l’origine de l’infographie nous ont rapporté :

« Ça nous a ouvert aussi les yeux sur pas mal de choses et d’avoir fait ce bilan dans un sens, ça permet de finir une première étape, de mesurer tout ce qu’on avait parcouru et même si on le savait, c’était bien de repenser à tout cela, on l’aurait sans doute pas fait si vous nous aviez pas demandé de le faire. »

Et pour la linguistique, ce projet montre combien il est enrichissant de travailler sur le rapport entre langage et problématique du vieillissement et de la dépendance.

The Conversation

Cette recherche a bénéficié de l’aide de la CNSA dans le cadre de l’appel à projets « Handicap et perte d’autonomie – session 10 » lancé par l’iresp/Inserm.

ref. Aider les aidants à nommer ce qu’ils vivent : une recherche participative originale avec des linguistes – https://theconversation.com/aider-les-aidants-a-nommer-ce-quils-vivent-une-recherche-participative-originale-avec-des-linguistes-266434

L’opéra au Moyen-Orient, vitrine culturelle et outil de soft power

Source: The Conversation – in French – By Frédéric Lamantia, Docteur en géographie et maître de conférences, UCLy (Lyon Catholic University)

_Zarqa Al Yamama_, le premier grand opéra produit par l’Arabie Saoudite, en avril 2024, à Riyad. Saudi Theatre and Performing Arts Commission

L’opéra, forme artistique et architecturale d’origine européenne, s’est diffusé au Moyen-Orient à partir du XIXe siècle, comme signe de modernité importée, avant de devenir un symbole culturel réinventé et un instrument de rayonnement international. Ce glissement d’un modèle occidental à une acclimatation locale s’opère selon les pays et les initiatives de leurs dirigeants alors que l’opéra, initialement perçu comme un art exogène, se mue progressivement en objet identitaire et diplomatique.


En Égypte, l’Opéra du Caire – plus ancienne implantation lyrique en Afrique et au Moyen-Orient – est inauguré en 1869 avec Rigoletto à l’occasion de l’ouverture du canal de Suez, tandis que, deux ans plus tard, Aïda est commandée à Verdi sur un sujet inspiré de l’Antiquité égyptienne.

Ces deux événements montrent à la fois le désir pour l’Égypte d’accéder à la modernité occidentale et l’influence que peut représenter la culture orientale pour les compositeurs européens. L’incendie de 1971 met un terme à cette aventure jusqu’à la construction dans un style islamique du Nouvel Opéra du Caire en 1988, grâce à un financement offert par le gouvernement japonais.

À partir des années 2010, des initiatives comme Balcony Opera permettent des actions « hors les murs » et mêlant répertoires arabes et occidentaux. Le rayonnement contemporain de chanteurs, comme Farrah El Dibany, alternant œuvres européennes et adaptations en arabe, illustre un va-et-vient entre traditions locales et programmation internationale standardisée.

Ce n’est pas le cas de l’Iran qui offre l’image d’une modernité lyrique interrompue. Depuis la fin du XIXe siècle, la formation d’une scène théâtrale moderne, nourrie des traductions de Molière mais aussi d’influences russes et caucasiennes, s’institutionnalise progressivement jusqu’à l’âge d’or des années 1960–1970 avec la Tehran Opera Company et l’inauguration du Vahdat Hall en 1967. La Révolution islamique de 1979 entraîne l’arrêt des activités lyriques. Depuis 2013, une renaissance partielle semble se dessiner sous la forme d’adaptations en persan d’œuvres importées, témoignant d’une résilience artistique.

Dans le cas d’Israël, l’histoire du lyrique se conjugue avec la construction culturelle nationale comme le montre la programmation, en 1923, de la Traviata, chantée en hébreu à Tel-Aviv, sous l’impulsion du chef d’orchestre et musicologue Mordecai Golinkin. La compagnie Israel Opera fonctionnera par la suite, de 1945 à 1984, avant que le New Israeli Opera s’installe en 1994 dans le Tel-Aviv Performing Arts Center.

La programmation mélange un répertoire international, mais aussi des œuvres abordant des thématiques juives et bibliques commandées à des compositeurs israéliens. Des productions comme The Passenger en 2012, dont l’histoire évoque l’Holocauste, inscrivent la mémoire et l’identité au cœur de l’activité lyrique locale associée à des politiques de médiation menée par Children Opera Hours, Magical Sounds.

Des opéras symboles de pouvoir

La vague d’intérêt pour l’art lyrique qui a touché les pays du Golfe procède d’une autre logique, où l’opéra devient un dispositif de soft power, d’attractivité touristique et d’urbanisme. À Mascate (capitale d’Oman), l’Opéra Royal inauguré en 2011 couronne une stratégie initiée par le sultan Qabous, dès les années 1980, avec la création d’un orchestre symphonique national. Inséré dans un ensemble de 80 000 mètres carrés, incluant jardins, hall d’exposition, galerie d’exposition d’instruments de musique et espaces commerciaux, le site déploie une programmation éclectique qui associe répertoires occidentaux, créations arabes et musiques du monde en coproduction avec de grandes maisons européennes.

À Dubaï, l’ouverture en 2016 d’une salle modulable de 2 000 places, conçue par Janus Rostock, en forme de boutre (un voilier arabe) et implantée dans le quartier Downtown, associe une forte identité architecturale à une flexibilité d’usage. Elle joue aussi le rôle de locomotive pour l’hôtellerie, les commerces et le tourisme événementiel. Cette même logique opère au Qatar ou au Koweit. L’ambition de s’inscrire comme capitale culturelle s’y exprime à travers l’accueil de productions et d’orchestres internationaux.

De son côté, l’Arabie saoudite incarne une accélération singulière de la structuration de son territoire lyrique. Longtemps imperméable à l’opéra du fait de restrictions de nature religieuse (présence de femmes et musique occidentale non autorisées), le royaume s’y ouvre progressivement à partir des années 2010 avant de créer, en 2020, la Theater and Performing Arts Commission dans le cadre de Vision 2030. Son objectif est d’ouvrir le royaume à la modernité en renforçant notamment l’offre destinée aux touristes et aux hommes d’affaires.

En avril 2024, la création de Zarqa Al Yamama, premier grand opéra national de langue arabe, marque une étape symbolique avec le recours à un livret du poète et dramaturge saoudien Saleh Zamanan.

