Por qué la presión de Trump sobre Venezuela no tiene precedentes y podría llevar a una intervención militar

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Alan McPherson, Professor of History, Temple University

Maduro, en septiembre de 2025. AP Photo/Jesus Vargas

La enorme acumulación militar en el Caribe ha desatado especulaciones de que Estados Unidos está inmerso en su último capítulo de intervención directa en América Latina. Una idea que se ha visto reforzada en las últimas horas por la inclusión del cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas que maneja el Departamento de Estado. La decisión coloca en la diana al presidente venezolano Nicolás Maduro y a altos cargos de su Gobierno.

Por ahora, al menos, el presidente Donald Trump ha dado marcha atrás en sus insinuaciones de que Washington está considerando lanzar ataques dentro de Venezuela, aparentemente satisfecho con atacar numerosos buques de guerra con el pretexto de una operación antinarcóticos. No obstante, la presencia estadounidense en la región se amplió la semana pasada con la llegada del portaaviones más grande del mundo: el USS Gerald R. Ford.

Como estudioso de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, sé que las acciones de la actual administración estadounidense se inscriben en una larga historia de intervenciones en la región. Si la escalada pasara de los ataques a barcos a una confrontación militar directa con Venezuela, tal agresión parecería algo habitual en las relaciones interamericanas.

Y, sin duda, los gobiernos de toda América Latina, tanto dentro como fuera de Venezuela, la situarán en este contexto histórico.

Pero, aunque recuerda a algunas prácticas cuasi piratas de la Marina de los Estados Unidos, el aumento del poderío militar actual no tiene precedentes en muchos aspectos clave. Y podría dañar las relaciones de Estados Unidos con el resto del hemisferio durante toda una generación.

Una historia de intervenciones

De la forma más evidente, el despliegue de una flotilla de buques de guerra en el sur del Caribe evoca oscuros ecos de la “diplomacia de las cañoneras”, el envío unilateral de marines o soldados para intimidar a gobiernos extranjeros, especialmente frecuente en América Latina. Fuentes fiables recogen hasta 41 casos de este tipo en la región entre 1898 y 1994.

De ellos, 17 fueron casos directos de agresión de Estados Unidos contra naciones soberanas y 24 fueron intervenciones de las fuerzas estadounidenses en apoyo de dictadores o regímenes militares latinoamericanos. Muchos terminaron con el derrocamiento de gobiernos democráticos y la muerte de miles de personas. Entre 1915 y 1934, por ejemplo, Estados Unidos invadió y luego ocupó Haití y pudo haber matado a unas 11 500 personas.

Un hombre se manifiesta en una concentración.
Un partidario venezolano de Maduro participa en una concentración contra la actividad militar estadounidense en el Caribe.
Federico Parra/AFP via Getty Images

Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Washington siguió dictando la política de América Latina, mostrando su disposición a responder a cualquier amenaza percibida para las inversiones o los mercados estadounidenses y respaldando dictaduras proestadounidenses como el régimen de Augusto Pinochet en Chile entre 1973 y 1990.

Los latinoamericanos, en general, se han irritado ante estas muestras tan evidentes del poder de Washington. Esta oposición de los gobiernos latinoamericanos fue la razón principal por la que el presidente Franklin D. Roosevelt renunció a las intervenciones con su política de “buena vecindad” en la década de 1930. Sin embargo, las intervenciones continuaron durante la Guerra Fría, con medidas contra los gobiernos de izquierda en Nicaragua y Granada en la década de 1980.

El fin de la Guerra Fría no supuso el fin definitivo de las intervenciones militares. Algunas fuerzas armadas estadounidenses siguieron operando en el hemisferio, pero, desde 1994, lo hicieron como parte de fuerzas multilaterales, como en Haití, o respondiendo a invitaciones o colaborando con los países anfitriones, por ejemplo, en operaciones antinarcóticos en los Andes y Centroamérica.

El respeto por la soberanía nacional y la no intervención –dos principios sagrados en el hemisferio–, especialmente en el contexto del aumento de la violencia relacionada con las drogas, ha acallado en gran medida la resistencia a la presencia de tropas estadounidenses en los países más grandes del hemisferio, como México y Brasil.

No es un simple reinicio de la Doctrina Monroe

¿Está Trump simplemente reviviendo una postura abandonada hace tiempo sobre el papel de Estados Unidos en la región?

Ni mucho menos. En dos aspectos clave, la agresión contra Venezuela o cualquier otro país latinoamericano en la actualidad, justificada por Washington como respuesta a la insuficiente aplicación de la ley contra el tráfico de drogas, representa un peligro sin precedentes.

En primer lugar, echaría por tierra la antigua justificación de la intervención armada estadounidense conocida como la Doctrina Monroe. Desde 1823, cuando el presidente James Monroe la anunció, Estados Unidos ha tratado de mantener a las potencias extranjeras fuera de las repúblicas del hemisferio.

Washington creía que, una vez que un pueblo latinoamericano ganaba su independencia, tenía derecho a conservarla, y la Marina de los Estados Unidos debía ayudar en la medida de lo posible. A principios del siglo XX, esa supuesta ayuda adoptó la forma de un policía que patrullaba el mar Caribe, ejerciendo lo que el entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, denominó un “gran garrote” e impidiendo que los europeos desembarcaran y, por ejemplo, cobraran deudas. A veces esto se hacía haciendo desembarcar primero a los marines y trasladando el oro de un país a Wall Street.

Una antigua caricatura política muestra un mapa de personas mirando buques de guerra.
Una caricatura de 1904 en el New York Herald muestra a los líderes europeos observando el poder naval estadounidense bajo la Doctrina Monroe.
Bettmann/Getty Images

Una ampliación del precedente de Panamá

Incluso durante la Guerra Fría, la Doctrina Monroe podía invocarse lógicamente para mantener a los soviéticos fuera del hemisferio, ya fuera en Guatemala en 1954, en Cuba en 1961, o en la República Dominicana en 1965.

A menudo, el vínculo soviético era débil, incluso inexistente. Pero aún quedaba un hilo tenue de mantener fuera una “ideología extranjera” que parecía mantener la relevancia de Monroe.

La doctrina murió de forma definitiva en 1989 con la invasión de Panamá para derrocar a su líder rebelde, Manuel Noriega, condenado por tráfico de drogas y culpable de destruir la democracia de su país. Nadie señaló a ningún cómplice fuera del hemisferio.

El derrocamiento de Noriega por unos 26 000 soldados estadounidenses podría ser el paralelismo más cercano a la persecución por parte de Trump de los supuestos barcos de drogas en el Caribe. Trump ya ha afirmado en repetidas ocasiones que el presidente venezolano Nicolás Maduro, al igual que Noriega, no es el jefe de Estado de su propio país y, por lo tanto, es procesable.

Más aún, ha afirmado que el líder venezolano es el jefe de la banda Tren de Aragua, que ha sido designada “organización terrorista extranjera” por las autoridades estadounidenses. De ahí a pedir –y promover– el derrocamiento de Maduro con el pretexto de eliminar a un “narcoterrorista” internacional no hay más que un paso. Un paso que ha quedado confirmado este 24 de noviembre al entrar en vigor la declaración por parte del Departamento de Estado del cartel de los Soles como organización terrorista y situar al frente de la misma a Nicolás Maduro.

Pero incluso ahí, el paralelismo con Panamá diverge de manera crucial: un ataque estadounidense contra Venezuela sería muy diferente en escala y geografía. El país de Maduro es doce veces más grande y tiene aproximadamente seis veces más población. Sus tropas activas suman al menos 100 000 efectivos.

Foto de un vehículo bombardeado.
Foto de 1989 del cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Panamá bombardeado tras ser destruido en la invasión estadounidense de Panamá.
AP Photo/Matias Recar

¿Otro Irak?

De todas las invasiones y ocupaciones estadounidenses en América Latina, ninguna ha tenido lugar en Sudamérica ni en un país grande.

Es cierto que las tropas de EE UU invadieron México varias veces, a partir de 1846, pero nunca ocuparon todo el país. En la guerra de México, las tropas estadounidenses se retiraron después de 1848. En 1914, ocuparon una sola ciudad, Veracruz, y en 1916 persiguieron a Pancho Villa en la Expedición Punitiva. En todos estos episodios, se comprobó que tomar zonas de México era costoso e improductivo.

Un cambio de régimen provocado por Estados Unidos en un país soberano hoy en día, como en Venezuela, probablemente desencadenaría una resistencia masiva no solo por parte de su ejército, sino en todo el país.

La amenaza de Maduro de una “república en armas” en caso de que Estados Unidos invadiera podría ser una bravuconada, pero tambien podría no serlo. Muchos expertos predicen que tal invasión sería un desastre. Es más, Maduro ya ha solicitado ayuda militar de Rusia, China e Irán. Incluso sin esa ayuda, la movilización de los activos estadounidenses en el Caribe no garantiza el éxito.

Y aunque a muchos gobiernos del resto del hemisferio sin duda les encantaría expulsar a Maduro, les disgustaría el método utilizado para ello. Los presidentes de Colombia y México han criticado los ataques, y otros han advertido acerca del resentimiento que se generaría en el hemisferio si se produjera una intervención.

En parte, esto se debe al pasado intervencionista de Estados Unidos en América Latina, pero también proviene de un instinto de supervivencia, especialmente entre los gobiernos de izquierda que ya han despertado la ira de Trump. Como dijo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, “si esto se convierte en una tendencia, si cada uno piensa que puede invadir el territorio de otro para hacer lo que quiera, ¿dónde queda el respeto por la soberanía de las naciones?”.

