España, a tiempo de no quedarse atrás en la carrera por los polos

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ana Belén López Tárraga, Investigadora en el Grupo de investigación Territorio, Innovación y Desarrollo (TEIDE), Universidad de Salamanca

Remo Thommen/Shutterstock

Comer bacalao forma parte de la cultura gastronómica española. Bacalao a la tranca, a la vizcaína, en potaje o en brandada… ¿Quién no ha probado alguno de estos platos? Pues bien, si lo ha hecho, por unos momentos ha estado conectado con el Polo Norte, porque gran parte del bacalao que comemos viene del océano Ártico.

Bacalao en salazón sobre un puesto de un mercado
Bacalao en salazón en un puesto de venta en el mercado.
Ana Belén López Tárraga, CC BY-NC-SA

Este detalle curioso muestra que España está más unida a las regiones polares de lo que parece. Aunque estén muy lejos, los polos han influido en su historia, su economía y también en su forma de vida.

El interés por estos lugares viene de hace siglos. En el siglo XVI, pescadores y balleneros del norte del país viajaban a los mares de Terranova y Labrador, en la actual Canadá. Allí cazaban ballenas y pescaban bacalao, productos muy valiosos entonces. Aquellos viajes fueron los primeros contactos entre España y el Ártico.

En 1603, el navegante Gabriel de Castilla escribió que había visto tierras antárticas durante una expedición por Tierra del Fuego, entre Argentina y Chile. Es posible que fuera el primer europeo en describir el continente blanco. Esas expediciones no solo fueron comerciales: también iniciaron la observación científica de las zonas polares.

De la exploración a la ciencia

Con el tiempo, los polos dejaron de ser territorios de exploradores para convertirse en laboratorios naturales. Allí se estudian temas clave como el cambio climático, la vida marina, los océanos y la atmósfera. Lo que ocurre en el Ártico o en la Antártida afecta directamente al clima y a los mares del mundo.

España, aunque no tiene territorio polar, ha desempeñado un papel importante en la investigación antártica. Desde 1987 organiza cada verano una Campaña Antártica en la que los científicos estudian el hielo, el clima y los ecosistemas. Además, España cuenta con dos bases científicas: la Juan Carlos I y la Gabriel de Castilla, situadas en las islas Shetland del Sur.

En estas misiones colaboran universidades y centros de investigación de todo el país. Sin embargo, la presencia española en el Ártico ha sido menor. No hay bases propias, y la mayoría de los estudios se realizan con el apoyo de otros países.

Un conjunto de construcciones rojas sobre un terreno cubierto de nieve y al fondo el mar helado
Base Antártica Española Gabriel de Castilla, situada en la isla Decepción.
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, CC BY-NC-SA



Leer más:
¿Qué papel geopolítico y científico tiene España en los dos polos?


Un plan que espera convertirse en realidad

En 2016, el Ministerio de Ciencia publicó las Directrices para una Estrategia Polar Española. Este documento marcaba las ideas que debía seguir España para fortalecer su presencia en los polos.

El plan se dividía en tres partes: investigación científica, apoyo logístico y acciones sectoriales.

En la parte científica, se pedía mantener una observación continua del entorno polar. También crear un programa nacional de seguimiento a largo plazo y reforzar el Centro Nacional de Datos Polares. Se propuso apoyar a jóvenes investigadores, promover la cooperación con otros países y acercar el conocimiento polar al público.

En la parte logística, el objetivo era mantener y modernizar las bases antárticas y mejorar el transporte marítimo y aéreo que las abastece. Además, se recomendaba cooperar con otras naciones para compartir recursos, reducir costes y cuidar el medio ambiente.

Por último, en las acciones sectoriales, se destacaba la importancia de la pesca sostenible. Este sector es clave para la economía española. La estrategia proponía una gestión responsable de los recursos marinos y una participación activa en los foros internacionales que deciden sobre la protección de los océanos.

¿Por qué España debería ponerse al día?

Han pasado casi diez años desde que se publicaron esas directrices. Aun así, España no ha convertido el plan en una estrategia real. Esto ha hecho que el país avance más despacio que otros.

Mientras tanto, Francia, Alemania y el Reino Unido, que tampoco son países árticos, ya tienen políticas polares consolidadas. También China e India han desarrollado programas ambiciosos de investigación y cooperación. Estas naciones han entendido que el Ártico y la Antártida son espacios esenciales para la ciencia y la sostenibilidad del planeta.




Leer más:
El deshielo de Groenlandia, un altavoz del cambio global y sus impactos


Vivimos un momento marcado por la crisis climática y el deshielo acelerado. España tiene la oportunidad de ponerse al día y actualizar su estrategia. Una política moderna permitiría reforzar la ciencia, asegurar financiación estable y mejorar la coordinación entre ministerios e instituciones.

Además, serviría para planificar mejor las operaciones logísticas, mantener las bases en buen estado y aumentar la cooperación en el Ártico. También ayudaría a unir la investigación con la economía, impulsando sectores sostenibles como la pesca, la tecnología marina y las energías limpias.




Leer más:
La pesca mundial frente al cambio climático: un éxodo hacia los polos


Una apuesta por el futuro

Tener una política polar actualizada no es solo una cuestión científica. Es también una forma de asumir responsabilidad global ante los retos del siglo XXI. Los polos son el termómetro del planeta: lo que ocurre allí nos afecta a todos.

España tiene la experiencia, el conocimiento y las alianzas necesarias para desempeñar un papel más activo. Convertir las directrices de 2016 en una estrategia concreta permitiría aprovechar el trabajo ya hecho y situar al país entre las naciones que lideran la protección y el estudio de las regiones polares.

Hablar de los polos no es hablar de lugares lejanos. Es hablar del futuro del clima, de los océanos y de la vida en la Tierra.

The Conversation

Ana Belén López Tárraga no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. España, a tiempo de no quedarse atrás en la carrera por los polos – https://theconversation.com/espana-a-tiempo-de-no-quedarse-atras-en-la-carrera-por-los-polos-266685

Ya podemos personalizar la dosis de ejercicio físico midiendo el tiempo entre dos latidos

Source: The Conversation – (in Spanish) – By María Carrasco-Poyatos, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Almería

Taras Grebinets/Shutterstock

¿Es el ejercicio físico un fármaco más? Si no lo es, al menos ha ganado fama últimamente dentro del mundo de la salud por sus múltiples beneficios. Más allá de mejorar el aspecto físico, ejercitarnos ayuda a reducir el dolor y mejora la calidad del sueño, el estado de ánimo y la calidad de vida.

Lo extraordinario es que sus beneficios se perciben incluso entrenando muy poco. Cualquier movimiento es mejor que el sedentarismo. Sin embargo, para que el ejercicio tenga un efecto significativo es necesario aplicar una dosis adecuada en tipo, intensidad, frecuencia y progresión. Sin olvidar que los programas deben ser individualizados.

La dificultad de ajustar la “dosis” de ejercicio a cada persona

Se sabe que un entrenamiento estandarizado provoca efectos diferentes en cada individuo. Es decir, si un grupo de personas se reúne para hacer el mismo entrenamiento, incluso teniendo características comunes, no todas obtendrán el mismo beneficio de la sesión. Esto, si estamos sanos, no tiene más importancia porque normalmente no genera efectos adversos. Pero cuando se trata de pacientes con enfermedades, hay que tenerlo muy en cuenta.

Además, todos hemos notado que cada día no es igual que el anterior, es decir, que no nos sentimos siempre de la misma manera. Nuestro estilo de vida, el manejo del estrés, la edad, el género o la ratio trabajo/descanso van a condicionar nuestro estado psicofisiológico diario, lo que hace más compleja si cabe la individualización del entrenamiento.