L’intrigue se déroule dans une Arabie préislamique et raconte l’histoire d’une femme extralucide pressentant une attaque d’ennemis, dont la tribu ignore les avertissements. Présentée au Centre culturel Roi Fahd, elle a montré la nécessité de bâtir des équipements spécifiquement conçues pour l’acoustique lyrique, la sonorisation de l’œuvre, riche d’influences musicales arabes, s’étant avérée indispensable dans cette salle de 2 700 places. Le territoire lyrique saoudien s’est progressivement enrichi d’un festival d’opéra, de programmes de collaboration internationale avec la programmation d’œuvres occidentales à Riyad et à Al-Ula tandis que des projets de nouveaux bâtiments sont envisagés à Riyad, à Djeddah ou à Diriyah.

Dans d’autres pays du golfe, la diplomatie culturelle et la patrimonialisation jouent un rôle structurant même sans maison d’opéra. Ainsi, la Jordanie a instauré le premier festival d’opéra du monde arabe à Amman, associant des artistes jordaniens à des partenaires italiens et projetant des créations à Pétra, croisant langues arabe, anglaise et nabatéenne.

Au Liban, le Festival international de Baalbek, fondé en 1956, a produit intégralement en 2025 et pour la première fois une œuvre (Carmen) alors que se profile un projet d’opéra national à Dbayeh, d’abord envisagé avec un soutien omanais puis porté par la Chine. Au-delà des infrastructures, deux figures emblématiques, Fairuz (âgée de 89 ans) et Sabah (disparue en 2014, divas de la musique arabe, façonnent l’imaginaire vocal libanais au-delà des frontières.

Des logiques territoriales différentes

On peut identifier plusieurs processus de territorialisation. Le premier, que l’on pourrait nommer « opéra-modernité » correspond à l’usage de la maison d’opéra comme signal d’entrée dans le modernisme avec un phénomène de patrimonialisation et d’adaptation, à l’image de l’Égypte du XIXe siècle. Le second que l’on pourrait qualifier d’« opéra-vitrine » se déploie surtout dans les pays du Golfe, associé généralement à des objectifs de soft power, de branding territorial, d’attractivité touristique et de requalification urbaine. Dépendant encore de compétences lyriques étrangères, l’enjeu à venir est d’arriver à concilier exposition à l’international et écosystème local et autonome. Le troisième processus reposerait davantage sur des stratégies de médiation et d’ancrage patrimonial.

À ces processus de territorialisation s’adossent des enjeux transversaux. L’intégration au lyrique de la langue comme de la musique arabes est centrale. Promouvoir un opéra en arabe nécessite d’enrichir la dramaturgie par des récits traditionnels, des références musicales – rythme de la poésie, maqâm – en dialogue avec les styles musicaux européens et leurs esthétiques. Les actions menées par Opera for Peace, par l’intermédiaire de ses master class, contribuent à structurer ce capital humain qui s’appuie sur des politiques de démocratisation, d’hybridation et de collaborations, mais aussi des financements pérennes. En outre, l’adossement à des sites patrimoniaux, très efficace pour unir spectacle, tourisme et récit identitaire, requiert des exigences techniques et administratives singulières.

En conclusion, l’art lyrique au Moyen-Orient est bien passé d’un modèle importé à un symbole culturel réinventé. L’opéra et son écosystème composé d’architectures emblématiques, de programmations premium et de festivals fonctionne, même s’il n’attire pas encore un public local conséquent. Si certains pays ont la capacité de financer seuls le déploiement de ce symbole de prestige, on note qu’après le Japon, la Chine investit désormais dans l’aide à la construction de maisons d’opéra dans cette région. Reste à savoir si la forme artistique pourra s’affranchir de son image de seule vitrine pour participer à la fabrique de récits, où l’arabe chanté, la musique traditionnelle et la mémoire des lieux contribueront à créer une modernité régionale à travers un processus de patrimonialisation propre à ces territoires.

The Conversation

Frédéric Lamantia ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. L’opéra au Moyen-Orient, vitrine culturelle et outil de soft power – https://theconversation.com/lopera-au-moyen-orient-vitrine-culturelle-et-outil-de-soft-power-265314

Quelles priorités pour le progrès social dans un environnement économique contraint

Source: The Conversation – in French – By Fabien Tripier, Professeur d’économie, Université Paris Dauphine – PSL

Proposer un progrès social crédible exige de tenir compte des contraintes actuelles : faiblesse de la productivité, nécessité de stabiliser la dette publique, concurrence fiscale internationale. Cela suppose de hiérarchiser les priorités en privilégiant la croissance par l’emploi et en réorientant les arbitrages budgétaires vers les services publics.


Les responsables politiques doivent donner des perspectives de progrès social pour répondre aux attentes des citoyens. Pour proposer des orientations crédibles, ces perspectives doivent tenir compte des contraintes économiques auxquelles la France fait actuellement face : la faiblesse des gains de productivité, la nécessité de stabiliser la dette publique et la concurrence fiscale internationale. Cela suppose de renoncer, au moins temporairement, à certains objectifs et d’accepter de hiérarchiser les priorités. À l’horizon de cinq années, les orientations à privilégier sont la croissance économique et la priorisation des services publics dans les arbitrages budgétaires.

En attendant la décroissance

La France a besoin de croissance économique. La décroissance, entendue comme une diminution de la production des biens et services et des revenus distribués, peut être une forme de progrès social, certainement la plus efficace pour la préservation de l’environnement. Accompagnée par un changement culturel sur la place de la consommation dans nos vies, elle pourrait se faire sans dégradation de la qualité de vie. Toutefois, la société ne semble pas prête aujourd’hui à suivre ce chemin.




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Peut-on à la fois réduire la dette, ne pas entraver la croissance et lutter contre les inégalités ?


Au niveau individuel, le pouvoir d’achat est l’une des priorités exprimées par les Français. Au niveau collectif, les besoins d’investissement sont massifs : pour l’adaptation au changement climatique, comme cela a été documenté dans le rapport Pisani-Ferry et Mahfouz, mais aussi la préservation de la souveraineté militaire dans le nouveau contexte géopolitique. Satisfaire ces deux niveaux nécessite la production de biens et services qu’apporte la croissance économique.

Cette croissance ne peut pas se réaliser en travaillant moins. La baisse du temps de travail est incontestablement un objectif majeur du progrès social. Mais la limite essentielle, pour aller dans cette direction, est la faiblesse des gains de productivité actuels. Si la productivité n’augmente pas, travailler moins signifie produire moins, ce qui ne permettrait pas d’atteindre les objectifs individuels et collectifs.

La France décroche

Or, l’Europe connaît actuellement un décrochage des gains de productivité par rapport aux États-Unis particulièrement marqué en France. Depuis la crise Covid, les États-Unis ont connu une croissance de la productivité du travail de 5 % entre 2019 et 2024, la zone euro (hors France) a retrouvé en 2024 son niveau de productivité de 2019 alors que la France a connu une perte de productivité de 4,5 %.