Venezuela, contrariamente a lo que afirma la Casa Blanca, no es un gran productor ni punto de tránsito de narcóticos. ¿Qué pasaría si Trump dirigiera su mirada hacia otros gobiernos aún más comprometidos con la corrupción relacionada con las drogas, como México, Colombia, Bolivia y Perú? Nadie quiere ser la siguiente ficha de dominó.

The Conversation

Alan McPherson no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Por qué la presión de Trump sobre Venezuela no tiene precedentes y podría llevar a una intervención militar – https://theconversation.com/por-que-la-presion-de-trump-sobre-venezuela-no-tiene-precedentes-y-podria-llevar-a-una-intervencion-militar-268954

Vivas de milagro: violencias médicas contra las mujeres del siglo XIX

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Elena Lázaro Real, Investigadora colaboradora en el Instituto de Estudios de las Mujeres y de Género, Universidad de Granada

Marcha contra la Violencia contra las mujeres en Vigo, Galicia. Olivier Guiberteau/Shutterstock

Hace 25 años que, a instancias de Naciones Unidas, el mundo celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Fue en una resolución específica para la que se eligió el día exacto del calendario: 25 de noviembre, efeméride del asesinato de las hermanas Mirabal, opositoras del dictador Rafael Trujillo, en República Dominicana.

Aquella resolución publicada en el año 2000 recogía, en realidad, un trabajo previo de la propia Asamblea de Naciones Unidas que, empapada por la Tercera Ola del Feminismo de los años 70, había celebrado una Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1979 y que terminó 24 años después con una declaración específica sobre la violencia de género, el antecedente más próximo de todos los 25N que estarían por llegar.

Dicho de otra forma, el mundo lleva ya casi medio siglo hablando a las claras contra una de las violencias humanas más evidentes: la que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Esa violencia que en pleno siglo XXI muchos se niegan a reconocer como una violencia con motivaciones y formas específicas es fruto de un sistema que ha reconocido al hombre como sujeto de poder, otorgándole la capacidad de violentar, y ha relegado a las mujeres al de víctimas.

Ese sistema que las sociedades democráticas tratan de transformar encontró a partir del siglo XIX en Occidente la manera de legitimarse legal, social e incluso científicamente. Sí, el siglo XIX, el mismo de los grandes avances científicos y tecnológicos de la contemporaneidad, el del nacimiento de los Estados liberales, primero, y las democracias, después, es el mismo que legitimó científicamente el patriarcado y, por tanto, convirtió a las señoras del XIX en las primeras víctimas “oficiales” de sus diferentes formas de violencia.

Ellas, las que parieron el feminismo como una corriente de pensamiento liberador para hombres y mujeres, fueron las primeras en quedar legalmente sujetas al poder de los hombres.

Tuteladas por padres y maridos

Los códigos civiles y penales que regulaban las relaciones sociales nacen en el siglo XIX con la premisa de que las mujeres deben ser tuteladas por sus padres o maridos. Su capacidad de agencia queda negada incluso en sus relaciones románticas gracias a un concepto de honra que las infantiliza.

Al mismo tiempo, sus cuerpos quedan controlados por una medicina sesgada por la moralidad imperante. La ciencia dominante ve a las mujeres como seres inferiores intelectual y sexualmente. Su sexualidad es construida científicamente a base de teorías que patologizan su capacidad para sentir deseo y placer, lo que no significa que no hubiera discursos desde los márgenes que cuestionaran esas ideas.

Y ahí es donde se me ha ocurrido mirar este 25N: al origen de las violencias contra los cuerpos de las mujeres a través de su sexualidad.

A lo largo del siglo XIX, cuando la Ginecología y la Obstetricia se consolidan como materias en las Facultades de Medicina, la teoría médica “inventa” dos enfermedades que atribuye a las mujeres que manifiestan sentir deseo o placer sexual. La histeria –utilizada como cajón de sastre para muchas otras patologías– y la ninfomanía son diagnosticadas ante el más mínimo síntoma. Y se diseñan tratamientos especialmente agresivos.

Según recogen las revistas médicas de la época, existieron tratamientos puramente físicos que en casos extremos llegaron a la extirpación de clítoris, ovarios y útero como medida preventiva.

A esa práctica se sumaban otras como la prohibición de la masturbación, considerada una práctica patológica, al tiempo que en las consultas se practicaban masajes pélvicos aplicados manualmente o mediante vibradores mecánicos y eléctricos, aunque su uso generó controversia por la posibilidad de producir excitación sexual.

Este último asunto fue fruto de una polémica al haber sido planteado por la historiadora de la tecnología Rachel Maines hace años y rebatido con posterioridad, si bien al menos en prensa especializada española sí han aparecido estos vibradores como instrumentos para paliar las “molestias de las mujeres”.

Electroterapia y bromuro contra la “lascivia”

Las señoras del XIX fueron sometidas a tratamientos como la electroterapia, uso de corrientes eléctricas en diferentes partes de la anatomía femenina, incluidos los genitales. Además, fueron tratadas con fármacos como el bromuro de potasio –recetado para combatir pensamientos lascivos y dolores de ovarios y hoy retirado de cualquier práctica sanitaria que no sea veterinaria– y remedios naturales como la quininina, valeriana y la belladona.

También probaron las “histéricas” el platino, la cloretona y hasta sangre de matadero. Cualquier cosa con tal de controlar cualquier manifestación de deseo sexual fuera del interés reproductivo.

Aquellas prácticas más agresivas físicamente fueron cayendo en desuso y sustituidas por terapias psicoanalíticas que igualmente agredían la salud mental de las mujeres. Las mujeres del XIX fueron sometidas a tratamientos mentales como la hipnosis y, lo más radical, el internamiento en manicomios en los que se practicaban también la hidroterapia, duchas frías a presión contra el cuerpo.

La expresión de sus emociones y su condición de ciudadanas tuteladas por padres y maridos las convirtió en víctimas de violencias que hoy suenan lejanas y casi anecdóticas y que fueron destruidas gracias, precisamente, a las conquistas que desde los márgenes hizo el feminismo y la investigación con perspectiva de género.

Aquel mismo feminismo que impregnara la convención de la ONU de 1979 y que este 25N nos hace conscientes de que Vivas nos queremos, aunque estemos “vivas de milagro”.

The Conversation

Elena Lázaro Real es miembro de la Asociación Española de Comunicación Científica y de la Asociación de Periodistas por la Igualdad

ref. Vivas de milagro: violencias médicas contra las mujeres del siglo XIX – https://theconversation.com/vivas-de-milagro-violencias-medicas-contra-las-mujeres-del-siglo-xix-270340

The gift that keeps on giving: How solar panels on farms can help increase crop yields

Source: The Conversation – Canada – By Joshua M. Pearce, John M. Thompson Chair in Information Technology and Innovation and Professor, Western University

An agrivoltaic setup in southern Ontario. (U. Jamil), CC BY

Solar farm projects in the Canadian province of Alberta have been put on hold or cancelled because of a recent increase in regulations in the province. The new regulations ban solar panels from agricultural land and force solar developers to fully fund decommissioning upfront.

As a result, many originally profitable projects have been made unfeasible because of rules aimed at preventing a repeat of the orphaned oil and gas wells fiasco.

Agrivoltaics is the practice of purposefully shading agricultural crop lands with solar panels in order to enjoy the dual benefits of solar electricity and increased food production.

A new study I co-authored with my colleague, Uzair Jamil, found that partial shading to benefit crop production even works when the solar panels do not. This has interesting policy ramifications, particularly in Alberta.

How does shading crops make more food?

Studies from all over the world have shown crop yields increase when food crops are partially shaded with solar panels. Agrivoltaic yield increases are possible because of the microclimate created underneath the solar panels that conserves water and protects plants from excess sun, wind, hail and soil erosion. The temperatures are cooler, milder and all around more pleasant for plants.

Last year, we found that you could increase strawberry yield by 18 per cent under solar panels compared to strawberries in an open field. This agrivoltaic crop yield bump has been shown for dozens of other crops and solar panel combinations all over the world, including basil, broccoli, celery, corn, grapes, kale, lettuce, pasture grass, peppers, potatoes, tomatoes and more.

Agrivoltaics makes more food per acre, and could help bring down food prices while also supporting farmers in Canada. Such agrivoltaic farming can help meet Canada’s food and energy needs and reduce its fossil fuel reliance and greenhouse gas emissions as well as the rest of the world.

Our new study shows that the microclimate that benefits plants beneath agrivoltaics is maintained even when the solar is not generating any electricity.

We analyzed the lifespans of key agrivoltaic system components, experimentally measuring microclimate impacts of two agrivoltaic arrays. The results showed agrivoltaics still benefit crops even when unpowered.

What about Alberta?

Agrivoltaics also benefits renewable energy companies, farmers and everyone who eats food. However, to ensure “proper” site restoration after solar projects are complete, Alberta law demands land is returned to its original undisturbed state.

The newly passed Alberta’s Conservation and Reclamation Regulation makes it incumbent on the renewable energy developers to submit financial security. Specifically, new solar projects are required to post 30 per cent of the estimated security amount, while the projects already in operation are required to pay 15 per cent.

The comparison to orphaned oil and gas wells with a remediation cost estimates of $100 billion prompted preemptive legislation targeting solar farms, but is that fear justified?

