Academic Reportage – Page 110 – MIL Submissions Engine

January 5, 2026

¿Por qué a Donald Trump le fascina el petróleo venezolano?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Eszter Wirth, Profesora de Economía Internacional (ICADE), Universidad Pontificia Comillas

Un buque petrolero en el lago Maracaibo (Venezuela). Wilfredor/Wikimedia Commons, CC BY

El sector hidrocarburífero venezolano ha sido campo de batalla entre el Estado y empresas privadas y ha estado sujeto a ciclos recurrentes de liberalizaciones seguidas de nacionalizaciones petroleras. Estas nacionalizaciones tienden a resurgir cuando los precios petroleros son altos, se descubren yacimientos abundantes o suben los volúmenes extraídos, como sucedió en los años 70 y la primera década de los 2000.

Reventón del pozo Barrosos II en Cabima, estado Zulia, el 14 de diciembre de 1922.
Fuente: Wikipedia, CC BY

El reventón del pozo Barroso II, en 1922, marcó el nacimiento de la Venezuela hidrocarburífera. Desde entonces hubo dos grandes ciclos de inversiones privadas seguidas de nacionalizaciones.

El primer ciclo de nacionalismo perolero: el origen de PDVSA

Entre los años 1920-1950, la extracción estuvo controlada por empresas extranjeras como Shell (Reino Unido-Países Bajos) o Standard Oil y Gulf Oil (EE. UU.). En los años 1950 y 1960, el Estado venezolano incrementó los impuestos y regalías y renegoció las concesiones para obtener mayor soberanía sobre sus materias primas.

Como consecuencia, la inversión privada y la producción de crudo descendieron paulatinamente en los 60-70 y la Administración de Carlos Andrés Pérez llevó a cabo la primera nacionalización petrolera el 1 de enero de 1976, justo hace 50 años. Sin embargo, no fue una nacionalización abrupta y se negoció con las multinacionales, que fueron indemnizadas. Pese a ser 100 % de propiedad estatal, Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) pudo operar con autonomía e interferencia política mínima.

Reservas de petróleo y gas natural venezolanas en % de las reservas mundiales.
Fuente: US Energy Information Administration

El segundo ciclo de liberalización y grandes inversiones comenzó en los 90, ante la incapacidad del Estado de afrontar los gastos de exploración y explotación del petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco. A las empresas multinacionales se les ofreció un marco contractual especial, con amplias garantías ante cambios políticos.

El segundo ciclo de nacionalismo petrolero: el chavismo

Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1999 y fue siempre crítico con la apertura del sector al capital extranjero. No obstante, evitó cambiar el régimen contractual y fiscal hasta 2005. Dicha tardanza se explicó por las garantías que ofrecieron los contratos firmados en los 90 y el hecho de que las multinacionales todavía llevaban a cabo importantes proyectos de inversión entre 1999 y 2004.

La subida de los precios hidrocarburíferos entre 2004 y 2013, la finalización de los proyectos con las empresas multinacionales y los despidos de los trabajadores petroleros que participaron en el paro general de 2002-2003, incentivaron al gobierno chavista a endurecer las condiciones fiscales y a renacionalizar el sector en 2007. Más que una expulsión total de las empresas extranjeras o una confiscación generalizada, fue una renacionalización política y contractual. Este proceso sirvió para capturar y redistribuir la renta petrolera y convertir a PDVSA en un instrumento político al servicio del régimen.

Entre 2003 y 2012 se llevaron a cabo numerosos proyectos sociales financiados con rentas petroleras, las llamadas Misiones Bolivarianas. Fueron muy populares pues redujeron la pobreza y la desigualdad. Pero también exacerbaron el carácter rentista del Estado, sin mejorar la productividad del sector ni diversificar la economía. Al contrario, el resultado de la renacionalización fue el colapso de la inversión y la extracción de hidrocarburos a largo plazo, limitando la incorporación de nuevas tecnologías.

Producción y consumo de productos petroleros en miles de barriles diarios.
Fuente: US Energy Information Administration

Cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia, en 2013, heredó un sistema de misiones totalmente dependiente las rentas petroleras que, a partir de 2014, comenzaron su caída libre por el desplome de la producción de PDVSA, el descenso de los precios internacionales y la hiperinflación doméstica. Maduro descompuso varias de las misiones redistributivas y mantuvo solo aquellas de mera subsistencia, para evitar los estallidos sociales y retroalimentar el clientelismo político.

El Gobierno trató de atraer inversión extranjera, incluyendo operadoras de países aliados como Rusia o China, para extraer el crudo de la Faja del Orinoco y gas en alta mar. Pero la inestabilidad social, el colapso económico y las sanciones estadounidenses habían desalentado a las multinacionales.

¿Cuál será el interés de Trump?

La renacionalización petrolera de 2014 no fue ilegal, pues los recursos naturales pertenecen a Venezuela, ni tampoco una confiscación generalizada. Pero dos petroleras estadounidenses –ExxonMobil y ConocoPhillips– se negaron a colaborar con el gobierno chavista, mientras que Chevron continuó operando. El Estado expropió los activos de las multinacionales no colaboradoras y ambas se enfrentaron a años de litigios internacionales, que ganaron. Sin embargo, el Estado venezolano aún no ha pagado plenamente las indemnizaciones debido al colapso económico.

Es cierto que, pese a contar con las mayores reservas globales de crudo, el sector petrolero venezolano sufre de subinversión crónica y falta de personal cualificado. Adicionalmente, estas reservas son de petróleo pesado, muy viscoso y con una elevada huella de carbono. De ahí que tenga elevados costes de refino, aunque es un hidrocarburo adecuado para las refinerías estadounidenses del Golfo de México.

Según Rystad Energy, Venezuela necesitaría invertir 110 000 millones de dólares para restaurar los niveles de producción de hace 15 años, el doble de lo que las petroleras estadounidenses invirtieron a nivel global en 2024. Queda por ver si estas mostrarán el mismo entusiasmo que Trump por el petróleo venezolano, especialmente visto el escenario actual, plagado de incógnitas político-jurídicas y precios relativamente bajos.

Cobra entonces más peso la idea de que a Estados Unidos le interesa, sobre todo, impedir que sus rivales políticos, Rusia, China e Irán, con buenas relaciones con el Gobierno actual de Venezuela, controlen el petróleo venezolano y lo conviertan en un arma estratégica futura.

Eszter Wirth no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ¿Por qué a Donald Trump le fascina el petróleo venezolano? – https://theconversation.com/por-que-a-donald-trump-le-fascina-el-petroleo-venezolano-272672

January 5, 2026

Estados Unidos cruza la línea: Venezuela y el regreso del intervencionismo abierto en América Latina

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Victor Hugo Perez Gallo, Assistant lecturer, Universidad de Zaragoza

Durante años, Estados Unidos ha presentado su política exterior como defensora de un “orden internacional basado en reglas”. Ese lenguaje ha servido para legitimar sanciones, presiones diplomáticas y operaciones encubiertas, especialmente en América Latina. Sin embargo, la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses rompe de forma abrupta con esa retórica.

No es una acción más dentro del conflicto con Venezuela. Se trata de una intervención directa contra un jefe de Estado en ejercicio, ejecutada sin mandato internacional y sin mediación multilateral. Dicho sin rodeos: Estados Unidos ha cruzado una línea que decía defender.

Este artículo no evalúa el carácter democrático del gobierno venezolano ni el historial del chavismo. El problema aquí es otro y más profundo: qué implica para América Latina –y para el sistema internacional– que la principal potencia mundial se arrogue el derecho de capturar gobiernos por la fuerza.

De la presión al atropello del precedente

Hasta ahora, la estrategia estadounidense frente a Venezuela había sido indirecta. Sanciones económicas, bloqueo financiero, aislamiento diplomático y deslegitimación política. Un asedio prolongado que, aunque devastador, se mantenía dentro de una zona gris del derecho internacional.

La captura de un presidente en funciones supone un salto cualitativo. Ya no hablamos de presión, sino de intervención soberana directa. De la suspensión unilateral de las reglas cuando dejan de ser útiles.

Como advierte el experto en relaciones internacionales estadounidense Stephen Walt, el poder hegemónico se vuelve inestable cuando confunde fuerza con autoridad. Los precedentes no se evalúan por su eficacia inmediata, sino por el tipo de mundo que ayudan a construir. Y el mundo que se perfila tras esta acción es uno donde la soberanía es condicional y la legalidad, selectiva.

América Latina: advertencia para todos

Para América Latina, el mensaje es inequívoco. No importa el signo ideológico, el tamaño del país o su grado de alineamiento: ningún Estado está completamente a salvo si entra en la categoría de “inaceptable” para Washington.