Des gains de productivité peuvent être créés par des investissements dans l’éducation et l’innovation, mais même si ces investissements étaient réalisés dès aujourd’hui, il faudrait plusieurs années pour qu’ils se concrétisent. À l’horizon de cinq années, la diminution du travail – durée légale ou âge de la retraite – ne peut pas être la priorité. Cette conclusion est importante pour concentrer l’effort des politiques économiques sur l’accès du plus grand nombre à des emplois de qualité.

Trois crises en 15 ans

La contrainte extérieure est souvent invoquée pour justifier la réduction du déficit public. Mais cette réduction doit avant tout être défendue par ceux qui veulent préserver des marges de manœuvre pour l’action publique.

La France a connu une période de relative stabilité entre 1980 et 2008. Après une décennie de crises liées aux chocs pétroliers, nous avons bénéficié de vingt-cinq années sans crises majeures. Ce temps semble révolu. En quinze années seulement, l’économie française a été impactée par trois crises internationales majeures : financière (2008-2009), sanitaire (2020) et énergétique (2021-2022). À chaque fois, l’État a joué son rôle d’amortisseur, absorbant par un surcroît de dette publique une partie des conséquences pour limiter le coût pour les ménages et entreprises. Par exemple, lors de la crise énergétique, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire certes coûteux pour les finances publiques, mais qui a permis de protéger les entreprises et les ménages de la hausse des prix de l’énergie et ainsi de soutenir la croissance et contenir l’inflation, comme nous le montrons dans un article à paraître (1).

Le vrai risque n’est pas une crise de dette souveraine à la grecque, mais l’incapacité d’agir lors de la prochaine crise économique. Le contexte international incertain doit inciter à reconstituer des marges budgétaires en réduisant le déficit public, pour que l’État préserve sa possibilité d’action future.

De l’urgence de choisir

Pour réduire le déficit, il faut affronter la difficile question du choix des dépenses à privilégier. Plusieurs solutions avancées visent à contourner cette question. La première solution, de facilité, invoque des dépenses « inutiles » à supprimer : agences d’État, réorganisations administratives. Ces économies,rarement chiffrées, sont d’une ampleur limitée face aux sommes nécessaires pour réduire durablement le déficit. La seconde solution, plus sérieuse, consiste à augmenter les prélèvements obligatoires, par exemple, par la mise en place d’une taxation sur les très grandes fortunes.

France 24 – 2025.

La réduction des inégalités est un objectif du progrès social. Il est tentant de concilier les deux objectifs : réduire le déficit en taxant le patrimoine des plus fortunés. Trois points sont à souligner. Premièrement, la France dispose déjà d’un puissant mécanisme de redistribution des 43 % des ménages les plus favorisés vers les 57 % les moins favorisés en tenant compte des transferts monétaires et en services publics. Elle affiche ainsi des inégalités plus faibles qu’ailleurs et qui progressent moins.

Un pari risqué

Deuxièmement, la mondialisation financière permet aux plus riches d’échapper à l’impôt par l’optimisation fiscale. Cette injustice rend le système fiscal régressif pour le 1 % des plus fortunés, tandis que les revenus du travail ont moins de possibilités d’évasion que ceux du capital. L’échelon international, ou du moins européen est pertinent pour résoudre ce problème. La France peut jouer un rôle moteur, mais ne devrait pas agir seule.

Troisièmement, bâtir une stratégie de réduction du déficit sur la seule taxation des grandes fortunes est insuffisant et risqué. Les estimations les plus favorables conduisent à vingt milliards d’euros de recettes supplémentaires, soit la moitié de l’effort nécessaire. Ces estimations comportent une marge d’incertitude importante pour des impôts nouveaux. La réaction prévisible des consommateurs à une hausse de TVA, est mieux connue que celle des grandes fortunes à un nouvel impôt sur leur patrimoine. Agir uniquement sur cette source fiscale serait un pari risqué.

Changer les priorités

Il faut donc accepter de devoir choisir parmi des dépenses qui ont toutes leur utilité et leur légitimité. Au vu des arbitrages récents, il convient d’inverser les priorités. Les décisions budgétaires ont protégé le pouvoir d’achat des retraités par exemple via l’indexation des pensions sur l’inflation, au détriment des autres dépenses publiques. Les retraités ne sont pas une catégorie économique homogène. Comme le reste de la population, elle est marquée par de fortes inégalités de revenus et de patrimoine. Il faut certes protéger les plus fragiles, qu’ils soient actifs ou retraités, mais au-delà, compte tenu des contraintes économiques, réallouer des dépenses des pensions de retraite vers les services publics présente une efficacité macroéconomique.

La priorité politique donnée à la préservation du pouvoir d’achat des retraités au cours des dernières années s’est traduite par un surcroît d’épargne dommageable à l’activité économique, pénalisée par la faiblesse de la consommation des ménages. Un euro de services publics soutient au contraire directement la demande à court terme et a un effet multiplicateur d’activité plus important que les dépenses en pensions de retraite.

Hiérarchiser les priorités

Investir dans l’éducation, la santé et la transition énergétique peut également être bénéfique à moyen terme par ses effets sur la productivité. Ces services publics sont aussi précieux pour la redistribution. Les travaux de l’Insee sur les comptes nationaux distribués montrent l’importance des transferts en nature dans le système français. Ne pas investir dans l’éducation et la santé dégraderait la qualité de ces services publics avec un risque d’amplification des inégalités, les ménages favorisés se tournant vers l’offre privée de ces services.

Accepter de hiérarchiser les priorités du progrès social, en raison de ces contraintes de court terme, ne signifie pas qu’il ne faille pas s’engager dans des projets visant à s’en libérer à long terme. À nouveau, plusieurs options sont possibles. La priorité est-elle de retrouver des gains de productivité, de changer le modèle de consommation ou de porter au niveau européen des projets d’harmonisation fiscale et de financements européens des dépenses publiques d’intérêt commun ?

Le débat est ouvert, le point essentiel est que les responsables politiques donnent des perspectives de progrès social intégrant ces différents horizons, les contraintes de court terme et les perspectives de long terme, pour répondre de manière crédible et cohérente aux attentes des citoyens.


(1) Langot, F., S. Malmberg, F. Tripier. & J.O. Hairault, 2025. The Macroeconomic and Redistributive Effects of the French Tariff Shield, Journal of Political Economy Macroeconomics, à paraître.