Agrivoltaics could serve as a potential exception to solar photovoltaic development on agricultural land in Alberta, which is otherwise effectively not permitted.

Moving forward with agrivoltaics in Alberta

To ensure Agrivoltaics co-exist well with farming, Alberta mandates agricultural impact assessments before solar panels are installed, but it offers little guidance on how to optimize their co-use.

Some flexibility emerges through the assessment process, but it is not consistently built into infrastructure regulations.

In addition, Canadian zoning laws do not recognize agrivoltaics as a distinct land-use classification. That means that while provincial legislation might allow for agrivoltaics development, no explicit regulations are available.

To make things more clear for both farmers and financial backers, Canada could benefit from looking to other countries that have agrivoltaic legislation, such as France and Italy, to ensure land is being used in the most efficient way possible.

Experimental results from our research indicate that the shade provided by solar panels moderates soil temperatures and enhances soil moisture. Agrivoltaic systems, even when not used for power generation, can continue to deliver meaningful value for farmers through shading.

Government policy must adapt to this dual-use reality. Alberta’s current rules not only hurt the solar industry but also prevent farmers from making use of agrivoltaic infrastructure to help them grow more food for all of us.

The Conversation

Joshua M. Pearce has received funding for research from the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, the Canada Foundation for Innovation, Mitacs, the U.S. Department of Energy and the Advanced Research Projects Agency-Energy, the U.S. Department of Defense, the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), and the National Science Foundation (NSF). In addition, his past and present consulting work and research are funded by the United Nations, the National Academies of Science, Engineering and Medicine, many non-profits and for-profit companies in the energy and solar photovoltaic fields. He is a founding member of Agrivoltaics Canada. He does not directly work for any solar manufacturer and has no direct conflicts of interest.

ref. The gift that keeps on giving: How solar panels on farms can help increase crop yields – https://theconversation.com/the-gift-that-keeps-on-giving-how-solar-panels-on-farms-can-help-increase-crop-yields-269264

How ‘relationship anarchy’ is changing the nature of connection for millennials and Gen Z

Source: The Conversation – Canada – By Treena Orchard, Associate Professor, School of Health Studies, Western University

When the term anarchy pops up in everyday conversations, images of lawlessness and chaos after a government breakdown or catastrophic event come to mind. Think of the anti-hero comic character the Joker or the famed Sons of Anarchy series about an outlaw biker club that values family loyalty as much as violent crime.

Yet anarchy can also be understood as a belief system that emphasizes freedom and equality over authoritative rule, individuality over conformity.

These values are central to relationship anarchy, which is an approach to intimacy and human connection that’s becoming especially popular among millennials and Gen Z.

A recent survey from the Feeld dating app shows that 50 per cent of its members practise relationship anarchy, particularly those who are trans, non-binary, gender diverse or pansexual.

With an emphasis on relationships that decentre prescribed notions of love and power, relationship anarchy is a compelling new approach to interpersonal and communal connection. But what exactly is it and how can people use relationship anarchy to reinvent their relationships?


Dating today can feel like a mix of endless swipes, red flags and shifting expectations. From decoding mixed signals to balancing independence with intimacy, relationships in your 20s and 30s come with unique challenges. Love IRL is the latest series from Quarter Life that explores it all.

These research-backed articles break down the complexities of modern love to help you build meaningful connections, no matter your relationship status.


What is relationship anarchy?

First introduced in 2006 by Swedish tech developer, writer and producer Andie Nordgren, this approach to relating uses anarchic principles like anti-capitalism, anti-hierarchy and mutual aid to resist traditional relationship models.

Nordgren outlines four building blocks of relationship anarchy:

  1. The rejection of interpersonal coercion
  2. The importance of community
  3. Mutual aid as essential support
  4. Commitments as communication, not contract

The idea is that replacing the codependence of coupledom with more expansive and effective forms of interpersonal care can build stronger communities that emphasize interdependence among people, animals and the environment.




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Relationship anarchy is about creating bonds that suit people, not social conventions


Relationship anarchy is a fundamentally queer and inclusive framework that is predicated upon creating relationships that suit what people really want versus adhering to social conventions, whether because of obligation, family pressure or fear of expressing true desires.

Doing relationship anarchy means giving equal importance to friends, lovers and companions, and most practitioners are in alternative relationship structures, such as non-monogamy.

Given the social embarrassment now attached to certain kinds of relationships — as a recent Vogue piece questioning whether “having a boyfriend is embarrassing” suggests — alongside the steady rise in the number of unmarried people, many may already be adopting these radical approaches without realizing it.

How to practice relationship anarchy

If you’re interested in exploring relationship anarchy in your own life, a great place to start is by reflecting on the kinds of relationships you have been in, and the ones you desire.

How do you want these connections to feel? Have you been pressured into a monogamous partnership but really want to try something else? Do you miss friends who often slip away when you’re in a long-term relationship? Do you want to reduce the rigid boundaries that define and differentiate your relationships with friends, lovers, colleagues and family members?

Maybe you’re struggling to navigate family commitments that feel overwhelming because they crowd out the time you want to devote to self-care routines.

There are multiple entry points for bringing relationship anarchy into your life. You could tell your partner that you’d like to learn more about it and see how they respond when you share resources. You could focus your relationship energies on fostering meaningful connections with people who make up your chosen family or live in a more communal way.

Because relationship anarchy rejects labels like “friends,” “lovers” or “life partners,” you might abandon these categories in favour of more integrated ways of connecting that revolve around customized connections.

Perhaps you want to re-evaluate your consumptive patterns, which are often linked to traditional relational structures, and live in less resource-intensive ways.

Is the future of love non-hierarchical?

Whether it’s the decline of dating apps, the rise of AI matchmakers, or books about celibacy, love is at the beating heart of countless conversations and debates.

Given the growing interest in non-traditional relationships and resisting political systems that continue to tap our Earth for depleted resources, it makes sense that relationship anarchy is on the ascent. A lot of us are eager for new ways of relating that we define and navigate in our own unique ways.

Relationship anarchy also offers a way of enriching our social networks and community bonds, both of which can go a long way to reduce the social isolation and disconnection many millennials and Gen Zers experience. No relationship can address all of the complex challenges and conditions impacting younger generations, but how you relate evolves over time and relationship anarchy might offer another way of connecting that appeals to you.

You can reinvent your ideas about love and relationships so that they align with what you actually want. No, it’s not easy or straightforward — welcome to life and love — but it is possible.

In a media-saturated world that often prioritizes profit over meaningful connection, we can create alternate ways of relating that feel kinder, more collaborative and fun. Relationship anarchy might just offer the non-hierarchical antidote a lot of us are looking for.

The Conversation

Treena Orchard has received funding from CIHR, SSHRC, and Western Ontario but no research monies were used in the creation of this article.

ref. How ‘relationship anarchy’ is changing the nature of connection for millennials and Gen Z – https://theconversation.com/how-relationship-anarchy-is-changing-the-nature-of-connection-for-millennials-and-gen-z-268640

South Africa’s G20 presidency: diplomatic victory, but a weak final declaration

Source: The Conversation – Africa – By Danny Bradlow, Professor/Senior Research Fellow, Centre for Advancement of Scholarship, University of Pretoria

US president Donald Trump’s efforts to derail a successful wrap-up of the G20 summit in Johannesburg failed. Trump boycotted the meeting and the US told other countries through diplomatic channels not to sign a communiqué. Nevertheless, the 19 remaining countries and regional organisations signed a 30-page declaration. This called for, among other things, increased funding for renewable energy projects, more equitable critical mineral supply chains and debt relief for poorer countries. Senior research fellow Danny Bradlow explains what was, and wasn’t, achieved.

In what ways was South Africa’s G20 presidency a success?

The G20 has been a great diplomatic success for South Africa in at least three ways.

First, it succeeded in leading all the other G20 countries and organisations to adopt by consensus a leaders’ declaration despite a boycott and bullying tactics by Washington.




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The 120 paragraph Leaders’ Declaration covered all the issues embodied in the “Solidarity, Equality and Sustainability” theme that South Africa chose for the G20. They included:

  • debt and access to affordable, sustainable finance

  • financing for a just energy transition

  • critical minerals

  • inequality

  • a second phase for the Compact with Africa The first phase was launched in 2017 during Germany’s G20 presidency and provided a framework for Africa’s engagement with its development partners.

  • illicit financial flows

  • inclusive growth.

Second, South Africa succeeded in launching a number of initiatives over the course of the year.

Firstly, the G20 acknowledged South Africa’s five years of support for the establishment of an African Engagement Framework within the G20’s finance track. It is intended to support enhanced cooperation between Africa and the G20.

Secondly, leaders expressed support, in various ways, for the G20 working group initiatives on illicit financial flows, infrastructure, air quality, artificial intelligence, sustainable development and public health. The ministerial declaration on debt was also supported. This includes reforms around initiatives supporting low and middle income countries facing debt challenges.

Thirdly, the Ubuntu Legacy Initiative was launched. This is designed to fund cross-border infrastructure in Africa. It was also agreed that an Ubuntu Commission will be set up to encourage research and dialogue on dealing cooperatively with global challenges. Ubuntu can be explained with reference to the isiZulu saying ‘umuntu ngumuntu ngabantu’ which means ‘a person is a person through other people.’ It entails an ethics of care, compassion and cooperation.

Lastly, South Africa succeeded in delivering an effective, efficient and constructive G20 year. This is no small feat. It required the country to organise more than 130 meetings of G20 working groups, task forces and ministerial meetings, in addition to the leaders’ summit.