Este episodio reactiva una memoria histórica que la región nunca logró cerrar del todo: golpes, tutelas, gobiernos derrocados o disciplinados.

Desde la teoría de la autonomía latinoamericana, el abogado y diplomático argentino Juan Carlos Puig advertía que cuando las grandes potencias actúan sin límites claros, los Estados periféricos reducen su margen de maniobra y refuerzan conductas defensivas. El resultado no suele ser democratización, sino repliegue, militarización y desconfianza estructural.

La historia latinoamericana ofrece ejemplos elocuentes: el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, impulsado por Estados Unidos, es señalado por numerosos historiadores como un punto de inflexión regional. Autores como Piero Gleijeses y Greg Grandin han mostrado cómo aquel golpe contribuyó a radicalizar a amplios sectores de la izquierda latinoamericana y alimentó procesos posteriores –entre ellos, la Revolución cubana, la prolongada guerra interna en Colombia y otros movimientos insurgentes–, al cerrar las vías reformistas y reforzar la percepción de que el cambio pacífico era inviable bajo tutela externa.

No es casual que este tipo de acciones empujen a los gobiernos latinoamericanos a buscar contrapesos fuera del continente (China y Rusia), endurecer el control interno y desconfiar aún más de los mecanismos regionales existentes (OEA).

El coste político para Estados Unidos

Desde una lógica de poder inmediato, la operación puede parecer un éxito. Desde una lógica histórica, es un error estratégico.

Antonio Gramsci(1891-1937) explicó que la hegemonía se sostiene tanto por consenso como por coerción. Cuando la coerción se impone sin consenso, la hegemonía entra en crisis. En el plano internacional, esto se traduce en pérdida de legitimidad, incluso entre aliados.

Por su parte, el economista y sociólogo italiano Giovanni Arrighi] mostró en 1994 que las potencias en declive tienden a sustituir autoridad por fuerza. El problema es que ese recurso acelera el desgaste del liderazgo global. En un contexto de competencia con China y Rusia, este tipo de intervenciones refuerza la narrativa de un orden occidental arbitrario e hipócrita.

Lejos de fortalecer su posición, Estados Unidos alimenta la desconfianza global y legitima, indirectamente, que otros actores hagan lo mismo en sus respectivas áreas de influencia.

El retorno del poder sin reglas

El filósofo y jurista alemán Carl Schmitt (1888-1995) sostuvo que soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Aplicado a la política internacional, este principio tiene consecuencias devastadoras: si la excepción se normaliza, el derecho internacional deja de ser un marco y se convierte en un instrumento.

Eso es exactamente lo que está en juego. No Venezuela. No Maduro. Sino la idea misma de que existen límites al ejercicio del poder.

Cuando esos límites se cruzan sin consecuencias, la política internacional entra en una fase más cruda, más inestable y más peligrosa. América Latina ya ha vivido ese escenario. Y sabe que nunca termina bien.

La pregunta relevante ya no es qué ocurrirá en Venezuela, sino otra, mucho más inquietante: ¿qué credibilidad puede tener un “orden internacional basado en reglas” cuando quien lo proclama demuestra que puede violarlo sin consecuencias?

Una vez aceptado ese precedente, no hay retorno posible. El derecho deja de ordenar el mundo y el poder vuelve a gobernarlo sin máscaras.

Victor Hugo Perez Gallo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Estados Unidos cruza la línea: Venezuela y el regreso del intervencionismo abierto en América Latina – https://theconversation.com/estados-unidos-cruza-la-linea-venezuela-y-el-regreso-del-intervencionismo-abierto-en-america-latina-272725

January 5, 2026

A regime change in Venezuela could have grim consequences for Canada’s oil sector

Source: The Conversation – Canada – By Philippe Le Billon, Professor, Geography Department and School of Public Policy & Global Affairs, University of British Columbia

Following Nicolás Maduro’s capture in Caracas by United States military forces, active planning for political transition in Venezuela has intensified in Washington, D.C.

For the U.S., the prize is the prospect of reviving one of the world’s largest proven oil reserves and reshaping global energy markets in its favour.

But the ripple effects would extend well beyond Caracas and the U.S. A Venezuelan oil revival could also subtly increase American leverage over Canada — particularly Alberta — through its impact on oil prices, investment flows and longstanding debates about Canada’s energy future.

At first glance, this may seem counterintuitive. Canada is traditionally a close American ally and its largest foreign oil supplier. Yet Canada and Venezuela largely compete in the same heavy-oil regional and global markets, and shifts in supply from Canada to Venezuela would widely reverberate across the Canadian economy and political landscape.

Heavy crude, lower prices and U.S. refineries

If U.S. sanctions on Venezuela are lifted and the country’s oil sector is partially revived, even a modest increase in production could have outsized effects on prices — especially for heavy crude. American Gulf Coast refineries are specifically configured to process heavy crude, historically sourced from Venezuela, Mexico and Canada’s oilsands.

More Venezuelan barrels on the market would increase competition for these refineries and possibly those in the American Midwest. This could push down the price premium currently enjoyed by Canadian heavy crude, such as Western Canadian Select.

For U.S. refiners, cheaper crude is good news. For Canadian producers, it could squeeze margins already vulnerable to global price volatility and high production costs.

In this sense, Venezuela’s return would not simply add supply; it would challenge Canada’s niche in the U.S. oil import market.

Investment trade-offs and the oilsands dilemma

Oil markets are not just about barrels — they’re about capital. Investors make choices about where to place long-term bets, and those choices are increasingly shaped by climate policies, energy transition expectations and geopolitical risk.

A perceived opening in Venezuela could redirect some international investments away from Alberta’s oilsands. Even if Venezuela remains risky, the idea of accessing vast reserves at lower costs may appeal to investors looking for short-term gains in a declining oil market.

This shift could further undermine already fragile (and climate-threatening) prospects for new oilsands expansion and make additional pipeline projects to Canada’s West Coast even harder to justify.

If global capital sees fewer long-term returns in high-cost, high-carbon oil, Alberta may find itself competing not just with renewables, but with other oil producers closer to U.S. markets. This could play in favour of an additional pipeline to Canada’s West Coast to reach China, which may not see so many shipments from Venezuela, especially if the U.S. pressures Caracas to privilege its own market and companies.

Economic pressure and the politics of separatism

Weaker oil revenues could also reshape Alberta politics. Much of the province’s separatist rhetoric has historically rested on the idea that Ottawa “takes” Alberta’s oil wealth through federal transfers and environmental regulations.

If oil revenues decline structurally due to lower prices and reduced investment, the economic foundation of this grievance weakens. A less oil-dependent Alberta may have fewer material incentives to push for sovereignty, even if political frustrations remain.

This doesn’t mean discontent would disappear. But it suggests that long-term changes in global energy markets could quietly reduce the appeal of resource-based nationalism in Canada’s West.

The urgent case for diversification

For Alberta and Canada more broadly, the lesson is clear: economic diversification is no longer optional; it’s an urgent necessity. Betting on sustained high oil prices has always been risky; betting on them in a world of messy energy transition is increasingly untenable.

This means doubling down on alternative export revenues, from clean technologies and critical minerals to advanced manufacturing, agri-food and knowledge-based services. It also means investing in workforce transitions, regional innovation and infrastructure that supports economic resilience beyond oil.

The prospect of Venezuela’s return to oil markets underscores why Canada cannot rely indefinitely on being the “safe” oil supplier to the United States.

A Venezuelan oil boom remains unlikely

All of this, however, rests on a big “if.” A rapid and large-scale revival of Venezuela’s oil sector is improbable. Years of mismanagement, underinvestment and sanctions have left infrastructure in poor condition.

Production costs are high, oil quality is low and the carbon footprint of Venezuelan heavy crude is significant, a growing liability in a carbon-constrained world.

What’s more, U.S. oil company interests don’t always align with American energy security and geopolitical policy objectives, and expectations of an oil surplus in the coming decades dampen enthusiasm for massive new investments.

Political uncertainty remains acute, and even American firms like Chevron operate under fragile arrangements that could be reversed. Though it’s unlikely, a more revolutionary, post-American intervention government in Venezuela might even seek retribution against the U.S. and other foreign companies seen as complicit in past pressure campaigns.

In short, Venezuela’s oil is vast, but monetizing it at scale is another matter.

Lessons from past regime change efforts

History offers sobering lessons about past efforts to bring about regime change.

In Iraq, Iran and Libya, attempts to reshape energy sectors through regime change or coercive pressure often backfired. Production disruptions, political instability and nationalist backlash frequently undermined both investor confidence and geopolitical objectives.