The Conversation

Fabien Tripier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Quelles priorités pour le progrès social dans un environnement économique contraint – https://theconversation.com/quelles-priorites-pour-le-progres-social-dans-un-environnement-economique-contraint-266257

How the government shutdown is hitting the health care system – and what the battle over ACA subsidies means

Source: The Conversation – USA (3) – By Simon F. Haeder, Associate Professor of Public Health, The Ohio State University

Democrats demanded that Republicans negotiate with them on ACA subsidies and Medicaid cuts. Kevin Dietsch/Getty Images News

Major rifts over key health care issues are at the heart of the federal government shutdown that began at the stroke of midnight on Oct. 1, 2025.

This is not the first time political arguments over health care policy have instigated a government shutdown. In 2013, for example, the government shut down due to disputes over the Affordable Care Act.

This time around, the ACA continues to play a central role, with Democrats demanding, among other things, an extension of subsidies for ACA plan insurance premiums that are set to expire at the end of 2025. Democrats are also holding out to roll back cuts to the Medicaid program that President Donald Trump signed into law on July 4, as part of what he called his “One Big Beautiful Bill.”

Without a budget agreement in place, Trump ordered most federal agencies to wind down their nonessential activities. The shutdown will continue until Congress passes either a short-term or long-term funding bill and Trump signs it.

Government shutdowns are nothing new, but as a health policy expert, I worry this time around the impasse may have far-reaching effects on health care.

Even as Democrats stage their battle over access to health care, the shutdown itself could also make it harder for Americans to get the care they need. Meanwhile, Trump has threatened to use the crisis to permanently cut federal jobs on a mass scale, including ones in the health care sector, which could substantially reshape federal health agencies and their ability to protect Americans’ health.

The partisan health care divide

Historically, questions about how the government should support access to health care have long been a source of conflict between the two main political parties. The passage of the ACA in 2010 and its implementation have only intensified this friction.

In the lead-up to the current shutdown, Republicans needed Democratic votes in the Senate to pass a bill that would keep funding the government at existing levels at least until November.

In return for their support, Democrats sought several concessions. A major one was to extend subsidies for ACA insurance policy premiums, which were established during the COVID-19 pandemic. These subsidies addressed a shortcoming in the ACA by decreasing premiums for millions of Americans – and they played a crucial role in more than doubling enrollment in the ACA marketplaces.

Without this extension, ACA premiums are set to rise by more than 75% in 2026, and the Congressional Budget Office estimated that 4.2 million Americans would lose insurance. At least some Republicans seemed open to considering the ACA subsidies, particularly those from districts that were more moderate and that had large numbers of people enrolled in ACA plans. But many have objected to doing that as part of the budget process.

Democrats are also pushing to renegotiate some of the changes made to Medicaid in the budget bill. These include new work requirements that are a cornerstone of Republican demands, under which certain adults would have to work or engage in qualifying activities to maintain Medicaid benefits. Work requirements are set to take effect in 2027, but implementing them would lead to an estimated 5 million people losing their health insurance coverage.

ACA subsidies are a major bone of contention in the standoff between Democrats and Republicans.

Most contentiously, these rollbacks to Medicaid cuts would reverse restrictions that made immigrants who are generally present in the country legally, such as refugees and asylum-seekers, ineligible for Medicaid and ACA coverage. These restrictions, which were included in the budget bill, could lead to the loss of insurance for about 1.4 million lawfully present immigrants, the Congressional Budget Office has estimated.

Republicans have balked at these demands, taking particular issue with the prospect of restoring Medicaid benefits to immigrants. Some Republicans – and Trump himself – have misconstrued the Democrats’ position, saying they are seeking free health care for immigrants in the country illegally.

What kinds of health services might be affected?

Most obviously, large-scale staff reductions would interfere with a wide range of health-related services not considered essential during the shutdown. This includes everything from surveying and certifying nursing homes to assisting Medicaid and Medicare beneficiaries and overseeing contracts or extra payments to rural ambulance providers.

Protesters on September 30, 2025, at a rally against cuts to health care
If the shutdown becomes protracted, health care services may be affected.
Tasos Katopodis/Getty Images Entertainment

Some seniors may face an immediate impact as two programs have now lost funding without a new budget in place. One expanded access for seniors to telehealth services. The other allowed people to receive services at home that are generally provided in a hospital.

Crucially, most seniors will continue to receive Social Security payments. However, providers might be hesitant to schedule patients covered by Medicare if the shutdown drags on over a long period of time. This is because payments to medical providers would likely be delayed.

What health services will continue to function?

The Centers for Medicare and Medicaid Services has indicated that there is enough funding for Medicaid, the government program that primarily provides health services to low-income Americans, to support the program through the end of the calendar year. If the shutdown lasts beyond that, states may have to decide whether to temporarily fund the program on their own or whether to reduce or delay provider payments. However, no previous shutdown has ever lasted more than 34 days.

Community health centers are generally expected to receive some funding, at least for now. These providers offer nonemergency medical services for about 34 million Americans each year. Many also provide important services across the nation’s schools. However, if the standoff continues for more than a few days, those centers may struggle to keep their doors open.

Health and Human Services has also indicated that it will use all available funding to maintain “minimal readiness for all hazards” and will maintain certain medical services, such as the Indian Health Service. The Veterans Health Administration will also stay open. One of the agencies most affected by previous layoffs, the Food and Drug Administration, has indicated that it would be exempt from further cuts.

A longer-term view

Ultimately, the severity of the shutdown’s effects on health care will depend on how long it lasts.

It will also depend on whether Trump makes good on his stated intention to use the shutdown as “an unprecedented opportunity” to reshape the federal bureaucracy. The White House announced plans for potential mass firings of workers, particularly those at “Democrat Agencies.”

Whether this threat is simply a bargaining tactic remains to be seen, and it’s unclear whether health-related workers and agencies are in the crosshairs. But given that previous layoffs specifically targeted health programs, more permanent reductions in programs that affect health care may be on the way.

The Conversation

Simon F. Haeder does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. How the government shutdown is hitting the health care system – and what the battle over ACA subsidies means – https://theconversation.com/how-the-government-shutdown-is-hitting-the-health-care-system-and-what-the-battle-over-aca-subsidies-means-266565

Commuters have bemoaned Philly’s public transit for decades − in 1967, a librarian got the city to listen

Source: The Conversation – USA – By Menika Dirkson, Associate Professor of History, Morgan State University

A SEPTA train moves along the Market-Frankford Line in West Philadelphia. AP Photo/Matt Rourke

On April 13, 1967, around 1:30 p.m., Lt. Joseph Larkin of the Philadelphia Police Department’s subway unit visited the Philadelphia High School for Girls to interview the school’s librarian, 61-year-old Miriam S. Axelrod.