Is this only a good news story?

It is inevitable that any complex, multifaceted and voluntary process involving participants with strong and contrasting views will not be an unqualified success.

This, without doubt, is the case with South Africa’s G20 year. The environment was complicated by a number of factors:

  • the wars in Gaza, Ukraine and Sudan

  • the actions of the US and some of its allies to undermine the international community’s efforts to address the intertwined challenges of climate, biodiversity, energy, poverty, inequality, food insecurity, debt, technology and development, and

  • trade wars initiated by Trump imposing tariffs on trading partners.

These factors meant that getting the diverse membership of the G20 to reach agreement on a broad range of complex issues would be extremely difficult. In fact, it would only be possible to do so at a high level of abstraction.

Unfortunately, this proved to be the case. The result is that the G20 Leaders’ Declaration largely boils down to a set of general statements that are almost totally devoid of commitments for which states can be held accountable. Such general statements are not uncommon in the diplomatic statements issued at the end of high-level multilateral meetings. However, this is an extreme example.

The leaders expressed their support for a number of voluntary principles on issues such as disaster relief, artificial intelligence, critical minerals and debt. They also expressed support for the work of organisations like the multilateral development banks and the International Monetary Fund, and for some specific South African led initiatives like the review of the G20 itself.

However, there are no time frames or deliverables attached to these expressions of support.

What needs to be done to make the declaration effective?

The G20 is a voluntary association with no binding authority. The declaration’s efficacy therefore ultimately depends on all the G20’s stakeholders both taking – and advocating – for action on the issues raised in it.




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These stakeholders include states and non-state actors like international organisations, businesses and civil society organisations.

The value of the declaration is how both the state and non-state actors use it to advocate for action. That can be in future G20 meetings as well as other regional and international forums.

How can the declaration be used to lead to action?

One of the biggest challenges facing African countries is debt. Over 20 are either in debt distress or at high risk of debt distress. Many African countries are being forced to choose between servicing their debts and investing in the development and climate resilience of their own populations.




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The challenge that this creates for African states is exacerbated by their limited access to affordable, predictable and sustainable sources of development finance.

This means that African countries are unlikely to gain a sustainable path to reaching their development and climate goals without substantial action on debt and development finance. The Leaders’ Declaration, in paragraphs 14-22, clearly recognises the challenge. Key elements include:

  • the endorsement of the statement their finance minister and central bank governors made on debt sustainability

  • a reiteration of the support for the Common Framework for dealing with low-income countries in debt distress. The framework establishes a process for dealing with the official and commercial debt. But the process has proven to be too slow and cumbersome.

  • a commitment to working with the Global Sovereign Debt Roundtable to explore better ways to meet the needs of debtor countries in distress and their creditors. This roundtable establishes an informal mechanism that brings together creditors and debtors and other stakeholders in sovereign debt to discuss ways to improve restructuring processes.

But these will be just empty words unless the endorsements are turned into action.

There are three actions that stakeholders can take.

First, African leaders can form a regional borrowers’ forum to discuss the debt issue and share information on their experiences dealing with creditors and on developing common African positions on development finance and debt. This would build on the work done by:

  • the African Expert Panel appointed by South African president Cyril Ramaphosa, and

  • the African finance ministers under the auspices of the African Union and the UN Economic Commission on Africa.

They can also use this forum to engage in open discussions with African non-state actors.

Second, African non-state actors can develop strategies for holding the leaders accountable if they fail to follow up on the declaration. And they can hold creditors accountable for their actions in their negotiations with African debtors in distress.

Third, African non-state actors should initiate a review of how the IMF needs to reform its operational policies and practices. Africa has eloquently advocated for greater African voice and vote in IMF governance. The next step should be to explore how the substantial changes that have taken place in the scope of IMF operations can be translated into operational practices. These include the macroeconomic impacts of climate, gender and inequality –

The Conversation

Danny Bradlow in addition to his position with the University of Pretoria is a senior G20 advisor with the South African Institute of International Affairs; a Non-Resident Senior Fellow at the Global Development Policy Center, Boston University and a Compliance Officer with the Social and Environmental Compliance Unit, UNDP.

ref. South Africa’s G20 presidency: diplomatic victory, but a weak final declaration – https://theconversation.com/south-africas-g20-presidency-diplomatic-victory-but-a-weak-final-declaration-270476

‘Quiet piggy’ and other slurs: Powerful men fuel online abuse against women in politics and media

Source: The Conversation – Canada – By Tracey Raney, Professor, Politics and Public Administration, Toronto Metropolitan University

Tuesday is the International Day for the Elimination of Violence against Women and the beginning of 16 days of activism against gender-based violence. It’s a global call to action by the United Nations to prevent and eliminate all forms of violence against women and girls.

This year’s theme — “End digital violence against all women and girls” — aims to draw attention to the rapid rise of hate directed at women online. Sadly, this problem is all too common in today’s political world.

Why do we need attention drawn to this issue in politics?

Technology-facilitated gender-based violence is a serious and growing threat to women and girls. It’s defined by the UN as:

“Any act that is committed, assisted, aggravated, or amplified by the use of information communication technologies or other digital tools that results in or is likely to result in physical, sexual, psychological, social, political, or economic harm, or other infringements of rights and freedoms.”

It includes hate speech, violent threats, cyber-harassment, doxxing, image and video-based abuse, astroturfing, gendered disinformation and defamation.

Silencing prominent women

Marginalized women and women with public-facing roles — especially politicians, journalists and activists — often bear the brunt of attacks, with the intent to silence and push them out of the public arena.

While popular assumptions about online misogynists view them as “bearded white dudes in a basement” ranting about women on their computers anonymously, some political leaders are also unfortunately spreading misogyny openly online.

What motivates leaders to spread gendered hate online?

Politicians who are most likely to use misogynistic rhetoric are those who seek to uphold a “masculinist strongman ideal,” according to research by British scholar Nitasha Kaul. She explains how public figures like Donald Trump, Vladimir Putin and Narendra Modi have all used misogyny to assert their power.

By positioning women (and men who do not conform to dominant masculine norms) as inferior, strongmen are signalling their dominance to their followers and to other “strong” men.

When it’s directed at women in the public eye, political misogyny serves to suppress the voices of political opponents and people with differing views, posing threats to freedom of expression and fundamental human rights.




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Why some populist supporters want a strong-arm leader and others just want change


American public policy scholar Suzanne Dovi explains how political misogyny unfolds through an evolving process, and includes three stages:

  1. Political elites advance “nasty claims” about high-profile women in politics;
  2. Those “nasty claims” connect with and/or activate conscious and unconscious prejudices regarding women in politics; and finally
  3. The audience receives and accepts the nasty claims as their own.

Online political misogyny is violent

Given their vast reach, digital platforms have become ideal spaces for leaders to spread their misogynistic views. In 2017, a Conservative MP referred to former environment minister Catherine McKenna as “Climate Barbie” on social media (the MP later apologized).

Since then, McKenna has shared details about the online violence she experienced in connection with this slur, with one meme featuring a Barbie Doll being crushed by a sledgehammer and another saying, “Tick Tock, Barbie Bitch.”

In 2023, former Conservative leader Andrew Scheer shared a post on his X account (which today has more than 250,000 followers) styled as a “wanted” poster, featuring the photos and office phone numbers of two women senators.

He urged his followers to call their offices, falsely claiming they had deliberately shut down debate on a Conservative-backed bill. Afterward, Sen. Bernadette Clement, who identifies as Black, received racist online abuse and a phone call from an unknown man threatening to come to her home. Sen. Chantal Petitclerc also reported her office being inundated with sexist voicemail messages.

‘Play dirty’

Women journalists are also being attacked, fuelled by misogynistic online posts from political leaders. In 2021, several Canadian women journalists — almost all of whom were racialized — were targeted by an online hate campaign encouraged by Maxime Bernier, leader of the People’s Party of Canada.

After the journalists raised questions about white supremacy inside the party, Bernier told his X followers to “play dirty” with them. The reporters were subsequently inundated with rape and death threats, as well as racist abuse. While X forced Bernier to take down the post and briefly restricted his account, the damage had been done.

In the United States, Trump has frequently relied on gendered attacks on women journalists as a way to humiliate, discredit and silence them. Just recently, Trump responded to a question from a woman journalist by telling her “quiet, piggy.” He has previously described women journalists as “dogs and pigs.”

The cost of online political misogyny

Online political misogyny has real-world consequences. After Trump’s Nov. 20 Truth Social post inciting violence against his Democratic rivals, congresswoman Jasmine Crockett’s office in Washington, D.C., was threatened by a white supremacist.

Writing on Blue Sky, Crockett vowed she would not back down and reminded the public that “when leaders promote hate, hate shows up — sometimes right at our door.”

As my research with Canadian political science professor Cheryl Collier shows, gender-based violence in politics has democratic costs, diminishing diverse voices and expertise in public office.




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Another barrier for women in politics: Violence


In journalism, research by Australian scholar Julie Posetti and her colleagues at the International Center for Journalists shows that online attacks against women reporters have a chilling effect, reducing their willingness (along with those of their sources, colleagues and audiences) to participate in public debate.

These attacks also undermine journalistic accountability and trust in facts during a time when mis- and disinformation have become a scourge.

How to bring about change

The UN’s global campaign challenges us to reflect on how online political misogyny can be stopped. Worldwide, governments must pass public policies and enforce laws that criminalize hate-motivated digital violence. Technology companies must ensure platform safety and enforce robust, transparent codes of conduct.