There are some reasons to assume Venezuela would be different, including ongoing negotiations between U.S. President Donald Trump’s administration and the regime in Caracas, limited economic and military options for the former Maduro regime and a growing consensus among major powers that they can gain from a return to imperialist “spheres of influence.”

But energy markets reward stability more than ideology, and regime change rarely delivers it quickly.

Who else loses from lower oil prices?

Finally, it’s worth noting that lower oil prices would not hurt Canada alone. In the U.S., the first casualties would likely be some oil producers, particularly smaller shale firms with high debt and thin margins. While a few large American oil companies might benefit from cheaper acquisitions and refinery gains through access to cheaper Venezuelan supply, many smaller U.S. producers could suffer.

This complicates the notion that the U.S. would unambiguously “win” in the event of a Venezuelan oil revival. Energy geopolitics creates winners and losers on all sides.

In the end, Venezuela’s political future may matter less for Canada because of what happens in Caracas and more because it highlights a deeper reality: oil no longer offers the geopolitical and fiscal certainty it once did. For Canada, adapting to that reality, rather than betting against it, may be the most strategic move of all.

Philippe Le Billon does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. A regime change in Venezuela could have grim consequences for Canada’s oil sector – https://theconversation.com/a-regime-change-in-venezuela-could-have-grim-consequences-for-canadas-oil-sector-272694

January 5, 2026

Vivre dans un logement trop froid : la réalité sociale de la précarité énergétique

Source: The Conversation – France (in French) – By Bérangère Legendre, Professor, Université Savoie Mont Blanc

La précarité énergétique est un fléau qui concerne de plus en plus de personnes du fait de la volatilité des prix de l’énergie. Elle a des répercussions sur la santé physique et mentale, sur la vie sociale et même sur la scolarité des enfants.

Alors que l’hiver s’installe, environ 3 millions de ménages français sont de nouveau confrontés à une difficulté majeure : celle de la précarité énergétique.

Elle se matérialise par des privations, mais également par un sentiment de honte et une exclusion sociale qui en résultent. Ses effets peuvent être multiples, allant même jusqu’à augmenter l’absentéisme scolaire. Les conséquences sociales et sanitaires, longtemps sous-estimées, sont aujourd’hui mieux documentées par la recherche.

Ce que signifie « être en précarité énergétique » au quotidien

La définition française du phénomène est large : une personne est en précarité énergétique lorsqu’elle rencontre des difficultés à disposer, dans son logement, de l’énergie nécessaire pour répondre à ses besoins de base, du fait de faibles ressources ou de conditions de logement inadéquates. Cela signifie vivre dans un logement trop froid l’hiver, trop chaud l’été, souvent mal isolé, où l’on chauffe une seule pièce pour réduire la facture, où l’on évite d’allumer la lumière, où la présence de moisissures ou d’humidité peut devenir chronique. Ces conditions entraînent fréquemment des comportements de restriction d’énergie, c’est-à-dire consommer volontairement moins que ce qui serait nécessaire au confort ou à la santé. Parfois, cela signifie également passer sous le radar des politiques publiques, car les dépenses en énergie sont volontairement modérées.

Cette situation est d’autant plus fréquente que les prix de l’énergie sont volatiles ces dernières années. En 2018 déjà, 34 millions d’Européens déclaraient ne pas pouvoir chauffer correctement leur logement. Les tensions énergétiques depuis 2021 ont encore accentué ce phénomène : les ménages les plus modestes ont consacré une part croissante de leur budget à leurs factures, réduisant leurs marges de manœuvre.

Les conditions de logement jouent également un rôle central : mauvaise isolation, appareils de chauffage vétustes, infiltrations d’eau, ventilation insuffisante, autant de facteurs qui rendent impossible le maintien d’un confort minimal à un coût acceptable.

Qui sont les ménages les plus touchés ?

La recherche en économie identifie de manière cohérente trois déterminants de la précarité énergétique : bas revenus, mauvaise performance énergétique du logement et prix élevés de l’énergie. Mais au-delà de ce triptyque, les recherches récentes en la matière apportent des précisions essentielles.

En France sont particulièrement exposés :

les personnes âgées, davantage présentes dans des logements anciens, peu isolés, et disposant de faibles revenus ;
les ménages isolés, notamment les femmes seules ou les familles monoparentales, dont les dépenses fixes pèsent plus lourd dans le budget ;
les locataires du parc privé, souvent logés dans des habitats moins performants que le parc social qui est susceptible de bénéficier d’une meilleure qualité énergétique ;
les ménages vivant dans des logements anciens qui n’ont pas fait l’objet de rénovation et qui utilisent plus fréquemment du gaz ou du fioul et qui font donc face à un coût de l’énergie plus important.

Par ailleurs, les ménages « énergétiquement vulnérables », qui ne sont pas définis comme étant en précarité énergétique mais peuvent basculer en cas de choc (hausse de prix, panne d’équipement, baisse de revenu), sont souvent ignorés des politiques publiques, car mal identifiés. Ces ménages représentent un enjeu majeur pour les politiques publiques, car ils n’entrent pas dans les seuils traditionnels utilisés pour mesurer le phénomène.

Les effets de la précarité énergétique dépassent largement l’inconfort thermique. Ils touchent la santé, la vie sociale et les perspectives économiques.

Les impacts sur la santé physique

Un logement trop froid augmente les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires, aggrave les symptômes des personnes souffrant de maladies chroniques, comme l’arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde, et favorise l’apparition de moisissures responsables d’allergies ou d’asthme. Être en précarité énergétique multiplierait par sept le risque de mauvaise santé pour les personnes déjà fragiles.

Les coûts associés pour la collectivité sont considérables : près d’un milliard d’euros de dépenses médicales directes en France, et plus de 20 milliards si l’on inclut les coûts indirects liés à la perte de productivité ou aux arrêts maladie.

Une dégradation marquée de la santé mentale

Un résultat central a été établi pendant la crise sanitaire du Covid-19 : la précarité énergétique a un effet causal fort et significatif sur la santé mentale, dégradant les scores d’anxiété, de dépression et de santé sociale. Être en situation de précarité énergétique aurait réduit en moyenne le score de santé mentale de 6,3 points sur 100 et augmenté le score de dépression de 5,35 points et celui d’anxiété de 6,48 points pendant cette période durant laquelle la majeure partie de la population française et européenne a été confinée à domicile à intervalles réguliers.

La situation était encore plus grave pour les personnes déjà fragilisées : pour le tiers le plus vulnérable de la population, l’effet négatif sur la santé mentale atteignait 20 points. L’utilisation des scores permet de quantifier les effets de la précarité énergétique : un score de santé de 100 indique la meilleure santé qui soit, tandis qu’un score de dépression de 100 indique le niveau le plus élevé de dépression.

Une spirale d’isolement et de honte

Plusieurs travaux sociologiques montrent également que les personnes vivant dans des logements froids ou dégradés évitent d’inviter des proches, se replient sur elles-mêmes, et peuvent éprouver un sentiment de honte ou d’échec. Les difficultés à payer les factures conduisent parfois à des coupures d’énergie ou au risque d’endettement, renforçant encore la vulnérabilité sociale.

La précarité énergétique devient ainsi un facteur d’exclusion, au même titre que la pauvreté monétaire, mais en partie invisible car liée à l’espace privé du logement.

Noel Longhurst et Tom Hargreaves, deux chercheurs en sciences de l’environnement, rapportent ainsi dans une de leur publication de 2019 les propos de Barbara, une trentenaire britannique qui souffre de précarité énergétique :

« Je ne reçois personne. Je ne reçois pas d’amis… Personne. Je ne pense pas avoir reçu d’amis depuis environ trois ans… Je n’aime pas la condensation, et c’est très important pour moi. C’est embarrassant. Je suis gênée quand je sors le matin et que je vois qu’on ne peut pas voir à travers les fenêtres. »

Des répercussions sur les trajectoires scolaires

La précarité énergétique affecte également la scolarité des enfants. Vivre dans un logement froid ou mal chauffé complique le travail scolaire à domicile, perturbe le sommeil et accroît la fatigue, avec des effets potentiels sur l’attention et l’apprentissage.

En France, le défenseur des droits souligne que ces conditions de vie dégradées portent atteinte au droit des enfants à un environnement propice aux études et peuvent peser sur leurs résultats scolaires. Ces constats rappellent que la précarité énergétique est aussi un enjeu éducatif et d’égalité des chances.

Un enjeu européen majeur, des réponses encore insuffisantes

Si la France a développé plusieurs outils (chèques énergie, aides à la rénovation, développement du parc social), la littérature montre que les politiques purement financières ont des effets limités, alors que les actions structurelles – rénovation thermique, construction de logements sociaux performants – ont un impact durable sur la réduction de la précarité énergétique.