Igual que un médico ajusta la dosis del fármaco para que produzca el efecto deseado en el paciente, se debería adaptar la dosis del ejercicio físico a cada persona para conseguir la mejora fisiológica deseada. Pero ¿cómo sabemos cuál es la dosis exacta? O dicho de otro modo, ¿cómo se individualiza el entrenamiento?

Este fue el punto de partida de la nueva línea de investigación que iniciamos en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Almería, dentro del grupo de investigación HUM628, destinada a generar avances sobre la adaptación de la cantidad de ejercicio físico a cada persona, y en la que venimos trabajando desde 2018. Se trata del entrenamiento basado en la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV, por sus siglas en inglés).

Un paso más cerca de la individualización

La HRV se define como el tiempo que transcurre entre dos latidos consecutivos. Refleja el estado del sistema nervioso autónomo, que se encarga de controlar las respuestas involuntarias del organismo para mantener un estado de equilibrio. Este sistema está por la rama simpática, que se activa en situaciones de estrés y alerta, y la parasimpática, responsable de la relajación y la recuperación. El equilibrio simpático/parasimpático es clave para que nuestro organismo siga funcionando correctamente y afronte de manera adecuada las cargas del entrenamiento.

Se ha comprobado que, en estado de reposo, valores altos de HRV coinciden con la activación del parasimpático, mientras que valores bajos se asocian a una predominancia del simpático. Con esta idea, el valor de HRV antes de entrenar nos indicará cómo de preparado está el organismo para realizar un estímulo de alta intensidad (HRV alto) o si, por el contrario, debemos elegir un entreno de baja intensidad ese día (HRV bajo).

Los estudios realizados hasta el momento han encontrado resultados satisfactorios en cuanto al ajuste de las cargas, puntualizando que, efectivamente, el estado de preparación fisiológica se ve reflejado en los valores de HRV, y que adaptar la intensidad del entrenamiento al estado fisiológico no repercute negativamente en la mejora del rendimiento.

Concretamente, en nuestros estudios en pacientes con patologías cardiovasculares vimos que el entrenamiento basado en HRV mejora la composición corporal, la capacidad funcional, la calidad de vida y las variables cardiorrespiratorias por encima de un plan estandarizado, con menor volumen de entrenamiento a alta intensidad. En resumen, usar el HRV genera más beneficios con menos minutos de entrenamiento a alta intensidad, optimizando la dosis de entrenamiento y aportando calidad.

En este sentido, tener en cuenta cómo varía la frecuencia cardíaca se convierte en un dato muy útil para ayudarnos a individualizar el entrenamiento de forma diaria. Además, hoy en día la HRV puede registrarse de forma sencilla e instantánea con instrumentos como pulsómetros con banda pectoral, pulsómetros con medición en la muñeca dispositivos que se sitúan en el pecho, anillos inteligentes o aplicaciones de dispositivos móviles, como HRV4Training o Welltory.

Consejos prácticos para personalizar el entrenamiento

Quien desee personalizar su entrenamiento por sí mismo puede seguir las siguientes recomendaciones:

  1. Medir su HRV para conocer su estado de recuperación y adaptar el entreno a sus necesidades.

  2. Escuchar su cuerpo, completando esta valoración con sus propias sensaciones.

  3. Entrenar sin prisa, centrándose en progresar adecuadamente.

  4. Consultar a un profesional, sobre todo si padece una enfermedad crónica.

  5. Priorizar la recuperación, recordando que es tan importante como el entrenamiento en sí. Conviene incluir días de descanso en la rutina, especialmente si el HRV se encuentra bajo.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. Ya podemos personalizar la dosis de ejercicio físico midiendo el tiempo entre dos latidos – https://theconversation.com/ya-podemos-personalizar-la-dosis-de-ejercicio-fisico-midiendo-el-tiempo-entre-dos-latidos-264404

Nicolas Sarkozy incarcéré : une normalisation démocratique ?

Source: The Conversation – France in French (3) – By Vincent Sizaire, Maître de conférence associé, membre du centre de droit pénal et de criminologie, Université Paris Nanterre – Alliance Paris Lumières

L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été incarcéré à la prison de la Santé à Paris, ce mardi 21 octobre, après avoir été jugé coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Cet événement inédit dans l’histoire de France s’inscrit dans une évolution des pratiques de la magistrature qui s’est progressivement émancipée du pouvoir politique. Elle couronne le principe républicain, proclamé en 1789, mais longtemps resté théorique, d’une pleine et entière égalité des citoyens devant la loi.


Le 25 septembre 2025, Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs par le tribunal correctionnel de Paris, qui a considéré qu’il avait tenu un rôle actif dans la mise en place d’un dispositif de financement de sa campagne électorale de 2007 par les dirigeants libyens. Comme on pouvait s’y attendre, cette décision a immédiatement suscité l’ire d’une large partie de la classe politique.

Que l’on conteste la décision en soutenant qu’elle est injuste et infondée, cela est parfaitement légitime dans une société démocratique, à commencer pour les principaux intéressés, dont c’est le droit le plus strict – comme, d’ailleurs, de faire appel du jugement. Mais, dans le sillage de la décision rendue dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national, cette condamnation est aussi l’occasion, pour une large fraction des classes dirigeantes, de relancer le procès du supposé « gouvernement des juges ».

Certes, la condamnation peut paraître particulièrement sévère : 100 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité et surtout, cinq ans d’emprisonnement avec un mandat de dépôt différé qui, assorti de l’exécution provisoire, oblige le condamné à commencer d’exécuter sa peine de prison même s’il fait appel.

Toutefois, si on les met en regard des faits pour lesquels l’ancien chef de l’État a été condamné, ces peines n’apparaissent pas disproportionnées. Les faits sont d’une indéniable gravité : organiser le financement occulte d’une campagne électorale avec des fonds provenant d’un régime corrompu et autoritaire, la Libye, (dont la responsabilité dans un attentat contre un avion ayant tué plus de 50 ressortissants français a été reconnue par la justice), en contrepartie d’une intervention pour favoriser son retour sur la scène internationale…

Alors que la peine maximale encourue était de dix ans de prison, la sanction finalement prononcée ne peut guère être regardée comme manifestement excessive. Mais ce qui est contesté, c’est le principe même de la condamnation d’un responsable politique par la justice, vécue et présentée comme une atteinte intolérable à l’équilibre institutionnel.

Si l’on prend le temps de la mise en perspective historique, on constate pourtant que les jugements rendus ces dernières années à l’encontre des membres de la classe dirigeante s’inscrivent, en réalité, dans un mouvement d’émancipation relative du pouvoir juridictionnel à l’égard des autres puissances et, en particulier, du pouvoir exécutif. Une émancipation qui lui permet, enfin, d’appliquer pleinement les exigences de l’ordre juridique républicain.

L’égalité des citoyens devant la loi, un principe républicain

Faut-il le rappeler, le principe révolutionnaire proclamé dans la nuit du 4 au 5 août 1789 est celui d’une pleine et entière égalité devant la loi, entraînant la disparition corrélative de l’ensemble des lois particulières – les « privilèges » au sens juridique du terme – dont bénéficiaient la noblesse et le haut clergé. Le Code pénal de 1791 va plus loin encore : non seulement les gouvernants peuvent voir leur responsabilité mise en cause devant les mêmes juridictions que les autres citoyens, mais ils encourent en outre des peines aggravées pour certaines infractions, notamment en cas d’atteinte à la probité.