Men and boys need access to mental health support and positive role models who encourage healthy forms of masculinity, rather than framing toxic masculinity as the ideal. Concerned citizens can donate to organizations dedicated to eradicating gender-based violence, such as the Native Women’s Association of Canada, WomanACT, White Ribbon or to a women’s shelter in their local community.

Finally, public leaders must actively refuse to engage in political misogyny and lead efforts to uphold respect and civility in public discourse. Campaigns like Gov. Gen. Mary Simon’s “Building a Safer and Respectful Digital World” and Elect Respect, initiated by Burlington Mayor Marianne Meed Ward, are positive steps in the right direction.

The Conversation

Tracey Raney receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC).

ref. ‘Quiet piggy’ and other slurs: Powerful men fuel online abuse against women in politics and media – https://theconversation.com/quiet-piggy-and-other-slurs-powerful-men-fuel-online-abuse-against-women-in-politics-and-media-270435

Que penser de la justice restaurative dans les cas de violences de genre ?

Source: The Conversation – in French – By Delphine Griveaud, Chargée de recherche au Fonds national de la recherche scientifique belge (FNRS), Université catholique de Louvain (UCLouvain)

Le film _Je verrai toujours vos visages_ (2023), de Jeanne Herry, restitue avec acuité la pratique de la justice restaurative en France. Christophe Brachet/Chifoumi Prod/Trésor Films/StudioCanal/France 3 Cinéma

La justice restaurative consiste à accompagner des victimes et des auteurs d’infractions qui souhaitent dialoguer. Ce type de médiation ne prétend pas remplacer la justice pénale, mais offrir une option supplémentaire à celles et ceux qui y aspirent. La majorité de ces mesures concernent des violences sexuelles et de genre. Mais pour ce type de violences, la justice restaurative est-elle vraiment adaptée ?


Le film Je verrai toujours vos visages (2023), de Jeanne Herry, a permis au grand public de découvrir l’existence des mesures de justice restaurative prévues par le système judiciaire français. Fidèle à la réalité, cette fiction montre notamment le processus par lequel une jeune femme en vient à rencontrer son frère, qui l’a plusieurs fois violée enfant. Elle souhaite convenir avec lui d’une séparation des espaces de la ville dans laquelle elle et lui vont devoir cohabiter alors qu’il vient de sortir de prison. Ce cas a suscité des réactions critiques, soulignant les débats houleux qui entourent la justice restaurative dans le cas de violences de genre.

Peut-on traiter à égalité, dans le processus d’une médiation, les propos et attentes d’une victime d’inceste et de celui qui l’a violée ? Cela revient-il à minimiser les faits ? Ne serait-il pas dangereux, au moins psychiquement, pour une victime de violence sexuelle de rencontrer son agresseur ? Y a-t-il là un trop fort risque d’instrumentalisation du processus de la part de l’auteur des faits ?

Ces questions agitent les discussions sur la justice restaurative en cas de violences de genre, mais à l’aune de nos recherches en sciences sociales auprès des premières personnes concernées, elles tendent à réduire la complexité de la pratique.

Justice restaurative : de quoi parle-t-on ?

Depuis 2014, l’article 10-1 du Code de procédure pénale indique qu’une mesure de justice restaurative peut être proposée

« à l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, [à] la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus ».

Ces mesures sont mises en place si victimes et auteurs le souhaitent. Elles développent une approche différente de la justice pénale : il s’agit moins de punir l’auteur des faits que de créer un dialogue entre victimes et auteurs pour réparer les victimes et responsabiliser les auteurs.

Différentes pratiques restauratives coexistent en France aujourd’hui. Les plus répandues sont les médiations restauratives : des processus, longs, menés par des animateurs et animatrices formées à cet effet, qui offrent un cadre sécurisant à une victime ou un auteur de délit/crime pour revenir sur ce qu’il s’est passé, et se préparer à une rencontre avec l’autre (son auteur, sa victime) s’ils le souhaitent.

Ces mesures reposent sur la libre participation de celles et ceux qui le souhaitent, elles ne peuvent en aucun cas être imposées. Étant donné le peu de moyens alloués et le manque d’information des justiciables, elles sont peu nombreuses. En 2023, l’Institut français pour la justice restaurative, l’association prenant en charge la majorité des mesures de justice restaurative sur le territoire dénombrait 89 mesures terminées et 158 en cours, dont plus de 90 % de médiations restauratives. En agrégeant à cela les mesures restauratives de toutes les autres organisations, à l’activité quantitativement plus restreinte, on ne dépasse pas les 200 mesures terminées sur l’année 2023. Selon les estimations les plus récentes, les deux tiers de ces mesures concernent des violences de genre, cette proportion ayant progressivement augmenté depuis 2014.

La justice restaurative : un danger pour les victimes de violences de genre ?

Parce qu’elle s’appuie sur une approche relationnelle qui tend à (ré)instaurer une communication entre eux par un processus qui propose autant d’écoute et de considération à l’un qu’à l’autre, on peut considérer que la justice restaurative tend à symétriser les positions de victime et d’auteur.

Cette démarche égalitariste peut entrer en conflit avec la perspective des associations de lutte contre les violences sexuelles (et/ou conjugales, incestueuses, etc.) qui mettent l’accent sur le rapport de pouvoir existant entre auteur et victime et sur les risques que cette asymétrie engendre en cas de face-à-face. Elles craignent que cela réinstaure l’« emprise » de l’auteur sur la victime et accroisse le risque de « revictimiser » la victime.

Reposant sur une compréhension individuelle des violences, qui emprunte à des savoirs psychologiques très diffusés actuellement, une telle approche amène à considérer le pouvoir que prennent les auteurs sur les victimes en matière de violences de genre moins comme le produit d’un contexte social inégalitaire que comme une faculté individuelle des auteurs, qui leur permet de prendre l’ascendant psychique sur leur victime pour les déposséder de leur libre arbitre. Dans cette perspective, la source du pouvoir n’est pas un ensemble de mécanismes sociaux mais la personnalité de l’auteur lui-même.

Par ailleurs, certaines associations féministes voient dans les « médiations restauratives » une manière déguisée de contourner l’interdiction pour une autorité publique d’imposer une médiation dans les situations de violences dans le couple ; celle-ci a justement été posée pour couper court aux risques d’emprise des hommes violents sur leurs victimes par la Convention d’Istanbul sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes, ratifiée par la France en 2014.

Pourtant, la médiation restaurative n’est pas une médiation obligatoire telle qu’interdite dans la Convention, elle ne peut pas être imposée, elle n’est pas un acte de procédure pénale et n’a pas les mêmes objectifs que celle-ci. Mais ces distinctions semblent floues pour beaucoup, et les pouvoirs publics prennent donc de grandes précautions au sujet de la justice restaurative en cas de violence conjugale.

Ce sont alors d’autres types de pratiques restauratives qui sont privilégiées, des pratiques indirectes, qui accompagnent auteurs et victimes à des rencontres avec d’autres auteurs et victimes qui ont commis ou subi le même type de délit/crime, mais qui ne se connaissent pas au préalable. Ces dispositifs sont appelés « rencontres détenus-victimes ».

Les réticences sont moins grandes du côté des pouvoirs publics dans les cas de violences sexuelles extérieures au couple, mais elles ont pu émerger du côté des associations : en 2022, la Fédération des CIDFF (centres d’information sur les droits des femmes et des familles) s’est ainsi opposée à la justice restaurative au niveau national, tandis que le rapport de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Civiise) de 2023 la rejetait catégoriquement dans les cas de violences incestueuses.

Ce que les victimes de violences de genre font de la justice restaurative

Les débats sur la pertinence de la justice restaurative dans les cas de violences de genre sont souvent théoriques, et détachés de l’analyse de ce qu’il se passe réellement quand des mesures de justice restaurative sont mises en place. Surtout, ces débats sont menés au nom du bien-être et de la protection des victimes, sans connaissance réelle de la méthode de travail des associations spécialisées et sans qu’on entende les voix de celles qui ont bénéficié ou sont engagées dans une mesure de justice restaurative.

Entre 2022 et 2023, notre terrain d’enquête nous a amenées à rencontrer 14 d’entre elles : neuf victimes de violences sexuelles et cinq victimes de violences conjugales (dont les violences étaient à la fois psychologiques, physiques et sexuelles). Certaines se sont lancées dans la justice restaurative après une mauvaise expérience avec la justice pénale, au cours de laquelle elles ne s’étaient pas senties écoutées. D’autres sont dans des situations beaucoup plus rares en France, mais qui tendent à se développer : elles ont été prises en charge par des associations qui, contrairement à celles travaillant sous financement du ministère de la justice, acceptent d’accompagner des médiations restauratives hors de toute reconnaissance judiciaire. Elles n’ont donc jamais déposé plainte. Cinq ont fait l’expérience d’une rencontre entre détenus et victimes ; neuf d’une médiation restaurative. Ce nombre de victimes est trop peu élevé pour que nos observations puissent avoir un caractère représentatif, mais il nous donne un aperçu de ce que peut être la justice restaurative en cas de violences de genre.