À l’échelle européenne, la Commission a inscrit la lutte contre la précarité énergétique au cœur de la directive sur l’efficacité énergétique révisée adoptée en 2024. Mais les disparités restent fortes, et la crise énergétique a rappelé la nécessité d’une stratégie plus ambitieuse, combinant protection des ménages, transition énergétique et amélioration massive du parc résidentiel.

Bérangère Legendre a reçu des financements de la Chaire de l’Economie Environnementale (Fondation Université Savoie Mont Blanc).

Dorothée Charlier est membre de la SOLAR ACADEMY.

– ref. Vivre dans un logement trop froid : la réalité sociale de la précarité énergétique – https://theconversation.com/vivre-dans-un-logement-trop-froid-la-realite-sociale-de-la-precarite-energetique-272358

January 5, 2026

‘Marketing’ en tiempo real: de la sudadera de Maduro al montacargas del Louvre

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ana Mancera Rueda, Profesora Titular de Lengua Española (Facultad de Filología), Universidad de Sevilla

Montaje de la marca Origin publicado en la red social X.

La detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos ha sido uno de los acontecimientos políticos más comentados de los últimos años. Las redes sociales han desempeñado un papel central tanto en la difusión inmediata de las imágenes como en la circulación de interpretaciones sobre el alcance político, diplomático y simbólico de una acción sin precedentes, impulsada por la administración de Donald Trump.

Junto a estas lecturas, se ha hecho visible otro aspecto del suceso: el carácter icónico de unas imágenes en las que un detalle aparentemente secundario (una sudadera deportiva de una marca norteamericana) acaba ocupando un lugar central en la cobertura informativa, ya sea por una elección irrelevante o por una decisión estratégicamente significativa, según la lectura.

Con el mensaje publicado en X/Twitter: “Bienvenido a Estados Unidos. Lamentablemente, nuestra camiseta RTX ‘Patriot Blue’ no estará disponible hasta la primavera. ¡Pero ya se puede reservar!”, la marca de ropa Origin USA ha aprovechado la exposición mediática de uno de sus artículos para una estrategia publicitaria que empieza a ser frecuente en redes sociales: el marketing en tiempo real.

El texto iba acompañado de una composición visual elocuente: a un lado, una fotografía del dirigente venezolano esposado, luciendo la sudadera azul; al otro, la imagen del mismo producto, tal y como se comercializa en la página web. La relación entre el acontecimiento político y el objeto de consumo no se explicitaba más allá de la irónica “bienvenida” a los Estados Unidos dirigida a Maduro, pero resultaba inmediata para cualquier lector familiarizado con la actualidad.

En cuestión de horas, una escena cargada de significado institucional se transformaba en soporte publicitario, integrándose en la lógica promocional mediante un mensaje breve, irónico y sin marcas explícitas de valoración.

La actualidad se convierte en oportunidad

El marketing en tiempo real consiste en introducir un mensaje comercial en una conversación ya en marcha para aprovechar un pico de atención. El objetivo es claro: convertir visibilidad informativa en earned media, es decir, en difusión por los propios usuarios.

Lo interesante, sin embargo, no es solo la rapidez de la reacción, sino cómo se formula discursivamente. La marca no comenta el arresto ni adopta una posición política. El acontecimiento no se convierte en tema del mensaje, sino en su contexto implícito: algo que se da por sabido y que no necesita explicación. El arresto deja de exigir una lectura política o moral y pasa a funcionar como recurso de atención.

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Del acontecimiento al objeto

En el caso de Maduro, la atención se desplaza rápidamente en este tuit hacia un elemento secundario: la prenda que vestía el detenido. El mensaje publicitario reorganiza así el foco del lector, llevándolo del sujeto político al objeto material.

Este mecanismo no es excepcional. Algo similar ocurrió tras el robo de joyas en el Museo del Louvre, cuando la empresa alemana fabricante del montacargas utilizado por los ladrones lanzó una campaña con el lema “Cuando hay que hacer las cosas rápido”, acompañada de la imagen del dispositivo empleado en el asalto. En ambos casos, un acontecimiento grave y altamente mediatizado se convierte en escenario promocional.

Qué hace el lenguaje para que funcione

Desde el punto de vista lingüístico, estos mensajes comparten varias operaciones que actúan de forma combinada. En primer lugar, destaca la ausencia deliberada de valoración. No hay adjetivos ni juicios explícitos. Esta neutralidad protege a la marca desde el punto de vista reputacional y, al mismo tiempo, traslada al receptor la tarea de interpretar la asociación propuesta.

A ello se suma una economía extrema del decir. Los mensajes son breves porque confían en el conocimiento compartido del contexto, lo que facilita la circulación del mensaje.

El humor introduce otro elemento decisivo. No se trata de provocar risa abierta, sino de generar un contraste suave entre la solemnidad del acontecimiento y la banalidad del mensaje comercial. Ese contraste actúa como amortiguador discursivo, suavizando la lectura y facilitando que el mensaje circule sin rechazo inmediato.

La imagen termina de cerrar el proceso. Al yuxtaponer la escena del arresto o la del robo con la fotografía del producto tal y como aparece en la página web de la marca, se establece una relación visual directa que el texto no necesita explicar.

Del anuncio al humor continuado

Una vez activado este reencuadre, el proceso ya no depende solo de la marca. En el caso de la detención de Maduro, los usuarios comenzaron a integrar la imagen en cadenas de humor continuado, reutilizándola en contextos cada vez más alejados del acontecimiento original: montajes del dirigente venezolano junto a los Reyes Magos o comparaciones irónicas con la chaqueta militar que vestía Osama Bin Laden. El arresto dejaba de leerse como una noticia y pasaba a funcionar como material visual para el meme.

La audiencia como legitimadora

Las reacciones de los internautas consolidan este desplazamiento. Comentarios como “Victoria de marketing del año”, “Esto es marketing al nivel de Don Draper” o “Denle un aumento al equipo de marketing” evaluaban la escena no desde la política, sino desde la pericia publicitaria. Otros ironizaban: “Ni siquiera tenéis stock, pero Dios os da marketing gratis”, o “Maduro está dando patrocinio gratis a todo el mundo”. La conversación ya no giraba en torno al arresto, sino en torno a cómo se había sabido explotar por parte de la marca.

Visibilización y mensaje

La conversión de una detención política o de un robo espectacular en reclamos publicitarios no son anécdotas aisladas. Más que preguntarnos si estas campañas son ingeniosas o provocadoras, conviene observar qué condiciones comunicativas las hacen posibles. En ese desplazamiento (del acontecimiento al objeto publicitario, del objeto al meme) se redefine hoy una parte central del espacio público digital: qué se vuelve visible, qué circula con facilidad y qué queda momentáneamente al margen del juicio moral.

El lenguaje no elimina la dimensión ética de los acontecimientos, pero puede relegarla a un segundo plano, invitando a mirar antes el ingenio del mensaje que las implicaciones del hecho. En esa suspensión de la evaluación se juega una transformación profunda de cómo circula el sentido y de cómo se construye la responsabilidad en la comunicación digital contemporánea.

Ana Mancera Rueda no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ‘Marketing’ en tiempo real: de la sudadera de Maduro al montacargas del Louvre – https://theconversation.com/marketing-en-tiempo-real-de-la-sudadera-de-maduro-al-montacargas-del-louvre-272742

January 5, 2026

Dyslexic students have the right to read — and Manitoba has joined other provinces to address this

Source: The Conversation – Canada – By Michael Baker, Sessional Lecturer, Faculty of Education, University of Manitoba

Disabled students continue to face barriers constructed and enforced by our schools. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization estimates that, globally, children with disabilities are twice as likely to be denied access to education.

Students and their support networks, families, advocates and experts can no longer accept school systems that uphold inequality for the disabled community. Ableist barriers continue to impede the human rights of disabled students in Canada.

The Manitoba Human Rights Commission released the first phase of its report exploring the right to access evidence-based reading interventions in Manitoba’s public education system on Oct. 30, 2025.

The inquiry was initiated in 2022 after the commission continued to hear that students with reading disabilities were experiencing barriers to accessing timely reading interventions in their local public schools.

Related to this, the Manitoba government has passed Bill 225 to require universal early reading screenings for all kindergarten to Grade 4 students.

Upholding student rights

In a landmark 2012 case, the Supreme Court of Canada ruled that human rights laws in Canada protect every student’s right to an equal opportunity to learn to read.

The court’s Moore v. British Columbia (Education) decision affirmed that learning to read is not a privilege or luxury, but a basic and essential human right in Canada. The court said:

“Adequate special education … is not a dispensable luxury. For those with severe learning disabilities, it is the ramp that provides access to the statutory commitment to education made to all children.”