Les principes sur lesquels est bâti le système juridique républicain ne peuvent être plus clairs : dans une société démocratique, où chaque personne est en droit d’exiger non seulement la pleine jouissance de ses droits, mais d’une façon générale, l’application de la loi, nul ne peut prétendre bénéficier d’un régime d’exception – les élus moins encore que les autres. C’est parce que nous avons l’assurance que leurs illégalismes seront sanctionnés effectivement, de la même façon que les autres citoyens et sans attendre une bien hypothétique sanction électorale, qu’ils et elles peuvent véritablement se dire nos représentantes et représentants.

Longtemps, cette exigence d’égalité juridique est cependant restée largement théorique. Reprise en main et placée dans un rapport de subordination plus ou moins explicite au gouvernement, sous le Premier Empire (1804-1814), la magistrature est demeurée sous l’influence de l’exécutif au moins jusqu’au milieu du XXe siècle. C’est pourquoi, jusqu’à la fin du siècle dernier, le principe d’égalité devant la loi va se heurter à un singulier privilège de « notabilité » qui, sauf situations exceptionnelles ou faits particulièrement graves et médiatisés, garantit une relative impunité aux membres des classes dirigeantes dont la responsabilité pénale est mise en cause. Il faut ainsi garder à l’esprit que la figure « du juge rouge », popularisée dans les médias à la fin des années 1970, vient stigmatiser des magistrats uniquement parce qu’ils ont placé en détention, au même titre que des voleurs de grand chemin, des chefs d’entreprise ou des notaires.

La donne ne commence à changer qu’à partir du grand sursaut humaniste de la Libération qui aboutit, entre autres, à la constitution d’un corps de magistrats recrutés sur concours, bénéficiant à partir de 1958 d’un statut relativement protecteur et d’une école de formation professionnelle spécifique, l’École nationale de la magistrature. Ce corps se dote progressivement d’une déontologie exigeante, favorisée notamment par la reconnaissance du syndicalisme judiciaire en 1972. Ainsi advient une nouvelle génération de juges qui, désormais, prennent au sérieux la mission qui leur est confiée : veiller en toute indépendance à la bonne application de la loi, quels que soient le statut ou la situation sociale des personnes en cause.

C’est dans ce contexte que survient ce qui était encore impensable quelques décennies plus tôt : la poursuite et la condamnation des notables au même titre que le reste de la population. Amorcé, comme on l’a dit, au milieu des années 1970, le mouvement prend de l’ampleur dans les décennies suivantes avec la condamnation de grands dirigeants d’entreprises, comme Bernard Tapie, puis de figures politiques nationales, à l’image d’Alain Carignon ou de Michel Noir, députés-maires de Grenoble et de Lyon. La condamnation d’anciens présidents de la République à partir des années 2010 – Jacques Chirac en 2011, Nicolas Sarkozy une première fois en 2021 – achève de normaliser cette orientation ou, plutôt, de mettre fin à l’anomalie démocratique consistant à réserver un traitement de faveur aux élus et, plus largement, aux classes dirigeantes.

Procédant d’abord d’une évolution des pratiques judiciaires, ce mouvement a pu également s’appuyer sur certaines modifications du cadre juridique. Ainsi de la révision constitutionnelle de février 2007 qui consacre la jurisprudence du Conseil constitutionnel suivant laquelle le président de la République ne peut faire l’objet d’aucune poursuite pénale durant l’exercice de son mandat, mais qui permet la reprise de la procédure dès la cessation de ses fonctions. On peut également mentionner la création, en décembre 2013, du Parquet national financier qui, s’il ne bénéficie pas d’une indépendance statutaire à l’égard du pouvoir exécutif, a pu faire la preuve de son indépendance de fait ces dernières années.

C’est précisément contre cette évolution historique qu’est mobilisée aujourd’hui la rhétorique de « la tyrannie des juges ». Une rhétorique qui vise moins à défendre la souveraineté du peuple que celle, oligarchique, des gouvernants.

The Conversation

Vincent Sizaire ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Nicolas Sarkozy incarcéré : une normalisation démocratique ? – https://theconversation.com/nicolas-sarkozy-incarcere-une-normalisation-democratique-266101

Giant ground sloths’ fossilized teeth reveal their unique roles in the prehistoric ecosystem

Source: The Conversation – USA – By Larisa R. G. DeSantis, Associate Professor of Biological Sciences, Vanderbilt University

Harlan’s ground sloth fossil skeleton excavated and displayed at the La Brea Tar Pits in Los Angeles. Larisa DeSantis
animal hanging from a branch looks upside down at the camera
A two-toed sloth at the Nashville Zoo.
Larisa R. G. DeSantis

Imagine a sloth. You probably picture a medium-size, tree-dwelling creature hanging from a branch. Today’s sloths – commonly featured on children’s backpacks, stationery and lunch boxes – are slow-moving creatures, living inconspicuously in Central American and South American rainforests.

But their gigantic Pleistocene ancestors that inhabited the Americas as far back as 35 million years ago were nothing like the sleepy tree huggers we know today. Giant ground sloths – some weighing thousands of pounds and standing taller than a single-story building – played vital and diverse roles in shaping ecosystems across the Americas, roles that vanished with their loss at the end of the Pleistocene.

In our new study, published in the journal Biology Letters, we aimed to reconstruct the diets of two species of giant ground sloths that lived side by side in what’s now Southern California. We analyzed remains recovered from the La Brea Tar Pits of what are colloquially termed the Shasta ground sloth (Nothrotheriops shastensis) and Harlan’s ground sloth (Paramylodon harlani). Our work sheds light on the lives of these fascinating creatures and the consequences their extinction in Southern California 13,700 years ago has had on ecosystems.

Dentin dental challenges

Studying the diets of extinct animals often feels like putting together a jigsaw puzzle with only a portion of the puzzle pieces. Stable isotope analyses have revolutionized how paleoecologists reconstruct the diets of many ancient organisms. By measuring the relative ratios of light and heavy carbon isotopes in tooth enamel, we can figure out what kinds of foods an animal ate – for instance, grasses versus trees or shrubs.

dental drill in hands near an animal jawbone
Drilling teeth provides a sample for stable isotope analyses.
Aditya Kurre

But the teeth of giant ground sloths lack enamel, the highly inorganic and hard outer layer on most animal teeth – including our own. Instead, sloth teeth are made primarily of dentin, a more porous and organic-rich tissue that readily changes its chemical composition with fossilization.

Stable isotope analyses are less dependable in sloths because dentin’s chemical composition can be altered postmortem, skewing the isotopic signatures.

Another technique researchers use to glean information about an animal’s diet relies on analyzing the microscopic wear patterns on its teeth. Dental microwear texture analysis can infer whether an animal mostly ate tough foods such as leaves and grass or hard foods such as seeds and fruit pits. This technique is also tricky when it comes to sloths’ fossilized teeth because signs of wear may be preserved differently in the softer dentin than in harder enamel.

Prior to studying fossil sloths, we vetted dental microwear methods in modern xenarthrans, a group of animals that includes sloths, armadillos and anteaters. This study demonstrated that dentin microwear can reveal dietary differences between leaf-eating sloths and insect-consuming armadillos, giving us confidence that these tools could reveal dietary information from ground sloth fossils.

Distinct dietary niches revealed

Previous research suggested that giant ground sloths were either grass-eating grazers or leaf-eating browsers, based on the size and shape of their teeth. However, more direct measures of diet – such as stable isotopes or dental microwear – were often lacking.