Tout d’abord, les raisons qui ont amené ces personnes à s’engager dans la justice restaurative sont multiples : souvent, elles saisissent une main tendue et l’opportunité, rare, d’une écoute gratuite et inconditionnelle, elles espèrent que cela leur permettra d’aller mieux, mais elles peuvent aussi vouloir poser des questions à un ou à leur auteur ou espérer que la démarche pourra transformer l’auteur et ainsi protéger d’autres femmes ou enfants. Ensuite, elles s’approprient de manières disparates les dispositifs. À rebours de l’image de passivité prêtée aux victimes, l’une d’entre elles nous a raconté avoir parlé sans discontinuer pendant une heure lors de la rencontre avec son frère qui l’avait violée enfant. Elle lui a dit tout ce qu’elle n’avait jamais pu lui dire dans le cadre familial qui, contrairement au cadre créé par la justice restaurative, ne légitimait pas sa parole.

Enfin, toutes les personnes que nous avons rencontrées ont souligné l’importance d’avoir été reconnues et écoutées par les praticiennes de la justice restaurative, sans remise en cause de leur récit ni injonction à s’expliquer, se justifier.

Témoignages de praticiennes de la justice restaurative.

Cette considération est racontée comme étant en elle-même réparatrice, et ce, aussi parce qu’elle contraste avec le peu d’attention apportée aux victimes par leur entourage. Les personnes rencontrées qui sont, ou ont été, engagées dans une procédure judiciaire opposent par ailleurs une justice pénale froide, technique et pragmatique à une justice restaurative chaleureuse, empathique, et laissant place aux émotions.

En pratique donc, les victimes de violences de genre avec qui nous avons échangé ne se sentent pas vulnérabilisées par les mesures de justice restaurative. Au contraire, elles se disent renforcées par elles. Ces expériences sont produites, selon les cas, à la fois par la considération et la reconnaissance accompagnant l’entrée dans les mesures, par le travail émotionnel des praticiennes, par la resocialisation permise par la mesure (sortie de l’isolement que connaissent de nombreuses victimes à la suite des violences, formation d’amitiés avec d’autres victimes rencontrées pendant le parcours, et même avec des auteurs participant aux cercles de parole) et par la revalorisation de soi qu’elle permet bien souvent également.

Ces résultats indiquent sans doute l’importance du contexte que la justice restaurative produit pour la rencontre entre victime et auteur : considérant auteurs et victimes à parts égales, il peut donner de fait plus de pouvoir aux victimes qu’elles n’en avaient dans les relations violentes qui les liaient à leurs agresseurs, d’autant plus que ce cadre s’éloigne de la figure de passivité attribuée aux victimes pour ouvrir la possibilité d’une prise en main de leur histoire. En revanche, si le cadre créé par la justice restaurative établit une égalité entre auteur et victime au moment de leur rencontre, il ne change pas les inégalités sociales qui ont permis la violence. En cela, selon nous, la justice restaurative ne constitue pas tant un moyen de lutte contre les violences de genre que la rustine d’une société qui tolère, et favorise, ces violences.

The Conversation

Delphine Griveaud a reçu pour cette recherche des financements du Fonds national de la recherche scientifique belge (FNRS), de l’Institut Robert Badinter (CNRS – Ministère de la Justice), de la Direction et l’Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, et du Service d’aide aux victimes et à l’aide juridictionnelle.

Emeline Fourment a reçu pour cette recherche des financements de l’Institut Robert Badinter (CNRS – Ministère de la Justice) et du Centre Rouennais d’Etudes Juridiques (CUREJ).

ref. Que penser de la justice restaurative dans les cas de violences de genre ? – https://theconversation.com/que-penser-de-la-justice-restaurative-dans-les-cas-de-violences-de-genre-260935

Peut-on réparer ailleurs la nature détruite ici ? Comment libérer la compensation écologique des influences politiques

Source: The Conversation – in French – By Stéphanie Barral, Sociologue de l’économie et chargée de recherches, Inrae

La compensation écologique, qui consiste à restaurer des écosystèmes ailleurs pour compenser une perte de biodiversité ici, a le vent en poupe auprès des décideurs. Elle n’a pourtant rien d’une solution miracle : son efficacité réelle reste très débattue dans la communauté scientifique. Surtout, elle dépend de rapport de force où s’opèrent des arbitrages entre développement économique et protection de la nature. Une plus grande prise en compte des sciences sociales permettrait une meilleure appropriation de ces influences qui pèsent sur les politiques environnementales.


Depuis les années 1990, la compensation de la biodiversité s’est imposée à travers le monde comme un outil de politique environnementale. Son principe est de contrebalancer les pertes écologiques causées par les projets d’aménagement. L’idée est simple : lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement affecte un écosystème, des mesures de compensation doivent être mises en place pour restaurer ou protéger une zone équivalente ailleurs.

Adoptée dans de nombreux pays, l’efficacité de ce mécanisme est toutefois insuffisante. Derrière cette idée comptable d’un équilibre que l’on pourrait restaurer se cache un processus complexe, soumis à de multiples arbitrages, contraintes techniques et enjeux temporels, comme le révèle une étude que nous avons publiée dans Nature Sustainability.

Dans celle-ci, nous avons mené une revue de publications scientifiques et institutionnelles internationales pour répondre à une question : comment les politiques de compensation de la biodiversité sont-elles conçues et influencées ?

Multiples acteurs, multiples influences

Les études en écologie scientifique postulent généralement que de meilleures connaissances scientifiques conduisent à de meilleures politiques environnementales, mais nous montrons la nécessité de prendre en compte les rapports de force structurels qui les affaiblissent.

En effet, la gouvernance de la compensation de la biodiversité, loin de reposer uniquement sur des données scientifiques et des métriques écologiques, est aussi marquée par les interactions entre différents acteurs – États, entreprises, ONG environnementales, institutions scientifiques et citoyens – qui cherchent à façonner les règles du jeu selon leurs intérêts. Parfois au risque de saper les fondements de ces programmes.

La compensation est souvent présentée comme une solution pragmatique conciliant développement économique et conservation de la nature, mais elle suscite en réalité de nombreux débats.

  • D’un côté, les gouvernements, les institutions internationales et les grandes ONG environnementales (comme l’Union internationale pour la conservation de la nature, UICN) la défendent comme un outil pragmatique permettant de concilier conservation et développement économique.

  • De l’autre, les lobbies industriels et les entreprises cherchent à encadrer ce dispositif de manière à maximiser leur flexibilité et à minimiser leurs coûts.

Les débats ne sont pas seulement techniques, ils touchent à des questions politiques sensibles. Par exemple, la compensation doit-elle être une obligation réglementaire ou un engagement volontaire ? Qui doit en assurer le contrôle ? Peut-elle être confiée à des acteurs privés à travers des marchés de crédits environnementaux ?




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Mise à l’agenda, élaboration et mise en œuvre

Les auteurs identifient trois grandes étapes à travers lesquelles tous ces acteurs tentent d’orienter les politiques de compensation écologique.

D’abord la mise à l’agenda, qui est le moment où la compensation devient un enjeu de politique publique. Cette phase est marquée par des discussions sur la nécessité de compenser les dommages causés à la biodiversité et sur les méthodes à adopter.

Différents acteurs y participent, notamment les gouvernements, les institutions internationales, les scientifiques et les ONG qui militent pour des mesures de conservation plus strictes. L’implication croissante d’acteurs privés à cette étape s’accompagne, depuis quelques décennies, d’un recours plus affirmé aux mécanismes de marché plutôt que réglementaires.

La deuxième étape est l’élaboration des politiques en elles-mêmes, lorsque la compensation est traduite en lois et en règlements. Des questions cruciales sont débattues, comme le type d’impacts environnementaux à compenser, les obligations imposées aux entreprises ou encore le mode de financement de ces mesures.

C’est aussi un moment où les lobbyistes interviennent pour orienter la réglementation dans un sens plus ou moins contraignant. Aux États-Unis, par exemple, la National Environmental Banking Association a plaidé pour des règles plus cohérentes afin de réduire l’incertitude pour les entreprises. En France, des représentants d’intérêts comme ceux des carrières participent activement aux discussions sous l’égide du ministère de l’écologie.

Les décisions et orientations des politiques de compensation reposent donc à la fois sur des considérations scientifiques (quels sont les écosystèmes à protéger, quels sont les impacts les plus importants, quels sont les meilleurs indicateurs pour piloter les politiques) et la participation de représentants sectoriels. Cela peut conduire à une politisation de l’écologie scientifique au profit d’intérêts particuliers.

Enfin, cette influence intervient aussi au moment de la mise en œuvre sur le terrain. En effet, l’application des politiques de compensation implique une multitude d’interactions entre les acteurs locaux, les entreprises et les agences environnementales. L’interprétation des règles, la définition des critères écologiques et la surveillance des compensations sont autant de points négociés qui influencent les résultats concrets des programmes.

En Australie, une étude montre que la compensation est appliquée différemment selon les États, certains adoptant une approche plus flexible, ce qui peut limiter les résultats écologiques.




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Les limites à une compensation efficace

Malgré son potentiel, la compensation de la biodiversité suscite donc des interrogations sur son efficacité réelle. Nous avons relevé plusieurs points critiques :

  • Le manque de transparence Les négociations sur la mise à l’agenda et sur la mise en œuvre des compensations se déroulent souvent dans des espaces peu accessibles au public, limitant la possibilité de vérifier leur pertinence et leur inscription dans un débat ouvert.

  • Le déséquilibre des pouvoirs Les entreprises et coalitions d’acteurs économiques privés disposent de ressources importantes pour influencer la conception des politiques, ce qui peut entraîner des compromis moins favorables à la biodiversité.