Axelrod had written a letter to Mayor James H.J. Tate about poor conditions on Philadelphia’s Broad Street Line subway. In her letter, she stated that the escalators in the subway concourse of the Walnut-Locust station were out of operation for several weeks and requested that they “be put in running order.”

Axelrod also asked that “something be done” about people using the subway stairs “as a latrine.”

As a historian of post-1968 Philadelphia, a proud alumna of Girls’ High and a rider of Philadelphia’s mass transit, Southeastern Pennsylvania Transportation Authority – more commonly known as SEPTA – I was thrilled to find Axelrod’s story among 1960s administrative reports to the police commissioner in the city archives.

Axelrod’s story reminds us that for nearly a century, Philadelphia’s mass transit has been plagued by poor conditions and unstable funding. Commuters’ complaints have often convinced government officials to act. However, no effective plan has ever been implemented to definitively solve the city’s transit crises.

SEPTA’s current turmoil

On Sept. 15, 2025, SEPTA fully restored its service, by court order, after implementing 20% service reductions and a 21.5% fare increase due to a US$213 million budget deficit.

Service cuts began on Aug. 24, just one day before public school students returned to classrooms. This left kids, seniors and people from nonwhite, working-class communities with few alternative routes. Riders faced lengthy travel times or were even stranded on their daily commute.

Passengers board a red, white and blue city bus
Passengers at Olney Transportation Center in North Philadelphia board a SEPTA bus on Aug. 25, 2025, a day after major service cuts went into effect.
AP Photo/Matt Rourke

Over 600,000 people travel on SEPTA’s 172 routes each day. For weeks, state legislators could not agree on how to fund SEPTA within the state budget. City officials, transit executives and tourism experts advocated for a bailout because Pennsylvania will reap tax revenue when Philly hosts millions of tourists in 2026 for America’s 250th birthday, the FIFA World Cup and the Major League Baseball All-Star Game.

Ultimately, Gov. Josh Shapiro authorized the use of the Pennsylvania Department of Transportation’s capital funds to finance SEPTA’s operations through June 2027.

Some lawmakers have argued that SEPTA is guilty of mismanaging funds, since the agency already received over $1 billion in state subsidies last year for operating assistance and asset improvement.

Public transport in the 1920s

As a longtime Philadelphian who lived in Center City, Miriam Axelrod was familiar with the strengths and shortcomings of public transportation.

At the age of 4, her family emigrated from Russia to Carmel, New Jersey. By 1920, they made Philadelphia their home just as the city’s Russian community became the largest immigrant group due to Jewish people escaping pogroms in Europe. Axelrod grew up living in South and North Philadelphia.

At that time, dozens of private transit companies operated in Philly.

Southern Penn operated city buses. Red Arrow provided suburban trolley service. Pennsylvania and Reading railroads offered high-speed rail lines. The Philadelphia Rapid Transit Co. alone brokered deals with 64 underlying companies to annually rent their services under 999-year leases. Fiscal responsibility for quality transportation was complicated and often dependent on public funding.

During PRT’s early years, it paid the city $15,000 annually for snow removal. In return, the city spent $2 million for street paving and bridge repairs.

By 1922, the PRT and the city had built and unified two elevated train routes – with assistance from the Union Traction Co. and the Market Street Elevated Passenger Railway Co. – to create the Market-Frankford Elevated Train Line.

A page from a high school yearbook with photos of three young women
Classmates at William Penn remembered Miriam Axelrod’s ‘remarkable capacity for starting arguments.’
Ancestry.com, U.S. School Yearbooks, 1900-2016

That was the same year Axelrod graduated from William Penn High School for Girls. Her classmates keenly noted in their yearbook that she had a “remarkable capacity for starting arguments” in which “any debatable subject will do.”

Six years later, the first segment of the Broad Street Subway traveling from Olney Station in North Philadelphia to City Hall opened to the public. Unlike the bus, trolley and railways systems, the city owned the El, short for elevated, line and subway. The city leased both systems to PRT and made the transit company responsible for their maintenance.

Sepia-toned photo of busy street in a commercial area of a city circa 1930s
Buses and trolley cars drive down Market Street in Philadelphia in the 1930s.
Charles Phelps Cushing/ClassicStock via Getty Images

The Depression years

Philadelphia first witnessed underfunded mass transit during the Great Depression.

In 1934, PRT faced a budget deficit when it was unable to pay the $7.1 million annual rentals to the underliers. PRT later went to court to request a consolidation plan. To make matters worse, PRT had spent approximately $230 million from 1902 through 1939, but that didn’t include spending to modernize old transit equipment.

On Jan. 1, 1940, the Philadelphia Transportation Co., a private company with a 21-member board of directors that included five city representatives including the mayor, Robert E. Lamberton, merged the transit companies and took over PRT’s operations. PTC became responsible for 10,000 employees and providing transportation for 2 million passengers a day.

PTC also acquired extensive financial responsibilities. Payroll expenses cost $327,000 each week. The annual rate for leasing the subway and El was roughly $3 million. PTC had to provide its 25,000 bondholders an annual income of at least $959,207 while also fulfilling its promise to offer modern transit vehicles.

Overcrowding and frequent fare increases

During the 1940s through the 1960s, Axelrod took public transportation to her job as a librarian at Central High School and later Frankford High School.

Meanwhile, PTC made good on its promise to provide better transit service. In its first eight years of operation, PTC spent $22.8 million to purchase 1,506 new streetcars, buses and trackless trolleys while also improving terminal and plant facilities. The company even purchased advertisements in The Philadelphia Inquirer to highlight its achievements. PTC extended 38 existing routes and created 18 new routes that serviced old residential and industrial areas, along with newly developed neighborhoods.

By 1949, however, many of PTC’s 3.2 million daily riders were complaining about overcrowded subways, the end of free exchanges between popular routes and frequent fare increases.

Black and white photo of men and women, some reading newspapers, in a subway car
Passengers ride a subway car in Philadelphia on Feb. 15, 1946.
AP Photo

Both PTC and the city faced scrutiny for these issues, although each party had distinct transit obligations outlined in their joint contract. PTC had to provide “safe and adequate service” that included spending on maintenance and replacement of transit equipment. The city was responsible for police and fire services on mass transit along with auditing PTC’s records. Both parties had to agree on fare changes under the state Public Utility Commission’s supervision.

Nevertheless, when issues on mass transit occurred, the city could persuade PTC to improve conditions, but the city was only required to offer emergency services to commuters.