Our new analyses revealed contrasting dental wear signatures between the two co-occurring ground sloth species. The Harlan’s ground sloth, the larger of the two, had microwear patterns dominated by deep pitlike textures. This kind of wear is indicative of chewing hard, mechanically challenging foods such as tubers, seeds, fungi and fruit pits. Our new evidence aligns with skeletal adaptations that suggest powerful digging abilities, consistent with foraging foods both above and below ground.

diagram of sloth profiles, tooth outline and magnified surface of two bits of the teeth
The fossil teeth of the Harlan’s ground sloth typically showed deeper pitlike textures, bottom, while the Shasta ground sloth teeth had shallower wear patterns, top.
DeSantis and Kurre, Biology Letters 2025

In contrast, the Shasta ground sloth exhibited dental microwear textures more akin to those in leaf-eating and woody plant-eating herbivores. This pattern corroborates previous studies of its fossilized dung, demonstrating a diet rich in desert plants such as yucca, agave and saltbush.

Next we compared the sloths’ microwear textures to those of ungulates such as camels, horses and bison that lived in the same region of Southern California. We confirmed that neither sloth species’ dietary behavior overlapped fully with other herbivores. Giant ground sloths didn’t perform the same ecological functions as the other herbivores that shared their landscape. Instead, both ground sloths partitioned their niches and played complementary ecological roles.

Extinctions brought ecological loss

The Harlan’s ground sloth was a megafaunal ecosystem engineer. It excavated soil and foraged underground, thereby affecting soil structure and nutrient cycling, even dispersing seed and fungal spores over wide areas. Anecdotal evidence suggests that some anachronistic fruits – such as the weird, bumpy-textured and softball-size Osage orange – were dispersed by ancient megafauna such as giant ground sloths. When the Pleistocene megafauna went extinct, the loss contributed to the regional restriction of these plants, since no one was around to spread their seeds.

The broader consequence is clear: Megafaunal extinctions erased critical ecosystem engineers, triggering cascading ecological changes that continue to affect habitat resilience today. Our results resonate with growing evidence that preserving today’s living large herbivores and understanding the diversity of their ecological niches is crucial for conserving functional ecosystems.

Studying the teeth of lost giant ground sloths has illuminated not only their diets but also the enduring ecological legacies of their extinction. Today’s sloths, though charming, only hint at the profound environmental influence of their prehistoric relatives – giants that shaped landscapes in ways we are only beginning to appreciate.

The Conversation

Larisa R. G. DeSantis received funding from the National Science Foundation, the Guggenheim Foundation, and Vanderbilt University. DeSantis is also a research associate at the La Brea Tar Pits and Museum.

Aditya Reddy Kurre received funding from Vanderbilt University.

ref. Giant ground sloths’ fossilized teeth reveal their unique roles in the prehistoric ecosystem – https://theconversation.com/giant-ground-sloths-fossilized-teeth-reveal-their-unique-roles-in-the-prehistoric-ecosystem-267601

Prince Andrew didn’t really give up his titles, and truly removing them would be onerous

Source: The Conversation – Canada – By Justin Vovk, Adjunct Professor. History of the Royal Family, Redeemer University

Prince Andrew has announced he will “no longer use my title or the honours which have been conferred upon me.” Translation? Andrew is giving up his Duke of York title.

The decision comes as the Royal Family has faced calls to take action against Andrew over his friendship with Jeffrey Epstein, the notorious convicted sex offender and pedophile who died in prison in 2019.

The late Virginia Giuffre, one of Epstein’s victims, accused Andrew of sexually assaulting her on three occasions when she was 17, allegations he has repeatedly denied. In 2022, she settled a civil lawsuit against him in a Manhattan court for an undisclosed amount and a charitable donation.

PR disaster

Prince Andrew’s public image imploded after his now infamous 2019 interview with BBC’s Newsnight. Speaking to host Emily Maitlis, he presented an incredulous, implausible and, at times, baffling series of denials in an attempt to clear his name of any wrongdoing toward Giuffre when she was underage.

Andrew’s statements during the interview were met with “near universal condemnation” and were a public relations disaster for the prince. He was removed from public duties four days later.




Read more:
A Very Royal Scandal: of all the interviews that rocked the royal family’s brand – Prince Andrew’s might just be the worst


Within a week, he resigned from his role as patron of more than 200 charitable organizations. He was no longer a working member of the Royal Family, but a member he nonetheless remained.

These actions did little to improve public opinion of Andrew or his actions. In June 2020, Newsweek released a poll suggesting almost 60 per cent of Britons felt Andrew should not only be stripped of his titles, but also extradited to the United States to answer for his conduct with Epstein.

A case of déjà vu

The first major step taken by the Royal Family only came in January 2022 once a judge allowed Giuffre’s civil suit to proceed. Andrew was stripped of all his military appointments and honourary positions.

At the same time, Buckingham Palace announced Andrew would no longer be referred to as His Royal Highness. To date, there has been no formal decree stripping Andrew of HRH. It simply disappeared from his name.

That makes his recent announcement to give up his royal titles seem like a case of déjà vu.

Despite appearances to the contrary, he hasn’t actually been renounced or been stripped of those titles or honours. They have simply fallen into dormancy; an inactive limbo. Andrew is still a prince and is still in the line of succession to the British throne, at least for now.

The natural question that many people are now asking is why hasn’t Andrew been formally stripped of these titles? Why is he still a prince? To answer those question, it’s necessary to explain what these titles mean and the process to remove them, which is actually much more complicated than meets the eye.

Andrew’s titles

Let’s start with the prince. As a child of the late Queen Elizabeth, Andrew was born a prince of the United Kingdom. In 1917, King George V issued a royal decree known as Letters Patent. The document stated “that the children of any Sovereign …shall have and at all times hold and enjoy the style title or attribute of Royal Highness with their titular dignity of Prince or Princess.”

There is currently no mechanism for stripping a sovereign’s child of that princely title. But never say never.

In 1986, Queen Elizabeth granted Andrew the titles Duke of York, Earl of Inverness and Baron Killyleagh. These titles are known as peerages.

For centuries, it has been customary for sovereigns to bestow peerages on their sons and heirs. Prince William was made Duke of Cambridge on his wedding day in 2011. Prince Harry was similarly granted the title Duke of Sussex when he married Meghan Markle in 2018.

It has become tradition that certain peerages go to certain members of the Royal Family. Since 1474, for example, the title Duke of York has been bestowed on the sovereign’s second son.

An act of parliament

For nearly 40 years, this title has been synonymous with Prince Andrew. When it was recently announced that he would no longer use his peerage titles, news reports spread like wildfire with headlines declaring he had lost or relinquished his titles. Neither, in fact, has happened.

King Charles can’t simply revoke a peerage once it has been granted. Doing so would require an act of parliament under some pretty extreme circumstances. It has only happened twice in the last two centuries.

In 1798, parliament passed an Act of Attainder (or treason) against Lord Edward Fitzgerald for leading a rebellion in Ireland.

In 1917, parliament passed the Titles Deprivation Act during the First World War. Several German princes held British titles because they descended from Queen Victoria. The act provided parliament with a way to deprive enemy German princes of their “British dignities and titles” for fighting against Britain in the war.

Prince Andrew’s recent announcement has done little to deflect public fury away from him. This week, a group of British parliamentarians presented a motion to take legal steps to officially remove his peerages. As more Epstein revelations come to light, Andrew’s troubles are clearly far from over.

The Conversation

Justin Vovk has previously received funding from the Social Sciences and Humanities Council of Canada. He is an advisory board member of the Institute for the Study of the Crown in Canada.

ref. Prince Andrew didn’t really give up his titles, and truly removing them would be onerous – https://theconversation.com/prince-andrew-didnt-really-give-up-his-titles-and-truly-removing-them-would-be-onerous-267940

King, pope, Jedi, Superman: Trump’s social media images exclusively target his base and try to blur political reality

Source: The Conversation – USA – By Andrew Rojecki, Professor of Communication, University of Illinois Chicago

Two Instagram images put out by the White House. White House Instagram

A grim-faced President Donald J. Trump looks out at the reader,
under the headline “LAW AND ORDER.” Graffiti pictured in the corner of the White House Facebook post reads “Death to ICE.” Beneath that, a photo of protesters, choking on tear gas. And underneath it all, a smaller headline: “President Trump Deploys 2,000 National Guard After ICE Agents Attacked, No Mercy for Lawless Riots and Looters.”