  • La science peut être un objet d’influence Des connaissances écologiques sont mobilisées dans la décision lors de toutes les étapes de la politique publique, y compris dans les contentieux administratifs. Les études peuvent être produites par des acteurs publics, privés ou encore associatifs, et la multiplicité des critères facilite l’instrumentalisation des connaissances au service d’intérêts particuliers.

  • La fragilité des résultats au plan écologique Certaines études montrent que les compensations ne parviennent pas toujours à restaurer les écosystèmes de manière équivalente, ce qui pose la question de leur efficacité à long terme. En France par exemple, une étude sur des sites restaurés a révélé que leur biodiversité restait inférieure à celle des sites naturels d’origine, malgré les efforts de compensation.

  • La définition du périmètre de la compensation C’est un enjeu majeur mais pourtant peu appréhendé dans les études scientifiques. Quels types d’écosystèmes et d’espèces doivent être protégés ? Certains pays, comme les États-Unis, se concentrent sur les espèces menacées, tandis que d’autres, comme la France, intègrent des approches basées sur les habitats. Ces choix ne sont jamais neutres : ils reflètent des arbitrages entre des exigences écologiques et des impératifs économiques qui ne sont pas uniquement guidés par la science et résultent généralement de négociations entre parties prenantes.

Une gouvernance à améliorer

Pour améliorer la gouvernance de la compensation de la biodiversité, nous suggérons plusieurs pistes et plaidons pour une meilleure intégration des sciences sociales dans l’action publique environnementale.

Il convient d’abord de mener davantage d’études comparatives pour évaluer comment les politiques sont mises en place dans différents pays. Cela permettrait de mieux comprendre les stratégies de contournement et d’obstruction dont elles font l’objet.

Pour renforcer l’indépendance des instances de régulation et assurer une plus grande transparence sur les relations entre entreprises, décideurs publics et experts scientifiques, nous appelons également à mieux encadrer l’influence du secteur privé afin de limiter les conflits d’intérêts.

Enfin, nous estimons qu’il est nécessaire de capitaliser sur les savoirs des sciences sociales. Une meilleure circulation de ces derniers renforcerait l’évaluation des politiques environnementales.

En définitive, la compensation de la biodiversité ne peut pas être considérée comme une solution miracle. Elle repose sur des compromis entre développement économique et préservation de la nature, ce qui en fait un domaine où les enjeux politiques et financiers sont omniprésents. Jusqu’à présent, elle n’a pas témoigné de sa capacité à enrayer l’érosion de la biodiversité et les études en écologie attestant ses limites s’accumulent.

Face à cela, les sciences sociales peuvent apporter une meilleure compréhension des stratégies d’influence d’acteurs engagés dans la protection de leurs intérêts particuliers. Elles ne se substitueront pas à un portage politique ambitieux, mais pourront certainement l’accompagner.

The Conversation

Stéphanie Barral a reçu des financements de l’Agence Nationale de la Recherche et de la Fondation Jefferson pour enquêter sur les politiques de compensation écologique.

Christine Jez ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Peut-on réparer ailleurs la nature détruite ici ? Comment libérer la compensation écologique des influences politiques – https://theconversation.com/peut-on-reparer-ailleurs-la-nature-detruite-ici-comment-liberer-la-compensation-ecologique-des-influences-politiques-266797

Minerais critiques : une instabilité qui fragilise les pays émergents et en développement

Source: The Conversation – France (in French) – By Paola D’Orazio, Associate Professor, IÉSEG School of Management

La hausse de la demande en minerais critiques nécessaires pour mener à bien la transition énergétique n’est pas qu’une bonne nouvelle pour les pays producteurs. Elle les soumet à la volatilité des marchés. D’où l’exigence de mesurer leur exposition à ce risque nouveau.


Voitures électriques, panneaux solaires, éoliennes : la transition énergétique semble être une bonne nouvelle pour la planète. Pourtant, derrière ces technologies se cache une dépendance croissante à une poignée de minerais dits critiques : lithium, cobalt, nickel ou terres rares, entre autres. Ces ressources sont indispensables pour fabriquer des batteries, des moteurs électriques ou encore des turbines. Leur demande pourrait être multipliée par sept d’ici à 2040 selon l’Agence internationale de l’énergie (IEA).

Le changement climatique expose les pays émergents et en développement à deux grands types de risques. Les risques physiques proviennent des catastrophes naturelles – inondations, sécheresses, ouragans – qui détruisent les infrastructures perturbent l’agriculture et pèsent lourdement sur les finances publiques. Les risques de transition d’ordre économique apparaissent lorsque l’économie mondiale s’oriente vers un modèle bas carbone : nouvelles réglementations, innovations technologiques, marchés instables.

Les pays producteurs de minerais critiques se trouvent au premier plan de ces risques, car leur prospérité dépend de ressources de plus en plus demandées mais aux prix très volatiles. Or cette exposition est amplifiée par une autre réalité. La production mondiale de ces matériaux est concentrée dans un petit nombre de pays. La République démocratique du Congo fournit plus de 70 % du cobalt, la Chine domine les terres rares, le Brésil exporte graphite et nickel, tandis que le Pérou est un acteur majeur du cuivre. Cette concentration confère à ces pays un rôle stratégique, mais elle les rend aussi particulièrement vulnérables. Quand un budget national repose trop sur un seul minerai, la moindre variation de prix peut déstabiliser les finances publiques.




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Dangereux yo-yo

Les marchés des minerais critiques sont notoirement instables. Le cobalt, par exemple, a vu son prix doubler puis chuter de moitié en quelques années. Pour un État comme la République démocratique du Congo ou la Zambie, dont une grande partie des recettes publiques repose sur ce minerai, ces variations sont un casse-tête. Une année, elles financent écoles et hôpitaux ; l’année suivante, elles doivent couper dans leurs dépenses ou s’endetter davantage. L’Argentine, de son côté, dépend fortement du lithium, tandis que le Pérou repose sur le cuivre, pilier de ses finances publiques. En Indonésie ou au Brésil, le nickel suit les cycles de l’industrie mondiale.

Contrairement au problème classique de la rente pétrolière – et de ses implications fiscales – observées, par exemple, en Algérie ou au Nigéria, il ne s’agit pas ici d’un seul produit mais d’une mosaïque de minerais, chacun avec ses propres dynamiques de prix et de demande. En Afrique, la RDC dépend du cobalt, la Zambie du cuivre et du cobalt, le Mozambique et Madagascar du graphite ou des terres rares. En Amérique latine, l’Argentine mise sur le lithium, le Pérou sur le cuivre, tandis que le Mexique apparaît plus diversifié. En Asie, l’Indonésie est très exposée au nickel, quand le Kazakhstan ou les Philippines présentent des risques plus modérés. Cette diversité de situations rend la vulnérabilité plus diffuse et complique les réponses budgétaires.

Des économies vulnérables

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande pour des minerais comme le lithium, le cobalt et le nickel pourrait être fortement multipliée d’ici à 2040. L’avenir dépendra des choix politiques des différents pays en matière de transition climatique. Si ceux-ci poursuivent les politiques actuelles, la croissance de la demande sera progressive, mais les États exportateurs resteront dépendants de leurs recettes minières. Dans un scénario plus ambitieux, où le monde viserait la neutralité carbone, la demande grimperait beaucoup plus vite, ce qui gonflerait les recettes fiscales, mais accentuerait aussi les risques liés à la volatilité des prix.

Or, si plusieurs travaux – par exemple, ceux de l’Agence internationale de l’énergie sur la sécurité d’approvisionnement en minerais critiques, de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les chaînes de valeur et les restrictions à l’exportation, ou encore du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale sur la vulnérabilité budgétaire des pays riches en ressources – évaluent déjà les risques d’approvisionnement ou les enjeux géopolitiques liés à ces matières premières, il existe encore peu d’outils pour mesurer concrètement ce que cette volatilité implique pour les finances publiques des pays producteurs, alors qu’un tel indice est essentiel pour éclairer les décisions budgétaires et de gestion des risques.

Pour analyser ces dynamiques et mieux mesurer cette exposition, un indice de risque fiscal (Fiscal Revenue Risk Index) a été développé dans une étude récente que j’ai menée. Il prend en compte la dépendance des recettes publiques aux minerais, la volatilité historique des prix et l’évolution de la demande. Les résultats révèlent des contrastes marqués : le Mozambique, le Gabon et la République démocratique du Congo présentent des scores de risque élevés. L’Argentine, grande productrice de lithium, voit son risque croître fortement entre 2030 et 2040, tandis que le Mexique et les Philippines, grâce à des économies plus diversifiées, apparaissent plus stables.

Un impact réel pour les populations

La question n’est pas abstraite. Les recettes fiscales financent les services publics. Si elles s’effondrent à cause d’une chute du prix du cobalt ou du cuivre, les gouvernements risquent de réduire les dépenses sociales, de repousser des investissements en santé ou en éducation, ou encore d’augmenter brutalement les impôts. Autrement dit, la volatilité des minerais peut se traduire directement dans la vie quotidienne des populations.

Trois pistes ressortent des travaux récents sur la vulnérabilité fiscale liée aux minerais critiques :

  • Diversifier les économies : réduire la dépendance aux recettes minières en développant d’autres secteurs comme l’agriculture, l’industrie manufacturière ou les services.

  • Mettre en place des fonds de stabilisation : épargner une partie des revenus tirés des minerais lors des périodes de prix élevés pour amortir les chocs en cas de chute brutale. L’exemple des fonds souverains, comme celui de la Norvège alimenté par le pétrole, illustre ce mécanisme.