While this decision is celebrated as a significant step toward advancing the rights of students with disabilities, in the years since it was released, barriers continued to be reported. This led to the different respective special investigations in Manitoba, Saskatchewan and Ontario.

Important step in Manitoba

The recommendations from the October 2025 Manitoba report Supporting The Right to Read in Manitoba: The ABCs of a Rights-Based Approach to Teaching Reading are a first step in addressing the discrimination against children with reading disabilities in Manitoba’s public education system.

The report details how education is essential for unlocking opportunities, personal growth and allowing students to access their other fundamental rights, as well as promoting equality and belonging.

Reading is the foundation of learning and a fundamental skill that shapes every aspect of life. Students who cannot read well are more likely to face challenges in school, work and everyday life.

When students cannot access reading instruction, it affects their confidence, mental health and long-term opportunities.

Learning disabilities are the most prevalent disability in the K-12 education system, and reading disabilities are by far the most prevalent type of learning disability. Importantly, many prefer the term dyslexia over reading disability.

‘Attitudinal barriers’

The Manitoba Human Rights Commission found that “attitudinal barriers and stigma impacting the uptake and efficacy of accommodations” continue to maintain inequalities for the dyslexic community.

These attitudinal barriers amount to systemic ableism, a topic I have previously explored. Ableism is enacted and upheld by a system that harbours negative attitudes, stereotyping and discrimination towards people with disabilities.

Importantly, like other systems of oppression like racism and sexism, ableism continues to exist because of the combination of prejudice and power, particularly in schools.

One of the consistent findings of the Manitoba, Ontario and Saskatchewan Human Rights Commissions is the need to implement a universal early reading screening, as recently acknowledged by Manitoba legislation.

Such a tool allows educators to identify reading challenges as early as possible. This is a critical step in enabling earlier access to evidence-based interventions when they are most effective.

Reading and literacy approaches

Manitoba’s report also highlights issues around teacher education and practice, noting that:

“Some teachers do not understand accommodation principles, the role of clinicians in supporting accommodations, or have limited knowledge of reading disabilities, foundational reading skills or teaching reading through a direct, explicit and structured approach.”

Currently, some researchers or educators are concerned that a focus on phonics-based learning (an aspect of direct instruction in reading) and early screening could undermine children’s agency and critical thinking.

There are also concerns that an emphasis on direct instruction could risk ignoring important insights about children’s sociocultural contexts and situations.

Given the spectrum of abilities within Manitoba classrooms, multiple approaches to literacy should be implemented, providing inclusion and access.

Manitoba must provide access to reading interventions that provide structured literacy while honouring linguistic and cultural diversity, the Truth and Reconciliation Commissions Calls to Action — and are grounded in the five tenets of inclusive education: togetherness, belonging, affirmation, opportunity and agency.

Nothing about us, without us: Community voice

Across Canada and globally, the dyslexia community has initiated a “Right to Read” movement to advance the rights of children, both with and without dyslexia, to gain access to reading instruction and, more broadly, education.

Challenging power in any system of oppression is often met with resistance and defensiveness. Redressing ableism is no different.

Encouragingly, one Yukon First Nations school board reports tremendous success with students’ reading when implementing both sounding out words (phonics) — part of direct reading instruction — and embedding cultural values in teaching.

Canadian education systems must confront ableist processes, attitudes and practices if all children, including those with dyslexia, are able to realize the right to read. Our children are capable; we just need to provide them the opportunities and approaches that fit their needs.

This story was co-authored by Natalie Riediger, who has two children with dyslexia and is an associate professor, Department of Food and Human Nutritional Sciences, at the University of Manitoba.

Michael Baker does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. Dyslexic students have the right to read — and Manitoba has joined other provinces to address this – https://theconversation.com/dyslexic-students-have-the-right-to-read-and-manitoba-has-joined-other-provinces-to-address-this-269854

January 5, 2026

Activité physique au bureau : trois pistes pour les employeurs

Source: The Conversation – in French – By Aviroop Biswas, Assistant Professor, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto

Nous connaissons tous les bienfaits de l’exercice : il réduit les risques de maladies chroniques, prévient les blessures et améliore la santé mentale et la productivité au travail. Pourtant, nombre de personnes demeurent insuffisamment actives.

Selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, les adultes devraient faire chaque semaine entre 150 et 300 minutes d’exercice modéré, ou de 75 à 150 minutes d’exercice intense.

Comme beaucoup de gens passent une grande partie de leur temps au travail, bouger davantage sur le lieu de travail ou pendant le trajet pourrait aider à atteindre plus facilement ces objectifs.

Stratégies fondées sur des preuves pour les employeurs

Mes recherches menées avec des collègues de l’Institute for Work and Health (IWH), un institut de recherche indépendant à but non lucratif, montrent les nombreuses façons dont les employeurs peuvent favoriser un mode de vie plus actif. Même de petits gestes, comme inciter les travailleurs à bouger un peu plus chaque jour, peuvent avoir des effets significatifs sur la santé cardiaque.

Proposer toute une gamme d’activités physiques, allant de programmes structurés à des espaces agréables pour marcher, peut motiver un large éventail d’employés. Même le fait de favoriser un environnement qui aide les employés à se déconnecter mentalement du travail pendant un court moment peut les inciter à adopter plus facilement des comportements sains.

Vous trouverez ci-dessous des stratégies que les employeurs peuvent utiliser pour promouvoir l’exercice auprès de leurs employés, sur la base des études menées par l’IWH.

1. Promouvoir l’activité physique tout au long de la journée

Les employeurs peuvent encourager leurs employés à intégrer à leur routine quotidienne une séance de sport avant d’aller travailler ou une course à pied pendant leur heure de dîner.

Nos recherches montrent que les milieux de travail peuvent offrir une variété de programmes et d’équipements pour appuyer ce message. Il s’agit notamment de l’accès à un endroit agréable pour marcher, faire du jogging ou du vélo ; l’accès à un terrain ou à un espace ouvert pour les jeux de balle ou d’autres sports ; une salle de sport ou un centre de remise en forme à proximité ; des cours d’entraînement organisés ; des équipes sportives récréatives organisées ; des douches et/ou des vestiaires ; et des programmes visant à améliorer la santé, la forme physique ou la nutrition.

Dans notre vaste étude basée sur les données d’environ 60 000 personnes (un échantillon représentatif de la composition de la population canadienne), les employés dont le lieu de travail offrait tous ces équipements étaient deux fois plus actifs que ceux qui n’en avaient aucun. Ils étaient également 1,5 fois plus susceptibles d’être modérément actifs.

Bien qu’une telle gamme d’options puisse sembler hors de portée pour les employeurs, un grand nombre de travailleurs – 25 % de l’échantillon étudié – ont déclaré bénéficier de toutes ces offres sur leur lieu de travail ou à proximité. Nous avons également constaté que les personnes étaient plus susceptibles d’être physiquement actives lorsqu’elles avaient accès à une combinaison des éléments ci-dessus, par rapport à celles qui n’en bénéficiaient d’aucuns.

Pour attirer de nouveaux employés, les lieux de travail peuvent mettre en valeur des atouts comme la proximité de parcs ou de salles de sport, ainsi que les programmes et équipements disponibles. Tous ces éléments ont été identifiés comme favorisant l’activité physique.

2. Souligner que chaque petit mouvement compte

Les promoteurs du bien-être au travail savent que certains employés sont déjà des adeptes de l’exercice et n’ont pas besoin d’être convaincus. Dans une autre étude portant sur les habitudes de mouvement au travail, nous avons constaté qu’un travailleur sur dix était un adepte régulier de l’exercice, selon un échantillon représentatif de plus de 8000 Canadiens actifs.

D’après les résultats de notre étude, par rapport aux travailleurs sédentaires qui restent assis la plupart de la journée (et qui représentent environ trois travailleurs canadiens sur dix), ces sportifs ont un risque 42 % moins élevé de développer une maladie cardiaque sur une période de 10 ans.

Mais voici la bonne nouvelle : nous avons également constaté que 50 % de la population active se situe entre ces deux extrêmes en termes d’activité physique au cours de la journée de travail.

Pensez aux vendeurs qui ne restent pas assis longtemps au travail ou aux infirmières qui combinent des tâches administratives et des tâches très physiques. Ces travailleurs ont tous un risque de maladie cardiaque plus faible que les travailleurs sédentaires.