The official communication from the White House appeared on Facebook in June 2025, after Trump sent in troops to quell protests against Immigration and Customs Enforcement agents in Los Angeles. Visually, it is melodramatic, almost campy, resembling a TV promotion.

A Facebook post with the words 'Law and Order' at the top, a photo of President Trump and messages about ICE.
A June 2025 Facebook post from the White House.
White House Facebook account

The post is not an outlier.

In the Trump administration, White House social media posts often blur the lines between politics and entertainment, and between reality and illusion.

The White House has released AI images of Trump as the pope, as Superman and as a Star Wars Jedi, ready to do battle with “Radical Left Lunatics” who would bring “Murderers, Drug Lords … & well-known MS-13 Gang Members” into the country.

Most recently, on the weekend of the No Kings protests, both Trump and the White House released a video of the president wearing a crown and piloting a fighter jet, from which he dispenses feces onto a crowd of protesters below.

Underpinning it all is a calculated political strategy: an appeal to Trump’s political base – largely white, working-class, rural or small-town, evangelical and culturally conservative.

As scholars who study communication in politics and the media, we believe the White House’s rhetoric and style is part of a broader global change often found in countries experiencing increased polarization and democratic backsliding.

Trump posted a video on the weekend of the No Kings protests of him dropping feces on a crowd of protesters.

White House style

In the past, national leaders generally favored a professional tone, whether on social or traditional media. Their language was neutral and polished, laced with political jargon.

While populist political communication has become more common along with the proliferation of social media, the communication norms are further altered in Trump White House social media posts.

They are partisan, theatrical and exaggerated. Their tone is almost circuslike. The process of governing is portrayed as a reality TV show, in which political roles are performed with little regard for real-world consequences. Vivid color schemes and stylized imagery convert political messaging into visual spectacle. The language is colloquial, down-to-earth.

Just as other influencers in a variety of domains might create an emotional bond by tailoring social media messages, content, products and services to the needs and likes of individual customers, the White House tailors its content to the beliefs, language and worldview of Trump’s political base.

In doing so, the White House echoes a broad, growing trend in political communication, portraying Trump as “a champion of the people” and using direct and informal communication that appeals to fear and resentment.

Trump White House social media makes no effort to promote social unity or constructive dialogue, or reduce polarization – and often heightens it. Undocumented immigrants, for example, are often portrayed as inherently evil. White House social media amplifies dramatic, emotionally charged content.

In one video, Trump recites a poem about a kind woman who takes in a snake, a stand-in for an immigrant who in reality is a dangerous serpent. “Instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite,” Trump recites.

Talking to the base

While some scholars have called the White House social media style “amateurish,” that hasn’t resulted in change.

The lack of response to negative feedback is partially explained by the strategic goal of these communications: to appeal to the frustrations of Trump’s deeply disaffected political base, which seems to revel in the White House social media style.

Scholars identify a large number of these voters as “the precariat,” a group whose once-stable, union-protected jobs have been outsourced or replaced with low-wage, insecure service work. These workers, many former Democrats, can no longer count on a regular paycheck, benefits or work they can identify with.

As a result, they are more likely to support political candidates whom they believe will respond to their economic instability.

In addition, many of these voters blame a breakdown in what they perceive as the racial pecking order for a loss of social status, especially when compared with more highly educated workers. Many of these workers distrust the media and other elite institutions they feel have failed them. Research shows that they are highly receptive to messages that confirm their grievances and that many regard Trump as their champion.

Trump and the White House social media play to this audience.

On social media, the president is free to violate norms that anger his critics but have little effect on his supporters, who view the current political system as flawed. One example: A White House Valentine’s Day communication that said “Roses are red, violets are blue, come here illegally, and we’ll deport you.”

In addition, Trump and the White House social media use the president’s status as a celebrity, coupled with comedy and spectacle, to immunize the administration from fallout, even among some of its critics.

Trump’s exaggerated gestures, over-the-top language, his lampooning of opponents and his use of caricature to ridicule whole categories of people – including Democrats, the disabled, Muslims, Mexicans and women – is read by his political base as a playful and entertaining take down of political correctness. It may form a sturdy pillar of his support.

But prioritizing entertainment over facts has long-term significance.

Trump’s communication strategies are already setting a global precedent, encouraging other politicians to adopt similar theatrical and polarizing tactics that distort or deny facts.

These methods may energize some audiences but risk alienating others. Informed political engagement is reduced, and democratic backsliding is increasingly a reality.

Although the communication style of the White House is playful and irreverent, it has a serious goal: the diffusion of ideological messages whose intent is to create a sense of strength and righteousness among its supporters.

In simple terms, this is propaganda designed to persuade citizens that the government is strong, its enemies evil and that fellow citizens – “real Americans” – think the same way.

Scholars observe that the White House projection of the often comical images of authority echoes the visual style of authoritarian governments. Both seek to be seen as in control of the social and political order and thereby to discourage dissent.

The chief difference between the two is that in a deeply polarized democracy such as the U.S., citizens interpret these displays of authority in sharply different ways: They build opposition among Trump opponents but support among supporters.

The rising intolerance that results erodes social cohesion, undermines support for democratic norms and weakens trust in institutions. And that opens the door to democratic backsliding.

The Conversation

The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. King, pope, Jedi, Superman: Trump’s social media images exclusively target his base and try to blur political reality – https://theconversation.com/king-pope-jedi-superman-trumps-social-media-images-exclusively-target-his-base-and-try-to-blur-political-reality-259950

Why Canada’s next big infrastructure investment should be in biomanufacturing

Source: The Conversation – Canada – By Megan Levings, Professor of Surgery and Biomedical Engineering, University of British Columbia

While Canada invests billions in infrastructure projects and national defence, a critical area of investment remains overlooked:
biomanufacturing.

Biomanufacturing is the production of biological products like vaccines and cell therapies at the scale and quality needed for human use. It encompasses everything needed to reliably produce and deliver safe, effective biological products from development to commercial-scale production.

This sector requires not only physical infrastructure like bioreactors, clean rooms and equipment, but also the availability of skilled personnel, robust supply chains and quality control — all operating under strict regulatory requirements.

Amid Canada’s ongoing tariff tensions with the United States, investing in domestic biomanufacturing is a way for Canada to strengthen its economic independence while securing critical health infrastructure.

A wake-up call for Canada

Canada once boasted world-class biomanufacturing capacity, particularly in vaccine production. Over the past few decades, however, domestic investment in this sector withered away.

Funding for research, training and infrastructure declined, and as a result, much of the industry migrated to the United States, where more start-up capital, larger markets and more extensive infrastructure supported its growth.

The COVID-19 pandemic made the consequences of this decline painfully clear. Billions of dollars were spent importing life-saving vaccines and therapeutics that could have been made here. While Canada’s dependence on foreign manufacturing predates the pandemic, the crisis highlighted the urgent need for domestic capacity.

Future pandemics are unpredictable, and new Canadian manufacturing infrastructure needs to be poised to act. This is especially important given ongoing vaccine skepticism and hesitancy.

If Canadians need a new vaccine, the country must be able to produce it domestically and support other countries lacking access.

Missed opportunities

Biomanufacturing has expanded beyond vaccines and monoclonal antibodies to include cell and gene therapies and new drug types, such as those based on RNA.