When Larkin personally addressed Axelrod’s 1967 complaint about the subway, he informed her that the United Elevator Co. was repairing the escalators. He also assured her that the subway unit arrested 45 to 50 intoxicated people each month because they were at risk of falling onto the subway tracks. In “isolated cases,” Larkin explained, police arrested people for public urination and defecation.

Larkin reassured Axelrod that PTC could keep subway conditions clean and under control. In reality, PTC was underwater in responsibilities and debt.

On Sept. 30, 1968, SEPTA, a state agency formed five years earlier, took over PTC and managed transportation for the city and its surrounding areas. SEPTA bought PTC for approximately $47.9 million, settling the company’s debt, accepting its pension liability and buying out the institution’s roughly 1.7 million shareholders. Now federal and state funding rather than fare revenue largely determined the quality of the city’s public transit.

Decades of unpredictable funding

Since the 1960s, annual government funding to SEPTA has been unpredictable. White flight, deindustrialization and job flight have contributed to depopulation, a declining tax base and government defunding of social programs in Philadelphia. These socioeconomic shifts continue to affect Philadelphia’s budget for education, public housing and recreation as well as SEPTA’s $2.743 billion budget as a public transit agency.

Five counties in Greater Philadelphia contribute subsidies to SEPTA in exchange for transit service. Philadelphia alone contributes $110 million. State subsidies also help finance SEPTA’s $1.74 billion operating budget, while federal subsidies support SEPTA’s $1 billion capital budget to pay for major repairs and new equipment. State politicians annually vote on funding for SEPTA, but there has not been a concrete solution to the funding crisis.

For years, politicians have proposed using county sales and gas taxes along with business licensing fees to fund mass transit, without success. Additionally, since 2008 rising rates of car ownership have also led to fewer commuters and reduced fare revenues for SEPTA.

However, Philadelphians never ceased to demand better transit service. During the 1980s, the Pennsylvania Public Interest Coalition established the Transit Riders Action Campaign, also known as TRAC, which advocated that SEPTA have better safety, funding, accountability, service and stable fares. The Transport Workers Union Local 234 advised TRAC, while several organizations partnered with them: the Action Alliance of Senior Citizens, the Clean Air Council, Disabled in Action and the Delaware Valley Interfaith Coalition.

Even today, local groups such as Save the Train with outspoken commuters – like Axelrod was in her day – have launched campaigns to halt service cutbacks and encourage residents to write and telephone legislators who can vote to fund SEPTA. Residents have consistently united to advocate for quality mass transit. All that remains is an agreement among lawmakers to make it possible.

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The Conversation

Menika Dirkson does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Commuters have bemoaned Philly’s public transit for decades − in 1967, a librarian got the city to listen – https://theconversation.com/commuters-have-bemoaned-phillys-public-transit-for-decades-in-1967-a-librarian-got-the-city-to-listen-264860

Qu’est-ce que l’espace-temps, exactement ?

Source: The Conversation – in French – By Daryl Janzen, Observatory Manager and Instructor, Astronomy, University of Saskatchewan

Peu d’idées dans la science moderne ont autant bouleversé notre compréhension de la réalité que l’espace-temps, cette trame entrelacée d’espace et de temps qui est au cœur de la théorie de la relativité d’Albert Einstein. L’espace-temps est souvent décrit comme le « tissu de la réalité ».

Dans certains récits, cette trame est qualifiée d’« univers-bloc » fixe et quadridimensionnel, une carte complète de tous les événements, passés, présents et futurs. Dans d’autres, il s’agit d’un champ dynamique qui se courbe et se déforme en réponse à la gravité.

Mais que signifie réellement dire que l’espace-temps existe ? De quel type de chose s’agit-il ? L’espace-temps est-il une structure, une substance ou une métaphore ?

Le cœur de la physique moderne

Ces questions ne sont pas seulement philosophiques. Elles sont au cœur de notre interprétation de la physique moderne et façonnent discrètement de multiples enjeux, de notre compréhension de la relativité générale à notre conception du voyage dans le temps, et jusqu’aux multivers et à nos origines.

Ces questions éclairent l’émergence de l’espace-temps lui-même et de nouvelles propositions radicales qui le traitent comme la mémoire de l’univers. Et pourtant, le langage que nous utilisons pour décrire l’espace-temps est souvent vague, métaphorique et profondément incohérent.

Le philosophe austro-britannique Ludwig Wittgenstein a un jour averti que les problèmes philosophiques surgissent lorsque « le langage part en vacances ». Il s’avère que la physique en est peut-être un bon exemple.

Au cours du siècle dernier, des mots usuels tels que « temps », « exister » et « intemporel » ont été réutilisés dans des contextes techniques sans que l’on examine le sens qu’ils ont dans le langage courant.

Cela a conduit à une confusion généralisée quant à la signification réelle de ces termes.

Le problème du langage

En philosophie de la physique, en particulier dans une approche connue sous le nom d’éternalisme, le mot « intemporel » est utilisé au sens littéral. L’éternalisme est l’idée que le temps ne s’écoule pas et ne passe pas, que tous les événements à travers le temps sont également réels dans une structure à quatre dimensions connue sous le nom d’« univers-bloc ».

rangées de blocs
L’éternalisme considère que tout existe de manière atemporelle et simultanée.
(Rick Rothenberg/Unsplash), CC BY

Selon cette vision, toute l’histoire de l’univers est déjà écrite, de manière intemporelle, dans la structure de l’espace-temps. Dans ce contexte, « intemporel » signifie que l’univers lui-même ne perdure ni ne se déploie dans un sens réel. Il n’y a pas de devenir. Il n’y a pas de changement. Il n’y a qu’un bloc, et toute l’éternité existe de manière intemporelle à l’intérieur de celui-ci.

Mais cela conduit à un problème plus profond. Si tout ce qui se produit à travers l’éternité est également réel, et que tous les événements sont déjà là, que signifie réellement le fait que l’espace-temps existe ?

Un éléphant dans la pièce

Il existe une différence structurelle entre l’existence et l’occurrence. L’une est un mode d’être, l’autre, un mode d’arriver.

Imaginez qu’un éléphant se tienne à côté de vous. Vous diriez probablement : « Cet éléphant existe. » Vous pourriez le décrire comme un objet tridimensionnel, mais surtout, c’est un « objet tridimensionnel qui existe ».

En revanche, imaginez un éléphant purement tridimensionnel qui apparaît dans la pièce pendant un instant : un moment transversal dans la vie d’un éléphant existant, apparaissant et disparaissant comme un fantôme. Cet éléphant n’existe pas vraiment au sens ordinaire du terme. Il se produit. Il apparaît.