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Il convient de noter une exception importante à notre étude, à savoir le groupe de travailleurs qui effectuent un travail physique intense tout au long de la journée, par exemple les ouvriers du bâtiment. Les travailleurs de ce groupe, qui représentent environ 10 % de la population active, présentent les mêmes risques cardiaques que les travailleurs sédentaires. En effet, un effort physique intense et continu peut exercer un stress sur l’organisme, ce qui peut augmenter la tension artérielle et annuler les bienfaits habituels de l’activité physique.

Pour tous les autres, notre étude rappelle qu’à chaque petit mouvement, la santé du cœur y gagne.

3. Faire appel aux acteurs clé

L’une de nos études en cours à l’Institut de recherche sur le travail et la santé suggère que les champions du bien-être au travail peuvent être de puissants moteurs de motivation. Il peut s’agir de personnes officiellement désignées, comme les responsables du mieux-être ou les membres du service des ressources humaines, mais aussi de collègues qui, spontanément, prônent un mode de vie sain.

Notre étude suggère que les champions informels inspirent davantage confiance à leurs collègues et sont donc plus efficaces pour les motiver. Cependant, comme ils accomplissent généralement ce rôle en plus de leurs tâches habituelles, ils risquent de s’épuiser.

Notre message aux employeurs : identifier et soutenir les champions du bien-être, officiels ou informels, en reconnaissant leur rôle clé et en leur fournissant les ressources nécessaires pour favoriser un milieu de travail sain.

L’importance des facteurs contextuels

Peu importe le nombre d’initiatives mises en place pour promouvoir le bien-être, les employeurs doivent également regarder au-delà du comportement et de la motivation individuels s’ils veulent encourager un mode de vie actif chez leurs employés. Ils doivent reconnaître que les conditions et environnement de travail jouent un rôle dans les choix des individus en matière d’exercice physique.

Les employeurs devraient se demander si tous leurs employés peuvent réellement profiter des initiatives de bien-être : ont-ils la possibilité de se déconnecter 20 minutes pour marcher ? Seuls les cadres ou les employés très performants peuvent-ils rejoindre l’équipe de football de l’entreprise ? Si l’entreprise met en avant les salles de sport et clubs d’entraînement du quartier comme avantage, tous les employés peuvent-ils réellement en payer l’adhésion ?

En bref, même si l’importance d’un mode de vie actif est reconnue, les employeurs doivent évaluer comment la charge de travail, la flexibilité, le soutien des supérieurs hiérarchiques et d’autres facteurs psychosociaux liés au travail influencent l’activité physique de leurs employés.

Le jeu en vaut la chandelle. Les travailleurs actifs sont moins susceptibles de développer des maladies chroniques, sont plus résistants au stress et plus engagés dans leur travail. Cela se traduit par moins d’absences, de meilleures performances et une plus grande satisfaction au travail. En facilitant l’activité physique des employés pendant la journée, les employeurs peuvent favoriser la santé de leur personnel.

Aviroop Biswas reçoit du financement du Conseil de recherches en sciences humaines et des Instituts de recherche en santé du Canada. L’Institute for Work & Health est partiellement soutenu par le ministère ontarien du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Il est également président de l’Association canadienne pour la recherche sur le travail et la santé.

– ref. Activité physique au bureau : trois pistes pour les employeurs – https://theconversation.com/activite-physique-au-bureau-trois-pistes-pour-les-employeurs-267690

January 5, 2026

La hausse du prix du carbone conduit-elle à supprimer des emplois ?

Source: The Conversation – in French – By Jana Boeckx, Assistant Professor of Finance, IÉSEG School of Management

Les entreprises soumises au marché du carbone sont 3,4 % plus susceptibles de réduire leurs effectifs que leurs homologues exempts de cette réglementation. Giulio_Fornasar/Shutterstock

Une étude met en lumière le lien entre hausse du prix du carbone et suppressions d’emplois. Depuis 2017, une augmentation significative du prix des émissions est en cours, désormais 17 fois plus élevé en 2025 qu’en 2017. Si toutes les entreprises affichent leur mécontentement, elles n’adoptent pas les mêmes stratégies selon qu’elles sont cotées en bourse ou non. Avec pour principaux perdants, les cols bleus.

En 2017, le Conseil européen a introduit des réformes majeures dans le système européen d’échange de quotas d’émission, provoquant une forte hausse du prix du carbone. Le prix d’une tonne d’émissions équivalentes en CO₂ a doublé, passant de 5,15 euros par tonne d’émissions le 1^er janvier 2017 à 11,06 euros le 1^er janvier 2018, puis à 22,23 euros le 1^er janvier 2019.

L’objectif est clair : rendre la pollution plus coûteuse, afin d’inciter les entreprises à réduire leurs émissions. Mais cette hausse des coûts a eu un effet inattendu, certaines entreprises ont réagi en supprimant des emplois.

Dans notre étude, nous mettons en évidence un lien clair entre la hausse des prix du carbone et les suppressions d’emplois et les ventes d’actifs de production (machines, équipements) par les entreprises.

Alors, la transition climatique se fait-elle au prix de l’emploi ?

Voici quelques entreprises bien connues qui relèvent de ce système : Carrefour, Sanofi, TotalEnergies, Engie, etc.

Hausse du prix du carbone

L’un des outils politiques largement utilisés pour atteindre cet objectif est le système de plafonnement et d’échange, ou cap-and-trade system. L’exemple le plus marquant est le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE), souvent considéré comme une référence.

Malgré sa réputation mondiale, le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne a eu du mal pendant des années à fixer des prix significatifs pour le carbone. Au cours de sa phase initiale de 2005 à 2007, beaucoup de permis de pollution ont été distribués, ce qui a entraîné une faible demande et fait baisser les prix.

La période suivante de 2008 à 2012 a coïncidé avec la crise financière mondiale, qui a fortement réduit l’activité industrielle et, par conséquent, les besoins en quotas d’émission. Même si le plafond d’émissions a été réduit de 6,5 %, les prix sont restés obstinément bas. Pendant plus d’une décennie, le système n’a pas réussi à créer la pression financière nécessaire pour entraîner des réductions importantes des émissions.

En 2017, l’Union européenne a corrigé cette situation en réduisant l’offre de quotas (the cap) par 2,2 % annuelle. L’enjeu : doubler la canalisation des quotas vers une nouvelle réserve de stabilité du marché, ou Market Stability Reserve, jusqu’à 2023 et ajouter un mécanisme d’annulation pour supprimer définitivement les quotas inutilisés lors de la phase suivante. L’impact a été immédiat puisque le prix d’émission est passé d’un peu plus de 5 euros début 2017 à 11 euros un an plus tard, puis à environ 32 euros en 2020.

Les industriels du carburant vent debout

Cette intervention a suscité une opposition importante de la part des entreprises, des syndicats et des groupes d’intérêt industriels. Ils craignent que l’augmentation des coûts du carbone ne pousse la production et les emplois hors d’Europe. Par exemple FuelsEurope, qui représente l’industrie européenne des carburants, et les producteurs d’acier ont exprimé leurs préoccupations, avertissant que les coûts supplémentaires les rendraient moins compétitifs à l’échelle mondiale

Pourtant, il existe peu de preuves tangibles pour étayer ces affirmations. Les entreprises soumises au SEQE-UE sont 3,4 % plus susceptibles de réduire leurs effectifs que leurs homologues non soumises au SEQE-UE.

Distinction entre entreprises cotées et non cotées

Cette tendance est loin d’être uniforme. Les entreprises cotées en bourse ne réduisent pas leurs effectifs, tandis que les entreprises non cotées les diminuent de manière plus marquée, avec des baisses pouvant atteindre 3,5 % dans les entreprises les plus polluantes. Les petites entreprises cotées (en dessous de la moyenne de l’échantillon en termes d’actifs totaux) qui disposent d’une marge de manœuvre financière limitée réduisent également leurs effectifs, mais dans une moindre mesure que leurs homologues non cotées.

Qu’ajustent ces entreprises en réponse à la hausse des coûts liés au carbone ? Cherchent-elles à maintenir leur production à un niveau stable, mais avec moins de travailleurs et d’actifs ? Ou bien produisent-elles moins globalement, et ont donc besoin de moins de ressources ?

Nos conclusions révèlent une distinction nette. Les entreprises privées ont tendance à réduire leurs activités, en supprimant à la fois des emplois et des actifs, ce qui suggère une réduction délibérée de leur champ d’action global. En revanche, les petites entreprises cotées en bourse, qui disposent de peu de liquidités, réduisent principalement leurs effectifs, sans diminuer leur base d’actifs.

En d’autres termes, les entreprises privées non cotées réduisent leurs effectifs en faisant moins, tandis que les entreprises cotées en bourse réduisent leurs effectifs en essayant de faire la même chose avec moins de personnel.