  • Renforcer la coopération internationale : les pays consommateurs et producteurs ont intérêt à mieux coordonner leurs politiques. L’Union européenne (UE), avec son Critical Raw Materials Act, cherche à sécuriser ses approvisionnements, mais elle pourrait aussi contribuer à aider les pays producteurs à gérer la volatilité et à investir dans un développement durable.




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Une promesse à double tranchant

L’Europe importe presque tous ses minerais critiques. Sa sécurité énergétique et industrielle dépend donc de la stabilité de pays comme la RDC, l’Argentine ou le Mozambique. Une crise budgétaire locale pourrait suffire à perturber la production mondiale de batteries et à ralentir la transition énergétique.

Minerais critiques : une instabilité qui fragilise les pays émergents et en développement

La transition verte est indispensable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais elle crée aussi de nouvelles fragilités dans les économies du sud. Pour qu’elle réussisse, il ne suffit pas d’innover technologiquement : il faut aussi garantir que les pays producteurs en tirent des bénéfices durables, sans tomber dans le piège de la dépendance et de la volatilité.

En somme, l’énergie verte n’est pas seulement une affaire d’ingénierie. C’est aussi une question de fiscalité, de solidarité et de gouvernance mondiale.

The Conversation

Paola D’Orazio ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Minerais critiques : une instabilité qui fragilise les pays émergents et en développement – https://theconversation.com/minerais-critiques-une-instabilite-qui-fragilise-les-pays-emergents-et-en-developpement-268443

« Le discours monotone du dictateur » ou comment Franco a construit un autoritarisme sans charisme

Source: The Conversation – France in French (3) – By Susana Ridao Rodrigo, Profesora catedrática en el Área de Lengua Española (UAL), Universidad de Almería

On associe volontiers les dictateurs aux discours tonitruants et exaltés d’un Hitler ou d’un Mussolini et à une mise en scène exubérante pensée pour galvaniser les foules. Franco, lui, a fait exactement l’inverse : les prises de parole de l’homme qui a verrouillé l’Espagne pendant près de quarante ans se distinguaient par une élocution froide et monotone et un style volontairement très austère.


Francisco Franco (1892-1975) a été le chef de l’État espagnol de la fin de la guerre civile (1936-1939) jusqu’à sa mort. Le régime franquiste a instauré une dictature autoritaire, qui a supprimé les libertés politiques et a établi un contrôle strict sur la société. Pendant près de quarante ans, son leadership a profondément marqué la vie politique, économique et culturelle de l’Espagne, dont l’empreinte durable a souvent fait et fait encore l’objet de controverses.

Mais d’un point de vue communicationnel, peut-on dire que Franco était un grand orateur ?

Cela dépend de la façon dont on définit « grand orateur ». Si l’on entend par éloquence la capacité à émouvoir, persuader ou mobiliser par la parole – comme savaient le faire Churchill ou de Gaulle –, Franco n’était pas un grand orateur. Cependant, si l’on analyse sa communication du point de vue de l’efficacité politique et symbolique, son style remplissait une fonction spécifique : il transmettait une impression d’autorité, de distance et de contrôle.

Son éloquence ne visait pas à séduire le public, mais à légitimer le pouvoir et à renforcer une image de stabilité hiérarchique. En ce sens, Franco a développé un type de communication que l’on pourrait qualifier de « discours de commandement », caractérisé par une faible expressivité et une rigidité formelle, mais qui cadrait avec la culture politique autoritaire du franquisme.

Sur le plan verbal, Franco s’appuyait sur un registre archaïque et protocolaire. Son lexique était limité, avec une abondance de formules rituelles (« tous espagnols », « glorieuse armée », « grâce à Dieu ») qui fonctionnaient davantage comme des marqueurs idéologiques que comme des éléments informatifs.

Du point de vue de l’analyse du discours, sa syntaxe tendait à une subordination excessive, ce qui générait des phrases longues, monotones et peu dynamiques. On observe également une préférence pour le mode passif et les constructions impersonnelles, qui diluent la responsabilité de l’émetteur : « il a été décidé », « il est jugé opportun », « il a été nécessaire ».

Ce choix verbal n’est pas neutre ; il constitue un mécanisme de dépersonnalisation du pouvoir, dans lequel la figure du leader est présentée comme l’incarnation de l’État, et non comme un individu qui prend des décisions. Ainsi, sur le plan verbal, Franco communique davantage en tant qu’institution qu’en tant que personne.

Communication paraverbale : voix, rythme et intonation

C’est un aspect caractéristique de sa communication. Franco avait une intonation monotone, avec peu de variations mélodiques. D’un point de vue prosodique, on pourrait dire que son discours présentait un schéma descendant constant : il commençait une phrase avec une certaine énergie et l’atténuait vers la fin, ce qui donnait une impression de lenteur et d’autorité immuable.

Le rythme était lent, presque liturgique, avec de nombreux silences. Cette lenteur n’était pas fortuite : dans le contexte politique de la dictature, elle contribuait à la ritualisation du discours. La parole du caudillo ne devait pas être spontanée, mais solennelle, presque sacrée.

Son timbre nasal et son articulation fermée rendaient difficile l’expressivité émotionnelle, mais renforçaient la distance. Ce manque de chaleur vocale servait la fonction propagandiste. Le leader n’était pas un orateur charismatique, mais une figure d’autorité, une voix qui émanait du pouvoir lui-même. En substance, sa voix construisait une « éthique du commandement » : rigide, froide et contrôlée.

Contrôle émotionnel

Sa communication non verbale était extrêmement contrôlée. Franco évitait les gestes amples, les déplacements ou les expressions faciales marquées. Il privilégiait une kinésique minimale, c’est-à-dire un langage corporel réduit au strict nécessaire.

Lorsqu’il s’exprimait en public, il adoptait une posture rigide, les bras collés au corps ou appuyés sur le pupitre, sans mouvements superflus. Ce contrôle corporel renforçait l’idée de discipline militaire et de maîtrise émotionnelle, deux valeurs essentielles dans sa représentation du leadership.

Son regard avait tendance à être fixe, sans chercher le contact visuel direct avec l’auditoire. Cela pourrait être interprété comme un manque de communication du point de vue actuel, mais dans le contexte d’un régime autoritaire, cela consistait à instaurer une distance symbolique : le leader ne s’abaissait pas au niveau de ses auditeurs. Même ses vêtements – l’uniforme, le béret ou l’insigne – faisaient partie de sa communication non verbale, car il s’agissait d’éléments qui transmettaient l’idée de la permanence, de la continuité et de la légitimité historique.

Charisme sobre d’après-guerre

Le charisme n’est pas un attribut absolu, mais une construction sociale. Franco ne jouait pas sur une forme de charisme émotionnel, comme Hitler ou Mussolini, mais il avait un charisme bureaucratique et paternaliste. Son pouvoir découlait de la redéfinition du silence et de l’austérité, car dans un pays dévasté par la guerre, son style sobre était interprété comme synonyme d’ordre et de prévisibilité. Son « anti-charisme » finit donc par être, d’une certaine manière, une forme de charisme adaptée au contexte espagnol de l’après-guerre.

Du point de vue de la théorie de la communication, quel impact ce style avait-il sur la réception du message ? Le discours de Franco s’inscrivait dans ce que l’on pourrait appeler un modèle unidirectionnel de communication politique. Il n’y avait pas de rétroaction : le récepteur ne pouvait ni répondre ni remettre en question. L’objectif n’était donc pas de persuader, mais d’imposer un sens.

En appliquant là théorie de la communication du linguiste Roman Jakobson, on constate que les discours solennels de Franco, la froideur de son ton, visaient à forcer l’obéissance de l’auditoire en empêchant toute forme d’esprit critique et en bloquant l’expression des émotions.

Anachronique devant la caméra

Au fil du temps, son art oratoire n’a évolué qu’en apparence. Dans les années 1950 et 1960, avec l’ouverture du régime, on perçoit une légère tentative de modernisation rhétorique, tout particulièrement dans les discours institutionnels diffusés à la télévision. Cependant, les changements étaient superficiels : Franco usait de la même prosodie monotone et du même langage rituel. En réalité, le média télévisuel accentuait sa rigidité. Face aux nouveaux dirigeants européens qui profitaient de la caméra pour s’humaniser, Franco apparaissait anachronique.

L’exemple de Franco démontre que l’efficacité communicative ne dépend pas toujours du charisme ou de l’éloquence, mais plutôt de la cohérence entre le style personnel et le contexte politique. Son art oratoire fonctionnait parce qu’il était en accord avec un système fermé, hiérarchique et ritualisé. Dans l’enseignement de la communication, son exemple sert à illustrer comment les niveaux verbal, paraverbal et non verbal construisent un même récit idéologique. Dans son cas, tous convergent vers un seul message : le pouvoir ne dialogue pas, il dicte.

Aujourd’hui, dans les démocraties médiatiques, ce modèle serait impensable ; néanmoins, son étude aide à comprendre comment le langage façonne les structures du pouvoir, et comment le silence, lorsqu’il est institutionnalisé, peut devenir une forme de communication politique efficace.

The Conversation

Susana Ridao Rodrigo ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. « Le discours monotone du dictateur » ou comment Franco a construit un autoritarisme sans charisme – https://theconversation.com/le-discours-monotone-du-dictateur-ou-comment-franco-a-construit-un-autoritarisme-sans-charisme-270336