Un éléphant existant perdure dans le temps, et l’espace-temps catalogue chaque instant de son existence sous la forme d’une ligne mondiale en quatre dimensions – le parcours d’un objet dans l’espace et le temps tout au long de son existence. L’« éléphant qui apparaît » imaginaire n’est qu’une tranche spatiale du tube, un instant en trois dimensions.

Appliquons maintenant cette distinction à l’espace-temps lui-même. Que signifie l’existence d’un espace-temps à quatre dimensions au sens où l’éléphant existe ? L’espace-temps perdure-t-il dans le même sens ? L’espace-temps a-t-il son propre ensemble de moments « présents » ? Ou bien l’espace-temps – l’ensemble de tous les événements qui se produisent à travers l’éternité – est-il simplement quelque chose qui se produit ? L’espace-temps est-il simplement un cadre descriptif permettant de relier ces événements ?


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L’éternalisme brouille cette distinction. Il traite toute l’éternité – c’est-à-dire tout l’espace-temps – comme une structure existante, et considère le passage du temps comme une illusion. Mais cette illusion est impossible si tout l’espace-temps se produit en un clin d’œil.

Pour retrouver l’illusion que le temps passe dans ce cadre, l’espace-temps à quatre dimensions doit exister d’une manière plus proche de l’éléphant à trois dimensions existant, dont l’existence est décrite par l’espace-temps à une dimension.

Chaque événement

Poussons cette réflexion un peu plus loin.

Si nous imaginons que chaque événement de l’histoire de l’univers « existe » dans l’univers-bloc, alors nous pourrions nous demander : quand le bloc lui-même existe-t-il ? S’il ne se déroule pas et ne change pas, existe-t-il hors du temps ? Si tel est le cas, alors nous ajoutons une autre dimension temporelle à quelque chose qui est censé être intemporel au sens littéral.

Pour donner un sens à cela, nous pourrions construire un cadre à cinq dimensions, en utilisant trois dimensions spatiales et deux dimensions temporelles. Le deuxième axe temporel nous permettrait de dire que l’espace-temps à quatre dimensions existe exactement de la même manière que nous considérons généralement qu’un éléphant dans une pièce existe dans les trois dimensions spatiales qui nous entourent, les événements que nous classons comme espace-temps à quatre dimensions.

À ce stade, nous sortons du cadre de la physique établie, qui décrit l’espace-temps à travers quatre dimensions seulement. Mais cela révèle un problème profond : nous n’avons aucun moyen cohérent de parler de ce que signifie l’existence de l’espace-temps sans réintroduire accidentellement le temps à travers une dimension supplémentaire qui ne fait pas partie de la physique.

C’est comme essayer de décrire une chanson qui existe à un moment donné, sans être jouée, entendue ou dévoilée.

De la physique à la fiction

Cette confusion façonne notre conception du temps dans la fiction et la science populaire.

Dans le film de James Cameron de 1984, The Terminator, tous les événements sont considérés comme fixes. Le voyage dans le temps est possible, mais la chronologie ne peut être modifiée. Tout existe déjà dans un état fixe et intemporel.

Dans le quatrième film de la franchise Avengers, Avengers : Endgame (2019), le voyage dans le temps permet aux personnages de modifier les événements passés et de remodeler la ligne temporelle, suggérant un univers en bloc qui existe et change à la fois.

Ce changement ne peut se produire que si la ligne temporelle à quatre dimensions existe de la même manière que notre monde à trois dimensions.

Mais indépendamment de la possibilité d’un tel changement, les deux scénarios supposent que le passé et l’avenir sont là et prêts à être parcourus. Cependant, aucun des deux ne s’intéresse à la nature de l’existence que cela implique, ni à la manière dont l’espace-temps diffère d’une carte des événements.

Comprendre la réalité

Lorsque les physiciens affirment que l’espace-temps « existe », ils travaillent souvent dans un cadre qui a discrètement brouillé la frontière entre existence et occurrence. Il en résulte un modèle métaphysique qui, au mieux, manque de clarté et, au pire, obscurcit la nature même de la réalité.

Rien de tout cela ne remet en cause la théorie mathématique de la relativité ou la science empirique qui la confirme. Les équations d’Einstein fonctionnent toujours. Mais la manière dont nous interprétons ces équations est importante, en particulier lorsqu’elle influence la façon dont nous parlons de la réalité et dont nous abordons les problèmes plus profonds de la physique.

Ces compréhensions incluent des tentatives de réconciliation de la relativité générale avec la théorie quantique – un défi exploré à la fois dans la philosophie et les débats scientifiques populaires.

Définir l’espace-temps est plus qu’un débat technique : il s’agit de déterminer dans quel type de monde nous pensons vivre.

La Conversation Canada

Daryl Janzen ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Qu’est-ce que l’espace-temps, exactement ? – https://theconversation.com/quest-ce-que-lespace-temps-exactement-264101

Deepfakes et élections en Afrique : la prochaine grande menace démocratique ?

Source: The Conversation – in French – By Fabrice Lollia, Docteur en sciences de l’information et de la communication, chercheur associé laboratoire DICEN Ile de France, Université Gustave Eiffel

Les élections africaines, déjà marquées par des tensions récurrentes autour de la transparence et de la désinformation, pourraient bientôt entrer dans une nouvelle ère, celle des deepfakes. Ces vidéos et audios générés par intelligence artificielle, capables d’imiter la voix, le visage et les gestes d’une personne avec un réalisme troublant, déplacent la frontière de la manipulation politique.

S’ils prêtent parfois à sourire lorsqu’ils mettent en scène des célébrités dans des détournements humoristiques, leur usage en période électorale représente une menace sérieuse pour la stabilité démocratique. Aux États-Unis, en Inde ou encore en Slovaquie, les deepfakes ont déjà été mobilisés pour influencer l’opinion publique. La question centrale est donc très simple : l’Afrique est-elle prête à affronter ce nouvel outil de manipulation électorale ?

Chercheur en sciences de l’information et de la communication, j’étudie la circulation de l’information, la désinformation et les vulnérabilités communicationnelles en contexte de crise. L’émergence des deepfakes illustre ces tensions. En Afrique, où la jeunesse hyperconnectée domine l’électorat mais où la culture numérique reste inégale, le risque est particulièrement élevé. J’en propose ici une lecture info-communicationnelle appliquée aux élections africaines

Des précédents inquiétants à l’échelle mondiale

Les deepfakes ne sont plus une hypothèse futuriste. Ils ont déjà marqué des épisodes électoraux clés, offrant des leçons pour les pays africains.
En 2023, en Slovaquie, quelques jours avant les législatives, un deepfake audio circulant sur Facebook et Telegram attribuait à Michal Simecka, chef du parti pro-occidental progressiste slovaque, une conversation où il planifiait de ruser le scrutin. Ce contenu a semé le doute au profit du camp populiste de Robert Fico. Il s’agit du premier cas documenté en Europe où un deepfake aurait pesé sur un scrutin national.