These advanced therapeutic products are highly innovative, but don’t fit neatly into traditional developmental pipelines or regulatory frameworks. Without the necessary manufacturing processes and infrastructure, countries can miss out on economic and health benefits and are vulnerable to future pandemics.

For example, the research to develop the lipid nanoparticle component of an mRNA vaccine was conducted in Canada. Yet when it came time to manufacture, test and distribute the vaccine, Canada lacked the infrastructure and had to rely on foreign suppliers.

Historically, Canada has excelled at research but has struggled to translate breakthroughs into domestic production. With the right investment, Canada could actually reap the benefits of its own innovations.

Recognizing this gap, the federal government has invested $2.3 billion since 2023 to build new facilities capable of manufacturing biologics at the speed and scale for future pandemic responses. These investments also aim to revitalize Canada’s capacity for producing other, more conventional drugs.




Read more:
Canada needs to invest more money into science innovation to help prevent the next global crisis


But more sustained investments are needed — ones on par with funding for other infrastructure projects and national defence. The biomanufacturing sector offers tremendous opportunity for economic growth, significant health benefits for Canadians, and pandemic-preparedness.

The biotech boom

Gaps in Canada’s biomanufacturing capacity spurred the creation of a new coalition led by the University of British Columbia. Known as Canada’s ImmunoEngineering and Biomanufacturing Hub, it brings together more than 50 organizations from the private, public, not-for-profit and academic sectors to strengthen life sciences and biomanufacturing capacity in B.C.

It aims to accelerate applied biomedical research, train highly skilled workers and expand domestic infrastructure.

It’s part of a broader $574 million federal commitment supporting 19 projects at 14 research institutions across Canada. Investing in new infrastructure is an important step toward rebuilding and bolstering domestic biomanufacturing in Canada.

We are part of the coalition’s research leadership group and the leads on its flagship infrastructure project, the Advanced Therapeutics Manufacturing Facility, which is being built on the UBC campus. This facility, spanning approximately 20,000 square feet, will support the production of advanced therapeutic products like vaccines, cell therapies and regenerative medicines.

It will accelerate the commercialization of Canadian innovations, enhance patient care and position Canada as a global epicentre of biomanufacturing while leveraging Vancouver’s biotech boom.

Construction of the facility has begun, with an estimate of March 2028 for opening operations. Projects will include modifying immune cells to fight cancer and protect against autoimmune disease and transplant rejection, as well as turning stem cells into therapies that heal or replace terminally damaged organs.

From research to market

Pandemic-prepared facilities have the potential to generate wide-ranging health benefits for Canada. A critical function of facilities like the Advanced Therapeutics Manufacturing Facility is moving innovative therapies from early-stage research to clinical trials and, ultimately, market approval.

In addition to their health benefits, advanced therapeutics can have significant economic impact. Their curative potential allows companies to benefit from premium pricing, with high upfront costs justified by reduced long-term health-care costs.

Subsequent generic versions of these biological products, termed biosimilars, can provide safe, effective and economical alternatives. Ultimately, domestic manufacturing allows greater pricing control and allows health-care dollars to stay in Canada.

The biomanufacturing industry also creates high-quality jobs, boosts national innovation ecosystems, attracts large-scale venture capital funding and supports pharmaceutical partnerships.

Canada’s bioeconomy is expected to need approximately 65,000 jobs by 2029, making workforce training a critical priority. State-of-the-art training facilities will produce a highly qualified workforce and ensure these skilled personnel remain in Canada.

Investing in domestic infrastructure also strengthens Canada’s export potential. Adding advanced therapeutic products into the country’s export portfolio will give it an important trade advantage and allow Canada to become a global player in biomanufacturing.

The Conversation

Megan Levings receives funding from the Canadian Foundation for Innovation and BC Knowledge Development Fund for the ATMF Project.

Robert A. Holt receives funding from the Canadian Foundation for Innovation and BC Knowledge Development Fund for the ATMF Project.

ref. Why Canada’s next big infrastructure investment should be in biomanufacturing – https://theconversation.com/why-canadas-next-big-infrastructure-investment-should-be-in-biomanufacturing-254377

Madagascar protests: how ousted president Andry Rajoelina’s urban agenda backfired

Source: The Conversation – Africa – By Fanny Voélin, PhD candidate in geography, University of Bern

The youth-led protests that eventually brought down Madagascar’s President Andry Rajoelina were sparked, in part, by his attempt to use large-scale urban infrastructure projects as a means of consolidating power.

Rajoelina’s government placed urban mega-projects at the centre of its strategy to assert power and legitimacy. These projects enabled him to create and channel rents to key allies, while anchoring his rule in Malagasy history and territory. They were also meant to transform the spatial and political imaginaries of the state through monumental visions of modernity and development. By spatial and political imaginaries, I mean the contested ways leaders and citizens imagine space and power, and what a modern city and a legitimate government should look like.

Yet these projects did little to meet the needs of most Malagasy citizens. Those that might have done so, such as social housing schemes, were left unfinished or poorly realised.

By the time Rajoelina, who came into power via a coup in 2009, was re-elected for a third term in late 2023, his legitimacy was already deeply contested. Months of daily power and water cuts in the capital city, Antananarivo, combined with the launch of a highly energy-consuming cable car, sparked protests that ultimately led to his overthrow.

After three weeks of intense protests in major cities, Rajoelina fled the country. The army seized power, suspended the constitution, and dissolved key political and judicial institutions. It announced a transitional period.

It is not the first time since independence in 1960 that the military has intervened. Rajoelina was ousted by the same elite unit, the CAPSAT, that helped him seize power in 2009.

For the past four years, I have conducted doctoral research on the politics of urban planning and urban development in Antananarivo. Drawing on this work, this article shows how the very urban strategies through which Rajoelina sought to consolidate power contributed to his downfall. Once it became clear that urban infrastructure projects weren’t going to meet pressing social needs, they quickly generated disillusionment and anger.




Read more:
Megaprojects in Addis Ababa raise questions about spatial justice


Both my research and the regime’s collapse highlight the pitfalls of relying on large-scale infrastructure projects to gain political authority in a highly unstable and competitive political system.

Building power and legitimacy through the capital

Tapping into youth disillusioned with the approach of his predecessor, President Marc Ravalomanana, Rajoelina rose to power in 2009 through a coup.

At only 35, Rajoelina, a former DJ and head of print and media companies, embodied renewal and the hopes of the Malagasy youth. He led a transitional government until 2013. He was then elected into office in 2018. The opposition boycotted the 2023 elections amid growing popular discontent.




Read more:
Madagascar’s next president must put public safety and job creation first


From the outset, Rajoelina placed large-scale infrastructure construction at the centre of his political agenda.

In Antananarivo, numerous “presidential projects” were launched. These included a cable car, an urban train, a new city, colosseums, stadiums and social housing. Most of them were painted in the regime’s orange colours. They were strategically located in highly visible areas of the capital and its periphery. In parallel, Rajoelina reworked the national history and territory by renaming key sites in the city.

As I have argued elsewhere, these initiatives played a crucial role in Rajoelina’s attempts to build political authority. Infrastructure development served as an important source of rents he used to secure the loyalty of key allies and further centralise power in the presidency.

The projects were also symbolic, combining elements of tradition and modernity. They were an opportunity for staging state spectacles that aimed at legitimising his increasingly authoritarian rule.

When symbols of power backfire

Yet the spectacle turned against its orchestrator. While some projects had long been contested, the disillusionment reached its peak in 2025. Presidential projects crystallised growing popular anger over the corruption of the regime and the deteriorating living conditions.