Les cols bleus sont les plus touchés

Afin de mieux cerner les employés les plus touchés par ces changements, nous avons également examiné les conséquences de la flambée des prix du carbone dans le cadre du SEQE-UE en Belgique.

À partir de données administratives détaillées, nous avons constaté que l’impact est loin d’être réparti de manière uniforme. Les cols bleus, les hommes ayant un faible niveau d’éducation (généralement avec diplôme secondaire ou sans) sont les plus touchés. L’effet est particulièrement prononcé chez les personnes sous contrat à temps partiel.

Ces résultats ont des implications importantes pour les décideurs politiques qui pilotent la transition écologique en Europe. Bon nombre des nouveaux emplois verts créés exigent des employés hautement qualifiés. Ce décalage pourrait créer des déséquilibres sur le marché du travail, soulignant le besoin urgent de programmes de formation et de reconversion.

Jana Boeckx ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. La hausse du prix du carbone conduit-elle à supprimer des emplois ? – https://theconversation.com/la-hausse-du-prix-du-carbone-conduit-elle-a-supprimer-des-emplois-268598

January 5, 2026

Comment les États autoritaires orientent les débats pour saper nos démocraties

Source: The Conversation – in French – By Aiden Hoyle, Assistant Professor in Intelligence and Security, Institute for Security and Global Affairs, Leiden University

Au-delà des « fake news » les États autoritaires utilisent une stratégie subtile pour discréditer les démocraties en manipulant l’information et les débats. Les réseaux sociaux et les médias en ligne sont utilisés pour exagérer les difficultés de nos régimes, pour nourrir la colère et pour imposer un récit alternatif.

Lorsque nous parlons de désinformation – la diffusion intentionnelle d’informations trompeuses – nous imaginons généralement des mensonges flagrants et des fake news propagés par des gouvernements étrangers. Parfois, l’objectif est d’influencer les électeurs lors d’élections, parfois de semer la confusion en période de crise.

Mais il s’agit là d’une vision grossière de la réalité. En fait, des pays autoritaires, tels que la Russie et, de plus en plus, la Chine, sont engagés dans des projets plus ambitieux visant à déformer la réalité politique. Ces pays cherchent à saper l’image des démocraties occidentales, tout en se présentant – eux-mêmes et leurs partenaires autoritaires – comme des modèles à suivre.

La construction de cette réalité politique inclut l’usage de mensonges flagrants, mais le récit repose le plus souvent sur une manipulation de l’information bien plus insidieuse. Les faits positifs sont mis en avant de manière disproportionnée, tandis que ceux qui dérangent sont ignorés ou sortis de leur contexte, afin qu’ils paraissent davantage conformes aux objectifs du narrateur.

Le Kremlin utilise depuis longtemps des médias financés par l’État, des médias relais ou des bots pour diffuser un flux constant de récits – articles de presse, tweets, vidéos ou publications sur les réseaux sociaux – conçus pour attiser les clivages politiques dans les sociétés démocratiques. Des rapports montrent que ces récits peuvent atteindre des publics bien au-delà de leurs plates-formes russes d’origine. Ils sont répétés, sans le savoir (ou parfois en toute connaissance de cause), par des médias locaux ou nationaux, des commentateurs ou des internautes.

Un motif récurrent consiste à présenter les sociétés démocratiques sous le jour le plus obscur possible. Il s’agit d’exagérer la criminalité, la corruption et le désordre social, de mettre en avant des protestations publiques, la stagnation économique ou l’instabilité gouvernementale. Le message sous-jacent est que la démocratie ne fonctionne pas et mène au chaos.

Certains récits visent à discréditer les valeurs progressistes des sociétés occidentales. Elles tournent en dérision les évolutions sociales progressistes comme les droits des personnes LGBTQIA+ ou le multiculturalisme, en les présentant comme absurdes ou ridicules.

D’autres s’appuient sur des problématiques bien réelles, mais les cadrent de manière à amplifier les sentiments de discrimination et de victimisation. Dans les États baltes, par exemple, les médias russes mettent fréquemment en avant les persécutions supposées des russophones, en suggérant qu’ils sont traités comme des citoyens de seconde zone, tout en ignorant d’autres points de vue.

Si l’on observe la « manosphère » en ligne – en pleine expansion – ce mécanisme est bien à l’œuvre, avec des messages qui renforcent un sentiment collectif de victimisation des hommes, et qui visent à alimenter les tensions et la défiance.

Une alternative autoritaire

Ces types de récits, qui présentent les sociétés occidentales comme dysfonctionnelles, sont utilisés depuis longtemps par le Kremlin pour nuire à l’image de la démocratie. Cependant, on observe de plus en plus la collaboration de la Russie et de la Chine dans l’espace médiatique mondial en ligne afin de présenter conjointement le monde autoritaire comme une alternative stable fondée sur des principes solides.

Ainsi, la Russie comme la Chine critiquent « l’ordre international » fondé sur des règles libérales et des normes politiques qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale. Elles considèrent cet ordre comme occidentalocentré et souhaitent remodeler l’ordre mondial à leur avantage.

La coopération militaire et économique fait partie de leurs efforts pour remettre en cause cet ordre, mais les médias et les espaces numériques jouent également un rôle important. Les deux États, par exemple, diffusent fréquemment des récits qui présentent les pays occidentaux comme des puissances néocoloniales.

Un autre thème récurrent est celui de démocraties dépeintes comme des acteurs hypocrites, prêchant l’égalité et l’équité sans les mettre en pratique. Les récits évoquant le manque d’unité au sein des alliances occidentales telles que l’OTAN ou l’Union européenne (UE) sont également constants dans les narrations russes et chinoises. À l’inverse, la Russie et la Chine sont présentées comme des pays rationnels et raisonnables, cherchant à protéger d’autres nations, plus vulnérables, de l’exploitation occidentale.

Pourquoi ces récits sont-ils efficaces ?

Ces récits semblent trouver un écho particulier auprès des publics des pays en développement. Cela s’explique souvent par le fait qu’ils contiennent un noyau de vérité. Les narrateurs de ces récits peuvent s’appuyer sur des problèmes réels, tels que les inégalités, les erreurs de politique étrangère ou les doubles standards. Incontestablement, de nombreux pays occidentaux sont confrontés à des tensions liées au coût de la vie et la politique étrangère n’est pas toujours cohérente. Les souvenirs du passé colonial rendent les accusations de néocolonialisme crédibles.

C’est souvent la manière dont une histoire est racontée qui induit en erreur. Des détails sont omis ou sortis de leur contexte. Des informations spéculatives sont présentées comme des faits. Il s’agit de créer une version déformée de la vérité.

Les récits sont souvent façonnés pour déclencher colère, choc, peur ou ressentiment. Par exemple, dans le contexte de la guerre en Ukraine, la désinformation peut suggérer que nos gouvernements nous trahissent en s’impliquant dans des guerres étrangères, ou que les citoyens ordinaires paient le prix des ambitions d’une élite corrompue.

Ces récits sont nourris de sensationnalisme, faisant l’impasse sur la nuance au profit de l’impact émotionnel. Cela assure leur amplification sur les réseaux sociaux.

La vérité peut être complexe et, parfois, ennuyeuse. En exploitant notre attirance pour le sensationnel, la Russie et la Chine peuvent progressivement distiller une image où la démocratie est dépeinte comme inefficace et chaotique, et où elles-mêmes incarnent une perspective d’avenir plus juste et plus fonctionnelle.

Finalement, la désinformation contemporaine relève moins du mensonge pur et simple que d’une construction subtile de vision du monde. Avec le temps, cette transformation silencieuse peut aller bien au-delà de l’impact d’une simple fake news, et nous amener à douter de la démocratie elle-même.

Aiden Hoyle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Comment les États autoritaires orientent les débats pour saper nos démocraties – https://theconversation.com/comment-les-etats-autoritaires-orientent-les-debats-pour-saper-nos-democraties-272214

January 5, 2026

L’éducation est-elle une faiblesse quand la loi du plus fort s’impose ?

Source: The Conversation – in French – By Laurent Bibard, Professeur en management, titulaire de la chaire Edgar Morin de la complexité, ESSEC

L’instruction fondamentale, c’est le langage, qui permet de questionner le monde. (_La Leçon_, de Pierre-Auguste Renoir, v. 1889). via Wikimedia Commons

Face aux crises climatiques, économiques et sociales qui s’enchaînent et obscurcissent notre horizon, il convient d’éviter les réponses toutes faites et de réapprendre à problématiser le monde pour identifier les véritables défis.