En 2024 aux États unis lors de la primaire démocrate du New Hampshire, des électeurs reçurent un appel téléphonique deepfake imitant la voix de Joe Biden et incident à l’abstention. Ce qui illustre l’usage des deepfakes pour dissuader la participation électorale, ce qui constitue une attaque frontale contre la démocratie.

En 2024 en Inde, les élections générales de 2024 ont été marquées par une explosion de deepfakes. Ces vidéos et sons générés par intelligence artificielle (IA) ont été diffusés massivement par les réseaux sociaux. Des acteurs de Bollywood ou même des personnalités politiques décédées ont été mis en scène pour soutenir ou attaquer les candidats.

Ces cas montrent que les deepfakes ne visent pas seulement à convaincre, mais surtout à introduire le doute, brouiller les repères et miner la confiance.

Un terrain fertile en Afrique

Le continent africain compte aujourd’hui plus de 670 millions d’internautes, majoritairement jeunes. Whatsapp, Facebook et TikTok sont devenus les principales sources d’information politique. Dans ce contexte, plusieurs facteurs accentuent la vulnérabilité face aux deepfakes :

• Une faible culture de vérification : beaucoup d’utilisateurs partagent sans contrôler l’origine des contenus;

• Une viralité extrême : les messages et vidéos circulent rapidement dans les groupes fermés et sont difficiles à surveiller;

• Les institutions électorales sont contestées : la confiance citoyenne est fragile, ce qui confère une crédibilité accrue aux fausses informations.

Des signaux faibles apparaissent déjà :

Au Nigéria, en 2023, des inquiétudes ont émergé concernant la circulation de vidéos manipulées lors de la présidentielle.

Au Kenya, en 2022, TikTok et Facebook ont hébergé de nombreux contenus politiques manipulés, certains proches de techniques de falsification, dans le cadre de campagnes de désinformation.

L’Afrique se trouve donc dans une phase de vulnérabilité latente, réunissant tous les ingrédients pour que les deepfakes deviennent rapidement une arme politique.
À la différence des « fake news » classiques, les deepfakes tirent leur force de la synergie image/son créant une illusion sensorielle difficile à contester. Leur efficacité ne repose pas seulement sur la capacité à tromper, mais sur leur pouvoir de déstabilisation symbolique.

Ils peuvent ainsi créer un scandale contre un candidat, amplifier des clivages ethniques ou religieux et semer la confusion.

Cette érosion du contrat de vérité constitue une crise communicationnelle majeure qui fragilise les démocraties africaines déjà confrontées à des équilibres institutionnels précaires.

Une lecture info-communicationnelle

Les SIC permettent d’analyser ce phénomène sous un angle élargi. Trois axes sont particulièrement pertinents :

  • Tout d’abord, en termes de médiologie et de circulation des rumeurs, les deepfakes s’inscrivent dans une longue histoire des technologies de communication comme instruments de pouvoir. L’incertitude, le manque de transparence et l’opacité de certaines sphères d’information favorisent la prolifération de rumeurs, en particulier dans les contextes électoraux ou politiques.Les deepfakes ajoutent une couche technologique qui donne un vernis de crédibilité à la rumeur.

  • Ensuite, dans le cadre des logiques sociotechniques des plateformes, les algorithmes comme celui de TikTok privilégient les contenus sensationnels et polarisants. Dans ce système le deepfake devient une arme algorithmique amplifiée par l’économie de l’attention.

  • Enfin, on constate que dans un contexte africain marqué par des fractures linguistiques, éducatives et technologiques, la réception des deepfakes varie fortement. La culture numérique inégale favorise des appropriations différenciées, accentuant les asymétries de compréhension.

De nombreuses pistent émergent, mais leur mise en œuvre reste complexe :
Google, Meta ou Microsoft développent des outils capables d’identifier les contenus synthétiques. Mais ces technologies de détection restent coûteuses et rarement accessibles aux médias africains.

Des initiatives comme Africa Check jouent un rôle crucial en terme de médias et fact-checking, mais elles sont sous-dimensionnées face à la masse d’informations manipulées.

D’un point de vue juridique, certains pays africains légifèrent contre les fake news comme le Ghana ou l’Ouganda, mais il est à craindre que ces lois, dont l’encadrement est discutable, risquent de servir la censure politique plutôt que la protection citoyenne. Une approche panafricaine via l’Union Africaine ou les communautés régionales offrirait plus de crédibilité.

Former les jeunes et les moins jeunes à repérer, vérifier et questionner les contenus constitue un investissement démocratique stratégique. Les programmes scolaires universitaires, l’éducation aux médias, qui sont les leviers à long terme doivent intégrer la littérature numérique et médiatique comme compétences civiques.

Vers une souveraineté numérique africaine ?

La menace des deepfakes invite aussi à réfléchir à une souveraineté numérique africaine. L’Afrique ne peut pas dépendre uniquement des géants technologiques occidentaux pour sécuriser son espace informationnel. Le développement de laboratoires panafricains de recherche et de détection associés à des initiatives de société civile pourrait constituer une réponse endogène.

En outre, la coopération Sud-Sud ( par exemple entre l’Inde et certains pays africains) pourrait favoriser l’échange de solutions techniques et pédagogiques. Car il ne s’agit pas seulement de contrer la manipulation, mais aussi de bâtir une culture numérique partagée, capable de redonner confiance aux citoyens.

Les cas en Slovaquie, en Inde, aux États-Unis montrent que les deepfakes sont déjà une arme électorale redoutable. En Afrique, leur introduction dans le jeu politique n’est plus qu’une question de temps.

Mais la menace ne se réduit pas à une technologie. Elle révèle une vulnérabilité communicationnelle plus profonde qui se caractérise par une crise de confiance minant la légitimité démocratique. L’enjeu n’est donc pas uniquement de détecter les deepfakes, mais bien de reconstruire un rapport de vérité entre gouvernés et gouvernants.

Former les citoyens, renforcer les médias, développer une recherche locale et promouvoir une régulation panafricaine sont autant de pistes pour affronter ce défi. Car au-delà de la technique, c’est la capacité de l’Afrique à protéger l’intégrité de ses choix démocratiques qui est en jeu.

The Conversation

Fabrice Lollia does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Deepfakes et élections en Afrique : la prochaine grande menace démocratique ? – https://theconversation.com/deepfakes-et-elections-en-afrique-la-prochaine-grande-menace-democratique-266266