In February 2025, in the municipality of Imerintsiatosika, 30km west of the capital city, demonstrations erupted in response to the threat of land seizure and eviction. It is here that the new city of Tanamasoandro was planned to serve as a potential new capital.

In late August 2025, the cable car, finally put into operation for a few hours a day more than a year after its completion, reignited controversy over government spending priorities. The vast majority of the population can’t afford the cable car – 80% of the people live below the poverty line.

The cable car costs an estimated €162,000 (US$188,725) per month in electricity bills. This in a city where power cuts have become a daily occurrence.

Far from serving as a symbol of progress and modernity, the “longest cable car in Africa” came to embody Rajoelina’s disconnection from the needs of the population and the corruption of a regime perceived as serving only its elites.

The battle for urban space

The spark that ignited the current crisis was the violent arrest of opposition municipal councillors on 19 September. The councillors had demanded that the Senate address the water and electricity shortages and their severe impact on the population.

More than 50% of businesses reported electricity outages, with
6.3 outages in a typical month lasting an average of 3.9 hours each, costing firms an average of 24% of annual sales, according to a February 2025 World bank review of the country’s economy. About 20.5% of firms experienced an average of two water shortages a month. Power cuts lasted up to 12 hours a day over the weeks preceding the coup. Students, poor families, and street traders were hit hard as they could not afford generators.

Inspired by Gen Z uprisings around the globe, Malagasy youth took to the streets on 25 September. What began as protests over basic utilities quickly expanded into a broader contestation of Rajoelina’s regime. Artists, trade unions, civil society organisations and politicians joined the movement.

At the spatial heart of the protests were two of Antananarivo’s most politically symbolic squares. The garden of Ambohijatovo, renamed Democracy Square (Kianjan’ny demokrasia) by Rajoelina himself in 2009, had previously hosted 35,000 of his supporters against Ravalomanana. On 1 October, demonstrators managed to gain access to the square after confronting the police, marking an important symbolic victory for the movement.

Ten days later, on 11 October, protesters, now joined by elements of the army, took over 13 May Square (Kianjan’ny 13 mai), the symbolic centre of Malagasy political protests since the 1970s.

Rajoelina attempted to counter the movement. He called his supporters to gather at the Colosseum Antsonjombe, built during the transition (2009-2013). It was presented at the time as the “biggest socio-cultural venue in the Indian Ocean and in Africa”.

However, the colosseum, which was full at its inauguration in 2012, was now empty, illustrating the president’s isolation.

Protesters also targeted key symbols of the presidency. The headquarters of Rajoelina’s printing company was burned down. So were the cable car and the urban train stations. The urban trains had never been put into service.

What Rajoelina had intended as symbols of power and modernity had thus become symbols of failure. They exposed Rajoelina’s vanished legitimacy and the fragile foundations of a power largely built on representation.

The afterlife of urban infrastructures

Rajoelina’s case illustrates that infrastructure construction can be a double-edged strategy. It can be used to assert power in authoritarian contexts, but it risks backfiring when a regime lacks the means to realise its ambitions. Rajoelina’s urban projects initially captured the imagination of the youth and the wider population. But as they failed to meet pressing social needs, they quickly generated disillusionment and anger.

An official from the Antananarivo municipality told me in late 2022 the cable car, unilaterally imposed by the presidency, was a “thorn in the side” of municipal authorities and “risks becoming a white elephant”. The same could be said of all presidential infrastructure projects, inseparable from a regime that had fallen out of favour.

The case of Madagascar raises broader questions about the afterlife of urban infrastructure projects closely associated with fallen leaders. How will they be maintained, repurposed, or abandoned? What consequences will they have for urban and national governance, residents’ lives and hopes, and the imaginaries of power in the years ahead?

The Conversation

Fanny Voélin does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Madagascar protests: how ousted president Andry Rajoelina’s urban agenda backfired – https://theconversation.com/madagascar-protests-how-ousted-president-andry-rajoelinas-urban-agenda-backfired-267654

Madagascar coup: why turning a blind eye to an unpopular president weakens regional bodies

Source: The Conversation – Africa (2) – By Jonathan Powell, Visiting assistant professor, University of Kentucky

What began in late September as Madagascar’s student demonstrations over crippling electricity outages and water shortages quickly evolved into broader demands for political reform. It became a call to dismantle a system widely seen as corrupt and unaccountable, and for President Andry Rajoelina to resign.

As demonstrations swelled across the country, the embattled president sought to restore order through curfews, the dismissal of his energy minister, and ultimately the dissolution of his government. To no avail.

Eventually, the elite CAPSAT unit – the same corps that had propelled Rajoelina to power during the 2009 coup – overthrew him. Once CAPSAT soldiers joined protesters, seized control of the armed forces and exchanged fire with loyalist troops, Rajoelina fled the country.

From abroad, he attempted to dissolve parliament in a bid to block impeachment proceedings. Mere hours later, CAPSAT announced it had seized power, dissolved most state institutions, and assumed control of the government.

Yet while Rajoelina’s domestic legitimacy faced severe challenges, he continued to enjoy regional recognition, most notably as the current chair of the Southern African Development Community (SADC). This suggests that leaders whose authority is widely contested at home can still receive regional and international validation.

Even as Malagasy citizens mobilised to demand accountability, institutions like the SADC repeatedly conferred legitimacy on a president with dubious democratic credentials. That’s despite their ostensible commitment to democratic governance and constitutional order.

As scholars who have published extensively on coups and political instability in Africa, we contend that this disconnect between regional endorsement and domestic opposition undermines the credibility of such organisations.

In turn, this limits their ability to deter antidemocratic behaviour, including coups, executive overreach, and the erosion of institutional checks and balances.

Elected, but illegitimate?

Questions over Rajoelina’s democratic legitimacy were far from new. In February 2009, then the mayor of Antananarivo, he attempted to declare himself president in the midst of mass demonstrations against the Marc Ravalomanana regime. He didn’t succeed but a subsequent military coup installed him as the interim leader.

That was widely condemned as an unconstitutional takeover. Madagascar was suspended from both the African Union and the SADC. His unwillingness to step down contributed to a stalled transition process that took nearly five years.

Rajoelina prevailed in the 2018 vote. While that election was widely regarded as legitimate, despite some irregularities, the 2023 electoral cycle was not. There were accusations of a pre-determined process, protests, a legal challenge to Rajoelina’s eligibility, limitations on opposition rallies and calls to delay until a more credible process could be organised.

In an especially revealing act, National Assembly president Christine Razanamahasoa – a prominent member of Rajoelina’s own party – made a public request for the SADC to push for a delay in the election and for pressure on Rajoelina to allow a freer process.

Such calls went unheeded. Rajoelina prevailed in a vote boycotted by the opposition and accompanied by historically low turnout.

Competing legitimacies

Though public confidence in the political system had plummeted, and frustration skyrocketed, international bodies that purport to defend democratic norms in the region welcomed Rajoelina.

Rajoelina was actively serving as chair of the SADC at the time of his removal. This was a shift from his previous status as a thorn in the organisation’s side in the 2009-2013 transition period.

The SADC refrained from criticising the flawed 2023 election and, in spite of the electoral issues, selected Rajoelina to serve as its chair.

Rajoelina’s case isn’t an exception. It illustrates a tendency in which leaders with dubious domestic credentials are welcomed internationally by supposedly democracy-promoting organisations. There’s also Zimbabwe’s Emmerson Mnangagwa, who rose to Zimbabwe’s presidency following the 2017 coup against Robert Mugabe.