C’est dans cet esprit que, dans Par-delà le brouillard… il n’y a pas de crise, le philosophe Laurent Bibard dialogue avec Thibault Lieurade, journaliste spécialisé en économie et en management, afin d’éclairer treize grands enjeux contemporains, du travail à l’intelligence artificielle, en passant par l’éthique et la sexualité. Dans le chapitre consacré à l’éducation, ils s’arrêtent sur l’importance de l’expérience concrète, le goût de l’effort et la pression de la compétition. Extraits.

Lorsque l’on voit la remise en cause de la science, l’essor des dogmatismes religieux, la loi du plus fort que cherche à imposer Vladimir Poutine au mépris du droit international, ou encore le fait que Donald Trump nomme au ministère de l’éducation l’ancienne patronne de la fédération de catch, on peut se poser la question : faut-il désormais privilégier la musculation aux études ? Avons-nous changé d’époque ?

En raison de notre mémoire biologique très pauvre, l’éducation restera toujours indispensable aux humains que nous sommes. Les enfants humains dépendent de leurs parents pendant des décennies, ce qui n’est absolument pas le cas des animaux. Cela signifie que la relation de dépendance verticale, classique, descendante est absolument constitutive de notre humanité. Pourtant, notre destin est bien de devenir des adultes, des personnes libres, responsables, capables de prendre des décisions, d’affronter l’incertitude avec les autres, et ce, d’égal à égal.

Cette relation parents-enfants qui nous conditionne cependant irréductiblement à l’origine pourrait s’appliquer de manière symbolique au domaine de la gestion, ou au monde politique. En effet, nous sommes faits d’une tension toujours présente au long de nos vies entre ces deux pôles contradictoires, ce qui explique les difficultés et les dérives possibles. N’oublions pas que l’origine du mot enfant, en latin, est infans, autrement dit celui qui n’a pas la parole, celui qui ne sait pas parler. À l’inverse, l’adulte, c’est quelqu’un qui sait prendre la parole, qui peut prendre la parole, qui ose prendre la parole. Lorsque la parole est libre, elle ouvre et signe un monde libre, où l’on parle, en dehors du seul règne de la force. Cela est inséparable de la notion de responsabilité, laquelle s’apprend et implique donc un besoin essentiel d’éducation. La responsabilité, c’est la capacité de répondre, et il n’y a pas de réponse sans question.

L’instruction fondamentale, c’est donc le langage. La deuxième chose que le parent se doit de laisser faire aux enfants pour qu’ils grandissent, ce sont des expériences. Bien sûr, il interdit les expériences qui seraient radicalement dangereuses, mais il permet le plus d’expériences possible au travers desquelles, même s’il échoue, l’enfant s’essaye, s’éprouve et, par là, grandit. Le parent tyrannique, volontairement ou maladroitement, en voulant surprotéger l’enfant, va l’empêcher de grandir, faute de le laisser faire ses expériences. Ainsi, le parent symbolique, tyrannique, le despote ou le tyran qui gouverne un pays par la force va empêcher la population de grandir, c’est-à-dire de prendre la parole au sens fort du terme, d’avoir « droit de cité ».

L’extrême inverse, c’est une politique de l’enfant qui se croit d’emblée adulte sans avoir besoin d’éducation. Les réseaux sociaux et Internet favorisent cela. Comme une information gigantesque est disponible, comme tout le contenu du monde est accessible par téléphone, par tablette, par ordinateur, émerge ce sentiment qu’il n’y a plus besoin d’éducation, de parents réels ou symboliques pour grandir. C’est dramatique, car ce qui manque dans ce cas-là, ce n’est pas le contenu informationnel, mais l’apprentissage du sens critique, le développement des capacités de réflexion, de prise de distance, de recul, d’interrogation.

Néanmoins, dans un monde où l’intelligence artificielle (IA) écrit, traduit, calcule ou encore dessine de manière parfois plus pertinente et, dans tous les cas, plus rapidement que l’humain, à quoi servent encore les écoles primaire et secondaire, les enseignements de langues (tout du moins à l’écrit) ou de maths ?

Effectivement, ces outils sont très pratiques. Mais ce qui est très pratique peut avoir pour conséquence de nous faire perdre toutes sortes de compétences parce que leur utilisation nous rend paresseux. Pour prendre un exemple : entre autres, j’enseigne beaucoup en formation continue, auprès de personnes très alertes qui ont des postes à hautes responsabilités dans des programmes appelés Executive MBA. Cela signifie que les participants ont des fonctions de cadres, déjà de très haut niveau, et qu’ils vont devenir directeurs à des niveaux encore plus importants. Je leur demande dans certains cours un rendu écrit sur la base du cours. Ils ont maintenant tendance à le faire de plus en plus rédiger par un logiciel et, en conséquence, ils ne s’investissent pas dans le texte et dans la réflexion, ou très peu. Ils perdent donc l’occasion d’approfondir qualitativement l’intensité réflexive dont ils sont pourtant capables. Quand on perd cela, c’est son âme que l’on perd.

Mais dans un monde où il faut aller vite, où il faut être productif, compétitif, n’est-on pas dès lors contraint de sacrifier son âme pour survivre, ne serait-ce qu’économiquement ?

C’est là un problème vieux comme le monde. L’auteur qui l’a le plus explicitement posé, c’est Machiavel. Il dit à peu près ceci : « On veut la paix, peut-être, mais si les autres innovent, en particulier dans le domaine des armes, on ne peut pas ne pas tout faire pour dépasser ceux qui veulent nous agresser en innovant. » On se trouve dans l’obligation, du fait de la concurrence, de jouer le jeu. Nous devrions malgré tout sans cesse nous poser la question de savoir à quoi ça sert, vers où cela nous mène. Nous sommes ainsi dans un gâchis gigantesque à cause du problème de la compétition. La compétition, c’est toujours du court-termisme auquel on est bien obligé de souscrire parce qu’on a besoin de préserver nos existences. Mais si nous ne faisons que cela, le monde court à sa perte. Et nous le savons bien.

Nous sommes actuellement dans un contexte où la nouvelle présidence américaine rejette complètement la question du climat en aggravant de manière dramatique la compétition au travers des énergies fossiles et de tout ce qu’il faut tenter de quitter. À long terme, de telles positions nous conduisent effectivement à notre perte. La même réflexion s’impose sur l’IA : le volume de matières premières qu’utilisent les machines pour fonctionner, ou encore les « petites mains » des plates-formes, posent des questions environnementales et sociales considérables que la fascination pour l’IA masque.

Quand nous considérons ces questions, cela nous oblige, de nouveau, à prendre du recul. Mon point n’est pas de dire qu’il ne faut pas le faire, mais qu’il faut se demander constamment à quoi sert ce que l’on fait et jusqu’où le faire. Donc, arbitrer pour le meilleur.

L’essor de l’IA permet aussi, pour un certain nombre de tâches, de réduire considérablement l’effort. En quoi faut-il veiller à ce point, à savoir ne pas perdre un certain goût de l’effort ? Comment transmettre désormais aux plus jeunes ce goût de l’effort ? Faut-il davantage insister sur le plaisir de faire ?

C’est capital. J’en reviens au court-termisme : on est dans un monde qui donne l’illusion de pouvoir avoir tout, tout le temps et tout de suite, et que c’est bien ainsi. Les plus jeunes peuvent ainsi croire que l’on peut être adulte sans avoir besoin d’éducation, être d’emblée quelqu’un de capable. Bien évidemment, c’est faux. Être capable, cela s’apprend. C’est pénible, c’est dangereux. Comme on l’a déjà vu, le mot péril est indissociable de la notion d’expérience. On ne construit pas sa personnalité sans danger et sans aller à des choses qui ne sont pas évidentes ni spontanément agréables.

Dans la clinique taoïste, manger et penser, donc savourer et savoir, c’est la même chose. D’ailleurs, l’étymologie de savoir le dit : la saveur et le savoir, c’est la même chose. On en a déjà parlé : quand on donne à un enfant à manger quelque chose, l’enfant peut avoir une répugnance a priori. La tâche du parent est, tant que l’enfant n’a pas goûté, de lui dire qu’il ne peut pas savoir s’il aime ou s’il n’aime pas – donc de l’obliger à goûter, pour se faire vraiment une idée, comme on dit. C’est l’équivalent de l’effort. On peut caricaturer un peu – mais pas tant que cela : quand on n’a pas envie de faire d’effort pour l’alimentation, on souscrit à McDo et l’enfant est obèse à vingt ans… L’éducation du goût donne le goût de l’éducation.

Laurent Bibard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. L’éducation est-elle une faiblesse quand la loi du plus fort s’impose ? – https://theconversation.com/leducation-est-elle-une-faiblesse-quand-la-loi-du-plus-fort-simpose-272113