Unlike Rajoelina, the SADC did not require Mnangagwa to take a sabbatical and he has retained power via flawed processes. Neither consistent allegations of electoral malpractice, nor rampant repression, deterred the regional body from selecting Mnangagwa as chair. Nor have such issues deterred the Common Market for Eastern and Southern Africa, which has selected Mnangagwa as its next chair.

Rajoelina’s ouster is the first time an SADC chair has been forced from power. If the organisation continues to endorse leaders who hold power through illegitimate means, it will not be the last.

The cost of legitimising illegitimacy

Accepting leaders with questionable democratic credentials deepens the damage on multiple fronts. Most directly, regional organisations can act as clubs of incumbents, with long-term negative consequences.

The 2023 Africa Governance Report on unconstitutional changes of government warned – in bold lettering – “instability may result if elections are not considered credible”.

Inconsistency on this front sends a clear signal to entrenched incumbents and would-be authoritarians: external validation may serve as a substitute for genuine domestic legitimacy. If leaders expect regional recognition despite their violations of constitutional order at home, they may feel they can ignore democratic norms, suppress dissent, or manipulate institutions.

But as Rajoelina’s fall from power shows, acceptance by regional and international bodies offers little protection when internal pressures finally erupt.

Beyond undermining domestic politics, such acts also undermine the credibility of regional organisations. When these same bodies later attempt to mediate political disputes or condemn unconstitutional actions, domestic audiences will be far less likely to see them as impartial or legitimate.

Recent developments in west Africa show how deeply this disillusionment can take root. Mass publics in Burkina Faso, Mali and Niger have rallied behind coup leaders while denouncing the Economic Community of West African States (Ecowas).

Seen in this light, the SADC’s condemnation of the coup against Rajoelina and its decision to send a fact-finding mission will likely ring hollow to many Malagasy.

The organisation’s refusal to speak up during the 2023 electoral crisis, despite a direct appeal from the National Assembly president, exposed its reluctance to challenge incumbents. Its sudden defence of constitutional order now seems reactive rather than principled.

Until such bodies apply their standards consistently, their efforts will do little to deter future power grabs – or to restore public confidence in the regional project of democratic governance.

The Conversation

The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Madagascar coup: why turning a blind eye to an unpopular president weakens regional bodies – https://theconversation.com/madagascar-coup-why-turning-a-blind-eye-to-an-unpopular-president-weakens-regional-bodies-267897

Turkey’s charm offensive in Senegal: migration scholar unpacks the relationship

Source: The Conversation – Africa (2) – By Papa Sow, Senior Researcher, The Nordic Africa Institute

Turkey has been trying to establish a stronghold in Africa, using the “Opening up to Africa” policy it adopted in 1998.

Its Africa Action Plan, based on humanitarian aid, politics and economic cooperation, has turned toward west Africa.

As a scholar of migration studies, I’ve analysed the forms of agencies, social networks and transnational e-commerce between Dakar and Istanbul. I also look at the people involved, including migrants, networks of traders and “gratis passengers” – people who use their baggage allowance to transport small packages between Istanbul and Dakar.

My study highlights active transnational trade and a circular, yet strategic, migration that is less visible. The interviews focused primarily on the back-and-forth of traders between Dakar and Istanbul, the gratis passengers (mainly Senegalese), and other Senegalese businessmen. Using the power of social media such as WhatsApp, TikTok, and Facebook, some of them regularly trade with Turkey while residing in Senegal. Others go back and forth between the two countries.

I conclude that the ease of people’s movement between Senegal and Turkey has enabled growth in the circulation of goods between Turkey and Senegal.

A number of factors have been responsible for this success. They include ease of getting Turkish visas and airline travel (and the discounts Turkish Airlines offers to the so-called gratis passengers). There are also historically rooted Muslim networks (Muridiyya and Tijaniya Sufi Muslims) in both countries.

In 2021, the volume of commercial, industrial and investment exchanges between the two countries reached more than US$540 million, compared with more than US$91 million in 2008. During the last visit of Senegalese prime minister Ousmane Sonko to Turkey in August 2025, both countries said they wanted to increase the bilateral trade to more than US$1 billion.

Historical ties

Cooperation and diplomatic relations between Senegal and Turkey go back to the early 1900s when an honorary consulate was opened in Dakar to preserve the contacts established with Istanbul. These early contacts are the beginnings of a Turkish diplomacy aimed at exploring the economic prospects of west Africa.

The first Turkish ambassador was posted to Senegal in 1963. The first Senegalese embassy opened in Turkey in 2006.

Senegal’s exports to Turkey include cotton, fishery resources, cereals, fruits and skins. It imports steel, furniture and spare parts.

This cooperation also extends to defence, security and culture. In 2020, the construction of a Turkish cultural centre was planned for Senegal in the coming years.

In 2017, Turkey regularised more than 1,400 Senegalese living in the country. The numbers of Senegalese in Turkey varies according to different sources. We estimate that several thousand Senegalese live in or have passed through Turkish territory since the mid-2000s.

Many Senegalese traders and social network entrepreneurs, especially women, have seized the opportunity in the last 15 years to take business trips to Istanbul and to promote trade exchanges without even leaving Senegal. This has changed the landscape of Senegalese migration to Europe and also allowed certain types of traders to specialise in Turkish imports.

These imports, and specifically the Turkish products, are commonly known as bagassu Turkii in Senegal. They include cosmetics, household accessories, clothing and technology.

Round-trip dynamics between Dakar and Istanbul

The traders interviewed said they had chosen İstanbul as a wholesale supply centre because of the high cost of travel to China and visa problems with China. In Istanbul, most of the Senegalese work as freight “shippers” or gratis passengers and, by extension, carriers of tax-free parcels to Senegal and other west African countries.

We differentiate them from the “kargo” migrants, who transport large quantities of goods and products from Turkey by sea freight to reach Senegal.

Gratis passengers, carrying smaller quantities, travel by plane. But they also often send the rest of their goods by boat or overland through kargo migrants.

The round-trip dynamics they have developed between Dakar and Istanbul rely on the fact that they benefit from preferential rates for plane tickets. They have set up a paid parcel transport system based on their baggage allowance.

Unlike normal passengers who cannot exceed the authorised 46kg, gratis passengers can carry up to 100kg per trip. This is often with 50% reductions on their fares because of travel offers and loyalty cards with companies such as Turkish Airlines and Air Algérie. Due to the often excessive luggage, it is still not possible for them to benefit from a normal import agreement, hence the use of preferential tariffs.

Gratis passengers also have the option of carrying additional baggage to be charged as cargo. They regularly take two or three return flights per month.

Steps forward

This work opens four avenues for further analysis.

Firstly, studies on the volume of goods shipped from Senegal to Turkey, and vice versa, who transports them, and how much they earn. Both states would then be better able to support them in various ways (data collection, access to appropriate services, platforms for exchange, skills and experience) in the creation of new jobs.

Secondly, the e-commerce sector deserves greater consideration. It has not only contributed to lowering the cost of goods in local markets for consumers but has also made bagassu Turkii more widely available in Senegal.

Thirdly, local artisans accuse the bagassu Turkii of undermining local textile production and creative skills. Several Senegalese artisans – shoemakers, jewelers, tailors – told us, for example, that Turkish products – shoes, leather bags and clothes, above all – are serious competition for certain local products. The more elaborate and refined bagassu Turkii sell easily in the Senegalese market because of their affordable prices, unlike local products that are handmade and often require many hours of work.

Fourthly, short-term circular migration can boost the economies of low-income countries and gradually allay the concerns that currently dominate the political debate over international migration.

The Conversation

Papa Sow does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Turkey’s charm offensive in Senegal: migration scholar unpacks the relationship – https://theconversation.com/turkeys-charm-offensive-in-senegal-migration-scholar-unpacks-the-relationship-264420